Sentencia 2000-02611 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 08001233100020000261101 (33461)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Carlos García Uribe & Cía. Cargar S. en C.

Demandado: Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla

Bogotá, D. C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, tal como lo dispone el art. 129 del C.C.A.

Sobre el particular, esta Corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(3), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surten ante los Tribunales Contenciosos.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos esgrimidos por parte actora contra la sentencia del 2 de noviembre de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en aras de establecer si existe responsabilidad de las demandadas, como consecuencia del embargo, inmovilización y secuestro de un tracto camión que no era de su propiedad; empero explotaba en condición de locatario. Dado que la actora imputa al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y al tiempo reclama por la actuación adelantada por el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla.

3.2.1. Hechos probados.

La parte actora concreta el daño en los perjuicios derivados como consecuencia de la inscripción del embargo de un tracto camión que explotaba como locataria, su inmovilización y secuestro.

A efectos de establecer el daño y la imputación serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo que acreditan los siguientes hechos:

1. El 7 de abril de 1997, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancas, La Guajira, mediante resolución No. 003 se pronunció administrativamente respecto del accidente de tránsito ocurrido entre el vehículo tipo volqueta, marca Ford, modelo 1979, de placa GBA-816, conducido por el señor Víctor José Gutiérrez Peinado y el vehículo, tracto camión, marca Chevrolet, modelo 1992, de placa UVO-502, conducido por el señor Francisco Meza Villalba en el sentido de declararlo único responsable, y de condenarlo solidariamente con la empresa Cargar S. en C. al pago de los daños ocasionados en dicho accidente (fls. 9-10 c. pbas. parte 1). Recurrida la decisión se confirmó en todas sus partes la anterior resolución (fls. 11-17 c. pbas. parte 1).

2. El 15 de septiembre de 1998, el señor Víctor José Gutiérrez Peinado instauró demanda en contra de la sociedad Carlos García Uribe & Compañía S. en C. Cargar en la que solicitó como pretensión principal, además de declarar a la sociedad demandada responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados al señor Gutiérrez Peinado por el accidente de tránsito, la correspondiente indemnización de perjuicios.

Así mismo, se solicitó el embargo y secuestro del vehículo tracto camión marca Chevrolet, modelo 1992, placa No. UVO-502 de propiedad de la empresa sociedad Carlos García Uribe & Compañía S. en C. Cargar y para el efecto oficial al Director del DAS de La Guajira, para la inmovilización del mismo (fls. 1-6 c. pbas. parte 1).

3. El 16 de octubre de 1998, el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, decretó el embargo y secuestro del vehículo tracto camión marca Chevrolet, modelo 1992, placa No. UVO-502 de propiedad de la empresa demandada en el proceso de responsabilidad civil. En consecuencia dispuso oficiar al Director de Tránsito y Transporte de la ciudad de Barranquilla, para efectos de la inscripción de la medida y al Director del D.A.S. del departamento de La Guajira para lo atinente a la inmovilización del vehículo (fl. 33 c. pbas. parte 1). El 23 de octubre del mismo año, la Directora de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla comunicó al Juez de conocimiento la inscripción en la hoja de vida del vehículo y el 27 de octubre siguiente la Coordinadora Operacional y de Investigaciones del D.A.S., Seccional La Guajira, solicitó al parqueadero estación de servicio San Rafael “se sirvan mantener en esas dependencias del (sic) automotor Chevrolet Super Brigadier tractomula, hasta nueva orden (…) placas UVO-502 (…) el vehículo se entrega con emblemas y demás elementos propios de este en buen estado de funcionamiento y físico” (fls. 46-47 c. pbas. parte 1). En la misma fecha se dejó constancia, según acta de retención provisional del vehículo, que “el parabrisas del pito esta partido y el de la parte trasera también, cojinería en regular estado. Tiene 2 tapas del tanque de gasolina, llantas en regular estado y el vehículo se encuentra en regular estado”. (fl. 48 c. pbas. parte 1).

