Sentencia 2000-02651 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014).

Rad.: 19001233100020000265101(31.268)

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Joaho Francisco Dorando Cerón y otros

Demandado: Nación-Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec

EXTACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a esta Sala determinar, a la luz de los medios de convicción que obran en el proceso, si hay lugar a declarar la responsabilidad estatal y de ser así, proceder a la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes, por las lesiones sufridas por el señor Francisco Nilfo Dorado Mora, en hechos ocurridos el día 21 de marzo de 1998, en las instalaciones de la Cárcel de Santander de Quilichao, Cauca.

3. Análisis del caso.

3.1 El daño.

3.1.1. De acuerdo con el artículo 90 de la Carta, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho(4).

3.1.2. En el sub lite está acreditado que el 21 de marzo de 1998, el guardián Francisco Nilfo Dorado Mora resultó lesionado como consecuencia de un disparo de arma de fuego en el hemitórax izquierdo regional precordial propinado por un grupo de individuos que ingresaron a la Cárcel de Santander de Quilichao con el fin de liberar a uno de los internos. Afectación a su integridad sicofísica que le produjo una disminución de la capacidad laboral del 44% y otras afectaciones a su desenvolvimiento cotidiano (historia clínica —fls. 12 a 16, cdno. 2— y calificación de la Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca junto con evaluaciones psiquiátricas y psicológicas —fls. 67 a 122 y 133 a 138, cdno. 2—). Además, de este hecho da cuenta el libro de minuta de pabellón de la Cárcel de Santander de Quilichao —fls. 157 y 158, cdno. 1—).

3.1.3. También, se encuentra probado que Liliana Cerón Serna es la esposa de la víctima Francisco Nilfo Dorado Mora, los señores Deybi Fabián, Arlex Esteban y Joaho Francisco Dorado Cerón sus hijos, los señores Jorge Eliecer, Jesús Fabio, Gloria Josefina Dorado Mora sus hermanos y Carmen Mora de Dorado su madre y por tanto resultaron afectados con las lesiones de su esposo, padre, hijo y hermano, dado que las reglas de la experiencia permiten inferir el sentimiento de pena que producen eventos como estos en los familiares más cercanos (registros civiles —fls. 7 a 14, cdno. 1).

3.1.4. Como quiera que se encuentra probado el daño objeto de reproche, pasa la Sala a determinar si el mismo es imputable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y, por tanto, a resolver si es menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

3.2. La imputación.

3.2.1 Como se ha puesto de presente en casos como el que ahora se decide, la jurisprudencia de la corporación(5) ha señalado que los atentados frente a la vida e integridad personal que sufren los miembros profesionales de las fuerzas armadas, de policía o de organismo como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario(6) cuyo denominador común está constituido por el elevado nivel de riesgo, por regla general comportan una consecuencia de la actividad profesional que desempeñan voluntariamente y para la que están preparados.

De esta manera, los miembros de estas instituciones que se encuentran vinculados en forma legal y reglamentaria habitualmente están amparados por el régimen laboral que rige para esta especial clase de servidores públicos. Dicho sistema prevé una serie de amparos para aquellos eventos en los cuales se concreta un riesgo que afecta su derecho a la vida o integridad sicofísica.

No obstante lo anterior, la corporación ha considerado que los eventos que exceden los riesgos propios de la actividad que tiene origen en acciones u omisiones atribuibles a la administración, se escapan al régimen laboral y eventualmente puede comprometer la responsabilidad extracontractual del Estado.

3.2.2 En el proceso se encuentra acreditado que el señor Francisco Nilfo Dorado Mora ingresó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el 8 de mayo de 1978. Así mismo, que para el momento de ocurrencia de los hechos, se encontraba prestando sus servicios en la Cárcel de Santander Quilichao, Cauca, es decir era un miembro profesional de la entidad (acta de posesión —fl. 15, cdno. 1— y anotación acta libro minuta de guardia —fls. 143 y 144 y 157 y 158—).

3.2.3. Sobre la circunstancia en que ocurrieron las lesiones del uniformado, en el expediente se encuentran las anotaciones registradas el día de los hechos en el libro de minuta de guardia(7):

“...FECHA: 21/03/1998, HORA: 13:05, ASUNTO: VISITA, ANOTACIONES: Se da inició a la visita masculina para el personal de internos con el respectivo control s/n. 

