Sentencia 2000-02692 de junio 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200002692 01

Expediente: 28.022

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Pedro Herber Rodríguez Cárdenas

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Referencia: Apelación sentencia-Reparación directa

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 4 de mayo de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que la demanda se presentó el 1º de diciembre de 2000 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 200.000.000 por concepto de daño a la vida de relación, la cual supera el monto exigido de $ 26.390.000 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época(14).

Ahora bien, la Sala procederá a estudiar la caducidad de la acción impetrada a partir de los elementos de convicción que fueron allegados en debida forma al proceso, así como a partir de los mismos se determinará la existencia del daño antijurídico y la imputación de este a la entidad demandada.

2.2. Las pruebas aportadas al proceso.

Dentro de la respectiva oportunidad se recaudaron en el proceso los siguientes elementos probatorios:

— Copia auténtica de la historia clínica del señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas en la cual se observan las diversas atenciones médico-asistenciales brindadas en el Hospital Central Militar de Bogotá entre los años 1987 a 2000(15).

— Copia auténtica del informe de novedad presentado el 2 de octubre de 1987, por el Comandante de la Estación de Policía de Támesis-Antioquia, en el cual se señaló:

“El pasado 8 de agosto del año en curso (1987), cuando regresaba a la base militar de darle una información de orden público al señor CT. Arango, comandante de la base se accidentó el señor ST. Rodríguez Cárdenas Pedro Herber, comandante del grupo GOES 3 quien viajaba como parrillero en la moto de dotación de la policía, la cual era conducida por el señor DG. Jiménez Cadavid Jaime Alberto, es de anotar que el accidente se registró a eso de las 8:00 horas, en la carrera Bolívar con calle Córdoba”(16) (resaltado adicional).

— Acta de la junta médico-laboral de policía 1269 de 9 de agosto de 1988, en la cual se concluyó que las lesiones sufridas por Pedro Herber Rodríguez Cárdenas fueron “adquiridas en el servicio por causa y razón del mismo”, al tiempo que se estableció una incapacidad relativa y permanente equivalente al 24.9%. Finalmente, concluyó el acta que el señor Rodríguez Cárdenas “[e]s apto para el servicio”(17).

— Incapacidad relativa y temporal suscrita por la dirección de sanidad de la Policía Nacional el 26 de noviembre de 1990, en la cual se certificó que por causa de dicha incapacidad el señor Rodríguez Cárdenas no podía viajar por carreteras destapadas, montar a caballo o realizar ejercicios fuertes “por lo menos durante 60 días, prorrogables”, de igual forma señaló el aludido documento: “se recomienda mantenerse en labores de oficina y administrativas indefinidamente”.

— Informe administrativo por lesiones suscrito por el comandante de servicios especializados el 15 de septiembre de 1998, en el cual se manifestó lo siguiente:

“De acuerdo con el informe de fecha 290598, por medio del cual se manifiesta que siendo las 20:00 horas del día 270598, cuando el señor CT. (R) Rodríguez se encontraba realizando los servicios nocturnos de Seres, presentó problemas en la columna cervical y no registraba ninguna clase de fuerza en los miembros superiores (brazos).

Calificación: Declarar que las lesiones sufridas por el CT. (R) Pedro Herber Rodríguez Cárdenas, de acuerdo con el Decreto 94/89 artículo 35 literal b ‘En servicio por causa y razón del mismo’” (se deja resaltado).

— Acta del tribunal médico de revisión militar y de policía 5 de febrero de 1999, mediante la cual se modificó el acta anterior —1269 ago. 9/88—, y se señaló que la disminución de la capacidad laboral del señor Rodríguez equivalía al 33.12%(18).

— Copia de la providencia expedida el 15 de octubre de 2000 por el Director General de la Policía Nacional, en la cual se manifestó:

“Del estudio de las pruebas que componen el informe administrativo 219/98 se deduce que el oficial Rodríguez Cárdenas presentaba problemas de columna cervical desde 1987, por los cuales hubo la necesidad de intervenir quirúrgicamente, estos a la postre comprometieron la médula espinal, al parecer debido a las clases de servicio que desarrollaba y el día 27 de mayo de 1998, cuando se disponía a subirse al vehículo destinado a pasar revista a los servicios de la fuerza disponible, perdió la movilidad en los miembros inferiores y superiores, desplomándose, circunstancia clasificada dentro de los parámetros del accidente de trabajo, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 94 de 1989” (se ha subrayado y resaltado).

