Sentencia 2000-02694 de diciembre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 19001233100020000269401

Expediente: 30.517

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Adelina Suárez Daza y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., nueve de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 9 de diciembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la demandada y se condenó al pago del 50% de los perjuicios causados con ocasión de la muerte del señor Saúl Suárez Daza, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue estimada en $200’000.000 que, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, formularon los demandantes para la señora María Adelina Suárez Daza (fl. 10, cdno. 1) y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 2000(2), para acceder a la doble instancia, en acción de reparación directa, era de $26’390.000(3).

2.2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, la muerte del señor Saúl Suárez Daza ocurrió el 27 de marzo de 1998 (fl. 8, cdno. 1) y la demanda fue instaurada el 24 de marzo de 2000, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.

2.3. El caso y su análisis.

Se encuentra acreditado en el plenario que el señor Saúl Suárez Daza falleció el 27 de marzo de 1998. Así lo indican el registro civil de defunción (fl. 8, cdno. 1) y el acta de levantamiento del cadáver de la víctima (fls. 101 a 103, cdno. 2).

Así, está demostrado el daño sufrido por los demandantes, esto es, la muerte del señor acabado de mencionar, circunstancia de la que se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

Según la parte actora, esa muerte es imputable a la demandada, teniendo en cuenta que se configuró una falla en la prestación del servicio, pues los agentes de la Sijín que participaron en el operativo para capturar a los asaltantes de la Caja Agraria fueron negligentes, ya que no portaban uniforme ni distintivos que los identificaran como miembros de la fuerza pública, de suerte que la víctima, al confundirlos con los delincuentes, los enfrentó a bala; además, esta última —la víctima— fue sometida a una “carga social excesiva”.

La demandada se defendió de las imputaciones formuladas en su contra, alegando que la muerte del citado señor obedeció a su propia culpa, teniendo en cuenta que este, de manera temeraria, trató de tomarse la justicia por sus propias manos y enfrentó a bala a los miembros de la Sijín que participaron en el referido operativo.

El tribunal, por su parte, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la demandada al pago del 50% de los perjuicios demostrados, en atención a que la muerte del señor Suárez Daza obedeció a la culpa compartida entre este y aquella, pues, por una parte, la víctima asumió una labor que no le correspondía y se expuso imprudentemente a los riesgos que ello implicaba y, por otra parte, los agentes estatales no se identificaron suficientemente y menos aún tomaron las precauciones necesarias del caso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala analizará, de conformidad con las pruebas que militan en el plenario, si la muerte del citado señor es imputable a la demandada, como lo afirmó la parte actora o si, por el contrario, tal hecho obedeció a la culpa exclusiva y determinante de la víctima, como lo sostuvo la accionada, o si ello obedeció a la concurrencia de culpas entre el hoy occiso y la administración, como lo decidió el tribunal.

Pues bien, en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, en el informe de novedad del 27 de marzo de 1998, el jefe del Departamento de Policía del Cauca, Seccional Policía Judicial, señaló que, a eso de las 9:20 a. m. de ese mismo día, recibieron una llamada de la central de comunicaciones en la que informaron que, en el municipio de Paispamba, unos sujetos armados estaban asaltando la Caja Agraria, razón por la cual se ordenó el desplazamiento de personal de la Sijín hasta ese lugar.

Sostuvo que, inicialmente, fueron movilizados 3 agentes, quienes fueron abordados a la entrada del pueblo por un señor que se identificó como auxiliar de enfermería del municipio. Según el informe, dicho señor les dijo que en la Caja Agraria se encontraban 6 sujetos que portaban armas de corto y largo alcance y que, además, detrás del cementerio estaba estacionado un campero en el que se movilizaban los asaltantes, el cual era vigilado por uno de ellos.

