Sentencia 2000-02457/29103 de mayo 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad.: 250002326000200002457 02

Exp.: 29103

Ref.: Ejecutivo contractual

Consejero Ponente: HERNAN ANDRADE RINCON

Actor: fondo de ahorro y vivienda distrital

Demandado: Aseguradora Colseguros S.A.

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

Tema: Improcedencia de excepciones dirigidas a atacar la legalidad de los actos administrativos que componen el título ejecutivo. La nulidad de actos administrativos que componen el título ejecutivo impone que se declare su inexistencia y que se termine el proceso ejecutivo. Condena en costas en proceso ejecutivo en vigencia del Código Contencioso Administrativo, por falta de regulación expresa y en atención a la remisión del artículo 267 de esa norma, para su estudio debe atenderse lo dispuesto al respecto en el Código de Procedimiento Civil.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 22 de julio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió:

“1. Declárase no probada la objeción al dictamen pericial rendido por las (sic) peritos José Luis Mejía Ocampo y Rafael Silva Valenzuela.

2. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por el señor apoderado de la parte ejecutada.

3. Siga adelante la ejecución contra el demandado.

4. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, el ejecutante deberá presentar la liquidación específica del capital y de los intereses de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios (C. de P.C, art. 521).

5. Se condena en costas a la parte demandada. Por la Secretaría de la Sección, tásense”.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 31 de octubre de 2000, el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, en adelante Favidi, por conducto de apoderado judicial debidamente constituido, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, en contra de la Aseguradora Colseguros S.A.

En el escrito de la demanda se formularon las siguientes pretensiones, las cuales se trascriben tal como fueron formuladas:

“Sírvase librar mandamiento de pago en favor del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital - Favidi y contra la compañía aseguradora Colseguros S.A. por la siguientes sumas de dinero:

1) Por la suma de un mil quinientos veintitres millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/l. ($ 1.523.174.400), por concepto de capital adeudado desde el día 15 de marzo de 2000, fecha en la cual quedó en firme la Resolución 79 del 18 de febrero de 2000 que desató los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución que liquidó unilateralmente el contrato celebrado con la sociedad ‘Inversiones y Construcciones Gomega Ltda. Hoy en liquidación’, quien fue la tomadora del seguro, todo de conformidad con los hechos que expondré más adelante.

2) Por la suma de un mil setecientos ochenta y siete millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos veintiseis pesos m/l. ($ 1.787.886.426), por concepto de capital adeudado desde el día 15 de marzo de 2000, fecha en la cual quedó en firme la Resolución 79 del 18 de febrero de 2000 que desató los recursos de reposición interpuestos contra la resolución que liquidó unilateralmente el contrato celebrado con la sociedad ‘Inversiones y Construcciones Gomega Ltda. Hoy en liquidación’, quien fue la tomadora del seguro, todo de conformidad con los hechos que expondré más adelante.

3) Por la suma que resulte de liquidar los montos de capital anteriormente relacionados a una tasa equivalente al doble del interés bancario corriente, a título de intereses moratorios, desde que las obligaciones se hicieron exigibles, esto es, 15 de marzo de 2000, hasta cuando se efectúe el pago efectivo de las obligaciones demandadas.

4) Por las costas procesales que se causen en el presente juicio”.

2. Hechos.

Como fundamentos fácticos de la demanda la parte actora expuso los que la Sala se permite resumir a continuación:

El 16 de octubre de 1998, Favidi e Inversiones y Construcciones Gomega Ltda., en adelante Gomega suscribieron un acuerdo de transacción, a través del cual la sociedad contratista se comprometió a construir 528 unidades de vivienda de interés social, tipo bifamiliar, ubicadas en “Las Riberas de Occidente” y la demandante se obligó a entregar la suma de quince mil doscientos treinta y un millones setecientos cuarenta y cuatro mil pesos ($ 15.231’744.000), como precio total de las viviendas.

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la transacción, Favidi giró al contratista un anticipo por valor de dos mil millones de pesos ($ 2.000’000.000), el cual sería amortizado durante el periodo de ejecución del contrato.

Para amparar las obligaciones emanadas del contrato de transacción la contratista suscribió con la Aseguradora Colseguros S.A., un contrato de seguro de cumplimiento, en virtud del cual se expidió la póliza número 724007859. En la póliza se amparó la buena inversión del anticipo hasta por valor de dos mil millones de pesos ($ 2.000’000.000) y su cumplimiento hasta por un valor de mil quinientos veintitrés millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos ($ 1.523’.174.400).

Se afirmó en el escrito de la demanda que la contratista incumplió las obligaciones relacionadas con la construcción de las unidades de vivienda de interés social, suspendiendo de manera unilateral la ejecución del contrato de obra, por lo cual, mediante Resolución 273 del 7 de julio de 1999, Favidi declaró la caducidad administrativa del contrato y la exigibilidad de la póliza de cumplimiento 724007859, por presentarse el siniestro de incumplimiento. Este contenido fue confirmado mediante la Resolución 338 del 19 de agosto de 1999.

A través de la Resolución 589 del 28 de diciembre de 1999, Favidi resolvió liquidar unilateralmente el contrato de transacción suscrito con Gomega el 16 de octubre de 1998, en todo lo relacionado con la construcción de las viviendas de interés social. En el acto administrativo por el cual se liquidó unilateralmente el contrato de transacción, la entidad estatal ordenó el pago de la póliza de cumplimiento 724007859 a la aseguradora Colseguros S.A., en virtud del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de la contratista.

Contra dicho acto la compañía aseguradora y Gomega interpusieron recurso de reposición, el cual fue resuelto en forma desfavorable a través de la Resolución 79 del 18 de Febrero del 2000, notificada el día 7 de marzo del 2000.

