Sentencia 2000-02299 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz Del Castillo

Bogotá, D.C, nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014).

Rad.: 23001233100020000229901 (26933)

Acción de reparación directa

Actor: Levis Cecilia Rivero Velásquez y otros

Demandado: Hospital San Diego de Cereté

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de octubre de 2003, por cuanto la pretensión mayor excede la cuantía mínima exigida para que proceda la doble instancia ante esta corporación, en aplicación del Decreto 597 de 1988, vigente en la época de presentación de la demanda(1).

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala examinar si la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez y el señor Alejandro Saibis Jiménez sufrieron un daño que no tenían por qué soportar a raíz de la muerte del hijo que esperaban y los quebrantos de salud de la madre. Para efectos de este habrá de considerarse que se censura la atención brindada a la madre que se califica defectuosa y contraria a las exigencias de la lex artis y la dignidad humana.

3. Análisis del caso.

3.1 Aclaración sobre la valoración crítica del material probatorio aportado.

Antes de proceder a relacionar los hechos efectiva e inequívocamente probados en el proceso, es menester advertir que la parte actora calificó de “apócrifa” la historia clínica obrante en el expediente, incorporada por petición de ambas partes; empero utilizó para el efecto la oportunidad para alegar, esto es, no hizo uso de la oportunidad procesal prevista para la tacha de documentos. Señala que algunas de las anotaciones más relevantes para la determinación de la responsabilidad aparecen suscritas por médicos cuyos registros no figuran en el Hospital demandado y contienen información desvirtuada posteriormente por algunos de los médicos nombrados. Concretamente, puso de relieve cómo el Dr. Daniel Fajardo Arrieta negó haber recomendado telefónicamente dar de alto a la paciente y, en general, cualquier tipo de intervención suya en el tratamiento que recibió la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez, el día 2 de mayo de 1998.

Ahora, al margen de lo expuesto, ello no obsta para que el referido elemento probatorio deba ser sometido a un escrutinio crítico, como corresponde, en cuanto efectivamente es claro que las anotaciones en la historia clínica correspondientes a los días 1 y 2 de marzo, aparecen suscritas por médicos indeterminados, cuya signatura es ilegible, sin semejanza con la utilizada por los médicos adscritos al área de ginecología de la entidad demandada. Esto es así porque se solicitó de oficio la documentación y las actas de posesión y le es dable a la Sala sostener que las firmas que autorizan las anotaciones nada tienen que ver con las que se aprecian en las actas de posesión, aunado a que en las anotaciones no figura el código que permita la identificación del facultativo como corresponde. Además, no queda duda que la información consignada en la historia clínica atribuida al médico tratante Daniel Fajardo Arrieta fue desconocida por éste en declaración rendida ante el a quo, provocada por la demandada; sin que ningún elemento permita sospechar de su dicho, particularmente si se considera que según lo escrito el médico tratante habría emitido una orden telefónica, que el mismo niega y que de haberse emitido resulta contrario a la lex artis que el hospital hubiese admitido, sin la corroboración de quien atendía a la paciente, sobre el que nada se conoce.

Así, en la hoja de evolución de la historia clínica, aparece la siguiente observación, con fecha de 2 de marzo:

Se comenta con el Dr. Fajardo quien considera dar de alta, debido a que actualmente sin actividad uterina (sic), borramiento, 20%, dilatación positica; 2 cm, sin deterioro clínico alguno. Decide manejar ambulatoriamente con ecografía obstétrica, uteroinhibición, con reposo y cita el día 9 de marzo para realizar cst. (fl. 17, cdno. 2).

Firma ilegible  

Respecto de estas anotaciones, el Dr. Daniel Fajardo sostuvo, lo en el escrito de contestación al llamamiento:

Según la historia clínica ciertamente fue dada de alta por el hospital el día 2 por parte de un médico, no identificado pero a quien se había dado el número de registro 0040F, más no fue por parte del Doctor Daniel José Fajardo Arrieta, ya que este galeno nunca la recibió ni atendió en el Hospital San Diego de Cereté como tampoco la valoró allí ni la intervino quirúrgicamente en el acto operatorio de la cesárea, como tampoco en el post operatorio” (fl. 54 cdno. 2).

Y posteriormente reiteró al ser interrogado ante el a quo:

(...) Revisando la historia clínica me encuentro unos apartes en donde manifiesta dicha historia que yo había valorado a esa paciente el dos de marzo de 1998 (el declarante consulta unos documentos), hago constar que dicha valoración en esa fecha no fue practicada por mi persona y que el único contacto que tuve con la paciente a nivel del hospital fue posterior a la práctica de la cesárea por otro ginecólogo que elaboraba (sic) en dicha institución” (fl. 114, cdno. 2).

Y luego

Preguntado: Sírvase decir si la firma y el código que aparece en la primera hoja de la historia clínica levantada a la demandante concretamente con fecha de dos de marzo de 1998 en la nota que corresponde a notas de evolución en donde autoriza a dar de alta a la paciente corresponde a su puño y letra y si ese es su código o era su código para ese entonces, nota que figura a folio 19 del comisorio que tramitamos y que se pone de presente. 

Contestó:

Esa firma ni el código que aparece al píe de mi firma no me pertenece (sic), y tampoco ese fue mi concepto por no estar en contacto con dicha paciente en ese momento (...) (fl. 115 cdno. 2).

Lo anterior obliga a la Sala a realizar una valoración crítica de la historia clínica, pues aunque el documento no fue tachado de falso, adolece de falta de convicción, dado que escasa credibilidad merece la historia en la que el nombre del médico tratante y su firma no fueron reconocidos por el mismo, sin que la entidad haya desvirtuado la afirmación. No obstante en el documento obra información que por encontrarse respaldada puede valorarse.

Para el efecto la Sala habrá de acudir a la declaración rendida ante el a quo por la demandante en todo aquello que la perjudica, valoración íntegra dada la imposibilidad de escindir la confesión y así mismo determinar con apoyo en la historia, en la declaración a la que se hace mención y en la prueba testimonial lo ocurrido el día 2 de marzo de 1998, en el Hospital San Diego de Cereté.

3.2. Hechos probados.

3.2.1 Se sabe que para el día antes señalado la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez se hallaba en la fase final de su embarazo y que aguardaba la práctica de una operación cesárea programada por su médico tratante, el ginecólogo Daniel Fajardo Arrieta y que este debió atenderla en un vehículo de transporte público, en el mes de marzo de 1998 y recomendó que la que misma fuera conducida a un centro de salud. Al respecto el citado galeno identificó así a la demandante Levis Cecilia Rivero Velásquez:

Es una señora que fue a mi consultorio particular embarazada, no recuerdo cuantos meses de embarazo tenía cuando le hice el primer control en mi consultorio, en uno de esos controles la señora me comentó que había presentado en sus anteriores partos problemas de retención de restos placentarios por lo cual se miró la posibilidad de una cesárea programada. En el último mes de embarazo no le practiqué control de embarazo. En marzo de 1998 viajando en una buseta o bus entre Cereté y Montería me encontré con la paciente, y en esa misma vía la paciente presenta lipotimia (mareo) por lo cual la auxilio hasta donde los medios en ese momento se prestaban y recomiendo que la trasladen a una institución de salud (fl. 115, cdno. 2).

