Sentencia 2000-02140 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 680012331000200002140 01

Exp.:40.001

Actor: Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Demandado: Jorge Villamizar Morales

Ref.: Apelación sentencia – Repetición

Consejera Ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

1. Competencia de la Sala

La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 678 de 2001, según el cual: “Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo”.

Lo anterior, toda vez que se trata de una norma especial y posterior a las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 446 de 1998, sobre competencia funcional por cuantía.

En efecto, así lo reconoció la Sala Plena de la corporación en providencia del 21 de abril de 2009, en la que se discurrió así:

“De conformidad con lo anterior, aun cuando las normas generales distribuyen la competencia para conocer de las acciones de repetición por el factor subjetivo –cuando se pretende ejercer contra los altos funcionarios del Estado– y por el factor objetivo, en relación con la cuantía del proceso, se debe dar aplicación a la norma posterior y especial contenida en la Ley 678 de 2001, la cual estableció un criterio de conexidad, en virtud del cual y con independencia de la cuantía del proceso, el juez competente para conocer de la acción de repetición será el Juez o Tribunal integrante de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante el cual se hubiere tramitado el respectivo proceso contra el Estado, de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo”(1).

De modo que, con independencia de la cuantía, la competencia en primera instancia para conocer de este proceso estaba en cabeza del Tribunal Administrativo de Santander, por ser el mismo órgano colegiado que adoptó la sentencia condenatoria en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho –de naturaleza laboral– que dio origen a esta actuación.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

La norma aplicable de caducidad, para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a este proceso, era el numeral 9 del artículo 136 del CCA., cuyo texto es el siguiente:

“9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad” (se subraya).

El texto destacado fue declarado exequible de forma condicionada, mediante Sentencia C-832 de 2001, bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago.

En el caso concreto, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga profirió las órdenes de pago números 2562 del 1º de octubre de 1999 y 2719 del 3 de noviembre de 1999 (fls. 32 y 33 cdno. 1), cada una por valor de $13´777.401,00, a favor de Samuel Rueda Murallas, por concepto de pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir.

Las referidas órdenes de pago, como se analizará en los acápites siguientes, no constituyen la prueba idónea para la demostración del pago efectivo de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander en contra de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, por tanto, el cómputo del plazo de caducidad se efectuará a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

El plazo de los 18 meses —que se tiene en cuenta en el caso concreto para el cómputo de la caducidad— venció el 16 de enero de 2001, pues la providencia proferida por esta Sección cobró ejecutoria el 16 de julio de 1999 (fl. 25 cdno. 1); como la demanda se presentó el 4 de julio de 2000, puede concluirse que se interpuso dentro del término previsto por la ley.

3. Legitimación en la causa

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en los términos del artículo 8º de la Ley 678 de 2001, está legitimada en la causa por activa por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga es un establecimiento público del orden municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de conformidad con el Acuerdo 016 de 1980 proferido por el Concejo Municipal de Bucaramanga (fl. 2 cdno. 1).

Jorge Villamizar Morales es el llamado a discutir, por pasiva, el interés jurídico del proceso, por ser el Director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la fecha en que se produjeron los hechos que originaron la condena contra de la entidad (fl. 10 cdno. 1).

4. Hechos probados.

Las copias simples aportadas por las partes serán valoradas de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección(2), en aplicación del principio constitucional de buena fe —toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada— y porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

Con fundamento en el acervo probatorio se encuentran demostrados los siguientes hechos:

4.1. El Alcalde de Bucaramanga, mediante Decreto 608 del 25 de agosto de 1995, nombró a Jorge Villamizar Morales en el cargo de Director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, según da cuenta la copia simple de ese acto administrativo (fl. 9 cdno. 1).

4.2. Jorge Villamizar Morales se posesionó en el cargo el 4 de septiembre de 1995, de conformidad con la copia simple del acta número 0655 (fl. 10 cdno. 1).

4.3. El 2 de abril de 1996, el Director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga destituyó a Samuel Rueda Murallas, según da cuenta la copia auténtica de la Resolución 302 del 2 de abril de 1996, con apoyo en el siguiente razonamiento (se trascribe literalmente):

“Que iniciada investigación disciplinaria y practicadas las pruebas pertinentes se elevó al señor Samuel Rueda Murallas el siguiente cargo: usted dio lugar a que por culpa suya se extraviaran veinticinco (25) placas, bajo su guarda y responsabilidad, bienes estos que pertenecen a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y cuya custodia se le había conferido en razón de sus funciones.

“Que elevado el pliego de cargos contra el señor Samuel Rueda Murallas, operador auxiliar técnico, este los contestó dentro de los términos legales sin desvirtuarlos.

