Sentencia 2000-02129 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: 230012331000-2000-0212901 (31414)

Asunto: Reparación directa

Actor: Santander Viloria Badillo

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Córdoba(1), tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(3).

2. Validez de los medios de prueba.

Gran parte de las pruebas a las que se hará alusión, fueron allegadas al proceso contencioso, provenientes de la investigación preliminar adelantada por el Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar, documentos que fueron arrimados al proceso mediante oficio 0832/-JP164 DECOR- de 21 de noviembre de 2002 (cdno. 2), cuya aportación fue solicitada por la parte actora, por hacer parte del archivo de la demanda, quien la aportó, cumpliendo la exigencia contenida en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, sobre su valor probatorio(4).

3. Problema jurídico.

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico en caso sub lite se contrae a determinar si se encuentran demostrados en el plenario, los elementos de la responsabilidad del Estado y especialmente, si las pruebas aportadas dan lugar a imputar responsabilidad por el daño derivado de la muerte del señor William José Viloria Ariza, a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía, la cual acaeció como consecuencia del accidente de tránsito sufrido por el vehículo en que este se desplazaba en cumplimiento de una misión del servicio.

4. Juicio de responsabilidad.

Del material probatorio aportado, la Sala encuentra acreditada la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, por cuenta de la muerte del señor William José Viloria, como se pasa a ver:

4.1. En lo relativo a la legitimación en la causa por activa, obra en el expediente, el registro de defunción del señor William José Viloria Berrio (fl. 24, cdno. ppal.), así como su registro civil de nacimiento, que da cuenta de su relación filial con los señores Santander Viloria Badillo y Consuelo Ariza (fl. 23 cdno. 1), y los correspondientes a los señores Linda Saray e Isaac David Viloria Ariza; Sergio Smith y Benjamín Segundo Viloria Gutiérrez; Yesenia Marcela, Yina Paola y Johan Farith Viloria Rojano (fl. 13 a 19, cdno. ibíd.) y Mauricio José Viloria Berrio, documentos de los cuales se desprende la muerte del señor Viloria Berrío y la relación de parentesco entre este y los mencionados demandantes. Razón por la cual, se encuentra acreditado el interés que les asiste para comparecer al proceso.

4.2. Si bien, se encuentra probado que la señora Glenys del Carmen Berrio Izquierdo es la madre del menor Mauricio José Viloria Berrio, hijo de la demandante y el occiso y aunque obran declaraciones extraproceso en el plenario que dan cuenta de la existencia de una relación estable entre estos (fl. 25 y 26, cdno. ibíd.)(5), encuentra la Sala que la entidad demandada reconoció la calidad de compañera permanente del señor Viloria, a la señora Martha Beatriz Porto Correa, madre de los menores Pauline y Kevin Jhoan Viloria Porto, hijos del causante y así mismo dispuso a su favor y del menor Mauricio José Viloria Berrio, el pago de las prestaciones sociales en los términos de la Resolución 521 de 8 de julio de 1998.

De lo anterior se colige que no se tiene acreditada la condición alegada por la señora Berrio Izquierdo, razón por la que no se encuentra legitimada en la causa activa en el presente proceso.

4.3. Ahora bien, en relación con la legitimación en la cusa por pasiva, se encuentra acreditado el interés que le asiste a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, habida cuenta que dicha institución, organizó un operativo en el municipio de San Bernardo del Viento (Córdoba), al cual fue vinculado el señor Viloria Ariza, en su calidad de agente de policía, acreditada mediante la aportación de su hoja de vida. Consta en el documentos que la víctima se encontraba vinculada laboralmente a la Sección de Inteligencia Policial - SIPOL (fl. 25, cdno. 2) y de donde no queda sino colegir que el hecho dañoso acaeció mientras se desplazaba en un vehículo hacia el municipio precitado, en cumplimiento de sus funciones

4.4. En relación con los hechos que motivaron la demanda, se acreditó en el proceso:

4.4.1. El señor William José Viloria Ariza murió de manera violenta en un accidente de tránsito, el día 25 de marzo de 1998, siniestro acaecido en la vía que de Montería conduce a San Bernardo del Viento (Córdoba), exactamente en el corregimiento “Trementino” del sector “Las Palmas”, hecho que consta en su registro civil de defunción (fl. 51, cdno. 2), en el informe de accidente de tránsito elevado por la Dirección General de Transporte y Tránsito Terrestre (fl. 32, cdno. ibíd.) y en el informe de novedad rendido por el Subcomisario Uriel Antonio Franco Garcés al Comandante del Departamento de Policía de Córdoba (fl. 1, cdno. ibíd.). Según el protocolo de necropsia No. NC-98-053 de 23 de marzo de 1998, realizado en el Hospital San Jerónimo de Montería, “la muerte de William Viloria Ariza fue consecuencia natural y directa de hipertensión endocraniana por trauma encéfalo craneano por contusión en accidente de tránsito como pasajero, lesión con efecto de naturaleza esencialmente mortal” (fl. 71, cdno. 2).

