Sentencia 2000-02656 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 760012331000200002656 01

Expediente: 33.679

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Boris Roberto Klinger y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 1º de septiembre de 2006, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

I. Antecedentes 

1.1. La demanda y su trámite.

En escrito presentado el 31 de agosto de 2000, por conducto de apoderado judicial, los señores Boris Roberto Klinger, Tito Antonio y María Lupita Valencia Klinger y la señora Indelira Klinger, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos como consecuencia de las lesiones psicológicas de carácter permanente padecidas por el primero de los nombrados, mientras prestaba servicio militar obligatorio.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, deprecaron a favor de la víctima directa el monto de $ 300.000.000 y, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 30.000.000; finalmente, por concepto de perjuicios fisiológicos solicitaron la suma de 4.000 gramos de oro para ese mismo demandante.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones expusieron los siguientes:

“En el mes de febrero de 1998 Boris Roberto Klinger fue reclutado por el Ejército Nacional para prestar servicio militar obligatorio, siendo adscrito al Batallón de Infantería de Marina Nº 2 con sede en Tumaco (Nariño). Al practicársele los exámenes de admisión, el mencionado resultó apto y contaba a su ingreso a la institución con un perfecto estado de salud mental y física.

Sin embargo, en el mes de febrero de 1999, por órdenes superiores Boris Roberto Klinger fue trasladado hacia el sector de Bahía Solano y posteriormente hacia la bahía de Buenaventura, lugar donde el soldado comenzó a presentar síntomas de locura y desestabilidad mental, asumiendo actitudes no correspondientes a las de un ser humano normal, enfermedad que se desencadenó en la institución a la cual le prestaba sus servicios por razones atribuibles a la excesiva carga física y mental de los entrenamientos que soportó durante ese tiempo, o por cualquier otra causa del servicio.

A pesar del grave estado de enfermedad en que se encuentra Boris Roberto Klinger ha permanecido prestando servicio militar normalmente sin consideración alguna agravando la enfermedad del paciente. Incluso la poca atención médica recibida fue por trámite de la familia que en repetidas ocasiones y por su propia cuenta, lo han llevado a la Clínica de Nuestra Señora de La Paz en Bogotá, donde ha estado recluido y se le ha prestado la asistencia médica debida, pero resultando con una incapacidad médica del 100%, ya que sus condiciones mentales no le permiten desempeñarse normalmente en su vida, ni realizarse como ser humano”(1).

La demanda así formulada fue admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante proveído de fecha 4 de octubre de 2000, el cual se notificó en legal forma a la entidad demandada y al Ministerio Público(2).

1.2. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por los actores. Como razones de su defensa se limitó a manifestar que correspondía a la parte actora acreditar cada uno de los elementos de la responsabilidad del Estado respecto del daño que sirvió de fundamento a la presente acción, máxime cuando la afectación en la salud del actor se podría diagnosticar como presentada en el servicio, pero no por causa o razón del mismo, a lo cual agregó que “es muy difícil detectar tal enfermedad mental con un examen de medicina general, como lo es el que se practica para la incorporación del personal en las filas del Ejército Nacional”(3).

1.3. Vencido el período probatorio, dispuesto en providencia proferida el 19 de noviembre de 2001 y fracasada la etapa de conciliación, el tribunal de primera instancia dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto mediante auto de 10 de junio de 2005(4).

Dentro de la correspondiente etapa procesal tanto las partes como el Ministerio público guardaron silencio(5).

1.4. La sentencia de primera instancia.

Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 1º de septiembre de 2006, oportunidad en la cual denegó las pretensiones de la demanda, por considerar, básicamente, que a partir de los medios probatorios recaudados en el proceso podía deducirse que no existía nexo causal alguno entre el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la enfermedad mental padecida por el señor Boris Roberto Klinger y conducta alguna —por acción u omisión— desplegada por la demandada que hubiere producido dicho daño, toda vez que “se acreditó en el plenario que la psicosis que este padecía, era consecuencia del consumo habitual de sustancias psicoactivas, de lo cual se dejó constancia en las primeras consultas psicológicas en las instalaciones de la demandada en el mes de 1999, en los que se informó desde aquella época la antigüedad de su dependencia a las sustancias alucinógenas (...). Asimismo, se demostró que recibió tratamientos psicológicos y psiquiátricos pertinentes para la superación de dicha afección (...). Tampoco se acreditó en el expediente que el señor Klinger Valencia hubiera sido sometido a malos tratos, vejámenes, torturas psicológicas, entrenamientos excesivos, bien por sus superiores o subalternos que pudieran hacer pensar que la patología que padecía se agravó por cualquiera de ellas”(6).

1.5. El recurso de apelación.

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación, el cual fue concedido por el tribunal a quo el 1º de diciembre de 2006 y admitido por esta corporación el 15 de marzo de 2007(7).

Como fundamento de su inconformidad para con la sentencia de primera instancia, la parte recurrente insistió en que en el presente asunto se presentó una falla en el servicio imputable a la demandada, comoquiera que la enfermedad padecida por el soldado Boris Roberto Klinger no fue advertida en el examen médico de ingreso al Ejército Nacional, la cual se agravó durante su permanencia en la institución, a lo cual agregó que debía tenerse en cuenta que el ahora demandante había ingresado en óptimas condiciones de salud al Ejército Nacional y que era obligación de esa institución reingresar a los ciudadanos en esas mismas condiciones sicofísicas, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues “fue devuelto al seno de su familia en deplorable estado y totalmente desamparado en servicio de salud”, circunstancia que comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado.

Indicó, finalmente, que en el mes de febrero de 2003 el joven Boris Roberto Klinger perdió la vida “tras haber sufrido y pasado continuas crisis a raíz de su vinculación al ejército”(8).

