Sentencia 2000-02470 de octubre 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 26848

Radicación: 25000 2326 000 2000 02470 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Frecia Verónica Plata Duque y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Bogotá, D.C., Secretaría de Tránsito y Transporte

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala es competente para resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia dictada por la Sección Tercera, Sala de Descongestión, del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, el 9 de diciembre de 2003, toda vez que se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo para la procedencia de la mencionada institución procesal(2), a saber: (i) el presente proceso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación en atención a su cuantía(3); (ii) la condena impuesta por el a quo en la sentencia es superior a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes(4), y (iii) el fallo no fue apelado. Se precisa que la competencia del Consejo de Estado respecto de la sentencia de primera instancia se encuentra limitada, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por la norma señalada, la consulta se entiende interpuesta en favor de la entidad condenada y por consiguiente, no resulta viable hacer más gravosa su situación.

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El día 7 de noviembre de 1998, aproximadamente a las 5:30 horas, los patrulleros de la Policía Nacional Edwin Agustín Moreno(5) y José Alexander Ospina Díaz se desplazaban a bordo del vehículo chevrolet luv 2300 modelo 1996 de placas OBD-766, por el sector de la avenida Suba con calle 85, sentido norte sur, cuando colisionaron violentamente contra un poste de alumbrado público (copia simple del informe administrativo por muerte suscrito por el comandante de la estación metropolitana de tránsito —fls. 32, 33, cdno. pbas.—; informe del accidente de tránsito suscrito por los patrulleros José Jaime Tuquerrez y Adriana Rojas Camargo —fls. 44-51, cdno. pbas.—).

8.2. El patrullero Moreno, quien conducía el vehículo con la baliza encendida a una velocidad no inferior a 80 kilómetros por hora sobre un pavimento húmedo (informe del accidente de tránsito suscrito por los patrulleros José Jaime Tuquerrez y Adriana Rojas Camargo —fls. 44-51, cdno. pbas.—), sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladado a la clínica del Country, donde falleció (copia auténtica del registro civil de defunción —fl. 2, cdno. pbas.—; copia simple del informe administrativo por muerte suscrito por el comandante de la estación metropolitana de tránsito —fls. 32, 33, cdno. pbas.—).

8.3. Al momento del accidente, los patrulleros Moreno y Ospina Díaz se encontraban realizando primer turno de vigilancia en el sector del área dos de tránsito, lo cual sirvió para que en el informe administrativo por muerte elaborado por la Policía Nacional se concluyera que la muerte del primero ocurrió en actos propios del servicio (copia simple del informe administrativo por muerte suscrito por el comandante de la estación metropolitana de tránsito —fls. 32, 33, cdno. pbas.—).

8.4. El vehículo en el cual ocurrió el accidente pertenecía al Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito de Bogotá —Fondatt— (copia simple de la tarjeta de propiedad del automotor —fl. 96, cdno. 1—; copia simple del formulario de matrícula —fl. 95, cdno. pbas.—) pero estaba adscrito al área dos de tránsito de la Policía Metropolitana de Bogotá (copia simple del informe administrativo por muerte suscrito por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá —fl. 28, cdno. pbas.—).

8.5. Edwin Agustín Moreno era hijo de la señora Yolanda Moreno López, padre de Juan David Moreno Plata (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 2, 26, cdno. 1—) y compañero permanente de la señora Frecia Verónica Plata Duque (testimonios de Olga Inés Vargas Bonilla y Liliana Isabel Morato, rendidos ante el tribunal a quo —fls. 54-57, cdno. 1—).

IV. Problema jurídico

9. Corresponde a la Sala determinar si la muerte del patrullero Edwin Agustín Moreno, ocurrida luego de sufrir un accidente abordo de un vehículo de propiedad del Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito de Bogotá cuando ejercía funciones propias del servicio, es imputable a la Policía Nacional. Para el efecto, tendrá que establecer, en primer término, cuál fue la causa del insuceso ya que en el proceso existen dos versiones encontradas sobre el particular: aquella defendida por la parte actora, según la cual el hecho se produjo porque las llantas del vehículo se encontraban en mal estado de conservación, y la propuesta por la parte demandada, que afirma que el accidente se produjo por imprudencia de la víctima que conducía con exceso de velocidad en medio de circunstancias climáticas adversas. Sólo en el evento de que encuentre que el vehículo sí se encontraba en malas condiciones y que ello contribuyó causalmente al daño, la Sala procederá a establecer si la Policía Nacional estaba legal o contractualmente obligada a cumplir con el mantenimiento y el cuidado del vehículo, tal como lo señaló el a quo, o si esa obligación recaía única y exclusivamente en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.

V. Análisis de la Sala

10. La Sala encuentra acreditado el daño pues está probado dentro del expediente que el patrullero de la Policía Nacional Edwin Agustín Moreno falleció el 7 de noviembre de 1998, luego de colisionar violentamente contra un poste de alumbrado público en el sector de la avenida Suba con calle 85 de la ciudad de Bogotá, en momentos en que cumplía actos propios del servicio a bordo del vehículo automotor de placas OBD-766.

11. La copia auténtica de los registros civiles y los testimonios aportados al proceso también acreditan que Juan David Moreno Plata, Yolanda Moreno López y Frecia Verónica Plata Duque, sufrieron un daño por este hecho, pues la demostración del vínculo familiar existente entre ellos, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que estos demandantes sufrieron por la muerte de quien fuera su padre, hijo y compañero permanente.

