Sentencia 2000-02687 de mayo 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 24793

Rad. 25000-23-26-000-2000-02687-01

Actor: Rodrigo Frasica Méndez y otros

Demandados: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

II. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. Por orden de la Fiscalía Regional de Caquetá la SIJIN del Departamento de Policía de Caquetá capturó el 13 de junio de 1997 al señor Rodrigo Frasica Méndez en el municipio de Doncello-Caquetá, por lo que lo dejó a su disposición el 14 de junio de 1997 (copia auténtica de oficio del 13 de junio de 1997 de la Fiscalía Regional de Caquetá en la que se ordena a la SIJIN la captura del demandante—fl. 1 cdno. 2—; copia auténtica del oficio 341 del 14 de junio de 1997 por el que la SIJIN del departamento de Policía de Caquetá dejó a disposición de la Fiscalía al señor Rodrigo Frasica Méndez —fl. 2 cdno. 2—).

9.2. El 16 de junio de 1997 la Dirección Regional de Fiscalías–Unidad de Extorsión y Secuestro resolvió la situación jurídica del demandante y el señor Parmenio Mahecha Triana y dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra ambos, por el delito del secuestro extorsivo agravado del señor Rodrigo Turbay Cote. Principalmente, la decisión tuvo como fundamento probatorio un informe de Policía Judicial y la diligencia de reconocimiento en fila del testigo José Gildardo Obregón (copia auténtica de la providencia del 16 de junio de 1997 por la que la Dirección Regional de Fiscalías-Unidad de extorsión y secuestro resolvió la situación jurídica del demandante —fl. 3-14 cdno. 2).

9.3. En atención a las solicitudes de revocatoria de la anterior decisión hechas por la defensa, el 31 de octubre de 1997 la Dirección Regional de Fiscalías-Unidad de extorsión y secuestro revocó la providencia del 16 de junio de 1997 en lo relativo a la medida de aseguramiento del señor Frasica Méndez y en consecuencia dispuso su libertad inmediata con el compromiso de presentarse a la Fiscalía cuando ello fuere requerido dentro de la investigación. En la misma providencia se resolvió la situación jurídica de la demandante Olga Melba Beltrán Sánchez a quien no se cobijó con medida de aseguramiento. La decisión tuvo como sustento la falta de pruebas que indicaran que los demandantes hubiesen participado en el secuestro o que fueran auspiciadores de las FARC (copia auténtica de la providencia del 31 de octubre de 1997 mediante la que la Dirección Regional de Fiscalías-Unidad de Extorsión y Secuestro mediante la que se revocó la medida de aseguramiento del señor Frasica Méndez y se resolvió la situación jurídica de la señora Olga Melba Beltrán Sánchez —fl. 15-70 cdno. 2—; copia auténtica de la boleta de libertad expedida por la Dirección regional de fiscalías el 31 de octubre de 1997 —fl. 72 cdno. 2—; copia auténtica del acta de compromiso suscrito por el señor Frasica Méndez el 31 de octubre de 1997 —fl. 73 cdno. 2—).

9.4. El 2 de julio de 1998 la Dirección Regional de Fiscalías-Unidad de Extorsión y Secuestro de Bogotá profirió resolución de preclusión a favor del señor Frasica Méndez y la señora Beltrán Sánchez, reiterando que no se contaba con material probatorio que indicara que efectivamente los aquí demandantes hubiesen tenido que ver con los hechos investigados (copia auténtica de la resolución de preclusión del 2 de julio de 1998 de la Dirección Regional de Fiscalías - Unidad de extorsión y secuestro de Bogotá —fl. 74-179 cdno. 2—):

Resulta evidente así que los cargos en contra de Frasica y su esposa Melba Beltrán realmente perdieron atendibilidad, pues así el testigo hubiese señalado que su retractación del 10 de septiembre de 1997 fue el resultado de un soborno, cuestión que es objeto de investigación separada de los eventuales punibles contra la administración de Justicia en que pudiera hallarse incurso obregón molano, lo que importa acá destacar es la imposibilidad de proferir resolución acusatoria en contra de los procesados, cuando el origen de su vinculación fue precisamente la información suministrada por el testigo en cita, que ha quedado en entredicho tanto por la retractación que admitió fundada en propósitos económicos, como por las varias declaraciones incorporadas que contradicen sus afirmaciones en aspecto basilar como el referido a la razón por la que tuvo conocimiento de los hechos y el móvil que según su dicho animó el comportamiento de los señores Frasica y Beltrán. Atendiendo entonces la solicitud elevada por la defensa común de los procesados y por el propio Agente especial del Ministerio Público, proveerá el despacho hacia la preclusión de la investigación a favor de los prenombrados, por ausencia de los requisitos legales para decidir en contrario (...).