El 12 de mayo del 2000, Favidi presentó solicitud escrita ante la aseguradora Colseguros S.A. requiriendo el pago de las sumas de dinero indicadas, para lo cual allegó las copias auténticas de los actos administrativos mencionados, petición frente a la cual la Compañía, mediante respuesta del 23 de mayo del 2000, señaló que en contra de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró la caducidad administrativa del contrato promovió proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que antes de efectuar el pago de la póliza del seguro número 724007859 debía definirse la validez de tales actos.

Sostuvo la actora que desde la ejecutoria de la Resolución 79 de 18 de febrero de 2000, por medio de la cual se resolvieron los recursos interpuestos contra la resolución que liquidó el contrato celebrado con Gomega, el acto administrativo es ejecutable. Adicionalmente, afirmó que la suma demandada es clara, expresa y exigible, al tenor de lo dispuesto por el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo.

3. El mandamiento de pago.

La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 31 de octubre de 2000.

El 12 de diciembre del 2000, el Tribunal resolvió librar mandamiento de pago a favor de Favidi por la suma de tres mil trescientos once millones sesenta mil ochocientos veintiséis pesos ($ 3.311’060.826), más intereses moratorios. En proveído de 6 de febrero de 2000, el a quo aclaró el auto anterior y señaló que a partir del 15 de marzo del 2000 se empezarían a contabilizar los intereses moratorios, en aplicación de lo preceptuado por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil.

4. Suspensión del proceso.

Mediante memorial del 7 de marzo de 2001 , el apoderado de la Aseguradora Colseguros S.A., solicitó la suspensión del proceso ejecutivo alegando prejudicialidad. Explicó que con la finalidad de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 273 y 338 de 1999 -actos administrativos que constituyen el título ejecutivo-, interpuso demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de Favidi.

En auto del 3 de mayo de 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la suspensión del presente proceso por prejudicialidad, con fundamento en lo previsto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, atendiendo a las razones expuestas por la Aseguradora. La parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación.

El a quo confirmó su providencia el 5 de julio del 2001 y, en consecuencia, concedió el recurso de apelación interpuesto. Esta corporación, mediante proveído del el 30 de agosto de 2001, admitió el recurso y en providencia del 12 de diciembre de 2001 decidió revocar el auto apelado y ordenó que se continuara con el trámite del proceso.

5. Oposición del ejecutado.

La compañía de seguros se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda formulada por Favidi, al tiempo que propuso la excepción de ilegalidad en contra de las resoluciones que constituyen el título de la presente ejecución.

Alegó que no se pactó cláusula de caducidad ni ninguna otra que permitiera a la Administración hacer uso de poderes exorbitantes en el acuerdo de transacción del 16 de octubre de 1998.

Afirmó que con la expedición de las Resoluciones 273, 338, 589 de 1999 y 79 de 2000, la entidad actora vulneró las siguientes normas jurídicas:

Los artículos 13 y 14 de la Ley 80 de 1993, al aplicarle a un contrato de transacción regulado integralmente por normas comerciales y civiles una figura de raigambre administrativa, la caducidad.

El artículo 1088 del Código de Comercio, por cuanto en la liquidación del contrato Favidi reclamó la totalidad del amparo, incluyendo lo relacionado con la correcta inversión del anticipo, sin tener en cuenta las obras realizadas por Gomega a esa fecha.

El artículo 1542 del Código Civil, al exigir Favidi el cumplimiento de una obligación sujeta a una condición suspensiva, sin que hubiese acaecido totalmente la condición.

Finalmente, expuso que el anticipo se invirtió en forma correcta y que el Favidi no sufrió ningún perjuicio en su patrimonio por el supuesto incumplimiento.

6. Decreto de pruebas.

Mediante auto del 3 de octubre de 2002 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó las pruebas solicitadas, entre ellas, el dictamen pericial pedido por la parte demandada.

Rendido el dictamen pericial y corrido el traslado a las partes, la apoderada de la actora lo objetó por error grave, al considerar que la prueba se basó únicamente en los estudios de la interventoría, sin tener en cuenta los demás documentos obrantes en el expediente. Adicionalmente, dijo que la pericia era impertinente e inconducente para acreditar la ilegalidad de los actos administrativos expedidos por el Favidi.

7. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 22 de julio de 2004, a través de la cual declaró no probada la objeción por error grave formulada en contra del dictamen pericial, negó las excepciones propuestas por la parte demandada y ordenó seguir adelante la ejecución en contra del demandado.

En relación con la objeción por error grave del dictamen formulada por la parte ejecutante, consideró el a quo que no estaba llamada a prosperar, toda vez que no encontró configurada una contradicción entre los documentos obrantes como prueba y las conclusiones a las que arribaron los peritos.

En relación con las excepciones propuestas por la parte demandada, indicó que eran improcedentes por las siguientes razones:

En lo que respecta a la excepción de violación de los artículos 13 y 14 de la Ley 80 de 1993, razonó el Tribunal que al contrato le eran aplicables las disposiciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y, por lo tanto, lo relativo a las cláusulas excepcionales. Así mismo, consideró que proviniendo dicha transacción de un contrato estatal de obra, ésta no podía tomarse de manera independiente, máxime cuando en el contrato de transacción no existió novación de las obligaciones a cargo de las partes.

En lo concerniente a la excepción de la violación de lo dispuesto en el artículo 1088 del Código de Comercio, señaló que en la Resolución 589 de 1999, por la cual se liquidó unilateralmente el contrato, no se configuró un enriquecimiento sin causa para la Administración al consignar como suma a cargo de la Aseguradora el valor total de la garantía única de cumplimiento en lo que respecta al siniestro genérico de incumplimiento, así como tampoco en lo que concierne al anticipo no invertido.

En cuanto a la excepción de violación del artículo 1542 del Código Civil, que hace alusión a la exigibilidad de la obligación condicional, consideró que la parte ejecutada no probó a lo largo del proceso que, efectivamente, hubiese cumplido con las obligaciones a su cargo, hecho que hubiera impedido a la Administración hacer efectiva la cláusula excepcional de caducidad.

Finalmente, decidió seguir adelante con la ejecución contra el demandado.

8. El recurso de apelación.

La parte demandada recurrió la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para solicitar su revocatoria con fundamento, en resumen, en las siguientes razones:

Adujo que el Tribunal incurrió en error al considerar que era posible declarar la caducidad del acuerdo de transacción del 16 de octubre de 1998 por derivarse de un contrato de obra. En ese sentido, afirmó que lo que existió fue un contrato de promoción de vivienda de interés social, en el que no eran aplicables las cláusulas exorbitantes, por no encontrarse en los eventos consagrados en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.

De otro lado, consideró que el Favidi sí incurrió en enriquecimiento sin causa en la liquidación unilateral del contrato, al hacer efectiva la póliza 724007859 por el valor total de la suma asegurada, sin tener en cuenta las obras ejecutadas ni los inventarios entregados. Aseveró que la actora no sufrió mengua alguna en su patrimonio, porque pagaba por las obras ejecutadas y entregadas y, además, porque nunca desembolsó recursos sin contraprestación.

Explicó que la condición suspensiva en los seguros de daño —de los que hace parte el cumplimiento— es la causación de perjuicios y no el mero incumplimiento contractual, como lo manifestó el Tribunal. Asimismo, consideró que el a quo no valoró las pruebas en su totalidad, especialmente los dictámenes periciales y el informe presentado por la firma Rodríguez Azuero Ltda., medios demostrativos a través de los cuales se habría acreditado que no se causó ni evidenció perjuicio directo alguno en contra de Favidi como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de transacción amparado.

Por último, afirmó que el Tribunal desconoció que el contratista invirtió totalmente el anticipo en la obra y que el Favidi no demostró lo contrario, argumento en el que sustentó su inconformidad en relación con la consideración del a quo en el sentido de exigir la totalidad de la suma asegurada con el amparo de la correcta inversión del anticipo.

De conformidad con los argumentos expuestos, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia.

8.1. Admisión del recurso.

El recurso presentado por la parte ejecutada fue admitido por auto del 27 de junio de 2005 y, ejecutoriado este, mediante proveído del 9 de diciembre de 2005, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

La demandante presentó su alegato de conclusión dentro del término y, básicamente, reiteró los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación. Adicionalmente, allegó al proceso las decisiones proferidas, en sede de la acción contractual, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los siguientes procesos adelantados en contra del Favidi: a) 2000-0297 AC 2000-0091, en acción ejercida por la Aseguradora Colseguros S.A. y la Sociedad Inversiones y Construcciones Gomega Ltda, y b) 2000-1426, en acción ejercida por Aseguradora Colseguros S.A., en los cuales, según dijo, se ratificó la legalidad de las resoluciones proferidas por la parte actora y con fundamento en las cuales se adelanta la ejecución.

Por su parte, la entidad demandada insistió en la violación de los artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993 que se habría configurado con ocasión de la expedición de los actos administrativos que sirven de título ejecutivo en el presente proceso. Así mismo, expresó que al momento de la declaratoria de caducidad el porcentaje de cumplimiento de Gomega era del 92.95%, por lo que el incumplimiento en dicho momento fue de tan solo el 7.5%, siendo éste porcentaje del siniestro en el que el Favidi sustenta su reclamación; sin embargo, exige el pago la totalidad de la suma asegurada, como si el incumplimiento hubiera sido del 100%, aun cuando en la Resolución 589 de 1999 se determinó que el porcentaje de cumplimiento había sido del 69.9%.

8.2. Intervención del Ministerio Público.

El Ministerio público en su intervención concluyó que la sentencia apelada debía ser confirmada en el sentido de librar mandamiento de pago en los términos pedidos en la demanda, por las siguientes razones:

Consideró que el contrato de transacción, más que un contrato autónomo, es uno de los medios previstos en la ley para la terminación anormal o anticipada de los procesos y, en el caso concreto, persiguió finiquitar las diferencias entre las partes sobre aspectos en litigio, sin extinguir el contrato de obra inicial.

Reiteró que la exigibilidad de la obligación se fundó tanto en el contrato base como en el acuerdo de transacción al que llegaron las partes, el cual no fue cuestionado como objeto de irregularidad o vicio alguno, por lo que los presupuestos mínimos para su validez estaban dados. En consecuencia, razonó que los documentos base de la ejecución resultaban idóneos para adelantar un proceso ejecutivo y que el libramiento de la orden de pago devino en forma legal y fundada.

Manifestó que el mandamiento de pago era una decisión que se encontraba en firme y que tuvo como presupuestos básicos el cumplimiento de los requisitos fundamentales para incoar la acción ejecutiva, esto es, que se trataba de una obligación clara, expresa y exigible que constaba en un título ejecutivo complejo.

Indicó que, dada la complejidad del título, era procedente la declaratoria de caducidad, así la misma no hubiese sido pactada en forma expresa, en tanto que la ley prevé para esta clase de contratos que la Administración pueda acudir a dichas cláusulas exorbitantes.

En lo correspondiente a la liquidación unilateral del contrato señaló que debe tenerse en cuenta que el cobro no se está haciendo en forma directa contra el contratista, sino en contra la compañía aseguradora que garantizó el cumplimiento del contrato y el buen manejo del anticipo. Analizó el trabajo de liquidación, particularmente el contenido de los cuadros comparativos de avance de la obra y concluyó, contrario a lo invocado por el recurrente, que la Administración no cobró la totalidad de las obligaciones pactadas a cargo del contratista, sino que tomó los valores de las obras programadas para la fecha en que la constructora paró las labores y a esa operación se le dedujeron los de avances de obra.

9. Trámite de segunda instancia.

9.1. Nulidad.

En esta instancia se consideró que se había incurrido en la causal de nulidad establecida en el artículo 140 numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, esto es, haberse adelantado el proceso después de ocurrida una causal de suspensión y se puso el hecho en conocimiento de la Aseguradora Colseguros S.A.

La Aseguradora Colseguros S.A. alegó la nulidad dentro de la oportunidad legal y, de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 último inciso, 145 y 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Corporación, mediante auto del 20 de abril de 2010, declaró la nulidad de todo lo actuado en este proceso a partir de la sentencia de 22 de julio de 2.004, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y decretó la suspensión del proceso hasta la presentación de la providencia ejecutoriada dictada en el juicio ordinario promovido por Aseguradora Colseguros S.A.

Posteriormente, el 28 de mayo de 2010 la parte actora interpuso recurso de súplica contra el auto proferido el 18 de mayo de 2010, el cual fue resuelto favorablemente mediante proveído del 16 de septiembre de 2011, por medio de cual se que revocó el auto suplicado.

2. Consideraciones.

1. Competencia.

Dado que el litigio del cual se ocupa la Sala en esta oportunidad versa sobre un proceso ejecutivo adelantado para hacer efectivas obligaciones derivadas de un contrato de seguro, celebrado para garantizar un contrato estatal, la Sala precisa que es competente para conocer del recurso de apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 , el cual prescribe, expresamente, que la competente para conocer de las controversias ocasionadas en los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, derivados de los mismos, es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esta competencia se mantuvo con la expedición de la Ley 1437 de 2011 que en su artículo 104, numeral 2º, preceptuó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.

Así las cosas, dado que el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital – Favidi es una entidad pública, los contratos que el mismo celebre deberán tenerse como estatales, sin importar el régimen legal que les sea aplicable.

De otra parte, resulta oportuno destacar que esta Corporación es competente en segunda instancia para conocer del proceso, en tanto que la pretensión mayor ascendió a la suma de un mil setecientos ochenta y siete millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos M/L. ($ 1.787’886.426), suma que resulta superior a la exigida para que un proceso iniciado en el año 2000 tuviera vocación de doble instancia, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el Decreto 597 de 1988 ($ 26’390.000).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

El numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispuso acerca del término de caducidad de la acción ejecutiva:

“La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial” (Se resalta).

Esta Sección, en reiterada jurisprudencia, ha interpretado el citado artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y con fundamento en la figura de la analogía consagrada en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, ha determinado que el término de 5 años para las acciones ejecutivas derivadas de providencias judiciales resultaba aplicable a los títulos ejecutivos contractuales, a pesar de que la Ley 446 de 1998 no señaló su término de caducidad.

De acuerdo con lo anterior, aquellos títulos que se originaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, tendrán un término de caducidad de 5 años, el término que se cuenta a partir del momento en el cual la obligación se hizo exigible.

En el asunto que se analiza, se tiene que el 16 de octubre de 1998 el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital celebró contrato de transacción con la sociedad Inversiones y Construcciones Gomega Ltda., y que en esa misma fecha se celebró un contrato de seguro para amparar las obligaciones emanadas de la transacción.

Ahora bien, observa la Sala que la Resolución 273, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato de transacción y se ordenó hacer efectiva la garantía contenida en la póliza emitida por la Aseguradora Colseguros S.A., se expidió el 7 de julio de 1999 y se confirmó el 19 de agosto de 1999. Así mismo, encuentra que la demanda ejecutiva se presentó el 31 de octubre del año 2000, por lo cual resulta evidente que la acción se ejerció dentro del plazo de los cinco años de que trata el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, con mayor razón si el conteo se realizara desde la fecha en que quedaron ejecutoriados los actos administrativos por medio de los cuales se liquidó unilateralmente el negocio jurídico.

3. El caso concreto.

Advierte la Sala que antes de absolver las inconformidades presentadas por la parte demandada en su recurso de apelación, resulta imperativo examinar la existencia del título ejecutivo, puesto que éste constituye la base del recaudo y, por tanto, se configura en un presupuesto ineludible para proferir sentencia en la que se ordene o confirme continuar con la ejecución y, en ese sentido, para establecer si las excepciones propuestas por la parte recurrente pueden ser analizadas y están, o no, llamadas a prosperar. Al respecto, en sentencia del 27 de julio de 2005, la Sección Tercera de esta Corporación precisó:

“Si bien la inexistencia del título ejecutivo no puede ser alegada a través de excepción cuando el título está constituido por una providencia que conlleve ejecución, uno de los requisitos cuyo cumplimiento debe observar el juez al momento de dictar la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, lo es la existencia del título base del recaudo ejecutivo. De observar que no existe tal título no es viable dictar sentencia en tal sentido, y en cambio debe ordenarse la terminación del proceso, como se hará en este caso en relación con la compañía aseguradora” (Destaca la Sala).