12. En cuanto a las circunstancias en las cuales ocurrió el daño, se tiene demostrado, mediante el informe escrito elaborado el 7 de noviembre de 1998 por los patrulleros José Jaime Tuquerrez y Adriana Rojas Camargo, adscritos a la Estación Metropolitana de Tránsito de la Policía Nacional que, momentos antes de colisionar contra el poste de alumbrado público, el conductor del vehículo adelantó por el lado izquierdo de la calzada a un bus que previamente circulaba por el mismo lado de la vía de forma paralela a otro automotor, y luego hizo una maniobra de viraje de aproximadamente 60 grados a la derecha, impactando y sobrepasando el sardinel. Dice el documento (fl. 50, cdno. 1):

Dinámica general del accidente

El participante 1 conducía el móvil 1 por el carril izquierdo de la calzada demarcada de la Avda. Suba, sentido norte-sur, a una velocidad no inferior a 80 km/h.

El móvil 1 transitaba con la baliza y la sirena encendida, al enfrentar la carpeta de rodado obstaculizada por dos buses que se movilizaban paralelamente. El que se dirigía por el costado izquierdo realizó maniobra de adelantamiento despejando la pista de circulación del móvil 1, sobrepasándolos, continuando su marcha por el carril izquierdo.

Ocurrido lo anterior, el participante 1 realizó maniobra de virage (sic) de aproximadamente 60 grados a la derecha, siguiendo su marcha en sentido sur-occidente, impactando y sobrepasando el sardinel del costado occidental de la calzada con sus llantas anteriores invadiendo la zona verde que se encontraba húmeda, produciéndose un deslizamiento oblicuo a la carpeta de rodado, hasta impactar con el poste, desplazando su parte posterior hacia el sur, siendo su posición final la acotada en el informe del accidente”.

13. Entre los factores que, según el informe, contribuyeron causalmente al accidente se encuentran, en primer término, la velocidad de desplazamiento del automotor, que no era inferior a 80 kilómetros por hora; en segundo lugar, la humedad de la carpeta de rodado; y finalmente, el mal estado de conservación de las llantas del vehículo (fl. 50, cdno. pbas.):

Fundamentos

El móvil 1 se desplazaba a una velocidad no inferior de 80 km/h por la magnitud de los daños ubicados en la camioneta.

El participante 1 realizó maniobra de virge (sic) a la derecha de acuerdo a las versiones dadas por los testigos y la posición final del vehículo.

El móvil 1 sobrepasó el sardinel y la zona verde del costado occidental, con base a las huellas tatuadas sobre el césped.

Se pudo establecer que tanto el conductor como el tripulante llevaban puesto el cinturón de seguridad, con base en la inspección ocular realizada a la zona interior del vehículo (…).

Se pudo establecer que se encontraba lloviznando por encontrarse húmeda la carpeta de rodado, y la posición final de los limpiabrisas lo indican al quedar comprimidos perpendicularmente a su base de fijación, producto del impacto, señalando así que venían funcionando.

Causas concurrentes

La superficie húmeda de la carpeta de rodado, no permite estabilidad y seguridad al realizar maniobra evasiva.

El exceso de velocidad (SR30 30km/h) en que se movilizaba el móvil 1 ante las circunstancias climáticas del momento reduce la efectividad de reacción al enfrentar un accidente.

El mal estado de conservación de las llantas, al encontrarsen (sic) lisas, disminuye el agarre eficaz de las mismas a la carpeta de rodado, teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento disminuye ante la humedad de la superficie.

Causa basal del accidente

Se ha podido establecer que la causa basal del accidente se devió (sic) a falla humana por descartarse otras posibilidades, como obstrucción de pista de circulación (vehículo, peatón u otro), falla mecánica de vehículo con base en las versiones dadas por los testigos y la revisión de los sistemas del vehículo.

14. Cabe señalar que para la elaboración del informe, los patrulleros José Jaime Tuquerrez y Adriana Rojas Camargo no sólo inspeccionaron personalmente la escena de los hechos, con lo cual pudieron constatar las condiciones de la vía y el estado en el cual quedó el vehículo tras el impacto, sino que además recogieron las versiones de dos testigos de lo ocurrido: el soldado Carlos Preciado Gutiérrez, quien desde la garita 3 de la Escuela Militar observó el recorrido del vehículo accidentado, y el señor Tito Hugo Morales, quien conducía uno de los buses de servicio público que fue sobrepasado por el automotor, y que narró la forma en que se adelantó la maniobra.

15. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el accidente en el cual perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional Edwin Agustín Moreno se produjo porque el vehículo en el que se desplazaba no se encontraba en óptimas condiciones de funcionamiento. Aunque el informe establece que ésta no fue la única causa de lo acontecido, sí afirma con claridad que el mal estado de las llantas redujo su capacidad de agarre al pavimento y, por tanto, facilitó que el automotor se deslizara sobre el sardinel hasta impactar con el poste de alumbrado público.

