Sentencia 2000-02650 de marzo 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Expediente: 250002326000200002650 01 (24088)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Sociedad Motorysa Camperos S.A.

Demandada: La administración cooperativa para el desarrollo del Gualiva - Cogualiva Ltda. y el municipio de Cachipay

Acción contractual

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para efectos de exponer las razones que sustentan la decisión, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) competencia, 2) las pruebas que obran en el proceso, 3) objeto del recurso de apelación, 3.1) la figura del contrato a favor de un tercero y 3.2) el caso concreto.

1. Competencia.

Previo a analizar y decidir sobre el asunto que ha sido propuesto, resulta necesario establecer la competencia de la Sala para conocer del mismo, pues sólo de esta manera podrá pronunciarse sobre el recurso de apelación impetrado por la parte demandante.

Sea lo primero decir que la presente controversia versa sobre la declaratoria de existencia de “un contrato de compraventa”, celebrado por la sociedad Motorysa Camperos S.A., en su condición de vendedora y Cogualiva Ltda., y el municipio de Cachipay, en condición de compradores.

Ha de señalarse que Cogualiva Ltda., se constituyó, según sus propios estatutos(19), como una cooperativa conformada por entidades territoriales del orden municipal, quien, además de contar con personería jurídica, gozaba de autonomía administrativa, económica y financiera. De igual modo se observa que el municipio de Cachipay es un ente territorial con autonomía política, fiscal y administrativa.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993(20), la Cooperativa Cogualiva Ltda., y el municipio de Cachipay son entidades públicas. Así mismo, el artículo 32 de la citada ley prescribe que los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere dicho estatuto, ya sea que se encuentren “previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”, así como los que a título enunciativo allí se establecen, se tendrán como “contratos estatales”.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 75 prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción contencioso administrativa. Así, entonces, habida cuenta que Cogualiva Ltda., y el municipio de Cachipay (C/marca) tienen el carácter de entidades públicas, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, patrimonio propio, resulta del caso concluir que esta corporación es la competente para conocer del presente asunto.

Adicionalmente, la Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 13 de agosto de 2002, en un proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000,00) suma equivalente al valor del vehículo, mientras que el monto exigido al momento de su presentación(21) para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de controversias contractuales tuviera vocación de doble instancia era de dieciocho millones ochocientos cincuenta mil pesos ($ 18’850.000) (D. 597/88).

2. Las pruebas que obran en el expediente

2.1. Documentales.

— Original del certificado de existencia y representación legal de la sociedad Motorysa Camperos S.A.(22).

— Original del certificado de existencia y representación legal de la Administración Cooperativa para el Desarrollo del Gualivá - Cogualiva Ltda.(23).

— Copia auténtica del “Convenio Interadministrativo de suministro” celebrado el 19 de abril de 1999, entre el municipio de Cachipay - Cundinamarca y la Administración Cooperativa para el Desarrollo del Gualivá - Cogualiva Ltda., cuyo objeto consistió en que “la cooperativa se obligaba para con el contratante a suministrar un (1) vehículo marca Mitsubishi tipo V11 NAL.T.D.P.M H/T clase campero modelo 1999”(24). Se fijó su cuantía en la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 33’350.000) y como plazo de ejecución se acordó el término de treinta (30 días) hábiles contados a partir del día de la firma de dicho convenio(25).

— Copia auténtica de la orden de compra 0632 del 20 abril de 1999, en la cual se dejó constancia de que la sociedad Adcoopgualiva Ltda., le solicitó a Motorysa Camperos S.A., facturar a su nombre y suministrar con destino al municipio de Cachipay “un (1) vehículo marca Mitsubishi tipo V11 NAL.T.D.P.M H/T clase campero modelo 1999”, por un valor de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000)(26).

— Copia auténtica de la factura de venta 1010000874 expedida el 26 de abril de 1999 por Motorysa Camperos S.A., en la cual se dejó constancia que el vehículo de marca Mitsubishi, tipo V11 NAL. T.D.P.M H/T, clase: campero, color: rojo oriental, chasis/serie 9FJONV110X0002965 se vendió a Cogualiva Ltda., por la suma de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000)(27).

— Copia simple de la constancia de la entrega del vehículo con las especificaciones antes anotadas(28).

— Copia auténtica de la cuenta de cobro 161 del 21 de abril de 1999, en la cual figura que el municipio de Cachipay le adeuda a Cogualiva Ltda., la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 33’350.000) por concepto del “Convenio interadministrativo cuyo objeto era el suministro de un vehículo marca Mitsubishi”(29).