1.6. Una vez se dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio(9).

1.7. Mediante proveído de fecha 22 de abril de 2014, el Magistrado Sustanciador del proceso, envió el expediente al despacho del Magistrado Ponente de la presente sentencia, con el fin de que se realizara una ponencia que acogiera el criterio mayoritario de la Subsección adoptado en Sala celebrada el 9 de abril del año en curso(10).

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el presente asunto sometido a su conocimiento.

II. Consideraciones  

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2000, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, comoquiera que la demanda se presentó el 31 de agosto de 2000 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 300.000.000 por concepto de lucro cesante a favor de la víctima directa, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 26.390.000(11).

Por otro lado, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la patología mental padecida por el soldado Boris Roberto Klinger fue determinada y, por ende, conocida por los demandantes a partir del 25 de marzo de 1999, día en que se celebró la junta médica-laboral para evaluar la incapacidad médico-legal del referido soldado(12), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 31 de agosto de 2000, se impone concluir que la misma se interpuso oportunamente.

La Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos narrados en la demanda.

2.2. Régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Esta Sala, en sentencia de 19 de abril 2012(13), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación.

Así pues, en tratándose de supuestos como el que mediante esta providencia se resuelve, marco en el cual se le atribuye al Estado el daño antijurídico causado a una persona impelida a prestar servicio militar obligatorio, la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que la imputación del mismo puede ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional—, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma.

Para llegar a dicha conclusión, la Sala ha diferenciado la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a quienes prestan servicio militar obligatorio y respecto de los soldados voluntarios o profesionales; en el primero, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, en el cual no hay vínculo de carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado profesional), el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor.

A diferencia del soldado profesional, que ingresa en forma voluntaria a las filas del ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado o auxiliar de policía que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado. En el marco de esa situación, el conscripto no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo le reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilarse al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección(14), ha discurrido de la siguiente forma:

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(15); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando este proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

‘... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquel es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando este haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”(16) (negrillas adicionales).

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados conscriptos, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio y al disponer de su libertad individual, entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos en el desarrollo de tal relación, razón por la cual resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) el rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estarían sometidos, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(17).

En ese sentido, se ha afirmado que, en relación con las personas que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste una especial relevancia, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en cualesquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la administración pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del conscripto en la medida en que se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

Respecto de la responsabilidad derivada de las obligaciones de especial sujeción que asume el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, esta Sala, en providencia del 15 de octubre del 2008(18), sostuvo:

“El Estado frente a los conscriptos y reclusos, adquiere no solo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos.

En conclusión, en cada caso concreto en los cuales se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, es necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a la generación del mismo, específicamente, al situar al conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas o por una falla del servicio.

No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño”.

La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Al respecto, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquel es imputable al Estado”(19) (negrillas adicionales).

Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no resulta procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica en relación con los daños ocasionados a soldados regulares, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública(20).

Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causal eximente de responsabilidad por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo.

Bajo dicha perspectiva, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por la enfermedad mental padecida por el soldado Boris Roberto Klinger.

2.3. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica de la historia clínica del señor Boris Roberto Klinger realizada por la psicóloga adscrita al Dispensario Naval de Buenaventura, en la cual consignó la siguiente información (se transcribe incluso con errores):

Fecha: Marzo 23 de 1999. Edad: 19 años. Fecha de nacimiento: 26 de noviembre de 1979. Escolaridad: 6 grado. Contingente de ingreso: Tercero/1998. Dirección: Barrio San Martín en Tumaco (...).

Motivo de consulta:

El infante es traído a psicología por el comandante de la compañía comando y servicio porque cada vez presenta más problemas en esta unidad, en cuanto a que no obedece a los cuadros y arremete a sus compañeros físicamente.

El joven expresa que se siente aburrido en el servicio militar porque ‘me la tienen montada los cuadros’.

Expresa que estos siempre ha sucedido al obedecer a sus padres, desde que sus padres se separaron (por alcohol y golpes). Expresa además que tiene una compañera con la cual no convive y con la cual tiene una hija, la cual no se la dejan ver por su forma de ser.

Descripción: Se describe como una persona ‘normal’, de mal genio, impulsivo, callado, solitario, desobediente, desordenado, inseguro.

El infante trató de matar a un compañero porque lo estaba molestando, expresa que se le tiraron dos cabos y otro infante para que no atentara contra su compañero, desde entonces no tiene fusil (hace tres días).

Hace dos meses fue asignado para prestar servicio militar en Bahía Málaga pero afirma que el Teniente Aldana lo trasladó para Bahía Solano (Chocó).

Su folio de vida está lleno de sanciones entre las que figura una simple, severa, y una por Ley 200 al indagar expresa que no sabe el porqué.

El joven no maneja contacto visual, poca fluidez verbal, menciona que tiene problema para conciliar el sueño (1 mes y quince días), expresa estar presentando pesadillas, se observan ojeras, manifiesta que tiene un buen apetito pero gracias a la marihuana porque si no consume no puede comer, no le da hambre, expresa que se le olvidan las cosas (problemas de memoria tanto acorto como largo plazo).

En ocasiones mencionó que actúa de forma impulsiva, hace cosas extrañas por eso lo apodan el loco, cuando lo mandan siente mucha rabia evidenciándose al presentar dificultad para adaptarse a figuras de autoridad (contesta y en ocasiones no hace lo que le mandan), menciona que siente deseos de llorar con frecuencia, cambios de ánimo de manera repentina de alegría a tristeza, buen genio al mal genio, muestra un temblor en las manos de manera permanente.

Expresa que no ha sufrido de enfermedades que recuerde en ocasiones, mientras habla presenta tartamudez.

La atención del joven es muy dispersa, está localizado solo en el tema del consumo de la marihuana y acompaña estas palabras con el tocarse la cabeza.