9.5. Finalmente, el 1º de diciembre de 1998 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional resolvió el grado jurisdiccional de consulta de la anterior decisión, confirmando la preclusión de la investigación. Concluyó la Fiscalía que no había pruebas que siquiera someramente demostraran la participación de los demandantes en el secuestro del señor Rodrigo Turbay Cote, e hizo énfasis en la desprolijidad para tales propósitos de la principal pieza probatoria que se había tenido en cuenta para decidir su vinculación en primer lugar, es decir, el reconocimiento en fila del señor Obregón Molano (copia auténtica de la providencia del 1º de diciembre de 1998 por la que la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional resolvió el grado jurisdiccional de consulta contra la decisión de preclusión del 2 de julio de 1998 —fl. 180-210 cdno. 2—):

(...) La primera instancia se vio precisada a reconocer la temeridad y carencia de respeto hacia el compromiso adquirido ante la fiscalía por parte del “testigo” Gildardo Obregón Molano sujeto que para congraciarse con las autoridades y obtener de ellas prebendas de orden económico, no vaciló en acusar a Parmenio Mahecha Triana, Rodrigo Frasica Méndez, Melba Beltrán Sánchez, Jaime Alberto y Gildardo Valencia Cardozo de haber servido a las huestes subversivas y contribuir en alto grado al secuestro y vigilancia del Dr. Rodrigo Turbay Cote, cargos que después retira al ser atrapado en sus falsedades.

Por obvias razones esos cargos nunca pudieron ser corroborados y por el contrario se logró demostrar que dichas personas no tuvieron aproximación física hacia el plagiado, quedando todo en simples artimañas de quien en principio asegurara contar con valiosa información, la que a la postre redundara en desgaste de jurisdicción por obra de búsqueda justificada de verdaderos culpables. Menos aún tiene acogida el nuevo cambio de posición testifical de Obregón Molano cuando adujera haber sido víctima de un soborno y que uno de los abogados de Frasica lo presionó para que se comportara de manera diversa.

Ese impasse fue aclarado, saliendo airoso el sindicado, al paso que Obregón sería desmentido por Luis Antonio Méndez, Luis Ángel Marín Laiseca, Fabiola del socorro molina, Jesús Albeiro parra Pérez, Miguel Arquez Guzmán, Ligia Contreras de Quijano y Abelardo Restrepo Zapata (estos dos últimos destacaron la rivalidad preexistente entre el papá de José Gildardo Obregón y los esposos Rodrigo Frasica y Melba Beltrán), motivo adicional para las calificaciones injuriosas del mismo.

Las precedentes consideraciones llevan de necesidad a la confirmación de las anotadas preclusiones por estar lejos de cualquier comprobación que aquellas cinco personas participaran de algún modo de la retención, ocultamiento y muerte del Dr. Rodrigo Turbay Cote.

III. Problema jurídico

10. De acuerdo con los hechos señalados en el aparte anterior y en atención a los argumentos esgrimidos por los demandados en su apelación, la Sala debe determinar si en el presente caso se reúnen los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la parte demandada en la forma solicitada por el demandante y su consecuente condena a la indemnización de perjuicios, para lo cual se debe establecer si resulta imputable al Estado el daño ocasionado a los demandantes por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Rodrigo Frasica Méndez, teniendo en cuenta la época en la que sucedieron los hechos y la normatividad vigente en materia penal para entonces.

IV. Análisis de la Sala

11. Previo a resolver de fondo el recurso de apelación de la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, la Sala se permite aclarar que, aunque ello no fue advertido por el tribunal a quo, en el presente caso no existe legitimación material en la causa(2) por pasiva de la Nación - Rama Judicial, dado que todas las actuaciones que derivaron en la privación de la libertad del señor Frasica Méndez, fueron desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con una representación judicial independiente a partir de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998(3).

