Sentencia 2000-02020 de julio 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 15001-23-31-000-2000-02020-01 (28.963)

Consejero Ponente:

Dr. Hernan Andrade Rincon

Proceso: Acción de repetición.

Actor: Hospital San Rafael de Tunja.

Demandado: Saulo Flaviano Guarín Cortés.

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, pues la pretensión mayor se estimó en $ 400.000.000, suma que corresponde al monto que el hospital habría pagado al señor Héctor Julio Millán Mora, mientras que el monto exigido en el año de presentación de la demanda para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de repetición tuviera vocación de doble instancia, era de $ 26.390.000 (D. 597/88).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el artículo 136.9 del Código Contencioso Administrativo, la acción de repetición deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad.

En este sentido, se ha de tener en cuenta que en Sentencia C-832 de 2001(10), la Corte Constitucional indicó que “el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimientodel plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo” (se destaca).

En el sub examine está demostrado, como se verá más adelante, que en cumplimiento de las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa, el 16 de diciembre de 1999 el hospital canceló al señor Millán las sumas de dinero referidas por la jurisdicción contencioso administrativa en sus sentencias, lo que significa que la acción debía impetrarse antes del 17 de diciembre de 2001 y, como ello sucedió el 1º de agosto de 2000, resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley(11).

3. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte pasiva de la litis, la Sala deberá determinar si el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés no debe ser condenado a reintegrar la suma de dinero que el Hospital reconoció y pagó a favor del señor Héctor Julio Millán Mora, en cumplimiento de las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la entidad aquí demandante, comoquiera que no se probó que actuó con dolo o culpa grave en la expedición del acto administrativo que declaró insubsistente al señor Millán.

4. Cuestión previa: validez de los medios de prueba.

4.1. La Sala valorará las pruebas que obran en el expediente y que satisfacen las exigencias legales previstas para el efecto. En consecuencia y por virtud de lo dispuesto en los artículos 252(12) y 254(13) del Código de Procedimiento Civil, no se examinarán los documentos aportados en copia simple.

Por lo anterior, examinará las pruebas practicadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15.104, adelantado por el señor Héctor Julio Millán Mora contra el hospital, a fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 4 del 3 de enero de 1995 y, a título de restablecimiento, se ordenara su reintegro, así como el reconocimiento y pago a su favor de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, comoquiera que se satisface lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(14), en tanto su traslado fue solicitado por la parte aquí demandada.

Por la razón jurídica expuesta en precedencia, también se valorarán los testimonios rendidos en el proceso aludido, sin que sea exigible su ratificación para el efecto, pues, se reitera, fue la parte demandada quien solicitó el traslado de la totalidad de las pruebas practicadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15.104(15).

5. El daño.

5.1. Mediante sentencia proferida el 13 de mayo de 1998, cuya copia auténtica fue aportada al presente proceso por la parte demandante, la Sala Plena del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá resolvió en primera instancia la acción de nulidad y restablecimiento instaurada por el señor Héctor Julio Millán Mora contra el hospital y el departamento de Boyacá(16), así:

“1. Anúlase (sic) la Resolución 4 de 3 de enero de 1995, emanada por el director del Hospital San Rafael de Tunja para declarar insubsistente el nombramiento hecho a Héctor Julio Millán Mora en el empleo de subdirector administrativo de la entidad.

2. Ordénese (sic) al Hospital San Rafael de Tunja a reintegrar al demandante Héctor Julio Milán Mora al mismo cargo que ocupaba al instante de su desvinculación o a otro de igual o superior categoría.

3. Condénese (sic) al Hospital San Rafael de Tunja a pagar al demandante, a título de indemnización, el valor de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta el momento de su reintegro, sumas que serán actualizadas conforme a la siguiente fórmula que acepta el Consejo de Estado.

(...).

4. Declárese (sic) que para efectos prestacionales no ha existido solución de continuidad entre la fecha de retiro del actor y el momento de su reinstalación en el cargo.

5. Absuélvase (sic) al departamento de Boyacá de las pretensiones de la demanda”.

Para sustentar su decisión, el tribunal señaló:

“Para la Sala es objetivo en consecuencia el estado de tensión que matizó las relaciones laborales entre la dirección y el demandante, y que axiológicamente permiten concluir síntomas de autoritarismo en el director quien se molestó por la imposición del subdirector administrativo en orden a legalizar el desarrollo de la gestión.

6. Si bien es cierto la situación laboral administrativa del director, en cuanto no se hallaba designado en propiedad, esto no constituye una parcelación del acervo de sus competencias como equivocadamente lo entiende el demandante, dicho presupuesto para esta corporación sí representa un relevancia de carácter subjetivo, en cuanto que la transitoriedad de la vinculación a su empleo, de por sí permite deducir la desproporción para ocuparse de decisiones de la trascendencia como la de desvincular a un funcionario de importancia dentro del hospital, máxime cuando se hallaba ad portas de dejar la institución, pues pocos días después, como se deduce de los documentos allegados al expediente, el nominador Saulo Guarín fue reemplazado por el médico Reinaldo Gutiérrez.

Entonces, si evidentemente el proceso demuestra que el doctor Saulo Guarín fue simplemente encargado de las funciones de director, y prorrogado su encargo de manera sucesiva, cuál es la razón para que dentro de su transitoriedad tomara decisiones definitivas frente a la composición de la planta de personal, cuando esa valoración racionalmente resulta más ajustada a quien se hallaba próximo a asumir funciones de manera estable. Indiciariamente, es decir, relacionado el hecho del antecedente relativo a los desórdenes administrativos que venían sucediendo en la institución, en complemento a la actitud asumida por el actor, el proceso permite concluir dentro de un marco de lógica racional que la precipitación para la declaratoria de insubsistencia ostenta un claro tinte vindicativo por parte del director, que ciertamente aprovechó los últimos días de su gestión para no dejar sin respuesta, evidentemente injusta, los llamados y sugerencias de la subdirección administrativa.

(...).

Claro que las circunstancias de orden politiquero bien pueden tener lugar en la génesis del acto, más sin embargo lo objetivo en opinión de esta corporación es que la declaratoria de insubsistencia emerge como respuesta vindicativa a las investigaciones administrativas de que fue objeto la administración del ex director Saulo Guarín Cortés.