16. Así las cosas, se considera que la responsabilidad de la administración resulta comprometida a título de falla del servicio, por lo cual es irrelevante que el occiso se encontrara ejerciendo una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos automotores. Se reitera que, según la jurisprudencia de esta corporación, los daños causados a los miembros de la fuerza pública en ejercicio de este tipo de actividades, en principio, no comprometen la responsabilidad de la administración pues se entiende que quien las desarrolla asume los riesgos que ellas comportan, a menos de que se demuestre, tal como ocurre en el presente caso, que éstos ocurrieron como consecuencia de una falla del servicio ya que en tales eventos el daño deviene antijurídico:

Ha sido reiterada la tesis de la Sala en el sentido de que en aquellos eventos en los que el daño es producido por el ejercicio de actividades peligrosas, el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación está derivado de la realización directa de una actividad que entraña peligro, de tal manera que en esos casos basta que el actor acredite, primero, la existencia del daño, y segundo, que el mismo se ha generado como consecuencia de dicha actividad. En relación con lo anterior, resulta necesario señalar que la responsabilidad se estructura bajo el hecho cierto de que la actividad peligrosa hubiere sido ejercida por cuenta de la entidad demandada(6).

No obstante ello, cuando el daño sufrido deviene como consecuencia de una actividad peligrosa, la cual es ejercida directamente por la propia víctima, no resulta aplicable dicho régimen, sino el de falla probada del servicio. En efecto la Sala ha tenido la oportunidad de precisar que la calificación de una actividad como “peligrosa” tiene incidencia para establecer el criterio de imputación aplicable en relación con los daños que se deriven de la misma, distinguiendo entre quienes ejercen la actividad y los terceros ajenos a ésta. En el primer caso, cuando quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño, la decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse con fundamento en la tesis de la falla probada del servicio y no del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, pues este último sería aplicable al segundo de los casos mencionados, como también le sería aplicable por supuesto el de falla del servicio(7)(8).

17. Acreditado como está que el patrullero Edwin Agustín Moreno sufrió un daño que no estaba en el deber jurídico de soportar como consecuencia de fallas en el mantenimiento del automotor que le fue asignado para el cumplimiento de sus funciones, debe la Sala determinar cuál de las dos entidades que fueron demandadas dentro de este proceso es administrativamente responsable por ello: la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, quien tenía a su cargo la guarda material del automotor, o el distrito capital de Bogotá, que conservaba la propiedad del mismo.

18. En anteriores oportunidades, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha señalado que la responsabilidad por los daños causados por la conducción de vehículos automotores recae, por regla general, en quien tiene su guarda material, esto es, en la persona, natural o jurídica, que ejerce poder de mando, uso y dirección sobre el bien, independientemente de que ostente o no calidad de propietario:

Para decidir la responsabilidad del Estado en relación con el uso de cosas riesgosas es necesario definir si en el momento en que se produjo el daño la entidad oficial tenía o no la guarda del bien. Cuando se acredita que el Estado es el propietario de la cosa se presume que tiene su guarda, aunque dicha presunción puede ser desvirtuada. En otros términos, la custodia guarda y conservación de los objetos públicos, entre ellos naturalmente los vehículos oficiales, es una obligación que recae en la entidad pública a la cual se encuentran asignados tales objetos y por lo tanto, la entidad debe ejercer sobre tales bienes los controles suficientes para evitar que con ellos se cause cualquier daño. En consecuencia, si con los objetos oficiales se causan daños antijurídicos y no media prueba de causal alguna de exoneración que rompa el vínculo causal, la responsabilidad patrimonial del Estado aparece comprometida por la relación existente entre la conducta y el daño ocurrido. Se reitera que el guardián del objeto peligroso —vehículo oficial, arma de dotación— responde por los daños que con éste se causen(9).

19. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia han admitido el carácter acumulativo de la guarda para cobijar los eventos en los cuales dos o más personas se sirven de la cosa o bien mediante el cual se ejerce la actividad peligrosa. De esta forma, se ha distinguido la guarda que ejerce quien domina la actividad (guardián del funcionamiento) de la que ejerce quien domina la cosa (guardián de la estructura), a efectos de definir si, en determinadas circunstancias, existe o no responsabilidad solidaria en la producción de un determinado daño antijurídico:

Es posible, entonces, que dos o más personas se sirvan de una cosa, circunstancia por la cual se puede predicar de ellos la condición de guardianes acumulativos. Y, si bien, por regla general, la guarda material es alternativa, es decir, no se comparte en su estructura o en su comportamiento, sino que es ejercida por un determinado sujeto (eje: el conductor del vehículo automotor), es cierto que pueden existir eventos en los cuales es viable acumular la guarda material de la cosa, circunstancia que permitirá definir quién o quiénes son las personas que ejercen la facultad de control y dirección sobre la misma y, por consiguiente, en el supuesto de que se genere un daño con ella, se pueda determinar la imputación del resultado(10).

En consecuencia, es posible hablar de la guarda acumulativa, en aquellos eventos en que un número plural de sujetos ejercen el control o la dirección sobre la cosa o la actividad riesgosa, de tal manera que, en estos casos, por regla general, la doctrina y la jurisprudencia se han inclinado por avalar la teoría de la guarda en la estructura y la guarda en el comportamiento, de tal forma que se facilite el análisis de imputación, esto es, de atribución del daño.

En estos supuestos, es imperativo determinar quién es el guardián o guardianes de la cosa, con miras a esclarecer quién es el responsable en la concreción del riesgo, circunstancia que permitirá atribuir la responsabilidad por el daño antijurídico padecido.