Se observa:

1. Presenta pensamiento obsesivo.

2. Culpabiliza a otros de que las cosas no le salgan bien.

3. El paciente presenta adicción crónica a las sustancias psicoactivas especialmente a la marihuana.

4. Dificultad para obedecer a las figuras de autoridad lo cual genera mayores conflictos en su servicio militar.

5. Es un joven que presenta baja autoestima y poca confianza en sí mismo lo cual permite mayor adicción a las sustancias.

“Fecha: Marzo 25 de 1999.

“Se le pide al infante de marina que realice el dibujo de la figura humana encontrando que se observa a una persona con un coeficiente intelectual muy bajo, sus trazos son primitivos y con temblor, no se evidencia normas ni limites en repertorio conductual, presenta dificultad para expresar sentimientos, problemas con lo social.

También se le pidió que realizara un texto, el cual presenta:

1. No utiliza signos de puntuación.

2. Inadecuada separación de palabras.

3. Problema de comprensión y sintaxis.

Se le realiza una prueba de PNP, en el cual se observó que presenta tendencias de psicopatía es decir de dificultad para adaptarse de manera adecuada a un medio, además se observa una tendencia paranoica, está percibiendo el medio social que lo rodea como amenazante, lo cual es un riesgo para continuar con la vida militar.

Recomendaciones:

1. De acuerdo con la situación del infante se observa que el consumo de sustancias psicoactivas cada vez afecta más su desempeño en todas las áreas de su vida.

2. Se hace necesario que el infante de marina se traslade a Bogotá para ser hospitalizado por presentar un trastorno mental asociado al consumo de sustancias psicoactivas.

3. Estando en Bogotá es necesario realizarle junta médico-laboral para definir su situación en el servicio militar”(21) (se ha resaltado).

— Copia auténtica del informe psicológico del señor Boris Roberto Klinger Valencia, suscrito el 30 de marzo de 1999 por la psicóloga de la Segunda Brigada del Ejército, en el cual concluyó lo siguiente:

“Partiendo del examen mental y de la prueba PNP cuyos resultados son los siguientes TN 68 (248), TP 12, PS 13, se evidencia que el sujeto en mención presenta F 60.2, que afecta su desempeño laboral y militar.

Recomendación:

Teniendo en cuenta los factores observados se deduce que el joven no cumple con los requisitos del perfil exigido por la institución para continuar prestando su servicio militar(22) (resaltado adicional).

— Copia auténtica de la historia clínica del señor Boris Roberto Klinger, respecto de la atención que brindada en la Clínica Nuestra Señora de la Paz de Bogotá, de la cual resulta pertinente transcribir los siguientes apartes:

“Fecha: 24/04/1999.

Enfermedad actual: Cuadro que se inicia hace dos años con consumo de cannabis con frecuencia intermedia, un cigarrillo al día. Refiere que esto comenzó con la separación de sus padres, disforia frecuente, tratamiento de conducta adictiva.

“(...).

“Antecedentes patológicos: HPACP en costado izquierdo con toracotomía, sin secuelas hace (1) año.

Examen físico: ACG. TA 120/80 FC 72X’ Fr, 20’ hemodinámicamente estable, sin otros hallazgos.

EJE I. Conducta adictiva al cannabis.

EJE II. Rasgos de personalidad dependiente.

EJE II. Sin alteración.

EJE IV. No hay apoyo familiar para TTO por accesibilidad geográfica.

Conducta: Se hospitaliza en piso masculino. R1. Psiqu. Ur.

Medicación:

1. Hospitalizar en piso masculino.

2. Alprazolam -XANAX- 0,25 MG, VO. 1-0-1.

3. SS. Valoración por psicología.

4. Observación.

5. CSV Y AC.

Remisión interna para psicología:

Paciente con historia de conducta adictiva a cannabis de dos años de evolución, iniciado después de la separación de sus padres, desea tratamiento. Se remite de Cemed para valoración y aplicación de test psicológico pertinente, completo de diagnóstico y TTO.

“(...).

Resumen epicrisis.

Fecha: 06/16/1999.

Paciente con 53 días de hospitalización, ingresado por conductas y alteraciones comportamentales secundarias al abuso de sustancias de 2 años de evolución a raíz de la separación de sus padres (según el paciente, su padre también es adicto al consumo de sustancias perjudiciales). Durante su permanencia en la institución se estableció que este paciente presenta un trastorno depresivo reforzado por la conflictiva vida familiar que motivó la separación de sus padres y su incursión en las sustancias de abuso. Es una personalidad pasivo dependiente, con conductas manipuladoras, frecuentes alteraciones de estado de ánimo, ocasionalmente hostil e irritable, con pobre control de impulsos. En la institución se ha establecido que busca la manera de obtener marihuana y que al parecer la ha consumido también durante su hospitalización. Examen neurológico reportado como normal, se practicó estudio psicológico, cuyos resultados fueron consignados en evolución. La sintomatología depresiva ha mejorado. Para este paciente se recomienda su vinculación a un programa de farmacodependencia.

No debe portar armamento como medida preventiva y por el pobre control de impulsos.

Epicrisis: trastorno depresivo, fármaco dependencia, personalidad pasivo dependiente. Pobre red externa de apoyo por disfunción familiar y situación geográfica.

“(...).

“Fecha: 06/18/1999.

Enfermedad actual: Paciente quien se encontraba hospitalizado en esta institución, el día de hoy se le había dado salida definitiva, presenta en el Hospital Militar episodio de agitación con heteroagresividad, motivo por lo que es remitido. Viene solo.

“(...).

“Fecha: 07/15/1999.

Epicrisis: Paciente con 27 días de reingreso por alteraciones comportamentales y agresividad, con pobre control de impulsos durante su actual hospitalización, se encontraron síntomas psicóticos de tipo paranoide, persecutorio que bien pueden estar relacionados con el consumo de sustancias de abuso que el paciente niega en los últimos días, ha estado calmado, orientado, lucido, coherente, colaborador, feliz con el anuncio de la venida de su madre, libre de síntomas psicóticos y con adecuado comportamiento, no debe portar armamento ni estar en vigilancia.

Medicación: carbamazepina, risperidona, alzoprazolam, zolpidem.

“(...).

“Fecha: 09/15/1999.

“Epicrisis: Paciente con 4 días de reingresado por reactivación de sintomatología psicótica, relacionada con el consumo de sustancias de abuso. En este paciente hay núcleos depresivos y sentimientos de soledad y abandono que influyen en su síndrome de dependencia de las drogas. Se la ha dado el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico integral con resultados satisfactorios en cuanto a remisión de síntomas psicóticos, pero pobres en cuanto a la toma de conciencia relacionado con el abuso de sustancias.

“Fecha: 05/10/1999.

“Enfermedad actual: Pte. con reactivación de trastorno mental de 3 días de evolución consistente en hetereoagresividad, ideas delirantes tipo persecutorio, alucinantes auditivas, demandante, cefalea global intensa, ansiedad, insomnio, también consumo de cannabis en los últimos días (5).

“Fecha: 08/10/1999.

“Epicrisis: Paciente en su tercer día de reingreso por alteraciones del comportamiento y agresividad secundarias, al parecer, al consumo de sustancias de abuso y toma irregular de la medicación. Actualmente está controlada la sintomatología motivo de su reingreso, por petición del Dr. Parra se da salida definitiva para junta médica-laboral el lunes.

Paciente que estaba en su 18 día de hospitalización, con los Dx. Y evoluciones anotados, fue retirado por sanidad militar el viernes de la semana anterior para junta médica-laboral.

“(...).

Fecha: 01/14/2000.

Enfermedad actual: Pte. con más o menos un (1) año de trastorno mental, quien es traído desde el batallón al parecer por agitación psicomotora, con agresividad. ‘Rompí un espejo en el batallón porque me robaron mis cosas’. Sin alteración en el sueño, sin alucinaciones, sin TTO, desde hace un mes no refiere consumo de estupefacientes.

Examen físico:

EJE I: Psicosis orgánica?

EJE II: Rasgos de personalidad dependiente.

Mediación:

1. Hospitalizar en piso.

2. Carbamazepina 200 MG.

3. Alprazolam.

“(...).

“Fecha: 01/03/2000.

“Enfermedad actual: Paciente ingresado el 14 de enero de 2000 por presentar alteraciones en el comportamiento y agresividad de características maniacas y psicoactivas inducidas por el abuso de sustancias. Es un paciente con un trastorno de personalidad pasivo dependiente, con pobre control de impulsos, baja tolerancia a la frustración y frecuentes manifestaciones sintomatológicas de tipo polimorfo, actualmente está libre de actividad psicótica y de manifestaciones afectivas, con adecuado control de impulsos y buen patrón de sueño por lo cual se le da salida definitiva para que continúe siendo manejado en su dependencia.

Medicación:Carbamazepina,Risperidona,Zolpidem,Fenergán. 

Epicrisis:

“EjeI:Trastornobipolarmaniacoconsíntomaspsicóticos.Psicosisinducidapordrogas. 

EjeII:Trastornoafectivodelapersonalidad(23) (negrillas y subrayas adicionales).

— Copia auténtica del acta de la junta de calificación de invalidez, regional Valle del Cauca, realizada el 19 de noviembre de 2003, sin embargo se dejó constancia que esta se realizó “con fecha de estructura de pérdida de capacidad laboral del 25demarzode1999”. En dicho documento se estableció que el señor Boris Roberto Klinger presentaba “[t]rastorno de dependencia al uso de sustancias psicoactivas —Psicosis por consumo de drogas—”, todo lo cual le produjo una merma en su capacidad laboral equivalente al 51.85%(24).

— Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Boris Roberto Klinger Valencia, el cual indica que su muerte se produjo el día 23 de febrero de 2003, en la ciudad de Tumaco, Nariño, debido a “causa natural”(25).

— Mediante certificación expedida el 30 de septiembre de 2002 el Jefe Mayor de la Segunda Brigada de Infantería de Marina certificó que “el mencionado [se refiere a Boris Roberto Klinger] se encontraba prestando servicio militar en el Batallón de Fusileros de I.M. Nº 6 con sede en Bahía Solano (Chocó), siendo trasladado posteriormente a la Compañía de Apoyo y Servicios para el Combate con sede en Buenaventura”(26).

— Obran en el proceso los testimonios rendidos ante el a quo por los señores Andrés Lorenzo Cedeño, Wilson Olindo Castro Delgado y Yolanda Quiñónez Mairongo quienes en sus declaraciones coinciden en señalar que el señor Boris Roberto Klinger se desempeñaba como vendedor de pescado antes a su incorporación al Ejército Nacional para prestar servicio militar obligatorio y que dentro de la referida institución sufrió problemas psicológicos que obligaron a que fuera internado en una clínica psiquiátrica en la ciudad de Bogotá, donde recibió atención para su cuadro clínico, pero que el Ejército le dio de alta sin que hubiera terminado de recuperarse completamente(27).

2.4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, en tanto la enfermedad mental padecida por el señor Boris Roberto Klinger Valencia “trastorno bipolar maniaco con síntomas psicóticos. Psicosis inducida por drogas. Trastorno afectivo de la personalidad lumbalgia osteoarticular y hernia discal”, constituyen unos trastornos psíquicos que suponen, per se, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada.

Ahora bien, el caso sub examine, se encuentran probados los siguientes hechos:

I. Que el señor Boris Roberto Klinger ingresó a prestar servicio militar “en el tercer contingente del año 1998” en el Batallón de Bahía Solano (Chocó) y fue trasladado posteriormente a la Compañía de Apoyo y Servicios para el Combate con sede en Buenaventura, sin embargo no se precisó su fecha exacta de ingreso y de salida de la institución.