“Que la conducta irregular desplegada por el señor Samuel Rueda Murallas, operador auxiliar técnico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en el ejercicio de sus funciones, se halla tipificado en el numeral 4 del artículo 48 del Decreto 482 de 1985, por cuanto dio lugar a que por su culpa se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o Empresas o Instituciones en que el Estado tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones.

“Que agotado el trámite disciplinario en primera instancia, el Jefe de Personal de la entidad, mediante oficio JP 1740396 del 21 de marzo de 1996, determinó recomendar la destitución de su cargo al señor Samuel Rueda Murallas, operador auxiliar técnico, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

“Que la comisión de personal emitió concepto recomendando la destitución del señor SAMUEL RUEDA MURALLAS, operador técnico como consta en el acta 001 del 27 de marzo de 1996.

“(…)” (fls. 156 y 157 cdno. 1 – mayúsculas del original).

4.4. Contra la destitución se interpuso recurso de reposición, que fue decidido –en sentido confirmatorio– mediante Resolución 620 del 19 de junio de 1996, tal y como se comprueba con la copia auténtica de este acto administrativo (fls. 170 a 173 cdno. 1).

4.5. El 3 de febrero de 1999, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de las Resoluciones 302 del 2 de abril y 620 del 19 de junio de 1996, expedidas por el Director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, en cuanto determinaron el retiro del servicio de Samuel Ruedas Murallas (fls. 14 a 23 cdno. 1). El fundamentó de la decisión anulatoria fue el siguiente (se trascribe literalmente incluso con eventuales errores):

“Otro elemento probatorio que habrá de tenerse en cuenta para demostrar el desorden funcional que hace imposible reconocer responsabilidad en un funcionario específicamente considerado es la proliferación de llaves en duplicado que permitía el acceso al depósito de placas… Nótese además que con anterioridad a esta fecha el señor Director ordenó a todos los jefes de departamento, la entrega de llaves de las distintas dependencias a su cargo, incluyendo la del señor Samuel Rueda Murallas, orden dada inicialmente de forma verbal y formalizada mediante memorando del 17 de abril de 1997.

“Las circunstancias analizadas son suficientes para aseverar que tanto el art. 15 numeral 4 de la Ley 13 de 1984, así como el art. 48 numeral 4 del Decreto 482 de 1985 –sustancialmente idénticos– fueron indebidamente aplicados al exigir los anteriores como requisito para tipificar la falta el ingrediente culposo en la realización del hecho configurativo del daño sufrido por los bienes estatales. Lo anterior igualmente convierte la motivación del acto demandado en falsa por pretender convertir el desorden funcional en culpa del servidor, resultando de contera igualmente desconocido el art. 84 del CCA.”.

4.6. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga dispuso el reintegro de Samuel Rueda Murallas, por medio de la Resolución 653 del 2 de agosto de 1999, acto administrativo que obra en copia simple a folio 25 del cuaderno 1.

4.7. De otro lado, la misma entidad, mediante Resolución número 871 del 1º de octubre de 1999, ordenó el pago de $27´554.802,00 a favor de Samuel Rueda Murallas por concepto de salarios, prestaciones sociales y emolumentos dejados de percibir durante el período que estuvo desvinculado del servicio, según da cuenta la copia simple de la mencionada resolución (fls. 30 y 31 cdno. 1).

4.8. El 1º de octubre de 1999, se expidió la orden de pago número 2562, a través de la cual la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dispuso el pago de $13´777.401,00 a favor de Samuel Rueda Murallas (fl. 32 cdno. 1).

4.9. El 3 de noviembre de 1999, se profirió la orden de pago número 2719, mediante de la cual la Dirección de Tránsito de Bucaramanga avaló el pago de $13´777.401,00 para el señor Samuel Rueda Murallas (fl. 33 cdno. 1).

4.10. El 11 de diciembre de 2006, un asesor del grupo de tesorería de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga certificó lo siguiente (se trascribe literalmente incluidos los eventuales errores):

“Revisando los archivos de los años 1999 a saber: libro de bancos Banco del Estado y del Ganadero observo que según cheque Nº 0165 se le canceló $13´777.401, correspondiente al primer pago del 50% según conciliación.

“Así mismo el segundo pago correspondiente al restante 50% fue cancelado por valor de $13´777.401 según cheque No. 0653 del banco del Estado” (fl. 109 cdno. 1).

5. Análisis de la Sala.

5.1. La Sala advierte que los hechos y actos debatidos en este proceso ocurrieron el 2 de abril de 1996, fecha en la cual el Director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga destituyó a Samuel Rueda Murallas del cargo de operador auxiliar técnico [hecho probado 4.3.].

