Sentencia 2000-02571 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente 26546

Radicación 25000-23-26-000-2000-02571-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: María Edelminsa Ciro de Perlaza y otros

Demandado: La Nación-Seguro Social

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

III. Competencia

10. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía (fl. 3, cdno. 1)(2), tiene vocación de doble instancia.

IV. Los hechos probados

11. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

11.1. El 14 de abril de 1999, el señor Manuel Félix Perlaza fue remitido por el hospital de Santa María (Boyacá) al Instituto de Seguros Sociales de Bogotá, con el fin de recibir atención médica por el servicio de medicina interna, por presentar “episodio de dificultad respiratoria súbita, cianosis central y periférica y agitación” por tal razón, fue hospitalizado en la clínica San Pedro Claver de Bogotá, correspondiéndole para tal efecto la cama 123 (copia simple(3) de la historia clínica del paciente, fl. 35, cdno. pbas. y copia auténtica del informe de la trabajadora social del ISS(4), fls. 97 y 155, cdno. pbas.).

11.2. El señor Perlaza al momento de su desaparición, presentaba como impresión diagnóstica, síndrome de dificultad respiratoria aguda “SDRA”, insuficiencia cardiaca congestiva “ICC” y enfermedad pulmonar obstructiva crónica “Epoc”, patologías que estaban siendo controladas bajo el suministro de medicamentos tales como “captopril, furosemida, salbutamol”. De igual forma, quedó registrado en la historia clínica que hablaba incoherencias y presentaba trastornos de comportamiento. Finalmente, recibió por prescripción del médico geriátrico, tratamiento con diuréticos, hidrocortisona y terapia respiratoria, lo anterior fue documentado por el servicio médico de la siguiente forma (copia simple de la historia clínica, fl. 36, cdno. pbas.):

(...) paciente hablando incoherencias. No se puede interrogar. Paciente de 62 años de edad, con antecedentes de Epoc, ICC en tto con captopril, furosemida, salbutamol, ingresó ayer por cuadro de disnea marcado, cianosis central y periférica y trastornos de comportamiento. Se le administra tto con digital, diuréticos, hidrocortisona e inhibidores de la ECA (captopril), (ilegible) y terapia respiratoria.

11.3. El 15 de abril de 1999, a las 7:30 am, la médico geriatra doctora Marga Preda en el registro clínico advierte que “actualmente el paciente no se encuentra en el servicio”, circunstancia que se confirma con la nota de enfermería consignada a las 11:30 am del mismo día, la cual dice “la enfermera jefe informa que el paciente no se encuentra en la cama” (copia simple de la historia clínica fl. 36, cdno. pbas.).

11.4. Tras indagar en la clínica San Pedro Claver las circunstancias en que el señor Manuel Félix Perlaza desapareció, el 19 de abril de 1999 el señor Jorge Argemiro Marín emprendió su búsqueda en la oficina de identificación y personas desaparecidas, sin lograr resultados positivos (original constancia búsqueda de personas desaparecidas fl. 47, cdno. pbas.), de ahí que, formuló formalmente la denuncia 932 ante la unidad especializada de policía judicial el 26 de abril de 1999 (original de la denuncia, fls. 48-50, cdno. pbas.). Por los mismos hechos, el jefe (e) del departamento de urgencias de la clínica, Mario Augusto Hernández Cortés, formuló denuncia ante las autoridades de policía (copia auténtica de la denuncia, fls. 153-154 y 170-171, cdno. pbas.).

11.5. El señor Manuel Félix Perlaza falleció el 24 de abril de 1999 en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de “falla cardiaca secundaria a insuficiencia cardiaca congestiva descompensada, de probable origen hipertensivo” (original del registro de defunción 2411713 y copia auténtica del informe sobre la diligencia de inspección de cadáver, fls. 16 y 132, cdno. pbas. Protocolo de necropsia 1786-99, aportado dentro de la investigación penal 409134, fl. 120, cdno. pbas.).

11.6. El señor Manuel Félix Perlaza y María Edelminsa Ciro contrajeron matrimonio, de cuya unión nacieron Manuel Félix, Nancy Inés, Diego Alexander, Jeicy Liliana, Rubén Darío y Ezequiel Perlaza Ciro, tal como consta en las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento aportados (fls. 18-23, cdno. pbas.). Respecto al señor Jorge Argemiro Ciro Marín actor en el presente proceso, quedó demostrado su parentesco con el occiso en segundo grado de afinidad, por ser aquel hermano de la señora María Edelminsa Ciro (fls. 24-25, cdno. pbas.).