El hecho del embarazo a término consta, igualmente, en la historia clínica, sobre cuyo limitado valor obran consideraciones ad supra. En la hoja correspondiente al ingreso de la paciente a la institución se lee:

Primer Apellido: Rivero 

Segundo Apellido: Velásquez 

Edad: 34 

Fecha 2(2)-III-98 

Gravidez 6, Para 3 abortos, vivos 3, mortinatos  

Última menstruación: 3 de junio/97, meses de embarazo, 39 semanas. 

Igual circunstancia aparece referida en el interrogatorio de parte, al igual que se puede establecer en las declaraciones rendidas por los señores Rogelio García Arrieta e Israel Navas y se comprueba por el hecho simplísimo de que el hijo de la señora Rivero y el señor Saibis nació y murió, en la institución hospitalaria demandada, el 6 de marzo de 1998.

3.2 2. Se sabe que el día 2 de marzo del año en cita, la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez sufrió una caída desde su propia altura, razón por la cual acudió al hospital de Cereté, donde fue atendida y dada de alta.

En lo relativo a la circunstancia de la caída coincide la historia clínica con lo afirmado por la actora y lo señalado por los testigos. Así mismo, está acreditado que la señora Levis Cecilia Rivero fue dada de alta horas después de su ingreso, aunque, en este punto, la historia clínica, el testigo Rogelio García y la demandante difieren lo que tiene que ver con el día y la hora en se emitió la orden y la actora abandonó el hospital.

En las anotaciones de la historia correspondientes al 2 de marzo se lee:

Observaciones: Paciente que presenta caída desde su propia altura al resbalar en un peldaño cayendo decúbito dorsal e iniciando trabajo de parto, se comenta telefónicamente con Dr. Petro quien ordena hospitalizar y vigilancia estricta de partograma. La paciente refiere retención de placenta en todos sus partos anteriores, motivo por el cual siempre se le han realizado curetaje.  

Firma ilegible (fl. 83 cdno. 2).

Igualmente, en la historia clínica figura la siguiente anotación:

2 marzo/98: 8pm  

Dar alta, firma ilegible (fl. 84, cdno. 2).

Por su parte, el señor Rogelio García Arrieta, quien coincidió con la actora en el hospital y luego conoció que la señora Rivero fue dada de alta, depuso:

Yo sé que en una ocasión, no recuerdo exactamente la fecha pero sé que fue para el mes de marzo de 1998, me encontraba en la puerta del hospital en urgencias con uno de mis hijos hospitalizado, (...) cuando se presentó el señor Alejandro Saibis y su señora esposa Levis Rivero, yo le ayudé a bajar del carro con su esposo y la ingresamos a la sala de urgencias y allí se la entregamos al doctor de turno en una camilla. Como a las nueve y media de la noche de ese mismo día autorizaron al señor Alejandro Saibis para que se retirara del hospital porque su señora se quedaba en el hospital y allí fue donde Alejandro Saibis me comentó que su esposa estaba embarazada y que había tenido un accidente en el baño de su casa y él se fue y yo me quedé en el hospital de allí no supe nada más hasta varios días después que me volví a encontrar con Alejandro Saibis y me comentó que a su mujer se la habían entregado al día siguiente a aquel en que nos encontramos (...) (fl. 119, cdno. 2).

A su vez, la señora Levis Cecilia Rivero afirmó haber sido dada de alta al día siguiente a su ingreso al hospital, más o menos a las nueve de la mañana, lo cual coincide con la historia en cuanto según esta la orden fue impartida a las 8 p.m, esto es, se ejecutaría al día siguiente. Lo afirmado al respecto será citado ad infra.

3.2.3. Se sabe que durante esta primera estancia en el hospital, la señora Levis Cecilia Rivero fue atendida en algún momento por el médico ginecólogo Cristóbal Petro. Sobre la hora de atención y el grado de influencia que el mismo tuvo en la decisión de dar de alta no concuerdan la historia clínica, con lo dicho por la demandante en su interrogatorio de parte.

En efecto, en la historia clínica la única referencia al facultativo antes nombrado es la anotación ya citada, acorde con la cual a este se le habría consultado telefónicamente el estado de la paciente y ordenado la hospitalización; en tanto no se conoce qué médico ordenó darla de alta, pues la firma no se logra identificar y el código tampoco. Asimismo, según la historia clínica, la decisión habría sido adoptada con base en el concepto positivo del Dr. Daniel Fajardo Arrieta, quien —como se dijo—, desmintió la anotación.

Por su parte, la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez hizo el siguiente recuento, sobre la atención recibida en el Hospital San Diego:

Cuando llegué a urgencias me recibe un médico interno, me examina muy minuciosamente, me pide mi última ecografía, le explico qué me pasó y en la misma sala se reunió con médicos no sé quiénes, me dice que tenían que hacerme la cesárea urgentemente, les digo que me llamen a mi ginecólogo que es el Dr. Daniel Arrieta Fajardo y me dice que no está en la ciudad y por lo tanto la cesárea me la debía practicar el ginecólogo de turno que era el Dr. Cristóbal Petro. Luego me hospitalizan y le dan a mi esposo la lista de lo que tenía que comprar para la cesárea, que ya de una vez me iban a hacer la cesárea porque había perdido mucho líquido y estaba sangrando. Eso fue más o menos entre 9 y 9 y media de la noche. A la una de la mañana llegó el Dr. Petro y me dijo que lo habían mandado a llamar porque había que hacerme una cesárea, entonces le expliqué que me había caído y que estaba sangrando, él me preguntó si sangraba mucho y le contesté que sí y me preguntó, pero tienes dolor y le contesto que no que a mí no se me presenta dolor en mis partos, porque mis partos eran inducidos, me dice él que no iba a hacer la cesárea porque no veía necesidad. Me hizo muchas recomendaciones: primero que por ningún motivo me parara a nada, si tenía que ir al baño que le dijera a la enfermera que me trajera un pato pero no me parara, me dieron medicinas, no sé cuáles, dormí toda la noche, pero no me hicieron la cesárea. Al día siguiente como a las 9 de la mañana el Dr. Petro me preguntó que como estaba y yo le dije que continuaba con sangrando y que ya estaba desesperada porque tenía un ardor en el abdomen, me dice que no me va a hacer la cesárea que esperara el día 9 que llegara mi ginecólogo, me da una orden de consulta externa para el Dr. Daniel y me extienden recetas que jamás se me olvida el nombre de las medicinas: “Berotec” y “Fenorvital”, me dan la orden de salida o de alta. 

3.2.4 Cabe destacar que no se conoce con claridad el estado de salud de la actora a su ingreso al hospital y durante su estancia en el mismo, pues los elementos probatorios no son concluyentes. En efecto, la historia clínica da cuenta de un estado relativamente estable y niega episodios de sangrado, en tanto que la señora Levis Cecilia Rivero afirma que sangraba mucho, con pérdida de abundante líquido amniótico y el médico tratante refiere haberse encontrado con su paciente en un bus, en marzo de 1998, quien presentó lipotimia, razón por la cual recomendó su traslado a una institución de salud.

3.2.5. Se sabe el día 6 de marzo de 1998, la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez tuvo que acudir al Hospital San Diego de la referida ciudad, donde se le practicó una cesárea. También está acreditado que el hijo de la señora Levis Cecilia Rivero murió pocas horas después de la operación. Se sabe que en este segundo ingreso la paciente tuvo que ser hospitalizada durante varios días, debido a que se encontraba en estado de sepsis.