Al respecto, la Sala en reciente oportunidad precisó:

Sobre este aspecto, la doctrina distingue entre la peligrosidad de la estructura y la peligrosidad en el comportamiento de las cosas inanimadas, para considerar que hay peligrosidad en la estructura cuando “la cosa tiene un dinamismo propio o, a pesar de no tenerlo, conserva la posibilidad de dañar dada su ubicación, construcción o materiales utilizados” y existe peligrosidad en el comportamiento cuando “una cosa o actividad que pueden tener o no dinamismo propio son utilizadas en tal forma que de ese uso surge la peligrosidad”(11). En este orden de ideas, un vehículo en movimiento representa un peligro por su comportamiento, pero un vehículo estacionado no representa ningún peligro desde el punto de vista de su comportamiento y sólo será un peligro en su estructura por la posibilidad de su explosión, por ejemplo. Los daños que se generen como consecuencia de la materialización de esos peligros podrán ser resueltos, como ya se señaló con fundamento en el criterio de imputación de riesgo excepcional(12) (cursivas del original)(13).

20. En el caso concreto, se demostró que el vehículo en el cual perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional Edwin Agustín Moreno era de propiedad del Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito de Bogotá (ver supra párr. 8.4). No obstante, en el momento del accidente el vehículo era usado por la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional —así consta en el informe administrativo por muerte suscrito por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (fl. 28, cdno. pbas.)—, en virtud del contrato interadministrativo de comodato 001 suscrito entre esa entidad y el Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá en el marco de un convenio interinstitucional sobre el control y vigilancia de tránsito en el Distrito Capital, el cual fue incorporado al proceso mediante auto de 28 de febrero de 2013 proferido por el Consejo de Estado (fl. 242, cdno. ppal.).

21. El hecho de que el vehículo accidentado hubiera sido entregado en comodato a la Policía Nacional en virtud del mencionado contrato, se infiere porque en el documento consta que una de las obligaciones a cargo de las partes, la cual se encuentra consignada en la cláusula tercera del contrato, consistía en suscribir actas de recibo y entregas parciales, “en donde se dejarán constancia del estado en que se entregan y reciben los bienes, las cuales formarán parte del presente contrato”, y en el expediente obra copia del “acta de entrega parcial del parque automotor de la Secretaría de Tránsito de Santafé de Bogotá, D.C., a la Policía Nacional”, el cual aunque no tiene fecha, incluye una relación de bienes, entre los que se encuentra el vehículo chevrolet luv 2300 modelo 1996 de placas OBD-766, que fueron entregados por la Secretaría de Tránsito de Bogotá a la Policía Metropolitana de esta ciudad “en virtud de las obligaciones adquiridas en la cláusula tercera del mencionado convenio”, con constancia de haberlo sido “en perfecto estado de mantenimiento, de operación y físicamente de (sic) buen estado (…)” (fl. 104, cdno. pbas.).

22. Tal circunstancia, esto es, que el bien causante del accidente hubiera sido entregado en comodato a la Policía Nacional, es suficiente, en principio, para concluir que al momento de los hechos el Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito de Bogotá no tenía la guarda de funcionamiento del vehículo y que, por tanto, la responsabilidad por la muerte del patrullero Moreno no le es imputable al Distrito Capital sino a esa otra entidad, que era la que ejercía poder de mando, uso y dirección sobre el automotor. No obstante, habida cuenta que la Policía Nacional, en la etapa de alegatos en segunda instancia, controvirtió expresamente tal conclusión con fundamento en el contenido del contrato interadministrativo de comodato 001, debe la Sala establecer si las razones que sustentan su inconformidad tienen o no vocación de prosperidad.

23. En criterio de la Policía Nacional, el contrato referido demuestra que el daño le es imputable al Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá, ya que esta entidad tenía a su cargo la obligación de mantenimiento del automotor.

24. Al examinar el mencionado documento, la Sala encuentra que el 22 de abril de 1997, el entonces alcalde mayor del distrito capital de Bogotá y el secretario de tránsito y transporte de Bogotá, en calidad de comodantes, y el director general de la Policía Nacional, en calidad de comodatario, suscribieron un contrato interadministrativo de comodato en virtud del cual los primeros se obligaron a entregar a título gratuito en calidad de uso a la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, con funciones de tránsito, un conjunto de bienes muebles de propiedad del distrito capital por el término de cinco (5) años “contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo de los bienes (…)”. Encuentra, además, que conforme a lo establecido en el numeral 5º de la cláusula sexta del contrato era obligación de los comodantes “atender los costos de operación, mantenimiento, reparación y reposición de equipos o vehículos de [su propiedad] al servicio de las funciones de tránsito ejercidas por la Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá” (fl. 250, cdno. ppal.).

25. Según se ve, la obligación que surgió del contrato no era exactamente la de conservación del automotor, como equivocadamente pretende hacerlo ver la Policía Nacional, sino la de satisfacer las expensas que se requirieran para tal fin. Y esto es apenas razonable si se tiene en cuenta que la obligación de conservación del bien, que es de la esencia de este contrato, está a cargo del comodatario, al punto que la legislación civil lo hace responsable hasta de la culpa levísima en los eventos en que el comodato sea en su propio y exclusivo beneficio, pues si fuere en pro de ambas partes “no se extenderá la responsabilidad del comodatario sino hasta de la culpa leve, y si es en pro del comodante, solo hasta la culpa lata” (C.C., arts. 2203 y 2204).

