Sentencia 2000-02363 de marzo 6 de 2013

 

Sentencia 2000-02363 de marzo 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 250002326000200000236301 (26694)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Carmen Shirley Montilla de Montilla

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: reparación directa

Bogotá, D.C., marzo seis de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 4 de diciembre de 2003, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño y constituye junto con la imputación a la administración, los dos elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad.

Sea lo primero indicar que al verificarse que se trata de apelante único, se dará aplicación al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil según el cual, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella.

2.1. Caso concreto.

Por solicitud de Ecopetrol, la Dirección de Policía Judicial - Grupo Antiatracos de la Policía Nacional, dispuso adelantar diligencias para investigar lo relacionado con el hurto de combustibles en la zona del Magdalena Medio, para lo cual se comisionó al capitán William Javier Montilla Montilla y al agente Ancízar Sánchez Casas quienes debían desplazarse a la región comprendida entre los municipios de La Dorada (Caldas) y Barrancabermeja (Santander) y cumplir la misión encubierta.

En desarrollo de la misión encomendada, los policiales fueron secuestrados y asesinados por miembros de grupos de autodefensa que operaban en la región, razón por la que afirman los demandantes que hubo una falla del servicio consistente en enviar a cumplir ese objetivo a una persona que podía ser identificada por haber realizado otras misiones encubiertas en la región.

2.2. Las pruebas.

Al plenario se arrimaron las siguientes pruebas:

1. Copia autenticada del registro civil de nacimiento y de defunción del señor William Javier Montilla Montilla, donde se anota como fecha de la muerte el 16 de octubre de 1998 en el municipio Puerto Salgar (fls. 1 y 2, cdno. pruebas).

2. Fotocopia de los artículos periodísticos sobre el desmantelamiento de la organización de El Águila, y el asesinato de los agentes de la Policía, donde se relata que los investigadores comisionados fueron descubiertos y secuestrados por el grupo paramilitar sometidos a torturas y luego asesinados (fls. 5 y 6, cdno. pruebas).

3. Copia simple del oficio 1058 del 28 de octubre de 1998, suscrito por el TC Eduardo Bolaños Montoya dirigido al director de la Policía Judicial, donde se hace el informe de comisión manifestando que los agentes salieron el 21 de octubre de 1998 con destino a la zona del Magdalena Medio, con la fachada de inspectores de tierras de Ecopetrol, debidamente carnetizados e instruidos en la materia por espacio de 15 días; pero en vista de que el día 23 no se habían reportado, se envió a otro agente del Grupo Contra Atracos para que iniciara las averiguaciones pertinentes, quien informó que el 16 de octubre de 1998, en la vía Puerto Libre-Medellín, se encontraron dos cadáveres atados con signos de tortura y se estableció que se trataba de los funcionarios desaparecidos, desconociéndose hasta el momento los móviles y autores de sus muertes (fls. 3 y 4, cdno. pruebas).

4. Oficio 686 del 3 de julio de 2001, mediante el cual el jefe del Grupo Contra Atracos de la Policía Judicial remite documentos relacionados con la muerte del señor William Montilla Montilla y Ancízar Sánchez Casas, a saber, orden de trabajo 98000037 del 10 de junio de 1998, conferida a los agentes para realizar labores investigativas desde esta ciudad a fin de identificar los presuntos autores de robo de combustible (fls. 10 a 12, cdno. pruebas).

5. Copia del oficio 40100 R235 del 22 de abril de 1998, donde el jefe de coordinación de protección industrial VIT, de Ecopetrol remite informe sobre la actividad delincuencial en el área del Magdalena Medio (robo de combustible), en la región comprendida entre la Estación Galán de Barrancabermeja hasta Puerto Salgar y solicita apoyo a las autoridades para su control y captura (fls. 14 a 24, cdno. pruebas).

6. Copia del oficio 1107 Adepe Gruca de noviembre 13 de 1998, mediante el cual el mayor William Alberto Montezuma López, jefe del Grupo Contra Atracos de la Dijin, informa al jefe de la unidad investigativa de Policía Judicial de La Dorada, lo ocurrido con los agentes Montilla Montilla y Sánchez Casas, manifestando que:

“... el día de hoy en horas de la madrugada fue enviado el señor Mayor William Alberto Montezuma López, jefe del Grupo Contra Atracos, pudiéndose establecer que desde el día viernes habían salido de la residencia de la esposa del agente Sánchez Casas, ubicada en el municipio de la Dorada (Caldas); que allí se encontraban todas sus pertenencias como elementos propios del servicio y hasta la fecha no habían regresado, ni llamado.