La muerte del menor se puede verificar en el certificado de defunción, expedido el día 06 de marzo de 1998. En él se lee:

(...) Fecha de defunción: 98-03-06 

Hora 00: 30 am

Sexo: masculino

Apellido y nombres del fallecido: 

Primer apellido: Saibis 

Segundo Apellido: Romero (sic) 

Nombre: Niño 

(...) 

Edad: menor de un día. 05 horas (fl. 77, cdno. 2).

De modo impreciso y con fechas poco concordantes con la que aparece en el certificado de defunción de menor, en la historia clínica expedida por el Hospital San Diego de Cereté da cuenta de que la actora estuvo hospitalizada diez días por una infección originada en la operación cesárea a la que fue sometida:

Fecha: 16-03-98 

Nombres y apellidos: Levis Cecilia Rivero Velásquez 

Edad: 34 

Sexo: F  

Ocupación: Hogar 

Motivo de consulta fiebre 

Enfermedad actual: Refiere que hace 14 días. Fue operada por CSIP (cesárea) al parecer por corioamnionitis (sepsis?) (ilegible), hospitalizada por 10 días, (ilegible), salida el sábado 14 -03.98, desde el cual presentado fiebre no calificable, dolor a nivel de hipogastrio, (ilegible) fétido. 

Impresión clínica: 66 P 4, C1 A 1 M 1 (ilegible) 

Endometriosis por cesárea (fl. 78, cdno. 2).

Cabe resaltar nuevamente las graves deficiencias que presenta la historia clínica, como quiera que el 16 de marzo de 1998 se hace constar la operación cesárea realizada en la misma institución, la que se conoce fue practicada el 6 de marzo anterior, sin las anotaciones correspondientes.

Sobre el hecho de la muerte del menor y la hospitalización de la señora Levis Rivero Velásquez también da cuenta el testimonio del señor Rogelio Alberto García Arrieta:

(...) no supe nada más hasta varios días después que me encontré con Alejandro Saibis y me comentó que su mujer se la habían entregado al día siguiente a aquel en que nos habíamos visto por última vez, y que después de estar en la casa se agravó nuevamente y la llevó de urgencias al CAMU del Prado, de allí no alcanzamos a tener más contacto. Más tarde, o sea, otros días después me volví a encontrar con Alejandro y me comentó que el bebé se había muerto. 

3.2.6. Consta que para la fecha de los hechos los señores Levis Cecilia Rivero Velásquez y Alejandro Saibis Jiménez convivían en unión marital. Lo anterior no solamente fue declarado por la señora Rivero Velásquez ante el a quo, sino que aparece confirmado por los testigos Rogelio Alberto García Arrieta e Israel Navas Días, quienes identifican a los señores Rivero y Saibis como esposos. Además, en la historia clínica de la señora Levis Rivero Velásquez, por el Hospital San Diego de Cereté, el señor Alejandro Saibis Jimenez aparece como “persona responsable del paciente” y según el registro de defunción, el recién nacido se apellidó “Saibis Romero”. Además, a folio 12 del cuaderno 2, obra una solicitud en la que el señor Saibis Jiménez solicita la historia clínica de la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez en estos términos:

Mediante el presente solicito a usted muy respetuosamente se me proporcione la historia clínica de mi esposa Levis Rivero Velásquez quien en días anteriores estuvo recluida en este centro hospitalario ya que se hace necesario, pues lo exigen en la ciudad de Medellín, donde será sometida a nuevos exámenes. 

3.2(sic). Consideraciones generales.

3.1. Consideraciones sobre la naturaleza de los daños alegados.

Antes de examinar en detalle las particularidades de este caso la Sala precisa aclarar que en el marco del orden constitucional colombiano, toda declaración de responsabilidad estatal comporta el reconocimiento de que se causó un daño antijurídico, causalmente conexo a una acción u omisión del Estado, que este último impuso o no impidió, pudiendo hacerlo, a la víctima una carga que no estaba obligada a soportar.

Tratándose de responsabilidad médica y al margen de las discusiones sobre los diversos regímenes de imputación, ordinariamente se reclama por la atención defectuosa que dio lugar al daño o la sola prestación deficiente, al margen del resultado, daño en sí mismo o pérdida de oportunidad de conservar la vida o la salud, ligados causalmente, a la prestación médico asistencial que le corresponde al Estado y que de haberse efectuado, acorde con la lex artis, habría dado lugar a un resultado diferente.

De lo anterior se impone que en el caso concreto la Sala examine individualmente si la atención prestada por el Hospital San Diego de Cereté se ajustó a las exigencias de la dignidad de la paciente Levis Cecilia Rivero Velásquez y las prescripciones de la ciencia médica y, en segundo lugar, si la muerte de su hijo neonato y la endometriosis sufrida por la paciente podrían, razonablemente, haberse evitado, de donde lo acontecido debe ser atribuido a la entidad demandada.

3.2(sic). Sobre la adecuación de la atención prestada en el Hospital San Diego de Cereté a las exigencias de la dignidad humana y la lex artis. 

Lo primero a determinar es, como se ha dicho previamente, si la atención que recibió la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez fue o no defectuosa. En este sentido hay que anotar que la información contenida en el acervo probatorio no da claridad, particularmente en aquello que debería tener mayor peso, pues en la historia parece omitirse datos importantes, más concretamente, los relativos a las impresiones del Dr. Cristóbal Petro, el 6 de marzo de 1998, una vez examinada la paciente.

Aspecto este que de suyo comporta un daño autónomo, en cuanto las deficiencias en la historia clínica comprometen la adecuada prestación del servicio. Aunado a lo expuesto debe la Sala establecer si la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez fue atendida efectivamente por personal especializado. Cuestión que a la luz de la información consignada en la historia clínica sugiere respuesta negativa, pues sólo consta allí que algún médico, cuyo nombre no se conoce y cuyo registro no fue reconocido por el Hospital San Diego de Cereté, consultó telefónicamente a los doctores Daniel Fajardo Arrieta y Cristóbal Petro Moreno la conducta a seguir, dado el ingreso de la actora por caída desde su propia altura al término de la gestación. La declaración rendida por la demandante en su interrogatorio de parte obliga, sin embargo, a tener por cierto que sí fue atendida por el médico ginecólogo Cristóbal Petro.

No está de acuerdo, la Sala, sin embargo, con la equiparación a la que recurrió el a quo, entre la aludida atención y la prestación asistencial adecuada. Al respecto hay que tener en cuenta que, al tiempo que el interrogatorio de parte rendido por la autora la desfavorece, en cuanto al punto anterior, dando lugar a que su declaración sea considerada, integralmente, como las reglas de la indivisibilidad lo prevén, en miras de que no se desfigure ni desnaturalice lo afirmado. En este caso, parece contrario a las exigencias de la sana crítica enfocarse únicamente en el hecho de que, según su propia afirmación la paciente recibió atención por parte de un especialista y dejar a un lado que, según la misma fuente: i) la atención fue notoriamente tardía, en la medida en que el médico únicamente se presentó a la una de la mañana, esto es, más de doce horas después de su ingreso a la Clínica, lo cual revela en sí misma una prestación inadecuada y ii) la valoración del Dr. Cristóbal Petro se limitó a un interrogatorio muy general y que, con base en él, el galeno resolvió que la paciente esperara una semana para la práctica de la cesárea, sin que se conozca la orden de practicar exámenes, para el caso la ecografía obstétrica. Es de destacar, además, que el Dr. Cristóbal Petro Moreno omitió el deber legal de consignar sus observaciones y decisiones en la historia clínica.

Ahora bien, respecto de la coherencia de la atención prestada a la paciente con la lex artis hay que anotar que, si bien los peritos médicos consultados expresaron que la información consignada en la historia clínica no permite conocer con certeza si éste fue o no adecuado, ello de por sí da lugar a un serio reproche, aunado a que elementos del dictamen permiten a la Sala predicar el desconocimiento de las exigencias de la ciencia médica. En efecto, el médico Pablo César Duarte Rojas, en respuesta al cuestionario formulado por la Sala, da lugar a predicar la insuficiencia de las actividades diagnósticas, realizadas por el personal médico del Hospital San Diego de Cereté. A continuación se transcribe la pregunta y respuesta pertinente:

Pregunta: ¿Cuáles son los procedimientos y protocolos adecuados para atender a una paciente de 39 semanas de gestación que refiere haber caído desde su propia altura, en posición de decúbito dorsal?, ¿Qué exámenes diagnósticos se deben realizar? 

Respuesta: Los procedimientos y protocolo deben ser realizar un examen físico donde se evalúe si hay lesiones de tejidos blandos y óseos de la parte posterior del tórax y región lumbar, evaluar si hay frecuencia cardiaca fetal, movimientos fetales, actividad uterina, observar si ha sangrado o salida de líquido vaginal y si es el caso antes de realizar un tacto vaginal realizar una visualización del cérvix por medio de espéculo vaginal, realizar un tacto vaginal para evaluar los cambios en el cuello del útero dado como dilatación y borramiento y el estado de las membranas ovulares, pruebas de bienestar fetal como monitoría fetal electrónica y ecografía obstétrica. Esta última es importante porque nos puede evaluar si hay desprendimiento de placenta (cdno. ppal. fl. 276).

Igualmente la consulta de literatura médica indica:

El traumatismo es la causa no obstétrica principal de mortalidad materna, y la mayoría de las lesiones se produce como consecuencia de accidentes de tráfico. En el traumatismo materno deben aplicarse los preceptos básicos de la evaluación del traumatismo y de la reanimación. Es importante conocer el mecanismo lesional, así como los cambios anatómicos y fisiológicos presentes en el embarazo. No hacerlo puede representar un impacto significativos obre la hemodinámica materna y fetal. (...) Los estudios radiográficos no están contraindicados, pero deben usarse con criterio. Siempre que estén disponibles, deberían utilizarse los diagnósticos no invasivos, como la ecografía abdominal. La monitorización cardiotocográfica de las gestaciones viables (> 20 semanas) debe iniciarse lo antes posible en el servicio de urgencias, con el objeto de evaluar el bienestar fetal, ya que éste suele ser el mejor indicador del estado materno. Lesiones aparentemente menores pueden dar lugar a un desprendimiento de placenta. Por ello, se requiere la monitorización durante por lo menos 2 a 4 horas después de cualquier traumatismo. Se requerirá una monitorización más larga si se presentan contracciones o un estado hemodinámico materno inestable. La prueba de Kleihauer-Betke debe considerarse en todos los casos de traumatismo cerrado, con el objeto de determinar el riesgo de parto prematuro y de lesión placentaria. Las madres Rh negativas deben recibir una dosis de globulina inmunitaria anti-Rh para reducir el riesgo de isoinmunización. Aunque no se requiere cesárea de rutina, incluso en las pacientes que requieren laparotomía, puede requerirse una cesárea urgente si se produce sufrimiento fetal o si la presencia del feto contribuye a la inestabilidad en el estado de la madre (...) Finalmente, los centros de traumatología y las salas de urgencias deben disponer de protocolos dirigidos a las situaciones específicas de traumatismo durante el embarazo. Estos protocolos deberían incluir la participación de todos los especialistas implicados en esta emergencia multidisciplinaria (Michael Muench y Joseph Canterino, Traumatismo en el embarazo, Clínicas Obstétricas y Ginecológicas de Norteamérica, 34, 2007, pág. 578). 

En otra fuente puede leerse sobre la atención en el área de urgencias a la paciente embarazada que ha sufrido un traumatismo:

Se procederá a reevaluar a la paciente en su conjunto optimizando el soporte asistencial y planificando una asistencia dirigida a una estabilización definitiva y a los procedimientos diagnósticos complementarios. 

(...) 

Para una valoración secundaria se emplearán los recursos adecuados a la edad gestacional  

El sonicaid y la ecografía son recursos diagnósticos que nos van a confirmar la presencia y calidad de los latidos fetales, la edad gestacional, el estado fetal, cantidad de líquido amniótico así como eventuales afectaciones útero-placentarias  

En gestantes de más de 20 semanas, se realizará una monitorización cardiotocográfica durante cuatro horas para valorar el bienestar fetal y la dinámica uterina. No olvidar valorar la aparición de sangrado vaginal. 

La presencia de líquido amniótico en vagina se puede comprobar midiendo el pH vaginal (el líquido amniótico es alcalino) por lo tanto un PH vaginal entre 7-7,5 sería indicativo de rotura de membranas. (J. Macías Seda, J.L. Álvarez Gómez, M.A. Orta, “Traumatismos en la embarazada” en Emergencias y catástrofes, Nº 1 Vol.4, 2000, pág. 243).

Y en otro tratado de obstetricia se consigna, en el capítulo relativo a la atención del traumatismo en las mujeres embarazadas, lo siguiente:

Rol del obstetra en la consulta sobre la madre y el feto: 

El obstetra debe ser la mejor fuente de información acerca de los cambios fisiológicos y anatómicos maternos que ocurren durante el embarazo. Debe interpretar los resultados del laboratorio, teniendo en cuenta la gestación y evaluar el estado del feto mediante ecografía en tiempo real, monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal, prueba de Kleihauer-Betke y otros estudios apropiados. No debe olvidarse el registro cuidadoso para asegurar que los datos sean exactos. 

(...) 

Vigilancia y manejo fetal 

La recomendación actual para evaluar la salud fetal después de un evento traumático, como ya se ha dicho, es el monitoreo fetal electrónico de fetos viables, en la evaluación del desprendimiento prematuro de la placenta. Las recomendaciones son: cuatro horas de monitoreo fetal si el trazo es tranquilizador sin indicios de contracciones; un monitoreo extendido para un patrón de frecuencia cardiaca intranquilizador, para evaluar a la paciente que está en un inicio de un trabajo de parto prematuro o durante la evaluación del trabajo uterino. Las alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal asociadas a una abruptio placentae pueden incluir taquicardia fetal, bradicardia, disminución de la variabilidad a largo plazo y latido a latido, así como desaceleraciones. Por lo tanto, cualquiera de todas esas anormalidades exige, una evaluación más cercana de la frecuencia cardiaca. 

Otro método de evaluación es la ecografía, que permite observar el volumen del líquido amniótico, así como el perfil biofísico para evaluar la salud fetal. Además, puede identificar condiciones traumáticas fetales o maternas gruesas que pueden afectar el pronóstico de cualquiera de los integrantes de este binomio.  

(...)  