Ahora bien, de acuerdo con la demanda ejecutiva presentada por el Favidi en contra de la Aseguradora Colseguros S.A., son dos las obligaciones dinerarias cuyo pago se persigue por esta vía, una, por valor de $ 1.523’174.400, y, la otra, por valor de $ 1.787’886.426, ambas obligaciones correspondientes al valor del capital adeudado a la demandante de acuerdo con los conceptos indicados en la Resolución 079 del 18 de 2000, acto administrativo por medio del cual se confirmó la Resolución 589, a través de la cual se liquidó unilateralmente el contrato de transacción celebrado entre las partes de este proceso y que quedó ejecutoriado el 12 de marzo del año 2000.

Según la información contenida en los actos administrativos de liquidación unilateral del mencionado contrato, la primera de las obligaciones dinerarias corresponde a la ocurrencia del siniestro de incumplimiento amparado bajo la póliza 724007859 expedida por la Aseguradora Colseguros S.A. para garantizar las obligaciones de ese negocio jurídico y, la otra, a la ocurrencia del siniestro de buen manejo de anticipo, amparado por esa misma póliza.

Dado que se trata de un cobro ejecutivo de las pólizas de seguro tomadas por un contratista de la Administración para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, en este caso el título ejecutivo es complejo, toda vez que los requisitos que se deben cumplir para su composición se encuentran integrados por varios documentos.

En efecto, el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, alude a los documentos que conformarían un título ejecutivo, así:

“ART. 68.—Definición de las obligaciones a favor del estado que prestan merito ejecutivo. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos:

4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso.

5. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación”.

En ese sentido, la Sección Tercera de esta Corporación, en providencia del 6 de junio de 2007, señaló:

“... específicamente respecto del cobro ejecutivo de las pólizas de seguro tomadas por los contratistas de la Administración para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, es decir, en aquellos eventos en los que la Administración reclama judicialmente el pago de la indemnización contenida en esa póliza de seguro, se observa que ésta, constituye apenas, uno de los componentes del título ejecutivo complejo que en estos eventos de cobro ejecutivo de obligaciones contractuales a favor de la Administración, se debe conformar, y que comprende, no sólo la respectiva póliza -en la que consta el traslado del riesgo que el contratista de la Administración le hizo a la aseguradora, respecto de su deber de indemnizar a la entidad estatal por los perjuicios surgidos de su incumplimiento contractual-, sino también, el contrato estatal y el acto administrativo mediante el cual se declaró la existencia del siniestro” (Destaca la Sala). 

En este caso, observa la Sala que, en relación con la obligación dineraria cuyo origen se ubica la ocurrencia del siniestro de incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de transacción celebrado entre las partes de este proceso, el título ejecutivo se integró debidamente; sin embargo, en relación con la obligación que habría surgido en razón de la presunta configuración del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, por las razones que más adelante se expondrán, no se encuentra conformado el respectivo título ejecutivo. 

En lo que concierne al valor cobrado por la parte actora respecto del siniestro de incumplimiento, en el proceso se encuentran los siguientes documentos, todos aportados en copia auténtica:

i) Contrato de transacción celebrado entre el Favidi y la Sociedad Gomega Ltda.

ii) Resolución 273 del 7 de julio de 1999, por medio de la cual se declaró la caducidad de ese negocio jurídico, así como la exigibilidad de la póliza de cumplimiento No. 724007859, por medio de la cual se garantizó el buen manejo y correcta inversión del anticipo y el cumplimiento del contrato de transacción.

iii) Resolución 338 del 19 de agosto de 1999, por medio de la cual se confirmó la Resolución 273.

iv) Resolución 589 del 28 de diciembre de 1999, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato de transacción y se ordenó a la Aseguradora Colseguros S.A. el pago de la póliza No. 74007859 “por la ocurrencia de los siniestros ocasionados por el incumplimiento de la sociedad contratista Inversiones y Construcciones Gomega Ltda., por el 100% del valor asegurado, esto es, la suma de un mil quinientos veintitres millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/l ($ 1.523’174.400)”.

v) Resolución 79 del 18 de febrero de 2000, por medio de la cual se confirmó la Resolución 589 del 28 de diciembre de 1999, entre otras cosas, en lo concerniente a la decisión misma de la liquidación unilateral y a la orden de pago emitida en contra de la Aseguradora Colseguros S.A.

A pesar de que los anteriores documentos conforman un título ejecutivo que da cuenta de una obligación clara, expresa y exigible respecto del siniestro de incumplimiento amparado por la póliza No. 74007859, éstos no son suficientes para integrar un título ejecutivo en relación con el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, ya que si bien a través de las Resoluciones 273 y 338 de 1999 se declaró la exigibilidad de la póliza “por la ocurrencia de incumplimiento” y se mencionaron los amparos que contenía la garantía única de cumplimiento, no se hizo declaración alguna en relación con el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Además, en relación con el contenido de las Resoluciones 589 de 1999 y 079 de 2000, se tiene que mediante providencia del 24 de febrero de 2016, ejecutoriada el 14 de abril de 2016 , se declaró su nulidad parcial, “en cuanto en las mismas se ordenó a la aseguradora Colseguros pagar a Favidi la suma de un mil setecientos ochenta y siete millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos m/l ($ 1.787’886.426), correspondientes valor del amparo frente al riesgo de correcta inversión del anticipo” y, adicionalmente, se dispuso que “no es exigible el valor correspondiente al amparo de buen manejo del anticipo contenido en las Resoluciones números 589 del 28 de diciembre de 1999 y su confirmatoria, la Resolución 070 del 18 de febrero de 2000, mediante las cuales el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital-Favidi liquidó unilateralmente el contrato de transacción suscrito el 16 de octubre de 1998 con la sociedad Inversiones y Construcciones Gomega LTDA”.. 