4. El 6 de noviembre de 1998, la sociedad actora en este asunto, demandada en el proceso ordinario de responsabilidad civil, se opuso a las pretensiones, al tiempo que solicitó el levantamiento de la medida de embargo y secuestro decretada sobre el vehículo. Puso de presente su interés en “garantizar la entrega, mediante la caución (…)”. Al tiempo informó sobre la reserva de dominio del vehículo embargado y secuestrado a favor de la Compañía de Financiamiento Leasing Aliadas S.A., exigiendo su vinculación como tercero en el litigio (fls. 53-55; 64-74 c. pbas. parte 1). Para el efecto adjuntó el contrato No. 9810062 de leasing o arrendamiento financiero, suscrito entre el representante legal de la sociedad Carlos García U & Cia. S. en C. Cargar como locatario, Carlos García Uribe y Martha Cecilia Zapata, codeudores y la Compañía de Financiamiento anteriormente nombrada (fls. 56-63 c. pbas. parte 1).

5. El 10 de noviembre de 1998, el Coordinador Operacional y de Investigaciones del D.A.S. La Guajira, hizo entrega del tráiler placa R17393 con capacidad para 32 toneladas, a la apoderada de la parte demandada, en el proceso ordinario civil ya refrido (fl. 45 c. pbas. parte 2).

6. El 15 de noviembre de 1998, la parte actora, solicitó en el proceso ordinario civil, autorización para transportar el carbón contenido en la tractomula; oportunidad en la que indagó respecto del monto de la caución para solicitar el desembargo del vehículo (fl. 51 c. pbas. parte 1).

7. El 2 de diciembre de 1998, el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar autorizó el traslado de la carga y fijó caución de $50.000.000 para garantizar el eventual desembargo. Además, dado que se solicitaba el secuestro advirtió que “la orden no se dará hasta tanto la autoridad pública que hizo la inscripción no indique quien es el propietario del vehículo” (fl. 80 c. pbas. parte 1).

8. El 19 de enero de 1999, la parte demandada solicitó el levantamiento de la medida cautelar. Para el efecto anexó certificación emanada del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla, fechada 14 de enero de 1998, en la que se señala como propietaria del vehículo de placa UVO-502 a Moneda y Leasing con nit 800.015.411-2, según factura de compra No. 0344843 emitida por Crup Diesel S.A. Así mismo certifica que no registra prenda sin tenencia y que el embargo dispuesto por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar se encuentra vigente (fl. 89 c. pbas. parte 1).

9. El 16 de febrero de 1999, el juzgado de conocimiento ordenó la debida integración del contradictorio. Para el efecto dispuso vincular a Leasing Aliados S.A. al tiempo que negó la entrega del vehículo y ordenó practicar el secuestro. Diligencia adelantada el 7 de julio de 1999, en la que el secuestre recibió el vehículo y designó depositario al señor Luis Parada Díaz, propietario de la estación San Rafael de la ciudad de Riohacha (fls. 135-136 c. pbas. parte 1).

10. El 21 de julio de 1999, el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar advirtió al secuestre que debía “velar porque el bien secuestrado pueda seguir produciendo preferiblemente en la labor que traía de transporte de carbón, para lo cual entrará en conversación con la parte demandada a fin de establecer y verificar exactamente las condiciones en que lo venía efectuando. Si no es posible, a su cuenta y riesgo lo utilizará para tales efectos de transporte debiendo rendir cuentas mensuales a este juzgado y consignar los valores producidos. Significa lo anterior, que el secuestro obrante operará en modalidad similar a la de las empresas industriales (fl. 137 c. pbas. parte 1).

En la misma fecha, la sociedad INTERLEASING S.A. C.F.C. antes LEASING ALIADAS S.A. contestó la demanda. Admitió que suscribió un contrato de leasing con el señor Carlos García Uribe, representante legal de la sociedad Carlos García U & Cia. S. en C. Cargar como locatario, Carlos García Uribe y Martha Cecilia Zapata, codeudores, en el que se pactó la entrega, en calidad de arrendamiento financiero, por el término de 36 meses, de una tractomula marca Chevrolet, línea superbrigadier, modelo 1992, servicio público, placa UVO-502. Igualmente, adjuntó certificación de la Superintendencia Bancaria expedida el 2 de junio de 1999, en la que señaló que la empresa tiene por razón social “INTERLEASING S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL”, que se constituyó mediante escritura pública 6482 del 24 de agosto de 1987 bajo la denominación MONEDA Y LEASING S.A. y que mediante escritura pública 3187 del 29 de julio de 1992 de la Notaría 6 de Cali se protocolizó el cambio de la razón social por LEASING ALIADAS S.A. (fl. 162-189 c. pbas. parte 1):

Así mismo, adujo que no es responsable de los perjuicios ocasionados a terceros por la operación del vehículo objeto del contrato (fls. 162-165 c. pbas. parte 1).