Exploraciones específicas en la gestante: 

— Existen una serie de exploraciones encaminadas a determinar los efectos del traumatismo sobre el producto del embarazo y las estructuras maternales relacionadas con el mismo: 

Ecografía: 

La ecografía en la gestante se que ha sufrido traumatismo tiene la utilidad específica siguiente: 

— Establecer la edad fetal si es necesario. 

— Determinar el grado de bienestar fetal si los resultados de la tocografía si son confusos. 

— Verificar la actividad cardíaca fetal, en presencia de taquicardia materna. 

— Confirmar la muerte fetal cuando exista sospecha. 

— Evaluación del volumen del líquido amniótico en los casos de rotura de membranas o en caso de que se sospeche esta rotura. 

Estudio de la localización y posibles lesiones placentarias. 

Tocografía externa: 

Está indicada por encima de la 20 semana de gestación y debe mantenerse un mínimo de 4 horas, su objeto es: 

— Estudiar la actividad de la dinámica uterina.  

— Determinar la existencia de sufrimiento fetal.  

— Valorar el riesgo de desprendimiento placentario. 

El tiempo de monitorización fetal debe ampliarse a 24 horas si durante la tocografía inicial se presentan algunos de los siguientes hallazgos: 

— Contracciones uterinas cada 15 minutos.  

— Dolor provocado a la palpación del útero.  

— Anormalidades en el registro de la actividad fetal.  

— Ante la presencia de hemorragia vaginal.  

— Rotura de membranas.  

— En los casos de lesiones traumáticas maternas severas. 

Otros estudios específicos. 

— Auscultación de los tonos cardíacos fetales.  

— Determinación del pH vaginal: detecta pérdidas de líquido amniótico.  

— Amniocentesis: 

— Permite determinar el grado de madurez fetal  

— En el diagnóstico de hemorragias de origen materno o fetal. (L. Carbero Roura, D. Saldívar Rodriguez, E. Cabrillo, Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, Editorial Panamericana, Madrid, 2007, págs. 881-883).

En contraste con lo anterior, de la historia clínica se puede tener por cierto que el 2 de marzo de 1998 a la señora Rivero Velásquez le fue practicado un superficial examen obstétrico, sin que se conozca el nombre del facultativo que la atendió en el Hospital San Diego de Cereté y estableció la altura uterina, la situación, presentación y posición fetal. Además de disponer monitoreo cada seis horas de la tensión arterial, la frecuencia cardiaca fetal, borramiento del cuello uterino, estado de las membranas y dilatación. En tanto se omitió la práctica de un diagnóstico basado en la monitoría fetal electrónica y, muy especialmente, la ecografía obstétrica. De vital importancia para la determinación de un desprendimiento placentario y sin el cual era imposible adoptar una ruta terapéutica adecuada. Omisiones que no son menores, si se considera que la demandante afirma que fue atendida por un especialista quien no dispuso el monitoreo ni tampoco ordenó los exámenes de diagnóstico adecuados.

Respecto de la práctica de la ecografía obstétrica hay que anotar, por lo demás, que aunque en la historia clínica se aportó una ecografía con resultados normales, es evidente que ésta, si bien corresponde a la misma gestante, responde a un embarazo anterior, toda vez que está fechada 23 de febrero de 1997. Presencia que cuanto menos indica desorden, por no considerar que podría tratarse de material claramente distractor.

Otro aspecto que amerita ser examinado es el relativo a la atención especializada que recibió la paciente. Sobre este punto las pruebas son contradictorias ya que, como se mencionó ad supra, si se atiende a lo consignado en la historia clínica, la señora Rivero Velásquez fue atendida por médicos internos asesorados telefónicamente por personal especializado, mientras que según lo aceptado por la misma actora, fue atendida por un ginecólogo (el Dr. Cristóbal Petro) quien, si bien la examinó y le ordenó reposo, en las horas en que estuvo hospitalizada, a la madrugada le dio de alta, sin más. Como se dijo anteriormente, aunque la historia no ofrezca suficiente información y la consignada en la misma no ofrece certeza, es patente que cualquiera que sea la versión de los hechos que se acepte, persiste la valoración negativa de la atención. Esto es, según la historia, el médico especialista fue consultado telefónicamente de lo que se impone que pudo haberse formado una idea superficial del estado de la paciente, lo cual no consulta el estado de la lex artis sobre tratamiento de trauma obstétrico, el que demanda valoración clínica directa y disponer de pruebas adecuadas, de donde no pudo proferir un juicio totalmente adecuado sobre la conducta a seguir. Similares consideraciones amerita la posible intervención del Dr. Cristóbal Petro, a la que se refirió la demandante en su declaración. En primer lugar, si se acepta lo dicho por la actora, acerca de que recibió la visita del mencionado galeno a la una de la mañana –como quedó explicado-, sería forzoso concluir que hubo una demora injustificada en la atención especializada, pues según la hoja de evolución de la historia clínica, la paciente había ingresado al hospital, al menos, desde a 7:30 pm de modo que habrían pasado al menos cinco horas y media desde el momento de la atención inicial y la valoración por el médico especialista.

Al margen de lo anterior, es necesario destacar que, de acuerdo con el acervo probatorio, la evaluación a cargo del médico Cristóbal Petro, necesariamente tuvo que haber sido insuficiente para dar de alta. En efecto, tal como se pudo ver, ad supra, la literatura médica es unánime al señalar, que de cara a un accidente como el sufrido por la actora, para tener una idea completa da la salud fetal y el riesgo de desprendimiento placentario es necesario realizar pruebas como la ecografía, la que no se practicó. De modo que, así se acepte que la paciente fue valorada por un médico especialista, no puede desconocerse que el mismo demoró en prestar la atención y no contaba con elementos de juicio indispensables para decidir.

Además, si el Dr. Petro realmente examinó a la paciente, como se desprende de la declaración de la actora y solamente de ella, se hace también ostensible que falló en consignar sus valoraciones y órdenes en la historia clínica.

De este modo, se reitera que, aunque el material probatorio plantea dos posibilidades contradictorias respecto del hecho de si la paciente recibió atención especializada, lo que no admite duda es que la atención brindada no fue la adecuada puesto que, atendida únicamente por médicos no especialistas o un especialista, en todo caso, no se contó con suficientes elementos de juicio para valorar correctamente su estado y actuó sin el pleno cumplimiento de requisitos elementales, como consignar los resultados en la historia clínica.

Se hace notar, por lo demás, que el principio de indivisibilidad de la confesión, obliga a aceptar tanto que el Dr. Petro atendió a la paciente, como dijo la declarante, como que la consulta ocurrió del modo descrito por ella misma. Así, pues, forzoso es aceptar que en el momento de ser diagnosticada la paciente presentaba signos claros de alarma, como el sangrado vaginal y dolor abdominal suficientes para disponer de atención inmediata, empero el facultativo los ignoró. Esta circunstancia agrava aún más el juicio de reproche al servicio prestado por la entidad demandada, el que subsiste si se prefiere la versión consignada en la historia clínica, según la cual simplemente a la paciente no se le brindó atención especializada.

