Sentencia 2000-02369 de enero 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2000-02369-01(26330)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Sociedad Advanced Telemedia Internacional de Colombia ATI de Colombia Ltda.

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario —Inpec—

Ref.: Acción contractual

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito radicado el 19 de octubre de 2000 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sociedad Advance Telemedia Internacional de Colombia - ATI de Colombia Ltda. formuló demanda, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción contractual, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, con el fin de obtener pronunciamiento respecto de las siguientes pretensiones (se transcribe como obra en el expediente):

“1) Que se declare resuelto el contrato número Quinientos trece (513), de fecha diez (10) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), celebrado entre el TC. Norberto Peláez Restrepo, Director General y facultado para actuar en calidad de Representante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 'Inpec' de conformidad con el literal C), numeral 3º del artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y Guillermo Gómez García obrando en nombre y representación de la compañía Advanced Telemedia International (ATI), cuyo objeto era la prestación del servicio telefónico especial de llamadas controladas y grabadas mediante el suministro, instalación y mantenimiento por parte de ATI de los equipos necesarios para efectuarlas desde el interior de los establecimientos carcelarios, con los implementos técnicos para efectuar la grabación de las llamadas de los internos de conformidad con las instrucciones impartidas por el Inpec en tal sentido. Las llamadas telefónicas serán locales, pero podrán ser de larga distancia Nacional e Internacional con previa autorización escrita del Inpec.

“2) Como consecuencia de la anterior declaración, se condene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— a pagar a la compañía Advanced Telemedia International (ATI) por intermedio de su actual representante señor Miguel Ángel Vásquez, el valor de los perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) que le fueron ocasionados por el incumplimiento del contrato Nº 513 de fecha 10 de octubre de 1995 celebrado entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec— y Advanced Telemedia International (ATI), los que ascienden a la suma de quinientos treinta y un millones cuarenta y un mil setecientos quince pesos ($ 531’041.715) M/cte. a la fecha, o la que resulte liquidada conforme al procedimiento indicado por el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, monto que ha de ser actualizado en su valor histórico.

“3) A la sentencia que le ponga fin al presente proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176, 177, y 178 del C.C.A y art. 1º Decreto-Reglamentario Nº 679 de 1.994” (fl. 3, c. 1).

2. Hechos.

Los fundamentos fácticos de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

2.1. Entre el Inpec y la sociedad ATI de Colombia Ltda. se celebró el contrato 513 del 10 de octubre de 1995, “cuyo objeto era la prestación del servicio telefónico especial de llamadas controladas y grabadas mediante el suministro, instalación y mantenimiento por parte de A.T.I de los equipos necesarios para efectuarlas desde el interior de los establecimientos carcelarios, con los implementos técnicos para efectuar la grabación de las llamadas de los internos de conformidad con las instrucciones impartidas por el INPEC en tal sentido” (fl. 4, c. 1).

2.2. La parte demandante cumplió con las obligaciones contractuales desde la iniciación del contrato, 12 de febrero de 1996, hasta el 23 de febrero de 1999, fecha en la que el Inpec unilateralmente y de forma irregular dio por terminado el contrato.

2.3. La sociedad ATI de Colombia Ltda. en forma reiterada le solicitó al Inpec el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el contrato, sin que a la fecha de presentación de la demanda se hubieran cancelado los dineros adeudados.

2.4. A pesar del incumplimiento del Inpec, el demandante continuó ejecutando el contrato hasta que su capacidad económica se vio afectada.

3. Fundamentos de derecho.

El actor invocó como disposiciones violadas los artículos 2º, 6º, 25, 58 y 124 de la Constitución Política, los artículos 1546, 1602, 1603, 1613 a 1617 del Código Civil, los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 1º de 1984, los artículos 1º, 3º, 4º, 13 a 18, 23, 44, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 60, a 63, 68 y 69 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 83 de la Ley 104 de 1993.

Dijo que la entidad estatal tenía la obligación de observar los preceptos supralegales de protección al trabajo, que el actuar irregular del Inpec se manifestó en la falta de expedición y de notificación de un acto motivado que diera por terminado el contrato, lo que llevó a que no se pudieran ejercer los recursos contra el mismo; en consecuencia, se desconoció el contrato y no se actuó conforme a él. Agregó que existió desviación de poder al omitir los principios legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre interpretación y terminación de los contratos.

