Sentencia 2000-02023/42059 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 540012331000200002023-01

Expediente: 42059

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Rubiela Carreño Rodríguez

Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Ministerio de Justicia y del Derecho

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diescisiete.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 7 de julio de 2011, mediante la cual se declaró probada la excepción de indebida representación por pasiva propuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia y se denegaron las pretensiones de la demanda. La providencia será revocada.

Síntesis del caso

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, adelantó el proceso de ejecución radicado bajo el número 189-97, al interior del cual decretó el embargo y secuestro del inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 260-99250, sin percatarse que desde el 1º de abril de 1991 se había constituido un derecho real de usufructo a favor de un tercero. Luego de adelantar el respectivo procedimiento, la autoridad judicial ofertó el bien, mediante el respectivo aviso de remate, sin realizar la distinción que el derecho subastado tan solo correspondía a la nuda propiedad, por ser este el único derecho que el ejecutado ostentaba. Llevada a cabo la diligencia de remate la señora Rubiela Carreño Rodríguez, en su calidad de única postora, le fue adjudicado el predio, título que fue registrado en el folio de matrícula respectivo. La diligencia de entrega decretada por el juzgado de conocimiento no pudo ser materializada ante la oposición presentada por el usufructuario, la cual fue declarada fundada por el juzgado comisionado.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

1. Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 1º de noviembre de 2000, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la señora Rubiela Carreño Rodríguez presentó demanda contra la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho- Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas (fl. 3-20, cdno.1.):

“Primera. La Nación Colombiana, Ministerio de Justicia y del Derecho-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva Nacional de la Administración Judicial es administrativamente responsable por error judicial-omisión en las formalidades (responsabilidad objetiva) de la venta que hiciera en pública subasta el Juzgado Quinto Civil del Circuito de este Distrito de un bien inmueble gravado con un derecho de usufructo en cabeza de un tercero que hoy por hoy se opone a la entrega del bien y que más adelante se identificara en los hechos de esta demanda.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración condénese a la Nación Colombiana, Ministerio de Justicia y del Derecho-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva Nacional de la Administración Judicial a pagar:

a. Rubiela Carreño Rodríguez la suma de Cincuenta y seis millones de pesos ($ 56.000.000) como perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) que sufre por no haber podido recibir materialmente el bien, y por ende explotar económicamente (comercializar, vender o arrendar) la compra que del inmueble hiciera en pública subasta al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, habida cuenta que el precipitado bien lo ocupa y posee un tercero que tiene un derecho registrado en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y que no ha permitido la explotación económica del mismo en razón a que ha opuesto a la entrega real y material ordenado por el juzgado rematante, siendo comisionado para la entrega el Juzgado Octavo Civil del Circuito.

b. El valor del impuesto del remate conforme lo exige el artículo 7º de la Ley 11 de 1987 que corresponde al 3%, es decir a la suma de Un millón seiscientos ochenta mil pesos ($ 1.680.000).

c. La suma cancelada por concepto de boleta fiscal que corresponde a quinientos ochenta mil pesos ($ 560.000) (sic).

d. El valor pagado a Registros de Instrumentos Públicos que corresponde a doscientos ochenta y dos mil pesos ($ 282.000).

e. Los derechos notariales correspondientes a trescientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta pesos ($ 389.860).

f. Los honorarios cancelados al doctor Jesús A. Flórez Vera por valor de tres millones doscientos mil pesos ($ 3.200.000.oo) quien representó a mi cliente en las dos entregas fallidas como se observa en las respectivas diligencias.

g. Indexación que generan los dineros que por los conceptos anteriores se cancelaron y que no se han podido recuperar al no haber entrado mi mandante a disfrutar el goce del bien adquirido mediante el remate.

h. Perjuicios morales: dos mil gramos de oro fino, toda vez que mi poderdante vio frustrado sus intenciones y planes, en razón a que en la compra invirtió los ahorros de toda su vida, los cuales hasta la fecha están embolatados por un error omisivo de la justicia, pues sus proyectos eran comercializar los locales ya fuera arrendándolos o vendiéndolos y debido a tal fracaso económico le ha generado tristeza, congoja, angustia, desesperación y pérdidas económicas por no haber podido ejecutar los planes de s vida, cuales eran independizarse de su trabajo de empleada y montar su negocio propio.

i. Perjuicios materiales:

Si mi prohijada Rubiela Carreño Rodríguez invirtió sesenta y dos millones trescientos veintitrés mil cincuenta pesos ($ 62.323.050.oo), lo legal es que esa suma de dinero produzca una rentabilidad (daño emergente y lucro cesante) ya que durante un año que lleva el dinero en manos de un tercero y que no recupera, este tiene que haber generado ganancias.

j. Los intereses correspondientes a la tasa legal, sobre las cantidades que resulten a favor de mi procurada desde la fecha que deba hacerse el pago hasta aquella en que efectivamente se realice.

k. En la regulación de los perjuicios materiales objetivados se distinguirán dos periodos de indemnización: la debida hasta la fecha probable de fallo y la futura. Además se actualizará su valor tomando en consideración el índice de precios al consumidor, conforme al artículo 178 del C.C.A.

l. Condénese en costas a los demandados.

2. Como fundamento fáctico y jurídico de sus pretensiones, la accionante sostuvo que:

2.1. La señora Rubiela Carreño Rodríguez adquirió en pública subasta el 10 de junio de 1999, el bien inmueble ubicado en la calle 2 Nº 5 par, manzana 6, demarcado con el número 1-97 del barrio la Merced del municipio de Cúcuta. Una vez cumplido el trámite de rigor, el juzgado rematante profirió auto mediante el cual aprobó la diligencia y ordenó la protocolización del acto en escritura pública, suscrita el 9 de agosto del mismo año en la Notaría Tercera de esa ciudad.

2.2. Como precio para la adquisición del inmueble la demandante canceló la suma de $ 56 000 000, cifra que no incluye los gastos notariales, de registro, impuestos y demás.