3.2.1. Discriminación por indebida atención ginecobstétrica. Derechos de los niños.

Habiendo establecido que en el caso sublite se prestó a la paciente una atención significativamente distinta a la que la lex artis y su dignidad exigían, es de notar que lo acontecido tiene implicaciones de discriminación de género. En efecto, a diferencia de otras ramas de la medicina, la ginecología se ocupa directamente de la atención a la mujer, en aspectos específicos, exclusivos y excluyentes de la corporalidad femenina y tiene una relación directa con la protección y la garantía (o el desconocimiento) del desarrollo de una vida sexual plena, esto es, del desarrollo de su condición de mujer. Asimismo, en la medida en que en los casos obstétricos muy comúnmente se ponen en juego la vida y la integridad del niño recién nacido y por nacer, la negligencia en este ámbito debe calificarse más severamente por comprometer, seriamente, entonces los derechos de dos sujetos de especial protección en nuestro orden jurídico.

Por otra parte, la Sala ha podido verificar, con preocupación, una especial tendencia a la indiferencia y negligencia asistencial y del personal médico en el área de la ginecoobstetricia que se manifiesta en muchos casos en la negación sistemática de la atención especializada (o el retardo en la misma), la superficialidad de ésta cuando se presta, la ligereza en la toma de decisiones que pueden comprometer la vida de la madre y el hijo o la integridad de los órganos de la reproducción, etc. Que aquella especialidad de la medicina que trata directamente de la sexualidad femenina justamente se caracterice por sus altos niveles de negligencia es un signo altamente indicativo de la persistencia que el menosprecio milenario de la sexualidad femenina y de la maternidad que esta corporación no puede dejar de denunciar y frente a la cual se han de adoptar medidas, como se verá más adelante.

3.3. Sobre la pérdida de oportunidad y la imputación de la muerte.

Habiendo establecido que la atención prestada a la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez en el Hospital San Diego de Cereté, es preciso determinar si la misma tuvo o no incidencia en la muerte de la criatura esperada. En opinión de la Sala, a pesar de que no sea posible arribar a una certeza plena sobre la supervivencia extrauterina de la hija de los demandantes, sí es posible tener por cierto que sus oportunidades de supervivencia se vieron seriamente afectadas por la inexplicable dilación en el servicio.

La principal razón que impide por seguro que la hija no nacida de los demandantes habría sobrevivido extrauterinamente de haber sido oportunamente atendida, radica en el desconocimiento de la razón exacta de la causa de la muerte de la criatura, al no obrar en el expediente protocolo de necropsia que aclare definitivamente este particular. Sin embargo, dado que no se tiene noticia de que la criatura presentase malformaciones u otras complicaciones de salud durante el resto de la gestación y dado que está comprobado que la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez sufrió un traumatismo seguido de un proceso séptico, circunstancias asociadas estadísticamente con la mortalidad perinatal, se puede suponer que la causa de la muerte de la hija de los demandantes estuvo relacionada con esta causa.

Así mismo, se sabe que la paciente acudió al centro médico poco tiempo después sufrir el traumatismo, cuando todavía no existían signos manifiestos de infección (al menos según la historia clínica), desarrollándose éstos durante el interregno entre el alta médica y su reingreso al hospital. En estos días el proceso infeccioso fue acentuándose gradualmente, con la correlativa disminución de las posibilidades de supervivencia de la hija de los demandantes. Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que la criatura sobrevivió algunas horas a su nacimiento, esto es, al menos cuatro días al inicio de una situación riesgosa (el traumatismo y probable desprendimiento de placenta) cuya peligrosidad fue incrementando con el tiempo. No consta, por otra parte, que la menor haya recibido tratamiento médico (curativo o paliativo) tras su nacimiento.

Ahora bien, cabe suponer que si el organismo de la hija de los demandantes tenía suficiente competencia para afrontar las consecuencias de un proceso séptico gradualmente acentuado durante días, sin recibir tratamiento alguno, sus probabilidades de supervivencia en el momento en que empezó la situación que se reputa riesgosa eran bastante altas. Dado que la paciente probablemente presentaba un desprendimiento placentario en el momento inmediatamente posterior al traumatismo y que dada edad gestacional de la paciente y el hecho de que desde un inicio se había programado una cesárea, lo más probable es que, de haberse diagnosticado oportunamente a la paciente, se hubiera procedido a realizar una cesárea de emergencia, intervención que conlleva un riesgo vital significativamente bajo (si bien no equiparable al parto natural cuando no median condiciones que lo desaconsejen). Así púes, es de suponer que, de haber actuado oportunamente y sin dar lugar al incremento del riesgo, la hija de los demandantes muy probablemente habría sobrevivido.

Tratándose este de un caso de pérdida de oportunidad, en la que la diferencia de las perspectivas de supervivencia extrauterina al momento del primer ingreso al Hospital y las que corresponden al reingreso varían tan sustancialmente, se ha de entender que la indemnización por perjuicios morales correspondiente a este daño, en sí mismo diferenciable de la causación directa de la muerte, se equipara a la que correspondería en este último supuesto.

3.4. Consideraciones sobre las excepciones propuestas por la parte demandada.

3.4.1. Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

A pesar de que ya se ha dicho ad supra suficiente sobre las pruebas de la calidad de compañeros estables de los señores Alejandro Saibis Jiménez y Levis Cecilia Rivero Velásquez y aún a riesgo de incurrir en repeticiones innecesarias, la Sala considera pertinente aclarar que los argumentos expuestos por la parte pasiva sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva del señor Alejandro Saibis Jiménez carecen por completo de soporte en el material probatorio aportado. Por el contrario, como se mencionó, tanto los testimonios como los datos consignados en la historia clínica elaborada por la misma entidad demandada no dan lugar a dudas que, para la fecha de los hechos, los demandantes actuaban y eran percibidos como pareja en su medio social.

3.4.2. Sobre la excepción de “culpa exclusiva de la víctima”.

En lo relativo a la excepción la Sala se permite aclarar, en primera instancia, que, dado que el objeto de la acción de reparación directa no es el enjuiciamiento de la legitimidad de las conductas de la parte actora, no es procedente siquiera entrar a examinar la cuestión de la culpa en la que presuntamente habría incurrido la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez; aunque sí la incidencia de su participación en la producción del hecho dañoso, desde la perspectiva de la mera causalidad, bajo la categoría de “hecho de la víctima”.

En segundo lugar, por lo dicho anteriormente sobre la inadecuada atención y su relación con la muerte del menor, obliga a concluir que, aun cuando, en gracia de discusión, se llegase a aceptar la supuesta “culpa de la víctima” ésta no podría ser considerada exclusiva y, por ende, carecería de una virtud exoneradora total en favor de la parte demandada.

Por otra parte, la Sala estima que las razones dadas por el a quo para declarar probado el hecho de la víctima no son concluyentes. En efecto, en primera instancia se ha considerado que la circunstancia de que la actora se encontrara en un vehículo de transporte público con el médico Arrieta, es prueba fehaciente de que incumplió las instrucciones relativas al reposo absoluto, que ella misma aceptó haber recibido antes de ser dada de alta. Al respecto además de advertir primeramente, que se valora el testimonio rendido por la actora, precisamente, porque en este punto también la desfavorece, cabe recordar que la prescripción de reposo se sustenta también en una anotación de la historia clínica, cuya veracidad cuestionó el médico que aparece mencionado y que, aceptando, en gracia de discusión, que se prescribió, de ello no se sigue el deber de la paciente de mantener una quietud que le impedía movilizarse y hacerlo en transporte público; pues de haber sido ello así, no habrían sido dada de alta sino dispuesto una hospitalización domiciliaria con el consiguiente traslado en ambulancia a su residencia.