— Copia auténtica del acta de la junta médica laboral de policía, de 5 de diciembre de 2000, mediante la cual se estableció que el señor Pedro Rodríguez Cárdenas presentó una disminución de su capacidad laboral del 76.41%, razón por la cual se determinó que no era apto para el servicio; además se manifestó que la lesión se produjo “en el servicio por causa y razón del mismo”(19).

— Acta de la junta médica laboral de la Policía Nacional de fecha 26 de diciembre de 2000, mediante la cual se revisó las anteriores actas de incapacidad y se estableció un total de 81.01%(20).

— Liquidación de indemnización por incapacidad psicofísica permanente realizada el 17 de agosto de 1999 por la sección de prestaciones sociales de la Policía Nacional, en la cual se le reconoció a Pedro Herber Rodríguez Cárdenas por dicho concepto la suma de $ 28.828.634(21).

— Oficio del 9 de julio de 2001, dirigido al director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por el ahora demandante, señor pedro Herber Rodríguez Cárdenas, mediante el cual presentó renuncia a la asignación de retiro a la cual tenía derecho, reconocida mediante resolución de fecha 26 de abril de 1999, toda vez que “la pensión de sanidad a la cual me acojo por semanas es más favorable de acuerdo al concepto dado por la junta médica laboral (...), en donde se me declaró no apto”.

— Experticio en la modalidad de informe técnico rendido el 2 de septiembre de 2002 por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses de Bogotá respecto del estado de salud del señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas, en el cual se manifestó lo siguiente:

“Edad: 36 años. Ocupación: Pensionado, exoficial de la Policía Nacional (...).

Anamnesis: Refiere que el día 8 de agosto de 1987 en Támesis (Antioquia), estaba presentando sus servicios como policía. En un enfrentamiento con las FARC iba como acompañante en una motocicleta, la cual cae por acción del conductor durante el ataque y en esas circunstancias el paciente se golpea perdiendo el estado de conciencia, afirma que cuando se despierta estaba en Bogotá. Fue operado de la columna cervical y en diciembre de 1987 reinicia labores como comandante de contraguerrilla en Antioquia. Un mes después vuelve al médico y permanece 6 meses incapacitado parcialmente. En agosto de 1988 es trasladado a Norte de Santander al municipio de Toledo en donde debe trabajar en grupos especiales de la Dijin en las ciudades de Armenia y Bogotá. En el año de 1998 vuelve a ser operado de la columna y en diciembre de 1998 es retirado del servicio. Agrega que cuando “le dan la baja llevaba laborando 14 años y 7 meses.

Como resumen podemos decir:

1. El paciente tiene un síndrome doloroso de muy difícil manejo consecuencia de la mielopatía cervical.

2. Este dolor ocasiona limitación considerable para los movimientos de los miembros superiores.

3. El paciente tiene una gran limitación para los movimientos. Las actividades motoras complejas como la respuesta de retiro de flexores, reacciones de apoyo (...).

4. De acuerdo con los reportes de la historia clínica tiene incontinencia urinaria e impotencia sexual, siendo estas condiciones de origen medular (por lesión de la médula espinal), se consideran irreversibles”(22) (resaltados adicionales).

— Testimonio rendido ante el a quo por el médico Mauricio Toscano Heredia, quien, una vez preguntado sobre el cuadro clínico del señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas, respondió:

“El paciente asistió a mi consultorio en el Hospital Central de la Policía aproximadamente en octubre de 1998 aquejado por el dolor cervical, parestesias dolorosas (hormigueo), en cuatro extremidades de predominio en miembros superiores con sensación de debilidad y asociado a disfunción de los esfínteres vesical, rectal e impotencia sexual, todo secundario a un traumatismo cervical sufrido aproximadamente en 1987 durante actos del servicio con luxofractura de C1 y C2 por lo cual fue sometido a intervención quirúrgica en tres ocasiones (...). La primera cirugía fue realizada por la presencia de una fractura tipo 2 de odontoides (C2) inestable. Tres años más tarde por diagnóstico de pseudoartorisis cervical posterior. Durante el desarrollo de sus funciones en la policía presenta un cuadro súbito de pérdida de la fuerza de cuatro extremidades al parecer por estar realizando una actividad no recomendada por el médico tratante, presentando un diagnóstico de reluxación C1, C2 y pseudoartrosis nuevamente siendo intervenido quirúrgicamente de urgencia realizándose una fijación oxipitio C3 con evolución satisfactoria quedando algunas secuelas principalmente dolor cervical y en extremidades mayor miembros superiores con diminución de la fuerza de estos y su disfunción de esfínteres y sexual (...). La información que tengo acerca del desarrollo de la enfermedad del demandante la obtuve a través de la historia clínica realizada tanto por los datos obtenidos del paciente o demandante como de los resúmenes enviados por los centros hospitalarios donde fue atendido, en los cuales se evidenciaba claramente un problema de mielopatía cervical lo cual le producía un problema de disminución de fuerza en sus extremidades asociado a hormigueos y dolor de las mismas, lo que a su vez le impide desarrollar funciones que requieran esfuerzos, reacciones rápidas a eventualidades de urgencia, levantar objetos pesados, inclusive, limitaciones para la misma deambulación”(23) (se ha resaltado y subrayado).

— Declaración rendida por el médico Germán Forero Bulla, en la cual manifestó lo siguiente:

“Yo fui el primer médico tratante de Pedro porque tenía una fractura de la apófisis odontoides que se presentó después del accidente en moto mientras estaba laborando en actos propios del servicio, él inicialmente tenía un problema parece de dificultad de movimiento de los miembros superiores y otros síntomas que no recuerdo en este momento pero lo que sí recuerdo es que yo le hice una tracción cefálica después de lo cual el mejoró y entonces se le hizo una cirugía que es una artrodesis entre el atlas y el axis, después este muchacho estaba en muy buenas condiciones y fue dado de alta para que se reintegrara al servicio con la indicación clara de que se destinara a oficios administrativos y no operativos por el peligro de que se dañara la cirugía y el paciente volviera a lesionarse. Al respecto se expidieron las incapacidades pertinentes y se dieron las recomendaciones por escrito con destino a medicina laboral, manifiesto que revisada la historia clínica, una de las incapacidades a que hago mención expedida el 26 de noviembre de 1990 se insiste en la necesidad de que el paciente no debe realizar ejercicios fuertes, no levante objetos pesados, no realice patrullajes, ni viaje en automotor por carreteras destapadas, y se recomienda mantener en labores de oficina en forma indefinida; encuentro después de esto que el paciente fue enviado a actividades operativas después de lo cual volvió a mi consulta presentando nuevamente trastornos tanto de la sensibilidad como de la movilidad en los miembros superiores, razón por la cual se volvió a estudiar su caso y fue necesario reintervenirlo en agosto de 1990 después de lo cual volvió a insistir en la necesidad de mantener a este paciente alejado del esfuerzo físico después fue trasladado a otra ciudad y yo perdí el caso hasta muchos años después cuando me comentó por los neurocirujanos que se encontraban en ese momento de servicio que el paciente había vuelto presentando trastornos muy importantes de sensibilidad y movilidad y que se le había practicado una cirugía en otra ciudad”(24) (se ha resaltado y subrayado).

— Certificación respecto de los cargos desempeñados por Pedro Herber Rodríguez Cárdenas, expedida por la secretaría general del grupo de archivo de la Policía Nacional en la cual se puede observar que desde el día 1º de noviembre de 1995 hasta el día de su lesión definitiva —mayo 27/98—, el señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas desempeñó funciones de carácter administrativo en la escuela judicial de la Policía Nacional, así:

FechaCargoDependencia
011197Jefe laboratorio de int.Esjui(25)
011196Subdirector administrativoEsjui
110196Subdirector administrativoEsjui
011195Subdirector administrativoEsjui
010794Cdte. prov. del SumapazDecun
011193Cdte. Estación FusagasugáCifus
160193Cdte. Estación Distrito IX FusaDecun
011191Jefe Polijud. y Uni. Inv.Sijin
011190Oficial de vigilanciaEST. Toledo
011189Cdte. Estación ToledoDenor
190189Oficial de vigilancia 1er Distri.Denor
060888Jefe inve. y disciplinaDenor
010188Cdte. 3 Distrt. grupo con Guer.Deant
010886Cdte. 3 GOESDeant

2.3. La caducidad de la acción impetrada.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. La persona interesada tiene la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y, de no hacerlo en tiempo, pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8º, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (resaltados adicionales).