— Copia simple de la Resolución Administrativa 341 del 22 de abril de 1999 proferida por el Alcalde del municipio de Cachipay (C/marca), por medio de la cual, reconoce y ordena “a nombre de Cogualiva Ltda.” el pago de catorce millones novecientos treinta y seis mil setecientos treinta y tres pesos con treinta y cuatro centavos ($ 14’936.733,34) por concepto del “convenio interadministrativo suscrito [el 19 de abril de 1999] entre el municipio de Cachipay y la Cooperativa Adcoopgualiva”(30).

— Copia simple de la Resolución Administrativa 340 del 22 de abril de 1999 expedida por el Alcalde del municipio de Cachipay, a través de la cual, reconoce y ordena “a nombre de Adcoopgualiva Ltda.” el pago de dieciocho millones cuatrocientos trece mil doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos ($ 18’413.266,66) por concepto del “convenio interadministrativo suscrito [el 19 de abril de 1999] entre el municipio de Cachipay y la Cooperativa Adcoopgualiva”(31).

— Copia auténtica del recibo de caja 3757 expedido el 22 de abril de 1999 por Cogualiva Ltda., en el cual se dejó constancia acerca de que el municipio de Cachipay le pagó a la citada sociedad la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 33’350.000) por concepto de “Cancelación del convenio interadministrativo… cuyo objeto es el suministro de un vehículo marca Mitsubishi” con cheque C5836225 por valor de $ 18’413.266,66 y cheque 6694145 por valor de $ 14’936.733,34. Se adjunta copia auténtica del cheque 6694145 y de los respectivos comprobantes de pago 1621 y 1622(32).

— Copia auténtica de la comunicación del 28 de junio de 1999 suscrita por el gerente de Cogualiva Ltda., a través de la cual le informa al gerente general de Motorysa Camperos Ltda., que la deuda contraída con ellos “referente a la orden de compra 0632, por valor de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000) m/cte., será cancelada antes del quince (15) de julio próximo”(33).

— Original del certificado de tradición expedido el 16 de septiembre de 1999 por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Cundinamarca, en el cual figura que el vehículo Mitsubishi Campero de placas MQH-338, modelo 1999, color: rojo oriental, chasis 9FJONV110X0002965, se encuentra matriculado a nombre de “la Alcaldía Municipal de Cachipay” (C/marca)(34).

— Copia simple de la licencia de transito 98-374404 —allegada al proceso mediante oficio remisorio suscrito por el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cundinamarca— en la cual se refleja que el vehículo Mitsubishi Campero de placas MQH-338, modelo 1999, color: rojo oriental, chasis 9FJONV110X0002965, es de propiedad de “la Alcaldía Municipal de Cachipay”(35).

— Copia simple de la póliza de seguro del vehículo en mención, en la cual consta como tomador de la garantía “la Alcaldía Municipal de Cachipay”(36).

— Copia simple de los siguientes documentos: i) la libreta de garantía expedida por Motorysa Camperos S.A., del vehículo vendido a Cogualiva Ltda.; ii) los formularios únicos nacionales 25000 - 0016121 y 0016122 de la dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor del Ministerio de Transporte, en los cuales se relacionan los datos del citado vehículo; iii) el formulario contentivo de la declaración del impuesto del vehículo, en la cual figura como declarante Cogualiva Ltda., y, por último, iv) los recibos oficiales de ingresos 619247 y 700181(37).

— Copia auténtica del formato contentivo de la tasa de intereses que cobran los bancos para los créditos ordinarios de libre asignación(38).

2.2. Testimonios.

Obra la declaración rendida de señor Juan Carlos Peralta Gómez(39).

2.3. Dictamen pericial.

Obra dictamen pericial solicitado por la parte demandante, con el fin de determinar el precio del vehículo, “la pérdida del valor que el vehículo ha sufrido por el uso” y los intereses moratorios que se causaron sobre la suma de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000)(40).

Valor probatorio de los documentos aportados en copia simple.

En cuanto al valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, la corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 zanjó el tema y expuso lo que se transcribe a continuación(41):

“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad”.

De conformidad con lo anterior y en aplicación de los principios de lealtad procesal y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y, además, en consideración a que no se tacharon de espurios los documentos aportados en copia simple, la Sala, atendiendo la pauta jurisprudencia a la que viene de hacerse referencia, les otorgará plena eficacia demostrativa y, en consecuencia, procederá a resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora.

3. Objeto del recurso de apelación.

Resulta necesario precisar que el fallo de primera instancia fue impugnado únicamente por la parte actora, razón por la cual, la Sala en su condición de juez de segunda instancia se limitará a realizar el estudio de los puntos específicos relacionados en el recurso de apelación formulado por Motorysa Camperos S.A., habida cuenta que la parte demandada se abstuvo de cuestionar dicha decisión.

Al respecto, conviene recordar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con las propias consideraciones del recurrente, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se cuestionan ante la segunda instancia.

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo.

En el caso concreto, según se desprende del texto del recurso de apelación, la parte actora pretende que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia con el propósito de que se condene en forma solidaria al municipio de Cachipay (C/marca) por el incumplimiento del contrato de compraventa celebrado con Motorysa Camperos S.A., en tanto que —según el apelante—, el verdadero comprador del vehículo, por cuya falta de pago se demanda fue el municipio en mención.

Previo a examinar el argumento del apelante al que se hizo referencia, la Sala se permite hacer las siguientes consideraciones:

3.1. La figura del contrato a favor de terceros.

Sea lo primero señalar que, por regla general, los efectos jurídicos de los contratos sólo se extienden a los sujetos que concurrieron en su celebración, de tal modo que únicamente a éstos vincula, es así como a los contratos estatales les resulta aplicable el principio de relatividad, según el cual los negocios jurídicos en principio generan derechos y obligaciones para quienes concurren a su celebración y, por ello, no es posible que mediante el contrato se vincule o comprometa a terceros extraños al negocio concertado, a no ser que estos otorguen su consentimiento.

Esta corporación se ha ocupado del mencionado principio de relatividad, respecto de lo cual ha sostenido lo siguiente(42):

“[C]abría agregar algunas características propias de las obligaciones cuya fuente se encuentra en los contratos, las cuales están ínsitas en la propia noción de contrato, cuya génesis se encuentra en la definición de Pothier, para quien el contrato es una convención “por la cual dos partes recíprocamente, o solo una de ellas, prometen y se obligan para con la otra a darle alguna cosa, o a hacer o no hacer una cosa”.

“Consecuencia obligada de la anterior noción, es la referida al señalamiento de que el efecto propio del contrato consiste en crear obligaciones entre los contratantes, la cual encuentra soporte en el ordenamiento positivo colombiano, así:

“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (C.C., art. 1602).

“Que el contrato solo produce efectos entre las personas contratantes, constituye la regla sobre la cual la doctrina moderna ha esgrimido el llamado “Principio de la relatividad de los contratos”, que a partir de reconocer que solo el titular de un derecho puede disponer del mismo, establece la inoponibilidad de las obligaciones contractuales a terceros, esto es, que el contrato agota sus efectos entre los contratantes.

“De lo anterior es dable concluir con la doctrina que, “En esta forma, un contratante no puede vincular a un extraño a la ley contractual”, salvo los eventos excepcionales de la estipulación por otro y de la convención colectiva de trabajo”.

Ahora bien, el principio de la relatividad al que acaba de hacerse mención no es un principio de carácter absoluto, en tanto que hay ciertos eventos en los cuales las partes contratantes deciden, mediante estipulaciones incorporadas en el contrato, vincular a otros sujetos que no concurrieron en su celebración, tal es el caso de la figura del contrato a favor de tercero, conocida también como estipulación para otro, en relación con la cual la Corte Suprema de Justicia ha expresado lo siguiente:

“El principio general de que los contratos no afectan a los terceros extraños a él viene a tener una excepción en casos especiales en que una persona celebra estipulaciones a favor de un tercero. En este último evento, la estipulación es diversa por todos sus aspectos del mandato como representante del contratante y tiene facultad para obligarlo, mientras que en la estipulación a favor de otro no existe representación alguna, directa ni indirecta del beneficiario”(43).

La norma legal que en derecho común colombiano regula, de manera general, la institución de la estipulación a favor de un tercero, se encuentra contenida en el artículo 1506 del Código Civil, según la cual:

“Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él.

“Constituyen aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”.

La Corte Suprema de Justicia se ha referido a la estipulación para otro, en los siguientes términos:

“[C]abe recordar que la Corte, en sentencia de 29 de enero de 1943, señaló que “la estipulación [para] otro, que es una de las aplicaciones más interesantes de la doctrina de la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones, está consagrada ampliamente en el artículo 1506 del Código Civil, que establece que ‘cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado, y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato’. En esta convención sui generis, que constituye una excepción al principio general de derecho contractual que enseña que los contratos sólo ligan a quienes concurren con su consentimiento a su formación, intervienen tres personas: el estipulante, que es quien estipula en favor de otro; el promitente o promisor, que es la persona que contrae la obligación, y el beneficiario, que es el tercero en cuyo favor nace el derecho del contrato, y quien no actúa en él para nada. Los efectos de la estipulación [para] otro, en lo que interesa al recurso, de acuerdo con el precepto legal, se reducen a que el beneficiario es el único que puede demandar lo estipulado; en ningún caso puede exigirlo el estipulante. La aceptación que requiere el artículo [1506] del Código Civil tiene importancia, no para adquirir el derecho radicado en manos del beneficiario a cuyo patrimonio ingresa por la sola celebración del contrato entre estipulante y promitente, sino para el efecto de hacer imposible la revocación que antes de ella pueden acordar los contratantes. ‘La aceptación no es la que hace nacer el derecho en su patrimonio (el del beneficiario), sino que es necesaria para tomar la posesión del derecho, para impedir la revocación que hasta ese momento pueden efectuar promitente y estipulante. Algo parecido a lo que acontece con la aceptación que hace el heredero de la herencia; el heredero no adquiere herencia por aceptación, sino por el solo fallecimiento del causante, y la aceptación la hace para tomar posesión de sus derechos’ (Alessandri y Somarriva. Derecho Civil. Tomo IV, página 281)…”(44) (resaltado de la Corte).

En virtud de la institución de la estipulación a favor de otro, la ley autoriza a cualquier persona para que convenga a favor de un tercero, sin contar con derecho alguno para representarlo, en el entendido de que sólo ese tercero podrá exigir lo estipulado una vez acepte, de manera expresa o tácita, la respectiva convención. En relación con la aceptación del tercero, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido:

“Para que la estipulación por o para otro pueda producir efectos respecto del beneficiario, es indispensable la aceptación expresa o tácita de éste; entretanto, él es un simple tercero, a quien jurídicamente no puede aprovecharle ni perjudicarle: alteri stipulari nemo potest(45) (resaltado por fuera del original).

La aceptación que el tercero manifiesta respecto de la estipulación que se ha efectuado a su favor genera efectos retroactivos al momento de la celebración de la convención entre estipulante y prometiente, al tiempo que determina el surgimiento de una relación contractual entre el beneficiario y el prometiente, en virtud de la cual, precisamente, aquél en condición de acreedor podrá exigirle al prometiente el cumplimiento de su obligación(46).

En el evento de que se ratifiquen actos o contratos regidos por el Código de Comercio, a tales ratificaciones se ha de aplicar lo previsto en el artículo 844 del mismo Código, según el cual:

“ART. 844.—La ratificación del interesado, si se hace con las mismas formalidades que la ley exige para el negocio jurídico ratificado, tendrá efecto retroactivo, salvo en cuanto lesione derechos de terceros”.

El efecto retroactivo de la estipulación ha sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia, Corporación que ha adoptado la teoría de la adquisición directa del derecho por parte del beneficiario, de acuerdo con Josserand, los hermanos Mazeaud, Messineo y Alessandri; al respecto ha afirmado la Corte:

“La facultad que tiene el tercero para aceptar o no la estipulación hecha para él —la cual nace desde la celebración del contrato entre el estipulante y el promitente (C.C., art. 1506)—, faculta que como atributo moral consiste en la aptitud, el derecho o poder de hacer o no hacer alguna cosa, necesariamente, es algo que pertenece a la tercera persona para quien se contrata: una potencia que, al igual que los demás derechos que le son propios, está incluida entre los que componen el haber patrimonial y la trasmite consecuencialmente a sus herederos al tenor de lo dispuesto en los artículos 1008 y 1055 del Código Civil”(47).

Y se entiende que la obligación que el prometiente asume para con el beneficiario y que sólo este puede exigirle, también encuentra sustrato en la relación contractual que se concluye entre dichos prometiente y beneficiario, comoquiera que la manifestación de voluntad que realiza tal prometiente en acuerdo con el estipulante, en el sentido de obligarse a favor del beneficiario, encuentra como respuesta la aceptación incondicional de éste.

A propósito del efecto retroactivo que cabe predicar respecto de la aceptación del beneficiario frente a la obligación que el prometiente asume y del contrato que a partir de tal aceptación se forma, la doctrina autorizada ha señalado:

“Por el motivo que sea, el delegado promete a favor de un tercero, el delegatario, o sea que asume frente a él la obligación ajena (del delegante). Y queda a la entera discreción de dicho tercero aceptar o no tal promesa, en los términos en que se le ofrece, que no está al arbitrio suyo modificar. Su derecho a la promesa es directo e inmediato, y mientras no haya manifestado su aceptación o conformidad, estipulante y promitente pueden variar los términos del acuerdo y de la promesa y retractarse. Ese es asunto de ellos y que se definirá entre ellos. Pero, una vez que el tercero-delegatario-acreedor acepta, la promesa, revocable o no, da paso a un contrato en razón del cual el delegado queda comprometido definitivamente para con él, y con efecto retroactivo”(48).