11.7. El señor Manuel Félix Perlaza laboraba, hasta el momento de su muerte, en la empresa Dragados y Construcciones S.A. en el cargo de capataz, devengando un sueldo básico mensual de $ 1.338 406 (certificado original expedido por el director de personal de dicha entidad, el cual fue objeto de reconocimiento mediante diligencia judicial el 24 de enero de 2002, fls. 52 y 88, cdno. pbas.).

11.8. Los demandantes sufrieron perjuicios de orden moral y material como consecuencia de los hechos narrados, lo cual resulta acreditado mediante los testimonios arrimados al proceso. Al respecto, las declaraciones rendidas ante el Juez Municipal de Santa María el 12 de mayo de 1999, ponen de presente que el señor Manuel Félix Perlaza convivía bajo el mismo techo con los aquí demandantes, de forma armónica, por lo cual es razonable que en el seno de una familia normal, se experimente aflicción por la pérdida de un ser querido, así lo manifestaron los señores Jacinto Adolfo López Ramírez, Flor Vera y Jairo Suárez López (fls. 26-28, cdno. pbas.).

11.8.1. En tal sentido, el señor Jairo Suarez López manifestó: “si(sic) me consta que la señora peticionaria era la legítima esposa del señor Manuel Félix Perlaza fallecido, con quien convivieron bajo el mismo techo y de cuya unión existieron los menores ya citados. Al igual que el hermano de la peticionaria también convive con ellos desde hace mucho tiempo”.

11.9. Los demandantes dependían económicamente del señor Manuel Félix Perlaza, lo anterior fue confirmado por el señor Jairo Suárez López, quien declaró que “el esposo de la peticionaria respondía económicamente por los gastos del hogar” (fl. 26, cdno. pbas.).

11.9.1. La señora Flor Vera aseguró que “el señor José Argemiro Ciro Marín, ha convivido con ellos desde que los distinguí. Aclaro que el fallecido era la persona quien aportaba la manutención para su familia” (fl. 28, cdno. pbas.).

11.9.2. Por su parte, el testigo José Holmes Gómez Amaya expresó (fl. 89, cdno. pbas.):

Él tenía como siete hijos y todos eran menores de edad, ellos todos estudian (...) a mí me consta que la persona que trabajaba para el sustento de su esposa como de sus hijos era el señor Manuel Félix Perlaza (...) la situación económica actual es muy mala por que no tiene el aporte de nadie, son demasiado pobres, me consta que esos niños viven muy mal, visten mal, comen muy regular, el muchacho grande trabaja en lo que le salga para poder seguir estudiando.

11.9.3. De otro lado, el señor Rubén Sánchez Niño manifestó lo siguiente (fl. 91, cdno. pbas.):

Me consta que la persona que respondía económicamente por los gastos de la familia era el señor Manuel Félix Perlaza, él estaba trabajando con una empresa de las que estaban haciendo la vía de Bogotá a Villavicencio (...) Pues el muchacho mayor Manuel Félix Perlaza, trabaja para ayudar a los gastos de la casa y para poder estudiar la señora sale a vender empanadas para tratar de sustentar la familia.

11.9.4. El testigo Pedro Antonio Esguerra Daza indicó (fl. 93, cdno. pbas.):

“El señor Manuel Félix Perlaza, mientras pudo trabajar era la persona que sostenía a toda la familia, porque su esposa no tenía ningún ingreso (...) En la actualidad ellos viven de lo que vende en la calle y cuando estaba el muchacho grande que trabajaba.

11.9.5. El señor Pablo Antonio Vanegas Sánchez señaló (fl. 94, cdno. pbas.):

Me consta que él era padre 6 hijos menores de edad, estudian uno primaria y otros secundaria (...) Ellos todos dependían económicamente del fruto del trabajo del señor Manuel Félix Perlaza (...) En la actualidad la señora María Edelminsa Ciro de Perlaza vende empanadas y de esto trata de medio alimentar a sus hijos.

