Sentencia 2000-02697 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2000-02697-01(26021)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Bernabé Piza Piza

Demandado: Rama Judicial y otros

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D. C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia, 2) acervo probatorio, 3) vinculación al proceso de los funcionarios judiciales, 4) caducidad de la acción, 5) análisis del caso concreto, 6) condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos, de conformidad al artículo 73 ibídem y al auto de 9 de septiembre de 2008(1), proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

En efecto, la ley estatutaria de administración de justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los tribunales administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

2. Acervo probatorio.

Del material probatorio allegado al expediente, se destaca:

2.1. Oficio 1519 de 5 de junio de 2001, proferido por el centro de servicios de la Oficina de Tránsito y Transporte de Soacha, por el cual se informó que el vehículo de placas FAC 799, pertenece al señor Bernabé Piza Piza, desde el 15 de abril de 1993.

2.2. Dictamen pericial rendido en el proceso sobre el daño material sufrido por el actor durante el tiempo que estuvo inmovilizado su automotor (fls. 1 a 7, cdn. 4).

2.3. Seis fotografías del automotor de propiedad del actor (fls. 8 a 10, cdn. 4).

2.4. Factura cambiaria de compraventa del servicio de grúas “Alto al llano”, por el servicio prestado al actor, el 16 de julio de 1999, por valor de $30.000 (fl. 153, cdn. 2).

2.5. Recibo de pago de honorarios profesionales pagados por el actor, al abogado Jairo Enrique Herrera Pérez, por la intervención en los procesos ejecutivos adelantados en los Juzgados 19 y 49 Civiles Municipales de Bogotá, por valor de $1’000.000 (fl. 141, cdn. 2).

2.6. Orden de servicio del Taller de Latonería y Pintura Carrillo y Cía., a nombre del actor, por valor de $5’700.000 (fl. 154, cdn. 2).

2.7. Certificados de las juntas de acción comunal de los barrios Compostela, Alto del Pino, Yomasita donde se hizo constar que la camioneta de placas FAC 799, prestaba el servicio de transporte en estas localidades (fls. 147 a 149, cdn. 2).

2.8. Certificación proferida por el señor Pedro Pablo Parrada Clavijo, habitante de la localidad Quinta, en la cual señaló que la camioneta de placas FAC 799, prestaba servicio a la comunidad (fl. 150, cdn. 2).

2.9. Certificaciones de las juntas de acción comunal de los barrios Yomasita – San Isidro y Compostela, donde se hizo constar que el vehículo de placas FAC 799 prestaba el servicio de transporte (fls. 151 y 152, cdn. 2).

2.10. Copia auténtica del proceso ejecutivo seguido en el Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, donde figura como demandante Cipriano Quevedo, contra Rito Ramón Piza Beltrán, de donde se resalta (cdn. 3):

• Auto del 25 de noviembre de 1996, por el cual se declaró terminado el proceso ejecutivo, se levantaron los embargos y secuestros ordenados y se puso a disposición del Juzgado 19 Civil Municipal, los bienes desembargados, en virtud del embargo de remanentes solicitado (fls. 24, cdn. 3).

• Oficio 1290 de 2 de julio de 1997, por el cual, la secretaria del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, le comunicó al Juez 19 Civil Municipal, la decisión adoptada el 25 de noviembre de 1996 y se informó el lugar donde se encontraba el vehículo y que frente al mismo se impartió orden de secuestro pero que el oficio aún no había sido devuelto (fl. 28, cdn. 2).

• Copia de la licencia de tránsito 92-1565073 del vehículo de placas FAC799, donde figura como propietario el señor Bernabé Piza Piza (fl. 31, cdn. 2).

• Copia del certificado de tradición del vehículo de placas FAC799, en el cual consta el traspaso al señor Bernabé Piza Piza, en el año de 1993 (fl. 32, cdn. 2).