26. En cambio, la obligación del comodante de asumir el costo de las obras necesarias para la conservación de la cosa prestada no es de la esencia del comodato, ya que éste, por regla general, es de carácter unilateral, lo que implica que, una vez perfeccionado mediante la entrega material del bien, solo surgen obligaciones para el comodatario(14). Esto significa que salvo que exista una estipulación en contrario, el comodante no está obligado a asumir las expensas “ordinarias de conservación”, que son aquellas que corresponde al derecho de usar la cosa (gastos de uso), sino únicamente las de carácter extraordinario, es decir, “aquellas que van más allá del uso natural convenido y que, sin su oportuna satisfacción, la cosa correría el riesgo de malograrse o extinguirse”(15) (C.C., art. 2216). Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

Y es al abrigo de esa regla que la Corte entiende que, salvo pacto en contrario, todo lo que se gasta con el fin de hacer posible la utilización de la cosa para el uso convenido, corresponde exclusivamente al comodatario, pues no cabe duda de que es a él a quien interesa acondicionarla para servirse de ella y beneficiase de su adecuación.

(…).

Es que, si no fuese así, el acto de generosidad del comodante podría ser castigado con una carga adicional, generando inclusive la posibilidad de causarle un detrimento económico imprevisto, el cual, en el tráfico negocial, inhibiría la realización de este tipo de contratos, de recibo, incluso, en el sector público, conforme autoriza la Ley 9ª de 1989.

Entonces no se puede admitir que el comodatario, a sus anchas realice gastos e inversiones importantes en procura de servirse en mejores condiciones de la cosa prestada para luego, sin empacho alguno, reclamar lo que destinó para su propio beneficio, en la medida en que esa conclusión reñiría con el equilibrio que debe campear en las relaciones jurídicas, pues el altruismo que inspira al comodante no puede gravarle de tal modo que se haga imposible la recuperación de la cosa que presta, evento que se presentaría si las obras, adecuaciones, edificaciones o construcciones hechas por el comodatario, por su enorme valor, no pueden ser satisfechas por el comodante, quien así podría padecer una verdadera expropiación, sin contar con que, en abstracto, el comodante ad libitum puede cambiar la vocación natural o comercial de la cosa, caso en el cual las construcciones no reportarían un mayor valor del bien sino posiblemente un demérito para él.

(…).

Se insiste, la voluntad de la ley, derivada incluso de una elemental equidad, es que el comodante sólo satisfaga los gastos urgentes y extraordinarios que demande la conservación de la cosa, pero todo aquello que libremente invierte el comodatario, según su proyecto económico, debe mirarse como una dotación a propósito del emprendimiento de éste que no puede trasladar al prestador.

De ello se sigue que si no se pacta expresamente una retribución, el comodatario no está autorizado para pedir el reembolso de las obras, mejoras, arreglos o, en general, cualquier gasto que haya realizado para la adecuación de la cosa en fin de ser puesta a su servicio, justamente para su bienestar y no la del comodante.

Conclúyese, por ende, que al finalizar el contrato, y salvo pacto en contrario, el comodante debe recibir la cosa que entregó, asumiendo el deterioro natural, pero adquiriendo también las cosas que le fueron añadidas durante la vigencia de la relación sustancial (resaltados no originales)(16).

27. De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que se equivoca la Policía Nacional cuando afirma que en virtud del contrato de comodato suscrito entre las dos entidades demandadas la obligación de conservación del vehículo involucrado en el accidente en el que perdió la vida el patrullero Moreno recaía en el Fondo de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santafé de Bogotá. Se insiste, lo que a esta entidad correspondía era el pago de las expensas ordinarias de conservación, pero no la conservación propiamente dicha, ya que ésta estaba a cargo de la Policía Nacional, que era la entidad que, en calidad de comodatoria, se servía del uso del automotor.

28. Así las cosas, es claro que la obligación de velar porque el bien estuviera en óptimas condiciones de funcionamiento recaía en la Policía y no del Distrito Capital, de donde se sigue que la responsabilidad por la muerte del patrullero Edwin Agustín Moreno sólo es imputable a la primera de las entidades mencionadas, dado que está demostrado, según ya se señaló, que tal hecho se produjo, entre otras razones, porque las llantas del automotor en que éste se desplazaba estaban en mal estado.

29. Sin perjuicio de lo dicho hasta el momento, cabe señalar que, en cualquier caso, la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional se encontraría comprometida sólo por el hecho de ejercer la guarda de comportamiento de la actividad peligrosa, esto es, de la conducción de vehículo automotor. Al respecto, la Sección Tercera, en jurisprudencia que ahora se reitera ha señalado que:

En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, la doctrina mayoritaria ha reconocido la imposibilidad de imputar la responsabilidad al guardián del comportamiento, cuando de los supuestos fácticos se desprende que el daño se origina en la estructura misma de la cosa, o de los elementos a través de los cuales se desarrolla la actividad(17); no sucede lo propio en sede de la responsabilidad extracontractual de la administración pública, toda vez que, si el Estado es el guardián del comportamiento o de la actividad peligrosa, es porque se está frente a la prestación de un servicio público o actividad estatal y, por lo tanto, no se puede liberar de su responsabilidad en relación con los hechos, máxime si el daño es producto de la concreción de una actividad de alto riesgo.

