Sentencia 2000-0212 de marzo 21 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 07001233100020000212-01 (21.473)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Eduardo Méndez Rojas

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Fuerzas Armadas

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida por el Decreto 597 de 1988, norma aplicable en el sub exámine para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera segunda instancia ante esta corporación(1).

2. Sobre las pruebas que habrán de valorarse en el proceso.

Valga señalar, previamente, que en relación con todos los hechos que son objeto de esta controversia, se valorarán: (i) las pruebas documentales aportadas por las partes en la demanda y su contestación; (ii) los testimonios practicados por el a quo; (iii) los oficios remitidos por distintas autoridades, en respuesta al a quo y (iv) las pruebas anticipadas practicadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, a solicitud de la parte demandante, las cuales fueron remitidas al a quo, en copia auténtica, por el secretario de ese despacho (fls. 59 a 116, c. 2).

2.1. En relación con esta última prueba, cabe señalar que mediante escrito presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, a través de apoderado judicial, un grupo de personas, entre las cuales figuran los aquí demandantes —el señor Gabriel Roa Torres y María Teresina Díaz Vargas—, solicitaron “decretar y practicar diligencia de inspección judicial, con intervención de peritos idóneos, designados al efecto por el juzgado en forma legal y con citación y audiencia de la Nación colombiana y del Ministerio de Defensa ..., las Fuerzas Armadas de Colombia ... y la Policía Nacional ..., sobre todas y cada una de las viviendas que resultaron destruidas o averiadas a consecuencia de los ataques guerrilleros que sufrió la población de Cravo Norte, los días trece (13) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), diecinueve (19) de abril de 1999 y ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999); lo cual será materia de proceso contencioso administrativo que instauraré contra los citados y que debido al transcurso del tiempo se corre peligro de que se altere su situación”. Se señaló en el memorial que la diligencia tenía como finalidades las de establecer: (i) la dirección, área total del terreno, área construida y linderos generales de cada uno de los inmuebles objeto de la diligencia; (ii) los daños ocasionados a cada uno de esos inmuebles; (iii) el estado de los bienes muebles que hacían parte de los establecimientos de comercio que funcionaban en algunos de ellos y (iv) la verificación de las barricadas y artefactos explosivos instalados por la Policía en esos inmuebles o en sus inmediaciones.

No hay certeza sobre la fecha en la cual fue presentada la solicitud, pero en todo caso, se advierte que la misma es anterior al 13 de diciembre de 1999, fecha en la cual el juzgado profirió el auto mediante el cual decretó la diligencia que le fue solicitada nombró peritos, con el fin de que determinaran los perjuicios materiales; dispuso la notificación de la providencia al gobernador de Arauca, al comandante de la brigada 18 del ejército y al comandante de policía de ese mismo departamento y fijó como fecha para llevar a cabo la diligencia el 1º de marzo de 2000. A pesar de que las notificaciones a esas autoridades se llevaron a cabo a través del comisionado Juzgado Promiscuo Municipal de Arauca, las mismas no asistieron a la diligencia. A ella acudieron los peritos, a quienes ese despacho formuló el cuestionario relacionado con el avalúo de los daños materiales verificados en la inspección en relación con los inmuebles objeto de la diligencia.

De conformidad con lo anterior, precisa la Sala que la inspección judicial y el dictamen pericial practicados de manera anticipada pueden ser valorados en este proceso toda vez que la parte demandada fue debidamente citada y notificada, en los términos exigidos por el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil(2), vigente para la época en que se practicó la prueba.

No ocurre lo propio en relación con los testimonios recibidos anticipadamente porque conforme a lo previsto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, los testimonios anticipados únicamente podían pedirse cuando se tratara de personas que estuvieran gravemente enfermas y de las personas a quienes se llamó a declarar en esa diligencia no se hizo esa afirmación.

2.2. En relación con los recortes de periódicos que fueron traídos con la demanda, conforme a la jurisprudencia de la Sala que ahora se reitera, su valor probatorio está referido al hecho mismo de la publicación, pero no a su contenido. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, las publicaciones efectuadas en periódicos no oficiales y las informaciones suministradas en otros medios de comunicación escrita, no pueden tenerse como prueba de los hechos que en ellos se informa. Dichas publicaciones solo tienen valor probatorio para efectos de considerar que esa fue la noticia que se publicó, pero en manera alguna permiten acreditar la ocurrencia de los hechos que en ellos se expusieron(3).

2.3. De igual manera, carecen de valor probatorio las declaraciones extraproceso rendidas ante el alcalde del municipio de Cravo Norte, que fueron aportadas con la demanda (fls. 100 a 101, c. 1), porque se trata de declaraciones rendidas por terceros con fines judiciales, en relación con los cuales no se observaron los requisitos que para su validez exige el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, ni se surtió el principio de contradicción.

3. Sobre la excepción de caducidad declarada por el a quo.

Se consideró en la sentencia recurrida que en el caso concreto había operado la caducidad, porque, de acuerdo con la demanda, con la primera toma guerrillera, ocurrida el 13 de abril de 1998 se causaron al inmueble propiedad de uno de los demandantes los daños cuya indemnización se reclama.

A juicio de la Sala, la demanda fue presentada dentro del término legalmente establecido para el efecto, por las siguientes razones:

3.1. En la legislación nacional, ha sido regla constante, que el término para interponer la demanda con pretensiones de reparación directa empieza a correr a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble. Esto significa que una vez ocurrido el evento causante del daño, el demandante debe acudir a la jurisdicción competente, dentro del plazo fijado en la ley, para formular las pretensiones indemnizatorias, so pena de que opere la caducidad.

Tratándose de la determinación del plazo para demandar, no puede perderse de vista que los daños pueden provenir de un suceso instantáneo, pero también pueden provenir de una sucesión de hechos. En el primer evento, no hay duda, de que el término para interponer la demanda empieza a correr desde que se produce el evento, con las aclaraciones que antes se hicieron sobre la materialización o manifestación del daño. En el segundo caso, el término para reclamar la indemnización de los daños empezará a correr de manera autónoma frente a cada evento que hubiera dado lugar a los sucesivos daños.

Por lo tanto, para determinar en el caso cuándo empezó a correr el término para presentar la demanda, habrá de establecerse cuándo se causaron los daños que se aducen en la misma.

3.2. Según la demanda, durante el lapso comprendido entre el 13 de abril de 1998 y el 16 de enero de 2000 se produjeron varias incursiones guerrilleras que causaron daños al inmueble donde vivía el señor Eduardo Méndez Rojas. Es decir, la demanda hace alusión a daños causados como consecuencia de acciones diferentes, ocurridas en distintas fechas, lo cual implica que el término para reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos empezó a correr de manera autónoma en relación con cada evento.

Así entendidas las pretensiones formuladas, es cierto que en relación con los daños que se hubieran causado al inmueble como consecuencia de la toma guerrillera ocurrida el 13 de abril de 1998, la demanda interpuesta el 25 de mayo de 2000 fue extemporánea. Queda por analizar si el daño causado al bien en las tomas guerrilleras que según la demanda ocurrieron los días 19 de abril de 1999, 8 de julio de 1999 y 16 de enero de 2000, corresponden a aquel por el cual se reclama indemnización: destrucción total del inmueble y del establecimiento de comercio.

La Sala encuentra que el inmueble que poseía el señor Eduardo Méndez Roja fue destruido totalmente en los enfrentamientos ocurridos el 16 de enero de 2000, según da cuenta la copia auténtica del oficio remitido por el alcalde municipal de Cravo Norte al Tribunal a quo, el 25 de julio de 2001 (fl. 72-73, c. 2).

En este mismo sentido, en su testimonio el señor José María Ojeda afirmó conocer, por tener su domicilio en el municipio de Cravo Norte, que la casa donde vivía el señor Gabriel Roa Torres en arriendo y de propiedad del señor Eduardo Méndez Rojas, había sido reconstruida después de las primeras tomas guerrilleras, pero dado que la guerrilla siguió incursionando y la vivienda volvió a ser blanco de ataques, el señor Roa tuvo que abandonarla (fl. 66, c. 1).