4.4.2. Se conoce que para el momento de los hechos, el occiso se desplazaba en un vehículo oficial y en el desarrollo de sus funciones, tal como consta en el acta de levantamiento de cadáver Nº 50 de 23 de marzo de 1998, en la que se observa (fl. 58, cdno. ibíd.):

“El occiso era miembro de la Policía Nacional y viajaba en un vehículo oficial en compañía de otros miembros de la institución, la vía que de Lorica conduce a San Bernardo del Viento, esquivaron a un menor y arrollaron a un ciclista de nombre Manuel Vicente Correa Delgado, que viajaba en sentido contrario al de ellos. El conductor del vehículo al que corresponden las placas BBK-464 responde al nombre de Arnulfo Ceballos Botina. El señor Manuel Correa Delgado falleció en el mismo accidente” (se destaca).

4.4.3. Así mismo, según el informe de la novedad, elevado por el Subcomisario Uriel Antonio Franco Garcés al Comandante del Departamento de Policía de Córdoba (fl. 1, cdno. ibíd.):

“Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, la novedad ocurrida el día de hoy a eso de las 06:00 horas de la mañana, en la vía que de Montería conduce al municipio de San Bernardo del Viento, así:

El día 19 del presente mes y año, siendo aproximadamente las 19:00 horas, recibí la orden de servicio sin número ordenada por el señor Teniente Gustavo Adolfo Lasso Trigos encargado de la Sijin por ausencia del señor Capitán Henry Rubio Conde, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá en comisión de servicio, en la que se me ordenaba el desplazamiento con el personal que consideraba conveniente al Municipio de San Bernardo del Viento a verificar una información relacionada con una mercancía procedente del país de Panamá.

Es así que en cumplimiento a esta orden dispuse el desplazamiento inicial del señor Subintendente Acosta Alarcón Adalberto, al mando de los agentes Sáenz Triviño Alonso, Arguello Velasco Luis, Torres Santero Ramón, Bonilla Nadat Robert, Soto Giraldo Héctor y Florian Mercado Juan, en los vehículos Luv 2300 de placas BEA-927, y Hilux de placas MLO-662 signados al servicio de esta unidad para que constatara la información antes mencionada mientras yo me quedé en la Ciudad de Montería en espera de los resultados.

Siendo aproximadamente las 03:15 de la mañana, ya estando en mi residencia descansando, recibí una llamada telefónica del señor Gustavo Adolfo Lasso Trigos, que me ordenaba el desplazamiento en forma inmediata a San Bernardo del Viento, ya que el personal enviado anteriormente había dado resultados positivos y pedían refuerzos al personal nuestro ante la negatividad de los señores Comandantes de las estaciones rurales de Policía de San Bernardo y Moñitos de prestarle apoyo al señor Subcomandante Acosta para ingresar al corregimiento de paso nuevo donde estaba siendo sacada la mercancía de contrabando.

Ante tal situación procedí en forma inmediata a trasladarme a la Sijin, donde ubiqué el siguiente personal, Subintendente Hernández Zapata Yesid, Subintendente Aragón Mosquera José Alexi, Agentes Serna Guerra Said, Viloria Torres Armando; Palacios Lozano Luis, Giraldo Mendoza Francisco, estos se movilizaban en el vehículo marca Mazda de placas BEI-330 mientras que el suscrito se desplazó del vehículo marca Toyota de placas BUK-464 con los agentes Ceballo Botina Arnulfo, como conductor, Vega Cárcamo Honorio, Viloria Ariza William, Lopez Pérez Robinson y Fernández Álvaro, con el fin de reforzar la patrulla que se encontraba en el operativo.

Al cruzar por el corregimiento Trementino, sector Las Palmas, 3 kilómetros antes de llegar a San Bernardo del Viento, siendo aproximadamente las 06:00 horas de la mañana, salió intempestivamente a la carretera una niña de aproximadamente 13 años de edad, que sin tomar las precauciones del caso, cruzó la vía, al verla el conductor, aplicó los frenos al vehículo y maniobró para evitar golpear a la niña, objetivo que logró alcanzar pero en el carril contrario, y en sentido contrario al nuestro estaba estacionado un vehículo campero de color azul marca Willis, de placas UPJ-622 (…).

Como quiera que el conductor nuestro, para eludir la niña, tuvo que inclinarse hacia este carril, esto produjo un espacio muy reducido entre el vehículo estacionado y el nuestro, y un ciclista en forma imprudente quiso pasar por este espacio, objetivo que no logró pues se golpeó con la lámpara izquierda del vehículo en que íbamos, impacto que le causó la muerte posteriormente, como consecuencia de esto, el vehículo perdió el control y saliéndose de la vía, estrellándose contra unos árboles, resultando heridos los que nos movilizábamos en el vehículo antes descrito, resultando con lesiones graves, los agentes Viloria Ariza William y López Pérez Robinson, los cuales se encuentran en cuidados intensivos, en el hospital San Jerónimo y Clínica Unión, en el accidente resultó herido el particular Manuel Vicente Correa Delgado (…) quien fue trasladado al hospital de esta localidad por personal nuestro, donde falleció (…)”- se destaca.