5.2. Se conoce, porque de ello obra copia auténtica en el expediente, que el 25 de marzo de 1999, la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión indicada en precedencia(17), como sigue:

“1. Confírmase (sic) la sentencia del 13 de mayo de 1998 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el juicio promovido por Héctor Julio Millán Mora contra la Resolución 4 del 3 de enero de 1995, por la cual el director del Hospital San Rafael de Tunja lo declaró insubsistente respecto del cargo de administrador (subdirector administrativo según plan de cargos).

2. De igual modo se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula.

(...).

3. Declárese que para todos los efectos legales no constituye doble asignación recibida del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, lo percibido por el libelista desde la fecha de la insubsistencia hasta la del reintegro al Hospital San Rafael de Tunja y que, por lo mismo, no podrá deducírsele suma alguna por tal concepto, debiendo reconocerse al punto el carácter intangible de lo recibido por el actor en dicho interregno”.

En lo fundamental, la Sección Segunda de esta corporación indicó:

“... al relacionar las condiciones profesionales y personales del libelista con la aguda confrontación administrativa y operativa que sostuvo con el nominador, claro es entender que la intención de éste al desvincular a aquel distó mucho de los altos intereses que informan la eficiencia del servicio. Vale decir, por vía indiciaria quedó demostrada la desviación de poder que afectó la legalidad presunta del acto acusado, razón por la cual la Sala estima que las pretensiones del demandante están llamadas a prosperar, siendo del caso confirmar la sentencia de primer grado”.

5.3. En virtud de las pruebas solicitadas por la parte demandada en el presente proceso, el 28 de agosto de 2002 el hospital aportó copia auténtica de los comprobantes de egreso 2347 y 2369(18), en los cuales consta que el 16 de diciembre de 1999 la entidad pagó al señor Héctor Julio Millán Mora las sumas de $ 309.917.057 (cheque I-8531656), por concepto de “fallo Consejo de Estado de mayo 13/98, Expediente 15104 (2055) 1998, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, quien ordena a la ESE Hospital San Rafael de Tunja, cancelación según Resolución 1458 del 15 de diciembre/99, (ilegible) cuenta anexa”, y $ 8.409.153 (cheque I-8531659), a título de “excedentes de intereses hasta el 15 de diciembre de 1999, según liquidación adjunta”.

Así mismo, en el expediente obra el paz y salvo que a continuación se transcribe, suscrito el 17 de diciembre de 1999 por el apoderado del señor Héctor Millán(19):

“Como apoderado de Héctor Julio Millán Mora, manifiesto que he recibido los cheques ordenados en los términos del artículo cuarto de la Resolución 1458 del 15 de diciembre de 1999 y de la Resolución 1459 del 15 de diciembre de 1999, en consecuencia la ESE Hospital San Rafael de Tunja queda a paz y salvo por concepto de la condena impuesta en el proceso 15104 del Tribunal Contencioso de Boyacá”.

5.4. Comoquiera que se encuentra probado el daño objeto de reproche, cual es el pago que realizó la entidad demandante al señor Héctor Julio Millán Mora, en virtud de las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa, pasa la Sala a determinar si el mismo es imputable al señor Saulo Flaviano Guarín Cortés, a título de dolo o culpa grave, y, por tanto, a resolver si es menester confirmar la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

6. Juicio de responsabilidad.

6.1. La acción de repetición. Legislación aplicable y requisitos para su procedibilidad.

6.1.1. La acción de repetición es un mecanismo judicial que la Constitución y la ley le otorgan al Estado, para que obtenga el reintegro de los dineros pagados a quien haya sido víctima de un daño antijurídico causado como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios o ex servidor público e incluso de un particular en ejercicio de funciones públicas(20).

En efecto, el artículo 90 de la Constitución dispone:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este” (se destaca).

En igual sentido, el artículo 78 del Decreto 1 de 1984(21), aplicable hasta la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, disponía:

“Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere” (se destaca).

De la misma forma, resulta necesario destacar que la Ley 448 de 1998 no solo estableció el deber en cabeza de las entidades públicas de promover la acción de repetición cuando sean condenadas por una autoridad judicial o compelidas a hacer un pago en razón de una conciliación(22), sino que además definió el juez competente para avocar su conocimiento(23) y fijó su término de caducidad(24).

6.1.2. Ahora bien, la Sala observa que en criterio del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, en el presente caso corresponde aplicar la Ley 678 de 2001, “así la ocurrencia de los hechos daten de oportunidad anterior, pues por tratarse de un mecanismo procesal es una norma de derecho público y de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento”.

Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que por regla general, la ley se aplica a partir de su entrada en vigencia, lo cual significa que, configurados los supuestos fácticos que prevé, se han de producir las consecuencias jurídicas que dispone.

Es por lo anterior que esta corporación ha sostenido que si bien la Ley 678 de 2001 reguló lo concerniente a la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición, se hace perentorio concluir que cuando los hechos objeto de reproche acaecieron antes de la entrada en vigencia de la citada ley (ago. 3), como ocurre en el presente caso, las normas aplicables para dilucidar si el agente actuó con dolo o culpa grave “serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta”(25).

En efecto, sobre esta cuestión, particularmente respecto de la aplicación de los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001 que establecen los supuestos fácticos en los cuales ha de presumirse que el agente público actuó con dolo o culpa grave, respectivamente, y en relación con las normas de carácter procesal contempladas en la misma normativa, en sentencia del 20 de septiembre de 2007(26), la Sección Tercera concluyó:

“a) Si los hechos o actos que originaron la responsabilidad civil patrimonial del servidor público, son posteriores a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter ‘civil’ que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquella y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (C.P., arts. 6º, 121, 122, 124 y 90).

b) Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad, fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público que es la fuente de su responsabilidad civil frente al Estado.

En síntesis, en armonía con el derecho constitucional al debido proceso la culpa grave o dolo en la conducta del agente público se debe estudiar conforme con las normas vigentes a la fecha o época en que se presentaron las acciones u omisiones que dieron lugar a la sentencia condenatoria contra el Estado o produjeron la conciliación que determinó el pago indemnizatorio a la víctima del daño.

De otra parte, en cuanto a los aspectos procesales, es claro, que por tratarse de normas de orden público rigen hacía el futuro y con efecto general e inmediato, en aplicación de lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual ‘Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las situaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación’.

