Sentencia 2000-02460/37664 de julio 19 de 2017

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 68001-23-31-000-2000-02460 01 (37.664)

Actor: Jairo Ballesteros Rodríguez y Graciela Pacheco de Ballesteros

Demandado: Municipio de Barrancabermeja

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete

Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. Restrictor: ocupación de inmueble por parte de terceros - presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado - daño antijurídico - imputación de la responsabilidad al Estado y motivación de la imputación - imputación del daño con ocasión del rompimiento de las cargas públicas - daño especial

Extractos: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer del recurso de apelación presentado por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(2), modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 14 de mayo de 2009, en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia.(3)

2. Caducidad de la acción.

La caducidad en la acción de reparación se encuentra establecida en el artículo 136, numeral 8º del C.C.A., (Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 446 de 1998),(4) que respecto de dicho medio de control opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados “a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En el presente asunto tenemos que la ocupación del bien inmueble propiedad de los demandantes se efectuó entre el 30 de julio de 1998 hasta el 7 de octubre de la misma anualidad, y la demanda se presentó el 25 de julio de 2000, es decir, en tiempo.

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(5).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(6) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

4. Acción de reparación directa y la pretensión fundada en la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

La responsabilidad patrimonial por ocupación temporal o permanente se configura con la prueba de que una parte o la totalidad de un bien inmueble respecto del cual se detenta el derecho de dominio, fue ocupado por la administración o por particulares que actuaron autorizados por ella, de manera unilateral, arbitraria, desconociendo los derechos subjetivos de los titulares de dichos predios, con violación de las normas y principios que la Constitución Política establece en relación con las razonables y proporcionales limitaciones a la propiedad o a los derechos e intereses de quienes detenten inmuebles (7).

El objeto de la acción de reparación directa en relación con esta pretensión se configura a no dudarlo, por todas aquellas actuaciones de la administración pública o de sus agentes por senderos desconocedores de los derechos constitucionales de los asociados, independientemente si la misma se efectúa para efectos de obra pública o no. Lo trascendente para el legislador es el hecho objetivo de la ocupación y por lo tanto la afectación a los derechos que le puedan asistir a la víctima bajo estas circunstancias. En este contexto se pueden identificar como elementos de este evento de responsabilidad son los siguientes:

(i) Un daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante, que comprende, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad,(8) sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado(9). Debe señalarse que la ocupación cualquiera que sea, permanente, definitiva o temporal de un predio por obras públicas o por cualquier otra causa, producida por medios arbitrarios, trasforma la ocupación un hecho dañoso y antijurídico, fuente de indemnización a favor de la persona que se ha visto afectada, hecho que implica sin lugar a dudas, una actuación unilateral de la administración en detrimento de los derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo o habitación, tal como se anotó, y

(ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación, permanente o temporal, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción de la administración pública(10), independientemente de la razón o necesidad de la misma para generar esta situación de hecho.

A lo anterior cabe anotar, que la indemnización de los perjuicios materiales causados con ocasión de la ocupación permanente de un inmueble está sometida a los principios de reparación integral del daño y comprende los conceptos de daño emergente, que consiste en el precio de la franja o totalidad, según el caso, del inmueble ocupado(11) y del lucro cesante, que se traduce en aquellos ingresos que el propietario del inmueble ocupado dejó de percibir a consecuencia de la ocupación del mismo(12).”(13)

Respecto a la motivación de la imputación aplicable a la responsabilidad del Estado con ocasión de la ocupación de inmuebles, el precedente jurisprudencial ha dispuesto que,

“Constituyen especies de responsabilidad objetiva reconocidos jurisprudencialmente el daño especial; riesgo excepcional; indemnizaciones por ocupación en casos de guerra; indemnizaciones por depósito o bodegaje de mercancías oficiales; casos de expropiación; ocupación temporal o permanente de inmuebles de propiedad ajena por trabajos públicos o por cualquier otra causa.”(14)

5. Problema jurídico.

De lo anterior se puede plantear como problema jurídico: ¿cabe atribuir fáctica y jurídicamente la responsabilidad patrimonial al Municipio de Barrancabermeja por el daño antijurídico ocasionado a los señores Jairo Ballesteros y Graciela Pacheco de Ballesteros por la ocupación de hecho de un inmueble de su propiedad con ocasión de un éxodo masivo de desplazados que allí se asentaron?

6. Medios de prueba.

— Certificado de tradición y libertad de Matrícula Inmobiliaria 303-25371 de un bien inmueble tipo urbano ubicado en la calle 11 # 19-34 en el municipio de Barrancabermeja, cuyos propietarios son los señores Jairo Rodríguez Ballesteros y Graciela Pacheco de Ballesteros. Impreso el 29 de mayo de 2000. (fols. 2 a 3, cdno. 1)

— Copia auténtica de la carta de 4 de agosto de 1998 dirigida al señor Elkin David Bueno Altahona en su calidad de Alcalde de Barrancabermeja, mediante la cual la señora Graciela de Ballesteros le manifiesta que el día jueves 30 de julio de 1998 aproximadamente a las 12:15 entraron de forma violenta al colegio Antonio Nariño un número indeterminado de personas al parecer campesinos desplazados, causando pánico a los estudiantes que oscilaban entre los 6 y 11 años de edad. Razón por la cual le solicita expresamente “la protección del colegio Antonio Nariño ya que es propiedad privada y con dicha acción perjudican la inversión hecha y acarrea al mismo tiempo problemas económicos, sociales, a la comunidad Nariñista y a la sociedad de bien.

Por lo anteriormente expuesto, pido se nos de el amparo al bien privado, al cual Usted está obligado a conceder a los particulares, tal como lo prescribe la ley”. (fol. 4, cdno. 1)

— Copia auténtica del acta de compromiso suscrita el 31 de julio de 1998 por “el éxodo campesino, comité municipal de desplazados, diócesis de Barrancabermeja, directiva Colegio Antonio Nariño, asociación de Padres de Familia del Colegio Antonio Nariño y representantes de Conaced -Barrancabermeja”, en la que se comprometieron entre otras cosas a lo siguiente: “(…) 1. Realizar un foro que tendrá como finalidad de información y sensibilización a la población civil de Barrancabermeja, de la problemática de los campesinos del Magdalena Medio. 2. Una vez terminado el Foro, los campesinos se comprometen a dejar las instalaciones del Instituto Antonio Nariño y a no ocupar otras instalaciones de colegios privados de Barrancabermeja. (…)”. (fols. 5 a 6, cdno. 1)