V. Problema jurídico

12. Debe examinarse si se presentó una falla del servicio prestado por el ISS, a través de la clínica San Pedro Claver, en relación con la salida irregular del señor Manuel Félix Perlaza de dicha institución —cuando se encontraba hospitalizado bajo el efecto de medicación—, y si ello es la causa del daño que se alega.

VI. Análisis de la Sala

13. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(1).

14. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

15. En el sub lite, se tendrá en cuenta, a efectos de la imputación del daño a la entidad demandada, que esta corporación ha consolidado una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, en virtud de la cual aquella es de naturaleza subjetiva, advirtiendo que es la falla probada del servicio el título de imputación bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria, de suerte que se exige acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y este(5).

16. En relación con la carga de la prueba del nexo causal, se ha dicho que corresponde al demandante, pero dicha exigencia se modera mediante la aceptación de la prueba indirecta de este elemento de la responsabilidad a través de indicios, al tiempo que no se requiere certeza en la determinación de la causa, sino que se admite la acreditación de una causa probable(6).

17. Con apoyo en la doctrina, esta Sala ha distinguido los diferentes campos que cubre el servicio de salud, esto es, actos médicos, paramédicos y extramédicos, encontrándose en esta última categoría el deber de seguridad y vigilancia de los centros hospitalarios, al respecto, esta corporación ha indicado lo siguiente(7):

Advierte la Sala, con fundamento en el estudio de la doctrina y la jurisprudencia citadas, que el contenido de la obligación de seguridad y aun del deber de cuidado y vigilancia, que puede formar parte de aquella, asumidos por las clínicas y hospitales en relación con los pacientes —al margen de su existencia o inexistencia en determinado tipo de contratos y de la naturaleza que puedan tener—, resulta siempre referido al deber que tienen tales establecimientos de evitar que los pacientes sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan internados, en el desarrollo de actividades que, si bien son distintas y están separadas del servicio médico propiamente dicho, son necesarias para permitir su prestación.

Así, la responsabilidad derivada de la prestación del servicio de salud puede tener por causa actos de diferente naturaleza. Al respecto, cita Bueres la clasificación propuesta por José Manuel Fernández Hierro, en su obra “Responsabilidad civil médica sanitaria” (Edit. Aranzadi, Pamplona, 1984), que distingue tres supuestos:

1. Actos puramente médicos. — que son los de profesión realizados por el facultativo;

2. Actos paramédicos. — que vienen a ser las acciones preparatorias del acto médico y las posteriores a este; por lo común, son llevadas a cabo por personal auxiliar para ejecutar órdenes del propio médico y para controlar al paciente (por ejemplo suministrar suero, inyectar calmantes o antibióticos —o proporcionarlos por vía oral—, controlar la tensión arterial, etc.). También en esta categoría queda emplazada la obligación de seguridad que va referida al suministro de medicamentos en óptimas condiciones y al buen estado en que deben encontrarse los instrumentos y aparatos médicos;

3. Actos extramédicos. — están constituidos por los servicios de hostelería (alojamiento, manutención, etcétera), y por los que obedecen al cumplimiento del deber de seguridad de preservar la integridad física de los pacientes(8) (resaltados del texto citado).

18. Los actos extramédicos consistentes, entre otros, en el deber de brindar seguridad a los pacientes y al personal que labora en las clínicas y hospitales, tiene sustento legal en la Ley 100 de 1993. En virtud de dicha norma se profirió la Resolución 741 del 14 de marzo de 1997 del Ministerio de Salud(9).

19. La responsabilidad por la falla del servicio consistente en el deficiente, inadecuado o nulo cumplimiento del deber de brindar seguridad y vigilancia a los usuarios de las clínicas y hospitales, puede generar responsabilidad patrimonial al Estado por actos extramédicos, al igual que en los casos de responsabilidad por actos puramente médicos o por actos paramédicos. Es así como, la Sala considera que le resulta imputable al Estado el daño sufrido por los pacientes, a quienes no se brinde un servicio eficiente y adecuado de seguridad, aunque no se acredite que esa falla hubiera generado la agravación de las condiciones de su salud, es decir, que la falla en la prestación del servicio se confunde con el daño mismo.