Por lo anterior, no hay lugar a afirmar que la demanda presentada el 26 de mayo de 2000, fuera extemporánea en relación con los daños causados en los ataques guerrilleros perpetrados el 19 de abril y 8 de julio de 1999 y el 16 de enero de 2000 y por tanto no prospera la excepción de caducidad.

Por lo tanto, se revocará la sentencia proferida por el a quo que declaró probada la excepción de caducidad y se procederá a hacer una análisis de fondo de los hechos que se debaten.

4. Sobre la prueba de los daños aducidos en la demanda.

4.1. En el proceso, no se acreditó que el señor Eduardo Méndez Rojas fuera propietario del inmueble ubicado en la carrera 4ª número 1-31, comoquiera que no obra en el expediente ni el título ni el modo necesarios para efectos de acreditar la titularidad de dicho derecho real(4). En efecto, al proceso se allegó un documento en copia simple que dice corresponder a un contrato de promesa de compra venta, el cual carecer de valor probatorio en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(5) (fl. 93-94, c. 1).

Pero sí está demostrado que el señor Eduardo Méndez era poseedor de un inmueble en el municipio de Cravo Norte, el cual se encontraba ubicado próximo a la estación de policía y en el que funcionaba un establecimiento de comercio “Tienda Roa” de propiedad el señor Gabriel Roa Torres. Así se acreditó con las siguientes pruebas:

- Testimonio del señor Carlos Arturo Benedetti Mendoza, ya referido por la sala, quien en relación con este aspecto sostuvo:

“Preguntado: Infórmenos al despacho si usted sabe o le consta que el señor Eduardo Méndez Rojas fue víctima de las incursiones guerrilleras perpetuadas a este municipio en los últimos años. En caso afirmativo en que consistieron los daños. Contestó: de los daños que le hicieron sí fue víctima en su casa de habitación que tiene ubicada en el barrio centro por la carrera 4ª entre calle 1 y 2 (sic). En la destrucción casi total de la casa de habitación, incluyendo techo, paredes, puertas. Preguntando: a que se dedicaba el mencionado señor antes de los ataques guerrilleros. Contestó: don Eduardo Méndez, él comerciante ganadero, y la casa que posee aquí en Cravo Norte, se la tenía arrendada al señor Gabriel Roa como local comercial.

— Declaración, del señor José Drigelio Quenza Santana quien manifestó:

“Preguntado: Sabe ud. o le consta que por el enfrentamiento armado la casa de habitación del señor Eduardo Méndez Rojas y el local donde funcionaba el negocio de propiedad de los señores Gabriel Roa y María Teresina Díaz Vargas fue afectado, en caso afirmativo en qué consistieron esos daños. Contestó: Si la casa fue afectada, con el negocio del señor Roa, la casa quedó totalmente destruida, los techos, las paredes, las puertas, el negocio se le destruyó las vitrinas, tuvo grandes pérdidas. Preguntando: informe al despacho qué distancia aproximada existe entre la casa del señor Eduardo Méndez y la estación de policía. Contestó: por ahí cien metros de distancia (100 m). Preguntando: informe al despacho si el señor Eduardo Méndez vivía en esa casa de su propiedad en caso afirmativo junto a quienes vivía. Contestó: no doctora, me consta que la casa sí es de él, pero prácticamente el que la habitaba era el señor Roa”.

— En el mismo sentido obran las declaraciones de los señores Rubén Flórez y Alirio Torres, quienes afirmaron que el señor Eduardo Méndez Rojas tenía su casa en el municipio de Cravo Norte, la cual colindaba con la estación de policía y que en ese inmueble funcionaba la Tienda Roa de propiedad del señor Gabriel Roa.

Los testimonios referidos demuestran que el señor Eduardo Méndez Rojas era el poseedor de un inmueble ubicado en el municipio de Cravo Norte, el cual colindaba con la estación de Policía de dicho municipio, porque su comportamiento ante la sociedad y sus conocidos, era el propio de una persona que usaba y gozaba del bien “con ánimo de señor o dueño” (C.C., art. 762), al punto que lo explotaba económicamente en su beneficio, al tenerlo en arriendo al señor Gabriel Roa Torres.

Así mismo, dichas declaraciones permiten acreditar que el señor Gabriel Roa Torres era propietario de un establecimiento de comercio(6), el cual se encontraba ubicado en el inmueble sobre el cual se demostró ejercía la posesión el señor Eduardo Méndez Rojas. Los testigos señalan expresamente que el señor Roa era el dueño del negocio denominado la Tienda Roa de amplio reconocimiento en el municipio de Cravo de Norte. Obra además el certificado de matricula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Arauca en el que se señala que la Tienda Roa de propiedad de Gabriel Roa Torres está registrada bajo el número 48-008091-2 (fl. 99, c. 1).

4.2. Está probado que el bien inmueble y el establecimiento de comercio, sufrieron daños con ocasión de los ataques que fueron protagonizados por grupos guerrilleros. Los señores José Drigelio Quenza Santana, Dimas Rubén Flórez y Alirio Torres (fls. 43-44, 49-50, 51-52, c. 2), en las declaraciones rendidas en el proceso, afirmaron que la casa de Eduardo Méndez Rojas y el establecimiento de comercio de Gabriel Roa quedaron totalmente destruidos, porque era una vivienda que colindaba con la estación de policía, en contra de la cual estuvo dirigido el ataque.

En la diligencia de inspección judicial anticipada que practicó el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte el 1º de marzo de 2000, se identificó la vivienda de la demandante con el número 20 y se indicó que la misma colindaba con el comando de la policía de ese municipio y que sufrió los siguientes daños:

“El despacho se traslado inicialmente a la manzana que rodea el cuartel de la policía local, entre las carreras 4ª y 5ª, con la calle 2ª y allí se dio comienzo a la diligencia, distinguiendo las casas, así:

(...).

N.20 propiedad de Eduardo Méndez Rojas, este inmueble sufrió daños en su techo total, muros, puertas, ventanas, su estructura. Sus linderos: Oriente con carrera 4ª; occidente con Rosa Hidalgo; Norte con casa municipal y sur Zoila Esposito Nieves”.

4.3. También está demostrado que las medidas adoptadas por los agentes de la policía para protegerse de futuros ataques guerrilleros generaban para los vecinos de la estación de policía condiciones de riesgo que explican el hecho de que sus habitantes hubieran abandonado el inmueble en el que vivían municipio de Cravo Norte. Esas medidas de protección fueron descritas también en la inspección anticipada practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, en estos términos:

“... en, las esquinas de la calle 1ª, con carrera 4ª y carrera 6ª, esquina de la calle 2ª, con carrera 4ª y 6ª, como en la esquina de la carrera 5ª, con calle 3ª, frente a la entrada del despacho del juzgado promiscuo municipal, existen barricadas de canecas llenas de arena, trozos de bloques grandes de cemento, palos gruesos, tablas con puntillas; por estos lados no transitan ni siquiera personas, menos vehículos. En varias partes existen bombas con sus cables que van hacia el puesto de policía donde pueden ser activados”.

Con fundamento en estas pruebas, considera la Sala que está debidamente acreditado el daño material sufrido por el señor Eduardo Méndez Rojas consistente en la destrucción de la vivienda que poseía en el municipio de Cravo Norte, y de la misma forma el daño material sufrido por el señor Gabriel Roa, correspondiente a la destrucción del establecimiento de comercio de su propiedad, denominado la “Tienda Roa” en el cual desarrollaba una actividad económica de la cual derivaba su subsistencia.

4.4. En relación con el daño moral reclamado por los demandantes por la pérdida del inmueble, el Ejército Nacional señala que no es susceptible de reparación, porque las personas no puede dejarse dominar por las cosas.

En relación con el dolor moral que pueda generar la pérdida de los bienes materiales, la jurisprudencia de la Sala considera que ese daño sí es susceptible de reparación, pero como sucede en relación con los demás daños por los cuales se solicite indemnización, siempre habrá que acreditar su ocurrencia:

“A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que estos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(7).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso(8).

Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.