La ley consagra entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

Ahora bien, observa la Sala que en el libelo introductorio la parte actora enunció el hecho dañoso respecto del cual pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado y la consecuencial condena, de la siguiente forma:

“Que la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional es administrativamente responsable de la totalidad de los perjuicios causados al demandante pedro Herber Rodríguez Cárdenas, con ocasión de la lesión irreversible de que fue víctima por parte de la Policía Nacional, cuando al recibir una lesión en actos del servicio, contrariando órdenes médicas, fue destinado a prestar sus servicios en sitios de orden público, decisiones que agravaron su lesión, hasta llegar a gran invalidez”(26).

De la lectura de la anterior causa petendi introducida por la parte actora, la Sala identifica claramente el daño antijurídico respecto del cual solicita la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública demandada, esto es, las lesiones con carácter permanente padecidas por el demandante.

Ahora bien, para el caso sub examine, se tiene que de conformidad con las pruebas relacionadas anteriormente se puede tener por acreditado, básicamente, que el día 8 de agosto de 1987, el señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas, mientras desarrollaba actividades propias del servicio, sufrió un accidente de tránsito que le produjo una patología en su columna vertebral, ocasionándole una incapacidad laboral equivalente al 24.9%, no obstante lo cual, luego de la atención médica que se le brindó se concluyó que “es apto para el servicio”. De ahí que el referido oficial hubiese seguido prestando sus servicios a la institución demandada hasta el día 27 de mayo de 1998, cuando de forma súbita perdió la movilidad en sus miembros inferiores, desplomándose, razón por la cual fue atendido en el Hospital Militar Central de Bogotá en varias oportunidades y le fueron dictaminadas diferentes incapacidades médico legales por parte de la junta médica de la Policía Nacional, entre el 5 de febrero de 1999 y el 26 de diciembre de 2000, siendo esta la última y definitiva, la cual estableció una incapacidad total equivalente al 81.01%.

En relación con el tema de la caducidad en casos similares al presente asunto, resulta menester destacar el proveído dictado el 12 de mayo de 2010 por esta Sección del Consejo de Estado, en el cual se precisó lo siguiente:

“... la Sala estima necesario reafirmar la posición jurisprudencial que se ha adoptado acerca del tema en estudio, en el sentido de que la regla general para contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se tomará como punto de partida contados desde el acaecimiento del hecho que originó el daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en algunas ocasiones, pueden presentarse eventos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce solo hasta después del acaecimiento de los hechos, motivo por el cual, en virtud de los principios pro actione y pro damato, la contabilización del término de caducidad se realiza a partir del momento en que alguno de aquellos tenga ocurrencia.

Ahora bien, en el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante solo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la junta médica laboral de la dirección de sanidad del ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la junta médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.

En este orden de ideas, puede concluirse entonces que si bien el actor sufrió el daño en una fecha determinada, lo cierto es que solo pudo conocer con certeza acerca del mismo y de su magnitud el día 24 de septiembre de 1998, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de octubre de 1999, resulta oportuna”(27) (se resalta).

En igual sentido, esta Subsección, mediante proveído proferido el 11 de agosto de 2011, manifestó lo siguiente:

“(...). La anterior pauta jurisprudencial establece con claridad que, respecto a los hechos que generan efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables —aquellos cuyas consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez y dejan secuelas permanentes—, la contabilización del término de caducidad de la acción se inicia desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, al tenor del numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que solo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño(28).