Posteriormente se tuvo conocimiento que el día lunes 261098 en la vía Puerto Libre - Medellín, aproximadamente a 500 metros de la finca La Quimbaya, al lado derecho del, broche de, entrada a esta, al parecer, personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) de La Dorada (Caldas), había efectuado inspección de dos cadáveres atados y con signos de torturas, los cuales al no poder establecerse su identidad fueron sepultados como N.N. en una fosa común en el cementerio de este mismo municipio, estableciéndose más tarde que se trataba de las dos unidades hasta el momento desaparecidas y desconociéndose hasta el momento los móviles y autores de sus muertes” (fls. 22 a 24, cdno. pruebas).

7. Extracto de la hoja de vida del agente Ancízar Antonio Sánchez Casas, donde figura que sirvió en la Policía por 16 años 8 meses y 24 días y como causa de retiro se anotó, muerte en servicio activo (fl. 37, cdno. pruebas).

8. Copia de la denuncia presentada por el agente William Alberto Montezuma López en la Unidad Judicial de Patrimonio Económico, el 3 de noviembre de 1998, en la cual narró los hechos tal como fueron registrados en el informe rendido a sus superiores y que aparece arriba transcrito (fls. 45 a 48, cdno. pruebas).

9. Copia de las diligencias adelantadas por el TC. Eduardo Bolaños Montoya, tendientes a esclarecer los homicidios del capitán William Javier Montilla Montilla y el agente Ancízar Antonio Sánchez Casas, en el cual se consignó que los agentes se trasladaron al municipio de La Dorada en actividades investigativas encubiertas para capturar delincuentes del denominado Cartel de la Gasolina y se alojaron en la residencia de los padres de la esposa del agente Sánchez Casas, quienes residen en esa localidad, allí se entrevistaron con el mayor William Alberto Montezuma López quien le dio algunas instrucciones y pernoctaron allí, el viernes salieron a hacer un recorrido por el poliducto, movilizándose, en un vehículo suministrado por Ecopetrol, junto con credenciales ficticias que los identificarían como inspectores de tierras, como fachada que pretendía facilitar las labores investigativas. Sobre la manera en que ocurrieron los homicidios se consignó:

“Por informaciones de inteligencia obtenidas en los municipios de Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Boyacá, Dorada, Puerto Triunfo y Puerto Berrío, las cuales fueron debidamente procesadas, se logró establecer que los homicidios del CT. William Javier Montilla Montilla y Ag. Ancízar Antonio Sánchez Casas ocurrieron de la siguiente manera:

El día jueves 221098 los investigadores se movilizaron por la carretera troncal del Magdalena Medio y Autopista a Medellín, entre los municipios de La Dorada (Caldas) y Doradal (Antioquía), siendo detectados por integrantes de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio. Al día siguiente en horas de la tarde cuando se encontraban a la altura del corregimiento de Rionegrito (Puerto Salgar), en el restaurante de razón social San Jorge, procedieron a interceptarlos y secuestrarlos.

Los sujetos que los secuestraron se encontraban al mando de Albeiro Serna Cadavid, alias Palizada, Trisilina y/o Carlos Sánchez jefe de un grupo de las Autodefensas de Puerto Boyacá, responsable del sitio denominado el 25, ubicado al lado del Río Negro, en el límite de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Albeiro Serna Cadavid, pertenece a las Autodefensas que lidera Víctor Rafael Triana, alias Votalon, quien tiene influencia principalmente en los departamentos de Boyacá y Santander.

El Ag. Sánchez Casas se había infiltrado en el año de 1996, en el denominado “Cartel de la Gasolina”, labor que permitió establecer el vínculo con esta actividad delincuencial por parte de las Autodefensas de Cundinamarca dirigidas por Luis Eduardo Cifuentes Galindo alias Águila y la captura de varios de sus colaboradores. Al reconocer al Ag. Sánchez Casas, alias Palizada informó al sujeto Cifuentes Galindo, quien había impartido una consigna para que fuera retenido en caso de ser detectado en la región.