Bajo esta perspectiva, es claro que los mencionados supuestos fácticos ocurrieron antes de la expedición de la Ley 678 de 2001(3); por tanto, esta norma no es aplicable en los aspectos sustanciales de este caso.

No obstante lo anterior, en materia procesal el caso en estudio sí se debe tramitar con sujeción a dicha disposición, por cuanto se trata de una norma de aplicación inmediata y de orden público. Así lo ha explicado la Sala:

“i) En cuanto a las normas sustanciales, se tiene que las normas aplicables para dilucidar si el demandado actúo (sic) con culpa grave o con dolo, serán las vigentes al tiempo en que tuvo lugar la conducta del agente estatal.

“ii) En cuanto a las normas procesales, por ser estas de orden público y regir a futuro con efecto general e inmediato, se aplican las contenidas en la Ley 678, tanto para los procesos que se encontraban en curso al momento en que empezó su vigencia, como, desde luego, a los que se iniciaron con posterioridad a dicha vigencia, con excepción de ‘los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas’, los cuales ‘se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación’(4).

“En consecuencia, en relación con los aspectos sustanciales, además de las normas constitucionales pertinentes, resultan aplicables al presente caso, por tratarse el fondo de la litis de la responsabilidad patrimonial presuntamente generada a raíz de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter laboral proferido el 25 de octubre de 1995, las normas generales contenidas en el CCA., Decreto-Ley 01 de 1984, vigentes al momento de expedición del acto cuya declaratoria de nulidad dio origen a la acción que ocupa la atención de la Sala (…).

“De otra parte, en cuanto a las normas procesales, se ha de aplicar lo dispuesto en el CCA., y en la Ley 678, que entró en vigencia el día 4 de agosto de 2001…”(5) (negrillas de la Sala).

Ahora bien, la Sala de Sección Tercera ha explicado(6) en varias oportunidades los elementos de la acción de repetición, así:

— La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto;

La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto;

El pago realizado por parte de la Administración; y

La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa.

Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y frente a ellos resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda. Por su parte, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago para cuya recuperación se adelanta la acción de repetición, pero, en todo caso, los anteriores elementos deben estar debidamente acreditados por la demandante para que prospere la acción de repetición(7).

Una vez precisado lo anterior, por razones prácticas y metodológicas, la Sala verificará, en primer lugar, si se cumplen los presupuestos procesales —cuya ausencia o falencias pueden ser declaradas aun de oficio— para que proceda la acción de repetición y, en segundo término, en caso de que estén acreditados, se establecerá si el demandado actuó con dolo o con culpa grave, como lo asegura la entidad demandante.

5.2. En el sub iúdice, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga probó la condición de exfuncionario público del demandado, así como la conducta desplegada, esto es, la expedición de los actos administrativos anulados [hechos probados números 4.1. a 4.4.]

De igual forma, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga demostró que fue condenada al reintegro de Samuel Rueda Murallas y al pago de la suma de $27´554.802,00 a título de restablecimiento del derecho, mediante sentencia del 3 de febrero de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander [hechos probados 4.5. a 4.7.].

5.3. Ahora, si bien obran en el proceso copias simples de las órdenes de pago números 2562 y 2719 de 1999, y una certificación de pagos emanada de la tesorería de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga [pruebas 4.7. a 4.10.], lo cierto es que esos medios de convicción, a diferencia de lo sostenido por el a quo(8), no permiten acreditar que los cheques se hubieren cobrado, así como tampoco que su beneficiario los hubiere recibido, máxime si no se allegó copia de los mencionados títulos valores, en los que se hubiera podido advertir, al menos, la indicación del lugar en el que supuestamente se realizó la consignación o el registro o timbre del banco que hizo la posible transacción.

Así las cosas, es claro que los documentos aportados no son suficientes para demostrar el pago efectivo de la condena judicial proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, porque no se demostró que las consignaciones se hubieren efectuado, como tampoco que el beneficiario de las mismas las hubiera recibido.

Para demostrar el cumplimiento de la exigencia –presupuesto procesal– a la que se viene haciendo referencia, la parte demandante debió allegar no solo el documento o documentos que reconocieran y ordenaran el pago en favor del beneficiario y la correspondiente orden de pago, como acá se hizo, sino también la constancia de haber recibido este el pago a entera satisfacción, es decir, debió aportarse también copia de la transacción, debidamente registrada por el banco donde se efectuó, esto es, de la consignación en favor del receptor o del paz y salvo suscrito por este, a efectos de brindar certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación de condena. Sobre el particular, esta corporación, en sentencia del 26 de noviembre de 2006, precisó lo siguiente:

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial o en la conciliación, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. El pago, en los términos del artículo 1626 del Código Civil, es la prestación de lo que se debe y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1757 ibídem. Conforme a lo anterior, no basta que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación (…)”(9) (se resalta).