— Copias auténticas de dos cartas una firmada por el presidente de la asociación de padres de familia del Instituto Antonio Nariño (4 de agosto de 1998) y otra por los señores Graciela de Ballesteros y otros (6 de agosto de 1998), en las que exigen al Alcalde Municipal dar cumplimiento al acta de compromiso suscrita el 31 de julio de 1998 para que vuelva la normalidad a la Institución. (fols. 7 a 9, cdno. 1)

— Copia auténtica de una carta de fecha 10 de agosto de 1998, mediante la cual los padres de familia de la Institución Antonio Nariño, solicitan al Alcalde Municipal una pronta solución al conflicto de los desplazados en dicho ente educativo. (fols. 10 a 14, cdno. 1)

— Copia auténtica de una carta de fecha 10 de agosto de 1998, mediante la cual el Consejo de Profesores de la Institución Antonio Nariño, solicitan al Alcalde Municipal una pronta solución al conflicto de los desplazados en dicho ente educativo. (fols. 15 a 19, cdno. 1)

— Copia auténtica del derecho de petición de 13 de agosto de 1998 suscrito por la señora Graciela de Ballesteros en calidad de representante legal del colegio Instituto Antonio Nariño, dirigido al Alcalde Municipal en el que envía un inventario aproximado del estado en que se encontraban las instalaciones al momento de la ocupación con el fin de que se tomen las medidas correspondientes. (fols. 20 a 22, cdno. 1)

— Copia auténtica del Oficio DA-716 de 19 de agosto de 1998, mediante el cual el Alcalde Municipal responde a la señora Graciela de Ballesteros lo siguiente: (fol. 23, cdno. 1)

“(…) Muy respetuosamente comunico a usted que si bien es cierto el día 31 de julio de 1998, se suscribió Acta de Compromiso entre los Representantes del Éxodo Campesino, el Comité Municipal de Desplazados, la Diócesis de Barrancabermeja, la Directiva y Padres de Familia del Colegio Antonio Nariño y Representantes de Conaced, también lo es el hecho de que fueron los campesinos los que se comprometieron a dejar las instalaciones del mencionado Establecimiento Educativo. De lo anterior se colige que la administración Municipal de Barrancabermeja simplemente actuó como garante del Acuerdo, pero en ningún momento adquirió compromisos en tal sentido. No sobra advertir que el pasado doce de agosto se remitió la petición suscrita por el contratista Carlos Enrique Gomez Ramírez, en el sentido de desalojar a los ocupantes de hecho de las instalaciones del Colegio Instituto Antonio Nariño a la División de Justicia Municipal para que la sometiera a reparto entre los inspectores Promiscuos de Policía y así uno de ellos asuma el conocimiento, el trámite y la decisión del proceso policivo de ocupación de hecho.” Negrilla fuera del texto original.

— Copia auténtica de la misiva calendada 20 de agosto de 1998, mediante la cual la señora Graciela de Ballesteros en calidad de Rectora del Instituto Antonio Nariño y Jairo Ballesteros en calidad de Director Administrativo y Financiero del mismo ente educativo, solicitan su intervención al señor Presidente de la República Andrés Pastrana Arango, con el fin de brindar una pronta solución a la ocupación de hecho del plantel. (fol. 24, cdno. 1)

— Copia auténtica de la carta de 20 de agosto de 1998, dirigida al Alcalde Municipal de Barrancabermeja, suscrita por la señora Graciela de Ballesteros en calidad de Rectora de la Institución Antonio Nariño, en la que le manifiesta su profunda preocupación por la no solución del problema y adicionalmente le vuelve a enviar un inventario de todos los bienes que se encontraban dentro del colegio cuando ocurrió la ocupación. (fols. 28 a 30, cdno. 1)

— Copias auténticas de las cartas enviadas por la señora Graciela de Ballesteros el 26 de agosto de 1998 y el 21 de septiembre, al Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de Barrancabermeja en las que les solicita que ejerzan una actividad más efectiva en la solución de la problemática para que se restaure la normalidad en la institución y los educandos no sufran más las consecuencias. (fols. 32, 33, 34 y 35, cdno. 1)

— Copia auténtica de la carta enviada nuevamente al Alcalde Municipal de Barrancabermeja el 21 de septiembre de 1998, en la que la señora Graciela de Ballesteros en su calidad de Rectora de la Institución Antonio Nariño, le exige que sus derechos sean restaurados toda vez que el ente educativo se encuentra totalmente invadido y en estado lamentable. (fol. 36, cdno. 1)

— Copia simple del Oficio SALUD-916 de 9 de octubre de 1998, mediante el cual el Secretario de Salud Municipal de Barrancabermeja, le informó a la señora Graciela Pacheco de Ballesteros “(…) que en aras de evitar trasmisiones de enfermedades que se puedan presentar, la Administración Municipal a través de Secretaría de Salud, Servicios Generales, Educación, Obras Públicas y Edasaba, coordinarán tareas dentro del término de 20 a 30 días, encaminadas a restablecer el normal funcionamiento de los colegios en mención.” (fol. 43, cdno. 1)

— Acta de evaluación de daños ocasionados por la toma campesina, enviada por la señora Graciela de Ballesteros al Alcalde Municipal. (fols. 45 a 50, cdno. 1)

— Cinco recortes de prensa que dan cuenta de la toma a la Institución Antonio Nariño por parte de desplazados. (fols. 51 a 55, cdno. 1)

— Copia simple de memorando de 2 de octubre de 1998, enviado por el Coordinador Grupo de Planta Física Escolar del Ministerio de Educación, a la Viceministra de Formación Básica, el cual abordaba como asunto el “Informe de la comisión a los municipios de Barrancabermeja y San Pablo - Bolívar, durante los días 13 al 16 de octubre de 1998, cuyo objeto era la revisión de los colegios ocupados por los campesinos desplazados (…) con el fin de evaluar los daños causados a las instalaciones durante los 75 días de permanencia”. (fols. 124 a 137, cdno. 1)

“(…)

Municipio de Barrancabermeja:

Se coordinó con la Secretaría de Educación Municipal, doctora Patricia López, a la visita a cada uno de los siguientes establecimientos educativos:

(…)

2. Colegio Antonio Nariño - Privado

(…)

2. Colegio Antonio Nariño - Privado.

La visita de los Ingenieros del municipio de Barrancabermeja, se hizo estando aun los 600 desplazados dentro del colegio y el presupuesto fue el siguiente:

a) Dotación$ 9.700.000
b) Infraestructura$ 38.600.000
c) Servicios Públicos: agua, energía y teléfono (gastos administrativos)$ 6.000.000
TOTAL$ 54.300.000

La Vista Ocular: Por ser una entidad privada y el colegio de mayor élite de este municipio, ya se había hecho aseo y desinfección, se han limpiado los piso, cambiado los aparatos sanitarios, se han pintado las paredes de los salones.