Es decir, las nuevas disposiciones instrumentales de la Ley 678 de 2001 se aplican a los procesos iniciados con posterioridad a su vigencia y a los procesos en trámite tan pronto cobraron vigencia, sin perjuicio de que los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias iniciadas con antelación a la expedición de la nueva norma procesal culminen de conformidad con la ley procesal antigua (...)”.

En virtud de lo expuesto, la Sala estima que el tribunal a quo se equivoca cuando sostiene que corresponde aplicar la Ley 678 de 2001, por cuanto la conducta que se imputa al señor Saulo Flaviano Guarín Cortés acaeció con la expedición de la Resolución 4 del 3 de enero de 1995, por la cual el señor Héctor Julio Millán Mora fue declarado insubsistente en el cargo, y el proceso de repetición inició el 17 de marzo de 2001, fecha en que el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá admitió la demanda de repetición y ordenó su notificación al señor Guarín Cortés.

6.1.3. Dilucidado el punto anterior, es menester ocuparse de los requisitos exigidos por la legislación y la jurisprudencia para la prosperidad de la acción de repetición.

En atención a los artículos 90 de la Constitución y 78 del Decreto 1 de 1984, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que son tres los presupuestos para acceder a la pretensión de repetición(27): (i) que exista una condena impuesta al Estado “por daños imputables a la acción y omisión de alguna autoridad”(28), (ii) que la entidad haya pagado a la víctima la indemnización respectiva(29) y (iii) que el daño antijurídico se haya producido como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de un agente del Estado(30).

6.1.3.1. Sobre el primer requisito, basta con señalar que la Sala ha anotado que “al no existir una sentencia condenatoria en contra de la Nación o prueba de la conciliación debidamente aprobada, no se configura uno de los elementos concurrentes y necesarios para la prosperidad de la acción de repetición”(31).

6.1.3.2. En relación con el segundo presupuesto, es decir, que la entidad haya pagado a la víctima la obligación respectiva, la Sala ha sostenido que corresponde al demandante demostrar no solo que adoptó las medidas necesarias para efectuar el pago, sino que, además, debe acreditar que el beneficiario efectivamente lo recibió. Así, “aunque la resolución que ordena el pago acredita uno de los pasos que debe realizar la Administración en orden a cumplir con la indemnización impuesta en una condena judicial, no es prueba per se de la realización del pago efectivo de la totalidad de la suma de dinero adeudada al beneficiario del acto. Y, por otra, la mera certificación, constancia o manifestación que expidió el deudor —en este caso la entidad pública— aseverando que realizó el pago, tampoco es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en este evento se carece de la constancia de recibo, consignación por el valor total en cuanto a la ejecución de dicho acto administrativo (se allegó parcial), paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente la totalidad de su valor, o la declaración o manifestación de éste en el sentido de que realmente le fueron cancelados los valores a que hace referencia el acto”(32).

6.1.3.3. Finalmente, respecto del requisito número tres —que el daño antijurídico se haya producido como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de un agente del Estado-, como bien se indicó en precedencia, se ha de tener en cuenta que cuando los hechos objeto de reproche acaecieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 (ago. 3), como ocurre en el presente caso, las normas aplicables para dilucidar si el agente actuó con dolo o culpa grave serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta, de suerte que corresponde detenerse en el artículo 63 del Código Civil, a cuyo tenor:

“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (se destaca).

Sobre el particular, la Sala también ha sostenido que para establecer si corresponde acceder a las pretensiones de repetición, se deberá tener en cuenta que, en virtud de los artículos 6º y 83 de la Constitución, los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y que se presume que estos, en sus actuaciones, se ciñen a los postulados de la buena fe(33).

De igual manera, la jurisprudencia ha precisado que la conducta del agente habrá de ser analizada a la luz de las funciones de su cargo, a fin de determinar si el incumplimiento de las mismas es realmente grave y si fue consciente y voluntario(34) y tuvo la intención de producir un hecho dañoso —actuación dolosa— o si habiendo podido prever los efectos nocivos de su conducta, confió imprudentemente en poder evitarlos —conducta gravemente culposa—(35).

Finalmente, es necesario advertir que “no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta”(36).

6.2. Estudio del caso concreto.

En relación con las pretensiones de la demanda, en el expediente obran los siguientes medios de prueba:

6.2.1. Prueba documental.

— Copia auténtica del oficio 29, remitido el 11 de noviembre de 1994 por el director del hospital, Saulo Flaviano Guarín Cortés, al subdirector administrativo de la misma entidad, señor Héctor Julio Millán Mora(37), por la cual le hizo “un llamado de atención por haber sacado el vehículo Daihatsu de placa OX 5064 el día 11 de noviembre a las 12 m., sin autorización de la dirección”.

— Copia auténtica del escrito dirigido el mismo día por el subdirector administrativo al director del hospital(38), para presentarle “un análisis comparativo de la ejecución presupuestal del mes septiembre (sic) con la ejecución presupuestal del mes de octubre del presente año”. Adicionalmente, en el documento el funcionario explicó:

“... sobre los resultados de la ejecución presupuestal a 31 de octubre, el hospital no presenta superávit que permita adicionar rubros del presupuesto de gastos que resultaron ser insuficientes para atender las necesidades de la institución.

Efectúo este análisis para sustentar las razones que he expuesto de no aceptar algunos gastos de rubros insuficientes porque la institución hospitalaria no cuenta con una disponibilidad de ingresos que le permitan efectuar gastos con soporte a futuro.

En virtud de lo anterior, le solicito se sirva definir las políticas de recuperación de ingresos que faciliten adquirir recaudos para realizar un adicional por lo menos en el mes de diciembre para evitar traumatismo en adquisición de bienes para la institución”.

— Escrito remitido el 15 de noviembre de 1994 por el subdirector administrativo al director del hospital(39), con el fin de poner en su conocimiento algunas inconsistencias en las cuentas del pago 3.000 y 3.001, para luego concluir que “dicha adquisición debe efectuarse mediante contrato de suministro de bienes y servicios”.

Además, indicó que la señora Lilian Villamizar “no aparece registrada en el Kardex de proveedores del hospital como persona natural dedicada a la actividad comercial de venta de prendas de vestir. Por el contrario, aparece registrada como propietaria del establecimiento comercial denominado ‘Promatedico’, dedicada a la actividad comercial de instrumentos, aparatos y accesorios de medicina, según certificado de la Cámara de Comercio de Tunja. || Las blusas en mención son fabricadas por Confecciones Mercalex, lo cual deja ver claramente la intermediación del proveedor con sus respectivas consecuencias”.