Así pues, lo esencial es acreditar que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, esto es, que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena, conciliación o transacción ha recibido lo adeudado, de modo que corresponde a la entidad interesada allegar el documento pertinente que acredite que el pago fue efectivamente hecho, aspecto sobre el cual la jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica y reiterada, ha sostenido que:

“En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago(10), y en derecho comercial, el recibo(11), documentos que reflejan que la obligación fue satisfecha(12)(13).

Dicho lo anterior, es conveniente hacer referencia a la postura de esta Corporación frente a la prueba del pago de los dineros que se demandan en repetición, trayendo a colación el siguiente fragmento jurisprudencial de esta Subsección(14):

“Bajo esa misma línea de pensamiento, la Sala se ha referido a la falta de mérito probatorio con que cuentan, para efectos de acreditar el pago, las constancias o certificaciones emitidas por la propia entidad demandante, en los siguientes términos:

‘(…) la Sala resalta el hecho de que la Nación tampoco probó el pago efectuado a los familiares de la víctima dentro del proceso de reparación directa, pues sólo aportó copia autenticada de la Resolución 3371 del 9 de septiembre de 1994 por la cual reconoció y ordenó el pago de $38’084.285,oo y de la certificación expedida por el jefe de la División de Pagaduría del Ministerio de Hacienda sobre el referido pago, sin constancia de recibido por parte de los beneficiarios (fls. 75 y 76 a 81 cdno. 1).

‘A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes para demostrar su cumplimiento efectivo. En efecto, la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, a través de prueba que generalmente(15) es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario.

‘No basta que la entidad pública aporte documentos de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación’(16) (Se destaca).

“Asimismo, se ha considerado que:

‘(…) la mera certificación, constancia o manifestación que expide el deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor,o la declaración o manifestación de éste respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma(17)(18) (subrayas del original, negrillas adicionadas).

La postura reseñada ha sido sostenida por esta Subsección en reiterados pronunciamientos, entre los cuales pueden consultarse algunos de los más recientes, a saber: sentencias de 27 de enero de 2016, proferidas en los procesos con números internos de radicación 35.894(19) y 39.655(20); y de 18 de abril de 2016, expediente número 40.694(21).

De modo que, para para acreditar el pago no basta con que la entidad demandante aporte documentos emanados de sus propias dependencias que ordenen pagar una suma de dinero, si en ellos no consta la manifestación expresa del acreedor o beneficiario de haberlo recibido a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza —se insiste— acerca de la extinción de la obligación.

En el sub examine, reitera y resalta la Sala que la entidad demandante pretendió acreditar el pago de lo condena con documentos expedidos por ella misma, sin que allí aparezca constancia alguna de que aquel se hubiere realizado.

Así las cosas, como la entidad demandante no acreditó haber pagado la condena judicial que generó el ejercicio de la presente acción de repetición contra el señor Jorge Villamizar Morales, y la demostración de esa circunstancia constituye requisito y presupuesto procesal necesario para que esta tenga éxito, la Sala se abstendrá de analizar si se acreditó o no el elemento subjetivo para la prosperidad de la acción y confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

6. Condena en costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 —que modificó el artículo 170 del CCA.—preceptúa que sólo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a decretarlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 15 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 21 de abril de 2009, Rad. 36.049, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

3 El artículo 31 de la Ley 678 de 2001 señala la vigencia de dicha ley a partir del momento de su publicación en el Diario Oficial, la cual se surtió el 4 de agosto de 2001.

4 Artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

5 Sentencia del 16 de octubre de 2007, Rad. 22.098.

6 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: de 27 de noviembre de 2006 (Rad. 18.440), de 6 de diciembre de 2006 (Rad. 22.189), de 3 de diciembre de 2008 (Rad. 24.241) de 26 de febrero de 2009 (Rad. 30.329) y de 13 de mayo de 2009 (Rad. 25.694), entre otras.

7 En similares términos consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2016, Rad. 41.384, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

8 Fl. 255 cdno. ppal.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de noviembre de 2006, Rad. 25.749, M.P. Alier Hernández Enríquez.

10 Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.

11 Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.

12 Original de la cita: “el inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil señala que: ‘Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión’”.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 18.621, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Sentencia del 26 de mayo de 2016, Rad. 39.795.

15 Original de la cita: “El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia de todas las personas que acostumbran utilizar en sus relaciones jurídicas”.

16 Original de la cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 25.749; M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra”.

17 Original de la cita: “A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total -no solo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad-, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente: 16.887; M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

18 Original de la cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 46.162; M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.

19 Magistrado ponente: doctor Hernán Andrade Rincón.

20 Magistrado ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.

21 Magistrado ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera.