Sentencia 2000-02393 de agosto 9 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2000-02393

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil siete.

Recursos de apelación contra la sentencia de 4 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico

Actora: Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S.A. - Almagran S.A.

EXTRACTOS: «Se deciden los recursos de apelación oportunamente interpuestos por la actora y la demandada contra la sentencia de 4 de diciembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S.A. —Almagran S.A.—, por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, tendiente a que mediante sentencia, se hicieran las siguientes declaraciones:

Son nulas las resoluciones 247 de 7 de febrero de 2000 y 1470 de 22 de mayo de 2000, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Barranquilla, mediante las cuales se impuso una sanción a la actora por falta administrativa.

Son nulas las resoluciones 955 de 29 de marzo de 2000 y 2876 de 2 de octubre de 2002, expedidas por la DIAN de Barranquilla, mediante las cuales se impuso sanción a la actora por falta administrativa.

Que se restablezca el derecho de Almagran en el sentido de declarar que a pesar de los errores cometidos no hubo infracción a la legislación ni lugar a la imposición de sanción alguna.

Que cese cualquier procedimiento por cobro coactivo que se hubiere iniciado para hacer efectivo el pago de las sanciones impuestas en los actos administrativos demandados o, en caso que se produzca el pago, se devuelvan las sumas debidamente indexadas.

(...).

V. Consideraciones de la Sala

La Resolución 247 de 7 de febrero de 2000, expedida por la división de liquidación de la DIAN en Barranquilla, obrante a folios 24 a 28 del cuaderno principal, confirmada mediante Resolución 1470 de 22 de mayo de 2000, visible a folios 39 a 46, ibídem, emanada de la división jurídica de la misma entidad, impuso a la actora multa de $ 9’335.099, por incumplimiento de la obligación consagrada en el artículo 28, numeral 4º, del Decreto 1220 de 1996, esto es, no haber anulado con un guión las casillas del formulario de la declaración andina del valor que no se diligenciaron, para dejar en claro que no guardaban relación con la transacción particular.

Al respecto, cabe tener en cuenta que la Sala en sentencia de 4 de abril de 2002 (exp. 0051 (7138) C.P. Manuel Urueta Ayola, reiterada en sentencia de 31 de octubre de 2002, exp. 0054 (7984) C.P. Camilo Arciniegas Andrade), tuvo oportunidad de referirse a un asunto similar al que ahora ocupa su atención, en el cual precisó que la conducta consistente en no anular con un guión las casillas que no tengan relación con la transacción no constituye falta administrativa y por ende, la DIAN no puede válidamente sancionar al importador por esa causa, habida cuenta que el principio de legalidad exige que las sanciones estén expresamente tipificadas en ley preexistente.

Al efecto dijo la Sala en la primera sentencia citada, y ahora lo reitera:

“... Si bien en la Resolución 1016 de 1997 se imparten instrucciones acerca del diligenciamiento de la declaración andina de valor, también lo es que el hecho de dejar en blanco y no llenar con un guión las casillas que no corresponde diligenciar al importador no puede ser sancionado con multa, pues en tratándose de sanciones estas deben estar expresamente tipificadas por la ley o por un decreto con fuerza de ley, sin que la omisión en que incurrió la demandante, esto es, no anular con un guión las correspondientes casillas, encuadre dentro de la conducta tipificada en el numeral 4º del artículo 28 del Decreto-Ley 1220 de 1996.

En efecto, lo que allí se erige como falta administrativa es:

1. Diligenciar en forma inexacta la información de cualquiera de los elementos que la conforman; 2. Diligenciar en forma incompleta la información de cualquiera de los elementos que la conforman; y 3. Omitir la información de cualquiera de los elementos que la conforman, sin que, a juicio de esta corporación, el guión constituya un elemento de la declaración andina del valor.

La anterior apreciación tiene sustento en lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del Decreto 1220 de 1996, cuyo texto es como sigue:

“ART. 2º—Declaración andina del valor. Es el documento soporte de la declaración de importación, en el cual se determina el valor en aduana de las mercancías importadas”.

ART. 3º—Contenido de la declaración andina del valor. La declaración andina del valor contendrá la información técnica referida a los elementos de hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas que han determinado el valor aduanero declarado como base gravable”.

Para la Sala, es indudable que el guión no es uno de los elementos que debe contener la declaración andina del valor, pues, como ya se vio, lo que debe contener la misma son los elementos de hecho y las circunstancias relativas a la transacción comercial de las mercancías importadas, tales, como, por ejemplo, el nombre del importador, el número de la declaración de importación, la naturaleza de la transacción, las características de la mercancía, el nombre del proveedor, razón por la cual, si no se incluye uno de esos elementos porque no había lugar a ello, el hecho de que la respectiva casilla se deje en blanco y no se llene con un guión, no es causal para aplicar la sanción contenida en el artículo 29, numeral 4º, del Decreto 1220 de 1996.

Contrario sensu, si se deja en blanco una de las casillas de la declaración andina de valor, no obstante que debió ser llenada con la correspondiente información, sí se tipifica la conducta castigada por la norma y, en consecuencia, es procedente la aplicación de la multa”.

En consecuencia, la sentencia de primer grado, que dejó sin efectos las resoluciones 247 de 7 de febrero de 2000 y 1470 de 22 de mayo de 2000, que impusieron la multa de $ 9’335.099 debe confirmarse, pues su único fundamento descansa en la violación del artículo 28, numeral 4º, del Decreto 1220 de 1996, en cuanto la actora no anuló con un guión las casillas de la declaración andina del valor que no guardaban relación con la situación particular.

En lo concerniente a los demás actos acusados, esto es, las resoluciones 955 de 29 de marzo de 2000 (fls. 124 a 128) y 2876 de 2 de octubre de 2000 (fls. 137 a 142), que impusieron multa a la actora por valor de $ 5’672.678, la decisión del a quo estuvo acertada en denegar las súplicas de la demanda, pues si bien es cierto que en dichos actos también se consideró como falta administrativa la omisión de anular con guión las casillas de la declaración andina del valor, no lo es menos que esa no fue la única razón, ya que también se adujo, y ello sí constituye infracción sancionable con multa, no haber diligenciado la demandante las casillas 26, 58 y 81, relacionadas con el código de moneda, tipo de cambio y año, mes y día en que se firmó.

En efecto, según se lee a folio 125, la actora al descorrer el pliego de cargos admitió el no diligenciamiento de las casillas 26, 58 y 81. Frente a la casilla 58, alegó que no se requería diligenciar, porque no se utilizaron varias monedas en la transacción comercial y que solo debía llenarse la casilla 27; y que respecto de las casillas 26 y 81, correspondientes al código de moneda y año, mes y día en que se firmó, debe tenerse en cuenta que obró de buena fe.

Resulta claro para la Sala que si, conforme lo disponen los artículos 2º y 3º del Decreto 1220 de 1996, en la declaración andina del valor se debe determinar el valor en aduana de las mercancías importadas y dicho documento debe contener la información técnica referida a los elementos de hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas que han determinado el valor aduanero declarado como base gravable, forzoso es concluir que el código de moneda, el tipo de cambio y los datos referentes al año, mes y día en que se firmó la declaración, constituyen elementos de hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas que han determinado el valor aduanero declarado.

Las consideraciones precedentes son predicables de las resoluciones 1007 de 4 de abril de 2000 y 2875 de 2 de octubre de 2000, pues su fundamento se encuentra ajustado a derecho en la medida en que la declaración andina del valor no contiene toda la información técnica de la negociación de la mercancía importada, al no haberse diligenciado la casilla 26, relativa al tipo de moneda.

Así pues, los cargos de la demanda, reiterados en el escrito contentivo del recurso, no están llamados a prosperar, pues la omisión que se echa de menos no es de carácter meramente formal sino sustancial, en la medida en que tiene incidencia directa en la transacción, amén de que el vicio de desviación de poder no fue probado; y no es cierto que el artículo 499, numeral 4º, del Decreto 2685 de 1999 hubiera eliminado la conducta en cuestión como sancionable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de agosto de 2007.

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