Efectivamente, como se conoce en su declaración ante el a quo, la actora sostuvo:

A la una de la mañana llegó el Dr. Petro y me dijo que lo habían mandado a llamar porque había que hacerme una cesárea, entonces le expliqué que me había caído y que estaba sangrando, él me preguntó si sangraba mucho y le comenté que sí y me preguntó, pero tienes dolor y le contesto que no, porque mis partos eran inducidos, me dice que él no iba a hacer la cesárea esa noche porque no ve la necesidad. Me hizo muchas recomendaciones: primero que por ningún motivo me parara a nada, si tenía que ir al baño que me trajera un pato pero no me parara, me dieron medicinas, no sé cuáles, dormí toda la noche pero no me hicieron la cesárea. Al día siguiente como a las 9 de la mañana el Dr. Petro me preguntó que cómo estaba y yo le dije que continuaba sangrando y que ya estaba desesperada porque tenía un dolor en el abdomen, dice que no me va a hacer la cesárea, que esperara al día 9 que llegara mi ginecólogo, me da una orden de consulta externa para el Dr. Daniel en su consultorio y en el hospital y no lo encontré porque no estaba en la ciudad. 

Visto lo anterior se concluye que si bien la señora Levis Cecilia Rivero recibió una recomendación de reposo, concretamente, de no hacer ningún movimiento ni abandonar la cama, la misma no se mantuvo, tanto así que fue dada de alta y recibió recomendación de acudir siete días después a consulta externa. Instrucciones de reposo que debieron ser percibidas por la paciente como referidas específicamente a la conducta obligada durante la noche del 2 de marzo y de ninguna manera como relativas su seguimiento después de ser dada de alta. En efecto, si bien el médico prohíbe cualquier movimiento en su valoración inicial (1:00 am), lo cierto es que ocho horas después la vuelve a interrogar, le informa que no se practicará la cesárea y le ordena presentarse a consulta externa. Además, según la historia clínica, para entonces ya había sido dada de alta, lo que habría acontecido a las 8 pm, del mismo día de ingreso. Sin que conste ninguna advertencia sobre las precauciones que debe adoptar para evitar futuras complicaciones. Más aún, resulta evidente que las recomendaciones formuladas a la 1:00 am se revocaron tácitamente, pues dar de alta, sin restricciones, implícitamente autoriza a la paciente a dejar la cama, levantarse, salir del hospital, presumiblemente en un vehículo automotor o, en el peor de los casos, caminando. En otras palabras, al dar de alta, el médico tratante tuvo que haber previsto que la paciente se levantaría de la cama y realizaría la conducta que el a quo consideró negligente.

Ahora bien, cabe afirmar que si la gravedad de la paciente era tal, que el uso de vehículos automotores representaba un peligro, no tenía por qué haber sido dada de alta, cuando es obvio que, tanto para salir del hospital y llegar a su residencia, como para llegar nuevamente al mismo el día de la cesárea programada era absolutamente necesario el desplazamiento. Mas aún, en el expediente está comprobado que la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez vivía en una finca, en zona semirural, con tramos destapados y balastados(3), circunstancia que obligaba al médico tratante, si sospechaba que el uso de vehículos automotores comportaba un peligro especial para la paciente, a indagar sobre los medios de desplazamiento e incluso sobre el estado de las vías, como factor del incremento del riesgo en este supuesto. Por lo tanto, si era imprudente que la paciente utilizara el transporte automotor, la medida médica adecuada tenía que haber sido mantenerla hospitalizada o, al menos, garantizarle una forma de transporte especialmente acondicionada para atender eventuales emergencias, como lo es una ambulancia.

Ahora bien, en la evaluación de la responsabilidad derivada de la prestación de servicios médicos asistenciales, es necesario atenerse al principio de que al paciente le asiste la confianza legítima frente a la pericia y competencia del médico tratante. Por lo tanto, si el especialista valoró a la paciente y después de ello la autorizó salir del hospital, presumiblemente en automóvil, ésta no tenía por qué asumir la peligrosidad de la misma conducta que se le autorizaba (y que, de hecho se le ordenaba repetir, pues el regreso a algún centro de salud para la realización de la cesárea no era opcional). Téngase en cuenta, por lo demás, que después de que la actora recibió instrucciones de no levantarse de la cama, recibió medicinas y horas después fue atendida de nuevo por el mismo médico que la había visto, por lo que la señora Rivero Velásquez tenía razones para inferir que, a causa de las medicinas y el reposo, su estado era menos riesgoso que al principio y que, justamente, tal mejoría justificaba la autorización de dejar el hospital.

Por otra parte, se destaca que al margen de que las anotaciones de la historia clínica sobre la necesidad de reposo no revistan mayor credibilidad, hay que destacar que estas son en extremo inespecíficas. Y es que, ante la autorización tácita de usar medios de transporte motorizados que implica el alta hospitalaria, las indicaciones de reposo que se dieran tenían que ser sumamente precisas sobre la inconveniencia del desplazamiento para fines distintos a la salida del centro clínico o el reingreso al mismo. Ninguna de estas observaciones o recomendaciones se impartieron.

Tampoco se pueden considerar válidas las razones en que la parte pasiva estructura su defensa. Esto es, la supuesta negligencia de la actora por no realizarse la prueba diagnóstica, pues, estando la señora bajo el cuidado de la institución, ésta debió haber proporcionado todos los medios para conocer su estado, dada la alta probabilidad de desprendimiento de la placenta, derivada del trauma por caída. Se trataba entonces del imperativo de realizar el examen y por ende de contar con la tecnología y el personal necesarios para ello. No hay razón para eximir a la entidad del deber de realizar esa prueba mientras la señora Rivero estuvo bajo su cuidado y mucho menos cuando de su resultado dependía el correcto diagnóstico y la adopción de una ruta de acción. Además, en el supuesto, poco probable, de que por un impedimento mayor los médicos tratantes no estuvieran en capacidad de realizar la prueba y hubieran tenido que recomendar a la paciente la práctica de la misma en otra entidad, tal circunstancia tenía que haber quedado registrada, cosa que no ocurrió en el caso concreto.

4. Liquidación de perjuicios.

4.1. Perjuicios morales.

Probado, como está, que la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez no fue tratada de modo coherente con la dignidad humana ni con los estándares de la lex artis y que de dicha conducta (que ya de por sí lesiva) se siguió la disminución significativa de las oportunidades de supervivencia extrauterina de su hija así como una serie de complicaciones de la salud, se arriba fácilmente a la conclusión de que su sufrimiento fue superlativo. Análogas consideraciones se pueden hacer respecto de su compañero permanente y padre de la criatura, Alejandro Saibis Jiménez, quien también tuvo que resignarse a la práctica anulación de las posibilidades de supervivencia de su hija recién nacida y contemplar impotente los padecimientos físicos y morales de su pareja. Por esta razón en el caso concreto a la Sala reconocerá al señor Saibis Jiménez la suma de 120 smmlv y a la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez, la suma equivalente a 320 smlmv, en razón de que, además de la pérdida de su hijo, tuvieron que padecer las complicaciones médicas de la madre después de la cesárea de emergencia que se habrían podido evitar. De mayor grado para la madre, por razón de que además afrontó padecimiento físico.

