Sentencia 2000-02402 de julio 21 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2000-02402-01(17419)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Sucromiles S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., veintiuno de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En los términos del recurso de apelación la Sala debe establecer si la parte actora podía deducir el monto de $ 235.374.979 cuya pérdida alegó en virtud del hurto del cheque contenía esa suma de dinero.

Se encuentra probado en el proceso que la sociedad demandante presentó la declaración tributaria correspondiente al año gravable de 1996 con un saldo a favor de $ 631.833.000.

Que mediante liquidación oficial de revisión, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Palmira, modifica el denuncio rentístico, desconociendo como deducción la suma de $ 236.374.979, incluida en el renglón de costos y deducciones, que corresponde a la pérdida del cheque Nº 008435 del Banco de Crédito, girado a favor de la sociedad Ciamsa.

La administración tributaria manifiesta como argumento para no aceptar la deducción, que la pérdida o cobro indebido de un cheque es un hecho extracomercial que no encaja dentro de los parámetros y normas tributarias establecidas en los artículos 146 y 148 del estatuto tributario.

Que el estatuto tributario es claro al señalar que son deducibles las pérdidas originadas en la actividad productora de renta en que se incurra, en cualquier año o período gravable, relativas a los bienes o activos fijos usados en el negocio o actividad productora de renta y cuya ocurrencia sea por fuerza mayor (E.T., art. 148).

Por su parte, la demandante aduce que el dinero es considerado un bien, además de ser activo fijo, por tanto, la deducibilidad solicitada por la pérdida del cheque encuadra con lo exigido en el artículo 148 del estatuto tributario.

El tribunal, una vez relacionadas cada una de las pruebas aportadas por el actor, correspondientes al proceso penal, por el hurto del cheque, analizadas las normas contables correspondientes a las deducciones y a su contabilización, concluye que el demandante no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 146 de estatuto tributario, en la medida que la pérdida del cheque no constituía una operación de renta, y levanta la sanción por inexactitud por diferencia de criterio en la norma aplicable.

Con base en el análisis efectuado a cada una de las actuaciones realizadas dentro del proceso, la Sala realiza las siguientes precisiones para determinar la viabilidad de la deducción del valor del cheque hurtado:

El artículo 148 del estatuto tributario, invocado en la demanda, autoriza la deducción de las pérdidas sufridas durante el periodo gravable, de los bienes usados en la actividad productora de renta y ocurridas por fuerza mayor.

Los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta son el conjunto de activos que intervienen de una manera directa en su generación, definidos por la normativa contable en los siguientes términos:

El artículo 35 del Decreto 2649 de 1993, los define así: “Activo. Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros”.

En igual sentido el artículo 15 del Decreto 2650 de 1993 hace la siguiente agrupación “Activo. Agrupa el conjunto de cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Comprende los siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las valorizaciones”.

Para efectos fiscales los activos movibles son los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, a diferencia de los activos fijos que no tienen esta destinación [E.T., art. 60].

El apelante no clasifica el dinero como activo movible, sino que le otorga al dinero el carácter de activo fijo para efectos de la deducción consagrada en el artículo 148 citado.

Para el efecto, cita el artículo 663 del Código Civil, la Sala considera que no le asiste razón toda vez que esta norma clasifica las cosas, en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan.

Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales son cosas fungibles.

La doctrina ha clasificado los bienes en consumibles como aquellos que desaparecen con el primer uso y no consumibles los que por el contrario, permiten una reiterada utilización(1), caso en el cual se encuentra el dinero si se tiene en cuenta que se puede seguir usando sin causar su destrucción.

De acuerdo con lo anterior, el dinero es un bien que no puede ser enajenado dentro del giro ordinario del negocio, porque no tiene esa finalidad y el hecho de formar parte del patrimonio de una persona no cambia su naturaleza(2).

Si bien, con el dinero el contribuyente realiza operaciones con el fin de producir renta, esa circunstancia evidencia que lo utiliza como medio de pago, no como un bien del cual espera obtener una utilidad.

De tal manera que, la finalidad de pagar las diez facturas a la sociedad Ciamsa, que en el presente caso esperaba cumplir la demandante con el cheque que le fue hurtado, no justifica el tratamiento de bien deducible que le dio, porque contradice lo dispuesto en el artículo 148 citado.

Esta decisión fue reiterada por la Sala en sentencia de fecha 26 de febrero de 2011 Expediente 16799 en la cual se precisó:

“Con respecto a la deducción por pérdidas de activos, reguladas en el artículo 148 del estatuto tributario, son deducibles las pérdidas sufridas durante el año o periodo gravable, concernientes a los bienes usados en el negocio o actividad productora de renta, ocurridas por fuerza mayor; es decir, pérdidas de activos vinculados con el desarrollo de las actividades productoras de renta.

Sin embargo, esta Sala ha aclarado que la procedencia de esta deducción solo recae sobre los activos fijos o sobre los bienes usados en el negocio con carácter de permanencia.

A juicio de la Sala, el dinero no puede ser considerado como un activo “susceptible de valoración para ser enajenado dentro del giro ordinario del negocio, porque no tiene esa finalidad y el hecho de formar parte del patrimonio de una persona no cambia su naturaleza.

Si bien, a través del dinero el contribuyente realiza operaciones con el fin de producir renta, esa circunstancia evidencia que lo utiliza como medio de pago, no como un bien del cual espera obtener una utilidad”.

En consecuencia, al no ser el dinero un activo fijo, susceptible de ser enajenado dentro del giro ordinario de los negocios de la demandante, sino un medio de pago del cual el contribuyente espera obtener una utilidad, no es posible considerar su pérdida como deducible en los términos del artículo 148 ibídem, razón que permite inferir la improcedencia del cargo alegado”.

En esas condiciones, es irrelevante examinar las pruebas allegadas para determinar si el hurto de la suma deducida, correspondió a un hecho de fuerza mayor o caso fortuito.

De otra parte, no incide en la decisión de esta providencia, quién fue el autor del hurto del cheque, si tiene responsabilidad la sociedad actora o no, por corresponder estas actuaciones a la justicia penal, hechos totalmente independientes a la determinación que se tome en esta jurisdicción contenciosa, de índole fiscal discutida en esta instancia.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la demandada no apeló el levantamiento de la sanción por inexactitud.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia objeto de apelación.

RECONÓCESE a la abogada Rocío del Pilar Ochoa Soto como apoderada de la demandada en los términos y para los fines del poder conferido.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Arturo Valencia Zea, Derechos Reales, 1996.

(2) Sentencia 15984 del 26 de enero 2009, C.P. Dr. Héctor Romero.