Las Directivas del colegio presentaron un video que tomó una vez que los desplazados lo desocuparon. Lo que se vio en el video coincide con la evaluación de los daños que hicieron los Ingenieros del municipio.

Las Directivas del colegio no están de acuerdo con esta evaluación y presentaron sus propias evaluaciones de daños, enviarán al Ministerio el video y el informe de daños.

Presupuesto enviado por las directivas del Colegio Instituto Nariño:

a) Daños a infraestructura$ 74.450.000.
b) Dotación$ 23.430.000.
c) Muebles y enseres $ 2.640.000.
Gastos Administrativos$ 62.452.000.
 $ 162.972.750.

Anexan: El casette (sic) después de la salida de los desplazados.

En el Colegio existe una parte de esta misma institución que está en construcción nueva casi para entregar y que no ha sido recibida por las Directivas del Colegio, el Contratista presentó a los Ingenieros del Municipio la siguiente evaluación de daños y perjuicios:

a) daños en la infraestructura nueva$ 229.887.500.
b) Materiales perdidos$ 20.560.000.
c) Equipo destruido y perdido$ 15.580.000.
d) Equipo en arriendo$ 14.337.000.
e) Gastos Administrativos:
Personal
Oficina
Gastos financieros
Otros

$ 30.844.000.
$ 5.400.000.
$ 29.160.000.
$ 41.500.000.
Valor Total$ 387.269.300.

Se anexa esta evaluación.

Los Ingenieros del municipio no están de acuerdo con esta evaluación y yo como representante del Ministerio de Educación y como Ingeniero tampoco estoy de acuerdo, con ese valor se volvería a hacer la parte nueva arrancando desde los cimientos.

Comentario: Ante la situación planteada por las Directivas del colegio y por el Contratista de la parte nueva del colegio que no ha sido entregada. Los Ingenieros del municipio replantearán la evaluación de ambas partes y su informe lo entregarán a la Secretaría de Educación Municipal para su envío al MEN.” Negrilla fuera del texto

— Copia simple del oficio de 18 de enero de 1999, mediante la cual la Profesional Universitaria Jacqueline Alzate de la Secretaría de Planeación Municipal de Barrancabermeja, envía a la Directora de Planeación Municipal una reevaluación de daños ocasionados en los establecimientos educativos por el éxodo campesino. (fols. 138 a 141, cdno. 1)

— Oficio S.G.545.03 de 19 de mayo de 2003, mediante el cual el Secretario de Gobierno Municipal de Barrancabermeja contesta un requerimiento del Tribunal Administrativo de Santander en los siguientes términos: (fols. 192 a 195, cdno. 1)

“(…)

1. Causas móviles del desplazamiento:

La difícil situación de orden público en el sur de Bolívar (Cantagallo), el Valle de Cimitarra y el Departamento de Antioquia, específicamente en los Municipios de Yondo y Remedios (…).

(…)

2. Número aproximado de personas que conformaban parte del grupo de desplazados:

Según un ceso (sic) realizado en cada uno de los sitios que sirvió de albergue se estableció un número de 800 personas; procedentes del Sur de Bolívar 300, del Valle de Cimitarra 200 y de Antioquia 300 personas.

3. Lugares que sirvieron de Asentamiento:

(…) Colegio Instituto Antonio Nariño (…).

(...)

7. Según información suministrada por los inspectores urbanos de policía no se adelantó proceso de lanzamiento por ocupación de hecho del Instituto Antonio Nariño, simplemente realizaron inspecciones oculares para verificar el uso que le venían dando a las instalaciones. No obstante, estoy a la espera de las certificaciones respectivas.”

— Oficio RSS-AGAD 1933 de 28 de mayo de 2003, mediante la cual la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República envía en 184 folios documentación respecto a las causas del éxodo campesino ocurrido en el año 1998 ubicado en Barrancabermeja, “originado de acuerdo con los informes por presiones ejercidas por los grupos paramilitares sobre las zonas históricamente pertenecientes a la guerrilla.” (fols. 228 a 412, cdno. 1)

6.1. Prueba de la propiedad de un bien inmueble

En reciente sentencia de unificación(15) el Consejo de Estado sostuvo que para probar la propiedad de un bien inmueble es suficiente el aporte del certificado de registro de instrumentos públicos, comoquiera “de que resulta condición indispensable, ineludible y necesaria para que el Registrador inscriba un título en el registro de instrumentos públicos cuando se trata de la transferencia de un derecho real de dominio, que este documento se hubiere presentado por el interesado en la forma en que dispone la ley para su existencia, esto es, tratándose de un contrato de compra-venta entre particulares respecto de un bien inmueble, a través de escritura pública en los términos del artículo 1857 del Código Civil”.

7. Solución del caso concreto

Visto el acervo probatorio que obra dentro del expediente se tiene demostrado fehacientemente que los señores Jairo Ballesteros Rodríguez y Graciela Pacheco de Ballesteros adquirieron el derecho de dominio y posesión material de un bien inmueble urbano ubicado en el municipio de Barrancabermeja en la calle 11 Nº 19-34, negocio elevado a Escritura Pública 0281 de 19 de febrero de 1986, y, que posteriormente se registró con el número de Matrícula Inmobiliaria 303-25371.

Así mismo, probado está que en el inmueble anteriormente descrito operaba el Colegio Instituto Antonio Nariño de naturaleza privada. El cual, desde el día 30 de julio de 1998 hasta el 7 de octubre de la misma anualidad, fue ocupado e invadido por una cantidad considerable de desplazados, quienes allí se asentaron ocasionando grandes destrozos a la estructura y al mobiliario del ente educativo.

Se acreditó, que dicho desplazamiento masivo de campesinos se originó como consecuencia de la difícil situación de orden público que se estaba presentando en el Sur de Bolívar, el Valle de Cimitarra, el Departamento de Antioquia y ahí mismo en el municipio de Barrancabermeja. Hechos de los cuales ya tenía conocimiento el alcalde municipal, comoquiera que sabía que se estaba movilizando un gran éxodo de campesinos desplazados por la violencia para el municipio de Barrancabermeja.