4.4.4. Por esta razón, fue abierta mediante auto de 24 de marzo de 1998, indagación preliminar en contra del agente Arnulfo Ceballos Botina, conductor del automotor, por los delitos de homicidio y lesiones personales, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sesenta y Cuatro de Instrucción Penal Militar (fl. 5, cdno. 2).

4.4.5. En relación con las causas del accidente, obran los siguientes medios probatorios:

4.4.5.1. Informe de accidente remitido por la estación Lorica del Departamento de Policía de Córdoba al Cuerpo Técnico de Investigación el 20 de marzo de 1998, en que se exponen como causas probables del accidente (fl. 33, cdno. 2):

Código 407, pararse sobre la calzada, por parte de la menor Vicenta Díaz Daza, de 13 años, quien salió de la finca la esperanza, para sobre la calzada, ocasionando la frenada y la esquiva de la misma con el fin de evitar el atropello.

NOTA: Según versión de la señora Dilfara Maza Carrasquil (…), manifestó (sic) que del otro lado estaba un vehículo Willy´s color azul, sin más datos, el cual (ilegible) visibilidad y dificultad al personal de la camioneta” - se destaca.

4.4.5.2. Diligencia de inspección judicial con peritos, adelantada el 4 de diciembre de 1998, en la cual se consignó (fl. 228, cdno. 2):

“(…) el despacho les pregunta a los peritos si con los elementos que tienen del proceso, están en condiciones de calcular la velocidad aproximada en la que se desplazaba el agente Ceballos Botina Arnulfo Alirio el 200398, que según el croquis e informe del accidente de tránsito la huella de frenos dejada fue de 38.80 metros. Respondieron: El promedio de velocidad aproximadamente era de 90 kilómetros por hora, según la huella dejada. Esta información se emite con base en un vehículo en condiciones normales y terreno también en las mismas condiciones normales” - se destaca.

Experticia que fue cuestionada por la defensa del procesado, en solicitud de ampliación, complementación y aclaración de dictamen pericial, la cual fue resuelta de conformidad con fotografías tomadas en el lugar de los hechos. Dijo la aclaración de la experticia (fl. 248, cdno. 2):

“1. Teniendo en cuenta las huellas de frenado de la camioneta conducida por el agente Arnulfo Ceballos Botina; podemos observar en las fotografías numeradas 316 y 317 que no son uniformes [fotografías de la huella dejada por el automotor con sus llantas derecha e izquierda], por lo tanto, el mencionado vehículo no se encontraba en condiciones técnico - mecánicas normales como nos lo habían expuesto en la anterior solicitud de peritaje.

2. Con base a estas nuevas pruebas podemos calcular y deducir que la velocidad a que se desplazaba el vehículo conducido por el agente Ceballos Botina era menor a la calculada por nosotros en la diligencia efectuada el 4 de diciembre de 1998.

3. Basados en las condiciones técnico - mecánicas y huella de frenado del mencionado vehículo, se calcula en forma aproximada una velocidad de 74 kilómetros por hora” - se destaca.

4.4.5.3. Declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, que reiteran la versión de los hechos consignada en el informe del accidente:

4.4.5.3.1. Así, declaró el agente de la Policía Nacional Álvaro Fernández, quien se desplazaba en el platón del vehículo siniestrado (fl. 136 y 137, cdno. 2):

“El día 20 de marzo de este año, lo que yo me acuerdo, en horas de la madrugada fui llamado por medio del bíper a las instalaciones de la SIPOL para una misión la cual yo desconocía por medidas de seguridad, eso fue como a las tres de la mañana aproximadamente, salimos en una camioneta color azul y nos dirigimos a la vía a Lorica, posteriormente nos desviamos hacia el lado de San Bernardo del Viento, entre Lorica y San Bernardo hubo un accidente, lo único que alcancé yo a ver fue que una niña que iba atravesando de un lado a otro de la carretera, esto lo hice, ya que el carro frenó y miré hacia adelante, observando la niña que iba pasando a uno de los extremos de la carretera, después de esos momentos no recuerdo nada más sino cuando me traían en la ambulancia hacia el hospital”. - se destaca.

4.4.5.3.2. En igual sentido, se pronunció el señor Subcomisario de la Policía Nacional Uriel Antonio Franco Garcés, quien también tripulaba el automotor (fl. 41, cdno. ibíd.):

“Nosotros íbamos a una velocidad normal en esa vía, a unos 80 kilómetros por hora, como lo dije en el informe Nº 243 de fecha 20 de marzo de 1998, el cual fue rendido ante el señor Coronel Comandante del Departamento de Policía Córdoba, la causa de este accidente fue la niña que se atravesó en la vía de izquierda a derecha” - se destaca.