II. Que el referido soldado bachiller acudió a consulta con la psicóloga del Batallón Naval de Buenaventura el 23 de marzo de 1999, por presentar graves alteraciones en su comportamiento y adicción “crónica” a sustancias psicoactivas, especialmente, marihuana, también se estableció que presentaba “tendencias de psicopatía y tendencias paranoicas”, razón por la cual se recomendó la realización de una junta médico-laboral para definir su situación militar, toda vez que “el joven no cumple con los requisitos del perfil exigido por la institución para continuar prestando servicio militar”; no obstante lo cual dicha junta médica solo se realizó 4 años y medio después, esto es el 19 de noviembre de 2003, pero dicha incapacidad se realizó “con fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral de 25 de marzo de 1999”.

III. Que según la historia clínica del señor Roberto Klinger Valencia la atención que se le brindó en la Clínica Nuestra Señora de la Paz de Bogotá, entre los meses de abril de 1999 y marzo de 2000, consistió en un tratamiento para su cuadro clínico de “síntomas psicóticos de tipo paranoide, persecutorio que pueden estar relacionados con el consumo de sustancias alucinógenas”, y que durante los cinco (5) reingresos a la aludida clínica, el paciente presentó “trastorno depresivo y personalidad pasivo dependiente”.

IV. Que el día 1º de marzo de 2000 el señor Boris Roberto Klinger fue dado de alta de la Clínica Nuestra Señora de La Paz, toda vez que esa institución de salud encontró que “actualmente está libre de actividad psicótica y de manifestaciones afectivas, con adecuado control de impulsos y buen patrón de sueño”, no obstante lo cual se le formularon los siguientes medicamentos: “carbamazepina, risperidona, zolpidem, fenergán”(28), destinados a tratar su cuadro clínico de “trastorno bipolar maniaco con síntomas psicóticos”.

V. Que según el registro civil de defunción del señor Klinger Valencia, este falleció el 23 de febrero de 2003 en la ciudad de Tumaco, Nariño, como consecuencia de “muerte natural”.

Así las cosas, con fundamento en lo expuesto, en los antecedentes de la demanda narrados al inicio de esta providencia y el material probatorio relacionado, es posible concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse bajo el título de daño especial(29), toda vez que dentro del proceso se tiene acreditado que si bien el joven Boris Roberto Klinger consumía sustancias alucinógenas con anterioridad a su incorporación al servicio militar obligatorio —las cuales habrían provocado su enfermedad mental, lo cual en verdad no está probado—, lo cierto es que dicha afección mental solo se presentó o se agudizó mientras se encontraba vinculado al Ejército Nacional como soldado conscripto.

Adicionalmente, debe resaltarse que a pesar de que desde el día 25 de marzo de 1999, el aludido soldado —según el acta de la junta médico—laboral, padecía una incapacidad permanente equivalente al 51,85%, lo cierto es que la institución lo mantuvo en la prestación del servicio militar hasta el mes de marzo de 2000, circunstancia que afectó su cuadro clínico, toda vez que desde el 25 de marzo de 1999, la psicóloga que lo examinó concluyó que “el joven no cumple con los requisitos del perfil exigido por la institución para continuar prestando su servicio militar obligatorio”.

No obstante lo anterior, reconoce la Sala que el Ejército Nacional brindó al soldado conscripto Boris Roberto Klinger los tratamientos y medicamentos para contrarrestar su cuadro clínico, sin embargo, el aludido soldado no se recuperó de sus afecciones mentales, las cuales —reitera la Sala—, se presentaron y/o se agravaron durante la prestación del servicio militar obligatorio, a lo cual cabe agregar que el Ejército Nacional le dio de alta de la institución con medicamentos para su cuadro clínico consistente en “trastorno bipolar maniaco con síntomas psicóticos”(30).

Así las cosas, el daño antijurídico que fundamentó la presente acción le resulta imputable al Estado, comoquiera que si bien la enfermedad mental padecida por el soldado Klinger Valencia no fue catalogada como una afección producida “con ocasión del servicio”, lo cierto es que esta sí se presentó y/o se diagnosticó durante la prestación del servicio militar obligatorio y, a pesar de que se le brindó tratamiento médico, no fue posible lograr su recuperación.

Ahora bien, en gracia de discusión, de llegar a aceptarse que la afectación mental que padeció el joven Klinger Valencia se produjo como consecuencia de su adicción al consumo de sustancias psicoactivas, para la Sala la conclusión respecto de la responsabilidad de la entidad demandada sería la misma, toda vez que de conformidad con jurisprudencia constante de la Corte Constitucional, las personas que padecen drogadicción como enfermedad crónica, son sujetos de especial protección constitucional(31), comoquiera que la drogadicción tiene como consecuencia el sometimiento del individuo a un estado de debilidad e indefensión, que hace necesaria la intervención del Estado, en procura de mantener la garantía de protección de los derechos constitucionales del afectado. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en Sentencia T-684 de 2002(32), frente al tema de la adicción a sustancias psicoactivas, manifestó que,

“... es dable afirmar que quien sufre de adicción a sustancias psicotóxicas es un sujeto de especial protección estatal, pues a la luz de la Carta Política y de la jurisprudencia constitucional, se trata de una persona que padece una enfermedad que afecta su autonomía y autodeterminación, pone en riesgo su integridad personal y perturba su convivencia familiar, laboral y social.

Así las cosas, la atención en salud que se requiera para tratar efectivamente un problema de drogadicción crónica, debe ser atendida por el sistema integral de seguridad social en salud, bien a través de las empresas promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado o mediante instituciones públicas o privadas que tengan convenio con el Estado”.