En consecuencia, aunque en eventos como el presente, la pérdida de los bienes materiales destinados a la subsistencia o comercialización puede causar perjuicios morales, en el caso concreto no se reconocerán porque estos no se acreditaron directamente ni se encuentran probados otros hechos de los cuales puedan inferirse tales perjuicios(9)”.

Pero, además de que en la jurisprudencia se admite la indemnización de daños morales por la pérdida de bienes materiales, lo cierto es que en este caso, más que por la pérdida material del inmueble en sí mismo considerado, los demandantes reclaman la indemnización por el dolor moral que les causa el tener que abandonar el sitio que era su hogar.

Con relación a este perjuicio, encuentra la Sala que está acreditado en el expediente que el señor Gabriel Roa Torres, su compañera María Teresina Díaz Vargas y sus hijos Claudia Milena, Frank Odani y Luis Carlos Roa se vieron forzados a desplazarse de su lugar de residencia y negocio dentro del municipio de Cravo Norte, como consecuencia de los riegos que corrían por vivir en inmediaciones de la estación de policía de ese municipio, que era constantemente blanco de los ataques de los grupos guerrilleros y por las medidas adoptadas por los agentes de policía que prestaban sus servicios en esa estación, para tratar de protegerse de esos ataques. No se demostró igual situación en relación con el señor Eduardo Méndez Rojas. En relación con este aspecto obran las siguientes pruebas:

— Declaración del señor Dimas Rubén Flórez, quien sostuvo lo siguiente:

“Preguntando: informe al despacho si el señor Eduardo Méndez Rojas vivía en esa casa de su propiedad, en caso afirmativo junto a quien más. Contestó: los que vivían ahí eran don Gabriel Roa y la familia que la tenía arrendada, la casa si es de don Eduardo. Preguntando: Díganos si las viviendas o negocios próximos a las estaciones de policía han sido abandonados por sus habitantes, en caso afirmativo porque razón. Contestó: claro abandonadas por la violencia ... Preguntando: Sabe usted o le consta donde vivía o tenía su casa de habitación para el momento de las tomas guerrilleras el señor Eduardo Méndez Rojas. Contestó: El no vivía aquí en Cravo Norte, para ese entonces vivía en Villavicencio.

— En este mismo sentido obran las declaraciones, de José María Ojeda y José Drigelio Quenza Santana, quienes sostuvieron que el señor Gabriel Roa Torres y su familia tuvieron que trasladarse a otro lugar del municipio, como consecuencia de la destrucción total del inmueble que les había arrendado el señor Eduardo Méndez Rojas y por el peligro que generaba permanecer en ese sector del municipio de Cravo Norte por los constantes enfrentamientos entre la subversión y los agentes de la estación de policía de dicha localidad.

A igual conclusión no se puede llegar en relación con el señor Eduardo Méndez Rojas y su esposa María Dominga Marín Santana, toda vez que en el proceso no quedó demostrado que estos hubieran sido desplazados de la vivienda de la cual tenían posesión y que resultó destruida como consecuencia de las tomas guerrilleras ocurridas en ese municipio; por el contrario, con fundamento en las anteriores pruebas está acreditado que para la fecha en que ocurrieron las tomas guerrilleras en el municipio de Cravo Norte, el señor Eduardo Méndez Rojas residía en el municipio de Villavicencio y le tenía arrendada su casa ubicada en la carrera 4ª Nº 1-31 al señor Gabriel Roa Torres y a su familia. Por lo que claro es para la Sala que estos no resultaron desplazados, razón por la que no se les reconocerá perjuicios morales.

En conformidad con el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República”, es desplazado:

“toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren dramáticamente su orden público”.

Precisa la Sala que en materia de desplazamiento forzado interno pueden presentarse varias modalidades, entre otras: desplazamiento de zona rural a zona rural, de zona rural a zona urbana, interurbanos (cuando el individuo o grupo familiar es forzado a abandonar su residencia o actividad económica urbana y se desplaza a otras áreas urbanas) e intraurbano que ocurre cuando el individuo o grupo familiar es desplazado a otra área dentro del mismo municipio o ciudad, por alguna de las causas prevista en la ley.

Sobre este aspecto la Corte Constitucional en Sentencia T-268 de 2003(10), señaló:

“Para caracterizar a los desplazados internos, dos son los elementos cruciales: La coacción que hace necesario el traslado; la permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la menor duda de que se está ante un problema de desplazados. El carácter de desplazados internos no surge de aspectos formales, ni de interpretaciones restrictivas, sino de una realidad objetiva: el retiro del lugar natural que los desplazados tenían, y la ubicación no previamente deseada en otro sitio. Todo esto debido a la coacción injusta de grupos armados que, como en el caso analizado en la presente sentencia, no solamente amenazaron la vida de numerosas familias, sino que les quemaron las casas, los ultrajaron, les dieron la orden perentoria de abandonar el sitio y como si fuera poco asesinaron a un integrante de ese grupo. En ninguna parte se exige, ni puede exigirse, que para la calificación del desplazamiento interno, tenga que irse más allá de los límites territoriales de un municipio. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que el desplazamiento entre la misma ciudad hace parte del desplazamiento interno forzado cuando se reúnen los requisitos que caracterizan a este último”.

Para la Sala es claro que en el presente asunto se está en presencia de un desplazamiento intraurbano toda vez que se encuentra demostrado que el señor Gabriel Roa Torres, su compañera María Teresina Díaz Vargas y sus hijos Claudia Milena, Frank Odani y Luis Carlos Roa producto de las tomas guerrilleras y de la imposibilidad de volver al lugar donde residían y tenían su negocio, se desplazaron a otro lugar dentro del mismo municipio de Cravo Norte.

En varias oportunidades se ha pronunciado la Sala sobre el dolor moral y la alteración a las condiciones materiales de existencia que sufren las personas que se ven forzadas a desplazarse dentro del territorio, como consecuencia de la alteración del orden público:

“A propósito del daño moral considera la Sala que el hecho del desplazamiento causa dolor a quien lo sufre, por el miedo, la situación de abandono e indefensión que lo obligan a abandonar el lugar de su domicilio, pero, además, esa situación incide de manera adversa en su vida familiar y en su entorno socio cultural, el cual deberán reconstruir, en el mejor de los casos de manera provisional, en situaciones de mayor vulnerabilidad, alejados del tejido familiar, social, laboral, sobre el que se sustentaba su crecimiento como ser. Aspecto que ha sido destacado por la jurisprudencia de la Sala y de la Corte Constitucional, así:

“... constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional(11)(12).

5. La responsabilidad del Estado por los daños causados por actos terroristas.

El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles(13).

Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la corporación, bajo dos regímenes básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva o concurrente con la de la víctima o la de un tercero. Tales criterios están vinculados, por supuesto, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido este su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.

Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a este, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando estas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.

Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(14).

También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición de un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala:

“En otros eventos (...) la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(15).

Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal(16).

Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando estos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. Ha precisado la Sala:

“Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad Estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia”(17).

En síntesis, los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por esta con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo del Estado o de sus fuerzas armadas(18).

6. La imputación del daño al Estado en el caso concreto.

Del análisis de las pruebas que obran en el expediente se concluye que los daños sufridos por los demandantes son imputables a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, porque los mismos se produjeron como consecuencia del enfrentamiento armado que se suscitó entre las fuerzas del orden y los integrantes de los grupos guerrilleros que atacaron la estación de policía de Cravo Norte.

Aparecen suficientemente documentados en el expediente los ataques cometidos por grupos guerrilleros en contra de la estación de policía del municipio de Cravo Norte en varias oportunidades, entre ellos los días 13 de abril de 1998 y 16 de enero de 2000. En relación con todos esos hechos obran los informes y denuncias formuladas por miembros de esa institución, los cuales fueron remitidos al a quo en copia auténtica, por el comandante del departamento de policía de Arauca (fls. 25-39, c. 2); y los oficios remitidos por el alcalde de ese municipio al gobernador de Arauca, que en copia auténtica fueron remitidos por el alcalde de ese municipio, el 27 de septiembre de 2001, en respuesta al oficio del a quo (fls. 131-146, c. 2), en los cuales se da cuenta de tales ataques, de los daños sufridos por los miembros de la estación de policía y por los habitantes del municipio, en particular, se hace alusión a los daños causados a los inmuebles aledaños a la estación de policía, que eran sedes de entidades estatales, establecimientos de comercio, viviendas particulares, centros religiosos, etc.