Finalmente, afirmó: “me permito remitir a su despacho las cuentas 3.000 y 3.001 sin mi firma, para su estudio y análisis minucioso. Solicito respetuosamente que cualquier determinación tomada por usted me sea comunicada por escrito”.

— Comunicación dirigida el mismo día por el director al subdirector administrativo del hospital(40), para informarle que una orden de compra fue anulada y solicitarle dar trámite a la cuenta 3.000.

— Copia auténtica de la carta remitida el 18 de noviembre de 1994 por el director del Hospital al subdirector administrativo(41), en respuesta a la carta enviada el día 11 del mismo mes, así:

“Referente al punto 6, usted como subdirector administrativo de la institución es quien debe saber las políticas para la recuperación de ingresos para la elaboración del presupuesto adicional.

De acuerdo a (sic) lo recomendado por la asesoría jurídica frente a los litigios que está atendiendo en representación del hospital, debo hacer a usted hincapié en los siguientes puntos:

1. Insistir nuevamente para que esa subdirección proceda al trámite correspondiente para la cancelación de las sumas adeudadas como consecuencia del proceso instaurado por el doctor Hernández Salguero.

2. Hacer las previsiones presupuestales pertinentes en una cuantía suficiente para atender el costo que implica los procesos seguidos por las antiguas servidoras del aseo vinculadas por contratos administrativos y que hoy la jurisdicción laboral las agrupa bajo el título de contratos laborales (ver informe y sentencias remitidas por el asesor jurídico.

3. Para solucionar las demandadas administrativas interpuestas contra el hospital por la Olga Ulloa de Rueda y Dídimo Duarte aplicando la figura de la conciliación administrativa, es indispensable, también, para estos casos, tener los ajustes presupuestales suficientes”.

— Carta suscrita el 22 de noviembre de 1994 por el subdirector administrativo al director del hospital(42), para preguntarle si debía firmar el cheque 2110477 del Banco de Bogotá, con el cual se cancelaba a la señora Lilian Villamizar 53 blusas de dotación, a pesar de la queja presentada por las trabajadoras beneficiarias sobre la calidad del producto.

— Comunicación enviada el mismo día por el director al subdirector administrativo del hospital(43), autorizándolo a firmar el cheque aludido.

— Carta dirigida el mismo día por el subdirector administrativo al director del hospital(44), mediante la cual insistió en que la definición de las políticas presupuestales de la entidad era responsabilidad de su dirección y no de la subdirección administrativa. En este orden, indicó que si la dirección tenía interés en delegar tal función, ello debía hacerse por medio de una resolución.

— Escrito remitido el 12 de diciembre de 1994 por el subdirector administrativo al director del hospital(45), para informarle la situación presupuestal del centro asistencial y precisarle que, dado el déficit que presentaba, “solo queda la posibilidad de efectuar algunos traslados, una vez se realice el registro presupuestal de los compromisos por servicios personales del mes de diciembre, lo cual debe efectuarse a más tardar el 20 de diciembre de este año. Conocidos los sobrantes en los rubros de servicios personales se efectuarán los traslados respectivos que permitan hacer un ajuste final del presupuesto”.

— Copia auténtica de la carta entregada el 3 de enero de 1995 por el subdirector administrativo al director del hospital(46), en la que se lee:

“De acuerdo con la conversación sostenida el día de hoy siendo las 11 a.m., en la cual se me planteó que escogiera entre las alternativas de presentar renuncia o de ser declarado insubsistente del cargo de administrador del Hospital San Rafael de Tunja, por instrucciones dadas por el señor gobernador José Benigno Perilla Piñeros, considero que la Dirección debe tomar la decisión que crea conveniente”.

— Carta suscrita el mismo día por el director al subdirector administrativo del hospital, en respuesta a la anterior comunicación(47), para poner de presente que no es cierto lo que en ella se dice, en el sentido de que fue el gobernador quien solicitó su renuncia, toda vez que “esta es una decisión autónoma de esta dirección por ser un cargo de libre nombramiento y remoción”.

— Copia auténtica de la Resolución 4 del 3 de enero de 1995(48), mediante la cual el director del hospital resolvió:

“Artículo único. A partir de la fecha declárese insubsistente al señor Héctor Julio Millán Mora, del cargo de administrador (subdirector administrativo según planta de cargos), del Hospital San Rafael de Tunja”.

— Recurso de reposición interpuesto por el señor Héctor Julio Millán Mora contra la Resolución 004 del 3 de enero de 1995(49), memorial en el que precisó que el director Guarín Cortés no tuvo en cuenta que de acuerdo con el oficio n.° 189 del 11 de abril de 1994, remitido por el gobernador del departamento a los directores de los hospitales de su jurisdicción, los actos de vinculación y retiro de personal de los centros asistenciales deben contar con su aprobación.

Adicionalmente, indicó que el señor Guarín lo habría presionado para renunciar, de suerte que si no lo hacía, lo declararía insubsistente como en efecto ocurrió. En este orden, aseveró: “la decisión tomada por el doctor Saulo Guarín, además de ser desvío (sic) de poder, es caprichosa y mal intencionada (...), como lo demuestra mi hoja de vida, la antigüedad de más de 17 años en la administración hospitalaria (...) y los encargos y designaciones que me han hecho diferentes jefes del servicio seccional de salud de Boyacá y por el gobernador saliente”.

— Copia auténtica del informe juramentado de diligencias preliminares presentado el 20 de enero de 1995 por el investigador fiscal ante el Contralor General de Boyacá, Ramiro Avella Soto(50), en razón de la investigación adelantada en el hospital como consecuencia de las denuncias presentadas por las señoras Blanca Inés Monroy y Blanca Jiménez Ortiz y la Sociedad Firma Internacional de Administración y Aseo Ltda. En el documento se lee la siguiente conclusión:

“1. Que hay mérito suficiente para iniciar investigación fiscal por parte de la Contraloría General de Boyacá contra: doctor Saulo Guarín Cortés, director del Hospital San Rafael; señor Héctor Julio Millán, ex-administrador del hospital; Reinel Suárez, exjefe de mantenimiento, por presuntas acciones y omisiones que causaron un detrimento en el patrimonio del Estado como sobrefacturación en la compra de elementos, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993, indebida utilización de los bienes del Estado, pérdida de elementos del Estado, violación a los principios de economía, transparencia y selección objetiva de la Ley 80 de 1993, contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible de apropiación y violación de las normas presupuestales sobre la materia, decretar auxilios en especie a particulares (pacientes por fuera del régimen constitucional y legal)”.