FECHA: 21/03/1998, HORA: 14:10, ASUNTO: NOTA, ANOTACIONES: A esta hora fue rescatado el interno Córdoba Ortega James por un grupo armado, que entró al establecimiento carcelario disparando continuamente e hiriendo de gravedad al Insp. Lozano Alejandro y a los Dgtes Chamorro Ricardo y Dorado Francisco, procedieron a reventar mediante disparos el candado de la reja del patio # 3 donde se encontraba dicho interno, consiguiendo así su objetivo 

FECHA: 21/03/1998, HORA: 14:40, ASUNTO: VISITA, ANOTACIONES: Se dio por terminada la visita para el personal de internos debido al suceso acontecido, constatando el total de 226 internos más el 01 prófugo (rescatado)...” (fls. 143 y 144 y 157 y 158, cdno. ppal.).

La prueba transcrita, tal como lo manifestó la propia entidad demanda al contestar la demanda, da cuenta que el día 21 de marzo de 1998 día de visita a los reclusos, un grupo de hombres armados ingresó a la Cárcel de Santander de Quilichao con el fin de rescatar al interno James Córdoba Ortega. Con este fin, el grupo de desconocidos recurrió a las armas e hirió a varios integrantes de la institución carcelaria, entre ellos al guardián Francisco Nilfo Dorado Mora.

3.2.4. Al respecto, conviene señalar que el Código Penitenciario y Carcelario —Ley 65 de 1993— regula lo relativo al cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad(8). Para el efecto, esta normativa encargó al Inpec, como integrante del sistema nacional carcelario y penitenciario, la administración de los centros de reclusión.

Con dicho fin, la institución cuenta con un cuerpo de custodia que entre otras funciones tiene el deber de vigilar a los internos, realizarles requisas, contribuir con su resocialización, impedir cualquier conducta que atente contra la disciplina del centro de reclusión y por su puesto contra su propia integridad(9). Estas personas para el cumplimiento de sus labores solo tienen permitido el uso del bastón de mando(10) ya que el uso de las armas solo está permitido para la vigilancia externa del centro de reclusión y para situaciones como los traslados y el trabajo al aire libre. Bajo esta lógica, se ha establecido como norma fundamental de conducta que el uso de las armas y en general de la fuerza solo puede emplearse contra los reclusos para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria o para conjurar una evasión(11).

Ahora bien, dada la naturaleza de la institución, este mismo estatuto a la altura del artículo 31 delimitó el marco de acción de los guardianes y dragoneantes que están a su servicio, señalando expresamente que este se circunscribía al centro de reclusión, dejando bajo la responsabilidad de la fuerza pública la seguridad externa(12).

De lo anterior se sigue como es natural que los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en el giro ordinario de sus funciones estén circunscritos al desenvolvimiento propio de las actividades de los centros de reclusión. Lugares en el que, sea del paso señalar, por esencia se busca que los presos, es decir todos aquellos a quienes se han impuesto penas o medidas de seguridad, comparezcan a juicio o logren la restitución de sus vínculos sociales con el mundo exterior.

Bajo esta perspectiva, los guardianes deben propender al interior de las cárceles por mantener el orden y la seguridad, por cuanto ello además de garantizar la debida convivencia de los reclusos, asegura el ejercicio de sus derechos dentro de los límites propios de su condición y genera el ambiente necesario para los procesos de resocialización.

3.2.5. Así, como se ha puesto de presente por esta Sección en otras oportunidades(13) si las funciones de los guardianes giran en torno a garantizar la reclusión de las personas privadas de la libertad y a prestar seguridad a las mismas al interior de los centros de reclusión, no es posible derivar de las preceptivas que se han mencionado que aquellos estén compelidos en virtud de su actividad, a soportar ataques externos como el ocurrido en este caso.

Situación que en este caso tiene gran relevancia teniendo en cuenta que el guardián afectado ni siquiera era parte del personal dispuesto para prestar la seguridad exterior en el centro de reclusión, sino que estaba dentro del personal dispuesto en uno de los pabellones al momento en que se realizaban las visitas a los reclusos, lo que significa que a lo sumo sus responsabilidades estarían dirigidas a realizar las requisas para evitar el ingreso de objetos o sustancias no permitidas y en general a la conservación de la disciplina en orden a garantizar la seguridad de los internos y los visitantes.

De otra parte, llama la atención la ausencia de efectivas medidas de seguridad y controles en las áreas perimetrales y de ingreso al penal, pues, pese a que no se conoce exactamente las circunstancias en que se produjo el ataque armado, lo cierto es que este se efectuó lo que deja en evidencia que las medidas dispuestas, en todo caso, fueron insuficientes.

3.2.6. En esta medida acreditado como se encuentra que las lesiones del guardián Francisco Nilfo Dorado Mora fueron producto de un ataque externo a la Cárcel de Santander de Quilichao, situación que accedió los riesgos propios que asumió al vincularse a la entidad demanda, es claro que se comprometió la responsabilidad estatal y por tanto debe procederse a la reparación.

3.2.7. Lo anterior no sin antes advertir, que la responsabilidad de la administración no se desvirtúa, en el sub lite por la concurrencia del hecho de un tercero como se señaló en la contestación a la demanda, se requiere, además, la demostración de que el hecho resultó imprevisible e irresistible, empero la Entidad no adelantó la investigación interna sobre los hechos(14) y tampoco se allegaron los resultados de las que se hubieran solicitado a otras autoridades, u otros medios de prueba para conocer las causas y antecedentes. Conducta pasiva que dadas la circunstancia de los hechos no permite dar por establecida la causal de exoneración que se alegó.

4. Perjuicios.

Determinada la responsabilidad de la entidad demandada, la Sala procede a la liquidación de perjuicios solicitados de acuerdo a lo solicitado y probado en el proceso.

4.1. Morales.

4.1.1. Por las lesiones del señor Francisco Nilfo Dorado Mora se solicitó para cada uno de los demandantes la suma de 1.000 gramos de oro.

4.1.2. De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001 —proceso acumulado Nº 13232–15646—(15), la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizado con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(16).

4.1.3. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el quantum de la indemnización por perjuicios morales para las víctimas directas o indirectas en caso de lesiones, la Sección Tercera en providencia del 28 de agosto del presente año(17), unificó su jurisprudencia.

Sobre el particular precisó:

“...Procede la Sala Plena de la Sección Tercera a unificar su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales. 

La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:  

S2000-02651 grf 2
 

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso”. 

4.1.4. En este caso, la Sala considera procedente reconocer a favor de la demandante una indemnización por concepto de perjuicio moral, pues de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera, el parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad, el cual se acredita con el registro civil de nacimiento(18), constituye un hecho probado al partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen los familiares de la persona que sufre un daño, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos.

Así, en atención a la gravedad de la lesión que dejó a la víctima una disminución de la capacidad laboral del 44% corresponde reconocer a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Francisco Nilfo Dorado Mora (victima) 80 smlmv

Liliana Cerón Serna (esposa) 80 smlmv

Deybi Fabián Dorado Cerón (hijo) 80 smlmv

Arlex Esteban Dorado Cerón (hijo) 80 smlmv

Joaho Francisco Dorado Cerón (hijo) 80 smlmv

Carmen Mora de Dorado (madre) 80 smlmv

Jorge Eliecer Dorado Mora (hermano) 40 smlmv

Jesús Fabio Dorado Mora (hermano) 40 smlmv

Gloria Josefina Dorado Mora (hermana) 40 smlmv

4.2 Daño a la salud.

4.2.1. Por este concepto, en la demanda se solicitó para la víctima directa el equivalente a 1.000 gramos de oro fino.

4.2.2. En sentencia de 14 de septiembre de 2011, la Sala Plena de la Sección readaptó la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona(19).

El daño a la salud es aquél que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica, en el ámbito físico, psicológico, sexual o estético, de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (art. 49, C.P.), sin que sea procedente otro tipo de daños (v.gr. la alteración a las condiciones de existencia).

Reforzando la misma idea, “(...) un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia –antes denominado daño a la vida de relación- precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado a la salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”.