Afirmó que el acta mediante la cual se dio por terminado el contrato no dio cumplimiento a los artículos 18 y 83 de la Ley 80 de 1993, violando así el principio de legalidad, ya que no se profirió una resolución que fuera motivada y debidamente notificada.

4. La actuación procesal.

Por auto del 21 de marzo de 2001, se admitió la demanda, se ordenó la vinculación del demandado al proceso, a través de la notificación personal de la providencia al Ministro de Justicia y del Derecho y al Director General del Inpec, se ordenó la notificación personal al señor agente del ministerio público, se ordenó la fijación del negocio en lista y se reconoció personería al apoderado de la parte actora (fl. 22, c. 1).

En virtud del recurso de reposición interpuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se modificó el auto admisorio de la demanda y se tuvo como único demandado al Inpec.

El Inpec se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que el contratista fue quien incumplió el contrato, ya que no instaló las líneas y los aparatos pactados y los pocos que instaló permanecían dañados. Agregó que el contratista no pagó oportunamente el servicio telefónico, motivo por el cual se le tuvo que requerir.

Propuso las excepciones de falta de personería sustantiva de la parte demandante y la innominada.

5. Los alegatos de primera instancia.

Las parte demandada indicó que no se le adeuda ningún valor al contratista, toda vez que la sociedad ATI de Colombia Ltda. entregaba las tarjetas para llamar en calidad de depósito y, una vez eran adquiridas por los internos, el Inpec entregaba ese valor al contratista. Las tarjetas se encuentran en el almacén de la cárcel Nacional Modelo, ya que ATI nunca las retiró. Agregó que, con los testimonios recepcionados dentro del proceso se podía concluir que el contratista incumplió sus obligaciones, por lo que se debían negar las pretensiones de la demanda.

La parte actora y el ministerio público guardaron silencio.

6. La sentencia recurrida.

Es la proferida el 30 de octubre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda al considerar que el contratista fue quien incumplió las obligaciones pactadas en el contrato, ya que los teléfonos no funcionaron en varias oportunidades y no se efectuó el debido mantenimiento. Adicionalmente, el servicio telefónico fue cortado por falta de pago, obligación que se encontraba a cargo de la empresa ATI de Colombia.

Agregó que el Inpec no le adeudaba ningún monto al demandante por concepto de las tarjeta de llamadas, toda vez que, de conformidad con los testimonios rendidos dentro del proceso, esas tarjetas se dejaban en depósito y, una vez se vendían a los internos ese dinero se le entregaba al contratista, por lo que este debía retirar las tarjetas que no se habían comprado.

Por último, señaló que el acta del 23 de febrero de 1999 no terminó el contrato en forma unilateral, como lo consideró el actor, sino que se buscó un acuerdo que favoreciera a ambas partes, por lo que ese documento no facultaba al actor a retirar sus equipos. Al haberlos retirado, se evidenciaba una vez más el incumplimiento de ATI de Colombia Ltda. Precisó que le correspondía al actor aportar las pruebas para debatir la legalidad del acto acusado (la sentencia no aclara a cuál acto se refiere).

7. El recurso de apelación.

Inconforme con la anterior decisión y dentro de la oportunidad prevista por el ordenamiento jurídico, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Consideró que la sentencia negó las pretensiones en aspectos no probados dentro del proceso; al respecto, dijo (se transcribe como aparece en los folios 115 a 116 del cuaderno principal):

“1. Que a su juicio [del tribunal] el acta de fecha 23 de febrero de 1996, no daba por terminado el contrato, sino solo buscaba soluciones?, afirmación lejana a la realidad de los hechos materia del presente litigio, ya que desde el momento en que el subdirector de la cárcel Nacional Modelo, persona que no se encontraba facultada para tomar decisiones de carácter administrativo, dada su condición miembro de la guardia penitenciaria y cuya función es la guarda y seguridad de los internos.

Con lo anterior denota que el Inpec, actúo de manera irregular y dejando por tierra todos los postulados de la contratación administrativa y el debido proceso que debe primar en todas y cada una de las relaciones entre las partes, aún más cuando en este caso una parte El Estado, representado por el Inpec, es superior e impone su voluntad de manera arbitraria y sin sujetarse a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, norma proliferamente mencionada, por el fallador de instancia, pero que nunca fue tenida en cuenta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para llevar un debido proceso, respecto del contrato 513 de 1995, lesionado los principios generales de la contratación entre otros la igualdad de las partes; la sujeción a las normas de contratación; la validez del contrato para las partes; sumado a los de transparencia, economía y responsabilidad.