2.3. Culminado el proceso de protocolización y registro, la señora Carreño Rodríguez solicitó la entrega real y material del bien al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, autoridad judicial que mediante despacho comisorio Nº 161 con destino al Juzgado Octavo Civil Municipal, ordenó la entrega del inmueble.

2.4. En la fecha y hora programada para adelantar la entrega del bien, se presentó en calidad de usufructuario del mismo, el señor Jaime Rodolfo Moncada, quien se opuso al desarrollo de la diligencia, tras aducir la existencia de un derecho real que se imponía como privilegiado ante el adquirido por la rematante. Esta oposición fue resuelta a favor del opositor por parte del juzgado comisionado y, en consecuencia no se materializó la entrega del inmueble en favor de la accionante.

2.5. Por último, aseguró “En la compra hecha mediante la venta forzada por remate del bien ya referido, el daño económico ha sido tan cierto para mi poderdante que sus planes y el libre desarrollo de su actividades comerciales se han visto truncados, habida cuenta que la inversión ha sido millonaria e implica un daño al giro propio de sus negocios, pues el bien inmueble como propiedad está amparado por nuestro ordenamiento jurídico civil sustantivo y en especial en nuestra Carta Política, es decir, la propiedad (el bien rematado en pública subasta) lo adquirió con base al arreglo de la ley, máxime cuando tal enajenación proviene del Estado , y es a este quien le compete cumplir y hacer cumplir la ley.

II. Trámite procesal

3. Las demandadas presentaron escritos de contestación de la demanda, así:

3.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho propuso la excepción de indebida representación por pasiva por cuanto, de conformidad con lo prescrito por el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 49 de la Ley 446 de 1998, es el director ejecutivo de administración judicial quien representa a la Nación-Rama Judicial por las actuaciones endilgables a esta última (fls. 88-94, cdno.1).

3.2. La Nación Rama Judicial indicó que a la señora Carreño Rodríguez le correspondía utilizar todos los recursos de ley para oponerse a la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Civil Municipal del Circuito de Cúcuta, por ser aquella quien tenía a cargo la obligación de sanear el bien de todo vicio que sobreviniera a la venta. Señaló que la demandante acudió a la diligencia de remate con pleno conocimiento de las posibles afectaciones que pesaban sobre el bien ofertado, pues estas constaban en el certificado de registro e instrumentos públicos asignado al mismo, documento público en el que constaba la constitución del usufructo desde el 3 de enero de 1991, es decir casi nueve años antes de realizarse su remate. Después de recordar los elementos estructurantes del juicio de responsabilidad del Estado, indicó que los mismos no se encontraban configurados en el sub examine (fls. 99-103, cdno.1).

4. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas(1), el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de primera instancia el 7 de julio de 2011 (fls. 214-224, cdno. ppal.), mediante la cual declaró probada la excepción de “indebida representación por pasiva” propuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia y denegó las pretensiones de la demanda. Fundó su decisión en las siguientes consideraciones:

4.1. La excepción propuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia, interpretada como haciendo referencia a la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, está llamada a prosperar por cuanto la normativa vigente sobre el particular es clara al indicar que la representación de la Nación, por litigios relativos a la actividad judicial, recae en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y no en dicho ministerio, parte integrante del poder ejecutivo.

4.2. Consideró que no se configuró error judicial alguno en el caso concreto, en tanto no existe obligación legal, conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil en cabeza de la autoridad judicial, de incluir en los avisos mediante los que se publicitan los actos de remate, información acerca de la preexistencia de limitaciones a la propiedad o gravámenes que pesen sobre el inmueble ofertado.

4.3. Luego de realizar un análisis normativo del procedimiento dispuesto para el remate de bienes producto de los procesos de ejecución, la Sala concluyó que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cúcuta al expedir el aviso de remate, en el que incluyó el número de matrícula inmobiliaria, agotó las obligaciones que le eran propias, pues correspondía a quienes tuvieran algún interés en su adquisición verificar la tradición del inmueble y con ello conocer de antemano la existencia de limitaciones al dominio o cualquier otro restricción para su libre comercialización.

5. Contra la sentencia de primera instancia, la parte actora interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación. Las razones de su inconformidad son las siguientes (f. 227-239 c.ppl.):

5.1. El yerro del juzgado inició en el momento mismo en que libró la orden de embargo, pues en ella no distinguió que el gravamen solo recaía sobre los derechos de nuda propiedad y no sobre la totalidad del derecho de propiedad tal y como lo entendió la rematante.

5.2. La actividad negligente que condujo al error a la adjudicataria pudo ser mitigada por la autoridad judicial con tan solo haber retrotraído la actuación procesal, mediante el decreto de una nulidad que abarcara la orden de embargo a fin de especificar el objeto de la medida y en consecuencia limitarla tan solo al derecho de nuda propiedad. 

5.3. El juzgado rematante inobservó los preceptos legales que le permitían conjurar el yerro cometido en el momento en que ofertó un inmueble con limitación al derecho de dominio, cual era la existencia del usufructo a favor de un tercero, como si se tratara de la pública subaste de un inmueble, pues el artículo 539 del Código de Procedimiento Civil prevé la posibilidad, en caso de la existencia de una acreencia con garantía hipotecaria, impedir la fijación de fecha para el remate hasta tanto no se surta la notificación al acreedor, supuesto fáctico que pudo hacerse extensivo para el caso del usufructuario.

5.4. No debe perderse de vista que la autoridad judicial, en tratándose de ventas forzadas, asume la representación del ejecutado y como tal está obligada a salir al saneamiento, tal como lo ordena la ley sustantiva civil, por lo que en caso de la presencia de vicios redhibitorios asume idéntica obligación que su representado.