La formación de un negocio jurídico, a partir de la aceptación que manifiesta el tercero beneficiario, al cual quedan vinculados el prometiente y el acreedor en cuyo favor se ha extendido la estipulación, se evidencia con claridad en las líneas que al tema dedica el profesor Claro Solar al examinar el artículo 1499 del Código Civil chileno, cuyo texto corresponde, en su totalidad, al del artículo 1506 del Código Civil patrio

“El artículo 1499 supone que quien estipula lo hace en su propio nombre, pero a favor de una tercera persona a quien no representa. Como el estipulante no estipula para sí, sino para esa tercera persona, debe ésta aceptar o no lo estipulado y sólo ella puede demandar lo estipulado.

“La eficacia del contrato depende, pues, de esta aprobación del tercero. Si no la acepta, el contrato no produce efecto. Si lo acepta, el contrato queda firme; y los contratantes no pueden dejarlo sin efecto, sin la voluntad de esa persona a favor de la cual se ha estipulado.

“Al decir la ley que “solo esa tercera persona podrá demandar lo estipulado”, da por establecida su aprobación, la cual si no se hubiera dado antes de la demanda, quedaría dada en la demanda misma. Esta aceptación es indispensable para que el provisor quede obligado, porque la obligación resulta del consentimiento del acreedor y del deudor; y como el acreedor no es el estipulante, sino la tercera persona a cuyo favor estipula, es indispensable que éste acepte ese carácter y consienta en la promisión a que la otra parte se obligó. Antes de esta aceptación hay solo un proyecto de obligación subordinada a ella, desde que nadie puede adquirir un derecho sin la voluntad de adquirirlo”(49).

3.3. Caso concreto.

En el asunto que ahora se examina, el demandante pretende que se condene en forma solidaria al municipio de Cachipay (C/marca) por el incumplimiento del contrato de compraventa, al considerar que dicho municipio fue el verdadero comprador del vehículo, por cuya falta de pago se demanda.

Descendiendo al caso concreto y de conformidad con los hechos probados, encuentra la Sala acreditado que el municipio de Cachipay (C/marca) y Cogualiva Ltda., celebraron el día 19 de abril de 1999 un “convenio interadministrativo de suministro”, cuyo objeto consistió en que “la cooperativa se obligaba para con el contratante a suministrar un (1) vehículo marca Mitsubishi tipo V11 NAL.T.D.P.M H/T clase campero modelo 1999”. Se estableció como precio la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 33’350.000).

Se encuentra probado —según orden de compra 0632— que el 20 de abril de 1999, Cogualiva Ltda., le solicitó a Motorysa Camperos S.A., facturar a su nombre y suministrar con destino al municipio de Cachipay un vehículo “Marca Mitsubishi tipo V11 NAL.T.D.P.M H/T clase campero modelo 1999” por valor de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000).

Según consta en la factura de venta 1010000874, se acreditó que el día 26 de abril de 1999, Motorysa Camperos S.A., le vendió a Cogualiva Ltda., el vehículo Mitsubishi Campero, tipo V11 NAL. T.D.P.M H/T, color: rojo oriental, chasis/serie 9FJONV110X0002965, por valor de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000).

Así mismo, se demostró que el mencionado vehículo figura a nombre de “la Alcaldía Municipal de Cachipay” (C/marca).

Se probó también que el 22 de abril de 1999 el municipio de Cachipay le pagó a Cogualiva Ltda., la suma de treinta y tres millones trescientos cincuenta mil pesos ($ 33’350.000), por concepto del mencionado convenio interadministrativo suscrito entre el municipio y la cooperativa para la compra de un vehículo con las especificaciones ya anotadas.

En esas condiciones, puede observarse que entre el municipio de Cachipay y Cogualiva Ltda., se celebró, el 19 de abril de 1999, un convenio interadministrativo, en virtud del cual la cooperativa se comprometía a “suministrarle” al municipio un vehículo Mitsubishi Campero modelo 1999.

Así mismo, se tiene acreditado que entre Cogualiva Ltda., y la sociedad Motorysa Camperos S.A., se celebró un contrato de compraventa, en razón del cual esta última se obligaba a entregarle un vehículo “Marca Mitsubishi tipo V11 NAL.T.D.P.M H/T clase campero modelo 1999” y la cooperativa se comprometía a pagarle como contraprestación el precio del bien —($ 32’683.000)—.