La historia ficticia que utilizó el Ag. Sánchez Casas para infiltrarse en esta organización fue simular el retiro de la institución por mala conducta. Los resultados arrojados por su labor permitieron el desmantelamiento y captura de varios delincuentes, al término de la cual se evidenció que el investigador aun pertenecía a la Policía Nacional y se encontraba adscrito a la Dijin. Esta situación fue considerada por alias Águila como “traición”, sentenciando a muerte al uniformado, acto que concretó con sevicia cuando fueron entregados el oficial y el agente por alias Palizada.

(...).

Con relación al caso las Autodefensas Unidas de Colombia se han pronunciado a través de los medios de comunicación tratando de acomodar esta situación para su beneficio. En el primer comunicado, Carlos Castaño máximo líder de la organización paramilitar manifiesta que varios desertores habían sido entregados a las autoridades como responsables del doble homicidio. Posteriormente en otro mensaje el mismo sujeto responsabiliza a Víctor Rafael Triana alias Votalon, por permitir que hombres bajo su mando hayan cometido el hecho, expulsándolo de la organización y presionándolo para que dé una explicación a la opinión pública al respecto” (fls. 49 a 60, cdno. pruebas).

10. Informe 0217 Dijin-Giipol, contestación de la orden de trabajo 980000038, rendido al jefe del área de Delitos contra la Vida, Grupo de Policías Desaparecidos y Homicidios de Policías, en términos similares al informe relacionado en el punto anterior (fls. 62 a 69, cdno. pruebas).

11. Comunicación suscrita por el brigadier general Ismael Trujillo Polanco, director de la Policía Judicial, remitido a la representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, mediante el cual pone en .su conocimiento lo ocurrido con los agentes de la policía que fueron asesinados por un grupo de autodefensas. Se resalta que los funcionarios fueron torturados, maltratados y asesinados y se señala como autor a un grupo de autodefensas del Magdalena Medio (fls. 70 a 82, cdno. pruebas).

12. Copia del informativo prestacional por muerte número 020/98; del capitán William Javier Montilla Montilla, donde se declara que su muerte, según lo contemplado en el Decreto 1212 del 8 de junio de 1990, en su artículo 165, ocurrió en actos especiales del servicio (fls. 128 y 129, cdno. pruebas).

13. Oficio 7190 Segen Gruarg, mayo 27 de 2003 suscrito por el coordinador del Grupo Archivo General en el cual informa que el capitán William Javier Montilia Montilla laboraban en la Dirección de Inteligencia en Bogotá, pero según el informe 1058 de octubre 28 de 1998, expedido por la Dirección de Policía Judicial, área de delitos contra el patrimonio económico, fue enviado en comisión a la zona de la estación Galán en Barrancabermeja hasta Puedo Salgar, según orden de trabajo 98000037 (fl. 137, cdno. pruebas).

Antes de abordar el análisis del caso, es necesario precisar que la jurisprudencia de la corporación ha considerado que las informaciones difundidas en medios de comunicación no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos sino, simplemente de la existencia de la noticia o de la información de manera que en alguna ocasiones puede apreciarse como prueba, pero no es suficiente para acreditar la veracidad de su contenido(2). Su valoración dependerá de la conexidad y coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente, pero no puede constituir el único sustento de la decisión del juez(3).

Así lo dijo la subsección en providencia del 7 de julio de 2011, radicación 20835:

“Se debe precisar que en relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos que fueron allegados corno prueba, y que obran en fotocopia simple a folio 46 del legajo principal y 95 y 96 del cuaderno de pruebas se hace necesario reiterar que las noticias difundidas en medios escritos, verbales o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados”.

En este caso, a pesar de que el contenido de las notas periodísticas coinciden con los informes investigativos de la Policía, ellos no aportan elementos nuevos que contribuyan a esclarecer los hechos, de manera que no resultan relevantes para la adopción de la decisión.

Ahora bien, en cuanto a los documentos allegados en copia simple, debe aclararse que los fueron remitidos al proceso por la entidad demandada por obrar en sus archivos y además fueron utilizados por esta para respaldar sus argumentos defensivos y han obrado en el proceso desde el inicio, sin que ninguna de las partes efectúe algún reproche sobre ellos, de modo que por lealtad procesal se les otorgará mérito probatorio y se valorará de manera conjunta con las otras pruebas.

2.3. El daño.

El daño, como primer elemento a establecer en un proceso de responsabilidad, en el sub judice consiste en la muerte del capitán William Javier Montilla Montilla(sic), lo cual se acreditó en el plenario mediante la copia del registro civil de defunción.