5.5. Por último, resaltó que “Dado que la venta forzada-remate- proviene del Estado, en cabeza del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta pues el mismo constituye un servicio público como cualquier otro, en este caso no está precedido de los mandatos como lo obligan los art 2, 13 y 209 de la Constitución Política, contrariando las reglas jurídicas propias y conexas del asunto hoy debatido como son el art 525 numeral 2º del C.P.C., artículo 83, numerales 1º y 7º del artículo 95 de la C.N., es decir, la venta aparentemente lícita estaba y por ende está impregnada de defectos legales, que no son más que yerros judiciales que dan al traste con el buen servicio público desplegado por el pluricitado despacho judicial, contrariando ostensiblemente al buena fe, la legítima confianza, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, por ser dicha venta forzada un acto propio de la Administración Pública.

6. Dentro del término para presentar alegatos en segunda instancia, las partes intervinieron así:

6.1. La parte demandante reiteró su solicitud de declarar la existencia de un error judicial cometido por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, tras ofertar el remate de un inmueble con limitación al dominio constituido por usufructo y no indicarlo así en el aviso que fijó fecha y hora para la diligencia, error que no subsanó pese a que la ley prevé diferentes mecanismos de cara a solventar la irregularidad (fls. 249-250, cdno. ppal.).

6.2. Por su parte, la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho reiteró la formulación de su medio exceptivo falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la representación de la Nación, en tratándose de controversias derivadas de la actividad judicial, está en cabeza de la Rama Judicial, tal como lo contempla la Ley 446 de 1998 y la Ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia (fls. 251-252, cdno. ppal.).

Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

III. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. Mediante auto del 18 de junio de 1997, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta decretó embargo y secuestro del bien inmueble ubicado en la calle 2 Nº 5 par, manzana 6 de la Urbanización La Merced, distinguido con la matrícula inmobiliaria Nº 260-99250, dentro del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía de José Alberto Moncada contra Jaime Rodolfo Moncada. En la misma providencia comisionó para la práctica de la diligencia de secuestro a la Inspección Primera Superior Promiscua Civil de Policía (original del auto proferido el 18 de junio de 1997 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, fl. 21, cdno.1.).

8.2. La citada medida cautelar fue registrada por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, el 24 de junio de 1997. Las inscripciones anotadas desde la apertura del folio de matrícula son las siguientes:

“Oficina de registro de instrumentos públicos de Cúcuta certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria

Nº Matricula: 260-99250

Impreso el 30 de octubre de 2000 a las 04:24:22 p.m No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

Circulo registral: 260 Cúcuta Depto: Norte de Santander municipio: Cúcuta vereda: Fecha apertura: 05-11-1987 radicacion: 87-17108 con: sin información de: 05-11-1987 COD catastral: 0103 325 000 6000 estado del folio: Activo COD catastral ant:

Descripcion: Cabida y linderos contenidos en la escritura 312 del 312 de 31-01-59 notaria 2. de Cúcuta. Area 400m2. Complementacion;

Dirección del inmueble tipo predio: urbano calle 2 Nº 5 PAR. -MANZ. 6. URB. La Merced. . _ ..... abierta con base en la(s) siguiente(s) matrícula(s) (en caso de Integración y otros) 19528

Anotación: Nº 1 Fecha: 21-04-1959 Radicación: SN Doc: Escritura 312 del: 31-01-1959 Notaria 2. de Cúcuta

Valor acto: $ 8.000.00

Especificación: 101 Compraventa personas que intervienen en el acto (La X indica la Persona que figura como propietario)

DE: Castro de Buenahora Marina

A: Salazar Luis

Anotación: Nº 2 Fecha: 09-05-1959 Radicación: SN

Doc: Escritura 1178 del: 14-04-1959 Notaria 2. de Cúcuta

Especificacion: 999 Aclaracion EXT. 676 M2.

Personas que intervienen en el acto (La X indica la Persona que figura como propietario)

De: Castro de Buenahora Marina

A: Salazar Luis

Anotacion: Nº 3 Fecha: 28-05-1978 Radicacion: SN

1: Escritura 982 del: 21-05-1976 Notaria 1, de Cúcuta valor acto: $ 600.000.000 c.

Especificación: 210 Hipoteca

Personas que intervienen en el acto La X indica la Persona que figura como propietario)

De: Salazar Luis

A: Banco Ganadero

Anotación: Nº 4 Fecha: 18-02-1991, Radicación: 2483

Doc: Escritura 215 del: 12-02-1991 Notaria 1 de Cúcuta valor acto: $ 600.000.00 Se cancela la anotación Nº, 3, especificación: 650 cancelación hipoteca cuerpo cierto personas que intervienen en el acto (La X Indica la Persona que figura corno propietario

De: Banco Ganadero

A: Salazar Luis

Anotación Nº 5 fecha: 05-03-1991, Radicación: 3503

Doc: Escritura 331 del 01-03-1991 Notaria 1 de Cúcuta

Especificación: 101 compraventa

Persona que intervienen en el acto

De: Salazar Luis

A: Moncada Uribe Jaime Rodolfo

Anotación: Nº 6 Fecha: 07-03-1991 Radicación: 3503 Doc: Escritura 331 del: 01-03-1991 Notaria 1. de Cúcuta valor acto: $ Especificacion: 310 usufructo personas que intervienen en el acto (La X indica la Persona que figura como propietario )

A: Moncada Parada Jaime Rodolfo

Anotación: Nº 7 Fecha: 24-11-1993 Radicación: 23468 Doc: Escritura 4231 del: 18-11-1993 Notaria 3. de Cúcuta valor acto: $ 4.000.000.00

Especificación: 120 declaración de construcción personas que intervienen en el acto (La X indica la Persona que figura como propietario)

A: Moncada Uribe Jaime Rodolfo X

Anotación: Nº 8 Fecha: 11-09-1995 Radicación: 1995-18594 Doc: Oficio 0644 del: 03-05-1995 juzgado 4 C MPAL de Cúcuta valor acto: $

Especificación: 401 embargo acción personal personas que intervienen en el acto (La X indica la Persona que figura como propietario 1

De: Invercredito S.A.

