Sentencia 2000-02404 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2000-02404 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 25000 2326 000 2000 02404 01

Exp.: 25077

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Carmen Blandón Grisales

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Naturaleza: reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

7. Obran dentro del expediente algunas copias simples, aportadas por la parte actora, de las actuaciones adelantadas por la Policía Nacional en virtud de la queja disciplinaria formulada por el señor Carlos Alfonso Alonso Blandón. Estas pruebas, las cuales obran a folios 10 a 37 del cuaderno 2, serán valoradas por la Sala, debido a que se trata de documentos que necesariamente deben reposar en los archivos de la entidad demandada, la cual no los tachó de falsos teniendo la posibilidad de cotejarlos con los originales. Se reitera así lo dicho por la Sala en la sentencia de 27 de octubre de 2011, en la que se indicó que:

Además, con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículos 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que señala fueron reproducidas y puede, por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que se practique la inspección judicial de que trata la norma.

En efecto, el artículo 255 citado prevé: “La parte contra quien se aduzca copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección judicial, dentro de la oportunidad para practicar pruebas”.

Es cierto que la norma establece un trámite judicial para conferir autenticidad a las copias simples y es el cotejo con el original que se practique en una inspección judicial, a solicitud de la parte contra quien se aduce la prueba, el cual tiene como finalidad conferir certeza al documento que servirá como prueba, para así garantizar el derecho de defensa de quien no lo ha aportado.

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y, en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La práctica del cotejo previsto en el artículo 255 citado debe quedar reservada para aquellos eventos en los cuales el documento original o la copia autenticada se encuentren en poder de un tercero y, por lo tanto, sin posibilidad de acceso por la parte en contra de la cual se aduce la prueba, para que sea la autoridad judicial la que disponga la exhibición del documento para asegurar su confrontación, con el fin de asegurar su derecho de defensa.

Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que autentiquen las copias simples en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene estos bajo su guarda y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa. Con ese comportamiento procesal ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas dentro del proceso(2).

8. En relación con los testimonios que fueron practicados dentro la investigación disciplinaria, se advierte que también serán apreciados, aunque no hayan sido ratificados dentro del trámite contencioso, pues se entiende que estos se han surtido con audiencia de la entidad demandada debido a que ella misma intervino en su práctica, de manera que en ningún caso podrá alegar su desconocimiento.

9. Se exceptúa de lo anterior, la declaración juramentada que la señora Carmen Blandón rindió ante el comandante de la Décima Estación de Policía de Engativá porque la declarante es demandante dentro de este proceso(3).

10. En cuanto al testimonio de Carlos Alberto Alfonso Blandón, el cual se decretó y practicó por el a quo, la Sala aclara que no será desestimado pese a que el testigo resulta sospechoso en virtud de su relación de parentesco con la actora. En este punto cabe recordar que dentro del sistema establecido en el Código de Procedimiento Civil para la valoración de las pruebas, no existe descalificación legal de un testigo que pueda considerarse sospechoso ya que ello sería incompatible con el principio de la sana crítica(4). Por lo tanto las afirmaciones del señor Alfonso Blandón serán valoradas y apreciadas en cuanto resulten concordantes o no se opongan a los demás elementos de convicción aportados al proceso.

III. Hechos probados

11. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

11.1. El 4 de noviembre de 1998, la señora María del Carmen Blandón Grisales denunció ante el Departamento de Policía de Bogotá —Sijín— la desaparición de Francisco Javier Casares Corro, ocurrida el 10 de noviembre anterior en la carrera 103D con calle 84, barrio Bolivia de la ciudad de Bogotá. Según la información suministrada por la denunciante, el señor Corro tenía 84 años de edad y era sordo (copia auténtica de la denuncia presentada por la señora Blandón Grisales —fl. 39, cdno. 3—).

11.2. Mediante comunicación de fecha 25 de noviembre de 1998, la señora María del Carmen Blandón Grisales reportó al Departamento de Policía Bogotá —Sijín— el “allazgo (sic) del señor Casares Corro el día domingo 22 de los corrientes, frente al CAl de ciudad Quirigua —calle 80— (...)” (original de la comunicación presentada por la demandante —fl. 39, cdno. pruebas—)(5). El hallazgo se produjo por información que sus familiares recibieron de un agente adscrito al CAl del barrio Bachué que reconoció su foto en un aviso(6) y que los contactó con una vecina del sector que los condujo hasta él (testimonio de Carlos Alberto Alfonso Blandón —fl. 35, cdno. 3—).

11.3. El 21 de diciembre de 1998, el señor Francisco Javier Casares Corro fue sometido a la amputación supracondílea de su miembro inferior derecho debido a que presentó “gangrena húmeda por isquemia irreversible (...)”. La intervención quirúrgica se practicó en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a donde ingresó el 17 de diciembre anterior remitido por la IPS San Sebastián con el siguiente cuadro clínico (copia auténtica de la historia clínica —fl. 4 a 32, cdno. 3—):

Paciente diabético tipo “que consulta por cuadro de 1 mes de evolución consistente en dolor súbito en dedos Nº 1, 2, 3 en pie der. [ilegible], enfriamiento y cianosis. 3d después olor fétido intenso y secreción sanguinolenta fétida.

11.4. El 18 de diciembre de 1998, el señor Carlos Alberto Alfonso Blandón, hijo de la señora Carmen Blandón, formuló una queja ante la oficina de control interno disciplinario de la Policía Nacional por lo que consideró una actuación irresponsable, negligente y descoordinada de la institución, la cual consistió en no haber difundido la denuncia de la desaparición del señor Francisco Javier Casares Corro entre todas las unidades de policía a nivel local, lo cual hubiera permitido advertir al CAl de Engativá que la persona que permaneció por varios días frente a sus instalaciones era la misma reportada desde hacía varios días como desaparecida (copia simple de la queja formulada por el señor Alfonso Blandón —fl. 19, cdno. pruebas—).

11.5. El 4 de mayo de 1999, el Departamento de Policía Tisquesusa —Décima Estación Engativá— ordenó el archivo provisional de la indagación preliminar Nº 010/99 por considerar que no existían méritos suficientes para abrir formal investigación disciplinaria contra los policiales del CAl Bachué (copia simple de la providencia de 4 de mayo de 1999 —fl. 35-36, cdno. pruebas—):

Podemos observar que a la luz de la verdad, los policiales que en un momento tuvieron conocimiento del extravío del citado anciano [se refiere a Francisco Javier Casares Corro], se preocuparon en todo momento por ubicarlo en un lugar donde se le brindara asistencia, pero fue imposible por falta de cupos; de otra parte, si no es por la información del AG. Vargas el señor no hubiese podido encontrarse con su familia, teniendo en cuenta que el señor nunca ofreció datos concretos para llevarlo con sus familiares. De otra parte, la señora Mariz (sic) Magdalena Morales Valenzuela nunca informó a los uniformados del CAl Quirigua sobre la situación del señor Francisco Javier Cáceres (sic) Corro; no observando hasta el momento fallas o negligencia en el servicio de policía prestado por los uniformados del CAl Bachué y menos del CAl Quirigua, donde nunca tuvieron conocimiento de los hechos relacionados con la desaparición del anciano.

11.6. El señor Francisco Javier Casares Corro falleció el 23 de marzo de 2000 en la terminal de transportes de la ciudad de Bogotá (copia auténtica del registro civil de defunción —fl. 38, cdno. pruebas—). El resultado de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal es el siguiente (copia auténtica del protocolo de necropsia Nº 2000-0130 de fecha 24 de marzo de 2000 —fls. 101-108, cdno. pruebas—):

(...) no se encontraron lesiones traumáticas que expliquen la muerte. Se halló una zona extensa de infarto en la cara anterior del corazón, con compromiso incluso del séptum. Esta zona de infarto muestra cambios propios en el proceso de cicatrización y que indican que fue un evento ocurrido varios días atrás, pero hay además zonas con infartos más recientes y zonas con infartos antiguos. Hay cambios por miocardiopatía dilatada. Se observó importante arterioesclerosis en diferentes vasos, cambios pulmonares compatibles con bronconeumonía y cambios en tejido renal que pueden deberse a la diabetes y la hipertensión que al parecer sufría este señor (...).

EN CONCLUSIÓN, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PREVIA DISPONIBLE HASTA ESTE MOMENTO Y SEGÚN LOS HALLAZGOS EN LA NECROPSIA ESTE SEÑOR MURIÓ DE MANERA NATURAL, DEBIDO A SHOCK CARDIOGÉNICO POR ARRITMIA CARDÍACA SECUNDARIA A UN INFARTO EXTENSO DE MIOCARDIO (mayúsculas originales).

IV. Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala determinar, en primer término, si la señora Carmen Blandón Grisales se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar reparación por la desaparición, amputación y posterior muerte del señor Francisco Javier Casares Corro. Luego, deberá establecer si estos hechos —que constituyen el daño alegado por la parte actora— son imputables, por acción u omisión, a la Policía Nacional.

V. la legitimación en la causa por pasiva

13. El tribunal a quo declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa por considerar que la demandante Carmen Blandón Grisales no probó ser la compañera permanente del señor Francisco Javier Casares Corro.

14. En anteriores oportunidades la Sala ha señalado que la calidad de compañera o compañero permanente puede acreditarse por cualquiera de los medios judiciales previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil(7), entre los cuales se encuentran, además de los testimonios, los indicios y “cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

15. En relación con los indicios, ha dicho la jurisprudencia que se trata de un medio de prueba indirecto que consiste en establecer la existencia de un hecho desconocido a partir de otro conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia(8).

16. Dentro del material probatorio aportado al proceso, no obra ningún testimonio que dé cuenta de la convivencia, unión permanente y lazos de afecto existentes entre la demandante y el señor Casares Corro. Empero, sí obran numerosos documentos que demuestran que la señora Blandón Grisales no solo fue quien puso en conocimiento de las autoridades de policía la desaparición del señor Casares Corro (ver supra párr. 11.1), sino que fue ella quien figuró como su acompañante durante el tiempo en que permaneció internado en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira(9) y quien, además, asumió los gastos funerarios generados a raíz de su fallecimiento(10).

17. Estos documentos, vistos en conjunto, pueden tenerse como indicios claros de que la demandante era, efectivamente, la compañera permanente de Francisco Javier Casares Corro. Todos ellos permiten inferir lógicamente que los dos hacían comunidad de vida y que se encontraban unidos por fuertes lazos de afecto y de solidaridad, por lo que la ausencia de pruebas directas sobre el punto en cuestión no es, a juicio de la Sala, razón suficiente para desconocer el interés jurídico que le asiste dentro de este proceso a la señora Carmen Blandón.

18. Ahora bien, es cierto que en las acciones de reparación directa la legitimación en la causa del demandante depende de que la condición de damnificado aparezca procesalmente probada, pues ya la Sala ha señalado que ni el parentesco ni el vínculo matrimonial o conyugal legitiman por sí mismos, aunque sí permiten presumir o inferir dicha condición y, por ende, la legitimación(11).

19. En el caso concreto, la condición de damnificada de la actora también se encuentra acreditada pues, además de los documentos que indican que fue ella quien lideró la búsqueda del señor Casares Corro, quien estuvo a su lado durante el tiempo de su enfermedad y quien, además, asumió los gastos derivados de su sepelio —los cuales demuestran la especial relación que existía entre ellos—, el testigo Carlos Alberto Alfonso Blandón dio cuenta de la afectación que produjo en la actora el “fallecimiento del viejito” (fl. 37, cdno. 3).

VI. El juicio de responsabilidad

20. La Sala tiene acreditado el daño alegado por la parte actora, el cual consiste en (i) la desaparición del señor Francisco Javier Casares Corro, ocurrida los primeros días del mes de noviembre de 1998 en la ciudad de Bogotá, (ii) la amputación a que fue sometido el 21 de diciembre de 1998 en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira y; (iii) su posterior fallecimiento acaecido el 23 de marzo de 2000 en la capital del país (ver supra párr. 11.1, 11.3 y 11.6).

21. Acreditada la existencia del daño, es posible inferir, conforme a las reglas de la experiencia, que la demandante sufrió aflicción, pena y dolor por la desaparición, enfermedad y posterior muerte de su compañero permanente.

22. La demanda aduce que la desaparición del señor Casares Corro es imputable a la demandada porque esta se produjo luego de que agentes de la Policía Nacional lo detuvieran injustamente el 10 de noviembre de 1998 por el solo hecho de estar indocumentado y de mostrarse incapaz de ubicar su lugar de residencia:

El lunes 1º de noviembre de 1998, día festivo, el señor Francisco Javier Casares Corro (...) salió a caminar al parque contiguo a la Unidad Residencial Bolivia, ubicado entre las carreras 103C y 103D con calles 83 y 84 de esta ciudad, siendo requerido por una patrulla de la Policía de sus documentos de identidad, los cuales no portaba en ese momento, y debido a su nerviosismo y a su desconocimiento total del sector, a pesar de estar a pocos metros de su residencia, no la supo ubicar y señalar, y entonces, en vez de ser llevado a la estación central, el anciano fue conducido por agentes de la Policía Nacional en una radiopatrulla al CAl de Bachué.