“2. De otra parte la instancia, da relevancia a los testimonios rendidos por los señores Gacharná y Ruiz, quienes como es de uso tratan de justificar su actuación irregular en el trámite del contrato y en la terminación unilateral, donde no tenían facultad, para ello, actuado irresponsablemente y de manera temeraria, al tomarse atribuciones que no les correspondía, toda vez que el contrato 513 de 1995, en su cláusula décima séptima prevé que será el director del establecimiento carcelario será el responsable de la ejecución del contrato y la cláusula decimoquinta dispone que en caso de caso fortuito o fuerza mayor, se podrá suspender la ejecución del contrato, por mutuo acuerdo de las partes, que para el caso y sin mayor esfuerzo de interpretación del cuerpo del contrato, serán representadas por quienes lo suscribieron, es decir por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el representante legal de la Sociedad Advenced Telemedia Internacional (ATI) de Colombia Ltda., dejando así sin piso el sustento de la sentencia, de que el acta de fecha 23 de febrero de 1999, lo que buscaba era posibilitar soluciones, toda vez que esta no tenía esa fuerza y lo que genero fue la imposibilidad por parte del contratista, de cumplir con sus obligaciones contenidas en el pluricitado contrato.

“3. De manera extraña el fallador afirma que la parte actora debía probar la legalidad del acto debatido, olvidando, que lo único que se encuentra plenamente probado en el presente proceso, es lo contrario es decir la ilegalidad de dicho acto, lo que genera violación del contrato y la parte demandada era la llamada a desvirtuar esta presunción que se genera a partir de las obligaciones contenidas en el cuerpo del contrato, ley para las partes, y la prueba es contundente toda vez que quienes firman dicha acta, no tenían la capacidad jurídica, para realizar este acto, contrariando de esta manera las cláusulas mencionadas en el acápite anterior.

El actuar irregular del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec), se materializa al no expedir acto administrativo motivado, al no realizar acto de notificación de su decisión de dar por terminado el contrato celebrado con Advanced Telemedia Internacional de Colombia (ATI de Colombia Ltda.), y no permitiendo el ejercicio de los recursos otorgados por el estado de derecho, que rige nuestro país, lo anterior es prueba suficiente del actuar imprudente e irregular de la entidad contratante, con lo cual lesiono de manera grave los intereses económicos de mis patrocinados, generando malestar dentro de la comunidad, toda vez que esta proceder contrario a la ley y ejecutado por un agente estatal, deja entrever la superioridad de una aparte sobre la otra, el por solo hecho de representar al Estado, pero no propiamente al estado de derecho” (fl. 115 a 116, c. ppal.).

8. Trámite de segunda instancia.

El recurso se concedió el 21 de noviembre de 2003, se admitió el 30 de abril de 2004 y, habiéndose dado traslado para alegar, la parte actora reiteró lo expuesto en la sustentación del recurso de apelación y la demandada lo manifestado en la contestación de la demanda, el Ministerio Público guardó silencio.

II. Consideraciones.

1. La competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2003, por cuanto la cuantía del proceso fue estimada razonadamente por el demandante en la suma de $ 427’219.000. Para la época de interposición de la demanda(1) eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos promovidos en ejercicio de la acción contractual cuya cuantía excediera la suma de $ 26’390.000(2), monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del CCA.

2. Análisis del caso.

El a quo negó las pretensiones de la demanda, por encontrar acreditado el incumplimiento de la sociedad ATI de Colombia Ltda. frente a las obligaciones pactadas en el contrato 513 del 10 de octubre de 1995, ya que los teléfonos instalados se encontraban dañados, no se le hizo mantenimiento adecuado y fueron retirados antes de la finalización del contrato. Así mismo, señaló que las tarjetas de llamadas se encontraban en depósito, por lo cual no se le adeudaba al contratista ningún valor por este concepto. Finalmente, frente al acta del 23 de febrero de 1999, consideró que en ella no se dio por terminado el contrato, sino que se buscaron soluciones entre las partes y, adicionalmente, que el actor no desvirtuó la legalidad del acto acusado (no especificó cuál, pero, por el contexto(3), la Sala entiende que se refiere al acta suscrita el 23 de febrero de 1999).