A: Moncada Uribe Jaime Rodolfo

Anotación: Nº 9 Fecha: 13-11-1,996 fládicación.:1996725251: Doc: Oficio 1721 del; 20-09-1996.juzgado 4.C, municipal de Cúcuta “ Valor.Acto.: $

Se cancela la anotación Nº,:8,

Especificación: 790 Cancelacion embargo accion personal oficio ft

0644 Personas que intervienen en el acto (La X indica la Persona que

De: Invercredito S.A.

A: Moncada Uribe Jaime Rodolfo

Anotación: Nº 10 Fecha: 24-06-1997 Radicación: 1997-15914 Doc: Oficio 383 del: 20-06-1997 Juzgado Quinto civil del Cto de Cúcuta valor acto:

Especificacion: 401 Embargo acción personal jejecutivo singular quirografario. ref 189

personas que intervienen en el acto (La X indica la Persona que figura como propietario)

De: Moncada Uribe José Alberto

A: Moncada Uribe Jaime Rodolfo X

Anotación: Nº 11 Fecha: 09.07-1997 Radicación: 1997-19116

Doc: Oficio 305-AJ-AMC del: 24-07-1997 Asea Metropolitana de Cúcuta valor acto: $

Especificación: 430 valorización por la obra dise/o integral y construcción de la ampliación del Puente Elias M. Soto”.

8.3. El 24 de febrero de 1998, en cumplimiento del despacho comisorio Nº 255 emitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, la Inspección Tercera Superior Promiscuo de Policía se constituyó en audiencia pública a fin de llevar a cabo la diligencia de secuestro ordenada dentro del proceso de ejecución referido, la cual se materializó mediante la entrega a la secuestre nombrada, señora María Consuelo Cruz, a quien le fueron asignados a título de honorarios la suma de $ 300 000 mensuales (original del acta de la diligencia de secuestro del inmueble, realizada el 24 de febrero de 1998, fl. 25, cdno.1.).

8.4. Mediante providencia del 7 de diciembre de 1998, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación y, en consecuencia, modificó el mandamiento de pago, el cual ajustó a la suma de $ 20 893 173. Adicionalmente decretó el avalúo del inmueble objeto de embargo (copia de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 1998, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta, fls. 26-33, cdno. 1).

8.5. El Juzgado Quinto Civil de Circuito de Cúcuta, señaló como fecha y hora para adelantar la diligencia pública de remate el 10 de junio de 1999 a las 9: 00 a.m., providencia en cuyo contenido se lee (original del cartel de remate, publicado por el juzgado de conocimiento, fl. 40, cdno.1; original del aviso publicado en el diario la opinión, fl. 41, cdno. 1):

“Se ha señalado la hora de las nueve (9:00 a.m.), del día 10 de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), para llevar a cabo la diligencia de remate en pública subasta del bien inmueble que se encuentra legalmente embargado y secuestrado y avaluado pericialmente, como se relaciona a continuación:

Inmueble ubicado en la calle 2ª Nº 5 Par, Manzana 6 demarcado 1-97 La Merced. Área de terreno: 400 mts cuadrados aproximadamente, matrícula inmobiliaria Nº 260-99250 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta.

El anterior inmueble fue avaluado en la suma de ochenta millones de pesos mcte ($ 80.000.000.

Será postura admisible la que cubra el 70% sobre el avalúo total previa consignación del 20% del mismo en la Caja de Crédito Agropecuario de la ciudad.

Se le hace saber al rematante que deberá consignar dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate el saldo del precio, así como el impuesto del 3% sobre el valor final del remate de conformidad con el artículo 7º de la Ley 11 de 1987.

La licitación comenzará la hora señalada y no se cerrará sino después de que hayan transcurrido dos (2) horas por lo menos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, se fija el presente aviso de remate en lugar visible de la Secretaría del Juzgado por el término de diez (10) días a partir de las 8:00 a.m. de hoy ordenando su publicación en una radiodifusora y por un periódico de amplia circulación en la ciudad, por una sola vez dentro del término señalado y con antelación no inferior a cinco (5) días a la fecha del remate”.

8.6. Instalada la diligencia de remate del bien ofertado, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta adjudicó a la señora Rubiela Carreño Rodríguez el inmueble subastado, en su condición de único postor, por un valor de $ 56 000 000, acto que fue aprobado mediante providencia del 18 de junio de 1999, en la que se decretó la cancelación de los gravámenes que afectaban el inmueble, así como la cancelación del secuestro, la expedición del acta de remate y del auto aprobatorio del mismo por constituir el título de propiedad que debía ser inscrito en el respectivo folio de matrícula (original del acta suscrita al término de la diligencia de remate, fl. 43, cdno. 1; auto del 18 de junio de 1999, fls. 46-48, cdno.1; escritura pública Nº 2 058, otorgado por la Notaría Tercera del Circuito de Cúcuta, el 9 de agosto de 1999, fl. 70-71, cdno. 1).

8.7. Posteriormente, el Juzgado de conocimiento libró despacho comisorio con destino al juez municipal de reparto para efectos de la entrega de la nuda propiedad del bien rematado, por ser este el derecho ostentado por parte de quien fungió como ejecutado dentro del proceso judicial. En cumplimiento de la referida orden, el Juez Octavo Municipal de Cúcuta adelantó la diligencia de entrega en dos etapas una el 22 de septiembre de 1999 y la segunda el 22 de octubre del mismo año dentro de la cual se presentó, en la primera oportunidad, oposición a la misma por parte del usufructuario, la cual fue acogida por el comisionado tras advertir que su competencia se agotaba con la entrega del derecho de nuda propiedad sobre el bien, en los términos de la comisión realizada, la que no implicaba el despojo del goce y uso del inmueble, derechos reales que se encontraba en cabeza del tercero debidamente inscrito. Contra esta decisión la rematante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente por el comisionado, decisión que fue objeto de apelación (original del despacho comisorio Nº 161 del 13 de agosto de 1999, f. 50-51, 52, c.1; acta de la diligencia de entrega realizada el 22 de septiembre de 1999, f. 53-64, cdno. 1.).