Encuentra la Sala que las pretensiones que reclama la parte actora guardan relación con este último contrato, no obstante lo cual, puede observarse que en dicho vínculo contractual el municipio de Cachipay no formó parte, luego, en principio Motorysa Camperos Ltda., no estaría materialmente legitimado en la causa para demandar al municipio de Cachipay, toda vez que este último intervino en el convenio interadministrativo que se celebró el 19 de abril de 1999 con la cooperativa, en el cual Motorysa Camperos Ltda., no fue parte.

Cabe anotar que en tratándose de la figura de la legitimación en la causa para incoar la acción contractual, el artículo 32 de la Ley 446 de 1998(50), norma vigente para la fecha en la cual fue instaurada la demanda, limitó el ejercicio de la acción contractual para quienes son parte en el contrato, salvo en el evento de que se solicite su nulidad absoluta.

Así pues, por regla general, los negocios jurídicos, en principio, generan derechos y obligaciones sólo para quienes concurren a su celebración —partes del contrato—, no obstante lo cual, como una excepción al principio de la relatividad de los actos jurídicos al que acaba de hacerse referencia y como una forma de hacer extensivos los efectos subjetivos de tales actos a quienes tengan respecto de los mismos la calidad de terceros, se ha consagrado en nuestra legislación la figura del contrato a favor de un tercero, conocida con la denominación de estipulación para otro.

En virtud de la figura anotada, tal como en efecto se señaló, la ley autoriza a cualquier persona para que convenga a favor de un tercero, sin contar con derecho alguno para representarlo, de ahí que resulte indispensable que ese tercero ajeno al vínculo contractual acepte de manera expresa o tácita la convención.

Nótese que ese tercero —beneficiario de la estipulación— no ha tenido injerencia alguna en la celebración del contrato, razón por la cual es necesario que obre de manera expresa o tácita su aceptación para que en efecto surja una relación contractual entre el estipulante —que es quien estipula en favor de otro—, el promitente o promisor —es la persona que contrae la obligación— y el beneficiario —que es el tercero en cuyo favor nace el derecho del contrato—.

En cuanto a la aceptación del beneficiario —se repite— la misma debe ser expresa o tácita; esta última se refiere al comportamiento del tercero beneficiario que indica el ánimo de querer aprovecharse del derecho estipulado en su favor; el artículo 1506 del Código Civil hace referencia a aquellos actos realizados por el beneficiario “que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato”.

En el presente asunto, encuentra la Sala que en la orden de compra del vehículo por cuyo incumplimiento en el pago se ha instaurado esta demanda, se dejó constancia de que la cooperativa adquiría el vehículo en mención con destino al municipio de Cachipay.

Así mismo, de conformidad con el certificado de tradición —expedido por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte— y la licencia de transito 98-374404 correspondiente al vehículo en mención(51), se tiene acreditado que la Alcaldía del municipio de Cachipay es la propietaria del automotor.

Puede observarse que en el caso del cual se ocupa la Sala en esta oportunidad, si bien es cierto que el municipio de Cachipay no formó parte del contrato de compraventa, cuyo objeto consistió en la entrega del vehículo de las especificaciones ya anotadas, no lo es menos que se encuentra demostrado que el vehículo fue adquirido por la cooperativa pero con destino al municipio, el cual, tal como se vio, figura como propietario del automotor, circunstancia que sin duda alguna consolidó el derecho adquirido por él a raíz de la estipulación hecha a su favor y a partir de la cual se refleja el ánimo del municipio de Cachipay de aprovecharse del bien estipulado, presupuestos que permiten concluir que, en efecto, el municipio aceptó tácitamente la respectiva convención en su favor, pues no hay duda de que este realizó actos(52) que sólo podrían ejecutarse en virtud del referido contrato de compraventa.

Así pues, ha de decirse que en el presente asunto se presentaron los requisitos necesarios para que pueda hablarse de la estipulación a favor de otro, al punto de que, para la Sala, no cabe duda alguna de la aceptación tácita del municipio de Cachipay respecto de la estipulación hecha a su favor.

En ese contexto, el municipio de Cachipay se encuentra también obligado a responder ante Motorysa Camperos S.A., por causa del incumplimiento del negocio contractual al que se hizo referencia, razón por la cual la Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenará también al municipio de Cachipay a pagar el valor de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000) correspondiente al valor del vehículo —según la condena fijada por el a quo—, suma de dinero que será actualizada, en tanto que esa es la única manera de cumplir con el requisito de la integralidad del pago.