4.2. Perjuicios materiales.

La parte demandante ha pedido el reconocimiento de los perjuicios materiales causados, discriminados y estimados de la siguiente manera:

“Daño emergente (...) 

a) Los gastos ocasionados por la consabida hospitalización de la señora Levis Cecilia Rivero ante la negligencia e impericia con que fue atendida antes del parto, tal como consta en su historia clínica generaron unos egresos en drogas, trabajadores extras que atendieran las labores agropecuarias de su pequeña parcela, mientras su esposo Saibis Jiménez atendía a la paciente en el hospital, la incapacidad de la paciente, que originó también la contratación de personal para suplir sus labores, los gastos en transporte extra, para un valor total de daño emergente por cincuenta millones de pesos. 

b) Sobrecosto financiero:

Naturalmente que (...) para cubrir el exceso de gastos ocasionados con el incumplimiento contractual, tuvo necesidad de acudir al mercado extrabancario, a fin de cubrir los sobrecostos imprevistos, debido a la actuación antijurídica de la entidad contratante (sic), los cuales se estipulan en un 10% del valor anteriormente relacionado, equivalente a la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) 

(...) 

Lucro cesante: 

Consistente en la ganancia o provecho que dejó de reportarse como consecuencia de la incapacidad de la señora Levis Cecilia Rivero, que obviamente al haber tenido que permanecer incapacitada por cinco meses, aunque hubiese sido dada de alta en la institución conllevó a que su esposo abandonara sus funciones agropecuarias para dedicarse, de contera, a la atención personal de su pareja incapacitada, lo cual le originó pérdidas en su trabajo habitual, (...) avaluada en la suma de veinticinco millones de pesos m/c (25’000.000) 

Igualmente tomando el mismo valor promedio de pérdida mensual de $ 5.000.000 al cual le incrementamos el IPC equivalente al 10%, nos arroja una pérdida total por este concepto de 15’000.000. 

Al margen de que así discriminada, la cuantía de los perjuicios materiales no coincide con los cien millones de pesos enunciados en las pretensiones, la Sala deja constancia de que en el expediente no hay prueba alguna de que los demandantes hubieran asumido los gastos médicos ni de que éstos ascendieran a las sumas antedichas. Tampoco existe prueba de que la demandante permaneciera incapacitada por el período de cinco meses, ni de que su compañero permanente tuviera que abandonar la explotación económica de su parcela para asistirla, ni mucho menos que a causa de ello dejara de percibir la suma de veinticinco millones de pesos. Más aún, la sala hace notar que el perito avaluador Alfredo Pardo Ureche estimó en $ 7.703.616 el valor de los frutos naturales que producía el predio que explotaban los demandantes durante el periodo supuestamente dejado de trabajar, cifra notablemente inferior a la reclamada.

Sí existe prueba, sin embargo, de que la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez estuvo hospitalizada durante los diez días subsiguientes a la cesárea. No conociendo a ciencia cierta la ocupación de la señora Rivero Velásquez habría que inferir que, estando en edad productiva, tiene derecho al reconocimiento del lucro cesante cuando menos por el salario mínimo. Sin embargo, también es cierto que, en caso de que el menor hubiera sobrevivido y de no haberse desarrollado la infección que la aquejó, los referidos días de hospitalización probablemente habrían sido dedicados al cuidado del menor y no a una actividad directamente productiva. Esta asunción se hace con base en la previsión legal de un período de licencia de maternidad.

4.3. Medidas de reparación integral.

En el caso concreto la Sala observa que la inexcusable negligencia de la entidad demandada en la atención en ginecobstetricia evidencia la persistencia de una actitud de menosprecio a los problemas propios de la sexualidad femenina y la maternidad, y por lo tanto, de un modelo patriarcal, y de discriminación por causa del género.

A este respecto reiterará la Sala su jurisprudencia sobre la pertinencia de la aplicación de medidas de reparación integral en los casos en los que se evidencia la discriminación de la mujer por su condición de mujer y, por lo tanto, condenará al hospital demandado a suministrar a la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez la atención médica, psicológica y psiquiátrica que requiera, a causa de la muerte de su hijo recién nacido, ii) a ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre los mismos así lo consientan y iii) a establecer un link en su página web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la deficiencia en la atención en ginecoobstetricia ha demostrado ser un problema recurrente el Hospital San Diego de Cereté implementará políticas tendientes a crear conciencia sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños recién nacidos, para el efecto se exhortará a la entidad territorial a cuyo cuidado está adscrito el funcionamiento del Hospital San Diego de Cereté (en este caso el municipio de Cereté) y se dispondrá el envío de la copia de esta providencia a Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura – Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, con el fin de que ésta última la tenga en cuenta para el diseño de la políticas en relación con la prestación del servicio de salud y la incluya en el observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género.

III. RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

2. DECLARAR al Hospital San Diego de Cereté administrativamente responsable por los daños morales causados a los demandantes como consecuencia de la pérdida de oportunidad de supervivencia extrauterina de su hija y las complicaciones médicas sufridas por la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez.

3. CONDENAR al Hospital San Diego de Cereté a pagar a la señora Levis Cecilia Rivero Velásquez la suma equivalente a ciento treinta (130) salarios mínimos legales mensuales vigentes y al señor Alejandro Saibis Jiménez la suma equivalente a ciento veinte (120) smlmv, a título de daños morales.

4. ORDENAR al Hospital San Diego de Cereté a ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre los mismos así lo consientan.

5. ORDENAR al Hospital San Diego de Cereté establecer un link en su página web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia.

6. EXHORTAR al municipio de Cereté para que adopte medidas adopción de políticas tendientes a crear conciencia en las instituciones de salud a él adscritos sobre la necesidad de garantizar la atención médica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los niños recién nacidos.

7. Remitir copia de esta sentencia a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura – Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, con el fin de que esta última la tenga en cuenta para el diseño de la políticas en relación con la prestación del servicio de salud y la incluya en el observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género.

8. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Subsección—Stella Conto Díaz Del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

1 Para el momento de presentación (2000) la cuantía establecida para que un proceso tuviera vocación de segunda instancia era de $ 23.390.000 y la pretensión mayor consignada en la demanda, correspondiente a la indemnización de los perjuicios materiales sufrida por los demandantes (en conjunto), se eleva a $ 100.000.000, de donde se colige que el monto reclamado por este concepto para cada uno es de $ 50.000.000

2 La Sala destaca que el número 2 que aparece en la historia clínica parece haber sido escrito sobre un número “1” original, lo que denota manipulación de la información contenida en el documento.

3 En el dictamen rendido por el perito avaluador sobre el predio de residencia de los actores consta la siguiente información: Dirección: Caserío de Calderón, jurisdicción de Cereté (...) Clase de inmueble: finca; vías de acceso: destapadas, balastadas y asfaltadas; servicio de transporte, vehicular (...). Se trata de un predio urbano, constante en un lote de regular extensión, denominado La Migaja, éste predio formó parte de uno de mayor extensión que se denomina Rusia o Michoacán, éste predio está ubicado en jurisdicción de Cereté, contiguo al barrio Chuchurubí. (...) El predio actualmente, y siempre según su dueño se explota en agricultura, ya sea de forma natural o civil, en su mayor parte está sembrado de cultivo de algodón, habiendo vestigios de cultivos de maíz en el primer semestre o temporada de cosechas; cercado por sus colindancias con tres y cuatro hiladas de alambre de púas, sobre postes nacederos, existen cultivos de yuca y plátano, en aproximadamente dos tareas, también se encuentran frutales tales como mango, naranjas, limón, etc.”.