Manifestó que, mientras llegaban los refuerzos al lugar de los hechos(5), lo aconsejable era que los agentes se dirigieran primero al sitio donde se encontraba el automotor, a fin de neutralizar a los delincuentes, por cuanto aún no estaban en capacidad de enfrentarlos y capturarlos; en adición, dijo (se transcribe textualmente):

“cuando ibamos llegando a unos pinos cerca donde se encontraba el carro, nos encontramos con un Señor alto, delgado con chaqueta color negra, cubriendo la mitad de su rostro con una tela roja (se anexo a la Fiscalía), portando un Arma de Fuego (Escopeta) en sus manos y en su cintura una canana con capacidad para catorce (14) cartuchos y dentro de la canana tenia varios cartuchos del mismo calibre de la escopeta (se anexarón Fiscalía) de inmediato el Señor Sargento Segundo COLLAZOS AIMER ANTONIO, lo encañonó gritándole ‘Alto Policía’ éste sin medir palabra alguna apuntó con su Arma que portaba a la Humanidad del Señor Sargento y éste en defenza le hizó varios disparos haciendo blanco en su cuerpo, acto seguido el ciudadano accionó su escopeta causando herida en el pecho lado derecho produciendole la muerte en forma instantánea (…)” (fls. 152 y 153, cdno. 2).

Adicionalmente, en el informe se sostuvo que los refuerzos de la Sijín que llegaron al lugar de los hechos capturaron al asaltante que se quedó cuidando el automotor en el que se movilizaban los delincuentes, y que aquel y el vehículo se dejaron a disposición de las autoridades competentes(6).

En declaración rendida el 17 de abril de 2001, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sotará, departamento del Cauca, en cumplimiento del despacho comisorio 062/001 del 29 de marzo de ese mismo año, librado por el Tribunal Administrativo del Cauca, el señor Pedro Torres, testigo presencial de los hechos, aseguró que, comoquiera que la delincuencia había cogido la costumbre de asaltar la Caja Agraria del municipio de Paispamba, le manifestó al señor Suárez Daza que debían armarse y evitar que dicha situación siguiera ocurriendo. Aseguró que, el día de los hechos, se reunieron cuatro personas del pueblo y que él consiguió una escopeta y la víctima otra. Manifestó que, cuando lograron detener a uno de los asaltantes, escucharon unos disparos y que el señor Suárez Daza creyó que se trataba de los delincuentes, de modo que (se transcribe textualmente):

“los frentió, la verdad, todos creímos que eran delincuentes con tan mal suerte que le dio a un cabo de la policía y a esa hora la policía creyó que el era de los delincuentes y lo mataron. Yo me di cuenta de lo que sucedió cuando di una vuelta y salí al otro lado de la carretera y me contaron que habían matado a don Saul y que también había muerto un sargento o cabo (…) Nosotros no supimos quien llamó la policía. Nosotros estabamos haciendo la persecución de los delincuentes solos y todo iba bien pero la equivocación se dio por que no sabíamos que la policía estaba aquí en la misma misión (…) el problema era que ellos vestían prendas de calle, razón por la cual nosotros inicialmente no los identificamos (…) fue como lo dije anteriormente una falla de parte de la fuerza pública por que ellos no se identificaron ni siquiera con los uniformes por eso fue que nosotros consideramos que se trataba de delincuencia común. Además nosotros no sabíamos que íbamos a contar con ellos, no se realmente por que se aparecieron en esta población y quien los llamó” (fls. 134 y 135, cdno. 2).