6.1. De los oficios que provienen de la Policía Nacional, se destacan:

— Denuncia penal formulada el 17 de abril de 1998, por el comandante del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 13 de abril anterior:

“A las 19:50 horas del 130498 se inició una incursión armada a la unidad policial acantonada en el [municipio de Cravo Norte], por guerrilleros pertenecientes al décimo (10) y cuarenta y cinco (45) frentes de las FARC, los bandoleros lanzaron granadas de mortero contra las instalaciones de la policía, suspendieron el fluido eléctrico y las comunicaciones, en el hecho resultó herido el siguiente personal ...

En el hecho resultaron semidestruidas las instalaciones policiales, una vivienda aledaña, el hotel de razón social El Agrado, en este último resultó muerto por acción de los facinerosos el particular Álvaro Mojica, exmagistrados del departamento del Meta ...

Los bandoleros hurtaron dos (02) ambulancias del hospital de la localidad para el transporte de los guerrilleros heridos ...” (fl. 30, c. 2).

— Denuncia penal formulada el 21 de abril de 1999, por el subcomandante operativo del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el día 19 anterior:

“... el día 190499, siendo las 17:30 horas, cuando doscientos (200) bandoleros pertenecientes al décimo (10) frente Guadalupe Salcedo y columna móvil Alfonso Castellanos de las autodenominadas FARC incursionaron en la mencionada localidad, arremetiendo contra las instalaciones y el personal de la estación rural de policía.

La unidad contaba con 1-1-26 policiales, al mando del señor teniente José Mario Garzón Osorio. Los insurrectos al ingresar a la cabecera municipal coparon en primer lugar las instalaciones del hospital San José de esa localidad, el cual utilizaron como ‘puesto de mando’, así mismo, se replegaron en las viviendas vecinas a la estación de policía, la alcaldía municipal y las riberas del río Cravo Norte, al tiempo que iniciaron una descarga de fuego nutrido contra la unidad, mediante la utilización de fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas MGL, granadas de fragmentación de mano y de fusil y demás armas de tipo no convencional, quedando de forma inmediata averiado el sistema de comunicación, como consecuencia de los explosivos tipo ‘ramplas’, lanzados por los facinerosos. La acción se prolongó hasta las 02:00 horas aproximadamente del 200499, tiempo durante el cual se contó con el apoyo aéreo de aviones y helicópteros de la FAC y el Ejército Nacional.

“Una vez terminada la incursión y luego de hacer arribo a la localidad el apoyo correspondiente, personal preparado en operaciones especiales (Copes) de la Policía Nacional logró la desactivación de ocho (8) artefactos explosivos y veinte (20) cilindros para gas, con explosivos, acondicionados como rampas ...” (fls. 28-29, c. 2, resaltado fuera del texto).

— Denuncia formulada el 29 de junio de 1999, por el subcomandante operativo del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 11 de junio anterior, los cuales no fueron referidos en la demanda:

“Siendo las 16:30 horas de la fecha antes descrita, guerrilleros del frente Domingo Lain Sáenz del Ejército de Liberación Nacional, en número aproximado de cincuenta (50), fuertemente armados y vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de descender de varios vehículos..., procedieron a atacar la población y edificaciones aledañas a la estación rural de policía, empleando para ello armas de largo alcance, granadas de fragmentación y artefactos explosivos de fabricación casera. Situación que tuvo una duración de tres horas aproximadamente, dejando daños de consideración en las edificaciones de personal civil y policial, tiempo durante el cual ... procedieron a ingresar a varias viviendas, secuestraron a dos (2) personas ..., argumentando que eran colaboradores de la fuerza pública ...

“Hechos como los que se citan...han generado el desplazamiento no oficial (...) de un número significativo de familias, las cuales se han residenciado en distintos lugares de la capital departamental ...” (fl. 31, c. 2).

— Denuncia presentada el 11 de julio de 1999, en relación con los hechos ocurridos el 8 de julio anterior:

“Siendo las 17:05 horas cuando doscientos (200) bandoleros pertenecientes al décimo (10) frente Guadalupe Salcedo y la columna móvil Alfonso Castellanos de las autodenominadas FARC incursionaron en la mencionada localidad, arremetiendo contra las instalaciones y el personal de la estación rural de policía.

La unidad contaba con 2-0-25 unidades al mando del señor teniente César Edgardo Barrera Fuentes ... Los insurrectos como avanzada para lograr llegar hasta las instalaciones utilizaron una (01) retroexcavadora, en la cual se movilizaban varios sediciosos, mientras otros realizaron un copamiento paulatino de la cabecera municipal, refugiándose en las viviendas que rodean las instalaciones de la estación de policía y desde las cuales realizaban las arremetidas contra la unidad, mediante la utilización de fusiles, ametralladoras M-60, lanzagranadas ..., granadas de fragmentación de mano y de fusil, además de la utilización de armas no convencionales (cilindros de gas ‘rampas’) ... Los bandoleros de igual forma, al iniciarse la incursión, cortaron la energía eléctrica para buscar tomar posiciones ventajosas frente a los policiales que defendían la población de Cravo Norte.

La incursión armada se prolongó hasta las 01:30 horas aproximadamente del 090799, tiempo durante el cual se contó con el apoyo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional, quienes lograron captar varias imágenes a través de las cuales los bandoleros emplearon dos (02) ambulancias dotadas con signos distintivos de la Cruz Roja, para transportarse de un lado a otro, llevando consigo el armamento, munición, artefactos explosivos y equipaje de campaña, a sabiendas de que no sería objeto de ataques por la fuerza pública (lo anterior fue ampliamente publicado a través de los medios de comunicación nacional e internacional).

Posteriormente y en virtud de las comunicaciones de la misma comunidad que indicaban que los bandoleros se encontraban a las afueras del pueblo y que estos habían acondicionado varios campos minados sobre las vías de acceso a la cabecera municipal y sobre los lugares que dentro del casco urbano potencialmente serían utilizados por la fuerza pública, mediante el desembarco de tropas para apoyar la unidad policial y evacuar a los heridos. Ante tal situación, el comando departamental previendo accidentes que hubieran podido cegar la vida de personas inocentes o causar lesiones de consideración en los pobladores y campesinos, siendo las 18:00 horas del 090799, con la colaboración de helicópteros de las FAC, se logró reforzar la mencionada unidad y enviar al técnico en manejo de explosivos con la misión de desactivar la totalidad de los artefactos sembrados y abandonados por los guerrilleros de las FARC ...” (fls. 32- 34 c-2, resaltado fuera del texto).

— Denuncia formulada por el jefe de la oficina de derechos humanos de la Policía Nacional, el 22 de noviembre de 1999 en relación con los hechos ocurridos en el municipio de Cravo Norte, el 18 de noviembre de 1999:

“Siendo las 16:25 horas del lugar y fecha arriba mencionados, el personal e instalaciones policiales y comunidad del municipio fueron objeto de atentado terrorista perpetrado por bandoleros de las autodenominadas FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes para perpetrar el hecho, se replegaron en las residencias aledañas a las instalaciones policiales, desde donde utilizaron armas de largo y corto calibre, así mismo, explosivos como granadas, morteros, y de fabricación casera, empleando cilindros de gas (rampas) (armas de tipo no convencional), prohibidas por las normas internacionales humanitarias, por causar efectos de destrucción masiva.

Los hechos se prolongaron hasta las 17:30 horas aproximadamente del mismo día, no se presentaron lesionados (uniformados, personal particular), pero por las características del impacto, los subversivos lograron una vez más someter a la comunidad a un ambiente de desasosiego, zozobra, incertidumbre, que redunda cada día más entre la gente de bien, puesto que esta es ubicada por los insurrectos como escudos humanos a fin de evitar que la Policía Nacional acantonada en ese lugar desarrolle sus funciones en forma equitativa, restándoles poder de defensa y de contraataque.

