SENTENCIA 2000-02390 DE FEBRERO 28 DE 2013

 

Sentencia 2000-02390 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 23001-23-31-000-2000-02390-01(26133)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Manuel Pacheco Salgado

Demandado: Universidad de Córdoba

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

5.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primer grado, dado que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(5), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

5.2. Caducidad.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa:

(...).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

(...).

Entonces, como los hechos acaecieron el 27 de marzo de 1998(6) y como la presente demanda de reparación directa se formuló el 27 de marzo de 2000, resulta claro que el término de caducidad no se completó y que, por tanto, la Sala se encuentra autorizada para pronunciarse sobre el fondo del sub lite.

5.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 4 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, con miras a determinar si la parte accionada está en la obligación de pagarle al actor el 100% de los valores que le cobró por conceptos de inscripción, matrícula y material bibliográfico o, por el contrario, solo debe pagarle el 50% de las sumas que él le canceló, comoquiera que este tuvo acceso al conocimiento.

Debe en consecuencia la Sala, sin entrar a analizar la responsabilidad del demandado, pronunciarse sobre los aspectos que pone de presente el apelante único y, de ser el caso, aplicar el principio de la no reformatio in pejus.

5.4. Del caso concreto.

Está probado que el señor Manuel Pacheco Salgado cursó en 1997 la Especialización en Derecho Procesal Público, ofrecida por la Universidad de Córdoba y que, no obstante haber aprobado el pensum académico y acreditado los requisitos de grado, no pudo obtener el título, en razón de que el establecimiento educativo omitió adelantar los trámites legales que le habrían permitido otorgarlo. Se conoce, además, que el actor pagó a la universidad las sumas de $ 54.500, $ 100.000 y $ 2.064.060 por conceptos de inscripción, material bibliográfico y matrícula de dos semestres, respectivamente(7).

Existen diversas teorías y acepciones sobre el “aprendizaje” y, sin perjuicio de cada una de ellas, podría afirmarse —lato sensu—, en el escenario de la educación superior, que se trata de un proceso polifacético en el que el alumno adquiere una serie de conocimientos a través de importantes herramientas que facilita y dirige el maestro como la lectura, las clases, la retroalimentación, el uso de recursos bibliográficos y tecnológicos y la interacción con el docente y con sus compañeros de aula, entre otras. En esa medida y desde una perspectiva ontológica, las universidades están llamadas a orientar y fortalecer el proceso de aprendizaje y a otorgar los títulos que ofrecen, una vez los educandos cumplen los requisitos exigidos para el efecto, lo que las convierte en un elemento significativo del proceso, sin que su labor se traduzca en el único camino para llegar al saber, aunque sí en un medio de gran importancia para adquirirlo y en el único para acreditarlo.

La definición del término “universidad”, contenida en el Diccionario de la Lengua Española, pone de presente el otorgamiento de títulos como una característica teleológica de aquel concepto. Señala la obra ut supra sobre el significado de esta palabra —se destaca—:

(Del lat. universĭtas, -ātis).

1. f. Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.

(...).

6. f. Instituto público de enseñanza donde se hacían los estudios mayores de ciencias y letras, y con autoridad para la colación de grados en las facultades correspondientes(8).

A su vez, el artículo 24 de la Ley 30 de 1992 indica que el título “(...) es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una institución de educación superior (...)” y que “[e]l otorgamiento de títulos en la educación superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel (...)”. Adicionalmente, los artículos 28 y 29 de ley eiusdem aluden a la expedición de títulos en el marco de la autonomía universitaria.

Es claro, entonces, que cuando el proceso de aprendizaje resulta exitoso y el alumno aprueba las asignaturas que componen el pensum académico, la universidad, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de los requisitos de grado, debe otorgar el título respectivo y, de esta forma, certificar las calidades que se exigen para desempeñar determinado oficio. Solo así se justifica el rol de los establecimientos de educación superior, pues si solo se tratase de facilitar y dirigir el aprendizaje, podrían ser reemplazados fácilmente con establecimientos o personas conocedoras de la enseñanza e incluso con el mismo educando, a quien le bastaría aplicar métodos de estudio autónomos que le permitiesen llegar al conocimiento.

En esa dinámica, son de recibo los argumentos del recurrente y no le asiste razón al tribunal a quo, en cuanto estimó la condena —por daño emergente— en la mitad de los gastos efectuados por el demandante, fundado en que este accedió al conocimiento. De manera que se modificará la decisión apelada para, en su lugar, condenar a la parte demandada a pagar al actor el 100% de las sumas que este canceló por conceptos de inscripción, matrícula y material bibliográfico, comoquiera que la labor de las instituciones de educación superior, en cuanto proceso complejo, no permite escindir las labores de planeación, facilidad y dirección del aprendizaje de su acreditación, mediante el otorgamiento del título correspondiente.