8.8. Mediante escrito presentado el 31 de agosto de 2007, la señora Rubiela Carreño Rodríguez presentó ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitud de terminación del proceso con ocasión de la transacción llevada a cabo con el señor Jaime Rodolfo Moncada Parada, quien ostentaba el derecho real de usufructo del inmueble adjudicado. La solicitud se redactó en los siguientes términos (memorial suscrito por la señora Rubiela Carreño Rodríguez, el 31 de agosto de 2007, fl. 179, cdno.1):

“Con todo respeto comparezco ante el Tribunal Contencioso, para manifestar lo siguiente:

1. A raíz del remate de un bien inmueble, me vi involucrada en una serie de acciones judiciales con el señor Jaime Rodolfo Moncada Parada, entre ellas la acción de la referencia.

2. El señor Moncada Parada a mediado del mes de mayo de 2007, me citó ante la oficina de la doctora Yalile Dubeibe Rincón, para que conciliáramos las diferencias existentes, toda vez que él era el usufructuario del bien rematado judicialmente. A raíz de tal diligencia y de manera independiente a la conciliación, llegué a un acuerdo con el señor Moncada Parada.

3. Dicho arreglo, conciliación y solución definitiva al conflicto que nos tenía involucrados, consistió en que la suscrita [refiriéndose a la señora Carreño Rodríguez] le transfiriera a él, quien compro para su hija Martha Margarita Moncada, del bien inmueble rematado, quedando este con el usufructo de por vida, lo cual se hizo mediante escritura pública Nº 1955 del 2 de mayo de 2007, Notaría Segunda de Cúcuta, matrícula inmobiliaria 260-99250 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta.

4. A su vez el señor Moncada Parada, me transfirió a mi mandante la escritura pública Nº 1929 de 2 de mayo de 2007 Notaría Segunda de Cúcuta y me entregó la posesión sobre el inmueble ubicado en la Urbanización El Paraíso, lote 21, manzana 9, calle 10n y avenida 3b n 2ª -116 de la ciudad de Cúcuta, matrícula inmobiliaria Nº 260-0149097Oficina de Instrumentos Públicos de Cúcuta.

5. Considero que por haber llegado las partes en litigio a un acuerdo amigable, denominado contrato de transacción, no es mi deseo continuar con el proceso de la referencia, para evitar una eventual condena en costas. Allego fotocopia simple del contrato mencionado”.

8.9. Esta solicitud fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander bajo la consideración que la transacción no había involucrado a las entidades demandadas, razón por la cual no tenía la virtualidad de terminar el proceso contencioso, además de haber sido presentada en forma directa por la accionante, cuando debió hacerse por intermedio de su apoderado (auto proferido el 3 de marzo de 2008, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, fls. 1183-184, cdno.1.).

IV. Problema jurídico

10. Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por el supuesto daño causado a la demandante, quien fungió como adjudicataria de un inmueble subastado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta al interior de un proceso ejecutivo singular, sobre el cual el ejecutado tan solo era titular de la nuda propiedad tras la existencia de un usufructo constituido en favor de un tercero, derecho real que impidió la entrega real y material del bien a su adjudicataria. Así mismo, deberá determinar el alcance del acuerdo logrado entre la aquí demandante y el usufructuario del inmueble y su posible incidencia en la eventual reparación de los perjuicios causados.

V. Análisis de la Sala

11. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean causados por las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas, incluyendo las judiciales. Con esta disposición se superó definitivamente la posición jurisprudencial según la cual los errores cometidos por los funcionarios judiciales, en desarrollo de su actividad, comprometían la responsabilidad personal del servidor público, bajo el supuesto de que este hubiera actuado con “error inexcusable”, y no la del Estado(3).

11.1. En este sentido la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público y estableció tres supuestos o, como se han denominado jurisprudencialmente, tres títulos jurídicos de imputación bajo los cuales es posible analizar dicha responsabilidad. Ellos son: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68)(4).

11.2. De acuerdo con estas normas, el error judicial es aquel que se materializa en una providencia proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, mientras que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de carácter subsidiario que se aplica a todos aquellos eventos en los que los daños cuya indemnización se reclama se derivan de la función jurisdiccional, pero no de lo decidido en providencias judiciales. En ese sentido la Sección Tercera ha sostenido(5):

La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

“(…) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”(6).

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (art. 69, L. 270/96)”.

12. El daño aducido por la parte actora se encuentra acreditado pues dentro del expediente aparece demostrado que mediante subasta pública el Juzgado Quinto Civil de Circuito de Cúcuta adjudicó el bien inmueble cuya matrícula inmobiliaria corresponde al Nº 260-99250 en cabeza de la señora Carreño Rodríguez, en su calidad de única postora, quien luego de protocolizar el auto aprobatorio del remate y realizar la correspondiente inscripción en el folio de matrícula, solicitó su entrega, la que no se pudo materializar ante la oposición presentada por el usufructuario del bien.

13. En lo que tiene que ver con la imputación, la Sala encuentra que la falla en la prestación del servicio endilgada a la rama judicial consistió en no advertir, en el momento oportuno, esto es, al proferir el aviso de remate, el derecho real objeto de subasta, pues del contenido del referido auto y del inserto de la publicación hecha en el medio de escrito de comunicación, no se distinguió que tan solo se trataba de la nuda propiedad, pues sobre el inmueble pesaba un usufructo que limitaba el uso y goce pleno del bien, irregularidad que condujo a la aquí demandante a presentar su oferta para la adquisición del inmueble.