11. El 23 de agosto de 1999, el Juez de conocimiento, resolvió remover del cargo al secuestre designado quien renunció y procedió a reemplazarlo. Circunstancia que se presentó sucesivamente hasta agotar la lista de auxiliares (fls. 271-299c. pbas. parte 1; 1-14 c. pbas. parte 2). Conforme lo anterior, el 11 de julio de 2000, el Juzgado precisó que “de conformidad con los arts. 683, 687,681.3, 4, 5 y 37 del C. de P. C.; ante la imposibilidad de “mantener” la cautela sobre el vehículo automotor relacionado con el accidente que diera lugar a este proceso, por cuanto se agotó la lista de auxiliares de la justicia sin que se encontrara uno con disposición para encargarse de su depósito y custodia, y garantizarla; dispónese (sic) el levantamiento de la orden de secuestro con la que se perfeccionaría el embargo, el cual seguirá vigente (…)” subraya propia del texto (fl. 27 c. pbas. parte 2).

12. El 1 de agosto de 2000, la Jefa de Archivo del Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla certificó sobre la vigencia del embargo que afectaba el vehículo clase tractomula, marca Chevrolet, modelo 1992, de propiedad de Moneda Leasing, por disposición del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (fl. 24 c. ppal.). Igual certificación se expidió el 20 de octubre y el 30 de noviembre del mismo año (fls. 97, 98, 101 c. ppal.). No obstante el 1 de abril de 1998, se había certificado la propiedad de Leasing Aliadas S.A., empresa con la que se suscribió el contrato.

13. El 4 de septiembre de 2000, se hizo entrega a la parte demandada del vehículo de placa UVO-502, modelo 1992, marca Chevrolet, línea superbrigadier. Del acta se resalta (fls. 75-76 c. pbas. parte 2):

“(…) se procedió a hacer la entrega del bien inmueble (sic) materia de la entrega (sic) el cual se trata de una Tractomula, como placas UVO 502, modelo 1992, marca Chevrolet, línea superbrigadier (…) contiene diez (10) llantas (8) de ellas regulares y dos malas, el vehículo es de color blanco, al levantar el capó se contacto (sic) que el motor está completamente intacto de dirección hidráulica, 4 luces direccionales, (…) en este estado de la diligencia se procede a hacerle entrega a la apoderada de la parte demandada del vehículo descrito anteriormente (…) la entrega se está haciendo con la intervención del secuestre quien manifestó lo siguiente: dejo constancia que al tener conocimiento de la caución que me correspondía prestar, oportunamente comuniqué al juzgado en conocimiento la dificultad económica que tenía para cumplir con el requisito emanado de la ley, por ello en oficios remitidos de fecha agosto 13 de 1999, agosto 20 del mismo mes (sic), diciembre 10 de 1999, enero 18 del 2000 y agosto 17 de 2000 demostré que no había sido relevado en funciones como secuestre (…) presente la apoderada de la parte demandada manifiesta que recibe en (sic) bien inmueble (sic) que se le entrega a su entera satisfacción en representación de la parte demandada (…)”.

14. El 18 de septiembre de 2002, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar profirió sentencia en la que además de declarar civilmente responsable a la sociedad Carlos García Uribe & Cia S. en C. Cargar, la condenó al pago de una suma de dinero al tiempo que dispuso “mantener vigente el embargo sobre el vehículo automotor de propiedad del demandado” (fls. 246-256 c. pbas. parte 2). La decisión fue apelada por la parte demandada (fl. 257 c. pbas. parte 2), el recurso concedido (fl. 260c. pbas. parte 2) y admitido (fl. 4c. pbas. parte 3). Se corrió el traslado para alegar, que la parte demandada actora en este asunto descorrió. Es de anotar que no se conoce el resultado del recurso (fls. 7-10 c. pbas. parte 2).