4.4.5.3.3. En igual sentido se pronunció el señor Arnulfo Ceballos Botina, en diligencia de indagatoria (fl. 86 a 89, cdno. 2):

“(…) estando en la SIJIN me dijeron que cogiera una camioneta azul, marca Toyota, tipo platón, nos organizaron en los registros (…), salimos de Montería a las cuatro y treinta de la mañana, eso está en la anotación del libro de salida, cuando nos desplazamos por el sitio Trementino, una niña se me atravesó en la vía, yo frené y pité, pero la niña de todas maneras se tiró a cruzar la vía. Para no atropellarla yo suelto el freno, la esquivo y maniobro al lado izquierdo para darle tiempo a que ella pase, efectivamente la niña pasa, del otro lado de la vía, o sea del otro carril se encontraba un vehículo azul, después se supo que era un Willys, yo esquivo a la niña y me arrecuesto al otro carril y un señor en una bicicleta, cuando me di cuenta, iba a adelantar el vehículo que estaba del otro lado, allí no me quedó tiempo de maniobrar y lo golpié con el vehículo (sic) y se me reventó el panorámico, quedé yo totalmente sin mirar nada, luego me di cuenta cuando caímos debajo de la carretera y el carro empezó a echar humo, yo le cerré el suiche (sic) y apagué todo el sistema electrónico para que el carro no se fuera a incendiar, cuando me bajé del carro, me di cuenta que los compañeros todos se habían salido del carro y estaban tirados en el pasto (…)” - se destaca.

4.4.5.3.4. Por su parte, el agente Honorio Vega Cárcamo, si bien no refirió el paso de la menor, sí indicó la forma del volcamiento (fl. 42 a 44, cdno. ibíd.):

“(…) a eso de las 4:30 horas aproximadamente abordé la camioneta azul turquí, Toyota de platón con varios compañeros, entre otros el conductor Ceballos, intendente Franco, que iba al mando del procedimiento, éstos iban en la cabina del vehículo, yo venía en la parte de atrás del vehículo, o sea en el platón, en compañía de los señores agentes López Pérez Robinson, Fernández Álvaro y el difunto agente Viloria Ariza William José, partiendo vía a Lorica, la misión según hasta donde me dijeron, era de reforzar a unos compañeros que habían salido la noche anterior hacia la orilla del mar Caribe, quienes habían decomisado un contrabando. Todo iba normal durante el trayecto, yo iba charlando tanto con el difunto como los otros dos agentes sentados en el platón de la camioneta, a eso de las 06:00 horas aproximadamente sentí o escuché un fuerte frenón (sic) del vehículo, vi que el carro se ladió (sic) debido a esto, saliéndonos todos cuatro del platón de la camioneta, yendo a dar después de dar vueltas en el aire y sobre la carretera, yendo a dar a la orilla de esta, calculo yo - se resalta.

4.4.5.3.6. Por su parte, la menor Vicenta María Díaz Maza, señalada como causante del siniestro, manifestó (fl. 79, cdno. 2):

“(…) como a las seis de la mañana yo salí a acompañar a mi mamá quien venía para Lorica y ya ella se encontraba en el otro extremo de la carretera esperando el carro para venirse a Lorica y yo me quedé en la orilla de la carretera de este lado y después vi que venía una camioneta y la vi que se estrelló cayendo del otro lado de la carretera y yo enseguida me vine para la casa (…)” - se destaca.

4.4.5.3.7. Por su parte, la señora Delfora Maza Charrasquiel (fl. 78, cdno. ibíd.), quien se encontraba abordando una camioneta en la vía que conduce de San Bernardo del Viento hacia Lorica (Córdoba), esto es, en el carril contrario al del vehículo oficial, manifestó que las condiciones de visibilidad aún eran bajas para la hora de los hechos y que, por ello, el vehículo que abordaba constituía un obstáculo para la maniobrabilidad del automotor oficial (fl. 78, cdno. ibíd.).

5. Juicio de responsabilidad.

5.1. El daño antijurídico.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que aunque el ordenamiento no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(6)”.

En el caso concreto, el daño sufrido por los demandantes, consistente en la muerte de su hijo, padre, hermano y compañero sentimental, William José Viloria Ariza, fue probado mediante los registros civiles y la prueba testimonial —párrafos 4.1 y 4.2—. El registro de defunción (fl. 51, cdno. ppal.) y el protocolo de necropsia NC-98-053 de 23 de marzo de 1998 (fl. 71, cdno. ppal.) acreditan, además de la muerte, que esta fue ocasionada por un trauma craneoencefálico derivado de la contusión sufrida en un accidente de tránsito, cuando se desplazaba como pasajero en el platón de una camioneta oficial y en desarrollo de sus funciones —en tanto había sido ordenado su desplazamiento al municipio de San Bernardo del Viento para apoyar un operativo en contra del contrabando—, tal como consta en el acta de levantamiento de cadáver Nº 50 de 23 de marzo de 1998 (fl. 58, cdno. 2) y en el informe de la novedad, elevado por el Subcomisario Uriel Antonio Franco Garcés al Comandante del Departamento de Policía de Córdoba (fl. 1, cdno. ibíd.).