Aunado a lo anterior, tiene por demostrado la Sala que una vez se produjo la ocupación de hecho del inmueble en donde operaba el Colegio Instituto Antonio Nariño, los señores Jairo Ballesteros Rodríguez en calidad de director financiero de dicha institución, la señora Graciela Pacheco de Ballesteros en calidad de Rectora, ambos propietarios del inmueble, los padres de familia y el profesorado del plantel, enviaron sendas cartas al Alcalde Municipal, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y hasta el señor Presidente de la República para que tomaran las medidas pertinentes del caso e hicieran cesar la ocupación.

Sin embargo, echa de menos la Sala, prueba alguna que acredite que por parte del municipio se hubiese ejercido actividad alguna encaminada a dar solución a la terrible problemática que se estaba presentando en la propiedad de los aquí demandantes. De hecho, se observa que en la contestación de 19 de agosto de 1998 que envió dicho ente gubernamental a la señora Graciela Pacheco de Ballesteros, se le informó: (fol. 23, cdno. 1)

“(…) Muy respetuosamente comunico a usted que si bien es cierto el día 31 de julio de 1998, se suscribió Acta de Compromiso entre los Representantes del Éxodo Campesino, el Comité Municipal de Desplazados, la Diócesis de Barrancabermeja, la Directiva y Padres de Familia del Colegio Antonio Nariño y Representantes de Conaced, también lo es el hecho de que fueron los campesinos los que se comprometieron a dejar las instalaciones del mencionado Establecimiento Educativo. De lo anterior se colige que la administración Municipal de Barrancabermeja simplemente actuó como garante del Acuerdo, pero en ningún momento adquirió compromisos en tal sentido. No sobra advertir que el pasado doce de agosto se remitió la petición suscrita por el contratista Carlos Enrique Gomez Ramírez, en el sentido de desalojar a los ocupantes de hecho de las instalaciones del Colegio Instituto Antonio Nariño a la División de Justicia Municipal para que la sometiera a reparto entre los inspectores Promiscuos de Policía y así uno de ellos asuma el conocimiento, el trámite y la decisión del proceso policivo de ocupación de hecho.” Negrilla fuera del texto original

De lo anterior se pueden concluir dos importantes cosas, la primera de ellas concerniente a que de manera negligente el Alcalde evadió su responsabilidad como máxima autoridad del municipio, resaltándole a la peticionaria —en este caso la propietaria del inmueble— que nunca se comprometió a lograr el desalojo de los invasores del predio, toda vez que solo actuó como “garante del acuerdo”, situación que a todas luces desdibuja por completo las atribuciones y funciones inherentes a un Alcalde, a quien por el contrario, le es exigible procurar por el bienestar de los administrados ejerciendo todas aquellas potestades de policía que le asisten en virtud de su investidura. La segunda, llama aún más la atención de la Sala, comoquiera que manifestó que el 12 de agosto de 1998 había hecho los trámites correspondientes para que se llevara a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho en las instalaciones del Colegio Instituto Antonio Nariño, lo cual nunca ocurrió.

En vista de lo anterior, resulta pertinente traer a colación la normatividad vigente para la época de los hechos en cuanto a la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho.

El artículo 15 de Ley 57 de 1905 reglamentado por el Decreto Nacional 992 de 1930, modificado parcialmente por el artículo 15 de la Ley 200 de 1936 disponía:

“Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca.

PAR.—El jefe de policía moroso en el cumplimiento del deber que le impone el inciso anterior, será responsable en la misma forma y términos de que trata el artículo 12. “Negrilla fuera del texto

A su turno, el Decreto Nacional 992 de 1930, por el cual se reglamentó el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y se derogó el Decreto 515 de 1923, dispuso en los siguientes artículos, lo siguiente:

“ART. 1º—Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia del material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado debidamente constituido al respectivo alcalde municipal la protección consagrada en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905.

(…)

“ART. 2º—En el memorial a que se refiere el artículo 1º de este decreto, que debe ser presentado personalmente ante el alcalde y su secretario, se hará constar lo siguiente:

1. El nombre del funcionario a quien se dirige.

2. El nombre del querellante, expresando si lo hace por sí o a nombre de otro, y su estado civil y vecindad.

3. La persona o personas contra quienes se dirige la acción y su estado civil y vecindad, si fueren conocidos.

4. La finca que ha sido ocupada de hecho, su ubicación y los linderos y las demás señales que sirvan para identificarla claramente.

5. La fecha desde la cual fue privado de la tenencia material, o la fecha en que tuvo conocimiento de ese hecho; y

6. Los títulos en que se apoya para iniciar la acción y los hechos en que funda la queja.

(…)

“ART. 6º—Cumplidas dichas formalidades, el alcalde municipal dictará inmediatamente la orden de lanzamiento contra los ocupantes, y lo hará saber en seguida a éstos personalmente o por medio de avisos fijados en la entrada de la finca de que se trate, si aquéllos se ocultaren o no fueren encontrados. En dichos avisos, que deben firmarse por el alcalde y su secretario, se expresarán el día y la hora señalados para efectuar el lanzamiento, que será dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la admisión del escrito de queja. De todas la (sic) diligencias que se practiquen a este respecto se dejará especialmente constancia en el expediente.

Para el cómputo de horas se tendrá en cuenta lo prevenido en los artículos 60 y 62 del Código Político y Municipal y en el artículo 2º de la Ley 77 de 1926.

“ART. 7º—Las providencias del alcalde en las actuaciones de lanzamiento, son apelables dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación, para ante el inmediato superior, en el efecto devolutivo, si se trata de la persona contra quien se dirige la acción, y en ambos efectos si el que apela fuere el querellante.

“ART. 8º—Alcalde del municipio en que estuviere ubicada toda la finca invadida es el competente para conocer de las demandas de lanzamiento; si la finca perteneciere a dos o más municipios y la acción se dirige para recuperar una porción de la finca situada en uno solo, conocerá el alcalde de ese municipio, y si la acción se refiere a toda la finca, conocerán los alcaldes de la ubicación a prevención.

“ART. 9º—Llegado el momento de practicar el lanzamiento, el alcalde se trasladará al lugar en que aquél debe verificarse, acompañado de su secretario, pudiendo también concurrir las personas interesadas y dos testigos si se juzgare conveniente; una vez allí, el alcalde llamará a la puerta de la casa o heredad y hará saber a la persona o personas que allí se encuentren, quién es y el objeto que lleva. Si dentro de diez minutos no le contestaren o no le permitieren la entrada, hará una nueva intimación, previniéndoles la responsabilidad en que incurren por su denegación; y si pasaren diez minutos más sin franquearse la entrada, procederá al lanzamiento, valiéndose de la fuerza, si fuere necesario.