23. Esta versión de los hechos, según la cual el señor Casares fue injustamente detenido, solo encuentra respaldo probatorio en los testimonios de Carlos Alberto Alfonso Blandón (fl. 35, cdno. 3) y de Eduardo Alfonso Corredor (fl. 33, cdno. 3). Sin embargo, a juicio de la Sala, estas declaraciones no resultan creíbles pues ninguno de los testigos se encontraba presente en el momento en que se produjo la supuesta detención del señor Casares y tampoco expusieron qué razones tuvieron para formular esta acusación(12).

24. Las demás pruebas aportadas al proceso indican, por el contrario, que el señor Casares Corro, quien para el momento de los hechos era una persona de la tercera edad(13), diabética(14) y que tenía dificultades auditivas y de habla(15), se extravió los primeros días del mes de noviembre en la ciudad de Bogotá. La fecha exacta en que esto ocurrió es imposible de determinar pues los datos que la propia demandante ofreció sobre el particular, inicialmente ante el Instituto de Medicina Legal y luego ante la Policía Nacional, no fueron coincidentes(16). Pero más importante aún, estas pruebas sugieren que el señor Casares Corro no fue injustamente detenido por la policía, sino auxiliado por algunos de sus agentes que lo trasladaron al CAl del barrio Bachué luego de encontrarlo deambulando por el parque de la localidad el 4 de noviembre de 1998. Así se desprende de la declaración rendida por el agente Oscar Vargas Angulo ante el Departamento de Policía de Tisquesusa (fl. 27, cdno. pruebas):

Preguntado: sírvase manifestar si tubo (sic) conocimiento de la aparición de un anciano, el cual duró aproximadamente tres días en ese CAl [se refiere al CAl del barrio Bachué], en caso afirmativo haga un relato de los hechos. Contestó: cuando me encontraba realizando segundo turno el día 041198 aproximadamente a las 12:45 horas casi terminando mi turno llegó el sargento Gil con el conductor Palacios Santamaría y llegaron con un anciano y me manifestaron que lo iban a dejar ahí en el CAl ya que lo habían recogido en la plaza del Quirigua porque al parecer estaba extraviado, entonces yo les dije que por qué no lo llevaban a algún lugar donde recibieran personas de la tercera edad, y me manifestaron que lo dejara ahí mientras veían dónde lo podían ubicar, ya que el señor al preguntarle sobre la dirección y datos que pudiéramos ubicar familiares no manifestaba nada y ni siquiera se le entendía lo que decía, él estubo (sic) en el CAl hasta que terminó mi turno aproximadamente a las 14:00 horas (...).

25. En el mismo sentido se pronunció el sargento Jorge Enrique Gil Sánchez (fl. 30, cdno. pruebas):

En alguna ocasión, no recuerdo exactamente la fecha de tantos que se recigen (sic) recuerdo que se encontró uno en el sector de la plaza del Quirigua y al averiguarcele (sic) por su residencia y familiares indicaba que vivían por ahí cerca, en tal virtud se dejó en el CAl para ver si se acercaban familiares o personas conocidas a preguntar por él, mientras se le impartió consigna a otras patrullas para que gestionaran la posible internación en un ancianato de los que figuran en la jurisdicción (...).

26. Las anteriores declaraciones permiten desvirtuar lo dicho en primer término por la parte actora en el sentido de que la desaparición del señor Casares Corro resulta imputable a la Policía Nacional. Si bien se desconoce qué ocurrió con él durante el tiempo en que estuvo extraviado ni cuánto tiempo transcurrió exactamente desde el momento en que sus familiares se percataron de su ausencia y el momento en que fue encontrado por los policiales en el parque del barrio Quirigua, la información disponible permite concluir que cuando este hecho se produjo esta persona ya llevaba, al menos, 36 horas extraviada, y que la decisión de trasladarla al CAl no tuvo otro propósito que el de tratar de ayudarla a reencontrarse con sus familiares o, en su defecto, el de ubicarla en una institución de asistencia social.

27. En cuanto a las circunstancias que rodearon la permanencia de Francisco Javier Casares en el CAl del barrio Bachué también son objeto de controversia. De acuerdo con lo dicho por la parte actora, los agentes incurrieron en varias irregularidades, pues no solo impidieron que el señor Casares abandonara las instalaciones del CAl pese a que él expresó insistentemente su deseo de hacerlo, sino que además lo dejaron librado a su suerte, sin preocuparse por reportar su hallazgo a la estación de policía de la localidad, lo cual hubiera permitido reencontrarlo prontamente con sus familiares, pues para ese momento estos ya habían denunciado su desaparición.