Durante las acciones, los bandoleros utilizaron contra la población civil armas no convencionales (rampas) construidas a partir de cilindros de gas, con las cuales pudieron haber destruido el patrimonio y propiedades de un número significativo de gentes residentes en lugares cercanos a las instalaciones policiales, siendo manifestación y consecuencia de ello la limitación de derechos y libertades protegidos por el derecho internacional humanitario, de personas quienes eran totalmente ajenas a las acciones y solo perseguían protegerse del ataque de que eran objeto por parte de los irregulares, en desarrollo de una acción terrorista y demencial que tenía como fin central minar la resistencia de los policiales que defendían la población ...” (fls. 35 a 36 c 2).

— El informe rendido el 20 de diciembre de 1999, por el comandante del Departamento de Policía de Arauca, al comité de la Cruz Roja Internacional, en relación con el hecho ocurrido el día 13 anterior:

“Asunto: informe atentado terrorista

...

Hechos:

16:50 horas: estación de Policía Cravo Norte (Arauca) la acción ocurrió a las 18:30 horas.

17:20 horas: simultáneamente fueron hostigadas las instalaciones de la contraguerrillera 49, Héroes de Tarazá, adscrito a la décimo octava brigada del Ejército Nacional y la estación de policía del municipio de Arauquita.

17:45 horas: simultáneamente fueron hostigadas las instalaciones del grupo ... Reveiz Pizarro, adscrito a la décimo octava brigada del Ejército Nacional y a la estación de policía del municipio de Saravena.

Los insurrectos para perpetrar estos actos de terrorismo, emplearon armas de fabricación casera con poder de destrucción masiva y de uso no convencional (cilindros de gas), granadas de fragmentación y armamento de largo alcance, con mayor intensidad en el municipio de Cravo Norte, no se reportaron (sic) novedad en el personal particular ni de la fuerza pública, pero una vez más fue puesta en riesgo la comunidad particular por parte de los subversivos, puesto que sus acciones no tienen control en sus dimensiones, manteniendo en un estado de zozobra e intranquilidad a todos los residentes del departamento” (fls. 26-27, c.-2).

— Informe presentado el 22 de enero de 2000, por el comandante de la estación Cravo Norte al comandante del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 16 de enero anterior:

“... aproximadamente a las 17:00 horas, narcobandoleros pertenecientes a la décima compañía Guadalupe Salcedo y el cuarenta y cinco (45) frente de las FARC-EP incursionaron en este municipio, específicamente atacando la estación de policía, donde se concentró la arremetida despiadada y terrorista, violando los preceptos del derecho internacional humanitario, con la utilización de armas no convencionales, cilindros de gas de 20 y 40 libras, cargados con bentonita, superanfo, metralla y úrea, destruyendo buena parte del edificio de la estación. Resultaron heridos los patrulleros ...

...

Se tuvo la urgente necesidad de pedir el apoyo aéreo y solo hasta las 23:00 horas fue posible restablecer la comunicación con dichos apoyos aéreos hasta las 00:00 horas, ya que se carecía de fluido eléctrico.

...

Informo al comando que las instalaciones cuartelarías (sic) quedaron afectadas de manera grave y amenaza de riesgo inminente contra la vida e integridad física del personal uniformado acantonado en esta estación, que requieren la ayuda y atención inmediata para la reparación de estas...” (fl. 37, cdno. 2, resaltado fuera del texto).

— En la denuncia presentada por jefe de la oficina de derechos humanos de la policía el 18 de enero de 2000, se dio cuenta, de manera más explícita de los daños causados a las viviendas vecinas:

“Además de las lesiones físicas sufridas por los uniformados, la estructura física de las instalaciones de la unidad policial muestra un panorama desolador arrasada en gran parte, debido a la inclemencia de las acciones terroristas a que fueron expuestas, impidiendo a nuestros policías el derecho a vivir en forma digna, bajo condiciones apropiadas para el desarrollo efectivo de las funciones propias del servicio, y en general que estas especialmente permitan espacios de seguridad ante una nueva e inminente incursión.

Un amplio radio a la redonda de las instalaciones policiales contra las cuales se dirigió y concentró el ataque masivo de los insurrectos y el cual hace parte del patrimonio de los residentes del lugar (residencias, Telecom, servicios públicos, medios de comunicación, entre otros), presenta averías graves, daños irreparables, hecho que evidencia abiertamente la manera como los subversivos de las FARC involucran a la comunidad particular dentro de las actividades, haciendo blanco de acciones terroristas a bienes civiles (...) que gozan de protección especial por las normas humanitarias internacionales” (fls. 38-39, cdno. 2).

6.2. Los oficios remitidos por el alcalde de Cravo Norte a la gobernación del departamento de Arauca, que dan cuenta de la situación que se vivía en el municipio para la época de los hechos son los siguientes:

— Oficio de 29 de enero de 1999, en el cual se informó que en esa fecha se escucharon varias detonaciones, en sitio cercano al aeropuerto de la localidad, hechos en los cuales perdieron la vida cuatro agentes de policía (fl. 74, cdno. 2).

— Oficio de 26 de abril de 1999, mediante el cual solicitó mediar ante la brigada del ejército, con el fin de que se dispusiera una base en la localidad, para “salvaguardar la soberanía del Estado colombiano”. Se afirmó que esa solicitud se hacía en razón de lo ocurrido en esa población el 19 de abril anterior y a la constante amenaza de una nueva incursión subversiva (fl. 75, cdno. 2).

— Oficio de 28 de abril de 1999, en el cual se solicitó apoyo para la reparación de los inmuebles del municipio afectados por la toma guerrillera ocurrida el 19 de abril anterior, concretamente: el palacio municipal, la casa fiscal, el cementerio municipal, la casa de la cultura, la concha acústica, el taller municipal y el colegio San Antonio Galán. Se destacó que en esa incursión, los 2.974 habitantes del sector urbano se vieron afectados económica y moralmente, por el riesgo que la misma significó para su integridad física y para sus bienes (fls. 26 a 28, cdno. 2).

— Oficio de 25 de mayo de 1999, en el cual agradece el apoyo sicológico ofrecido por la gobernación para el manejo del estado de ansiedad que vivían los habitantes de la población por las frecuentes amenaza de ataque guerrillero (fl. 79, cdno. 2).

— Oficio de 2 de julio de 1999, mediante el cual se ofrece respaldo a la iniciativa de la gobernación de solicitar apoyo al Observatorio Internacional de la ONU, en razón del conflicto vivido en el departamento de Arauca, para garantizar el respeto a la población civil (fl. 80, cdno. 2).

Las pruebas documentales que se acaban de citar, resultan suficientes para concluir que los daños causados a los demandantes, que consistieron en la destrucción de la vivienda ubicada en la carrera 4ª Nº 1-31 del municipio de Cravo Norte y en la imposibilidad de volverla a ocupar, por el riesgo que representa para su integridad física residir en inmediaciones de la estación de policía, tuvieron su origen en los reiterados ataques cometidos por grupos guerrilleros en contra de dicha estación y en su reacción defensiva, que consistió no solo en el contraataque armado, sino en la instalación de barricadas y explosivos en los sitios aledaños.

Si bien se demostró que tales daños fueron causados tanto por terceros, como por los miembros de la estación de policía, quienes de manera legítima ejercían su defensa y la de la comunidad a la que prestaban protección, lo cierto es que los mismos resultan imputables a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, porque, como antes se anotó, conforme a jurisprudencia reiterada de esta corporación, los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando estas son atacadas por grupos al margen de la ley son imputables al Estado, dado que si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.

La responsabilidad, en estos términos, es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nación, porque este era el organismo que tenía instalada su estación en el centro de la población de Cravo Norte, y fue el objetivo de los grupos insurgentes y los agentes de la policía se defendieron de esos ataques con las armas de que disponían.