De esta manera, en atención a los hechos señalados expresamente en la demanda, viene a ser claro que el conocimiento del daño fue coetáneo al hecho dañoso, pues, una vez ocurrida la explosión de la mina antipersonal, la víctima tuvo conocimiento de las consecuencias del siniestro, habida cuenta de que las lesiones sufridas fueron evidentes en sus consecuencias y secuelas(29), denotando la concreción del daño por el que hoy se reclama.

Así las cosas, en el presente caso es claro que las consecuencias del hecho dañoso fueron inmediatas e inmodificables, atendiendo la mencionada naturaleza de las lesiones, por lo cual, el término de caducidad se debe contabilizar desde el día siguiente de los hechos.

Quiere aprovechar la Sala para reiterar las consideraciones expuestas en sentencia 19 de julio de 2006, Expediente 28.836(30), referidas a la manera de contabilizar el término de caducidad en aquellos casos relacionados con lesiones personales, precisando que, a diferencia de lo entendido por la parte actora, no se trata de una regla general absoluta que se aplique en todos los casos de lesiones, pues, como se ha manifestado, debe analizarse con detenimiento cada caso en particular, diferenciando la certeza del daño y la magnitud del mismo, ya que la legitimación para accionar surge de la primera, siendo posible en el curso del proceso establezca la segunda. 

En conclusión, al ser evidente la ocurrencia del daño el 4 de noviembre de 2006, fecha en que ocurrieron los hechos, el término de caducidad corría en principio desde el 5 de noviembre de ese año y hasta el 5 de noviembre de 2.008, por lo que para cuando se presentó la demanda —jun. 1º/2010—, la acción ya había caducado y se imponía su rechazo, como en efecto ocurrió, lo que lleva a señalar que el razonamiento del a quo fue acertado y amerita su confirmación” (resaltado fuera del texto original)(31).

Con fundamento tanto en los pronunciamientos jurisprudenciales antes transcritos, como en los hechos probados en el presente asunto, concluye la Sala que si bien el oficial de la Policía Nacional señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas sufrió la referida lesión de columna desde el 2 de octubre de 1987, lo cierto es que esta se complicó gravemente a raíz de un accidente ocurrido el 27 de mayo de 1998, cuando de forma súbita perdió completamente la movilidad en sus miembros. De ahí que, en principio, sería esta última fecha la que debería tenerse en cuenta para realizar el cómputo del término de la caducidad.

No obstante lo anterior, comoquiera que el demandante solo tuvo conocimiento de la magnitud real del daño a raíz de la junta médica laboral de la Policía Nacional realizada el 26 de diciembre de 2000, mediante la cual se le dictaminó una incapacidad total equivalente al 81.01%, debe concluirse que por haberse presentado la demanda el 1º de diciembre de 2000, se formuló dentro del término que establece la ley para tal efecto(32).

2.4. Régimen de responsabilidad aplicable en daños causados por la concreción de riesgos derivados de la profesión militar.

Sea lo primero advertir que en sentencia de 19 de abril 2012(33), la Sala que integra la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación, para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación.

Así pues, en tratándose de supuestos en los cuales se discute la declaratoria de responsabilidad estatal con ocasión de los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, entre otros, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado de forma constante y reiterada ha considerado que, en principio, no se ve comprometida la responsabilidad del Estado, dado que tales daños, como se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado, se cubren con la indemnización a fort fait a la cual tienen derecho por virtud de esa vinculación y solo habrá lugar a la reparación, por vía de la acción de reparación directa, cuando se hubieren producido por falla del servicio, o cuando se hubiere sometido al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, o cuando el daño sufrido por la víctima hubiese sido causado con arma de dotación oficial, evento en el cual hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo. En todo caso, se reitera, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)(34).

Así, pues, se ha declarado la responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los miembros de la fuerza pública a asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar, como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado.

Así mismo, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que en relación con los agentes de la policía, militares o miembros armados del DAS, “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado”(35) y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado de proteger la vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado debe responder por los daños que estos puedan llegar a sufrir.

Contrario sensu, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado respecto de quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, se ha considerado que el régimen bajo el cual ha de resolverse su situación es diferente al que se aplica a quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, porque el sometimiento de aquellos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución Política impone a las personas, derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social, para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas”(36).