2.4. La imputación.

Ahora bien, acreditado el daño, debe abordarse el análisis del otro elemento de la responsabilidad, es decir, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si la muerte causada, es atribuible a la entidad demandada.

En criterio de la parte actora, la muerte del capitán Montilla Montilla(sic), se produjo como consecuencia de una falla en el servicio, porque al implementar el operativo policial no se tuvo en cuenta que su compañero de misión era conocido en la región, ya que estaba casado con una persona del lugar y además, en otra oportunidad anterior había realizado operaciones encubiertas en esa misma zona y al parecer se conoció su verdadera ocupación.

Analizado el material probatorio allegado, se puede establecer que el capitán Montilla Montilla quien se encontraba adscrito a la Dirección de Inteligencia en Bogotá, fue asesinado mientras se encontraba adelantando una operación encubierta, tendiente a obtener información sobre los autores de conductas ilícitas relacionadas con el robo de combustibles en la zona comprendida entre la Estación Galán de Barrancabermeja y Puerto Salgar, en el Magdalena Medio, así lo corroboran las certificaciones expedidas sobre la orden de trabajo 98000037.

En efecto, en los diferentes informes rendidos al finalizar las labores investigativas adelantadas, se aseguró que de acuerdo con los hallazgos de diferentes objetos pertenecientes a las víctimas y de algunas partes del vehículo en que se desplazaban los agentes cuando salieron a cumplir la misión, es posible concluir que los agentes fueron secuestrados por miembros de un grupo de autodefensas que operaba en la región y después de haber sido torturados fueron asesinados, siendo sus cadáveres abandonados en un predio cercano, tesis que como ya se afirmó, en los informes está respaldada probatoriamente con los diferentes hallazgos de los agentes investigadores, de objetos y prendas de vestir pertenecientes a las víctimas, circunstancias y pruebas que son reseñadas detalladamente y relacionadas en el documento.

En relación con los móviles del homicidio se observa que en los informes se plantea como hipótesis que la identidad de los policiales fue desvelada, porque dos años antes, el agente Sánchez había realizado operaciones encubiertas que ayudaron a desarticular el cartel de la gasolina en el departamento de Cundinamarca y en esa época se conoció su vinculación con la fuerza policial, de manera que estaba “quemado”, pero esta información al parecer se basa en comentarios y entrevistas informales realizadas por la comisión investigativa en diligencias previas, que solo se mencionan, sin transcribirse su contenido, razones por las que no puede atribuírseles valor probatorio similar al que la normatividad procesal asigna a un testimonio rendido en un proceso y por tanto no arrojan certeza sobre su contenido.

En criterio de la Sala, sí puede imputarse responsabilidad a la demandada, por cuanto al escoger a las personas que debían adelantar el operativo, se desconoció el principio de planeación, en la medida en que la entidad no tuvo en cuenta que al menos uno de ellos era conocido en el área y podía ser identificado como agente de la Policía ya que estaba casado con una persona oriunda de esa región, y sus padres vivían en la zona, tal como se acreditó en el sub judice a través de varios documentos en los que se reseña que al llegar a La Dorada, los agentes se alojaron la primera noche en casa de los suegros de uno de ellos, circunstancia que incrementó el riesgo que él libremente asumió al cumplir la orden superior.

Al respecto en anterior oportunidad dijo la Sala:

“Por consiguiente, la diligencia judicial —máxime si se contaba con el apoyo de unidades de Bogotá— debió ceñirse a los lineamientos del principio de planeación, para lo cual era preciso que se adoptaran las medidas preventivas, las instrucciones adecuadas, se evaluaran los posibles riesgos, así como se efectuara la debida inteligencia para determinar más o menos el número de personas que integraban el bloque paramilitar que estaba bajo el mando del mencionado Ramón Isaza.

En esa línea de pensamiento, por más inminente que sea el operativo militar o judicial dado el objetivo que se pretende alcanzar, lo cierto es que la administración pública no puede generar riesgos jurídicamente desaprobados que desconozcan el principio de confianza(4), y que, por lo anterior, la sitúen en posición de garante respecto de sus agentes estatales, inclusive, cuando respecto de ellos media una relación legal y reglamentaria por medio de la cual han asumido de manera voluntaria riesgos propios del cargo.