“ART. 10.—Si la casa estuviere cerrada y nadie contestare al llamamiento, pasados diez minutos se procederá a la apertura y lanzamiento. Cuando se trate de un campo inhabitado, el alcalde al llegar a cualquiera de sus linderos, hará en alta voz el llamamiento, prevenido, y pasados diez minutos procederá a entregar la finca al querellante.

“ART. 11.—En los casos en que en la finca no se encontrare persona alguna, se hará un inventario de las cosas que allí hubiere, suscrito por el alcalde y su secretario, y se dejarán bajo el cuidado de un depositario que designará el alcalde.

(…)

“ART. 13.—Si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el alcalde suspenderá la diligencia del lanzamiento, quedando en libertad los interesados para ocurrir al poder judicial.

(…)

“ART. 14.—En la acción de lanzamiento, no hay necesidad de fijar cuantía para efectos de determinar la jurisdicción.

“ART. 15.—La acción administrativa sumaria de lanzamiento prescribe a los treinta días, contados desde el primer acto de ocupación o desde el día en que tuvo conocimiento del hecho el querellante, según el caso.”

Del anterior recuento normativo, encuentra la Sala fehacientemente demostrada la falla del servicio por omisión en que incurrió el municipio de Barrancabermeja, al no brindar una solución concreta a los propietarios del bien inmueble invadido u ocupado por los desplazados, aun cuando ya se le había solicitado en reiteradas oportunidades ayuda para conjurar la grave situación de orden público.

Pues por el contrario, lo que si hubo fueron actuaciones dilatorias y desidia por parte de las autoridades competentes para resolver el caso sometido a estudio, que al final de cuentas no era la de establecer el derecho de dominio del predio ocupado, sino que buscaba proteger la posesión y tenencia del mismo, motivo por el cual, se esperaba que la actuación de las autoridades se ejerciera de manera pronta y ágil requiriendo tan solo prueba sumaria del derecho afectado para que el funcionario procediera a adelantar la diligencia de lanzamiento, tal como lo preveían las normas citadas ut supra.

Se advierte pues, la brevedad con la cual el procedimiento debe ser adelantado, por cuanto se trata de una medida preventiva e inmediata para remediar una situación de hecho que afecta el estado en que se halla una persona frente a un bien inmueble determinado, bien sea como poseedora o como tenedora del mismo y que está viendo perturbada esa relación jurídica, por el actuar arbitrario, violento o clandestino de un tercero.(16)

De modo que en el caso sub iudice se observa, que si bien el Alcalde municipal de Barrancabermeja no recibió como tal una solicitud denominada “lanzamiento por ocupación de hecho” por parte de los propietarios del bien inmueble, si recibió —tal como se reseñó en el acápite de pruebas— multiplicidad de oficios requiriéndole solucionar el problema, en los cuales se especificaba el inmueble, los propietarios y desde cuando había empezado la ocupación; tanto así, que el mismo Alcalde —se reitera— sostuvo que había empezado las diligencias para llevar a cabo al diligencia de lanzamiento, la cual nunca se materializó.

Sobre lo anterior, es importante manifestar —pues constituye uno de los argumentos de la apelación de la parte demandada—, que la presentación de un trámite policivo, no es presupuesto procesal para interponer la acción de reparación directa, comoquiera que el artículo 90 de la Constitución Política es claro en prever para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado que lo único relevante es la demostración de un daño antijurídico derivado de las acciones u omisiones de las autoridades, cuestión que en el sub judice, estás más que acreditada, pues lo cierto es que la administración se limitó a realizar acuerdos con los desplazados —que fueron incumplidos— que a la postre terminaron afectando el derecho de propiedad de los aquí demandantes.

Pues lo correcto, hubiese sido acondicionar otras instalaciones de carácter público para así trasladar a los desplazados que se encontraban invadiendo el predio de los demandantes y poder proteger el derecho a la propiedad privada de los señores Jairo Ballesteros y Graciela Pacheco de Ballesteros; lo que en efecto no ocurrió.

En ese orden de ideas, se pudo establecer dentro de la causa que el Alcalde municipal de Barrancabermeja omitió por completo sus deberes normativos, tales como dar una pronta y eficaz solución al problema planteado, dejando desprotegido al accionante quien nunca obtuvo un pronunciamiento por parte de la autoridad competente y por el contrario le tocó soportar una ocupación ilegal de su predio en cuyo desarrollo se presentaron desmanes contra la estructura y mobiliario del mismo, generándose en cabeza de la administración un incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de proteger a las personas en sus bienes.

Sobre esta clase de procesos, ha dicho la Corte Constitucional(17):

“3.2. Ahora bien, en relación con la querella policiva por ocupación de hecho, la Corte ha afirmado que la práctica de estos procesos supone celeridad e inmediatez, pues precisamente, la idea es evitar que la perturbación se prolongue. Al respecto, en Sentencia T-878 de 1999 se dijo:

“Según la normatividad aplicable a los procesos policivos y que se encuentra contenida en el Decreto 1355 de 1970, rigen los principios de economía procesal, celeridad e inmediatez, basados en la urgencia y necesidad de adoptar medidas oportunas y eficaces para proteger los derechos o intereses cuya protección se impetra.

Ahora bien, uno de los procesos de policía más efectivos es el del lanzamiento por ocupación de hecho, cuyo objetivo es evitar que se perturbe, o que se ponga fin a la perturbación, entre otras situaciones, de la posesión que alguien tenga sobre un bien, de modo que se restablezca y preserve la situación que existía al momento en que ocurrieron los hechos que la motivaron.

La actuación dentro del referido proceso debe ser lo más diligente posible para que la protección del derecho o del interés transgredido se satisfaga a la mayor brevedad; es por ello que se tramita en única instancia, con el fin de no retardar la expedición y efectividad de las medidas que tiendan a remediar la situación”

A modo de conclusión, se puede sostener que las autoridades, están instituidas para garantizar a las personas que residen en sus municipios la protección de sus derechos, entre los cuales se encuentra la propiedad privada estipulada en el artículo 58 de la C.P.(18), razón por la cual es inaceptable la conducta omisiva desplegada por la máxima autoridad municipal, quien en vista de los graves acontecimientos no garantizó los derechos de los propietarios del bien inmueble donde operaba el Instituto Antonio Nariño, ni los de los desplazados, quienes al arribar a la cabecera municipal no encontraron instalaciones idóneas en donde establecerse.