12. Entrando al fondo del asunto, vale recordar que en el presente proceso la parte demandante solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño que sufrió con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Rodrigo Frasica Méndez entre el 13 de junio de 1997 y el 31 de octubre de 1998, daño respecto del cual, ha dicho la jurisprudencia de la Sala(4):

El artículo 28 de la Constitución Política, siguiendo las directrices de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia(5), consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental de las personas, razón por la cual sólo puede ser limitado “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”, ya que tal afectación de un bien tan preciado para las personas, solo se justifica en la medida en que sea necesario para garantizar un bien mayor, de interés general, como es la debida aplicación de la ley penal, la cual establecerá los requisitos para que sean procedentes las medidas privativas de la libertad, bien sea en forma preventiva o como mecanismo sancionatorio.

13. Tal y como se indicó en los hechos probados, quedó plenamente acreditado que en virtud de la orden proferida por la Fiscalía Regional de Caquetá del 13 de junio de 1997, la SIJIN del Departamento de Policía de Caquetá materializó la captura del demandante en la misma fecha en el municipio de Doncello-Caquetá (ver supra párr. 10.1).

14. También se determinó que la Dirección Regional de Fiscalías-Unidad de extorsión y secuestro, al resolver la situación jurídica del procesado en providencia del 16 de junio de 1997, lo cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por lo que el demandante continuó privado de su libertad hasta el 31 de octubre de 1997, fecha en la que la misma autoridad, en atención a las solicitudes de la defensa de revocar la anterior providencia, revocó la medida y el señor Frasica Méndez recuperó su libertad (ver supra párr. 10.2 y 10.3).

15. Finalmente, se acreditó que la investigación en contra del señor Frasica, así como contra la demandante Olga Melba Beltrán Sánchez fue precluida el 2 de julio de 1998 por la Dirección Regional de Fiscalías-Unidad de extorsión y secuestro, que consideró que no había prueba idónea que hiciera concluir que los sindicados cometieron el delito que se les pretendió imputar. Esta decisión sería confirmada por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional el 1º de diciembre del mismo año, al advertir que debía precluirse la investigación “por estar lejos de cualquier comprobación que aquellas (...) personas participaran de algún modo en la retención, ocultamiento y muerte del Dr. Rodrigo Turbay Cote” (ver supra párr. 10.5).

16. Ahora, debe tenerse en cuenta que para la época en que se produjo la privación de la libertad del demandante, así como la totalidad de la actuación instructiva de la Fiscalía, había entrado a regir la Ley 270 de 1996, que estableció en su articulado algunas disposiciones relativas a la responsabilidad del Estado por la actuación de los órganos judiciales. Sin embargo, vale la pena recordar que, incluso si la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva fue proferida en vigencia de la Ley 270 de 1996, como ocurre en el sub examine, los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 tienen plena validez, pero no como una aplicación ultractiva de este último, sino como materialización de lo consagrado en el artículo 90 de la Constitución. Así lo consideró la Sala Plena de la Sección(6):

(...) si bien el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la administración de justicia se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquéllos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos a los que se refiere el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.

17. Esto quiere decir que en el caso concreto deben aplicarse las nociones prescritas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para el momento de la detención del señor Frasica Méndez y el desarrollo de la investigación penal por parte de la Fiscalía, y con fundamento en el cual deberá ser resuelta la presente litis. Dicha norma procesal, establecía:

ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

18. La anterior disposición, en su primera parte establecía un régimen de responsabilidad subjetivo, en la medida en que resultaba necesario acreditar que la privación de la libertad había sido injusta, por haber mediado una ilegalidad o error judicial que hacía injustificada la detención. Empero, a continuación consagró tres eventos en los cuales dicha responsabilidad se torna objetiva, en la medida en que bastaba comprobar que la persona estuvo privada de la libertad, pero fue exonerada por cualquiera de las siguientes razones: i) porque el hecho no existió, ii) porque habiendo existido el hecho, el sindicado no lo cometió o iii) porque habiendo existido el hecho y haber sido cometido por el sindicado, el mismo no constituía un delito legalmente tipificado, sin que en estos casos resulten relevantes las razones o justificaciones de la autoridad judicial. Es decir, que no hay necesidad de entrar a verificar la legalidad o ilegalidad de sus actuaciones para establecer la existencia de una posible responsabilidad estatal por el hecho. Dice la norma además, que dicha exoneración podía darse bien en sentencia absolutoria o en providencia homóloga. Como lo ha dicho la jurisprudencia, en relación con esta norma:

Se observa entonces que la norma contempla tres eventos en los cuales se consagró legalmente la responsabilidad objetiva a cargo del Estado, en la medida en que no resulta necesario analizar la juridicidad o la legalidad de la conducta del juez que profirió la providencia judicial absolutoria por alguna de tales circunstancias —que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o que la conducta no constituye hecho punible—, para establecer la responsabilidad estatal; por tratarse de una responsabilidad objetiva, basta la constatación del hecho de la privación de la libertad de una persona en virtud de una medida cautelar de detención preventiva y su posterior absolución para que inmediatamente surja la responsabilidad estatal, independientemente de que en su momento, las decisiones judiciales se hubieren podido considerar ajustadas a derecho.

Lo anterior obedece al hecho de que —y así lo acogió expresamente en esos casos el legislador— cuando el juez penal profiere una sentencia o providencia equivalente que absuelve al encausado, la detención de quien estuvo privado de la libertad se torna siempre injusta y, por lo tanto, quien la padeció es víctima de un daño antijurídico, que amerita la indemnización de los perjuicios que haya podido sufrir(7).

19. En el caso que ahora estudia la Sala, la privación de la libertad de que fue objeto el señor Frasica Méndez se produjo como consecuencia de una medida de aseguramiento que la Fiscalía encontró justificada en los términos del artículo 388 del Código de Procedimiento Penal vigente entonces, al considerar que existían circunstancias indicativas de su culpabilidad, circunstancia en la que se centró el recurso que se resuelve.

20. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, las medidas de aseguramiento debían ser aplicadas en aquellos casos en los que “contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”.

21. Empero, la Sala recalca que no se entrará a estudiar si la decisión de la Fiscalía se hallaba justificada, es decir, si los testimonios y documentos valorados por la Dirección Regional de Fiscalías–Unidad de Extorsión y Secuestro en su providencia del 16 de junio de 1997 en la que dictó medida de aseguramiento contra el señor Frasica Méndez constituían efectivamente circunstancias indicativas de su responsabilidad.

22. Lo anterior debido a que en casos como el presente, como ya se dijo y como a bien tuvo recalcarlo el tribunal de primera instancia, surge la responsabilidad objetiva de la entidad demandada, toda vez que se configuró una de las tres circunstancias consagradas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, consistente en que el material probatorio obrante en el proceso penal dio cuenta de que el señor Frasica Méndez no cometió la conducta punible de la que se le acusaba, circunstancia que fue manifestada expresamente por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional en la providencia del 1º de septiembre de 1998 que confirmó la preclusión.

23. Además, la parte demandada no acreditó de forma alguna que se haya configurado la causal exonerativa de responsabilidad contemplada en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consistente en el dolo o la culpa grave del mismo detenido.

24. Como consecuencia de lo expuesto, resulta procedente declarar la responsabilidad en el caso concreto de la Fiscalía General de la Nación y condenarla al pago de la indemnización de los perjuicios efectivamente causados a la parte actora con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el actor. Por ende se confirmará la sentencia de primera instancia.

25. Ahora bien, la Sala aclara que no modificará la cuantía de la liquidación de perjuicios, o la determinación de a quienes se les pagarán éstos hecha por el fallador de primera instancia, teniendo en cuenta que en el asunto que nos ocupa la sentencia de primer grado solo fue apelada por la parte demandada, por lo que en virtud del principio de la no reformatio in pejus no resulta procedente hacer más gravosa su situación.

VII. Costas

26. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2003 de la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

2. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) Sobre la legitimación en la causa, tanto de hecho como material, esta Sección indicó en sentencia del 28 de julio de 2011, expediente 19753, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante “legitimado en la causa de hecho por activa” y demandado “legitimado en la causa de hecho por pasiva” y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugara la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”.

(3) Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre del 2012, expediente 22253, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de julio de 2008, expediente 16388, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(5) [8] “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica”.

(6) Sentencia de 11 de mayo de 2011, exp. 20.074, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.