— Oficio 4 del 31 de enero de 1995(51), por el cual se niega el recurso de reposición referido anteriormente, argumentando para ello que en virtud del artículo 50 del Decreto 1 de 1984, contra el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia no proceden los recursos de reposición, apelación ni queja.

— Demanda presentada el 25 de abril de 1995, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por el señor Héctor Julio Millán Mora contra el departamento de Boyacá y el hospital(52), a fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 4 del 3 de enero de 1995 y, a título de restablecimiento, se ordenara su reintegro, así como el reconocimiento y pago a su favor de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación hasta el día en que se efectuara su reintegro.

— Copia auténtica de la comunicación dirigida el 22 de septiembre de 1995 por la jefa de personal (e) del hospital, señora Mabel Patricia Rodríguez Rubiano(53), mediante la cual informa a la Fiscalía General de la Nación que el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés fungió como director de la entidad hasta el día 15 de enero de 1995.

6.2.1. Prueba testimonial.

— Declaración rendida el 18 de enero de 1996 por el señor Ricardo Vásquez Calderón, funcionario de la Secretaría de Salud de Boyacá, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá(54), quien manifestó desconocer las razones por las cuales el señor Héctor Julio Millán Mora fue desvinculado del Hospital y a la pregunta de “si con la designación de la señora María de los Ángeles Castañeda Acosta en remplazo del doctor Millán Mora en el cargo de subdirector administrativo del Hospital San Rafael de Tunja, se produjo un mejoramiento en la prestación del servicio público”, contestó: “a mí me parece que el servicio no se mejoró como lo había dicho anteriormente, pues la experiencia con que cuenta Héctor Julio Millán en el desempeño de la administración de hospitales del departamento ha sido excelente y buena, por consiguiente no creo que nadie superara la calidad y condiciones como administrativo de un hospital”.

— Declaración rendida el mismo día y ante la misma autoridad judicial por el señor Miguel Ángel Rodríguez González(55), quien afirmó desempeñarse como funcionario de la Secretaría de Salud de Boyacá para la fecha en que ocurrieron los hechos y, respecto de la desvinculación del señor Millán, dijo haber escuchado que ello se debió a que éste pertenecía al partido liberal, mientras que el director de la institución, Guarín Cortés, hacía parte del partido conservador. En este sentido, agregó que, al parecer, el recién electo gobierno departamental, de filiación conservadora, le pidió al director que despidiera al señor Millán y que en su reemplazo nombrara a la señora María de los Ángeles Castañeda de origen conservador.

Finalmente, aseguró que la declaratoria de insubsistencia del señor Millán no mejoró el servicio en el hospital.

— Declaración rendida por la señora Luz Marina Estupiñán Merchán(56), en la misma oportunidad referida en precedencia, quien sostuvo desconocer los motivos por los cuales el señor Millán fue declarado insubsistente.

— Declaración rendida el 25 de enero de 1996 por el señor Germán Rojas Garavito ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá(57), quien para la época de los hechos fungía como subsecretario de salud de Boyacá. En lo pertinente, el deponente sostuvo:

“Preguntado: sírvase hacer un relato amplio y suficiente sobre todo cuanto le conste y sepa acerca de la desvinculación del señor Julio Millán Mora del cargo de Administrador (subdirector administrativo del Hospital San Rafael de Tunja). Contestó: (...) en ese orden de ideas, considero que su salida del Hospital San Rafael de Tunja debió obedecer a razón que no consultaban la buena marcha del sector y prueba de ello es que prácticamente en el año pasado no se dieron los procesos de negociación colectiva, o si se dieron implicaron que el gobierno de Boyacá integrara un equipo de abogados y funcionarios en gran número y que cambiaba con frecuencia. Así las cosas, pienso que el retiro del servicio público del señor Millán se enmarca dentro del retiro selectivo por razones de carácter político en que se ha empeñado el actual gobierno departamental siendo prueba de esta afirmación que prácticamente en la totalidad de los hospitales se ha venido removiendo a la parte directiva de los mismos en muchos casos con personas que no tienen ni la experiencia específica en el sector salud ni la preparación académica de las personas que masivamente han sido retiradas del servicio (...). Preguntado: diga si tuvo usted conocimiento de una investigación realizada por la Secretaría de Salud de Boyacá en diciembre de 1994, por irregularidades en el Hospital San Rafael, en caso afirmativo, qué injerencia tuvo Héctor Julio Millán. Contestó: en los meses finales de año 1994 cuando me desempeñaba como subsecretario de salud de Boyacá se recepcionaron en mi despacho algunas quejas verbales y escritas que provenían de funcionarios del hospital donde se aludía a exoneraciones en el pago de cuentas de pacientes no asistenciales de la institución, a utilización de algunos elementos del hospital en actividades privadas y en relación con movimientos de personal de carrera administrativa sin el lleno de los requisitos legales, recibidas las denuncias conformé un equipo de funcionarios de la secretaría de salud de la parte jurídica, financiera y de participación de la comunidad para que verificara lo relativo a las denuncias y tengo conocimiento que en efecto se adelantó la indagación pertinente y se produjo un documento que fue entregado a la subsecretaría en el mes de enero de 1995 y que la verdad no alcancé a valorar ni a tomar determinaciones al respecto por cuanto por aquella época se produjo mi renuncia (...). En cuanto a la participación del señor Milán en aquellos hechos la identifico como que él fue una de las personas que le comunicó a la administración de la secretaría la existencia de posibles impericias por parte del señor director del hospital en el tratamiento de los temas administrativos”.

— Declaración del señor Jairo Hernando Fonseca Jiménez, recibida por el despacho judicial ya referido(58), quien dijo trabajar en el hospital y desconocer los motivos conforme a los cuales se ordenó la desvinculación del señor Millán de ese centro asistencial.

En este orden, precisó que fue él quien solicitó a la Secretaría de Salud de Boyacá que iniciara una investigación por posibles irregularidades administrativas en el hospital y que, en su criterio, esa no fue la razón de la declaratoria de insubsistencia del señor Millán. Agregó que la desvinculación del señor Millán no afectó la eficiencia y calidad del servicio y que la señora que lo reemplazó en el cargo ya se había desempeñado como administradora del hospital en dos oportunidades.