5.5. Los perjuicios a indemnizar.

Habida cuenta de que la decisión del a quo solo fue apelada en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los perjuicios materiales, la Sala procederá —únicamente y de acuerdo a la realidad procesal— (i) a actualizar el valor de la condena impuesta, en primera instancia, por concepto de perjuicios morales(9) y (ii) a determinar el monto de la indemnización que, por concepto de perjuicios materiales, le corresponde al señor Manuel Pacheco Salgado. Se aplica, en consecuencia, la fórmula:

 

FO1 SEN20002390.JPG
 

 

Donde:

Ra: Valor actualizado a obtener

Rh: Valor que el a quo reconoció por concepto de perjuicios morales

Ipc (f): Último índice de precios conocido (ene./2013)

Ipc (i): Índice de precios a la fecha de la sentencia de primer grado (sep./2003)

 

FO2 SEN20002390.JPG
 

 

Ahora, en relación con los perjuicios materiales, el cálculo arroja $ 7.504.711, teniendo en cuenta la siguiente información:

ConceptoValorActualización
Inscripción$ 54.500$ 153.456
Material bibliográfico$ 100.000$ 277.255
Matrícula de dos semestres$ 2.064.060 (12 smmlv en 1997)$ 7.074.000 (12 smmlv en 2013)
Total$ 7.504.711
Observación: para efectos de la actualización, se aplicó la fórmula antes aludida, salvo en el caso de la matrícula. Se utilizaron, además, los IPC de febrero y marzo de 1997 para actualizar los valores de la inscripción y del material bibliográfico, respectivamente y de conformidad con la información contenida en el cronograma de actividades de la especialización, visible a folio 11, cuaderno 1.

5.6. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 4 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en lo que atañe a la actualización de la condena —por concepto de perjuicios morales— y al monto de la indemnización —por concepto de perjuicios materiales—, el cual quedará así:

SEGUNDO: CONDENAR a la Universidad de Córdoba a pagar a favor del señor Manuel Pacheco Salgado, por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 4.205.252 y, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 7.504.711.

2. NO CONDENAR en costas.

3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, que serán entregadas al respectivo apoderado judicial en cada caso.

4. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) El 27 de marzo de 2000, la cuantía para que un proceso, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de doble instancia era de $ 26.390.000 —CCA, arts. 129 y 132, subrogados por D. 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en $ 28.334.999, por concepto de lucro cesante.

(6) Fecha en la que no fue posible llevar a cabo la ceremonia de grado, a raíz de que la universidad ofreció la especialización sin el cumplimiento de los requisitos legales y, en consecuencia, no pudo otorgar el título. Ver el escrito de demanda y la Circular 2 expedida por la Universidad de Córdoba.

(7) Así lo acreditan las siguientes pruebas:

El certificado del 3 de diciembre de 1998, suscrito por el vicerrector de formación avanzada de la Universidad de Córdoba, señala: “(...) el doctor Manuel de los Reyes Pacheco Salgado, identificado con cédula 6.618.792 de Chinú (Córdoba) cursó y aprobó en esta universidad la Especialización en Derecho Procesal Público”. Folio 10, cuaderno 1.

Respuesta al derecho de petición elevado por Patricia Zarate Ortiz y otros estudiantes, suscrita el 14 de diciembre de 1998 por el jefe de la división de recursos humanos de la universidad ut supra. Indica el documento: “(...) después de haber solicitado el código del postgrado al Icfes, este organismo objetó la inscripción argumentando la vigencia del Decreto 1221 de 1970, que reglamentaba los estudios de derecho.

(...).

Conocida por ustedes la objeción del Icfes al registro de la Especialización en Derecho Procesal Público y a la asignación del código, en la fecha no es posible fijar fecha de grado para optar al título de Especialista en Derecho Procesal Público.

Confiamos en que podamos en breve término solucionar el impasse presentado, en bien de todos los cursantes de la especialización y de esta institución”. Folios 61 y 62, cuaderno 1.

El cronograma de actividades de la especialización ut supra, visible a folio 11 ib., establece:

Procedimiento de inscripción

Consignar $ 54.500 en la cuenta corriente 716895002-5 a nombre de la Universidad de Córdoba - Posgrados.

Inscripciones hasta el 25 de febrero de 1997.

(...).

Matrículas

Fecha: del 3 al 6 de marzo de 1997.

(...).

Iniciación de clases: 7 de marzo de 1997.

Costo del programa

Valor matrícula por semestre: seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Material bibliográfico: $ 100.000

(...).

Duración: 2 semestres (...)”.

(8) Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=universidad.

(9) Es de anotar que el a quo fijó el monto de la condena en $ 2.822.000 y no en salarios mínimos legales mensuales vigentes como bien lo tiene entendido esta corporación, a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, proferida dentro de los procesos acumulados 13.232 y 15.646. Siendo así, se actualizará exclusivamente el valor antes aludido, como quiera que el punto no fue objeto del recurso de apelación y, por tanto, la Sala no está autorizada para pronunciarse al respecto.