2.4. Caso concreto.

De conformidad con el material de convicción allegado al proceso, específicamente con los dictámenes emitidos por la junta de calificación de invalidez y por el Instituto Nacional de Medicina Legal, se tiene acreditado el hecho dañoso sufrido por el demandante, en tanto la lesión de columna, con diferentes consecuencias para la salud del señor Pedro Herber Rodríguez, constituye una afección corporal que supone, por sí misma, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública demandada y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo suyo resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada.

En cuanto al aludido hecho dañoso, si bien la parte actora sostuvo a lo largo del trámite de la presente acción que la lesión padecida por la víctima directa se produjo como consecuencia de una falla del servicio imputable a la Policía Nacional, toda vez que “obligó a laborar al CT. Pedro Herber Rodríguez Cárdenas en condiciones adversas a su salud, agravando su estado”, para la Sala, no resulta posible imputar tales hechos al Estado, por las siguientes razones:

Del material aportado al proceso solamente se puede deducir, básicamente, que el día 8 de agosto de 1987 el entonces Subteniente de la Policía Nacional, señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas, sufrió un accidente de tránsito mientras desarrollaba actos propios del servicio, accidente que le produjo una afectación en su columna vertebral, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente con resultado satisfactorio, no obstante lo cual, en agosto de 1990 debió ser sometido a una nueva cirugía de columna, luego de la cual se concluyó por parte de la junta médico-laboral de la Policía Nacional que “es apto para el servicio”, pero bajo la recomendación consistente en que debía mantenerse en labores de oficina y administrativas.

De igual forma, se acreditó que luego de la referida intervención de agosto de 1990, el aludido oficial de policía desempeñó varios cargos dentro de la institución, tales como comandante de distrito de algunas estaciones de policía en el departamento de Cundinamarca entre los años 1990 y 1994, sin que hubiere presentado y/o registrado anomalía alguna de su salud o cuadro clínico de columna, amén de que no se acreditó que durante el desempeño de dicho cargo hubiere desarrollado labores que implicaran un arduo desgaste físico.

Posteriormente, a partir del 1º de noviembre de 1995 y hasta el 27 de mayo de 1998, día en que perdió de forma súbita la fuerza en sus extremidades, el aludido oficial de policía se desempeñó en cargos eminentemente administrativos, tales como “Jefe de laboratorio de la escuela judicial, y subdirector administrativo de la escuela judicial de policía”.

Así las cosas, concluye la Sala que, contrario a lo sostenido en la demanda, en el presente caso no existe nexo causal alguno que permita deducir que la lesión de carácter permanente padecida por el señor Pedro Herber Rodríguez Cárdenas, se hubiere producido como consecuencia del sometimiento a actividades que hubiesen exigido un alto desgaste físico, pues lo cierto es que aproximadamente tres (3) años antes de la complicación de su cuadro clínico, al actor se le destinó a la realización de labores netamente administrativas.

Por consiguiente, con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el proceso, no es posible establecer que la afectación de la columna vertebral del demandante se hubiere producido como consecuencia de la aludida falla del servicio endilgada en la demanda, pues lo cierto es que dicha afectación se produjo en un primer momento por un accidente de tránsito ocurrido en 1987 —mientras desarrollaba actos propios del servicio—, respecto del cual la entidad demandada brindó los tratamientos necesarios para lograr su recuperación y, posteriormente, dicha lesión se complicó —de forma súbita— tres años después de que estuviera destinado a la prestación de labores administrativas “en momentos en que se disponía a subirse a un vehículo”, por lo que se concluye que para ese momento el actor no estaba desempeñando labores que implicaran un desgaste físico.

Ciertamente, de conformidad con el registro de cargos desempeñados por el señor Rodríguez Cárdenas, la referida persona estuvo vinculada a cargos administrativos en las oficinas de policía judicial hasta la fecha de ocurrencia del “cuadro súbito de pérdida de la fuerza de sus extremidades”, pero no se acreditó que —como asevera la demanda— la entidad demandada hubiere destinado al ahora demandante a desarrollar actividades que hubiesen implicado una exigencia física y que esa hubiese sido la causa de la complicación de su cuadro clínico.