En efecto, en tratándose de la responsabilidad extracontractual del Estado, ni siquiera es posible excluir la imputación del resultado, en aquellos eventos en que se tenga una guarda compartida de la cosa o de la actividad peligrosa, como quiera que, en estos supuestos, la administración pública debe ser juzgada bajo el amparo del artículo 90 de la Constitución Política y, por lo tanto, deberá reparar el daño de manera integral para luego repetir, si es del caso, en contra de la persona o personas que tenían la guarda material compartida del factor o elemento de riesgo.

En consecuencia, en eventos en que se juzgue la responsabilidad patrimonial de la administración pública, donde se aprecie la existencia de una guarda acumulativa entre dos o más sujetos, en la que si quiera una de ellas está a cargo del aparato estatal, no se podrá excluir el deber de reparación integral, bien sea porque el Estado sea el guardián de la estructura o del comportamiento, dado que en estas situaciones la administración, en su calidad de controladora de la cosa o de la actividad, estará obligada a la reparación del perjuicio. De este modo, siendo claro que en el sub examine, la guarda de la actividad riesgosa la compartía el conductor del vehículo y el teniente que estaba al mando de la operación, de suyo se tiene que la misma estaba a cargo directamente del Estado, por lo que, desde ésta arista, de él se predica la atribuibilidad fáctica del resultado(18).

30. Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia de 9 de diciembre de 2003, proferida por la Sección Tercera, Sala de Descongestión, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto declaró la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por la muerte del patrullero Edwin Agustín Moreno, ocurrida el 7 de noviembre de 1998 en actos propios del servicio. De la misma manera, se confirmará la decisión de declarar que el hecho de la víctima operó como concausa del daño, no sólo porque tal circunstancia se encuentra acreditada (ver supra párr. 13), sino porque la parte demandante no apeló este punto de la sentencia y la Sala no podría hacer un pronunciamiento que conllevara a agravar la situación de la entidad dadas las limitaciones que se derivan del grado jurisdiccional de consulta.

31. En cualquier caso, cabe señalar que lo dicho por la parte actora en el escrito de demanda, en el sentido de que el accidente se produjo en momentos en que el patrullero Moreno perseguía al conductor de un vehículo que atropelló a un peatón, dándose a la fuga (ver supra párr. 1.1), carece de respaldo probatorio. En efecto, al examinar las pruebas aportadas al proceso, se advierte que esta versión de los hechos surgió de las declaraciones dadas por los testigos Carlos Preciado Gutiérrez y Tito Hugo Morales a los patrulleros José Jaime Tuquerrez y Adriana Rojas Camargo —encargados de elaborar el informe del accidente—, las cuales se transcriben en ese orden a continuación (fls. 48-50, cdno. pbas.):

PREGUNTADO: La patrulla a qué velocidad aproximadamente venía? RESPONDIÓ: Venía rápido, rápido, aprovechando que la vía estaba sola en el momento, como pidiendo espacio para pasar con la sirena encendida, como si viniera en persecución de un vehículo, sin saber que eso fuera así.

PREGUNTADO: ¿Usted vio algún peatón o animal en la vía lo cual hizo producir el accidente de la patrulla? RESPONDIÓ: No vi nada porque estaba oscuro y llovisnando (sic). PREGUNTADO: Usted vio o notó la presencia de un cheeroky (sic) color rojo transitar o adelantarlo a usted por la vía. CONTESTÓ: No, pero si daba la impresión de que iba en persecución de otro vehículo (…).

32. Según se ve, la versión de la persecución no es más que una simple especulación que surgió de las apreciaciones subjetivas de los testigos, quienes la construyeron a partir de la observación del comportamiento del automotor. Esta circunstancia, aunada al hecho de que en el informe de fecha 1º de diciembre de 1998, suscrito por el comandante de la estación metropolitana de tránsito con base en la información suministrada por el radio operador (fls. 32-33, cdno. pbas.), consta que el último caso conocido por el móvil 2-2, que era el que conducía el patrullero Edwin Agustín Moreno, se reportó a las 3:30 horas del día del accidente, permite a la Sala afirmar que en verdad no está acreditado que la víctima conducía con exceso de velocidad porque se encontraba en medio de una persecución. Ciertamente es bastante probable que, en el evento que tal operativo hubiera ocurrido, los patrulleros lo habrían reportado a su radio operador o, al menos, podría esperarse que el señor Tito Hugo Morales, quien, se reitera, conducía el bus de servicio público en el mismo sentido y por la misma vía en la que se desplazaba la patrulla policial, advirtiera la presencia del vehículo presuntamente en fuga, lo cual no sucedió.

VI. Perjuicios

33. El tribunal a quo señaló que el hecho de la víctima había operado como concausa del daño. Sin embargo, al momento de fijar el monto de los perjuicios, redujo en un 50% el valor de las condenas reconocidas a favor de los demandantes por concepto de lucro cesante, pero reconoció el 100% de los perjuicios solicitados a título de daño moral. Debido a que la Sala estima que tal decisión resulta incongruente con la constatación de que la muerte del patrullero Moreno se produjo por una concurrencia de causas y contradice el sentido de los fallos adoptados por esta corporación en eventos semejantes, en los que la reducción por la contribución de la víctima al hecho dañoso se ha aplicado a todo tipo de perjuicios, procederá a fijar en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes el monto de las indemnizaciones debidas a cada uno de los siguientes demandantes: Yolanda Moreno López, Frecia Verónica Plata Duque y Juan David Moreno Plata.