13.1. Revisada la normatividad adjetiva civil, vigente para el momento de los hechos, la Sala advierte que efectivamente la autoridad judicial incurrió en una cadena de irregularidades en el procesado de ejecución puesto en su conocimiento. En primer lugar, la Sala encuentra que mediante auto del 18 de junio de 1997 —ver párrafo 8.1.—, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta decretó el embargo y secuestro del bien ubicado en la misma ciudad, supuestamente de propiedad del ejecutado, tal como se solicitó en la demanda que inició este trámite, sin percatarse que sobre el inmueble pesaba una limitación al dominio, consistente en un usufructo constituido el 7 de abril de 1991 a favor del señor Jaime Rodolfo Moncada Parada. Lo anterior quiere significar que el derecho real de propiedad sobre el predio se encontraba disgregado por cuenta de la constitución del derecho real de usufructo que el titular del dominio inscrito había reservado a favor de un tercero. Bajo este supuesto fáctico la autoridad judicial debió advertir que la solicitud de embargo realizada por el ejecutante tan solo cobijaba el derecho real de nuda propiedad y no como lo entendió, el uso y goce el bien. Ahora, en caso de que la solicitud de medida cautelar formulada no clarificara esta situación, el juzgador debió solicitar al demandante que subsanara esta falencia so pena de rechazar tal requerimiento.

13.2. Así mismo, la anotación inscrita en el folio de matrícula del inmueble derivada de la orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito, no distinguió el derecho real afectado, pues indistintamente decreta el embargo del mismo pese a la escisión que del derecho real de propiedad se había consolidado desde el momento en que se constituyó el usufructo a favor del tercero, actuación que a todas luces resultó errada dada la confusión del derecho embargado.

13.3. En la secuencia cronológica del proceso, se evidencia que la autoridad judicial comisionó a la Alcaldía Municipal de Cúcuta para la realización de la diligencia de secuestro sobre el inmueble, el 8 de febrero de 1998, actuación que sugiere que la medida cautelar decretada abarcaba la totalidad del derecho de propiedad, pues resulta errado la práctica de una diligencia que de suyo implica la aprehensión material de una cosa en aras de entregarla para su custodia en manos de un auxiliar de la justicia, cuando lo cierto es que el derecho real de nuda propiedad dada su naturaleza intangible no es susceptible del tal acto y su materialización se agota con la mera inscripción en el correspondiente folio de matrícula.

13.4. Adicionalmente, se practicó el avalúo del bien embargado, mediante el cual se determinó que su valor comercial ascendía a $ 80 000 000, prueba que incluyó nuevamente la totalidad del derecho real de dominio, pues de la lectura de la experticia se advierte que al igual que los demás actos, este comprendió el bien como un solo derecho real del cual el titular inscrito era propietario sin ninguna limitación, situación que como ya se evidenció no atendía a la realidad jurídica del inmueble.

13.5. La autoridad judicial, pese a la inconsistencia presentada en el avalúo allegado, continuó con el trámite del proceso(7), para la cual dispuso la publicación de remate, tanto en el aviso exhibido en las instalaciones del juzgado como en el inserto en un diario de amplia circulación de la ciudad, a través de los cuales ofertó un bien ubicado en la calle 2ª Nº 5 par, manzana 6, demarcado 1-97, barrio la Merced, con área de 400 metros cuadrados, identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 260-99250 de la Oficina de Instrumentos públicos de Cúcuta, información dentro de la cual tampoco especificó la naturaleza del bien que se pretendía subastar e incurrió en una inconsistencia en la identificación del derecho que el ejecutado ostentaba sobre ese predio, pues lo publicitó como un derecho pleno, cuando lo cierto era que se encontraba limitado por el uso y goce constituido a favor de un tercero.

13.6. Lo mismo ocurrió en la diligencia de remate llevada a cabo el día 10 de junio de 1999 —ver párrafo 8.6.—, en donde finalmente adjudicó el inmueble a la aquí demandante, en su condición de única postora, por un porcentaje del 70% del avalúo comercial, acto que finalmente fue inscrito en la anotación Nº 13 del respectivo folio de matrícula, y del cual se derivó para ella la titularidad del derecho real de dominio pero no así el uso y goce del bien dada la limitación que por virtud del usufructo se había constituido a favor de un tercero, situación que se comprobó al momento mismo de la entrega cuando la rematante se vio privada de la entrega del inmueble.

13.7. Posteriormente, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta comisionó a los jueces municipales con competencia en esa ciudad para adelantar la entrega del inmueble, esta vez sí, bajo la advertencia que aquella cobijaba tan solo la nuda propiedad y no el derecho de usufructo inscrito en cabeza de un tercero, orden que al igual que la práctica de la diligencia de secuestro se erigieron como errores dada la naturaleza del derecho ofertado, que se insiste, se agota con la mera inscripción.

13.8. Es así como la entrega ordenada, y con ella la expectativa de la señora Carreño Rodríguez de obtener el bien subastado se vieron frustradas por la intervención legítima de quien ostentaba el uso y goce del mismo, que en uso de su derecho de oposición evitó la materialización de una orden que rebasó las facultades que le eran propias, en tanto no podía desconocer la limitación que sobre el derecho ostentado por el ejecutado pesaba, máxime cuando esta correspondía a una de aquellas que crea una relación material sobre la cosa más allá del derecho nominal que apareja la condición de nudo propietario. 

13.9. Bajo este supuesto fáctico la Sala considera que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta incurrió en un defectuoso funcionamiento en su labor de administrar justicia por al menos cinco actuaciones a saber (i) ordenar el embargo del derecho real de propiedad sobre un inmueble, cuando este se encontraba segregado entre un derecho de nuda propiedad y uno de usufructo, primero que ostentaba el demandado dentro del proceso ejecutivo y que debió ser el objeto de la medida cautelar; (ii) decretar una diligencia de secuestro sobre un derecho real que carece de corporalidad y que por lo tanto no es materia de aprehensión material; (iii) aprobar el avalúo comercial realizado al interior del proceso, en el que se incluyó el valor de la propiedad plena; (iv) ofertar e identificar al momento de realizar el aviso del remate, un bien sobre el que el ejecutado tan solo ostentaba el derecho de nuda propiedad y con ello inducir a error a los posibles postores; (v) ordenar la entrega del derecho real de nuda propiedad a la adjudicataria, cuando este tan solo se materializa al momento del registro en el respectivo folio de matrícula.