Agréguese a lo anterior que dicho daño antijurídico padecido por la víctima no puede ni debe acogerse como una causa extraña o jurídicamente ajena a la administración demandada, habida cuenta que se trató de un soldado bachiller, frente al cual el Estado, como se indicó precedentemente, se encuentra en una relación de especial sujeción, circunstancia que lo hace responsable del daño padecido por la citada víctima directa, toda vez que —se reitera—, en virtud de dicha relación de especial sujeción, al Estado le corresponde asumir la seguridad e integridad psicofísica de los soldados que presten servicio militar obligatorio, razón por la cual le resultan imputables los daños que se produzcan bajo el desarrollo de dicha relación —esto es durante la prestación del servicio militar obligatorio—, máxime si debido a su enfermedad mental, se encontraba en una situación que lo hacía sujeto de una especial protección constitucional.

Por fuerza de todo lo anteriormente expuesto, se impone concluir que la aparición y/o complicación grave de la enfermedad mental del soldado conscripto Boris Roberto Klinger mientras prestaba servicio militar obligatorio, no puede considerarse jurídicamente ajena o exterior a la entidad demandada, la cual está llamada a responder en este caso bajo el título de imputación de daño especial, dado el fundamento constitucional y legal de la anteriormente explicada “relación de especial sujeción”(33).

Ese mismo marco conceptual impone entender que es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar —en este caso concreto—, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, como fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, y ocurre que ninguna de estas causales eximentes de responsabilidad ha sido acreditada en el plenario, todo lo cual impone la revocatoria de la sentencia impugnada y, en consecuencia, se procederá a abordar el estudio de la indemnización solicitada en la demanda.

Finalmente, respecto de la muerte del señor Boris Roberto Klinger, advierte la Sala que no efectuará pronunciamiento alguno, pues ni con la demanda ni tampoco con el recurso de apelación se realizó imputación alguna frente a la entidad demandada, lo cual impide que se aborde dicho aspecto, amén de que como se indicó en el referido registro civil de defunción, su muerte se produjo de forma natural y luego de tres años después de haber sido desvinculado del Ejército Nacional.

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.

Acerca de los daños causados por las lesiones psicofísicas que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, pues hay situaciones en las cuales estas —las lesiones sufridas—, son de tal magnitud que su ocurrencia alcanza a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido y a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la lesión.

De igual forma, resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta las circunstancias, la naturaleza, la gravedad de las lesiones psicofísicas sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Así pues, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida es de tal entidad que puede poner en riesgo la vida e integridad de la misma persona y de las personas que lo rodean, tal y como ocurrió en el sub lite, pues el joven Boris Roberto Klinger presentó o se le diagnosticó “trastorno bipolar maniaco con síntomas psicóticos”, el cual además de las particularidades propias de la enfermedad le significó un porcentaje de incapacidad médico-laboral equivalente al “50.81%”, tal y como lo certificó la junta médica-laboral, todo lo cual le produjo a la víctima directa y a sus familiares, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada(34).

Finalmente, observa la Sala que obran en el proceso los respectivos registros civiles de nacimiento de los señores Tito Antonio Valencia Klinger, María Lupita Valencia Klinger y la señora Indelira Klinger, los cuales acreditan la calidad de madre y hermanos respecto de la aludida víctima directa(35).

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta tanto la prueba recaudada con la cual se demostró las afectaciones sufridas por los demandantes, como los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, se impone acceder al reconocimiento de 70 SMLMV a favor de la sucesión del señor Boris Roberto Klinger (q.e.p.d.) y la misma cantidad para su madre, señora Indelira Klinger, así como la suma de 40 SMLMV a favor de cada uno de sus hermanos, señores Tito Antonio y María Lupita Valencia Klinger.

2.5.2. Perjuicios por daño a la salud.

En relación con el perjuicio fisiológico, hoy denominado daño a la salud, derivado de una afectación a la integridad psicofísica del señor Boris Roberto Klinger, la Sala reitera la posición acogida en las sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011(36), en las cuales se precisó:

“De modo que, el “daño a la salud” —esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica— ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente determinar el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (C.P., art. 49) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v. gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, comoquiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v. gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad(37).

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia —antes denominado daño a la vida de relación— precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

“(...).

“En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo” (negrillas del texto original).

Así mismo, la Sala en sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros(38), determinó, de acuerdo con el principio del arbitrio iuris, los parámetros de liquidación y valoración del daño a la salud, en cuanto a su contenidos objetivo (estático) y subjetivo (dinámico); en la providencia se estableció:

“El arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley.

De allí que sí existen criterios de valoración del daño a la salud, de manera concreta, de la siguiente forma:

1. El ámbito o espectro objetivo o estático del daño a la salud se determinará a través del arbitrio iuris, para lo cual se tendrá en cuenta la edad de la víctima y la gravedad de la lesión, lo cual permitirá emplear la regla de tres, al tener en cuenta que a la mayor incapacidad corresponde un valor máximo de cuatrocientos salarios mínimos mensuales vigentes, como lo ha hecho la jurisprudencia de tiempo atrás

2. En cuanto al contenido dinámico del daño a la salud, esto es, las particularidades o especificidades que ese perjuicio significa para cada víctima en particular (v. gr. no es lo mismo la pérdida de una mano para alguien que tiene como “hobbie” ir a cine, frente a alguien cuyo esparcimiento lo obtiene de tocar el piano o pintar cuadros). En este tipo de eventos, en los que la persona logre acreditar unas consecuencias particulares que harían más gravosa su condición al resultar afectado en su integridad psicofísica, el juez podrá incrementar, con base en el arbitrio iuris, la indemnización correspondiente al factor objetivo del daño a la salud. No obstante, se itera, en principio no se podrá reconocer una suma superior a 400 SMMLV, pues este es el tope —sumado el ámbito estático y dinámico— del daño a la salud.

Por consiguiente, el daño a la salud reviste una connotación bifronte, una estática u objetiva que garantiza la máxima “a igual afectación a la integridad psicofísica debe corresponder una idéntica o similar compensación del perjuicio”, y una perspectiva dinámica o subjetiva —que permite hacer realidad la igualdad material— debido a que en este componente se permite que el juez eleve en un preciso porcentaje la reparación por cuenta de las condiciones particulares de la víctima.