Ahora, si bien es cierto que respecto de la condena impuesta por el tribunal ningún pronunciamiento efectuará la Sala por carecer de competencia(53), dado que la impugnación contra la sentencia de primera instancia se fundamentó únicamente en que el a quo no incluyó en la condena al municipio de Cachipay, resulta oportuno señalar lo siguiente:

En la pretensión cuarta de la demanda la parte actora solicitó que, como consecuencia del incumplimiento del contrato, le fuese restituido “tanto materialmente como ante el registro automotor correspondiente, el vehículo objeto de la compraventa”; sin embargo, observa la Sala que de manera acertada el tribunal a quo condenó a la demandada al pago del valor del vehículo, habida cuenta que en el presente asunto no era posible restituirle el automotor al hoy demandante, toda vez que aquel ya no existiría en el mismo estado en el que se encontraba para la época de celebración del contrato de compraventa, de ahí que al no ser factible ordenar el cumplimiento de la obligación in natura, sólo le restaba al juez de primera instancia, luego de verificar el incumplimiento del mencionado contrato y en razón a la justicia y a la equidad, condenar a la parte demandada al pago de una suma de dinero equivalente al valor del vehículo, tal como en efecto ocurrió.

Así pues, aclarada la anterior circunstancia, procederá la Sala a realizar la actualización de la suma de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000), equivalente al valor del vehículo por cuyo incumplimiento en el pago se demanda.

Para la mencionada actualización se tendrá en cuenta el IPC certificado por el DANE, generado con la metodología base 2.008(54), por ser la aplicable a la fecha y contener el ajuste de los índices de precios al consumidor hacia el pasado, cobijando la fecha desde la cual se indexó por el Tribunal a quo la condena de la sentencia.

nnn64.jpg
 

Vp: Corresponde al valor presente.

Vh: Es el valor histórico o inicial ($ 32’683.000).

Índice final: Es el IPC vigente a enero de 2014.

Índice inicial: Es el IPC vigente a abril de 1999(55).

nnn65.jpg

El valor del capital adeudado al contratista, actualizado con el IPC al mes de enero de 2014, es de sesenta y siete millones ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cinco pesos con treinta y seis centavos ($ 67’841.805,36).

4. Compulsar copias.

Llaman la atención de la Sala, por decir lo menos, los siguientes asuntos relacionados con este contrato, en razón de lo cual ordenará compulsar copias a los organismos de control para lo de su competencia:

i) el hecho de que el municipio de Cachipay (C/marca) y la Cooperativa Cogualiva Ltda., hubiesen celebrado un convenio interadministrativo para el “suministro de un vehículo”, habida cuenta que el objeto que acaba de mencionarse no guarda relación alguna con el objeto social de la cooperativa, el cual según el certificado de existencia y representación legal de la entidad, consistía en “propender mediante planes, proyectos y sanciones por el desarrollo social y económico sostenible de los municipios de la provincia del Gualivá…”.

Así pues, si bien es cierto que los hechos en los cuales recae la demanda ocurrieron antes de la expedición de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, norma jurídica que exige expresamente que el objeto de los convenios interadministrativos guarde relación directa con el objeto de la entidad contratista, en vista de que en este caso hubiese podido presentarse una trasgresión al ordenamiento jurídico por parte de quienes celebraron el convenio interadministrativo, se ordenará compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

ii) el hecho de que el municipio de Cachipay comprara el vehículo a través de la cooperativa a sabiendas de que contaba con los recursos para ello, asunto que, además, se evidenció en las pruebas aportadas al proceso en la forma como se pagó; es decir, unido al punto anterior, en momento alguno puede afirmarse que se trató de un tema de fomento del desarrollo del ente municipal ante la carencia de recursos.

iii) el hecho de que el municipio de Cachipay (C/marca) hubiese celebrado el convenio interadministrativo con Cogualiva Ltda., por valor de treinta y tres millones trecientos cincuenta mil pesos ($ 33’350.000) y le hubiese pagado dicha suma a la cooperativa, mientras que dicha entidad contrató con Motorysa Camperos S.A., la compra del vehículo por valor de treinta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil pesos ($ 32’683.000), suma ésta inferior a la pagada por el municipio a la cooperativa, sin que se especificara en el convenio pago alguno por concepto de administración de los recursos o por el trámite del contrato.

Comoquiera que en el presente asunto se evidencia una serie de anomalías que podrían ser constitutivas de irregularidades de índole penal, disciplinario y/o fiscal, la Sala ordenará compulsar copias de la presente sentencia con destino a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para lo que corresponda a la competencia de cada uno de tales entes de control.

5. Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de agosto de 2002, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual quedara así:

1. DECLARAR que la Cooperativa Cogualiva Ltda., y el municipio de Cachipay incumplieron el contrato de compraventa celebrado con la sociedad Motorysa Camperos S.A., y, en consecuencia, CONDENAR a las demandadas a pagar la suma de sesenta y siete millones ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cinco pesos con treinta y seis centavos ($ 67’841.805,36), correspondiente al valor del vehículo.