Ahora bien, en relación con la antijuridicidad del mismo, es relevante señalar que el hoy occiso, se encontraba vinculado laboralmente a la Sección de Inteligencia Policial - SIPOL (fl. 25, cdno. 2), y si bien, fungía voluntariamente en el cuerpo policial, no puede catalogarse —como lo señala el a quo— el riesgo concretado como inherente al servicio, en tanto no se colige que de su función como agente de la fuerza pública se derive el tener que soportar la muerte en un accidente de tránsito, más aún cuando aquel no fungía como conductor del vehículo siniestrado.

En efecto, es dable establecer que en situaciones similares a la que se analiza en el sub lite, la Sala ha diferenciado la situación de las víctimas que ejercen la actividad, de aquéllas que son ajenas a la misma, para concluir que frente a las primeras, para efectos de determinar la imputación del daño al Estado, deberá tenerse en cuenta que quien se vincula a ese tipo de actividades participa en la creación del riesgo que la misma entraña y, por lo tanto, tiene la obligación de extremar las medidas de seguridad, para evitar la causación de daños a otros y a sí mismo.

Pero, tratándose de los terceros que no ejercen la actividad peligrosa sino que por alguna circunstancia están sometidos al riesgo que ella entraña, sean o no servidores del Estado, para deducir la responsabilidad de la entidad demandada, deberá analizarse si el daño constituyó la concreación del peligro, o si se produjo por una acción indebida, derivada del incumplimiento de las medidas de precaución que deban adoptarse para su ejercicio. Sobre el asunto en mención la Sala se ha pronunciado en oportunidades anteriores, en los siguientes términos:

“Quien maneja un arma, conduce un vehículo, etc., no podrá invocar después el ejercicio de la actividad peligrosa para reclamar del estado la indemnización por el daño que sufra como consecuencia del uso del arma, de la conducción del automotor, etc., en tanto es él mismo, precisamente, quien está llamado a actuar de manera prudente y diligente en el ejercicio de la actividad peligrosa que se le recomienda.

si el afectado es un tercero, quedará relevado de probar la falla del servicio y la administración sólo se exonerara si acredita que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, por el hecho de un tercero ajeno al servicio, exclusivo y diferente, o por fuerza mayor(7). - se destaca.

De lo anterior, se colige la antijuridicidad del daño, en tanto el señor Viloria era un tercero que no ejercía la actividad peligrosa, en tanto la misma no resulta inherente a sus funciones como agente de la Policía Nacional.

Estando probado el daño antijurídico, procede la Sala a establecer su imputabilidad a la entidad demandada.

5.2. La imputabilidad.

La Sala considera que en este asunto el daño es imputable a la entidad demandada, toda vez que se probó el incumplimiento de las normas de tránsito que reglamentan el adecuado transporte de pasajeros, ya que, según se acreditó en el proceso, mediante los testimonios de los agentes Álvaro Fernández (fl. 136 y 137, cdno. 2) y Honorio Vega Cárcamo y la indagatoria rendida por el señor Arnulfo Ceballos Botina (fl. 86 a 89, cdno. 2), el señor William José Viloria Ariza se movilizaba en el platón del vehículo a disposición de la entidad demandada, circunstancia que favoreció su caída del automotor y por ende el golpe que le produjo la muerte, como quedó claramente expresado en sus declaraciones. En efecto, como bien lo refirió el señor Vega Cárcamo, los cuatro pasajeros que se movilizaban en el platón de la camioneta, fueron expulsados violentamente de la misma al momento del accidente, versión coadyuvada por el agente Álvaro Fernández, quien también se encontraba ubicado en el platón de la camioneta y manifestó haber perdido el conocimiento, como consecuencia del volcamiento que sufrió el vehículo.

En efecto, si bien el Decreto 1344 de 1970, vigente para la época de los hechos, no se incluyó una norma que expresamente prohibiera el tránsito de pasajeros en el platón de las camionetas, como sí se hizo en la Ley 796 de 2002(8), existen otras disposiciones en dicha normativa que permiten inferir lo indebido de tal comportamiento, comoquiera que con el mismo se ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes en tales vehículos se transportan(9).

Es así como el artículo 50 de dicha normativa establece que “el puesto del conductor y los asientos para los pasajeros, deberán estar construidos y colocados de modo que ofrezcan las máximas condiciones de seguridad y comodidad”, de igual manera el artículo 170 prohíbe que los vehículos de carga, entre ellos las camionetas, las cuales fueron definidas por tal decreto como vehículos de características “similares a las de los automóviles y comúnmente usados para movimiento de pequeñas cargas”, transporten pasajeros sobre la plataforma y en concordancia con dichas disposiciones la norma contenida en el artículo 216 impone una sanción de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes incumplan con dicha reglamentación.