No se llega a idéntica conclusión en relación con la responsabilidad que se imputa a la Nación por las actuaciones del Ejército Nacional, porque no está demostrado que el ataque de los grupos insurgentes hubiera tenido también como objetivo a los miembros de esa institución, ni que el apoyo que esta les brindó a los agentes de la estación de policía de Cravo Norte hubiera consistido en un ataque armado con el cual hubieran resultado afectados los inmuebles vecinos a la estación de policía.

En efecto, el señor Alirio Torres, en testimonio ya referenciado por la Sala, afirmó que “lo único que yo escuché fue los aviones y los helicópteros”. En relación con lo dicho por el testigo la Sala precisa que sus afirmaciones sobre la participación del ejército y su acción armada en contra de la subversión, no corresponde a un hecho que hubiera presenciado, sino que corresponde a un inferencia que el deponente realiza a partir del ruido de los aviones y helicópteros que en algunas de esas oportunidades sobrevolaron la zona.

Precisa la Sala que si bien en algunos informes oficiales ya citados, en los cuales se destacaron las afirmaciones relacionadas con el hecho que ahora se analiza, se refiere el apoyo del ejército a la policía durante las incursiones armadas de los grupos subversivos, no existe certeza de que ese apoyo hubiera consistido en una resistencia armada que hubiera provocado daños al inmueble de propiedad de la demandante. En ellos solo se hace mención del sobrevuelo de helicópteros y aviones y del apoyo técnico en manejo de explosivos, con el fin de desactivar los artefactos sembrados y abandonados por los guerrilleros de las FARC.

En consecuencia, como no está demostrada la incidencia causal de la actuación del ejército en los daños sufridos por las demandantes, se condenará a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar las indemnizaciones que adelante se señalarán.

7. La indemnización del perjuicio.

7.1. El perjuicio moral.

En la demanda se solicitó indemnización de perjuicios morales sufridos por los demandantes como consecuencia del hecho de haber tenido que verse privados de su hogar y de su entorno como consecuencia del hecho de perder su casa y tener que desplazarse del municipio de Cravo Norte a otro sitio del mismo municipio.

Tal como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores(19), toda víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de desplazamiento(20) y, por lo tanto, tiene derecho a conocer la verdad sobre las causas de lo sucedido; a que se haga justicia, en cuanto reciban castigo los responsables del daño y a obtener la reparación de los daños que les fueren causados(21).

La Sala, en atención a las razones antes expuestas, accederá al reconocimiento de la indemnización por el dolor moral que sufrieron Gabriel Roa Torres, su compañera María Teresina Díaz Vargas y sus hijos Claudia Milena, Frank Odani y Luis Carlos Roa, quienes acreditaron que residían en Cravo Norte, donde tenían su domicilio y local comercial, y se vieron forzados a emigrar de ese lugar a otro dentro del mismo municipio, como consecuencia de los recurrentes enfrentamientos armados que se originaban en inmediaciones de su residencia, por los ataques a la estación de policía por parte de grupos subversivos y en razón de las medidas adoptadas por los miembros de la policía que prestaban sus servicios en esa estación, con el fin de hacer frente a esos ataques. La indemnización en este caso se fijará en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

7.2. El perjuicio material.

7.2.1. Daño emergente.

7.2.1. En el dictamen pericial rendido como prueba anticipada, el cual como ya se señaló, puede ser valorado en este proceso por haberse practicado con citación de la parte demandada, se determinó el valor de los daños materiales causados al señor Eduardo Méndez Rojas, en los siguientes términos:

“Área del terreno

Frente: 18,50 mts

Fondo: 25,00 mts

Superficie total del terreno: 462,00 M2

Superficie edificada: 416.00 M2

Linderos

Norte: predios municipales (casa fiscal) 25.00 mts

Sur: Zoila Sposito Nieves 25,00 mts

Oriente: Carrera 4ª, 18.50 mts

Occidente: Carlos Tovar: 18,50 mts

El valor de la vivienda está estimado en setenta y ocho millones ($78.110.000), aproximadamente” (se destaca).

7.2.2. Ha considerado la Sala que para que el dictamen de expertos que obre en el proceso, pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal(22) y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(23).

En relación con lo que debe entenderse como error grave, no hay discusión en la jurisprudencia que este es el que se opone a la verdad, por la falta de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen y la representación mental que de él haga el perito. En otros términos, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación, y no a la conclusión de los peritos. Criterio sobre el cual la Corte Suprema de Justicia ha hecho claras precisiones, que han sido acogidas por esta corporación. Dijo la Corte:

“... si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ... pues lo que caracteriza desacierto de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje ... es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven ..., de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada ...”(24).

El juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que, como con acierto lo ha concluido la doctrina, el juez no está obligado a “... aceptar ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían falladores ...”(25). En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho.

7.2.3. En el caso concreto, el dictamen fue objetado por error grave, por la parte demandada, porque: (i) no se tuvo en cuenta la idoneidad de los peritos, por cuanto se desconoce si tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen, conforme a lo establecido en el artículo 236-numeral 3º del Código de Procedimiento Civil; (ii) el dictamen fue suscrito por uno solo de los peritos nombrados, con lo cual se desconoce el artículo 234 ibídem, conforme al cual en los procesos de mayor cuantía, el dictamen se rendirá por dos peritos; (iii) el dictamen rendido carece de fundamentación, claridad, precisión y detalle, porque los peritos se limitan a manifestar que el valor total de los daños causados a la demandante ascienden a $78.110.000, sin determinar cuál fue la parte de la construcción que desapareció, ni el valor que tenía esa parte; (iv) como el dictamen no es claro, ni explícito y, peor aún, carece de soporte probatorio, no puede tener valor jurídico alguno y (v) la falta de precisión y seriedad de la prueba se hace evidente cuando en esta se señala que los daños se causaron durante las tomas guerrilleras ocurridas en abril de 1998, abril y julio de 1999 y enero de 2000.

Al descorrer el traslado de la objeción, la parte demandante adujo que: (i) en el dictamen se precisan el lugar donde se localiza el inmueble; el estado en el que quedó; y su ubicación con relación con la estación de policía; así como el área del terreno, y sus linderos; (ii) en lo que tiene que ver con la existencia de soportes con base en los cuales se avaluaron los bienes, afirmó que “si bien es cierto no aparece en forma muy extendida la explicación para fundamentar el dictamen pericial” sí debe tenerse en cuenta que el inmueble fue destruido y por ende la peritación se basó en el valor promedio del metro cuadrado en el municipio de Cravo Norte; (iii) La valoración de los enseres y demás inmuebles que tenía la demandante en el establecimiento de comercio de su propiedad no resulta excesiva, si se tiene en cuenta que en la edificación funcionaba una tienda “con productos de miscelánea, víveres, licores, comestibles, vitrinas’”; (iv) la producción mensual de dicho negocio fue valorada en $1.200.000, razón por la cual en la “demanda se efectuó la correspondiente operación por el número de meses transcurridos para valorar el lucro cesante, como parte de los perjuicios materiales en general”.

7.2.4. La Sala acogerá el dictamen rendido por los peritos nombrados durante la diligencia de inspección judicial anticipada, en relación con el valor de la destrucción del inmueble del señor Eduardo Méndez Rojas, por considerar que:

(i) El dictamen fue rendido por los dos peritos nombrados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, tal como lo disponían las normas vigentes al momento de su práctica. El memorial mediante el cual remitieron las respuestas al interrogatorio que les formuló el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, en relación con los daños en su estructura y valor de los inmuebles objeto de la peritación aparece suscrito por ambos peritos (fl. 60, cdno. 2); (ii) los peritos eran idóneos para rendir la prueba. Uno de ellos, técnico en construcciones, lo cual permite afirmar que tenía conocimientos especializados sobre la materia en relación con la cual rindió el dictamen; (iii) El dictamen fue personal, porque se trata de conceptos propios de los peritos sobre las materias objeto de examen y no de criterios de terceros; (iv) no hay motivo alguno para dudar de la imparcialidad de los peritos; fueron nombrados por el juzgado que practicó la diligencia de inspección judicial anticipada y no se menciona siquiera que tengan vínculo, ni interés alguno en relación con alguna de las partes; (v) se surtió la contradicción, como antes se señaló; (vi) los peritos no se retractaron de sus conclusiones y (vii) no hay otras pruebas en el expediente que desvirtúen el dictamen.