28. De nuevo, la Sala no encuentra elementos probatorios que respalden estas afirmaciones. Las declaraciones de los agentes que tuvieron a su cargo el manejo de la situación, indican que el hallazgo del señor Casares sí fue reportado al comando de Policía(17) y a distintas instituciones de asistencia social, y que. su permanencia en las instalaciones del CAl de Bachué se prolongó hasta el 5 de noviembre de 1998, fecha en la cual abandonó el lugar por su propia voluntad. Así lo manifestó el agente Vargas Angulo (fl. 28, cdno. pruebas):

(...) yo al hacer entrega del turno [al agente Cabrera Romo] le comenté la situación del anciano que estuviera pendiente por si aparecía algún familiar buscándolo. pese a que ya se había reportado entre las demás unidades con las características, yo me fui a descanzar (sic) y por la noche regresé a realizar primer turno de información y el anciano todavía se encontraba ya que no había ido ningún familiar entonces, en vista de que a esa hora era mucho más difícil la ubicación del anciano procedí a improvisarle un lugar para que descanzara (sic) en una salita de las instalaciones que hay contiguo al CAl donde funcionaba planeación distrital porque entendí que el anciano estaba bastante cansado y no había otra forma de prestarle ayuda ahí amaneció, luego al entregar mi turno nuevamente recibió el Ag. Cabrera Romo y nuevamente se encargó de la situación del anciano, ante lo cual manifiesta que procedió a reiterar los comunicados ante la central con el fin de ubicar al anciano por cuanto empezaba a desesperarse y el anciano quedó ahí, yo regresé a hacer tercer tumo el día 061198 y ya el anciano no estaba.

29. En igual sentido, se pronunció el agente Noé Cabrera Romo (fl. 29, cdno. pruebas):

Preguntado: sírvase manifestar cuál fue el procedimiento a seguir de su parte para la ubicación de familiares del anciano. Contestó: yo informé a la central sobre el señor extraviado, di las características del anciano y según lo que alcanzaba a entender era como de dialecto costeño y que buscaba a un hijo, pero el señor no se dejaba entender porque su lengua era como trabada y tampoco escribía, entonces la central me dijo que tratara de averiguarle el nombre para buscar en el libro de personas desaparecidas lo cual me fue imposible, por otro lado llamé a la patrulla Normandía tres a que hicieran la averiguación en el ancianato ubicado detrás del tiempo (sic) que si me lo podían recibir, de allá dieron respuesta que no lo podían recibir, que tenían el cupo. A la patrulla Bachué tres le pedí el favor de que se trasladara al ancianato del sector y le comentaran la situación del señor que al parecer era un señor abandonado, la respuesta fue que las personas que estaban en ese ancianato eran pensionadas y que no lo podían recibir, terminé el tercer turno y le entregué primero al Ag. Vargas, el cual quedó con el anciano y al regresar nuevamente al tumo el día 5 de noviembre y el anciano aún se encontraba en el CAI. El señor manifestaba en todo momento que se iba entonces yo le informé a la central que yo no me podía hacer cargo porque el señor estaba muy inquieto al querer irce (sic), mientras atendía casos policiales el señor se desaparecía y me tocaba salir a buscarlo y convencerlo de que se estuviera en el CAl, a lo que me contestó la central que si se notaba bien de salud física y tenía buena coordinación lo dejara que se desplazara a donde quisiera irse y así se hizo, se fue aproximadamente a las 10.30 horas.

29. No obstante, el hecho de que los agentes de la Policía Nacional no hayan incurrido en ninguna de las actuaciones irregulares que la parte actora les imputa, no desvirtúa el fondo del cuestionamiento planteado en la demanda, el cual consiste en que hubo una falla del servicio porque, pese a que la denuncia por la desaparición del señor Casares se recibió el 4 de noviembre de 1998 en las oficinas de la Sijín, los agentes del barrio Bachué nunca advirtieron que la persona que encontraron extraviada ese mismo día y que permaneció en las instalaciones del CAl hasta el día siguiente, ya había sido reportada como desaparecida; del mismo modo que los policías adscritos a la estación de Engativá nunca se percataron de que el anciano de cuyo hallazgo tuvieron conocimiento por conducto de los agentes del barrio Bachué había sido denunciado como desaparecido ante la Sijín.