20. Se llegó a la conclusión de que el Estado causa un daño antijurídico cuando se abstiene de prestar o presta un servicio deficiente o inadecuado, a una persona que fallece o se agrava, aunque no hubiera quedado establecida la existencia de nexo causal entre esa omisión o negligencia y el resultado final, tal como ocurre en los casos de responsabilidad por el acto médico, en los cuales esta corporación ha reconocido que, a pesar de no acreditarse el nexo causal entre la falla del servicio y la muerte o detrimento en la salud del paciente, el Estado es responsable por la falla misma, que en estos casos particulares se convierte en un daño autónomo(10).

21. En síntesis, el Estado es patrimonialmente responsable de los daños que se deriven de la omisión en la prestación del servicio o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia, pero, en lo que atañe a la responsabilidad médica, paramédica o extramédica, también es responsable del daño aún en eventos en los que no se demuestra esa relación causal, pero queda acreditado que se vulneró el derecho que tenía el paciente a recibir los servicios de la salud, utilizando todos los medios técnicos de los que deben disponer las entidades médicas estatales, de acuerdo a su nivel de complejidad, en tanto esa desatención constituye un daño autónomo, que debe ser reparado.

22. De conformidad con lo expuesto, para la Sala es claro que en el caso concreto el ISS, a través de la Clínica San Pedro Claver, incurrió en una falla del servicio por actos extramédicos que compromete su responsabilidad, en la medida en que no brindó seguridad y cuidado al señor Manuel Félix Perlaza, quien se encontraba hospitalizado en dicha institución, en donde recibiría la atención médica especializada que requería. Es así como, a pesar de la gravedad de su patología y de las condiciones particulares del paciente —que quedaron registradas en la historia clínica—, como el hecho de que hablaba incoherencias la clínica no tomó las medidas de seguridad que el caso ameritaba.

23. Se encuentra acreditado en el expediente que la causa de la muerte del paciente fue la “falla cardiaca secundaria a insuficiencia cardiaca congestiva descompensada”. Sin embargo, comoquiera que el paciente estuvo desaparecido durante nueve días, y no se sabe qué ocurrió durante ese periodo de tiempo, no se puede inferir que su muerte sea imputable a la demandada; tampoco se puede concluir que de haber presentado el episodio cardiaco que le causó la muerte estando hospitalizado en las instalaciones del ISS, el paciente hubiera sobrevivido. No obstante, es incuestionable que la descrita falla del servicio por actos extramédicos en la que incurrió el demandado es, en sí misma constitutiva de un daño, comoquiera que el haber permitido el egreso irregular del paciente en el estado de salud en que se encontraba, es demostrativo de la incuria administrativa de la clínica, lo que contraría el deber de cuidado que comporta tener pacientes bajo su responsabilidad y custodia.

24. Frente al argumento del a quo para absolver a la demandada, consistente en el hecho de la víctima, la Sala considera que dicho eximente de responsabilidad no fue alegado ni probado en este proceso. Adicionalmente, la Sala encuentra que la salida del paciente de la Clínica San Pedro Claver sin haber sido dado de alta, no fue un hecho irresistible ni imprevisible para el ISS y por lo tanto, la conducta del señor Manuel Félix Perlaza le resulta imputable a dicha entidad.

VII. indemnización de perjuicios

25. La indemnización se fijará de acuerdo con el daño que se considera causado a los demandantes por el ISS, que no fue la muerte del señor Manuel Félix Perlaza, sino la vulneración del derecho que tenía a recibir una atención médica en condiciones de seguridad.

26. Así las cosas, no se reconocerán perjuicios materiales, sino que se condenará a la demandada al pago de los perjuicios morales a favor de los demandantes en los siguientes montos: 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada uno de sus hijos y esposa, y 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes para su cuñado.

VIII. Costas

27. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

28. En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección B— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 7 de octubre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones vertidas en el presente proveído y en su lugar:

1. Declarar patrimonialmente responsable al Instituto de Seguros Sociales, por el daño causado a los demandantes, consistente en la violación del derecho constitucional a la adecuada y segura prestación del servicio de salud del señor Manuel Félix Perlaza, en hechos ocurridos el 15 de abril de 1999.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al ISS a pagar a favor de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

A. Para María Edelminsa Ciro, Manuel Félix Perlaza Ciro, Nancy Inés Perlaza Ciro, Diego Alexander Perlaza Ciro, Jeicy Liliana Perlaza Ciro, Rubén Darío Perlaza Ciro y Ezequiel Perlaza Ciro, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

B. Para José Argemiro Ciro Marín, la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(2) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicio moral a favor de cada uno de los demandantes, en la suma equivalente a 2.000 gr de oro, que equivalían para el momento de la presentación de la demanda a la suma de $ 36.271.760. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 2000 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.