— Declaraciones de las señoras Blanca Inés Monroy Zipasuca(59), Matilde Álvarez(60), María Salamanca Suárez(61), Clemencia Eugenia Torres de Wilches(62) y Alicia Inés Córdoba Pinzón(63), trabajadoras del Hospital, quienes afirmaron desconocer la causa de la declaratoria de insubsistencia en el cargo ejercido por el señor Millán Mora.

— Testimonio rendido por el señor Rafael Romero Piñeros(64), director del hospital para el momento en que el señor Millán se posesionó en el cargo de administrador del mismo establecimiento, quien manifestó desconocer los motivos por los cuales en 1995 el señor Millán fue separado de su cargo.

— Testimonio rendido el 29 de agosto de 1996 por la señora María de los Ángeles Castañeda(65), funcionaria que reemplazó en el hospital al señor Héctor Julio Millán Mora, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, y quien dijo haber estado vinculada a ese centro asistencial entre el 3 de octubre de 1998 y el 8 de febrero de 1989 y el 4 de enero de 1995 y el 23 de mayo de 1996, en el cargo de administradora. Afirmó no saber las razones que fundamentaron la declaratoria de insubsistencia de su antecesor. También indicó:

“Preguntado: ruego nos diga si para acceder al cargo de subdirector administrativo del Hospital San Rafael de Tunja obtuvo alguna recomendación o requirió de ella, en caso afirmativo cuál. Contestó: el director del Hospital San Rafael de Tunja que produjo mi nombramiento doctor Saulo Guarín Cortés me había propuesto que viniera a colaborarle en la sección administrativa ya que conocía mi trabajo en la primera vinculación con el hospital y este ofrecimiento me lo hizo desde agosto de 1994, pero yo me encontraba vinculada con una importante entidad del sector financiero con la regional Bogotá y por mi hoja de vida y por el cierre de actividades de fin de año únicamente acepté a partir de enero de 1995”.

— Declaración rendida el 20 de agosto de 1996 por el señor Uriel Cortés Mayorga ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso(66), comisionado para el efecto, quien afirmó:

“El doctor Millán se desempeñaba como subdirector administrativo de dicho hospital (San Rafael de Tunja) desde hacía tiempo que no recuerdo, varios períodos, cuando en forma súbita y sin conocer yo la causa fue retirado del cargo, sin que conociéramos ninguna causa, la única explicación que le encuentro es que desde la posesión del nuevo gobernador se desató una persecución contra todo alto funcionario de la administración anterior por motivos de filiación política únicamente”.

6.3. Con base en las consideraciones jurídicas y fácticas anteriores, la Sala procede a resolver el problema jurídico planteado, para lo cual examinará el cumplimiento de los tres requisitos citados, a saber: (i) que exista una condena impuesta al Estado por daños imputables a la acción y omisión de alguna autoridad, (ii) que la entidad haya pagado a la víctima lo debido y (iii) que el daño antijurídico se haya producido como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de un agente estatal.

6.3.1. Al respecto, la Sala observa que se encuentra demostrado que la entidad pública demandante fue condenada por la jurisdicción contencioso administrativa en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a pagar al señor Héctor Julio Millán Mora, “a título de indemnización, el valor de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta el momento de su reintegro”, en tanto en el expediente obra copia auténtica de las sentencias proferidas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá y la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso aludido.

6.3.2. Igualmente, que dicho pago fue recibido por el señor Millán Mora, pues así se lee en los comprobantes de egreso 2347 y 2369(67), en los cuales consta que el 16 de diciembre de 1999 la entidad pagó al señor Héctor Julio Millán Mora las sumas de $ 309.917.057 (cheque I-8531656 y $ 8.409.153 (cheque I-8531659), y en el paz y salvo suscrito el 17 de diciembre de 1999 por el apoderado del señor Héctor Millán, “por concepto de la condena impuesta en el proceso 15104 del Tribunal Contencioso de Boyacá”.

6.3.3. Sin embargo, lo cierto es que la parte actora no probó que el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés, servidor que expidió el acto administrativo de desvinculación del señor Millán, hubiese actuado con dolo o culpa grave, condición esencial para ordenar el reintegro de las sumas pagadas por el Hospital, según se indicó en los fundamentos jurídicos de esta providencia, de suerte que, en razón de las normas vigentes a la fecha de ocurrencia de los hechos, no corresponde presumir tal conducta en tanto la misma debe estar debidamente demostrada.

6.3.3.1. Sobre el particular y antes de abordar el fondo de la cuestión, la Sala estima necesario resaltar que las sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá y la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor Millán contra el hospital, en las que se consideró que la Resolución 4 de 1995 fue expedida con desviación de poder, gozan del principio de intangibilidad, el cual impide que otra autoridad reinterprete o rectifique lo allí decidido, razón suficiente para que la Sala no emita pronunciamiento alguno sobre el particular.

No obstante, para la Sala es claro que las providencias referidas no atan la decisión que se ha de tomar en el presente asunto(68), pues el análisis que corresponde adelantar en virtud de la acción de repetición incoada dista del que es menester llevar a cabo en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en las cuales se dictaron.

6.3.3.2. Ahora bien, descendiendo en la cuestión inicialmente planteada, como ya se indicó, con base en las pruebas aportadas al presente juicio, la Sala concluye que no es posible afirmar de manera inequívoca que el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés hubiese actuado con dolo o culpa grave, al declarar la insubsistencia del señor Millán, por varias razones.

En primer lugar, porque el hospital no acreditó que la declaratoria de insubsistencia fuese un acto de represalia en razón de las misivas presentadas por el señor Millán ante el señor Guarín sobre su gestión.

De hecho, lo que sí se encuentra demostrado es que el mismo día en que el director del hospital llamó la atención al subdirector administrativo “por haber sacado el vehículo Daihatsu de placa OX 5064 el día 11 de noviembre a las 12 m., sin autorización de la Dirección”, este le presentó “un análisis comparativo de la ejecución presupuestal del mes septiembre (sic) con la ejecución presupuestal del mes de octubre del presente año”, oportunidad en la que, además, le solicitó “definir las políticas de recuperación de ingresos que faciliten adquirir recaudos para realizar un adicional por lo menos en el mes de diciembre para evitar traumatismo en adquisición de bienes para la institución”.