Así las cosas, resulta claro que las disposiciones contenidas en la mencionada normatividad, imponen el deber de garantizar un adecuado y seguro transporte de pasajeros, en condiciones que disminuyan el riesgo propio que impone la actividad de conducción de vehículos y el hecho de que tales condiciones no sean tenidas en cuenta por la entidad pública vinculada, conlleva a la imputabilidad del daño antijurídico a ella. Lo anterior, aunado a que se trata de una actividad desplegada con un vehículo de uso oficial a través de un agente que se encontraba en servicio, la cual es la causa del daño, toda vez que la ubicación del agente William Viloria Ariza en el platón del automotor, en condiciones mínimas de seguridad, favoreció que con ocasión de la colisión el mismo cayera del automotor y sufriera el golpe que finalmente acabó con su vida.

Es menester señalar que la Sala estima que el relato de los testigos resulta verosímil en relación con la forma en que acaecieron los hechos, toda vez que: (i) estuvieron presentes al momento en que ocurrió la colisión de los vehículos; (ii) se movilizaban todos en el automotor de la Policía Nacional y por ende percibieron las circunstancias de tiempo modo y lugar en las cuales ocurrió la colisión; (iii) los testimonios son contestes al sostener la forma en que sobrevino el accidente y no se aprecian incongruencias en cuanto a su dicho, toda vez que manifiestan sin asomo de duda las circunstancias en que éste se produjo que si bien, no se debió a falta de pericia o desatención de la normatividad por parte del conductor del automotor -como también lo señala el dictamen pericial rendido en el expediente que indica que la velocidad a la que se desplazaba el vehículo no excedía el límite permitido- (fl. 248, cdno. 2), si deviene de la desatención por parte de la autoridad pública, del debido cuidado que le asiste en relación con el transporte de los efectivos a su servicio.

De otra parte, no puede pasar por alto esta Sala, lo dicho en la experticia rendida en el proceso trasladado, al analizar la huella dejada por el automotor en la carretera, cuando afirmó que “el mencionado vehículo no se encontraba en condiciones técnico - mecánicas normales”, asunto que reafirma la falta al debido cuidado en que incurrió la Policía Nacional.

Ahora bien, no puede desconocer la Sala el hecho probado de la aparición en la vía pública, de forma irresistible e imprevisible de una menor, que obligó al conductor de la camioneta oficial a realizar una maniobra en la que perdió el control del automotor, con los resultados fatales conocidos. Hecho que a juicio del a quo, y tal como lo señaló la entidad accionada, libera de responsabilidad a la administración.

En relación con el hecho del tercero, ha dicho la Sala en tesis que ahora se reitera, que el mismo constituye causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, cuando reúne los siguientes requisitos:

(i) Cuando sea la causa exclusiva del daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del mismo existirá solidaridad de ambos autores frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le dará derecho a éste para reclamar de cualquier de ellos la totalidad de la indemnización, aunque quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención(10).

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que éste externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de la esfera jurídica de la misma y además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño(11).

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina “sólo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(12).

La Sala considera que en el presente asunto, la aparición intempestiva de la menor en la vía pública, aunada al paso imprudente de una bicicleta al costado del vehículo y la presencia de un automóvil parqueado que reducía el margen de maniobrabilidad no es la causa exclusiva del daño, pues como se ha dicho, el transporte de pasajeros en el platón de una camioneta es una infracción a las normas de tránsito vigentes al momento de los hechos, lo cual resultó determinante para la causación del daño, al aumentar la exposición de los pasajeros a este tipo de eventualidades. Soporta lo anterior, el hecho de que los mayores afectados con la colisión fueron precisamente el señor Viloria, y sus compañeros Robinson López y Álvaro Fernández, quienes se ubican en dicha parte del automotor.

Ahora, tampoco resultaba imprevisible ni irresistible para la entidad demandada advertir que, en la eventualidad de un accidente ocasionado por la imprudencia de un tercero o por otra causa, los pasajeros que se transportaban en el platón del vehículo resultaran visiblemente afectados en su vida o en su integridad, precisamente por la condiciones de inseguridad propias del hecho de que no contara con las condiciones adecuadas exigidas por la normativa vigente para el desarrollo de la actividad de transporte de pasajeros.

El incumplimiento de las normas de tránsito constituye entonces causa del daño, el cual es imputable a la entidad demandada por la evidente falla del servicio en que incurrió, al transportar a varios agentes incluido el señor William Viloria Ariza, en el platón de la camioneta en condiciones no adecuadas para el desarrollo de dicha actividad, las cuales favorecieron su caída del automotor y su posterior fallecimiento.

Por lo anterior, no cabe duda a la Sala de la responsabilidad que le asiste a la demandada por la muerte del señor William Viloria Ariza como consecuencia del accidente de tránsito acaecido el 25 de marzo de 1998.