La Sala precisó que “(...) desde esta panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración a las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad sicofísica”, lo cual tiene su razón de ser en la ambigüedad conceptual tanto del daño a la vida de relación y en la alteración a las condiciones de existencia, puesto que la falta de limitación conceptual y la imprecisión de ambos impiden su objetivización.

Si el daño a la salud gana precisión, claridad para efectos de su indemnización, en tanto está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que el mismo genera, su tasación deberá ser objetiva, en tanto que determinado el alcance del daño a la salud, éste deberá tener correspondencia con el perjuicio causado para efectos de su valoración económica y su reparación integral.

4.2.3. En relación a este último aspecto, es decir la cuantificación del daño a la salud; igualmente, la Sección Tercera recientemente, unificó su jurisprudencia. Para el efecto, manifestó(20):

“En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera. 

La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la victima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 smlmv, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:  

S2000-02651 grf
 

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.  

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar las siguientes variables:  

— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente) 

— La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.  

— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.  

— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.  

— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.  

— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.  

— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.  

— Los factores sociales, culturales u ocupacionales.  

— La edad.  

— El sexo. 

— Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.

— Las demás que se acrediten dentro del proceso. 

En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 smlmv. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables referidas. En conclusión, la liquidación del daño a la salud se efectuará conforme a la siguiente tabla:  

S2000-02651 grf 1
 

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son excluyentes y no acumulativos, de manera que la indemnización reconocida no podrá superar el límite de 400 smlmv.  

Ahora bien, es menester aclarar que los porcentajes antedichos son indicativos de gravedad, por lo que pueden traducir a categorías cualitativas. De ahí que los porcentajes iguales o superiores se pueden entender como daños cualitativamente graves e intensos, mientras que los de menor porcentaje se entenderán de mayor gravedad. Esto permite atenerse a los criterios porcentuales antedichos, aun cuando se carezca de un valor certificado...”. 

4.2.4. En el presente caso, se pudo establecer que el señor Francisco Nilfo Dorado Mora recibió un disparo con arma de fuego en hemitórax izquierdo región precordial que le significó una incapacidad permanente parcial y una disminución de su capacidad laboral del 44% (calificación Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca —fls. 133 a 138, cdno. 2—).

De otra parte, se encuentra demostrado que el atentado contra su vida le produjo síndrome sed de estrés postraumático lo que alteró su comportamiento personal y social.

El concepto psiquiátrico que sirvió para su calificación de invalidez señala que el paciente tiene marcada minusvalía y depresión...su pronóstico es reservado...a criterio personal se halla 100% incapacitado para trabajar...” (fl. 63, cdno. 2). Esta patología lo llevó a mantenerse incapacitado por un largo periodo y su tratamiento le generó disfunción eréctil (fls. 67 a 122).

De otra parte, el concepto de sicología señala: “MMPI: muestra problemas internos, se siente impotente para resolverlos. Su capacidad de autocrítica es reducida. Muestra alta tendencia a la fantasía al aislamiento en especial enfrentar crisis, dando lugar a una exagerada ansiedad y pérdida de contacto con la realidad. Tendencia a ideas absurdas, alta ansiedad (no legible) a actos compulsivos fobias. En el MACHOVER: Se mostró desconfiado, suspicaz, no manejo adecuado de relaciones interpersonales, se aísla, se deprime fácilmente, problemas de ajuste, no adecuado manejo de la frustración ni de la ansiedad. Paranoia. En el BETA: Se encontró un puntaje de 98% que significa un C.I. MEDIO. Continuar en el trabajo sería una amenaza para él y para otra personas...” (fl. 106. cdno. 2).

4.2.5. Bajo estas circunstancias, se considera que el señor Francisco Nilfo Dorado debe ser indemnizado con 80 smlmv dada la gravedad de sus lesiones y la afectación que aquellas generaron en su desempeño laboral y personal.

4.3. Perjuicios materiales.

4.3.1. En la demanda se solicitó que se condenara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar a favor del señor Francisco Nilfo Dorado Mora la suma de $ 70.000.000 por concepto de lucro cesante, dada la afectación de su capacidad laboral.

4.3.2. En relación a este aspecto se encuentra demostrado que, como consecuencia de las lesiones que sufrió el señor Dorado Mora, aquel padece una disminución de la capacidad laboral del 44%, acreditada con dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez del Cauca(21).