En este orden de ideas, también está probado que haciendo caso del escrito remitido el 15 de noviembre de 1994 por el subdirector administrativo al director del Hospital, éste dispuso la anulación de una orden de compra.

También reposa la carta dirigida por el director al subdirector del hospital, para responder sus inquietudes respecto de la definición de “las políticas de recuperación de ingresos” y hacer “hincapié” en relación con el cumplimiento de algunas funciones propias de su cargo, documento que en criterio de la Sala no revela animadversión por parte del superior, pues apunta a resolver justamente una cuestión manifestada por su subordinado y a precisarle aspectos de interés para la institución.

Igualmente, en el expediente obra la misiva suscrita por el subdirector administrativo al director del hospital, para preguntarle si debía firmar el cheque 2110477 del Banco de Bogotá, con el cual se cancelaba a la señora Lilian Villamizar 53 blusas de dotación, a pesar de la queja presentada por las trabajadoras beneficiarias sobre la calidad del producto, así como la comunicación de respuesta enviada el mismo día por el director, escrito este que, a juicio de la Sala, no refiere nada diferente a lo expresamente consignado.

Ahora bien, aunque en el expediente reposa el escrito entregado el 3 de enero de 1995 por el subdirector administrativo al director del hospital(69), en el que se lee que “de acuerdo con la conversación sostenida el día de hoy siendo las 11 a.m., en la cual se me planteó que escogiera entre las alternativas de presentar renuncia o de ser declarado insubsistente del cargo de administrador del Hospital San Rafael de Tunja, por instrucciones dadas por el señor gobernador José Benigno Perilla Piñeros”, lo cierto es que en el plenario no obra prueba de que tal instrucción hubiese sido dada. Al respecto, la Sala encuentra que si bien algunos testigos —particularmente el señor Germán Rojas Garavito— hicieron afirmaciones en la misma dirección, no manifestaron cuál fue la fuente de dicha información, por lo que, en este punto, la Sala no puede corroborar su idoneidad y veracidad.

Además, para la Sala es evidente que la carta mencionada no concuerda con lo dicho por el mismo funcionario Millán en el recurso de reposición interpuesto por él contra la Resolución 4 del 3 de enero de 1995(70), memorial en el que precisó que el director Guarín Cortés no tuvo en cuenta que de acuerdo con el oficio 189 del 11 de abril de 1994, remitido por el gobernador del departamento a los directores de los hospitales de su jurisdicción, los actos de vinculación y retiro de personal de los centros asistenciales deben contar con su aprobación.

En este sentido, tampoco se puede sostener que la declaratoria de insubsistencia tantas veces mencionada hubiese correspondido a una retaliación por las denuncias presentadas ante la Contraloría de Boyacá, en virtud de las presuntas irregularidades en que habría incurrido el director del hospital, pues de acuerdo con la copia auténtica del informe juramentado de diligencias preliminares presentado el 20 de enero de 1995 por el investigador fiscal ante el Contralor General de Boyacá, las denuncias no fueron incoadas por el señor Millán y este también fue sindicado de administrar inadecuadamente el patrimonio de la entidad.

Finalmente, la Sala estima que las calidades profesionales del señor Millán no enervaban la facultad discrecional en cabeza del director de retirarlo del servicio, si se tiene que aquel ejercía un cargo de libre nombramiento y remoción.

6.3.4. Por las razones expuestas, la Sala concluye el señor Saulo Flaviano Guarín Cortés no está llamado a reintegrar la suma de dinero que el hospital reconoció y pagó a favor del señor Héctor Julio Millán Mora, en cumplimiento de las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la entidad aquí demandante, comoquiera que el hospital no demostró que aquel hubiese actuado con dolo o culpa grave en la expedición del acto administrativo que declaró insubsistente al señor Millán Mora.

7. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas en razón de lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. Resuelve

1. REVOCAR la sentencia proferida veinticuatro (24) de julio de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3 y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(11) Sentencia de 8 de julio de 2009, Expediente 22.120, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “tratándose del ejercicio oportuno de la acción de repetición cabe precisar que existen dos momentos a partir de los cuales empieza a contarse el término de dos años para impetrar la acción, a saber: a) a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena impuesta en una sentencia y b) desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo” .

(12) “Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. // El documento privado es auténtico en los siguientes casos: // 1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido. // 2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó. // 3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. // Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella. // 4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276. // 5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274. // Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con éstos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de éstas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción”.

(13) “Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: // 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. // 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. // 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

(14) “Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

(15) Sentencia de 29 de marzo de 2011, Expediente 21.380, C.P. Danilo Rojas Betancourth: “... se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión (C.E., Sec. Tercera, Sents., feb. 21/2002, Exp. 12789, C.P. Alier Eduardo Hernández; ene. 25/2001, Exp. 12831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; mayo 3/2007, Exp. 25020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; oct. 18/2007, Exp. 15528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras)”.

(16) Folios 9 a 35 del cuaderno 2.

(17) Folios 38 a 59 del cuaderno 2.

(18) Folios 4, 5 y 7 del cuaderno 2.

(19) Folios 6 y 7 del cuaderno 2.

(20) Al respecto, en sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 30.696, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, se afirmó: “la acción de repetición puede dirigirse contra: // — Los servidores o ex servidores públicos que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de todas sus entidades descentralizadas. // — Los particulares que desempeñen funciones públicas, categoría dentro de la cual expresamente se incluye a contratistas, interventores, consultores y asesores en lo concerniente a la actividad contractual de la Administración”.

(21) Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Becerra Carbonell. En esta oportunidad, la Corte señaló: “es evidente que el artículo 90 constitucional consagra una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado, y la responsabilidad que igualmente es posible deducir a sus agentes. En el primer caso, la responsabilidad resulta de la antijuridicidad del daño, pero frente a sus agentes esa antijuridicidad se deduce de la conducta de estos, vale decir, de que el comportamiento asumido por ellos y que dio lugar al daño, fue doloso o gravemente culposo. En tal virtud, no puede deducirse responsabilidad patrimonial del funcionario o agente público, si no se establece que obró, por acción u omisión, constitutiva de dolo o culpa grave, y que lo hizo en ejercicio o con motivo de sus funciones. En consecuencia si la responsabilidad del agente público no se configura en dichos términos, resulta improcedente que el Estado ejerza la acción de repetición, porque esta solo se legitima en la medida en que este sea condenado a reparar el daño y los agentes estatales resulten igualmente responsables”.