30. A juicio de la Sala, esta circunstancia pone en evidencia que hubo en este caso una actuación descoordinada e ineficiente de la Policía Nacional, que contribuyó de forma decisiva para que Francisco Javier Casares Corro permaneciera extraviado por espacio de veinte días, aproximadamente. La forma como sucedieron los hechos, sugiere que la demandada dejó de poner en funcionamiento los recursos de que disponía para alertar en tiempo real a las diferentes unidades de policía del sector de Engativá acerca de la desaparición de una persona que, por su condición de ancianidad y discapacidad auditiva, se encontraba en una situación de debilidad y vulnerabilidad manifiesta que fue advertida por la denunciante y que, por tanto, era conocida por las autoridades. Esta omisión operó como causa eficiente del daño moral padecido por la actora pues, de no haberse producido, seguramente habría evitado que el señor Casares Corro permaneciera extraviado por tantos días, varios de ellos apostado justo en frente de las instalaciones del CAl del barrio Quirigua, sin que ninguno de los policiales se percatara siquiera de que se trataba de una persona que ya había sido denunciada como desaparecida.

31. Sobre este punto en particular, la Sala, en sentencia del 6 de marzo de 2008(18), señaló que la omisión de la conducta debida, con la cual se habría podido evitar la producción del daño, compromete la responsabilidad patrimonial de la administración:

En primer lugar, la doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de construcción se dejan sobre una vía(19); en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso.

En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(20); b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(21).

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(22).

(...).

En síntesis, ha sido el criterio reiterado de la Sala que al Estado solo le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, cuando tales daños se hubieran podido evitar si aquel hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que por mandato constitucional correspondía. Pero, que el contenido de esa obligación de seguridad en cada caso se determina de acuerdo con la capacidad que materialmente tuviera para cumplirla, atendiendo las circunstancias particulares.

32. Así las cosas, la Sala habrá de declarar la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional por el daño moral padecido por la señora Carmen Blandón Grisales como consecuencia de la prolongación del tiempo en que Francisco Javier Casares Corro permaneció desaparecido.

33. La demanda, de otra parte, también imputa responsabilidad a la entidad demandada por la amputación y posterior fallecimiento del señor Casares Corro. La causa del hecho, según indica, es la negligencia de los agentes de policía del sector de Engativá que permanecieron indolentes e impasibles mientras él caía en la indigencia y sufría un notorio y progresivo deterioro de su estado de salud.

34. La Sala no comparte esta apreciación. La evidencia disponible no permite afirmar que los policías del CAI de los barrios Bachué y Quirigua omitieron deliberadamente prestarle asistencia o informar a sus familiares sobre su paradero. De hecho, se observa que dadas las dificultades de comunicación que presentaba el señor Casares Corro, los uniformados nunca tuvieron conocimiento de su condición diabética, y tampoco se percataron de que su estado de salud fuera delicado y que requiriera, por tanto, medicamentos o una alimentación especial. Al respecto, el sargento Jorge Enrique Gil Sánchez manifestó (fl. 30, cdno. pruebas):

Preguntado: sírvase decir si durante el trayecto para el día de la conducción hacia el CAl Bachué el anciano en mención se encontraba enfermo. Contestó: físicamente no se le observaba enfermo. Su estado anímico era normal. Preguntado: según el quejoso Carlos Alberto Alfonso Blandón manifestó que el señor padre fue encontrado en el CAl Quirigua con aspecto cadavérico y de enfermedad, sírvase decir si posteriormente al siguiente siclo (sic) fue informado de la presencia de este anciano en el CAl Quirigua. Contestó: yo nunca volví a ver al anciano ni me comentaron nada al respecto. Preguntado: sírvase decir en este tipo de casos como el que se investiga de un anciano extraviado cuál es la función (sic) oportuna que se le debió dar a esta persona. Contestó: como se manifestó, él en ningún momento dio una información para ubicar a su familia y como decía que vivía por ahí cerca se optó por dejarlo en el CAl para ver si alguien venía a preguntarlo, no se vio la nesecidad (sic) de llevarlo a un centro asistencial como en algunos casos de hace porque, como se indicó anteriormente, su semblante era normal y no se quejaba de nada, en cuanto a las gestiones para internarlo en un ancianato estas se realizaron pero en estos centros no los reciben hasta tanto no vaya una persona familiar que se responsabilice por él.

35. En estas condiciones, se concluye que la parte demandante no logró demostrar la falla del servicio que, según dice, operó como causa de la amputación y posterior fallecimiento de Francisco Javier Casares Corro.

36. Por lo demás, debe señalarse que desde un enfoque de causalidad material, el daño alegado por la parte actora encuentra su origen en hechos y situaciones ajenos a la Policía Nacional. En efecto, de acuerdo con la historia clínica aportada al proceso, el señor Casares ingresó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira el 17 de diciembre de 1998, esto es, veinticinco (25) días después de haberse reencontrado con su familia. Para ese momento, ya presentaba un grave cuadro infeccioso que tenía un mes de evolución. Siendo ello así, mal puede la parte actora pretender que se responsabilice a la demandada por la amputación de que fue víctima el señor Casares. Antes bien, existiendo evidencia de que al momento de reunirse nuevamente con su familia él ya se quejaba de dolores en su pierna derecha(23), puede inferirse que el daño es principalmente el resultado del descuido de sus familiares, que solo lo llevaron al servicio médico veinticinco (25) días después de haberlo encontrado, cuando ya la infección tenía un grado avanzado de evolución, y no había más remedio que someterlo a una cirugía de amputación.