Así las cosas, comoquiera que el oficial Pedro Herber Rodríguez Cárdenas asumió de manera voluntaria los riesgos que la profesión militar conlleva, los daños sufridos como consecuencia de tales riesgos inherentes a su actividad, —como se concretó en este caso con la lesión en la columna vertebral cuando desarrollaba actividades propias del servicio—, deben ser reconocidos a través de una pensión, la cual por ley está determinada para los daños producidos con ocasión de la prestación del servicio, dentro del marco de la relación laboral que lo vinculaba con la entidad demandada, la cual —según de probó—, le fue reconocida al referido oficial de policía.

Así pues, verificadas las circunstancias en las cuales se produjo la lesión del oficial Rodríguez Cárdenas, la Sala considera que no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio, en tanto esta no se acreditó, por lo cual se impone concluir que dicho daño se encuadra dentro de los riesgos propios, permanentes y continuos, del ejercicio de sus funciones como oficial de la Policía Nacional, el cual fue asumido de manera voluntaria por el hoy demandante.

En conclusión, no se acreditó que el daño hubiere sido imputable a la demandada, pues no se demostró que este hubiere sido producto de una falla del servicio, como tampoco se probó que el agente hubiere estado sometido a un riesgo excepcional diferente al que normalmente debía soportar, ni se acreditó que durante el desarrollo de la actividad al oficial Rodríguez Cárdenas se le hubiere obligado a asumir una carga superior que llevara implícita el rompimiento del principio de igualdad respecto de sus compañeros y que, por ese hecho, se hubiere producido su lesión.

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga que la parte demandante no cumplió(37), pues —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permitiera atribuir la lesión al ente público demandado.

Por fuerza de las razones que se dejan expresadas, se impone para la Sala la necesidad de revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar las súplicas de la demanda.

2.5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 4 de mayo de 2004.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, DENEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Decreto 597 de 1988.

(15) Folios 13 a 132, cuaderno 1.

(16) Folio 148, cuaderno 2.

(17) Folios 168 a 169, cuaderno 3.

(18) Folios 173 a 174, cuaderno 3.

(19) Folios 173 a 174, cuaderno 3.

(20) Folios 184 a 185, cuaderno 3.

(21) Folios 165, cuaderno 2.

(22) Folios 1 a 9, cuaderno 3.

(23) Folios 171 a 173, cuaderno 3.

(24) Folios 174 a 175, cuaderno 3.

(25) Se hace referencia a la escuela judicial de la Policía Nacional.

(26) Folio 2, cuaderno 1.

(27) Dentro del Expediente 540012331000200001211 01 (31582).

(28) En tal sentido la jurisprudencia de la Sección ha señalado que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de estos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el afectado tiene conocimiento de ello, es decir, que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido. En tal sentido pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia de 26 de abril de 1984, Expediente 3393; sentencia de 29 de junio de 2000, Expediente 11.676; sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente 18.273; auto de 10 de junio de 2004, Expediente 25854; sentencia de 16 de febrero de 2006. Expediente 15.251; y, sentencia de 22 de julio de 2009, Expediente 15.628.

(29) Se manifestó que el lesionado sufrió la amputación traumática del tercio proximal de la pierna derecha, fractura múltiple facial, pérdida del ojo izquierdo, fracturas múltiples en mano, falange media, tercer y quinto dedos, fractura metatarsiano del pie izquierdo y trauma de oído con pérdida de audición parcial.

(30) C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(31) Radicado 130012331000201000323 01 (40.805).

(32) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 2012, Expediente 24.673, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(33) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21.515.

(34) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de mayo de 2010, Expediente 19.158 y del 14 de julio de 2005, Expediente 15.544, ambas con ponencia de la señora consejera Ruth Stella Correa Palacio.

(35) En sentencia de 3 de abril de 1997, Expediente 11.187: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado. En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las Fuerzas Armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.

(36) Al respecto, consultar por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, Expediente 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 15 de octubre de 2008, Expediente 18.586 M.P. Enrique Gil Botero.

(37) De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1. Por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2. Por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr. nums. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405.