Además, no existe prueba en el expediente que permita inferir que el inmueble fue sobrevalorado; es decir, que el valor fijado por los peritos exceda aquel que pudiera tener una propiedad en el municipio de Cravo Norte, para la época de los hechos. La entidad demanda criticó la falta de fundamentación del dictamen, pero tampoco afirmó que el precio del inmueble fijado por los peritos no se ajustaba a la realidad, ni mucho menos trajo pruebas en ese sentido. En consideración a que se trata de un inmueble ubicado en el centro del casco urbano del municipio se aprecia que su valor es razonable y, por eso, se reconocerá la indemnización reclamada en la demanda.

En consecuencia, no prospera la objeción por error grave formulada al dictamen por la parte demandada y, por lo tanto, se procede a liquidar el daño material sufrido por el señor Eduardo Méndez Rojas, tomando en consideración las conclusiones de los peritos.

Establecido el valor probatorio del dictamen pericial, procederá la Sala a liquidar el daño emergente correspondiente a la destrucción de la vivienda y de los bienes que existían en el establecimiento de comercio, con fundamento en las consideraciones que pasan a explicarse

— Por la destrucción de la vivienda y su reconstrucción.

Conviene precisar que en el dictamen pericial anticipado, los peritos estimaron en 462.00 m2 el área total del inmueble y en 416.00 m2 la superficie edificada. Así mismo estimaron el valor de la vivienda a la fecha del dictamen, en $78.110.000.

Para efectos de la liquidación del perjuicio material por daño emergente se tomará como valor de reconstrucción de la vivienda aquel correspondiente al del área construida, y como quiera que existe prueba de destrucción de la edificación, la Sala reconocerá la suma de $78’110.000, la cual corresponde al avalúo de la vivienda destruida que realizaron los peritos, bajo el entendido de que ese es el concepto: “El valor de la vivienda está estimado en setenta y ocho millones ($78.110.000), aproximadamente” corresponde solo a la reconstrucción, por cuanto ese fue precisamente el interrogante que se les formuló y porque no se refieren al inmueble, término que comprende el terreno y las edificaciones, sino solo el valor de la vivienda.

La anterior suma actualizada a la fecha de esta sentencia equivale a ciento cuarenta y dos mil novecientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y seis pesos con noventa y tres centavos ($142.969.776.93), según el siguiente cálculo:

S2000-00212CE(1).JPG
 

 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $78.110.000

Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia (ene./2012): 109.95.

Índice inicial certificado por el DANE: a la fecha del dictamen (mar./2000): 60.07.

S2000-00212CE(2).JPG
 

 

— Por la pérdida de los bienes del establecimiento de comercio de propiedad del señor Gabriel Roa Torres.

Se indicó que el dictamen pericial que el señor Gabriel Roa Torres, en su establecimiento de comercio denominado “Tienda Roa” tenía “productos de miscelánea, víveres, licores, comestibles, vitrinas, etc.” (Al dictamen se aportaron sendas facturas de compras visibles a folios 102 a 149, cdno. 1), cuya pérdida, en virtud de los enfrentamientos entre la fuerza pública y la subversión, se estimó en doce millones de pesos ($12.000.000), los cuales serán actualizados de conformidad con la siguiente fórmula:

S2000-00212CE(3).JPG
 

 

Donde:

Vp: Valor presente de la renta:

Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $12.000.000

Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia (ene./2012): 109.95.

Índice inicial certificado por el DANE: a la fecha del dictamen (mar./2000): 60.07.

S2000-00212CE(4).JPG
 

 

Total daño emergente: $21.964.374

7.2.2. Lucro cesante.

7.2.2.1. En relación con el establecimiento de comercio de propiedad de Gabriel Roa Torres.

En relación con la pretensión planteada por el señor Gabriel Roa Torres, en la que solicita que se le reconozca el lucro cesante por imposibilidad de continuar con la actividad económica que desarrollaba, se acreditó lo siguiente:

(i) El señor Gabriel Roa Torres se dedicaba a una actividad productiva consistente en un negocio denominado Tienda Roa en el inmueble que tenía arrendado al señor Eduardo Méndez Rojas, la cual no pudo continuar ejerciendo en virtud de la destrucción y el abandono de dicho inmueble circunstancia que, como se indicó, fue consecuencia de la situación generalizada de inseguridad en el municipio de Cravo Norte. Así lo sostuvieron los testigos, José Drigelio Quenza Santana, Dimas Rubén Flórez y Alirio Torres, en declaraciones ya referidas por la Sala.

(ii) En el dictamen pericial se indicó que la “productividad aproximada del negocio”, ascendía a un millón doscientos mil pesos ($1.200.000), sin embargo, no se señaló en cuanto tiempo la demandante percibía esa cifra y si la misma correspondía a las ganancias del mismo, una vez deducidos los costos de inversión y otros gastos relacionados con su adecuado funcionamiento.

Es por lo anterior, que la Sala estima que se acreditó que la demandante tenía una actividad económica productiva, sin que se tenga certeza sobre el monto al que ascendían las ganancias por la explotación económica de ese negocio, razón por la cual y acudiendo a razones de equidad se presume que por lo menos recibía por su actividad el salario legal mínimo, es decir $566.700, suma que se incrementará en un 25%, por prestaciones sociales, para un monto de $708.375, la cual se reconocerá por el término de seis (6) meses tiempo que se estima como prudencial para que el señor Gabriel Roa retomara el ejercicio de una actividad económica.

(iii) La liquidación se realizará con base en la siguiente fórmula:

— Indemnización debida o consolidada

La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S2000-00212CE(5).JPG
 

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $708.375

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 6 meses

S2000-00212CE(6).JPG
 

 

7.2.2.2. En relación con el canon de arrendamiento dejado de percibir por el señor Eduardo Méndez Rojas.

En relación con la pretensión planteada por el señor Eduardo Méndez Rojas, en la que solicita que se le reconozca el lucro cesante por imposibilidad de continuar recibiendo el canon de arrendamiento, se acreditó lo siguiente:

(i) El señor Eduardo Méndez Rojas era poseedor del bien ubicado en la carrera 4ª Nº 1-31 y dicho inmueble lo tenía en arrendado al señor Gabriel Roa Torres para su vivienda y actividad productiva consistente en un negocio denominado Tienda Roa. La renta que se le paga no pudo seguir percibiéndola en virtud de la destrucción y el abandono de dicho inmueble por parte del arrendatario; circunstancia que, como se indicó, fue consecuencia de la situación generalizada de inseguridad en el municipio de Cravo Norte.

(ii) La Sala estima que se acreditó que el señor Eduardo Méndez Rojas tenía una renta procedente del arrendamiento, sin que se conozca el monto ascendía, por lo que por razones de equidad y en consideración a que el artículo 18 de la Ley 820 de 2003 establece que el valor de la renta de vivienda no puede exceder al 1% del valor del bien; se le reconocerá el 1% de $142.969.776.93 esto es $1’429.697.7, por el lapso de 6 meses(26), dado que en el expediente se desconoce si el señor Eduardo Méndez Rojas volvió a edificar el lote, y en caso positivo cuando lo hizo.

Con fundamento en lo anterior multiplicado el valor del canon de arrendamiento actualizado ($1.429.697.69) por 6 meses el valor a indemnizar por este concepto es la suma de siete millones setecientos veinticuatro mil sesenta y nueve pesos con treinta y cuatro centavos de $8.578.186.2.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 21 de junio de 2001, y en su lugar:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de los ataques cometidos por grupos armados ilegales en contra de la estación de policía, ubicada en el municipio de Cravo Norte y las medidas adoptadas por la entidad para ejercer su defensa, en el lapso comprendido entre el 19 de abril y el 8 de julio de 1999.