15. Obra en el plenario dictamen pericial presentado el 24 de noviembre de 2004, sobre el daño emergente y el lucro cesante, como consecuencia del embargo y secuestro del vehículo de placa UVO 502. La experticia se basa entre otros documentos, en las facturas de pago del contrato de leasing No. 9810062 celebrado con Leasing Aliadas S.A., las facturas de pago de los viajes, el recibo de pago de parqueadero (fl. 125-178 c. ppal.).

Según el experto, una vez actualizados el daño emergente y el lucro cesante los perjuicios causados ascienden a la suma de $394´135.076 (fl. 117-124 c. ppal.).

3.2.4. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes la parte actora solicita declarar responsable a las entidades demandadas por falla en el servicio y error judicial y/o defectuosa prestación del servicio de administración de justicia, porque se decretó e inscribió la medida de embargo sobre un tracto camión que explotaba como locataria, al tiempo que se secuestró, sin que se administrara en debida forma el bien.

Al respecto, es importante precisar que la Ley estatutaria de la administración de justicia (270 de 1996) en el artículo 65, desarrolla tres eventos a partir de los cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le resulten imputables con ocasión de la administración de justicia: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Así mismo, la norma estableció dos presupuestos para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional: (i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado, cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error se encuentre ejecutoriada.

En sentencia del 11 de mayo de 2011 esta Corporación expuso:

“En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la Administración de Justicia”.

(…)

Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme”.

Ahora bien, en el sub lite, se encuentra acreditado que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancas, La Guajira, mediante resolución No. 003, confirmada en segunda instancia, se declaró único responsable del accidente de tránsito presentado entre el vehículo tipo volqueta, marca Ford, modelo 1979, de placa GBA-816, conducido por el señor Víctor José Gutiérrez Peinado y el vehículo, tracto camión, marca Chevrolet, modelo 1992, de placa UVO-502, conducido por el señor Francisco Meza Villalba, a este último y lo condenó solidariamente con la empresa Cargar S. en C. al pago de los daños ocasionados.

Así mismo, se encuentra demostrado que el señor Víctor José Gutiérrez Peinado instauró demanda en contra de la sociedad Carlos García Uribe & Compañía S. en C. Cargar en la que solicitó, además de declarar a la sociedad demandada responsable civilmente de los daños y perjuicios ocasionados, el embargo y secuestro del vehículo tracto camión marca Chevrolet, modelo 1992, placa No. UVO-502 de propiedad de la empresa sociedad Carlos García Uribe & Compañía S. en C. Cargar, así como oficiar al Director del DAS de La Guajira para que se sirva proceder a la inmovilización del mismo.

El Juez Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar accedió a la solicitud relacionada con las medidas cautelares y el 16 de octubre de 1998, decretó el embargo y secuestro del vehículo tracto camión de propiedad de la empresa demandada, ordenando la inscripción de la medida en registro y su inmovilización, lo que se logró el 23 y 27 de octubre del mismo año.

Embargado el vehículo, la demandada solicitó el levantamiento de las medidas poniendo de presente la importancia de la vinculación al proceso de la Compañía de Financiamiento Leasing Aliadas S.A. la que tiene la reserva de dominio del bien.

Así mismo, se encuentra acreditada la existencia del contrato de leasing o arrendamiento financiero suscrito entre el representante legal de la sociedad Carlos García U & Cia. S. en C. Cargar como locatario, Carlos García Uribe y Martha Cecilia Zapata, Codeudores y la Compañía de Financiamiento Leasing Aliadas S.A. en el que se pactó la entrega de una tractomula marca Chevrolet, línea superbrigadier, modelo 1992, servicio público, placa UVO-502.

Vinculada la Compañía Leasing Aliadas S.A. al proceso de responsabilidad civil e inscrita la medida de embargo, el 7 de julio de 1999, se secuestró el bien haciéndose la entrega al secuestre y designándose como depositario al señor Luis Parada Díaz, propietario de la estación San Rafael de la ciudad de Riohacha.

Del mismo modo, se encuentra demostrado que el 21 de julio de 1999, el Juez Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar advirtió al secuestre que debía velar por la producción del bien, como venía sucediendo con anterioridad a la medida. No obstante, el secuestre presentó renuncia del cargo por imposibilidad de prestar caución, razón por la que el 23 de agosto del mismo año el Juez de conocimiento, resolvió removerlo del cargo y nombró otro secuestre. Sin embargo, entre esta fecha y el 6 de abril de 2000, se procedió a designar nuevo secuestre y sucesivamente hasta agotar la lista de auxiliares de la justicia.