Por su parte, el señor Jorge Arvey Vargas, en declaración rendida el 18 de abril de 2001 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Paispamba, en cumplimiento del mencionado despacho comisorio 062/01, dijo que, el día de los hechos, se encontró en la calle con el señor Saúl Suárez Daza, quien le manifestó que debían impedir que asaltaran el pueblo y que, además, este le comentó que tenía dos armas muy buenas, una de las cuales se la prestó a él. Afirmó que, minutos después, se encontraron con Pedro Torres, quien trajo una escopeta y se dirigieron al lugar donde estaba estacionado el automotor utilizado por los delincuentes y capturaron a uno de ellos. Anotó que, cuando pasaban por el cementerio, se produjo un tiroteo, por lo cual le dijo a la víctima que corrieran, para que no los mataran, pero que esta se negó; adicionalmente, relató (se transcribe textualmente):

“fué un accidente por parte de la policía porque en ese momento que yo iba a salir corriendo el finado SAUL, fue interceptado por un policía que estaba vestido de civil y le dijo ‘Manos arriba’ con un revolver no se su calibre y no vi nada más porque como yo estaba al lado del ahora finado SAUL yo al oírle esto al policía salí fue corriendo hacia abajo” (fl. 132, respaldo, cdno. 2).

Pues bien, el material probatorio mencionado indica que el señor Saúl Suárez Daza murió como consecuencia de disparos efectuados por agentes de la Sijín de la Policía Nacional, quienes se habían desplazado hasta el municipio de Paispamba para dar con el paradero y capturar a un grupo de delincuentes que, minutos antes, habían asaltado la Caja Agraria. Indica también ese material que, en ese momento, falleció el sargento Segundo Eimer Antonio Collazos, como lo revelan el informe de novedad del 27 de marzo de 1998, rendido por el Departamento de la Policía Judicial del Cauca (fls. 150 a 151, cdno. 2), el registro civil de defunción (fl. 159, cdno. 2) y el acta de inspección del cadáver del agente estatal (fls. 154 a 156, cdno. 2).

Según el informe de novedad acabado de citar, cuando el agente Collazos observó que el señor Saúl Suárez Daza se encontraba armado con una escopeta, le gritó: “Alto Policía”, pero este hizo caso omiso del llamado y apuntó el arma contra el agente estatal, quien reaccionó disparando varias veces contra aquel. Seguidamente, el señor Suárez Daza accionó el arma contra el policía, causándole la muerte inmediatamente.

Ahora bien, las demás pruebas practicadas indican que quien accionó primero el arma fue el señor Suárez Daza y que los compañeros del agente estatal reaccionaron inmediatamente y le dieron de baja.

En efecto, según los hechos de la demanda, cuando el primero de los mencionados observó al agente estatal “pensó que se trataba de un asaltante y disparó contra él, a lo cual respondieron sus compañeros ocasionándole la muerte” (se resalta) (fl. 13, cdno. 1). El señor Pedro Torres, testigo presencial de los hechos, citado unos párrafos atrás, dijo al respecto que él y sus amigos creyeron que los agentes estatales eran los delincuentes, con tan mala suerte que el señor Suárez Daza “le dio a un cabo de la policía y a esa hora la policía creyó que el (sic) era de los delincuentes y lo mataron” (se resalta) (fl. 134, cdno. 2). Estos relatos son coherentes con el acta de inspección del cadáver del señor Suárez Daza; en efecto, allí consta que este recibió varios impactos de bala (en el pecho, cuello, homoplato derecho y hombro y pierna izquierdos) (fls. 101 a 103, cdno. 2), lo cual explica que, como se dijo en la demanda y lo ratificó el testigo acabado de citar, cuando aquel disparó contra el agente Collazos, los compañeros de este último le dieron de baja.