(22) Artículo 31, inciso 2º: “las entidades públicas deberán promover la misma acción [de reparación] cuando resulten condenadas ohubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública."

(23) Artículo 42.8: “los Jueces Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: // (...) 8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”.

(24) Artículo 44.9: “caducidad de las acciones. // (...) 9. “la de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años,contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”.

(25) Sentencia del 10 de junio de 2009, Expediente 16.820, C.P. Myriam Guerrero.

(26) Expediente 1999-00847, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(27) Entre muchas otras, se puede consultar las sentencia de 28 de febrero de 2011, Expediente 34.816, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 10 de junio de 2009, Expediente 36.334, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 18 de junio de 2008, Expediente 25.839, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de 20 de febrero de 2008, Expediente 23.652, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(28) Sentencia de 31 de mayo de 2013, Expediente 25.051, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, oportunidad en la se explicó: “debe anotarse que incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia de esta Corporación entendió que la repetición es procedente en eventos distintos a la condena por decisión judicial, como sucede (...) cuando la erogación se produce como consecuencia de una conciliación, pues la finalidad de la acción es propender por la defensa del patrimonio público. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 1993, Expediente 7818; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 27 de febrero de 1997, Expediente 12.679, C.P. Ricardo Hoyos Duque y sentencia del 22 de octubre de 1997, Expediente 13.977, C.P. Daniel Suárez Hernández”.

(29) Sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 25.749, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(30) En el mismo sentido, en la Sentencia C-832 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional señaló: “para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos causados a un particular; (ii)que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público; (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia”.

(31) Supra 29.

(32) Sentencia de 28 de febrero de 2011, Expediente 34.816, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En igual sentido, véase sentencia de 18 de junio de 2008, Expediente 25.839, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma y el deudor debe demostrar la ocurrencia del hecho extintivo, lo cual aplicado en el caso en concreto para efectos del cumplimiento de los requisitos de la acción de repetición se materializa en el deber, por parte de una entidad pública de probar el pago efectivo de la indemnización contenida en una sentencia a la víctima, para lo cual deberá allegar la respectiva constancia de pago y la prueba de recibido o de la entrega o de la transferencia efectuada al acreedor”.

(33) Sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente 17.320, C.P. Myriam Guerrero: “... no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios solo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposade los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública (Sent., sep. 20/2007, Exp. 26708)”.

(34) Sentencia del 9 de diciembre de 2011, Expediente 22.211, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo: “la Sala estima que el agente de la Policía Nacional Gustavo de Jesús Heredia Gil nodebe responderpor el daño antijurídico causado a la parte demandante. || En efecto, como ya se indicó, se encuentra plenamente demostrado que el 1º de enero de 1997, a las 12.50 a.m., el señor Antonio María García Murillo y la señora Lilia Duque de Duque fueron atropellados por el agente de policía Gustavo de Jesús Heredia Gil, en el momento en que el mencionado agente se dirigía hacia un hospital con el señor Julio César Sánchez Osorio y el menor de nueve años Víctor Alfonso Marulanda Echeverry, a fin de que éste recibiera atención médica por las quemaduras de pólvora que presentaba. // A juicio de la Sala, se trataba de una situación de emergencia y, por tanto, que se salía de las condiciones de normalidad en que el agente Heredia Gil prestaba el servicio de policía. // Dado lo anterior, la Sala estima que el agente Heredia debe ser absuelto porque, como ya se precisó, en el momento en que ocurrieron los hechos, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales prestaba socorro y ayuda a un menor lesionado, por lo que se concluye que no actuó con dolo o con culpa grave”.

(35) Sentencia del 10 de noviembre de 2005, Expediente R 9.796, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez: “se concluye que la conducta del señor Díaz Pulido es reprochable, no solo por conducir en estado de embriaguez un vehículo oficial, lo cual está debidamente acreditado, sino porque, además, lo hizo cuando desarrollaba actividades relacionadas con el ejercicio de sus funciones como empleado público. // Ahora bien, la Sala considera que incurrir en esta infracción implica actuar con culpa grave. En efecto, el artículo 63 del Código Civil establece que la culpa grave consiste ‘en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios’. Se entiende que hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto habiendo podido preverlos, o cuando a pesar de haberlos previsto confió imprudentemente en poder evitarlos, y porque además, la simple embriaguez, es, de por sí, viola el deber objetivo de cuidado, en cuanto que envuelve un actuar imprudente y violatorio de las normas de tránsito terrestre”.

(36) Sentencia de 13 de mayo de 2009, Expediente 25.694, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(37) Folio 164 del cuaderno 3.

(38) Folios 19 y 20 del cuaderno 8.

(39) Folios 19 y 20 del cuaderno 8.

(40) Folio 23 del cuaderno 8.

(41) Folio 25 del cuaderno 8.

(42) Folio 29 del cuaderno 8.

(43) Folio 34 del cuaderno 8.

(44) Folios 35 y 36 del cuaderno 8.

(45) Folio 37 del cuaderno 8.

(46) Folio 39 del cuaderno 8.

(47) Folio 40 del cuaderno 8.

(48) Folio 166 del cuaderno 3.

(49) Folios 41 a 45 del cuaderno 8.

(50) Folios 20 y 21 del cuaderno 7.

(51) Folios 47 y 48 del cuaderno 8.

(52) Folios 79 a 134 del cuaderno 8.

(53) Folio 374 del cuaderno 3.

(54) Folios 595 a 600 del cuaderno 3.

(55) Folios 21 a 22 del cuaderno 3.

(56) Folios 606 a 609 del cuaderno 3.

(57) Folios 610 a 615 del cuaderno 3.

(58) Folios 616 a 622 del cuaderno 3.

(59) Folios 322 a 325 del cuaderno 3.

(60) Folios 325 a 327 del cuaderno 3.

(61) Folios 636 a 639 del cuaderno 3.

(62) Folios 680 a 683 del cuaderno 3.

(63) Folios 683 a 685 del cuaderno 3.

(64) Folios 632 a 636 del cuaderno 3.

(65) Folios 654 a 663 del cuaderno 3.

(66) Folios 702 a 704 del cuaderno 3.

(67) Folios 4, 5 y 7 del cuaderno 2.

(68) Al respecto, se puede consultar la sentencia de 28 de febrero de 2013, Expediente 23670, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(69) Folio 39 del cuaderno 8.

(70) Folios 41 a 45 del cuaderno 8.