Lo anterior fue motivo para que el 11 de julio de 2000, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito, dada la imposibilidad de “mantener” la cautela sobre el vehículo automotor, dispusiera el levantamiento de la orden de secuestro dejando vigente la medida de embargo. Conforme lo anterior, el 4 de septiembre de 2000, se entregó a la parte demandada, hoy actora, del vehículo de placa UVO-502, modelo 1992, marca Chevrolet, a entera satisfacción.

El proceso de responsabilidad civil culminó el 18 de septiembre de 2002 con sentencia en la que, además de declarar civilmente responsable a la sociedad Carlos García Uribe & Cia S. en C. Cargar, se la condenó al pago de una suma de dinero, al tiempo que dispuso mantener vigente el embargo sobre el vehículo automotor de propiedad del demandado. La decisión fue apelada por la parte demanda.

En suma, se encuentra acreditado que por un accidente de tránsito en que se encontró responsable al conductor del vehículo de placa UVO 502, se adelantó proceso de responsabilidad civil extracontractual, en el que se decretó y practicó el embargo y secuestro de dicho vehículo como garantía de los perjuicios ocasionado con el accidente. No obstante, ante la renuncia de los secuestres designados y el agotamiento de la lista de auxiliares de la justicia, el juzgado de conocimiento levantó la orden de secuestro y dispuso la entrega del bien a la demandada. El vehículo en cuestión era objeto de contrato de leasing suscrito entre la actora y la sociedad Leasing Aliadas S.A.

Ahora bien, la parte actora fundamenta el recurso de alzada en que el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Barranquilla debió abstenerse de inscribir el embargo toda vez que el bien figuraba como propiedad de la Sociedad de Leasing; inscripción que aduce indebida y de la que hacer devenir el daño por la inmovilización y secuestro del vehículo; pues librada la orden el automotor dejó de producir el 27 de octubre de 1998 y el 11 julio de 2000. Oportunidad en la que ordenó el levantamiento de la orden de secuestro manteniendo vigente el embargo.

Conforme lo anterior, reclama por lo dejado de producir durante 668 días i) por haber mantenido el automotor bajo las inclemencias del clima y ii) debido a que debió asumir el pago del parqueo, durante la inmovilización.

Para la Sala, se encuentra acreditado el daño alegado por el actor consistente en los perjuicios derivados del embargo y secuestro del vehículo de placa UVO 502. No obstante, dicho daño no puede ser calificado como antijurídico, por cuanto, se debió al cumplimiento de una orden de embargo y secuestro procedente, tal como lo admitió el propio actor en la sustentación del recurso. Si se tiene en cuenta que las medidas buscaban garantizar la indemnización de los perjuicios a la víctima de un accidente de tránsito en el que se involucró el automotor.

Al respecto, el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil que trata de las medidas cautelares en los procesos ordinarios, en el numeral sexto(4), vigente para la época de los hechos, disponía: “En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados (en cosas muebles o inmuebles)(5) por accidente de tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó daño (…)”.

Siendo así, no queda sino concluir que la actora tenía que soportar el daño. No obstante, el actor argumenta que el vehículo en cuanto no le pertenecía no tenía que ser embargado; al tiempo que se duele de la inmovilización dado que ello le impidió explotar el bien. Argumentación que resulta contradictoria pues, mientras que, para efectos de advertir la responsabilidad el camión no era de su propiedad y para reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de las medidas cautelares plantea lo contrario.