13.10. Así las cosas, para la Sala es claro que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta desconoció, a la hora de adelantar el proceso de ejecución, el derecho real que el demandado ostentaba sobre el inmueble, en tanto lo tuvo como titular pleno de propiedad cuando lo cierto era que su derecho se encontraba limitado por otro que otorgaba el uso y goce a favor de un tercero de forma vitalicia, situación que cambiaba radicalmente la situación jurídica del bien y que seguramente, como ocurrió, modificaría la intención de un posterior adquirente.

13.11. En palabras de la Corte Suprema de Justicia el derecho de propiedad plena sobre una cosa puede encontrase limitado por la constitución de otros derechos que, pese a reconocer el dominio en cabeza de otro, guarda para sí su uso y goce por el término de su duración. Así lo ha expresado esa Corporación(8):

“El derecho real de dominio confiere al titular un poder pleno sobre la cosa que tiene por objeto, del cual deriva la potestad para obtener de ella toda cuanta ventaja esté en posibilidad de proporcionar, desde luego dentro de las fronteras que puedan resultar del respeto debido a la ley, como a los derechos de los demás, poderío en el cual se conjugan las conocidas atribuciones de utilizarla (jus utendi), percibir sus frutos (jus fruendi) y disponer, material o jurídicamente de ella (jus abutendi). “Las apuntadas prerrogativas, sin embargo, pueden disgregarse por fuerza de la constitución de otros derechos reales, como el usufructo, uso o habitación sobre la misma cosa, que son derechos de la indicada estirpe de los cuales obtiene el titular la facultad para usar y gozar de un bien que pertenece a otro, de ahí que se les conozca como derechos de goce sobre cosa ajena, en veces pleno, como en el caso del usufructo, o limitado, en los demás, cuyo ejercicio importa siempre el reconocimiento del dominio que sobre ella ostenta el dueño, por cuenta del cual la detentan. “Se suscita así una hipótesis de concurrencia de dos derechos reales sobre idéntico objeto, que gozan del respeto recíproco de sus titulares: el dominio, por un lado, en razón del cual conserva el propietario la facultad de disposición sobre él, y el usufructo, uso o habitación, por la otra, que en tanto perduren conceden el disfrute de ella al usufructurio, usuario o a quien pertenece el derecho de habitación, según el caso, derechos que al despojar el dominio de sus más importantes ventajas, lo limitan, constituyen desmembraciones de él, de ahí que en tales eventos la propiedad sea mera o nuda, como la define el artículo 669 del Código Civil, porque a diferencia de lo que ocurre con la propiedad plena, está privada de algunas de sus prerrogativas esenciales”.

13.12. Por todo lo expuesto, la Sala encuentra que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta al tramitar el proceso ejecutivo puesto en su conocimiento desconoció el alcance de la limitación al derecho real de propiedad que recaía sobre el predio, el que se encontraba registrado al menos 7 años atrás, y del cual se derivaba la imposibilidad temporal, por el término de vida del usufructuario, de obtener todas la ventajas económicas que la explotación, uso y goce podían reportar a su pleno propietario, situación que de haber sido advertida por la autoridad judicial en sus múltiples intervenciones, pero sobre todo al momento de publicar el aviso de remate, hubiera evitado el menoscabo patrimonial de la aquí demandante, quien de haberle persistido algún interés, se hubiese postulado por un menor precio.

13.13. Ahora bien, la Sala no pierde de vista que la señora Carreño Rodríguez le asistía la obligación de verificar, mediante el certificado de tradición y libertad, la cadena traditicia del inmueble y con ello la posibilidad de asegurarse que sobre él no pesara ninguna limitación o gravamen que condicionara el derecho real ofertado, pues no puede perderse de vista que el Juez en este tipo de eventos no funge como vendedor sino como un mero representante del ejecutado en virtud de la venta forzosa producto del proceso de ejecución, razón por la cual en ella persisten las obligaciones propias de los adquirentes sin que pueda entenderse relevada por la mediación del juez. No obstante, no es posible para la Sala aparejar el comportamiento del Juez, que en su conocimiento básico de las leyes sustantivas de carácter civil, tuvo que advertir la naturaleza del bien embargado y conforme a eso adelantar las diligencias y la subasta del mismo y no inducir a error a los posibles intervinientes que amparados por principios como el de la confianza legítima realizaron sus ofertas confiados de que obtendrían un mejor derecho.

13.14. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia dictada por el Tribunal de Norte de Santander y en su lugar, declarará la responsabilidad de la Nación Rama Judicial por el daño causado a la señora Rubiela Carreño Rodríguez consistente en la imposibilidad de recibir materialmente el inmueble adquirido mediante subasta pública hecha por el Juzgado Civil del Circuito de Cúcuta.

V. Liquidación de perjuicios

14. La demandante solicitó a título de indemnización de perjuicios en su tipología de daño moral la suma correspondiente a dos mil gramos oro, padecimiento que intentó acreditar mediante diligencias de testimonios vertidos al interior del proceso. Para el efecto se recibió la declaración del señor Yobany Yaruro Reyes, deponente que aseguró ser cuñado de la señora Carreño Rodríguez, y al ser interrogado sobre los perjuicios morales ocasionados a la demandante afirmó:

“Los morales que ha decaído mucho, que se la pasa afligida porque no ha podido hacer nada, se la pasa es pensando cuando se le resuelve el problema para poder seguir trabajando”.

14.1. Sobre la procedencia de la indemnización de perjuicios morales derivados de la pérdida de bienes materiales, la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado que estos solo proceden a razón de la acreditan expresa de su causación, con lo que queda descartada la posibilidad de su presunción como en otro tipo de eventos. En el caso concreto se encuentra que a partir de esta declaración se tiene acreditado que la señora Rubiela Carreño Rodríguez padeció a consecuencia del daño irrogado por la actuación irregular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cúcuta un padecimiento moral que debe ser resarcido.