En lo que a este aspecto concierne, encuentra la Sala que si bien a la fecha de presentación de la demanda los apartes de las Resoluciones 589 del 28 de diciembre de 1999 y 79 del 18 de febrero de 1999 que hacían referencia a la obligación que se pretende ejecutar en contra de la Aseguradora Colseguros S.A. en relación con el siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo estaban amparados por la presunción de legalidad y, por tanto, estaban dotados de plena fuerza ejecutoria , a la fecha de la presente providencia tales apartes fueron retirados del ordenamiento jurídico en razón de la nulidad que respecto de ellos se declaró en sentencia proferida por esta Subsección el 24 de febrero de 2016 dentro del proceso radicado con el número 250002326000142601 (28917) y que, a la fecha, ya hizo tránsito a cosa juzgada, con efectos erga omens, según lo previsto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo. 

En ese orden de ideas y en atención a que la nulidad declarada tiene efectos ex tunc , debe entenderse que los mencionados apartes de los actos administrativos por medio de los cuales se liquidó unilateralmente el contrato de transacción desaparecieron del mundo jurídico desde el mismo momento en que fueron expedidos y comoquiera que la obligación que se pretendía ejecutar en relación con el riesgo de buen manejo y correcta inversión del anticipo estaba contenida en tales apartes, forzoso viene a ser concluir también que a la fecha en que se profiere la presente providencia no existe título ejecutivo respecto de esa obligación, pues el contrato, la póliza y las Resoluciones 273, 338, 589 de 1999 y 079 del 2000, en sus textos vigentes, no contienen los requisitos de fondo necesarios para ser considerados como tales en relación con el mencionado siniestro, esto es, una obligación clara, expresa y exigible, en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 

Se concluye, entonces, que ninguno de los referidos documentos contiene la declaratoria de ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión de anticipo, supuesto ineludible para exigir el pago de la indemnización cubierta por la garantía en relación con ese riesgo, en tanto que indica la configuración del siniestro amparado por la póliza y, por consiguiente, el surgimiento de la obligación de pago en cabeza de la aseguradora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1054 del Código de Comercio. 

Debe tenerse en cuenta que el título ejecutivo debe demostrar la existencia de una prestación en beneficio de una persona, es decir, que el obligado debe observar, en favor de su acreedor, una conducta de hacer, de dar o de no hacer y esa obligación debe ser expresa, clara y exigible, requisitos que ha de reunir todo título ejecutivo, no importa su origen.

En este caso, encuentra la Sala que si bien a partir de los documentos aportados con la demanda es posible deducir la existencia de un contrato de transacción entre el Favidi y la sociedad Gomega Ltda. y que este negocio jurídico fue amparado en relación con los riesgos de cumplimiento y buen manejo y correcta inversión del anticipo a través de la póliza 74007859 expedida por la Aseguradora Colseguros S.A., lo cierto es que, ante la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 589 de 1999 y 79 del 2000 en lo relacionado con el segundo de los riesgos indicados, ninguno de tales documentos dan cuenta del surgimiento de una obligación clara, expresa y exigible a favor de la entidad pública y en contra de la compañía demandada respecto de ese siniestro, toda vez que no se halla acreditada su constitución, pues no obra acto administrativo que así lo hubiere declarado y que, al tenor de lo previsto en el artículo 1054 del Código de Comercio, hubiere dado lugar al surgimiento de la obligación de pago en cabeza de la Aseguradora, documento que, además, por disposición del artículo 68 de Código Contencioso Administrativo, debe componer el título ejecutivo en estos casos. 

Así las cosas, dado que el título ejecutivo es de necesaria existencia para dictar sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución y en atención a que, según lo que viene de verse, en relación con el pretendido pago por parte de la Aseguradora Colseguros S.A. de la suma de $ 1.787’886.426, provenientes de la presunta ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo no existe título ejecutivo; la Sala deberá terminar el proceso en lo que a esa obligación concierne por falta de este presupuesto y, en consecuencia, resulta improcedente analizar las excepciones propuestas por la parte demandada en su contra. 

Todo lo expuesto hasta ahora impone que los fundamentos en los cuales la parte actora sustentó su recurso de apelación únicamente sean considerados en relación con la parte de la ejecución que se refiere a la obligación generada a cargo de la Aseguradora Colseguros S.A. respecto de la configuración del siniestro de incumplimiento, a lo cual se procede:

En el recurso de apelación, la parte demandada sustentó como razones de su oposición a la decisión de primera instancia los siguientes aspectos:

i) La imposibilidad de declaratoria de caducidad, con sustento en que, por la naturaleza del contrato de transacción, no era posible entender incorporada la cláusula de caducidad y, por tanto, la entidad pública no podía hacer uso de esa potestad.

ii) El no cumplimiento de la condición suspensiva, con fundamento en que, en materia de seguros de daños, dicha condición se configura no solo con el incumplimiento, sino también con la causación de perjuicios.

iii) Enriquecimiento sin justa causa por parte del Favidi, por considerar que al hacer efectiva la totalidad de la suma asegurada en la póliza se vulneró el principio indemnizatorio que rige a los seguros de daños consagrado en el artículo 1088 del Código de Comercio, puesto que esa entidad pública, al realizar la liquidación de contrato de transacción, no tuvo en cuenta las obras ejecutadas ni los inventarios existentes, además de que, según dijo, no sufrió daño alguno que hubiera afectado su patrimonio.