Ahora, si bien dichas manifestaciones y actividades de los desplazados constituyen hechos exógenos a las actividades de la Alcaldía, no se puede pasar por alto que una vez las autoridades estén noticiadas de los acontecimientos, le corresponde tomar las medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el derecho de los desplazados y también el de los residentes del municipio, en consecuencia, se pueden adoptar medidas de prevención, de información, de apoyo logístico, entre otras herramientas, para que hechos como los que aquí se presentaron no ocasionen daños colaterales a la ciudadanía en general y mucho menos a sus propiedades.

En tales condiciones, resulta evidente la falla del servicio por omisión que se le imputa al Municipio de Barrancabermeja, y en consecuencia, procede la declaratoria de responsabilidad patrimonial solicitada en la demanda.

8. Liquidación de perjuicios.

Sobre el asunto, se solicitó en la demanda el pago de los siguientes perjuicios discriminados así:

“2. Condenar, por consiguiente, al Municipio de Barrancabermeja a pagar a la parte actora, o a quien legalmente la represente, como reparación del daño causado y a título de daño emergente, la suma de $ 249.693.119, o la cantidad que en pesos sea determinable con base en lo expuesto en la estimación razonada de la cuantía y/o lo establecido por peritos dentro del proceso.

1.3. Condenar, así mismo, al Municipio de Barrancabermeja a pagar a la parte actora, o a quien legalmente la represente, como reparación del daño causado y a título de lucro cesante, la suma de $ 2.633.671.892, o la cantidad o la cantidad que en pesos sea determinable con base en lo expuesto en la estimación razonada de la cuantía y/o lo establecido por peritos dentro del proceso.

(…)

4. Estimación razonada de la cuantía:

(…)

4.1. Daño emergente por la suma de $ 249.693.119 discriminados así:

La suma de (…) ($ 140.196.072) por concepto de reparaciones locativas ya efectuadas, según el cuadro que obra en el Anexo 30.

Más la suma de (…) ($ 109.497.047) que se desglosan así: (…) ($ 63.258.472.) por lo que valen las reparaciones locativas de los patios de juego y descanso; más (…) ($ 4.136.000) correspondientes a los pupitres que hay que reemplazar, y; (…) ($ 42.102.575) correspondientes a daños eléctricos; siendo todas las anteriores reparaciones que no han podido hacerse aún por falta de recursos económicos, según consta en la página tres del Anexo 30 y en las cotizaciones que obran en el Anexo 31.

4.2. Lucro cesante por la suma de $ 2.633.671.892 discriminados así:

(…) por concepto de alumnos retirados del plantel, según lo que consta en el cuadro que aparece como Anexo 25 de esta demanda.

(…)” (fols. 9 y 10, cdno. 1)

7.1. Daño emergente.

Sobre este rubro solicitado por los demandantes, se tienen varias pruebas para analizar y contrastar, la primera de ella es la “evaluación de daños y perjuicios por la toma campesina Instituto Antonio Nariño” (fols. 68 a 70, cdno. 1) presentada por la parte demandante con el escrito de demanda, en la que se hizo una relación de todos los costos de los daños que se generaron con ocasión de la ocupación ilegal de los desplazados al ente educativo, para lo cual se hizo un cuadro en el que se consignó la descripción —del daño—, la cantidad, el valor unitario y el valor total, en el que se tazó como gran total de daños el valor de $ 140.196.072, sin embargo, se observa que dicha cuantificación no contiene respaldo probatorio, y simplemente corresponde a una suma fijada al criterio de la parte demandante.

Por otra parte, a folios 177 a 191 del cuaderno 1, reposa el informe rendido por el comisionado del Ministerio de Educación para la época de los hechos, que realizó una visita a cada uno de los colegios afectados por el desplazamiento masivo de campesinos que ocuparon varios colegios del municipio de Barrancabermeja el 22 de octubre de 1998, en el que entre otras cosas se consignó: (Negrillas de la transcripción fuera del texto original)

2. Colegio Antonio Nariño - Privado

La visita de los Ingenieros del municipio de Barrancabermeja, se hizo estando aun los 600 desplazados dentro del colegio y el presupuesto fue el siguiente:

a) Dotación$ 9.700.000
b) Infraestructura$ 38.600.000
c) Servicios Públicos: agua, energía y teléfono (gastos administrativos)$ 6.000.000
TOTAL$ 54.300.000

La Vista Ocular: Por ser una entidad privada y el colegio de mayor élite de este municipio, ya se había hecho aseo y desinfección, se han limpiado los pisos, cambiado los aparatos sanitarios, se han pintado las paredes de los salones.

Las Directivas del colegio presentaron un video que tomó una vez que los desplazados lo desocuparon. Lo que se vio en el video coincide con la evaluación de los daños que hicieron los Ingenieros del municipio.

Las Directivas del colegio no están de acuerdo con esta evaluación y presentaron sus propias evaluaciones de daños, enviarán al Ministerio el video y el informe de daños.

Presupuesto enviado por las directivas del colegio Instituto Antonio Nariño:

a) Daños a infraestructura$ 74.450.000.
b) Dotación$ 23.430.000.
c) Muebles y enseres $ 2.640.000.
Gastos Administrativos$ 62.452.000.
 $ 162.972.750.

Finalmente, en la demanda se solicitó expresamente el monto de $ 249.693.119, o lo que resultase probado en el dictamen pericial rendido(19), el cual arrojó como valor final de daño emergente el de $ 423.550.610., —valor último que tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo de Santander para reconocer el daño emergente— de acuerdo a las siguientes consideraciones —el dictamen—:

“(…)

1. Cuál es el valor de las reparaciones locativas que ya se hicieron en el Instituto Antonio Nariño, con el propósito de retornarlo a las condiciones de uso, habitabilidad y explotación que tenía antes del 30 de junio de 1998.

R. El valor de las reparaciones locativas que ya se hicieron en el Instituto Antonio Nariño, con el propósito de retornarlos a las condiciones de uso, habitabilidad y explotación que tenía antes del 30 de junio de 1998 es de: cuatrocientos veintitrés millones quinientos cincuenta mil seiscientos diez pesos ($ 423.550.610) moneda corriente.

Dejamos constancia que verificamos (para el efecto aportamos también álbum fotográfico) la veracidad de las inversiones que aparecen en los comprobantes anexos a esta experticia. Las cuales corresponden a las reparaciones que a la fecha de la visita se habían realizado.

2. Cuál es el valor de las reparaciones locativas que hacen falta por hacer en el Instituto Antonio Nariño con el propósito de retornarlos a las condiciones de uso, habitabilidad y explotación que tenía antes del 30 de junio de 1998.