La confusión reside, a juicio de la Sala en el entendimiento del contrato de leasing(6) como si fuere de mera tenencia; cuando participa de la naturaleza de los derechos reales en cuanto al tiempo que entrega la tenencia, explotación, traslada al locatario una opción de compra que restringe la facultad de disposición de la entidad financiera, a cambio de un precio en el que convergen tenencia y opción. En todo caso oponible a terceros. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado(7):

“(…) negocio jurídico en virtud del cual, una sociedad autorizada -por la ley- para celebrar ese tipo de operaciones, primigeniamente le concede a otro la tenencia de un determinado bien corporal -mueble o inmueble, no consumible, ni fungible, lato sensu, necesariamente productivo-, por cuyo uso y disfrute la entidad contratante recibe un precio pagadero por instalamentos, que sirve, además, al confesado propósito de amortizar la inversión en su momento realizada por ella para la adquisición del respectivo bien, con la particularidad de que al vencimiento del término de duración del contrato, el tomador o usuario, en principio obligado a restituir la cosa, podrá adquirir, in actus, la propiedad de la misma, previo desembolso de una suma preestablecida de dinero, inferior -por supuesto- a su costo comercial (valor residual), sin perjuicio de la posibilidad de renovar, in futuro, el contrato pertinente, en caso de que así lo acuerden las partes”.

Conforme lo anterior, dado el accidente en el que participó el vehículo de placa UVO-502, podía ser embargado, inmovilizado y secuestrado, como aconteció. En este sentido, precisa destacar que también la compañía de leasing debía soportar el gravamen.

De suerte que el daño que comporta toda medida de embargo, tenía que ser soportada tanto por la locataria, demandante en este asunto como la entidad financiera titular del derecho de propiedad con afectación por locación; conforme la orden judicial, aunado a que a pesar de tener la oportunidad, no prestó caución a efectos de levantar la medida.

Ahora bien, iguales consideraciones merecen para la Sala la inmovilización y el secuestro. La primera en cuanto necesaria y la segunda dirigida a hacer efectivo el pago, objeto de la medida. Pago éste relacionado con los perjuicios causados con el accidente de tránsito. No obstante le asiste razón a la actora en los cuestionamientos formulados a la ejecución de dicha medida, pues se echa de menos una mayor diligencia, el secuestre no prestó caución y debió ser reemplazado y la lista de auxiliares se agotó sin obtener alguno que administrara el bien, dando lugar a su explotación económica.

Falencia que en efecto, constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia pues el secuestro no ha sido previsto para inmovilizar bienes productivos sino para que su explotación contribuya al pago de la obligación cuya ejecución garantiza. Reproche que en todo caso no afectó a la actora. Afectó primeramente a la víctima del accidente de tránsito. Toda vez que la demandante en el proceso civil, esperaba que el bien secuestrado respondiere por el daño y en un segundo lugar a la demandante en este asunto, en cuanto de llegar a ser declarada responsable habría abonado o extinguido la condena por pago.

Siendo así y dado que no se conoce el resultado del proceso ordinario civil, no se cuenta con elementos de juicio para la configuración del daño alegado por la demandada en el proceso ordinario, pues como quedó explicado el secuestro fallido del automotor retenido a la actora afectó a la víctima del accidente, por ser ésta la real beneficiaria de la medida.

Conforme lo anterior y dado que i) no se evidencian los elementos para derivar responsabilidad del Estado pues el daño que pretende derivar del decreto e inscripción del embargo, no tiene la naturaleza de ser antijurídico y ii) debido a que el secuestro aunque fallido, afectó a la víctima del accidente y no a la demandante en este asunto, no queda sino confirmar, por las razones expuestas la decisión de primera instancia.

No se condenará en costas puesto que de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 hay lugar a ello únicamente si la conducta de las partes así lo amerita y, en el sub lite, no se encuentra elemento alguno de temeridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”

RESUELVE:

CONFIRMAR conforme las consideraciones expuestas, la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2005 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta Corporación.

(4) Modificado por el artículo 146 de la 769 de 2002 y derogado por el literal b) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.

(5) Aparte declarado inexequible.

(6) “(…) la atipicidad del contrato -entendida rigurosamente como se esbozó-, debe agregarse que el leasing es un negocio jurídico consensual; bilateral- o si se prefiere de prestaciones recíprocas-, en cuanto las dos partes que en él intervienen: la compañía de leasing y el usuario o tomador, se obligan recíprocamente (interdependencia prestacional); de tracto o ejecución sucesiva (negocio de duración), por cuanto las obligaciones principales -y originarias- que de él emanan: para el contratante, conceder el uso y goce de la cosa y para el contratista, pagar el precio, no se agotan en un solo momento, sino que se desenvuelven y desdoblan a medida que transcurre el tiempo (tempus in negotio); oneroso, toda vez que cada una de las partes busca un beneficio económico que, recta vía, se refleja en la obligación asumida por la parte contraria o cocontratante y, finalmente, las más de las veces, merced a la mecánica negocial imperante en la praxis contractual, por adhesión, como quiera que el usuario debe sujetarse, sin posibilidad real de discutirlas, a unas cláusulas previamente establecidas -o fijadas ex ante-, con carácter uniforme por la compañía de leasing (condiciones generales dictadas por la entidad predisponente).