(...).

Entonces, el daño es objetivamente imputable al DAS porque con su actuación incrementó de manera injustificada el riesgo que voluntariamente asumieron los agentes y funcionarios de esa institución, lo que desencadenó la concreción de un riesgo jurídicamente desaprobado, circunstancia por la que la institución estaba en posición de garante respecto a la vida e integridad de sus servidores.

Ahora bien, que se haya materializado un riesgo jurídicamente desaprobado o censurable, aunado al hecho de que el Estado se encontraba en posición de garante institucional frente a sus servidores públicos debido a la realización de un operativo que adolecía de instrucciones, prevenciones y estrategias frente a una probable confrontación armada, hacen que el daño sea atribuible en el plano fáctico al DAS.

Sin embargo, al margen de lo anterior, que resulta incuestionable desde el criterio dogmático, se tiene además que el desconocimiento del principio de planeación configuró una grave violación a la obligación de seguridad que el Estado debe garantizar, inclusive, a sus miembros de fuerzas armadas o de seguridad. No quiere significar lo anterior que cualquier daño sufrido por un agente de seguridad o inteligencia, así como los miembros de la fuerza pública sea automáticamente imputable a la administración pública; a contrario sensu, la regla general indica que los servidores públicos que asumen de manera voluntaria un riesgo en virtud de las funciones del cargo no pueden deprecar la declaratoria de responsabilidad, puesto que la lesión tuvo su génesis en esa circunstancia riesgosa que se arrogan al posesionarse en el empleo público.

Lo anterior permite señalar, a modo de conclusión, que en determinadas circunstancias el Estado puede ser declarado responsable, bajo dos títulos jurídicos de imputación, siempre que se constaten las siguientes circunstancias: i) que exista una falla del servicio probada que haya sido definitiva en la materialización de la afectación negativa, o ii) que se haya incrementado significativamente el riesgo que de forma voluntaria acogen los funcionarios públicos, en cuyo caso el mismo pasa a ostentar la condición de excepcional y, por lo tanto, los daños que se deriven de él serán en principio indemnizables salvo que se pruebe la configuración de una causa extraña.

En esa línea de pensamiento, y siguiendo el consecuencial orden lógico de lo expuesto, se precisa que son dos los títulos de imputación jurídica aplicables a escenarios en los que los agentes públicos de seguridad o miembros de las fuerzas armadas sufren daños que pueden comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. El primero, consistente en una clara inobservancia de la carga obligacional de la administración pública que se deriva del incumplimiento total, parcial o tardío de un deber que le es propio. El segundo, por el contrario, sin tener que caer en la falla del servicio de manera indefectible, se refiere al incremento —no por desatención de una obligación sino por diferentes razones relacionadas con el servicio de seguridad y protección que se presta— del riesgo al que accedieron con la vinculación legal y reglamentaria, es decir, el riesgo al que normalmente se encuentran sometidos.

En otros términos, el incremento del riesgo permitido —que pertenece a la imputatio facti— solo será imputable en términos de la atribución jurídica (imputatio iure) cuando se acredite que esa circunstancia obedeció a una precisa circunstancia desligada del incumplimiento del contenido o la carga obligacional de la entidad. Escenario distinto ocurrirá cuando se constate la existencia de una falla del servicio, porque en estos eventos no es el riesgo o su incremento lo que desencadena la atribución jurídica o normativa del daño, sino el desconocimiento de una obligación en concreto”(5).

De igual modo, acerca de la posibilidad de imputar responsabilidad en estos casos, dijo la Sala:

“Cabe agregar que la responsabilidad es imputable al Ejército Nacional, por la muerte del teniente Carrillo y el sargento Patiño, porque el incumplimiento de los deberes positivos se produce asumiendo que el Estado en situaciones concretas como la presente, asume una posición de garante institucional. Así mismo, al Estado por la naturaleza del ataque perpetrado por el grupo armado, por las condiciones gel conflicto armado, por las características y situación de orden público de la zona donde ocurrieron los hechos le es imputable la creación de la situación objetiva de riesgo, ya que como se dijo atrás, estaba llamado el Estado a evitar los riesgos, debilidades y fallas que se cometieron en el esquema de seguridad del personal que se encontraba adelantando las obras, que permitió el atentado con el resultado funesto y desafortunado para las familias de los demandantes”(6).