En tal virtud, la Sala revocará la decisión de primera instancia que absolvió a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y se emitirá decisión condenatoria bajo los parámetros expuestos.

6. La liquidación de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de una indemnización a título de perjuicio moral, de 1000 gramos oro para los padres, compañera e hijo del fallecido, así como el equivalente en pesos a 500 gramos oro, para sus hermanos, con motivo de los hechos que dieron origen a la indemnización.

Al respecto de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13232—, aplicado correctamente por el a quo, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Siendo procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(13), de conformidad con los siguientes parámetros(14): (i) se indemniza a título de compensación, más no de restitución ni de reparación(15); (ii) para la tasación se aplica el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y relacionados con las características del perjuicio y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.

Se considera, entonces, procedente reconocer a favor de los demandantes una indemnización por concepto de perjuicio moral, pues de conformidad con la jurisprudencia, el parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad, el cual por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento(16), constituye un hecho probado a partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los padres, hermanos de quien muere o padece, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos. Igualmente, se ha dicho, porque las reglas de la experiencia así lo indican que, en razón del afecto y la convivencia, el conyugue o compañero de quien soporta un daño antijurídico también lo sufre(17).

Así, con fundamento en lo decidido en casos similares(18), es adecuado en el presente caso, reconocer a título de indemnización de perjuicios la suma de 100 smlmv a favor de los padres Santander Viloria Badillo, Consuelo Ariza y del hijo de la víctima, Mauricio José Viloria Berrio y, la suma de 50 smlmv a sus hermanos Linda Saray e Isaac Viloria Ariza; Sergio Smith y Benjamín Segundo Viloria Gutiérrez; Yesenia Marcela, Yina Paola y Johan Farith Viloria Rojano.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Cúmulo de indemnizaciones.

Desde ahora se descarta que la indemnización reconocida en su momento por el Ministerio de Defensa pueda ser tenida en cuenta en esta causa para descontarse de las condenas que tienen lugar, pues constituye criterio vigente de la Sala que tales reconocimientos patrimoniales y prestacionales que de manera especial otorga la ley para los integrantes de la fuerza pública —indemnización a forfait— son compatibles con las indemnizaciones pretendidas como consecuencia de la responsabilidad estatal(19).

6.2.2. Daño emergente.

No se reconocerá monto alguno por este concepto por no haber sido solicitado en la demanda.

6.2.3. Lucro cesante.

En relación con el daño material en la modalidad de lucro cesante, en el libelo se solicitó su reconocimiento a favor de la señora Glenys del Carmen Berrio Izquierdo, de quien se ha dicho, no está legitimada en la causa por activa. Así mismo, se solicitó el reconocimiento de dicha indemnización, en relación con el menor Mauricio José Viloria Izquierdo, hijo del occiso, como quedó acreditado.

Respecto de los ingresos recibidos por el señor William José Viloria Ariza, se conoce que este se desempeñaba como agente de Policía Nacional, y que estuvo vinculado a la institución por un lapso de siete años y diez días, como aparece consignado en la Resolución 521 de 8 de julio de 1998 (fl. 103 cdno. 1), sin embargo, no consta en los documentos aportados, la asignación salarial del señor Viloria para la fecha de los hechos.

Así las cosas, dado que no se conoce el valor exacto devengado por el occiso y no cuenta la Sala con elementos para calcular el valor del perjuicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 1 de 1984, modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998, se considera necesario proferir una condena en abstracto, para que el tribunal proceda a calcular mediante trámite incidental, el valor del perjuicio material sufrido por el menor Mauricio José Viloria Berrio, hijo del occiso, quien a su vez, acorde con la mencionada resolución, se encontraba casado con la señora Martha Beatriz Porto, con quien tenía dos hijos comunes. Así, corresponderá liquidar dicho perjuicio con base en la tercera parte del 50% del salario promedio devengado por el occiso al momento de los hechos, traído a valor presente mediante la fórmula:

IPC
 

En donde;

Ra = renta actualizada

Ipc (f) = Índice de precios al consumidor al momento del auto que liquide el perjuicio.

Ipc (i) = Índice de precios al consumidor al momento de los hechos.

El lucro cesante para el joven Mauricio José Viloria Izquierdo se reconocerá hasta que cumpla 25 años, edad en la que, de acuerdo con las reglas de experiencia y la jurisprudencia de esta corporación(20), se ha considerado que se deja la casa materna para organizar el hogar propio:

7. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2004 por la Sala de Descongestión los Tribunales Administrativos de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la muerte del señor William José Viloria Ariza, acaecida en un accidente de tránsito, el 25 de marzo de 1998.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

— A favor del señor Santander Viloria Badillo, Consuelo Ariza, Mauricio José Viloria Berrio, respectivamente, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo para cada uno de ellos.