R. El Instituto Antonio Nariño no requiere reparaciones locativas con el propósito de retornarlos a las condiciones de uso, habitabilidad y explotación que tenía antes del 30 de junio de 1998, por cuanto que ya se hicieron todas las mejoras y reparaciones necesarias que éste Instituto necesitaba para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas del Instituto.” Negrilla fuera del texto

Así, en cuanto al dictamen pericial debe decirse que éste, en cuanto medio de prueba, se encuentra dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil (artículo 226 del Código General del Proceso) y es procedente para “verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.”, con otras palabras, la función de tal medio de prueba consiste en dar luces en el proceso sobre hechos que, por su configuración, demandan de un saber cualificado a fin de tener certeza sobre su existencia y repercusiones en el litigio. Y, se predica su necesidad dado el limitado conocimiento que sobre tales situaciones tiene el Juez, junto al hecho de requerirse una adecuada lectura de tales situaciones especializadas, lo cual sólo se puede lograr con el suministro de información científica, técnica o artística veraz(20)-(21). En otros términos, la prueba pericial no es un escenario en donde se pueda validar cuestiones meramente hipotéticas o especulativas, pues respecto de dicha prueba también se predica un escrutinio por parte del Juez conforme a la sana crítica.

Por consiguiente, se advierte que la fuerza persuasiva del dictamen pericial pende de la coherencia de los razonamientos técnicos empleados por los expertos para justificar sus conclusiones (coherencia interna) y entre estos y los supuestos fácticos que apoyan tales dichos, esto es, en armonía con los demás medios probatorios que obren en la actuación judicial (coherencia externa).

De conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, encuentra la Sala que la prueba pericial así rendida no otorga convicción al juez para soportar sus decisiones, puesto que aquel carece de un análisis técnico jurídico sobre los cuales sustentaron o rindieron su experticia, y de esta manera sacar una conclusión objetiva, que se ajustara a la realidad de lo que realmente examinaron, de suerte que realmente no dieron inicio al proceso de conocimiento técnico, por cuanto, no explican el procedimiento técnico o científico aplicado, ni la metodología e instrumentos utilizados para establecer cuál es el perjuicio ocasionado con los daños ocasionados al plantel educativo.

Pues, en cuanto a la cuantificación del daño emergente, pese si bien es cierto que reposan multiplicidad de facturas, cotizaciones y constancias de egresos de pagos, lo cierto es que de la transcripción hecha en líneas anteriores los profesionales ingenieros, se limitaron a contestar una de las preguntas sobre las que se basaba la experticia, sin dar explicación alguna de los métodos y formulas empleadas para llegar a establecer que la suma del daño emergente era de $ 423.550.610.

Así las cosas, la prueba pericial rendida no otorga convicción al juez para soportar sus decisiones, puesto que carece de un análisis técnico o jurídico sobre los documentos en los cuales sustentaron o rindieron su experticia y como antes se dijo, las sumas obtenidas no pasan de ser meras sumatorias, sin que pueda concluirse que reflejan la realidad de los daños que los propietarios del inmueble tuvieron que sufragar con ocasión de la ocupación, al punto que ni siquiera dichos gastos se justificaron con el informe contable que deben llevar las instituciones educativas.

Ahora bien, respecto al informe rendido por el Delegado del Ministerio de Educación que realizó la visita al Colegio Instituto Antonio Nariño, se tiene que este consignó allí que los propietarios del plantel educativo habían estimado los daños ocasionados en $ 162.972.750., para lo cual adjuntaría la propuesta de los mismos, sin embargo del acervo probatorio se echa de menos dicha evaluación de daños, motivo por el cual lo establecido allí para esta Sala carece de sustento probatorio, pues se limitó a fijar una suma de daños sin tener en cuenta un estudio detallado de ese valor.

Así las cosas, al encontrarse inconsistencias entre los medios probatorios que pretenden demostrar el daño emergente ocasionado con ocasión de la ocupación ilegal, la Sala reconocerá el pago de la prestación debida por la entidad demandada, aunque lo hará en abstracto en atención a que como se dijo anteriormente, no obra dentro del material probatorio prueba que especifique fehacientemente cuales fueron los gastos en que se incurrieron con ocasión de los daños padecidos por la institución educativa.

De manera que la Sala procede a fijar los criterios que el Tribunal debe acoger para realizar el incidente de liquidación, a saber, los siguientes:

1. Debe acreditarse por la parte demandante cuales fueron exactamente los daños causados al mobiliario y estructura del colegio, teniendo en cuenta que según la misma demanda, las oficinas y área administrativa no fueron ocupadas, sino los salones de clases, áreas comunes y baños. Es decir, se debe establecer con certeza que cantidad de pupitres, sanitarios, lavamanos, abanicos, sistema de alumbrado, pisos, vidrios, bebederos, tableros y demás objetos fueron los realmente destrozados y por esa condición tuvieron que remplazarse o arreglarse, así como la mano de obra necesaria para restablecer el estado normal de funcionamiento de las instalaciones.

2. Establecido lo anterior, debe acreditarse el valor de cada artículo para la fecha de los hechos.

3. La suma a reconocer será debidamente indexada con aplicación de la fórmula acogida por la el Consejo de Estado, esto es:

Ra = Rh X IPC final
IPC inicial

Donde:

La renta histórica (Rh) corresponderá al valor del daño de la totalidad del daño que se acredite efectivamente.

El IPC final será el último certificado por el DANE en la fecha de proferirse el incidente de liquidación.

El IPC inicial será el del día en que cesó la ocupación.

La renta actualizada (Ra) será el valor obtenido.

7.2. Lucro cesante.

Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado y futuro, y este ha sido definido como “el reflejo futuro de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación(22)

Al respecto, cabe señalar que no se reconocerá perjuicio alguno en la modalidad de lucro cesante, toda vez que respecto a la estimación de este rubro se encontró que la tanto la evaluación de daños aportada por la parte demandante y el dictamen pericial únicamente se limitaron a establecer el valor de lo dejado de percibir por el Instituto Antonio Nariño por el retiro de una cantidad de alumnos determinado por la diferencia entre los que estuvieron efectivamente matriculados para el año 1998 y 1999 bajo el criterio o convencimiento que todos los alumnos matriculados en 1998 iban a culminar sus estudios si o si en ese colegio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la comunidad estudiantil de colegios es variable, pues, los alumnos ingresan y se retiran constantemente de la educación preescolar, básica primaria y bachillerato por multiplicidad de motivos que obedecen a temas personales, y como en la evaluación de daños tanto como en el dictamen pericial no se explicaron los parámetros, argumentos y procedimientos técnicos para llegar a la conclusión consignada, no se le podrá dar valor probatorio en ese aspecto a ninguno de los medios de pruebas referidos, en la medida que no brindan al juez la certeza suficiente para tener como demostrado lo que allí se planteó.