Los argumentos esbozados por la parte ejecutada en el recurso de apelación, llevan a la Sala a concluir, sin hesitación alguna, que la Aseguradora encaminó su defensa a desvirtuar la legalidad de los actos administrativos constitutivos del título ejecutivo en este proceso, es decir, las Resoluciones 273 de 1999, por medio de la cual se declaró la caducidad de contrato de transacción y su confirmatoria, así como la Resolución 589 de 1999, por medio de la cual se liquidó unilateralmente ese negocio jurídico y su confirmatoria.

En efecto, en cuanto a los actos administrativos de caducidad, se observa que la parte ejecutada atacó su validez y, por esa vía, la exigibilidad de la obligación, lo que hizo con fundamento en la ausencia de competencia del Favidi para hacer uso de esa potestad.

Igualmente, en relación con el acta de liquidación, se atacó su legalidad por violación de la ley, al considerar que al exigir el pago de la totalidad de la suma asegurada se violó el artículo 1088 del Código de Comercio y, además, porque, según dijo, la entidad pública no sufrió perjuicio alguno, lo cual, claramente, se encamina a debatir la veracidad de la motivación contenida en esos actos administrativos.

Al respecto, resulta preciso destacar que en providencia de esta Sección se enfatizó que cuando el proceso ejecutivo tiene como título de recaudo un acto administrativo, como sucede en el caso que aquí se examina, resulta improcedente la proposición de excepciones que estén dirigidas a enjuiciar su legalidad. En algunos apartes de esa providencia se indicó:

“Sea lo primero señalar que en esta oportunidad procede la Sala a recoger la tesis que permite la posibilidad de discutir la legalidad del acto administrativo dentro del proceso ejecutivo, cuando éste es el título ejecutivo; para en cambio asumir como tesis, la de la imposibilidad de proponer, en esos eventos, excepciones diferentes a aquellas señaladas en el inciso 2º del artículo 509 del C. P. Civil.

(...).

El cambio en el pensamiento de la Sala, se sustenta en las siguientes consideraciones:

En el trámite de los procesos ejecutivos ante esta jurisdicción, se aplica el Código de Procedimiento Civil, por remisión en los términos del artículo 267 del C. C. A., ante la falta de normativa sobre el tema en el Código Contencioso Administrativo, además de que la Ley 446 de 1.998, al modificar el artículo 87 del C. C. Administrativo, expresamente dispuso en relación con el trámite a seguir para los proceso ejecutivos, que este sería aquel de mayor cuantía regulado en el C. de P. Civil.

En materia de excepciones de mérito dentro del proceso ejecutivo, el artículo 509 del C. de P. Civil, establece para cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, que sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y la de pérdida de la cosa debida.

Para cuando el título ejecutivo esté constituido por una sentencia, laudo de condena o providencia que conlleve ejecución, la norma proscribe, dentro de ese proceso, cualquier discusión sobre la legalidad del título, circunscribiendo las alegaciones por la vía de las excepciones, sólo a los sucesos posteriores al nacimiento del título, y a partir de los cuales se pueda concluir que la obligación está satisfecha, se ha extinguido, se ha novado, o ha perdido su exigibilidad.

(...).

Al permitirse el cuestionamiento de legalidad del acto administrativo presentado como recaudo ejecutivo, a través de la proposición de excepciones dentro del proceso ejecutivo, fundadas en hechos sucedidos con anterioridad a la expedición del acto administrativo, se está desconociendo de un lado la naturaleza de providencia que conlleva ejecución que el artículo 64 del C. C. Administrativo, le otorga al acto administrativo, y de otro, se vulnera el debido proceso, como quiera que se surte la revisión de legalidad del acto administrativo ante un juez diferente a aquel establecido por el Legislador para el efecto, esto es ante el juez de la ejecución y no ante el ordinario que fue al que se atribuyó competencia por el Legislador para realizar tal enjuiciamiento, además de que se le da a la revisión de legalidad un trámite diferente al señalado para el efecto por el legislador, y se desconocen los términos que también el legislador previó para la formulación del juicio de legalidad.

Igualmente el trámite de excepciones que discutan la legalidad del título de recaudo ejecutivo, desnaturaliza el proceso ejecutivo que solo busca obtener coercitivamente del deudor, el pago a favor del acreedor, de una obligación sobre cuya claridad, expresión y exigibilidad, no existe duda alguna. El trámite de excepciones en el proceso ejecutivo no permite convertirlo en un proceso ordinario, en el cual se discuta la legalidad del título.

Para cuando existen dudas sobre la legalidad del título el legislador previó su cuestionamiento a través del juicio ordinario que corresponde y la suspensión del proceso ejecutivo por prejudicialidad, conforme lo indica el artículo 170 numeral 2º del C. P. Civil”.

En consecuencia, los argumentos con fundamento en los cuales la parte actora pretendió que se revocara la sentencia de primera instancia, escapan al marco de juzgamiento del proceso ejecutivo contractual estatal y, en consecuencia, éstos no pueden prosperar, razón por la cual, en lo que concierne al pago de la suma de $ 1.523’174.400, provenientes de la obligación surgida en cabeza de la Aseguradora Colseguros S.A. en razón a la configuración del siniestro de incumplimiento, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

5. Costas.

En este punto de la providencia cabe precisar que al trámite de los procesos ejecutivos que se adelantan ante esta Jurisdicción se aplica el Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, ante la falta de normatividad sobre el tema en esta codificación, además de que la ley 446 de 1998, al modificar el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, expresamente dispuso en relación con el trámite a seguir para los proceso ejecutivos, que este sería aquel de mayor cuantía regulado en el C. de P. Civil.

En ese sentido, advierte la Sala que como quiera que el recurso de apelación sobre el cual se pronuncia la Sala se interpuso en vigencia de la Ley 794 de 2003, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 las normas que se tendrán en cuenta para efectos de resolver sobre la condena en costas serán las del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas por esa la Ley 794.