34. En relación con el lucro cesante, el cual se reconoció a favor de la compañera y el hijo de la víctima, la Sala encuentra que al momento de efectuar la liquidación, el tribunal incurrió en un error que perjudica a la entidad demandada, pues tomó como ingreso base de liquidación el valor que resulta de sumar lo devengado por el patrullero por concepto de sueldo básico ($ 490.149,00), prima de orden público ($ 72.022,35), subsidio de alimentación ($ 17.603) y prima de nivel ejecutivo ($ 96.029,80), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 832.255,18), cuando lo procedente era abstenerse de efectuar tal incremento como quiera que las prestaciones sociales ya estaban incluidas en el valor inicial(19). Por tal motivo se procederá a efectuar una nueva liquidación, no sin antes actualizar el valor del ingreso mensual —que incluye las prestaciones sociales— con base en la siguiente fórmula:

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Donde:

Ra = Renta actualizada

Rh = Renta histórica, es decir, $ 665.804

If = índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, para el mes de septiembre del año 2013 (último índice publicado).

Ii = índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el mes en que ocurrieron los hechos (nov. /98).

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35. Se deducirá de este valor el 25%, correspondiente al valor aproximado que el señor Edwin Agustín Moreno debía destinar a su propia manutención, quedando la base de liquidación en $ 1.102.999. Este porcentaje se fija atendiendo el criterio expuesto por la corporación en oportunidades anteriores(20), debido a que no existe prueba que permita establecer con certeza a cuánto ascendían sus gastos personales. Finalmente, se aplicará una reducción del 50% por el hecho de la víctima, de manera que el ingreso base de liquidación para el cálculo del lucro cesante es de $ 551.500.

36. El 50% de este valor ($ 275.750) se tendrá para fijar la indemnización correspondiente a la compañera de la víctima, Frecia Verónica Plata, mientras que el 50% se tendrá en cuenta para efectos de liquidar el valor de lo que corresponde a su hijo, Juan David Moreno Plata, nacido el 7 de agosto de 1998 (fl. 5, cdno. pbas.).

58.(sic) Como límite temporal se tendrá en cuenta que, al momento de su muerte, Edwin Agustín Moreno tenía 20 años —así se desprende del registro civil de nacimiento (fl. 2, cdno. pbas.)— y, por lo tanto, una vida probable 55,87 años (670,44 meses), según la tabla de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria (Res. 497/97). Adicionalmente, su compañera, mayor que él, en la fecha de los hechos tenía 23 años de edad(21), esto es, una vida probable de 54,50 años (654 meses), de acuerdo con la tabla citada—, por lo que se tomará en cuenta la vida probable de ella. Respecto del hijo, se tendrá en cuenta la fecha en la que cumpliría 18 años de edad, que fue el límite temporal que adoptó el tribunal para efectuar la liquidación.

59. La indemnización a que tienen derecho la compañera y el hijo del occiso comprende dos períodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde el momento en que ocurrieron los hechos (nov. 7/98) hasta el presente (182,36 meses); y el otro futuro o anticipado, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del mayor de los compañeros y el momento en que el hijo alcance los 18 años.

Para la señora Frecia Verónica Plata (compañera):

— Indemnización debida o consolidada:

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 275.750
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 182,36 meses.
1=Es una constante

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— Indemnización futura o anticipada

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 275.750
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta el fin de la vida probable de la compañera, previa deducción del período ya indemnizado (471,64 meses)
1=Es una constante

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60. Sumados los valores de la indemnización consolidada y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene para la señora Frecia Verónica Plata Duque un valor total de ciento treinta y un millones quinientos noventa y cinco mil doscientos pesos ($ 131.595.200).

Para Juan David Moreno Plata (hijo):

— Indemnización debida o consolidada:

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 275.750
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 182,36 meses.
1=Es una constante

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— Indemnización futura o anticipada

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Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, es decir $ 275.750
I=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta el momento en que el hijo alcance la mayoría de edad (33,73 meses)
1=Es una constante

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61. Sumados los valores de la indemnización consolidada y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene para el joven Juan David Moreno Plata un valor total de ochenta y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos dos pesos ($ 89.234.702).

62. No se hará ningún pronunciamiento en relación con el daño a la vida de relación solicitado en la demanda pues, pese a que el tribunal a quo omitió pronunciarse sobre el particular, tal omisión no fue objeto de apelación por la parte interesada.

VII. Costas

63. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2003, proferida por la Sección Tercera —Sala de Descongestión— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

1. DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional por la muerte del patrullero Edwin Agustín Moreno, ocurrida en actos propios del servicio el 7 de noviembre de 1998 en la ciudad de Bogotá.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los siguientes demandantes: Yolanda Moreno López, Frecia Verónica Plata Duque y Juan David Moreno Plata.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de ciento treinta y un millones quinientos noventa y cinco mil doscientos pesos ($ 131.595.200) a favor de la señora Frecia Verónica Plata Duque y de ochenta y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos dos pesos ($ 89.234.702) a favor del joven Juan David Moreno Plata.

4. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) “Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.// Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior (…) La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado por curador ad litem (…)”.

(3) En el capítulo relativo a la estimación razonada de la cuantía, la parte actora estableció que la pretensión mayor, por concepto de lucro cesante a favor de Frecia Verónica Plata, ascendía a $ 74.215.884, monto que supera la cuantía requerida en 2000 ($ 26.390.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado de doble instancia.

(4) En el año 2003, trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales equivalían a $ 99.600.000. El valor de la condena impuesta por el a quo, sólo por concepto de perjuicios materiales fue de $ 175.911.037,82.