No se trata de reparar la vida relacional o social de quien sufre el daño (en el espectro dinámico), sino de reconocer un porcentaje adicional debido a situaciones particulares que hacen que para ese sujeto específico la afectación correspondiente sea más grave”.

Conforme a lo anterior, debe señalarse que en los casos en que las lesiones revisten mayor gravedad, esto es una incapacidad del 100%, se ha concedido por daño a la salud el equivalente a 400 salarios mínimos mensuales vigentes. Por lo tanto, aplicando una simple regla de tres, y establecido que el porcentaje de incapacidad del señor Boris Roberto Klinger (q.e.p.d.), es del 51,85%, se reconocerá a favor de la sucesión de esta persona el valor de 207,4 salarios de la misma índole, por lo cual, el monto de la indemnización resulta proporcional con la lesión sufrida, esto de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que han sido trazados sobre la materia, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y, por lo tanto, la magnitud del perjuicio que supone una significativa variación en el estado de salud del demandante principal.

2.5.3. Perjuicios materiales.

— Daño emergente.

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados, se solicitó en la demanda que se condenara al pago de la suma global de $ 30.000.000, por concepto de “gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y en fin, todos los gastos, que sobrevinieron y sobrevendrán en el futuro para lograr la recuperación y conservación de la salud del señor Boris Roberto Klinger”.

Sobre el particular, advierte la Sala que dentro del proceso no obra medio probatorio alguno que acredite tales perjuicios materiales, razón por la cual las pretensiones respecto de su reconocimiento serán denegadas.

— Lucro cesante.

Sobre el particular advierte la Sala que, si bien no se aportó prueba alguna respecto de sus ingresos por concepto de la actividad comercial de venta de pescado que el señor Boris Roberto Klinger presuntamente desarrollaba, la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se asume que toda persona que se encuentre en edad productiva - devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente(39).

— Indemnización debida o consolidada:

Se tomará como período indemnizable el comprendido entre la fecha en la cual el señor Boris Roberto Klinger fue dado de baja del Ejército Nacional —mar./2000—, pues a partir de esa fecha se entiende que empezaría a desarrollar algún tipo de actividad productiva, y la de la su muerte —feb. 23/2003—, para lo cual se liquidará a favor del citado demandante el perjuicio material por el ingreso adicional que dejó de percibir a raíz de la invalidez que le produjo el accidente, el cual fue certificado por la junta médica-laboral del Valle del Cauca en 51,85%. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(40), se liquidará dicho perjuicio material en un porcentaje equivalente al 100% de la invalidez, de acuerdo con los siguientes datos y operaciones:

Ingresos de la víctima al momento de la lesión: $ 260.100

Período consolidado: 36 meses

Índice final: abril de 2014 (último conocido): 116.243

Índice inicial: marzo de 2000: 60.076

Actualización de la base: 

2000-02656F1
 

RA = $ 503.275, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2014 ($ 616.000), se tomará este último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 770.000).

Entonces:

Ra = $ 770.000

I = Interés puro o técnico: 0.004867

2000-02656F2
 

S = $ 700.000 x 39,242

S = $ 27.469.643

Total perjuicios materiales para la sucesión del señor Boris Roberto Klinger (q.e.p.d.): Veintisiete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos ($ 27.469.643).

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del cauca, el 1º de septiembre de 2006.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de las lesiones psicofísicas ocasionas al señor Boris Roberto Klinger, mientras prestaba servicio militar obligatorio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por concepto de indemnización de perjuicios morales, a favor de las personas que se relacionan a continuación:

Sucesión del señor Boris Roberto Klinger (víctima directa) 70 SMMLV
Indelira Klinger (madre) 70 SMMLV
Tito Antonio Valencia Klinger (hermano) 40 SMMLV
María Lupita Valencia Klinger (hermana)40 SMMLV

3.2. Por concepto de indemnización por perjuicios por daño a la salud, la suma equivalente en pesos a 207.4 SMLMV a favor de la sucesión del señor Boris Roberto Klinger.

3.3. Por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la cantidad de veintisiete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y tres pesos ($ 27.469.643), a favor de la sucesión del señor Boris Roberto Klinger.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin condena en costas.

7. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fls. 7 a 19, cdno. 1.

2 Fls. 22 a 25, cdno. 1.

3 Fls. 29 a 30, cdno. 1.

4 Fls. 32 y 57, cdno. 1.

5 Fl. 58, cdno. 1.

6 Fls. 65 a 75, cdno. ppal.

7 Fls. 80 y 86, cdno. ppal.

8 Fls. 84 a 89, cdno. ppal.

9 Fls. 88, 89, cdno. ppal.

10 Fl. 91, cdno. ppal.

11 Decreto 597 de 1988.

12 (Fls. 65 a 68, cdno. 2). Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 2012, Exp. 24.673, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en la cual se precisó lo siguiente:
“En el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante solo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la junta médica-laboral de la dirección de sanidad del ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la junta médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.
“En este orden de ideas, puede concluirse entonces que si bien el actor sufrió el daño en una fecha determinada, lo cierto es que solo pudo conocer con certeza acerca del mismo y de su magnitud el día 24 de septiembre de 1998, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de octubre de 1999, resulta oportuna” (se destaca).

13 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012. Exp. 21.515.

14 Al respecto, consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, Exp. 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 23 de abril de 2009, Exp. 17.187.

15 “En sentencia de 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “... la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

16 Expediente 11.401.

17 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero.

18 Ibídem.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 20.125, C.P. Alier Hernández Enríquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008. Exp. 16996, C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial también reiterada en la sentencia del 29 de enero del 2009, Exp. 16975, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero.