4.3.3. Ahora bien, pese a que se encuentra acreditado que la víctima se encontraba vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- no se encuentran acreditados los ingresos que por dicha actividad devengaba. En este sentido, la Sala como lo viene haciendo en casos como el presente, tomará como base para calcular la indemnización el salario mínimo legal vigente ($ 616.000).

4.3.4. Para calcular el ingreso base de liquidación, la anterior suma de dinero se incrementará un 25% ($ 770.000) que corresponde a las prestaciones sociales y se multiplicará por el porcentaje de disminución de la capacidad laboral ($ 770.000 x 44% = $ 338.800), operación que arrojará la suma con la cual se procederá a efectuar la liquidación, que se hará con las formulas actuariales que la corporación ha adoptado para determinar el lucro cesante consolidado y futuro, así:

Indemnización debida o consolidada

Ra: Renta: $ 338.800

n: Número meses entre la ocurrencia de los hechos (21 de marzo de 1998) y la sentencia (9 de octubre de 2014): 198,6

Formula:

S= Ra (1 + i)n- 1

i

Reemplazando tenemos:

S = $ 338.800 X (1 + 0.004867)198,6-1

0.004867

S = $ 112.965.666,76

Indemnización futura o anticipada

Para el momento de ocurrencia de los hechos el señor Francisco Nilfo Dorado Mora tenía 45 años, pues de acuerdo con su registro civil nació el 26 de septiembre de 1952 (fl. 9, cdno. 1), es decir que tenía una vida probable a la fecha de los hechos de 32,16 años = 385.92 meses de acuerdo a la Resolución 497 de 1997 expedida por la entonces Superintendencia Bancaria.

El periodo futuro resulta de restar a la expectativa de vida (385, 92) el periodo consolidado (198,6 meses) lo que arroja como periodo indemnizable (385,92 - 198,6 = 187.32 meses) 187, 32 meses.

Ra = $ 338.800

Formula:

S = Ra (1+ i)n-1

i (1+i)n

Reemplazando tenemos:

S = $ 338.800 X (1+ 0.004867)187.32-1

0.004867 (1+0.004867)187.32

S = $ 41.576.572,90

4.3.5 Total indemnización lucro cesante debido y futuro: $ 154.542.239,66. Suma inferior a la solicitada en la demanda una vez actualizada $ 170.472.636,82(22).

5. Condena en costas.

No se condenará en costas puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a su imposición cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia de primera instancia, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 29 de marzo de 2005.

2. DECLARAR la responsabilidad patrimonial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por las afecciones a la salud del señor Francisco Nilfo Dorado Mora ocurridas el 21 de marzo de 1998 en las instalaciones de la Cárcel de Santander de Quilichao, Cauca.

3. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

Francisco Nilfo Dorado Mora (victima) 80 smlmv

Liliana Cerón Serna (esposa) 80 smlmv

Deybi Fabián Dorado Cerón (hijo) 80 smlmv

Arlex Esteban Dorado Cerón (hijo) 80 smlmv

Joaho Francisco Dorado Cerón (hijo) 80 smlmv

Carmen Mora de Dorado (madre) 80 smlmv

Jorge Eliecer Dorado Mora (hermano) 40 smlmv

Jesús Fabio Dorado Mora (hermano) 40 smlmv

Gloria Josefina Dorado Mora (hermana) 40 smlmv

4. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar a favor del señor Francisco Nilfo Dorado Mora, por concepto de daño a la salud la suma de 80 smlmv.

5. CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a pagar a favor del señor Francisco Nilfo Dorado Mora, por concepto de lucro cesante la suma de $ 154.542.239,66.

6. Sin condena en costas.

Por secretaría, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo».