(5) Consta dentro del expediente que el señor Edwin Agustín Moreno ejerció el cargo de patrullero de la Policía Nacional desde el 12 de febrero de 1996 hasta el 7 de noviembre de 1998, cuando fue falleció en actos propios del servicio (original del extracto de la hoja de vida —fl. 88, cdno. 1—).

(6) [5] Sección Tercera, sentencia de 15 de junio de 2000, expediente: 11.688.

(7) [6] Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2009, expediente 16.689; sentencia de 23 de junio de 2010, expediente 17.632.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2011, expediente 18.431, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez. En el mismo sentido, véase la sentencia de 22 de noviembre de 2002, expediente 26.806, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de marzo de 1999, expediente 10.905, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de julio de 2000, expediente 11.842, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 18 de marzo de 2004, expediente 14.003, C.P. María Elena Giraldo, de 14 de abril de 2010, expediente 18.967, C.P. Enrique Gil Botero, y de 19 de noviembre de 2011, expediente 20.795, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, entre otras.

(10) [6] “En este supuesto, todos los sujetos asumen el carácter de guardianes, ejercitando el poder de gobierno y dirección de la cosa o sirviéndose de ella en conjunto. La pluralidad de guardianes puede presentarse de diferente modo; es factible que existan dos guardianes que de manera compartida se sirvan de la cosa y la tengan a su cuidado, ejercitando sobre ella el poder autónomo de gobierno, control y dirección; así, por ejemplo, cuando dos personas reciben un inmueble en comodato, actúan de manera conjunta como guardianes pues se sirven de ella y la tienen a su cuidado.// En otras oportunidades, en cambio, la pluralidad de guardianes puede presentarse de distinta manera, pues es uno de los sujetos el que se sirve de la cosa, aunque sin tener circunstancialmente sobre la cosa un poder de hecho autónomo que se traduzca en aquellas facultades de dirección, control y cuidado, y otro, distinto de aquél, es quien tiene estas prerrogativas aunque sin servirse de la cosa. Tal lo que sucede, por ejemplo, en el supuesto del contrato de depósito, al que hemos hecho referencia en el punto anterior”. Pizarro, Ramón Daniel “Responsabilidad Civil por el Riesgo o Vicio de la Cosa”, Ed. Universidad, Buenos Aires, pág. 405.

(11) [7] Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de Responsabilidad Civil. Bogotá, ed. Legis, 2ª ed., 2007, pág. 941.

(12) [8] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 14.780, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de agosto de 2008, expediente 17.042, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véase la sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 21.285, con ponencia del mismo magistrado.

(14) José Alejandro Bonivento, Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, ediciones Librería del Profesional, décima segunda edición, Bogotá, 1997, pág. 545.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de agosto de 2008, expediente 68001-3103-009-2000-00710-01, C.P. Edgardo Villamil Portilla.

(16) Ibíd.

(17) [18] “Cuando el daño se produce por un vicio de la cosa, esta doctrina considera que solamente debe responder el “guardián de la estructura”, sobre quien pesa el deber de conservar la cosa en buen estado y libre de todo vicio, y que no es otro que el propietario. En este supuesto, sería injusto responsabilizar al “guardián del comportamiento” toda vez que no puede reprochársele haber incurrido en falta alguna. Inversamente, si el daño obedece a deficiencias en el comportamiento de la cosa, debe responder quien tiene la guarda de dicho funcionamiento v.gr. el comodatario o locatario, debiendo en principio, quedar exento de responsabilidad el guardián de la estructura”. Pizarro, Ramón Daniel, ob. cit., págs. 406 y 407.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 21.285, C.P. Enrique Gil Botero. En similar sentido, véase la sentencia de 25 de marzo de 1993, expediente 7271, C.P. Julio César Uribe Acosta, donde con fundamento en la obra del profesor Javier Tamayo Jaramillo se puntualizó que: “Daño causado a un tercero, cuando el propietario ha prestado la actividad peligrosa. Puede acontecer que el propietario de la actividad peligrosa la preste a otra para que la utilice en su propio beneficio. Consideramos que si el comodatario adquiere el poder de uso, dirección y control, será el responsable de lo que la doctrina francesa denomina guarda de comportamiento, pues los daños producidos por la guarda en la estructura seguirán siendo por cuenta del propietario. Este caso se presenta frecuentemente cuando el dueño de un vehículo lo presta a un amigo que causa daño a un tercero cuando lo está utilizando. En este caso, el conductor adquiere localidad de responsable de la actividad, si tiene un poder independiente de la voluntad del propietario. No se puede, sin embargo, desgajar a priori, un principio general, pues habrá que analizar cada caso concreto para saber hasta qué punto el propietario se ha desprendido completamente de dicho poder. Si el dueño viaja en el mismo carro, bajo la conducción del tercero, creemos que el dueño es el guardián, pues de alguna manera dirige la actividad. Repitámoslo: es una cuestión de hecho en la que el juez investigar quién o quiénes tenían el control de la cosa”.

(19) Estos valores se tomaron con base en el documento visible a folio 89 del cuaderno de pruebas, expedido por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 6 de 2005, expediente 13.406, C.P. Alier Eduardo Hernández, entre otras.

(21) Consta dentro del expediente que la señora Frecia Verónica Plata nació el 31 de julio de 1975 (fl. 4, cdno. pbas.).