(…)

Así, aunque el leasing y el arrendamiento son contratos en virtud de los cuales se entrega la tenencia, el precio que se paga por ella en el primero responde a criterios económicos que, en parte, difieren de los que determinan el monto de la renta (p. ej.: la amortización de la inversión y los rendimientos del capital), sin que tampoco sea propio del contrato de locación, como sí lo es del leasing, la existencia de una opción de compra a favor del tomador, quien, además -ello es medular en la esfera reservada a la causa negocial-, acude a éste último negocio como una legítima alternativa de financiación, a diferencia de lo que acontece en el arrendamiento, en el que milenariamente la causa del contrato para el arrendatario, estriba en el disfrute de la cosa. De igual forma, si bien es cierto que en el leasing, el usuario tiene la lícita opción de hacerse a la propiedad de la cosa (posterius), es enteramente posible que no lo haga y que, por tanto, al vencimiento del contrato restituya la cosa a la compañía, circunstancia que impide su generalizada asimilación a la compraventa -sobre todo a priori-, la que además, tiene confesada vocación de "transferir" el dominio, no así el leasing que, en línea de principio, únicamente permite obtener la tenencia, como se acotó (negocio tenencial). En este mismo sentido, no puede afirmarse que el leasing se asimila o se traduce en un mutuo, como quiera que ni es contrato traslaticio del dominio, mucho menos de naturaleza real, ni tampoco recae sobre bienes fungibles (Cfme: cas. civ. de 22 de marzo de 2000; exp. 5335)”. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 4 de diciembre de 2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

(7) Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 4 de diciembre de 2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

Aclaración de voto

1. Aunque comparto el sentido de la decisión, que absuelve al Instituto de Tránsito y Transporte de Barranquilla por la inscripción del embargo y secuestro del vehículo adquirido mediante contrato de leasing por parte de Carlos García Uribe y Cía. Cargar S. en C., considero que hizo falta un mínimo desarrollo acerca del título de imputación que se plantea, consistente en el error judicial.

2. La providencia sub examine indica los presupuestos para que se consolide el error judicial: “(i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado, cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre ejecutoriada” (p. 20). No obstante, la decisión se limita a señalar que: “Para la Sala se encuentra acreditado que el daño alegado por el actor consistente en los perjuicios derivados del embargo y secuestro del vehículo de placa UVO 502. No obstante dicho daño no puede ser calificado como antijurídico, por cuanto, se debió al cumplimiento de una orden de embargo y secuestro procedente, tal como lo admitió el propio actor en la sustentación del recurso. Si se tiene en cuenta que las medidas buscaban la indemnización de los perjuicios a la víctima de un accidente de tránsito en el que se involucró el automotor” y paso seguido cita el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil que permite imponer una medida cautelar frente al vehículo que causó el daño, en casos de accidentes de tránsito (p. 24). Permanecen las dudas de si la providencia frente a la cual se debió haber revisado el error judicial es aquella emitida por la entidad demandada al momento de inscribir el embargo del vehículo en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranquilla o si dicho defecto judicial debió haber sido analizado respecto de la orden emanada del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar. La primera hipótesis exige analizar la naturaleza del documento mediante el cual se inscribe el embargo realizado por el inspector de tránsito y transporte, por cuanto el error judicial no es procedente sino contra providencias judiciales, y aquella pareciera revestir un carácter administrativo. Frente a la segunda hipótesis, es decir, la orden emitida por el juez, habría necesidad de entrar a revisar los criterios de procedencia del error judicial, como se mencionaron en la página 20 del fallo, a saber, ejecutoriedad de la decisión y si contra la misma se interpusieron todos los recursos de ley, evento que quedó sin mayor desarrollo.

3. En los anteriores términos dejo presentada mi aclaración.

Danilo Rojas Betancourth 

Fecha ut supra