3 La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en el año 2000 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 26.390.000 —artículos 129 y 132 del CCA subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 70.000.000, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

5 Ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de mayo 3 de 2001, Exp. 12338, C.P. Alier Hernández; marzo 8 de 2007, Exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; octubre 7 de 2009, Exp. 17884, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 31 de mayo de 2013, Exp. 20445, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2012, Exp. 22444, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 Los declarantes Martha Mireya Cifuentes Solarte, Pedro Pablo Vidal Castro, Elizabeth Serna, María del Carmen Narváez y Amparo Yanett Hurtado Morales si bien fueron interrogados sobre las circunstancias en que se produjeron los hechos, al no ser testigos presenciales se limitaron a señalar que conocían por terceros que el señor Francisco Nilfo Dorado Mora resultó herido mientras laboraba como guardia en la Cárcel de Santander de Quilichao (fls. 20, 23, 26, 29 y 32, cdno. 2). Al ingreso del uniformado al Hospital Universitario del Valle se dejó consignado en la historia clínica: “trabaja en la cárcel y fue herido cuando trataron de rescatar a un interno...” (fl. 13, cdno. 2).

8 El artículo 1º de la Ley 65 de 1993 preceptúa: “Este código regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad”.

9 Artículo 44 de la Ley 65 de 1993.

10 El artículo 47 de la Ley 65 de 1993 señala: “El personal de custodia y vigilancia prestará el servicio en los patios y pabellones de los centros de reclusión, con bastón de mando e impedirá que entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su categoría”.

11 El artículo 48 de esta misma normativa dispone: “Los miembros de la Fuerza Pública y los guardianes, que tuvieren a su cargo el traslado de condenados o detenidos o la vigilancia externa de los establecimientos de reclusión o la custodia de los reclusos que trabajen al aire libre, están autorizados para portar armas con el fin de disuadir y controlar cualquier intento de fuga que pueda presentarse”. Y el artículo 49: “Contra los internos sólo se usará la fuerza necesaria para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida o para conjurar una evasión. Los miembros de la guardia que tengan que recurrir al empleo de la fuerza o de las armas, lo harán en la medida estricta y racionalmente necesaria. Deberán informar de los hechos inmediatamente después al Director del establecimiento, quien a su turno comunicará lo sucedido al Director General del INPEC si así lo considerare”.

12 “ART. 31.—La vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. La vigilancia externa estará a cargo de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad.

(...) 

PAR. 2º—El espacio penitenciario y carcelario comprende la planta física del respectivo centro de reclusión, los terrenos de su propiedad o posesión que la circundan y por aquellos que le sean demarcados de acuerdo con resolución del director del centro de reclusión respectivo”. Este artículo fue modificado por el artículo 35 de la Ley 1709 de 2014, sin embargo se conservó la misma delimitación de competencias.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2013, Exp. 24530A, C.P. Enrique Gil Botero.

14 El director EPMSC Santander de Quilichao sobre el particular manifestó: “...Con relación a investigaciones administrativas o informes que se hayan realizado con relación a los hechos ocurridos el día 21 de marzo de 1998, le manifiesto que revisados los archivos existentes en el establecimiento no se encontró registro alguno”.

15 M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

16 Sobre el particular se pueden consultar la sentencia del 16 de junio de 1994, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, Exp. 7445; y del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Bermúdez, Exp. 14726, entre otras.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2004, Exp. 31.172, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

18 Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 19031. M.P. Enrique Gil Botero.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 28.804, con ponencia de la suscrita.

21 Documento allegado en copia auténtica (fls. 251 a 255, cdno. ppal.). Sobre el particular, se debe precisar que, esta corporación ha acogido para calcular el lucro cesante en eventos de incapacidades parciales o totales definitivas el dictamen emitido por las Juntas de Calificación de Invalidez, habida cuenta que, tiene como objetivo el determinar el origen de la enfermedad y expresamente el porcentaje de la disminución de la capacidad para el desarrollo de actividades laborales con el fin de que las personas puedan acceder en los eventos de incapacidad permanente parcial o de invalidez, a las diferentes prestaciones asistenciales contempladas en el Sistema de Seguridad Social Integral (art. 31 del Decreto 2463 de 2001 derogado por el art. 40 y 61 del Decreto 1352 de 2013).

22 En la demanda se solicitó por este concepto el pago de $ 70.000.000 que una vez actualizados con uso de los índices de precios al consumidor al momento de ocurrencia de los hechos marzo de 1998 (48.24) y el último conocido al dictarse esta sentencia de septiembre de 2014 (117,48) arroja un total de $ 170.472.636,82.