Adicionalmente, no se realizó ninguna otra actividad probatoria para demostrar que efectivamente se ocasionaron perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y en efecto, no se pudo constatar que los alumnos retirados de la Institución Antonio Nariño lo hicieron por motivos de la ocupación ilegal, y que adicionalmente esos retirados si o si iban a culminar sus estudios en dicho ente educativo.

8. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera - Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Modifica la sentencia del 14 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander por las razones expuestas en esta providencia, la cual quedará así:

1. Declárase administrativamente responsable al Municipio de Barrancabermeja por los daños ocasionados a los demandantes con ocasión de la ocupación de hecho ejecutada por desplazados desde el 30 de julio de 1998 hasta el 7 de octubre de la misma anualidad.

2. Condénase al Municipio de Barrancabermeja a pagar a los señores Jairo Ballesteros Rodríguez y Graciela Pacheco de Ballesteros por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma resultante dentro del incidente de liquidación que deberá adelantar el Tribunal de origen con aplicación de los criterios expuestos en la parte motiva.

3. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda, conforme a la parte motiva de este proveído.

4. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso.

5. Sin condena en costas.

6. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(2) “ART. 129.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. (…)

(3) La pretensión mayor es de $ 2.633.671.892 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, es decir que supera los 500 SMLMV exigidos para el momento de la presentación del recurso de apelación.

(4) En su precedente normativo, esto es, en el Código Contencioso Administrativo consagrado por la ley 167 de 1941, en el artículo 83 y en su inciso 3º del artículo 84 estableció que las acciones encaminadas a obtener una reparación, como es la presente, prescriben al cabo de cuatro meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto, etc”. Puede verse: Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 23 de mayo de 1953, Expediente 19530523. Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de marzo de 1954, Expediente 19540309. Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 22 de julio de 1955, Expediente 1955-N5085. Sección Segunda, auto de 29 de febrero de 1972. “De conformidad con el artículo 83 del C.C.A. la acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos particulares prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de cuatro meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho u operación administrativa que cause la acción”. Fija esta norma un término perentorio para accionar o recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos que lesionan derechos de particulares. Este término es lo que los tratadistas denominan “Caducidad”, que es diferente, desde luego, a la prescripción. Hay por lo mismo una impropiedad en la norma al hablar de prescripción y no de caducidad. Los plazos preestablecidos en forma objetiva, es decir, sin consideración a situaciones personales del interesado, es lo que se llama caducidad. Si el actor los deja transcurrir sin presentar la demanda, el derecho a la acción caduca, se extingue inexorablemente, sin que pueda alegar para revivirlos excusa alguna, ya que no son susceptibles de interrumpirse, al contrario de lo que ocurre con la prescripción extintiva de derechos. El derecho puramente potestativo a la acción o al recurso comienza con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo improrrogable. Quien se crea con derecho a accionar contra el acto administrativo que le ha creado una situación jurídica subjetiva debe hacerlo antes para no correr el riesgo de que se le extinga el plazo concedido”. Sección Tercera, auto de 31 de mayo de 1979. “Es indudable que el Decreto Ley 528 de 1964 estableció un término perentorio de caducidad en el artículo 28, al disponer: “La competencia para conocer de las acciones indemnizatorias por hechos u operaciones de la administración está condicionada a que dichas acciones se instauren dentro de los tres años siguientes a la realización del hecho u operación correspondiente”.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(6) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

(7) En este sentido, la Sala, en sentencia de 28 de junio de 1994, Expediente 6806, señaló: “Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos...puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce sobre su bien.”

(8) Ver, por ejemplo, sentencias de 28 de junio de 1994, Expediente 6806 y de 25 de junio de 1992, Expediente 6947

(9) Al respecto cabe tener en cuenta la sentencia del 13 de febrero de 1992, Expediente 6643, en la cual se reconoció indemnización porque al propietario de un inmueble se le limitó el ejercicio de su derecho de dominio y posesión sobre sus predios por causa de la declaración de parque natural, con lo cual se le impidió vender, gravar o explotar económicamente su bien. De igual manera, en sentencia proferida el 25 de junio de 1992, en el Proceso 6974, se reconoció indemnización por la limitación por parte del Inderena a los derechos de propiedad y posesión de los demandantes sobre un predio, al prohibir la explotación agropecuaria del mismo sin reconocer suma alguna de dinero como compensación por los perjuicios sufridos.

(10) Al respecto ver sentencia de 10 de mayo de 2001, Expediente 11.783.

(11) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 3 de abril de 1997, Expediente 9718.

(12) Con relación a la cuantificación de dichos perjuicios cabe tener en cuenta la siguiente precisión jurisprudencial: “En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir” (Sentencia de 3 de abril de 1997, Expediente 9718).

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 050012326000199201149-01 (18.165).

(14) Ibidem.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2014, Expediente 23.128, actor: Ángela Marleny Salazar de Cobo y otros.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2005, Radicado 11.988, actor: Hoteles e Inversiones Ltda.

(17) Sentencia T-844 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra

(18) “ART. 58.Modificado por el art. 1º, Acto Legislativo Nº 01 de 1999. el nuevo texto es el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.”

(19) Cuaderno 2 dictamen pericial.

(20) “Cuando la cultura del juzgador no es adecuada para ocuparse de los rasgos técnicos o científicos específicos de los hechos litigiosos es necesario complementarla. Esto significa que hay que recurrir a peritos expertos en diversos ámbitos para ofrecer al juzgador toda la información técnica y científica necesaria para decidir el caso”. Taruffo, Michele. La prueba, ibíd. Pág. 90.

(21) Vista la función de la prueba pericial en el proceso judicial, resulta una cuestión apenas evidente que no le está asignado a este medio de prueba la conceptualización o discusión de cuestiones jurídicas sobre los hechos de proceso, esto es, no es admisible por vía de tal medio probatorio considerar la aplicación o interpretación de normas jurídicas, pues es al Juez es a quien le corresponde dictaminar, con fuerza autoridad, las consideraciones jurídicas que un caso demanda.

(22) Cavalieri Filho, Sergio, Programa de responsabilidades civil, 6ª edic., Malheiros editores, Sao Paulo, 2005, pág. 97.