- De la parte ejecutante

En relación con esta parte del proceso, debe tenerse en cuenta que, en razón de la inexistencia del título ejecutivo en lo que concierne al cobro del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, la demanda presentada por el Favidi en contra de la Aseguradora Colseguros S.A. prosperará parcialmente, por lo cual, para efectos de resolver acerca de la condena en costas, la Sala se debe remitir a lo previsto en el numeral 6º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, norma que dispone lo siguiente:

“ART. 392.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

(...)”.

(Destaca la Sala).

Igualmente, en el numeral 4 de ese mismo artículo, la norma señala:

“4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar costas de ambas instancias”.

En ese contexto, si bien la demanda prosperará de manera parcial, la Sala no impondrá condena en costas en contra de la parte ejecutante, toda vez que la decisión que en esta instancia se adopta no revoca totalmente la decisión de primera instancia. En efecto, si bien a través de esta providencia se revocará la decisión adoptada en relación con la determinación de continuar con la ejecución respecto de la suma de $ 1.787’886.426, proveniente de la presunta ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, también se confirmará la decisión del a quo en el sentido de continuar con la ejecución por la suma de $ 1.523’174.400, originada en la obligación surgida en cabeza de la Aseguradora Colseguros S.A., en virtud de la configuración del siniestro de incumplimiento.

- De la parte ejecutada

De acuerdo con lo previsto en el literal c) del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, cuando las excepciones no prosperen, o prosperen parcialmente, en la sentencia, además de ordenarse que se continúe con la ejecución, debe condenarse en costas a la parte ejecutada, tal y como lo hizo el Tribunal en la primera instancia.

En ese sentido, como quiera que las excepciones formuladas por la parte demandada no tienen vocación de prosperidad, en relación con la obligación relacionada con el pago del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo por inexistencia del título ejecutivo y en relación con la obligación relacionada con el siniestro de incumplimiento porque no son procedentes, la condena en costas decretada en primera instancia deberá mantenerse.

No obstante lo anterior, dado que en lo que concierne a la pretendida ejecución de la suma de $ 1.787’886.426, proveniente de la presunta ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, la Sala declarará terminado el proceso por inexistencia del título ejecutivo, la liquidación de la condena en costas a las que se refiere el fallo de primera instancia deberá realizarse teniendo en cuenta únicamente las que se hubieren causado en relación con la ejecución de la suma de $ 1.523’174.400, proveniente de la obligación surgida en cabeza de la Aseguradora Colseguros S.A., en virtud de la configuración del siniestro de incumplimiento.

En este punto, debe precisarse que, de acuerdo con lo previsto en el literal c) del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, la imposición de la condena en costas depende directamente de la prosperidad, o no, de las excepciones propuestas por la parte ejecutada, razón por la cual, aun cuando ese aspecto no fue objeto de la apelación, constituye un tema intrínseco respecto de las excepciones en las que la parte demandada insistió en la apelación y, por ese motivo, según lo expuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al precisar el criterio adoptado en sentencia de unificación en la que se resolvió acerca del alcance de la competencia del juez ad quem con ocasión del recurso de apelación , esta Subsección tiene competencia para abordar el aspecto en esta instancia, esto, además, porque la resolución del asunto no es contraria al principio de la no reformatio in pejus que cobija al apelante único.

Ahora bien, en relación con las costas de la segunda instancia, el numeral 3 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“ART. 392.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

(...).

3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes la del inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda instancia.

(...)”.

(Destaca la Sala).

Así las cosas, dado que en el presente caso no se confirmará en todas sus partes la providencia recurrida, no habrá lugar a condenar en las costas de la segunda instancia a la parte ejecutada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de julio de 2004, por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual, en consecuencia, en su parte resolutiva quedará así:

1) DECLARAR la inexistencia del título ejecutivo en relación con la pretensión de ejecución de la suma de $ 1.787’886.426, proveniente de la presunta ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

2) DECLARAR terminado el proceso respecto de la pretensión de ejecución de la suma de $ 1.787’886.426, proveniente de la presunta ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

3) DECLARAR no probada la objeción al dictamen pericial rendido por los peritos José Luis Mejía Ocampo y Rafael Silva Valenzuela.

4) DECLARAR imprósperas las excepciones propuestas por la parte ejecutada.

5) En consecuencia, ORDENAR la continuación del proceso, únicamente en relación con la ejecución del pago de la suma de $ 1.523’174.400, proveniente de la obligación surgida en cabeza de la Aseguradora Colseguros S.A., en razón de la configuración del siniestro de incumplimiento.

6) ORDENAR que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, el ejecutante deberá presentar la liquidación específica del capital y de los intereses correspondientes a la ejecución del pago de la suma de $ 1.523’174.400, proveniente de la obligación surgida en cabeza de la Aseguradora Colseguros S.A., en razón de la configuración del siniestro de incumplimiento, de acuerdo con lo indicado en la parte considerativa del mandamiento de pago, así como con lo señalado en el proveído que aclaró dicha providencia, adjuntando los documentos que sustenten la liquidación, si fueren necesarios (C. de P. C., art. 521).

7) CONDENAR en costas de la primera instancia a la parte demandada, las cuales deberán ser liquidadas por la Secretaría de la Sección del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta, únicamente, las que se hubieren causado en relación con la ejecución de la suma de $ 1.523’174.400, proveniente de la obligación surgida en cabeza de la Aseguradora Colseguros S.A., en razón de la configuración del siniestro de incumplimiento.

2. SIN condena en costas en segunda instancia.

3. En firme esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernan Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.