(3) El original de este documento reposa en los archivos de la entidad demandada, la cual no tachó de falso el documento, por lo tanto la Sala dará el valor probatorio a la copia simple aportada al expediente.

(4) El documento se encuentra dentro de la actuación 409134, surtida por la fiscalía 19 seccional delegada ante los juzgados penales del circuito, de la unidad segunda de vida de Bogotá y la cual fue remitida por la fiscalía para obrar en el presente proceso, conforme a prueba decretada de oficio (fls. 79-80, cdno. 1 y fl. 97, cdno. pbas.).

(1) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: agosto 31 de 2006, Expediente 15772, C.P. Ruth Stella Correa; de octubre 3 de 2007, Expediente 16402, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 23 de abril de 2008, Expediente 15750; del 1º de octubre de 2008, Expediente 16843 y 16933; del 15 de octubre de 2008, Expediente 16270. C.P. Myriam Guerrero de Escobar; del 28 de enero de 2009, Expediente 16700, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 19 de febrero de 2009, Expediente 16080, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: del 18 de febrero de 2010, Expediente 20536, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y del 9 de junio de 2010, Expediente 18683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: septiembre 13 de 1991, Expediente 6253, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; del 22 de marzo de 2001, Expediente 13166, C.P. Ricardo Hoyos Duque; del 14 de junio de 2001, Expediente 11901; de octubre 3 de 2007, Expediente 12270, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de marzo 26 de 2008, Expediente 16085, C.P. Ruth Stella Correa y de junio 4 de 2008, Expediente 16646, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.

(7) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 28 de septiembre de 2000, rad. 11405, actor: Juan Bautista Guerrero Ramírez, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(8) [7] Bueres, Alberto. La responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, 1ª reimpresión de la 2ª edición, Buenos Aires, 1994, pp. 441 a 443.

(9) Así se encuentra documentado en la revista de medicina de la Universidad Nacional de Colombia volumen 45 de 1997, el artículo: “Responsabilidad institucional y obligaciones de seguridad en clínicas y hospitales” según el cual: “Obligaciones de seguridad: La seguridad hospitalaria se define como todas aquellas medidas que tienen como función prevenir accidentes proporcionando un medio ambiente seguro, control de infecciones, control de riesgos potenciales, control de zonas restringidas, señalización, transporte de enfermos, control de armas, previsión de actos violentos y autoagresión, procedimientos de seguridad, control de visitantes, identificación del personal autorizado, ingreso y egreso de pacientes con énfasis en los recién nacidos. (...) Con la expedición de la Ley 100 en 1993, se vienen dando las pautas para el funcionamiento de las instituciones de salud; en el campo de la seguridad es poco específico el aporte que esta ley general puede brindar. Se destaca la Resolución 741 de marzo 14 de 1997 del Ministerio de Salud donde, en doce artículos, se dictan normas sobre la creación obligatoria del manual de vigilancia y seguridad de las entidades, la adopción de medidas de seguridad, como identificación obligatoria de trabajadores, usuarios y visitantes, respetando lugares y horarios preestablecidos, la restricción del ingreso de armas o elementos potencialmente peligrosos, la vigilancia especifica de lugares como sala de partos y recién nacidos, y el manejo especial de pacientes psiquiátricos”.

(10) Sentencia de 27 de abril de 2011, Expediente 20502, C.P. Ruth Stella Correa Palacio: “Aunque la muerte del señor (...) no sea imputable a la entidad, por no haberse acreditado que la omisión de la atención que requirió en el Hospital de Caldas hubiera podido salvar la vida del paciente y por el contrario, haber quedado establecido que el shock cardiogénico que padeció se presentó de manera súbita e imprevisible y que en las condiciones de salud en las que se hallaba, en ningún centro asistencial hubiera podido evitarse el daño, lo cierto es que en el Hospital de Caldas se incurrió en falla del servicio por no haber ordenado que se bajara al paciente de la ambulancia para practicarle un examen médico...” (resaltados propios).