37. Y en cuanto al fallecimiento del señor Casares Corro, ocurrido el 23 de marzo de 2000, la información consignada en el protocolo de necropsia indica claramente que es el resultado de un infarto extenso del miocardio que sobrevino en momentos en que él, pese a encontrarse en delicado estado de salud y a que los médicos le habían recomendado que guardara reposo, se disponía a emprender, junto con su compañera, un viaje por tierra desde Bogotá hasta Pereira:

En resumen, según la información previa disponible para este momento, este señor era de nacionalidad venezolana y vivía hace varios años en Colombia, en la ciudad de Pereira. Hace varios meses vino con su esposa a estar en la ciudad de Bogotá y estaba aparentemente bien, pero tenía el antecedente de que sufría de diabetes e hipertensión, para lo cual estaba tomando diferentes medicamentos. El señor hace algunos días empezó a quejarse de dolor en el pecho, el día de 4 de marzo lo hospitalizaron en el Hospital de La Granja y allí estuvo por espacio de ocho días y la esposa dice que le habían diagnosticado un infarto. Cuando se le dio de alta se le hicieron varias recomendaciones, entre ellas, reposo, pero sin embargo, el señor decidió viajar a Pereira, ya que al parecer estaba bastante enfermo y la esposa dice “no quería que se me muriera acá en Bogotá”. Estaban en la terminal de transportes de Bogotá y allí falleció el señor (...).

38. En estas condiciones, se concluye que el daño padecido por la parte actora como consecuencia la amputación sufrida por Francisco Javier Casares Corro y de su posterior fallecimiento no es imputable a la demandada pues no se evidencia en este caso que la Policía Nacional haya incurrido en una acción u omisión, constitutiva de falla del servicio que pueda tenerse como causa de aquel.

39. Por las razones anotadas, la Sala denegará parcialmente las pretensiones de la demanda y, por lo tanto, revocará la sentencia apelada.

VI. Perjuicios

40. La Sala fija en cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización debida a la señora Carmen Blandón Grisales en compensación por el daño moral padecido como consecuencia de la desaparición de su compañero permanente, el señor Francisco Javier Casares Corro, que se prolongó por espacio de veinte días, aproximadamente, por hechos imputables a la Policía Nacional.

VII. Costas

41. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de 2 de abril de 2003, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Policía Nacional por el daño moral padecido por la señora Carmen Blandón Grisales como consecuencia de la prolongación del tiempo en que Francisco Javier Casares Corro permaneció desaparecido.

3. CONDENAR a la Policía Nacional a pagar a la señora Carmen Blandón Grisales el equivalente en moneda nacional a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda, presentada el 27 de octubre de 2000, la pretensión mayor, correspondiente al daño moral, fue estimada en dos mil (2000) gramos oro, equivalentes a $ 37.076.200. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2000 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 26.390.000.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, Expediente 20.450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Sobre la imposibilidad de valorar los testimonios de parte, se ha pronunciado la Sala en las sentencias de 28 de abril de 2010, Expediente 19474, C.P. Enrique Gil Botero, y 11 de noviembre de 2009, Expediente 18.163, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(4) Sobre la valoración del llamado “testigo sospechoso” la jurisprudencia de esta corporación ha señalado lo siguiente: “(...) dentro del sistema que adopta el Código de Procedimiento Civil para la valoración de la prueba, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda calificar de “sospechoso”, ya que ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna todo el régimen probatorio en nuestro medio, sin embargo, las razones por las cuales un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica de la prueba. Y no resulta procedente desestimar de plano un testimonio, porque el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil establece como norma de conducta para el juez apreciar los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y no desecharlos de plano. El calificar como sospechoso un testigo no implica necesariamente que este haya incurrido en un falso testimonio, pues, en la práctica, respecto de testigos que en principio puedan ser calificados sin tacha de sospecha, no puede presumir el juez que siempre dicen la verdad; su dicho, como todo medio probatorio, debe evaluarse en conexidad con todos los demás medios de prueba aportados dentro de un proceso”. Sección Primera, sentencia de 1º de julio de 2004, Expediente 2003-01445, C.P. Olga Inés Navarrete. En el mismo sentido véase la sentencia de 19 de julio de 2007, Expediente PI02791, C.P. Martha Sofía Sánz Tobón.