A pesar de que el recurso de apelación no es del todo claro en su argumentación, la Sala interpreta que los fundamentos para atacar la decisión del tribunal de instancia se encaminan a señalar que el acta del 23 de febrero de 1996 no buscó soluciones a la ejecución del contrato y, por el contrario, imposibilitó el cumplimiento del contrato; así mismo, indicó que se evidenciaba la ilegalidad de esa acta y que le correspondía al Inpec desvirtuar esa presunción. Por último, consideró que el acto no se encontraba motivado y que no fue debidamente notificado y, en consecuencia, no se dieron las oportunidades para el ejercicio de recursos.

Se pone de presente que los argumentos expuestos en el recurso de apelación fijan la competencia de la Sala para resolver el sub júdice, como se ha considerado en ocasiones anteriores:

“Al respecto conviene recordar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C., a cuyo tenor:

‘La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla (…)’ (negrillas adicionales).

“En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que ‘las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum(4)(5).

Lo anterior resulta de especial importancia dado que el apelante no expuso argumento alguno frente a dos conclusiones del a quo referentes a: i) haber encontrado probado el incumplimiento del contratista y ii) que la entidad demandada no le adeuda valor alguno al demandante, aspectos sobre los cuales, por tanto, no se hará pronunciamiento alguno.

Ahora bien, en cuanto al acta del 23 de febrero de 1999, se tiene que allí se consignó lo siguiente (se transcribe según obra a folios 5 y 6 del cuaderno 2):

“En la ciudad de Santa fe de Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve siendo las 10:00 horas de la mañana en la subdirección de la Cárcel de Distrito Judicial de Santa fe de Bogotá se reúnen el señor capitán William Gacharná Castro: subdirector y el señor Hernando Mejía Camacho representante de la firma ATI Colombia, empresa operadora del servicio telefónico de la Modelo con el objeto de clarificar las condiciones del actual contrato vigente con esa firma. Expone el representante de la Compañía ATI Colombia. no ser posible acceder a la suspensión del cobro del servicio telefónico por ellos prestado por cuanto la empresa de Telecomunicaciones de Santa fe de Bogotá y Telecom no hacen lo propio y las cláusulas del contrato no contemplan esa posibilidad, por el contrario la compañía ATI Colombia solicita a la Dirección del Inpec o la cárcel Modelo, se informe por escrito la continuidad o suspensión del servicio en forma temporal o definitiva pues así lo contempla la cláusula quinta del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento. ATI Colombia con el deseo de colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y más con los internos ha venido prestando el servicio en algunos pabellones o patios conocedores del fallo de tutela instaurado por el comité de derechos humanos de internos del establecimiento y hemos insistido en varias oportunidades de manera verbal y por escrito ante la dirección del Inpec se celebre un ‘otro sí’ al contrato para lograr reducir y rebajar las tarifas para llamadas locales y nacionales al igual que los sitios donde se instalen aparatos telefónicos dentro del penal para lo cual estaremos siempre dispuestos y en cuanto a la cláusula cuarta del contrato, no se está ejecutando a cabalidad por el no pago oportuno de nuestras facturas ya que el contrato contempla que este debe hacerse los primeros cinco días de cada mes.

“Por parte de las directivas de la cárcel de Distrito Judicial de Santa fe de Bogotá, nos permitimos manifestarle a la firma ATI Colombia que una vez tomamos posesión del cargo tanto la directora como el suscrito subdirector verificamos personalmente en todos y cada uno de los pabellones el no funcionamiento del servicios telefónico y el clamor unísono de la población reclusa respecto a que el problema de cuando funcionaba dicho servicio era por cuanto el cobro se inicia desde el momento mismo en que se pasa la tarjeta de pago para obtener el servicio y los reclusos aducen que por ese hecho están pagando un sobrecosto en las llamadas. A raíz de ello nuestro interés en establecer contacto con el representante por cuanto esta anomalía está afectando el normal desarrollo del establecimiento. Más de cualquier manera estamos dispuestos a obtener la asesoría necesaria del Inpec a fin de adoptar una medida razonable para ambas partes. No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron”.