— A favor de los señores Linda Saray e Isaac Viloria Ariza; Sergio Smith y Benjamín Segundo Viloria Gutiérrez; Yesenia Marcela, Yina Paola y Johan Farith Viloria Rojano, hermanos de la víctima, una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo, a cada uno.

4. CONDENAR en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por concepto de lucro cesante sufrido por su hijo menor, Mauricio José Viloria Berrio, para cuya liquidación el tribunal a quo tendrá en cuenta las pautas trazadas en la parte motiva de esta providencia, mediante el trámite incidental correspondiente.

5. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Proceso fallado por la Sala de Descongestión para los Tribunales de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar.

(2) El 9 de febrero de 2000, cuando se presentó de demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 26’390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones fue estimada en $ 106.973.633, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para los señores Glenys del Carmen Berrio Izquierdo y Mauricio José Viloria Berrio.

(3) Asimismo, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual no operó en el caso concreto el fenómeno jurídico de caducidad de la acción. Para el caso concreto, la muerte del señor José Didier Gutiérrez Gallego se produjo el día 17 de octubre de 1999 y la demanda fue presentada el 3 de agosto de 2000 (fl. 78, cdno. ppal.), esto es, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de la misma.

(4) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena, C.P. Danilo Rojas Betancourth, 11 de septiembre de 2013, exp. 20601.

(5) Declaraciones rendidas por las señoras Carmen Sofía Espitia Álvarez y Elpidia Arminta Negrette Negrette el 18 de junio de 1999, ante la Notaría Primera de Montería, en las cuales se hizo constar lo siguiente: “Glenys del Carmen Berrio Izquierdo, cedulada en esta ciudad con el número 34.996.017, desde el mes de febrero de 1994 hasta el 23 de marzo de 1998 hizo vida marital en unión de hecho con el difunto William José Viloria, quien murió el citado 23 de marzo de 1998 y se identificaba con la cédula de ciudadanía 12.625.578 de Ciénaga (Magd.) y tuvieron un hijo, Mauricio José Viloria Berrio, hoy de cuatro años. William José (q.e.p.d.) sufragaba los gastos de la subsistencia de su señora, Glendys del Carmen y de su hijo Mauricio José y los gastos del hogar que con ellos conformó hasta el día de su muerte. Glendys del Carmen no ha celebrado matrimonios por ningún rito ni hace vida marital de hecho, después de la muerte de su marido, William José”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(7) Sentencia del 13 de febrero de 1997, exp. 9912, reiterada, entre otras, en sentencia de 7 de septiembre de 2000, exp. 13184, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(8) El artículo 131 de dicha normativa sanciona con multa de 15 smlmv, a quien transporte “pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas”.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, sentencia de 29 de marzo de 2012, Exp. No 080012331000199300792801 (22.530), M.P. Ruth Stella Correa.

(10) Ver sentencia de 18 de mayo de 1992, exp. 2466. En sentencia de 22 de junio de 2001, exp. 13.233 dijo la Sala: “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (C.C. arts. 2344 y 1568). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño”.

(11) Sobre ese aspecto puede verse Mazeaud y Tunc. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y causidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II, pág. 237.

(12) Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

(13) Sobre el particular se puede consultar las sentencias de la Sección Tercera de 16 de junio de 1994, expediente 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández y de 11 de febrero de 2009, expediente 14726, C.P. Myriam Guerrero, entre otras.

(14) Los parámetros descritos se encuentran señalados en sentencia de 19 de septiembre de 2011 (Sección Tercera, Subsección B), expediente 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(15) En sentencia del 6 de septiembre de 2001 (Sección Tercera), expediente 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, se indicó que esto es así, porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (…)”.

(16) Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.

(17) Al respecto, se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias de 10 de abril de 2003, expediente 13834, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; del 12 de febrero de 2004, expediente 14955, C.P. Ricardo Hoyos Duque; del 24 de febrero de 2005, expediente 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; del 8 de marzo de 2007, expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 23 de abril de 2008, expediente 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; del 23 de abril de 2008, expediente 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; del 26 de enero de 2011, expediente 18617, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(18) Cfr. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de enero de 2012, expediente 22742, C.P. Danilo Rojas Betancourth: “[c]on base en lo precedentemente expuesto, esta Sala reconocerá como perjuicio moral a cada uno de los padres la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es la máxima condena que se impone a favor de los parientes más cercanos de quien falleció por responsabilidad de la administración. A los hermanos de éstos la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. De igual forma, en sentencia del 18 de febrero de 2010 (Sección Tercera), expediente 17179, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, se indicó: “[l]a Sala reconocerá la indemnización por perjuicios morales a favor de las demandantes, así: un valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre del fallecido y de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los hermanos”.

(19) Sentencias 16200, 15793 y 17992 del 3 de mayo de 2007, 25 de febrero de 2009 y 28 de abril de 2010, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Myriam Guerrero de Escobar y Mauricio Fajardo Gómez, respectivamente.

(20) Cfr. Sentencia de 26 de octubre de 2011, expediente 22700, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.