21 Fl. 39, cdno. 2.

22 Fls. 20 a 21, cdno. 2.

23 Fls. 35 a 53, cdno. 2.

24 Fls. 65 a 66, cdno. 2.

25 Fls. 28 a 29, cdno. 2.

26 Fls. 14 a 15, cdno. 2.

27 Fls. 9 a 13, cdno. 2.

28 “La carbamazepina se usa sola o en combinación con otros medicamentos, para controlar determinados tipos de convulsiones. También se usa para tratar la neuralgia del trigémino (una afección que provoca dolor del nervio facial). Las cápsulas de liberación prolongada de carbamazepina (marca Equetro únicamente) se utilizan para tratar episodios de manía (estado de ánimo anormalmente excitado o irritable, y frenético) o episodios mixtos (síntoma de manía y depresión que se producen al mismo tiempo) en pacientes con trastorno bipolar I (trastorno maníaco-depresivo; una enfermedad que ocasiona episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales). La carbamazepina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos. Actúa reduciendo la actividad eléctrica del cerebro”.

“La risperidona se usa para tratar los síntomas de esquizofrenia (una enfermedad mental que causa pensamientos perturbados o fuera de lo común, pérdida de interés en la vida y emociones intensas o inapropiada) en adultos y adolescentes de 13 años en adelante. También se usa para tratar episodios de manía (estado de ánimo eufórico, anormalmente entusiasta o irritado) o episodios mixtos (síntomas de manía y depresión que se presentan juntos) en adultos, adolescentes y niños a partir de los 10 años con trastorno bipolar (trastorno maníaco depresivo; una enfermedad que causa episodios de depresión, manía y otros estados de ánimo anormales). La risperidona también se usa para tratar problemas de conducta como agresividad, autolesiones y cambios repentinos de estado de ánimo en adolescentes y niños de 5 a 16 años de edad con autismo (una afección que causa comportamientos repetitivos, dificultad para interactuar con los demás y problemas de comunicación). La risperidona pertenece a una clase de medicamentos llamados antipsicóticos. Actúa modificando la actividad de ciertas sustancias naturales en el cerebro”.

“El zolpidem se usa para tratar el insomnio (dificultad para quedarse dormido o para permanecer dormido). El zolpidem pertenece a una clase de medicamentos denominados sedantes hipnóticos. Actúa enlenteciendo la actividad del cerebro para facilitar el sueño”. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001435.htm. Página consultada el 5 de mayo de 2014.

29 El título jurídico de imputación consistente en el daño especial, resulta aplicable, de acuerdo con lo expresado por esta Sección, “[c]uando se presenta el denominado rompimiento del principio de equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales, que causa daño antijurídico, respecto del cual, el ciudadano no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el daño irrogado a las víctimas. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P.”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 1994. Exp. 7.096, M.P. Juan de Dios Montes, sentencia del 25 de septiembre de 1997, Exp. 10.392, M.P. Ricardo Hoyos Duque, y más recientemente, sentencia del 8 de mayo de 2013, Exp. 22.886, M.P. Olga Valle De la Hoz.

30 ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una grave enfermedad del cerebro. También se llama enfermedad maníaco-depresiva. Los que sufren del trastorno bipolar experimentan cambios de ánimo inusuales. A veces se sienten muy felices y “animados” y mucho más activos que de costumbre. Esto se llama manía. Y a veces los que sufren del trastorno bipolar se sienten muy tristes y “deprimidos” y son mucho menos activos. Esto se llama depresión. El trastorno bipolar también puede provocar cambios en la energía y el comportamiento.
El trastorno bipolar no es lo mismo que los altibajos que experimentan todas las personas. Los síntomas bipolares son más potentes. Pueden dañar las relaciones entre personas y hacer que sea más difícil ir a la escuela o conservar un empleo. También pueden ser peligrosos. Algunas personas que sufren del trastorno bipolar intentan hacerse daño o suicidarse. Los que sufren del trastorno bipolar pueden obtener tratamiento. Con ayuda pueden mejorar y llevar vidas exitosas.
¿Quién puede desarrollar el trastorno bipolar? Cualquier persona puede desarrollar el trastorno bipolar. A menudo comienza en las últimas etapas de la adolescencia o al principio de la adultez. Pero también niños y adultos pueden sufrir del trastorno bipolar. Generalmente la enfermedad dura toda la vida.
¿Cuáles son los síntomas del trastorno bipolar? Los cambios de estado de ánimo bipolares se llaman “episodios anímicos”. Las personas pueden tener episodios maníacos, depresivos, o “mixtos”. Un episodio mixto incluye síntomas tanto maníacos como depresivos. Estos episodios anímicos provocan síntomas que duran una semana o dos y a veces más. Durante un episodio, los síntomas se presentan todos los días durante la mayor parte del día. Los episodios anímicos son intensos. Las emociones son fuertes y ocurren junto con cambios extremos en los niveles de comportamiento y energía”. Artículo científico publicado en National Institute of Mental Health. http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-bipolar-facil-de-leer/index.shtml, página consultada el 5 de mayo de 2014.

31 Al respecto consultar, Corte Constitucional, sentencias T-684 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-696 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-591 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-002 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-355 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.

32 Corte Constitucional, Sentencia T-684 de 22 de agosto de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

33 En términos similares puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 9 de febrero de 2001, expediente 19.615 y del 27 de abril de ese mismo año, expediente 26.861, entre muchas otras.

34 Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar. Sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392).

35 Fls. 3 a 6, cdno. 1.

36 Ambas con ponencia del consejero Enrique Gil Botero.

37 “El daño subjetivo o daño a la persona es aquel cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser””. Fernández Sessarego, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y ss.

38 M.P. Enrique Gil Botero.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2012. Exp. 23901. Consultar también las sentencias del 23 de mayo de 2012, Exp. 24.861 y sentencia del 19 de julio de 2001, Exp. 13.086, M.P. Alier E. Hernández, entre otras.

40 “ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.