Así las cosas, para la Sala no se configuró la falla del servicio alegada por los demandantes y menos aún se demostró que el civil fallecido hubiera sido sometido a “una carga social excesiva”, pues lo cierto es que este se expuso imprudentemente al daño. A esta conclusión puede llegarse, sea que se tenga en cuenta el relato contenido en el informe de novedad del 27 de marzo de 1998, rendido por el jefe del Departamento de Policía del Cauca, seccional policía judicial —conforme al cual el señor Suárez habría apuntado su arma contra el policía y este habría reaccionado disparando contra aquel—, o sea que se tenga en cuenta lo afirmado en la demanda por la parte actora y, en el curso del proceso, por el testigo Pedro Torres —en el sentido de que Suárez habría accionado su arma contra el policía y la reacción armada habría provenido de los compañeros de este—. En ambos casos, puede concluirse que el comportamiento de la víctima dio lugar a la conducta lícita y previsible de los agentes estatales, que obraron en legítima defensa. En ese sentido, si bien la conducta de estos constituyó la causa material del daño, no puede ser calificada de causa adecuada de él, sino apenas de una conditio sine qua non, que no permite atribuirle responsabilidad a la Nación.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el manejo de armas de fuego comporta el ejercicio de una actividad peligrosa. Si, en su desarrollo lícito, se causa un daño, hay lugar a aplicar el régimen objetivo de responsabilidad de riesgo excepcional, conforme al cual el demandante está obligado a demostrar el daño sufrido y la relación de causalidad entre este y la actuación de la administración; por su parte, para exonerarse de responsabilidad, la entidad demandada debe acreditar la presencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o el hecho también exclusivo y determinante de la víctima; es decir, la entidad estatal podrá ser declarada no responsable cuando, a pesar de haber causado materialmente el daño, éste no le es imputable, por estar demostrada alguna de las mencionadas causas extrañas.

En cuanto se refiere al hecho de la víctima, no toda conducta asumida por ella constituye un factor que rompa el nexo de causalidad entre el hecho del demandado y el daño, toda vez que, para que la conducta de la víctima releve de responsabilidad a la administración, debe acreditarse, por una parte, la existencia de una relación de causalidad adecuada entre ella y el daño, esto es, debe probarse que el hecho de la víctima hacía previsible la conducta del demandado, de acuerdo con las reglas de la experiencia, en un curso normal de los acontecimientos; por otra parte, debe acreditarse que el hecho del afectado fue la causa única y exclusiva del daño. En este último caso, la exoneración será total; por el contrario, si la actuación de la víctima concurre con el hecho del demandado, en cuanto este constituye igualmente causa adecuada del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2357 del Código Civil(7).

En el presente asunto, resulta evidente que fue la conducta de la propia víctima la causa adecuada y exclusiva del daño por el cual se demanda, pues de ella era previsible la reacción de los policías, cuya conducta, ajustada a derecho, solo fue la causa material, mas no jurídica, de la muerte del señor Suárez. Dicho de otro modo, el resultado del comportamiento del señor Saúl Suárez Daza no podía ser otro distinto del que se presentó, pues, ante su amenaza o su ataque, que constituía una agresión injusta, inminente o actual, contra el derecho a la vida del Sargento Collazos, resultaba normal la actuación de los policías, que reaccionaron proporcionalmente, por la necesidad de defender ese derecho y, por lo mismo, la conducta de estos no compromete la responsabilidad del Estado.

Así, para la Sala es claro que se configura el hecho exclusivo de la víctima como causal de exclusión de la responsabilidad que pretende imputarse a la accionada; por ello, se revocará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones de la demanda.

2.4. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 9 de diciembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La demanda fue presentada el 24 de marzo de 2000 (fls. 9 a 20, cdno. 1).

(3) Decreto 597 de 1988.

(4) Decreto 2304 de 1989.

(5) Según el libro de anotaciones de la Policía Nacional, el 27 de marzo de 1998, a las 9:25 a. m., un grupo de agentes de la Sijín se desplazó hacia el municipio de Paispamba, departamento del Cauca, a fin de capturar a unos delincuentes que asaltaron la Caja Agraria. A las 10:50 a. m., otro grupo de agentes fue desplazado al lugar de los hechos, a fin de reforzar a sus compañeros (fls. 83 a 86, cdno. 2).

(6) Debe anotarse que por estos hechos no se adelantaron investigaciones penales, ni disciplinarias (fls. 33 y 35, cdno. 2).

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2002, Expediente 12.262.