2. NEGAR las demás súplicas de las demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

CUARTA. Compulsar copias de la presente sentencia, por secretaría, con destino a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para lo que corresponda a la competencia de cada uno de tales entes de control.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(19) Folios 114 al 142 del cuaderno 1.

(20) “ART. 2º—…

1. Se denominan entidades estatales:

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

(…)”.

(21) 27 de octubre de 1999.

(22) Folios 23 al 25, cuaderno de pruebas 1.

(23) Folios 26 y 27, cuaderno de pruebas 1.

(24) Conviene precisar que si bien en el documento contentivo del convenio interadministrativo se indicó que la naturaleza del convenio era de suministro, encuentra la Sala que el objeto del convenio no corresponde con la definición del contrato de suministro, el cual según el artículo 968 del Código de Comercio se ha definido como “un contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”.

Así pues, comoquiera que el objeto del convenio administrativo consistía en la entrega de un vehículo y el pago de precio del bien y dado que se estipuló en la cláusula tercera como forma de pago de estricto contado “contra-entrega”, puede observarse que dicho convenio correspondía a una compraventa, en tanto que su prestación principal —entregar la cosa por el precio— se cumplía de inmediato, sin fraccionamientos.

(25) Folios 60 al 63, cuaderno de pruebas 1.

(26) Folio 29, cuaderno de pruebas 1.

(27) Folio 71, cuaderno de pruebas 1.

(28) Folio 31, cuaderno de pruebas 1.

(29) Folio 64, cuaderno de pruebas 1.

(30) Folio 65, cuaderno de pruebas 1.

(31) Folio 66, cuaderno de pruebas 1.

(32) Folio 67 al 70, cuaderno de pruebas 1.

(33) Folio 34, cuaderno de pruebas 1.

(34) Folio 32, cuaderno de pruebas 1.

(35) Folio 6, cuaderno de pruebas 3.

(36) Folio 6, cuaderno de pruebas 3.

(37) Folios 72 al 76, cuaderno de pruebas 1 y folios 3 y 7, cuaderno de pruebas 3.

(38) Folio 35, cuaderno de pruebas 1.

(39) Folio 20, cuaderno de pruebas 3.

(40) Folios 1 al 18, cuaderno de pruebas 2.

(41) Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 proferida por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

(42) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de marzo 30 de 2000, expediente 5785, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

(43) Corte Suprema de Justicia, sentencia de septiembre 27 de 1939, XLVIII, 594.

(44) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de enero 15 de 2009, expediente 47001-31-03-003-2001-00433-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla.

(45) Corte Suprema de Justicia, Sentencia de noviembre 14 de 1952, LXXIII, 678.

(46) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, 29 de noviembre de 2012, expediente 110010326000 201000051 00 (39332).

(47) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 23 de noviembre de 1927, XXXV, 123.

(48) Hinestrosa, Fernando. “Tratado de las obligaciones-concepto, estructura, vicisitudes”. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., marzo de 2002. Primera edición.

(49) Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Volumen V. Tomo Undécimo - De Las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile y Editorial Temis. Bogotá, 1988.

(50) “ART. 32.—De las controversias contractuales.

El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas (…).

(51) Decreto 1344 de 1970 “por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.

(…).

“ART. 87.—La licencia de tránsito es la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos.

La licencia de tránsito es un documento público; en ella se identificará el vehículo y se expresarán su destinación el nombre del propietario inscrito y el número de la placa”.

(…)

ART. 95.—La licencia de tránsito de un vehículo automotor deberá ser solicitada por el propietario, y si fueren varios o la propiedad estuviere limitado, conjuntamente por todos los que figuren en el registro como titulares de derecho real principal.

La solicitud deberá formularse en papel sellado, con tres copias en papel común, con impresión dactilar y firma auténtica del propietario. En ella se indicarán:

1. Nombre, identidad, vecindad y dirección del propietario o del nuevo propietario o tenedor;

2. Identidad plena del vehículo, y

3. Servicio al que será destinado.

A la solicitud se acompañará certificado de tradición y vigencia del título, expedido por el competente registro” (resalta la Sala).

(52) Poner a su nombre y solicitar la licencia de tránsito del vehículo en mención.

(53) Sentencia del 9 de febrero de 2012 proferida por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado 21060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(54) Véase www.dane.gov.co. Consulta realizada en 21 de febrero de 2014 a las 11:59 A.M.

(55) La Sala tomara como índice final, el IPC correspondiente al mes de abril de 1999, en tanto que fue esa la fecha que tomó el a quo para actualizar la condena.