14.2. Ahora, en relación con la cuantificación del perjuicio la Sala observa que en aplicación del arbitrio judicial que orienta las decisiones adoptadas por los jueces y en atención a la magnitud del daño se debe conceder la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta que la imposibilidad de obtener el uso y goce del bien se extendió hasta el tiempo en que estuvo vigente la constitución del usufructo y su derecho real de nuda propiedad no se vio afectado por tal limitación. Así mismo, llevado a cabo el acuerdo entre aquella y el usufructuario, logrado el 27 de abril de 2007, —ver párrafo 8.8.— cesó, conforme a su propio dicho, el perjuicio derivado de tal daño.

15. En lo que tiene que ver con la indemnización por concepto de daño emergente, que según el texto de la demanda ascendía a la suma de $ 62 323 050, sin incluir la respectiva actualización, la Sala advierte que este tipología de perjuicio no es susceptible de ser reconocida, pues en virtud del acuerdo logrado entre la aquí demandante y el señor Jaime Rodolfo Moncada Parada, en su condición de usufructurio del bien, se debe tener como resarcido este perjuicio, en tanto de la manifestación realizada por la misma accionante se puede colegir que en virtud de esa conciliación —ver párrafo 8.8.—, se tenía superada cualquier controversia originada en el inmueble y con ello el interés económico de la devolución del valor pagado en la subasta pública, por lo que este perjuicio será negado.

16. Por último, frente a lo solicitado bajo la denominación de lucro cesante, esto es, lo réditos que el dinero invertido pudo reportar para la rematante, la Sala advierte que el mismo se torna procedente, en tanto ese capital inmovilizado, al menos, pudo representar para su propietaria una utilidad equivalente a los intereses civiles anuales que para esta fecha ascienden al 6%, es decir el 0.5% mensual. Ahora, en cuanto al límite temporal, la Sala los fijará desde el momento en que la aquí demandante pagó el precio total del valor del inmueble, el 15 de junio de 1999, hasta cuando se suscribió el acuerdo logrado entre la nuda propietaria y el usufructuario, 27 de abril de 2007, es decir por espacio de 94 meses, 12 días. Para el efecto se realizará la siguiente operación aritmética:

Ra= V x IPC final

IPC inicial

Ra= V x 87,59(9)

70,41

Ra= 77. 529 838 x 0.5% x 94

Va= 36 439 006

16.1. El valor que a título de indemnización por lucro cesante se debe reconocer a favor de la señora Rubiela Carreño Ramírez asciende a la suma de treinta y seis millones cuatrocientos treinta y nueve mil seis pesos ($ 36 439 006), correspondiente a los intereses civiles por el capital pagado en la subasta pública.

VI. Costas

17. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 7 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR responsable a la Nación Rama Judicial por el daño causado a la señora Rubiela Carreño Rodríguez dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número 189-97.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a favor de la señora Rubiela Carreño Rodríguez las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales a favor de la señora Rubiela Carreño Rodríguez la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de treinta y seis millones cuatrocientos treinta y nueve mil seis pesos ($ 36 439 006).

3. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

6. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

7. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.

8. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero—Stella Conto Díaz Del Castillo—Danilo Rojas Betancourth

1 El a quo las decretó mediante auto del 20 de febrero de 2003, fls. 111-112, cdno.1.

2 Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre de 2008 proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 14 de febrero de 1980, exp. 2367. Sobre el particular la Sección Tercera, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp.. 13.164, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sostuvo: “Antes de la expedición de la Constitución de 1991 la jurisprudencia de la Corporación distinguía la falla del servicio judicial del error judicial. La primera se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción y se reservó el segundo concepto para los actos de carácter propiamente jurisdiccional. En relación con el error judicial cabe señalar que en una primera etapa la jurisprudencia de la Corporación se negó a admitir la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en el principio de la cosa juzgada y por considerar que este era un riesgo a cargo de todos. Esas limitaciones para declarar la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional no estaban fundadas en disposiciones constitucionales o legales, porque si bien la Constitución de 1886 no establecía expresamente la obligación a cargo del Estado de responder por los daños que sus acciones u omisiones causaran a los particulares en desarrollo de la función de impartir justicia, el artículo 16 de la Carta que consagraba el deber de todas las autoridades públicas de proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares y que se invocaba como fundamento constitucional de la responsabilidad del Estado por la jurisprudencia de esta Corporación, permitía incluir en tal concepto a las autoridades encargadas de dicha función. De igual manera la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos más conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, incorporada al derecho nacional por la Ley 16 de 1972, permitía deducir responsabilidad del Estado por error judicial toda vez que en su artículo 10 prevé que “toda persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial”. En el mismo sentido ver sentencias de 2 de mayo de 2007 y 14 de agosto de 2008, exp. 1576 y 16594, respectivamente, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

4 “ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.// En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. // ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. // ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos. // 1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial. // 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.// ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. // ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

5 Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

6 [5] Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.

7 “ART. 525.—El remate se anunciará al público por aviso que expresará:
1. La fecha y hora en que ha de principiar la licitación.
2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.
3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación.
4. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.
El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a cinco días a la fecha señalada para el remate, en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere; la página del diario y la constancia auténtica del administrador de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes del día señalado para el remate.
En la secretaría se fijará el aviso durante los diez días anteriores al remate y se agregará al expediente con constancia del secretario sobre las fechas de fijación y desfijación. Si esta última se hiciere con posterioridad al remate, no se afectará su validez.
Cuando existiere bienes situados fuera del territorio del circuito a que corresponda el juzgado donde se adelante el proceso y la publicación se hiciere en un periódico que no tuviere circulación en el lugar en donde los bienes estén ubicados, se hará aquélla por cualquier otro medio a juicio del juez.
En ningún caso podrá prescindirse de las publicaciones exigidas en este artículo”.

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 16 de abril de 2008, exp: 2000-0050, actor: Miguel Osorio, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

9 Fecha en que se llevó a cabo el acuerdo conciliatorio, 27 de abril de 2007.