(5) Similar comunicación fue presentada por la actora ante el Departamento Administrativo de Seguridad, la cual tiene constancia de recibido el 30 de noviembre de 1998 (fl. 54, cdno. pruebas).

(6) En declaración rendida ante el a quo, el señor Carlos Alberto Alfonso Blandón, hizo el siguiente relato: “Pasaron varias semanas y como siempre cargábamos un avisito con la foto del señor Casares Corro y aprovechamos y fuimos a misa, a la iglesia de Bachué un domingo y fijamos allí en la casa cural con permiso del señor cura párroco uno de esos avisos y fuimos al CAl que queda ahí contiguo en el mismo parque, pedimos permiso al comandante de guardia para fijar otro aviso, similar al que habíamos colocado en la iglesia y nos fue concedida la autorización. Estando en estas, apareció un agente de aspecto costeño, alto, moreno, quien al quedarse observando el aviso y la foto, manifestó que a ese señor lo conocía (...)”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 19 de noviembre de 2008, Expediente 28.259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, y de 11 de diciembre de 2002, Expediente 13.818, C.P. María Elena Giraldo, entre otras.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2011, Expediente 20.145, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(9) Tanto el formulario del resumen de atención expedido por este centro hospitalario, como la autorización para la práctica del procedimiento quirúrgico de amputación aparecen suscritos por la señora Carmen Blandón (fls. 6 y 32, cdno. 3).

(10) Obran dentro del expediente los originales de los recibos de caja expedidos por la funeraria La Aurora y la parroquia Nuestra Señora de los Dolores a nombre de Carmen Blandón por concepto de servicios funerarios y misa, respectivamente, del señor Francisco Javier Casares (fl. 88, cdno. pruebas).

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 26 de octubre de 1993, Expediente 7793, C.P. Juan de Dios Montes, de 27 de noviembre de 2002, Expediente 13.090, C.P. María Elena Giraldo, de 26 de abril de 2006, Expediente 14.908, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, de 5 de julio de 2006, Expediente 14.686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(12) El testigo Eduardo Alfonso Corredor simplemente manifestó que “[los familiares] me comentaron que el señor se había perdido en el barrio Bolivia, estaba recibiendo el sol en el parque y la Policía lo detuvo por indocumentado” (fl. 34, cdno. 3).

(13) Según la información consignada en la historia clínica, el señor Casares Corro nació en Caracas, Venezuela, el 3 de diciembre 1913.

(14) Así consta en la historia clínica y en el protocolo de necropsia.

(15) Así consta en la denuncia por desaparecimiento formulada por la actora. Por lo demás, las declaraciones de María Magdalena Morales (fl. 33, cdno. pruebas), Eduardo Alfonso Corredor (fl. 33, cdno. 3), el agente de la Policía Nacional Oscar Vargas Angulo (fl. 27, cdno. pruebas), coinciden en manifestar que al señor Francisco Javier Casares “no se le entendía lo que decía”.

(16) En la denuncia que radicó el 4 de noviembre de 1998 ante el Departamento de Policía de Bogotá —Sijín—, la demandante señaló que la desaparición ocurrió el 10 de noviembre de 1998 (fl. 40, cdno. pruebas). Sin embargo, en la constancia de búsqueda de personas desaparecidas del Instituto de Medicina Legal, la cual tiene fecha de 3 de noviembre de 1998, indicó que el hecho se presentó el 2 de noviembre de 1998 (fl. 53, cdno. pruebas).

(17) Los registros de personas desaparecidas aportadas en copia auténtica por la Policía Nacional no permiten desvirtuar ni confirmar esta afirmación, ya que los primeros registros son del 5 de noviembre de 1998 (fls. 119 y ss., cdno. pruebas).

(18) Expediente 14443, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(19) [2] Por ejemplo, Guido Alpa. Nuevo tratado de responsabilidad civil. Lima, Juristas Editores, 2006, págs. 346 y ss., señala que en este tipo de eventos, “en realidad, no se trata de una “omisión” sino del ejercicio de una actividad sin la adopción de oportunas medidas de seguridad”.

(20) [3] Sentencia del 23 de mayo de 2004.

(21) [4] Sentencia del 23 de mayo de 1994, Expediente 7616.

(22) [5] “... conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad solo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia del 21 de febrero de 2002, Expediente 12.789.

(23) Así consta en el testimonio de Carlos Alberto Alfonso Blandón (fl. 35, cdno. 3).