2. No prospera la objeción por error grave del dictamen pericial, propuesta por la entidad demandada.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización de perjuicios sufridos por los demandantes así: (i) En favor del señor Eduardo Méndez Rojas ciento cuarenta y dos mil novecientos sesenta y nueve mil setecientos setenta y seis pesos con noventa y tres centavos ($142.969.776.93), por concepto de daño emergente; y ocho millones quinientos setenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos con 2 centavos ($8.578.186.2), por lucro cesante. (ii) para Gabriel Roa Torres veintiún millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro pesos ($21.964.374), por concepto de daño emergente; cuatro millones trescientos dos mil trescientos un pesos ($4.302.301) por concepto de lucro cesante y 25 smlmv por concepto de perjuicios morales (iii) Para María Teresina Díaz Vargas, Claudia Milena, Frank Odani y Luis Carlos Roa la suma de 25 SMLMV para cada uno por concepto de perjuicios morales.

4. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

5. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. AUTORÍCESE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional para que descuente de la presente condena las ayudas que hubiera otorgado la Nación para la reconstrucción de la vivienda del señor Eduardo Méndez Rojas.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $26.390.000 y la mayor de las pretensiones de la demanda con la cual se inició este proceso ascendía a $81.853.000, suma que fue solicitada como indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

(2) El artículo 300 del Código de Procedimiento Civil modificado por modificado por el Decreto 2282 de 1989, establece que “con citación de la presunta contraparte o sin ella, podrá pedirse como prueba anticipada la práctica de inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia de un proceso, cuando exista fundado temor de que el transcurso del tiempo pueda alterar su situación o dificultar su reconocimiento. Podrá pedirse dictamen de peritos, con o sin inspección judicial, siempre que se cite para ello a la persona contra quien se pretende hacer valer esa prueba”.

(3) En relación con el valor probatorio de las publicaciones en periódicos la Sala, en sentencia de 10 de junio de 2009. Exp. 18.108. M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expuso el siguiente criterio: “Y, de otra parte, unos periódicos que según la parte demandante corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día, respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada. No obstante, esos documentos carecen por completo de valor probatorio, porque se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fueron suministradas ante un funcionario judicial, no fueron rendidas bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC, art. 227), y por el contrario, este tenía el derecho a reservarse sus fuentes. Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial”. Sobre el valor probatorio de los artículos de prensa, ver sentencia de 15 de junio de 2000, Exp. 13.338.

(4) Sobre la necesidad de aportar título y modo para acreditar la propiedad de los bienes inmuebles consultar la sentencia de 18 de febrero de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 18.165.

(5) ART. 254.—Valor probatorio de las copias. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.

(6) Sobre la libertad probatoria para efectos de acreditar la propiedad de un establecimiento de comercio, así lo dijo la Sala en sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Ruth Stella correa Palacio, Exp 18.356.

(7) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(8) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Exp. 4039. C.P. Jorge Valencia Arango.

(9) Sentencia de 13 de mayo de 2004, Exp. AG-520012331000200200226-01. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(10) Corte Constitucional, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, Sentencia T 268 de veintisiete (27) de marzo de dos mil tres (2003).

(11) Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, Sentencia T-1635 de 2000. En Sentencia T-1215 de 1997 ha dicho esa corporación: “No existe duda sobre la violación continua de los derechos de las personas obligadas a migrar de su lugar de origen y cuya circunstancia de vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos efectos materiales de quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su vida e integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que conlleva el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera, impide que los afectados reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica y económica”. Criterio que más recientemente esa Corte reiteró en Sentencia T-721 de 2003 al señalar: “También la Corte ha destacado que las heridas físicas y afectivas generadas por el desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil recuperación, los que se agravan al tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida digna, que les ofrecen las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo, habrá de señalarse que el desplazamiento —de acuerdo con los estudios realizados al respecto— conlleva abruptos cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a estas a menudo les corresponde asumir solas la reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hombres enfermos e incapacitados, no pocas veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar al desplazamiento, como también de niños y ancianos, atemorizados e inermes”.

(12) Sentencia de 15 de agosto de 2007, Exp. AG-25000232700020020004-01, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, sentencia de 26 de enero de 2006, Exp. 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B, de la misma ponente, en la cual se afirmó: “constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales ...”.

(13) Se reiteran los planteamientos esgrimidos en las sentencia de la Sección Tercera de octubre 1 de 2008, Exp. 16920 y junio 9 de 2010, Exp. 18536, ambas con ponencia de quien proyecta este fallo.

(14) Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, Exp. 5417, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, Exp. 5595, C.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, Exp. 9276 y 8222, C.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, Exp. 9273, C.P. Juan de dios Montes; 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de dios Montes; 30 de marzo de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de dios Montes; 27 de julio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de dios Montes; 6 de octubre de 1995, Exp. 9587, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, Exp. 11038, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, Exp. 10949, C.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, Exp. 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, entre otras.

(15) Sentencia del 10 de agosto de 2000, Exp. 11518, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; en el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, Exp. 11834, C.P. Alier Hernández.

(16) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Exp. 7577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(17) Sentencia de 27 de enero 2000, Exp. 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencias de 15 de marzo de 1996, Exp. 9034, C.P. Juan de dios Montes; 28 de abril de 1994, Exp. 7733, C.P. Julio César Uribe Acosta; 17 de junio de 1993, Exp. 7533, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 13 de mayo de 1996, Exp. 10627, C.P. Daniel Suárez Hernández, 5 de septiembre de 1996, Exp. 10461, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros 10 de agosto de 2000, Exp. 11585, C.P. Alier Hernández; 21 de febrero de 2002, Exp. 13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de mayo de 2004, Exp. 14405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(18) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Exp. 8577, C.P. Julio César Uribe Acosta.

(19) Ver, por ejemplo, sentencias de 15 de agosto de 2007, M.P. Ruth Stella Correa Palacio AG-25000232700020020004-01.

(20) Artículo 284 A del Código Penal vigente.

(21) “Al referirnos al derecho a la verdad entendemos que, como lo ha establecido esta corporación en anterior jurisprudencia (sentencias T-275/94, C-293/95, y SU.717/98), se debe buscar el mayor esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las circunstancias del desplazamiento - agentes causantes (no solo el grupo armado culpable, sino también los autores intelectuales y materiales concretos), móviles de los agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento forzado, etc. ... Además, como dijo la Corte Constitucional en su Sentencia T-265 de 1994, la participación del perjudicado dentro del proceso penal, también hace parte del derecho a la verdad en cuanto implica conocimiento del curso del proceso y facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida en que las víctimas fueron testigos directos del hecho. Reafirman el derecho a la verdad los principios 16.1 y 16.2 de los principios rectores de los desplazamientos internos que dicen: “1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos. 2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con los organismos internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados”. En cuanto el derecho a la justicia se debe entender que este delito no debe quedar impune. Por lo tanto, se debe garantizar el acceso a la administración de justicia a quien fue víctima del delito y el Estado colombiano debe velar por que la ocurrencia de tal hecho punible sea castigada por su aparato jurisdiccional a través del procesamiento, condena y ejecución de la pena del sujeto activo del delito. Finalmente, el derecho a la reparación conlleva, como lo consagra el principio 29.2 de los Principios Rectores de los desplazados internos a una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente”.

(22) Devis Echandía, Hernando, Compendio de derecho procesal, tomo II, Pruebas Judiciales, Editorial ABC, 1984, págs. 339 y ss.

(23) Consejo de Estado, sentencia de 16 de abril de 2007, Exp. AG-250002325000200200025-02, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(24) Corte Suprema de Justicia, auto de septiembre 8 de 1993, Exp. 3446, acogido, por ejemplo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-807 de 2002.

(25) Parra Quinjano, Jairo, manual de derecho probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004, pág. 649.

(26) Por ejemplo, en sentencias de 25 de febrero de 1999, Exp. 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, Exp. 13.395, M.P. Ricardo Hoyos Duque dijo la Sala que el término prudencial que tendría el afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba con el bien destruido sería de seis meses, con fundamento en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse ... Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido” (Juan Carlos Henao Pérez. El daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de mayo de 2006, Exp. 14.694. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.