Como se observa, el acta se refiere a la ejecución del contrato 513 de 1995 y los inconvenientes que se presentaban en la Cárcel Nacional Modelo con la prestación del servicio telefónico, pero no lo da por terminado.

En consecuencia, no le asiste razón al recurrente al señalar que con el acta en mención se dio por terminado el contrato y así se le impidió continuar ejecutándolo, ya que allí no se tomó decisión alguna al respecto, de modo que ella no constituye un acto administrativo que debiera ser notificado, ni contra el cual procediera algún recurso, como erróneamente lo plantea el apelante. 

En efecto, recuérdese que el acto administrativo es una manifestación de voluntad de la administración, capaz de producir efectos en derecho, consistentes en crear, modificar o extinguir una situación jurídica de carácter general o particular, nada de lo cual ocurre con el acta en mención. 

Por lo anterior, es decir, al no constituir dicha acta un acto administrativo, no era obligatorio que fuera motivada; por la misma razón, tampoco requería que fuera notificada y menos puede hablarse de la procedencia de recursos contra la misma. Adicional a lo anterior, la parte actora intervino y suscribió el acta del 23 de febrero de 1999, de lo que se evidencia que tuvo pleno conocimiento de lo que sucedió ese día y de lo que se consignó en ese documento. 

Además, debe anotarse que en las pretensiones de la demanda no se formuló ninguna que buscara la nulidad del acta, ante lo cual cabe señalar que el recurso de apelación no es el instrumento ni el momento oportuno para formularla.

En la justicia administrativa el juzgador requiere, para hacer su pronunciamiento, de la individualización de las peticiones anulatorias, debidamente apoyadas en las razones de derecho contentivas del concepto de la violación que, a juicio del actor, conduzcan a la invalidación del acto administrativo atacado.

De no hacerse tal individualización, el fallador está impedido para estudiar el tema y para pronunciarse sobre el mismo, por tratarse de un punto que no fue planteado y sustentado por el actor, en el escrito de demanda(6).

De otra parte, el actor deriva del acta del 23 de febrero de 1999 la imposibilidad de continuar ejecutando el contrato; sin embargo, no probó por ningún medio su dicho y de ella no se deriva tal consecuencia, pues, como se señaló anteriormente, allí simplemente se dejó constancia de algunos inconvenientes que se presentaron en ese específico centro carcelario (cárcel Nacional Modelo), sin que se refiriera a las demás obligaciones del actor, lo que resulta relevante si se tiene en cuenta que el contrato se debía ejecutar en diversos penales y no únicamente en la Cárcel Nacional Modelo.

Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de manera que, en este caso, era la parte actora la que tenía la carga de probar los hechos en los que fundamentaba su apelación, carga con la que no cumplió. 

Así las cosas, se concluye que, en el acta del 23 de febrero de 1999, ATI Colombia y el Subdirector de la Cárcel Nacional Modelo plantearon situaciones presentadas en ese penal con la ejecución del contrato, pero no llegaron a ninguna conclusión, por lo que de ella no se deriva ninguna consecuencia para quienes la suscribieron, razón por la cual no le asiste razón al recurrente y, por tanto, se confirmará la sentencia apelada. 

3. Condena en costas.

No se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia proferida el 30 de octubre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Mauricio Fajardo GómezHernán Andrade RincónCarlos Alberto Zambrano Barrera.

1 19 de octubre de 2000.

2 Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.

3 “En conclusión, se deduce que el acta de fecha 23 de febrero de 1996, (sic) no daba por terminado el contrato, ya que dicho acto no estaba debidamente motivado para ese fin, tal como lo estipula (sic) el precitado artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y que de acuerdo a (sic) lo observado anteriormente, la intención de la entidad demandada no fue el terminar el contrato, sino el (sic) buscar soluciones ya sea para la terminación o su continuación, dejando constancia en la mencionada acta.
“Es claro que la parte, la cual debía probar la legalidad del acto debatido, era la parte actora por cuanto, en el trámite procesal éste podía aportar las pruebas que considerará pertinentes para debatir el acto acusado, tal como lo señala el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (…)” (fl. 103 a 104, c. ppal).

4 Nota del original: “Al respecto, ver por ejemplo, Sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997”.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 68001231500019951182 01 (22.372), M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 12 de septiembre de 1996, Rad. 3580, C.P. Manuel S. Urueta.