De esta manera al acreditarse en el proceso que la entidad impartió la orden al capitán Montilla Montilla de cumplir una misión encubierta, con el fin de adelantar labores de inteligencia contra el denominado cartel de la gasolina y para desarrollar el operativo escogió como su acompañante a un agente que estaba casado con una persona de la región, que además tenía familiares con domicilio en esa zona y por tanto se conocía su identidad y ocupación, información que tenía la virtualidad de exponerlo a un riesgo superior al que asumió cuando aceptó participar en el operativo.

Corolario de lo anterior resulta, que la entidad demandada está llamada a responder por la muerte del capitán William Javier Montilla Montilla y por ello se procederá a revocar la sentencia de primera instancia.

2.5. Perjuicios.

En la demanda se solicitaron perjuicios materiales para la demandante por valor de 100 millones de pesos. Sobre este punto vale la pena precisar que al momento de la muerte el señor Montilla Montilla tenía 33 años, motivo por el cual, al haber superado la edad en que se presume que vivía con su madre, era necesario probar .la dependía económica de ella, en su defecto, que le ayudaba para su sostenimiento, pero al proceso no se apodó ninguna prueba de esa circunstancia de manera que no puede accederse a dicha pretensión.

Ahora bien, en relación con los perjuicios morales, debe precisarse que el daño moral se ha entendido como la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento dañoso y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral del daño.

Por otra parte, el Consejo de Estado ha establecido que tratándose de los padres, hermanos, hijos y abuelos basta la acreditación del parentesco para que se presuma el perjuicio moral, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que la muerte de un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, por las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, surgidas en el ámbito de la familia.

Por ello, la corporación ha aceptado que con la simple acreditación de la relación de parentesco existente se presuma el dolor sufrido por los parientes(7), señalando que la administración tiene la oportunidad de demostrar el debilitamiento de las relaciones familiares cuando estime que ello es procedente(8).

Comoquiera que de acuerdo con la posición jurisprudencial antes esbozada, se ha aceptado que con la simple acreditación de la relación de parentesco existente se presuma el dolor sufrido por los parientes(9), al allegarse al proceso el registro civil de la víctima en la que consta que la demandante es su madre, eso es suficiente para que proceda el reconocimiento de perjuicios morales.

En relación con el monto de los perjuicios morales, se tiene que la corporación adoptó el criterio de reconocerlos no en gramos oro como fueron solicitados sino en salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual se ha sugerido la suma de 100 smmlv para los eventos en que se indemniza la muerte de un familiar, razón por la cual ese será el monto a reconocer para la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.

2. Declarar que la Policía Nacional, es responsable por la muerte del capitán William Javier Montilla Montilla, ocurrida el 26 de octubre de 1998.

3. Condenar a la Policía Nacional a pagar a la señora Carmen Shirley Montilla de Montilla el equivalente a 100 smmlv, por concepto de perjuicios morales.

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. En firme esta providencia en tese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La mayor pretensión solicitada en la demanda es de $ 100.000.000 y la mayor cuantía a la fecha de presentación de la demanda era de $ 26.390.000.

(2) Sentencia de junio 10 de 2009, radicado 18108.

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de mayo 29 de 2012, radicado 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI). C.P. Susana Buitrago Valencia.

(4) “[C]omo se precisó, parte del hecho de reconocer que la sociedad se mueve bajo la interacción de conocimientos y roles asignados a cada uno de los participantes, razón por la que si se defrauda el rol respectivo y se llega a generar un riesgo jurídicamente desaprobado, el resultado desencadenado será imputable a quien defraudó las expectativas sociales derivadas de su rol.

“Los casos más significativos en Alemania se encuentran en el tráfico vehicular y en las relaciones en las que interviene de manera significativa la confianza, tales como: la medicina, el derecho, entre otras. Así las cosas, por ejemplo, en el desarrollo del contacto social quien conduce un vehículo por un carril que tiene la luz verde en el semáforo, cree con base en el principio de confianza que el conductor de la otra vía respetará la luz roja ya que su rol social le impone ese deber de comportamiento”. Gil Botero, Enrique, ob. cit., pág. 69.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia julio 5 de 2012, radicado 21928. C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de febrero de 2013, radicado 23555, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, radicado 22708; C.P. Olga Valle de De la Hoz.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de agosto de 2007; radicado 15724, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, radicado 22708; C.P. Olga Valle de De la Hoz.