• Oficio de 19 de julio de 1996, dirigido por la Secretaria del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá al comandante del F-2, sección automotores, y recibido el 24 de julio del mismo año, por medio del cual se le comunicó que por auto de 16 de julio de 1996 se “decretó el embargo y secuestro de los derechos derivados de la posesión que tenga el demandado Rito Ramón Piza Beltrán, sobre el vehículo FAC799, por lo que se ordena su captura” (fl. 33, cdn. 2).

• Oficio de 24 de julio de 1999, por el cual, el comandante de la patrulla EA13 de la zona quinta de Usme del Departamento de Policía Tequendama, dejó a disposición del comandante de la zona, el vehículo de placas FAC799, con anexo del inventario individual del automotor, en el que se hizo constar que el mismo estaba a cargo de Bernabé Piza Piza (fls. 34 y 35, cdn. 3).

• Petición ejercida por el actor y dirigida al Juez 49 Civil Municipal de Bogotá, radicada el 15 de agosto de 1997, solicitando la entrega del vehículo automotor de placas FAC799. En el mismo, se manifestó que el bien había sido dado en arriendo al señor Rito Ramón Piza Beltrán (fl. 36, cdn. 3).

• Auto de 19 de agosto de 1997 por el que se indica que el proceso al que hace alusión el actor en su petición se dio por terminado mediante auto de 25 de noviembre de 1996 y los afectados fueron puestos a disposición del Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá, mediante Oficio 1290 de 2 de julio del mismo año (fl. 38, cdn. 3).

• Oficio 1275 del Juzgado 19 Civil Municipal, por el que se solicita el envío de copia del oficio por el cual se comunicó a la secretaría de tránsito que el vehículo de placas FAC799 quedaba a disposición del juzgado y de la diligencia de aprehensión del mimo (fl. 39, cdn. 3).

• Auto de 25 de agosto de 1997, mediante el cual se ordenó librar oficio al F2 conforme al proveído de 25 de noviembre del año anterior y una vez obtenida constancia de su recibo remitirlo al Juzgado 19 Civil Municipal (fl. 40, cdn. 3).

• Oficio 1828 de 11 de septiembre de 1997, dirigido al comandante del F2, en el cual se informa acerca de las decisiones de veinticinco de agosto del mismo año y 25 de noviembre de 1996, y se pone de presente que el vehículo de placas “SAC 799” se puso a disposición del Juzgado 19 Civil Municipal (fl. 41, cdn. 3).

• Oficio 2081 de 29 de octubre de 1997, que remite al Juzgado 19 Civil Municipal copia del Oficio 1828 de 1997 (fl. 42, cdn. 3).

• Oficio 1568 de 30 de septiembre de 1997, del Juzgado 19 Civil Municipal donde se requiere al Juzgado 49 para que de cumplimiento al Oficio 1275 del mismo año. Al final del documento aparece constancia secretarial, indicando que se dio cumplimiento al mismo, conforme a auto que antecede (fl. 44, cdn. 3).

• Memorial del 7 de julio de 1998, presentada por el apoderado del actor, por el cual solicita la entrega del vehículo (fls. 51 a 53, cdn. 3).

• Auto del 7 de julio de 1998, que niega la solicitud del actor puesto que el vehículo se encontraba a disposición del Juzgado 19 Civil Municipal. Se considera que el vehículo “se encontró embargado por cuenta de este juzgado, en lo que respecta a los derechos derivados de la posesión que tenía el demandado” (fl. 54, cdn. 3).

• Oficio 1827 de 6 de noviembre de 1998 del Juzgado 19 Civil Municipal, informándole al Juez 49 Civil Municipal que mediante auto del 14 de mayo del mismo año se dispuso solicitarle allegar copia del oficio que ordenó al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, el registro del embargo del automotor de placas FAC799, así como copia del secuestro del vehículo (fl. 55, cdn. 3).

• Auto del 9 de noviembre de 1998, donde se dispuso librar, nuevamente, el Oficio 1828 de 1997, indicando en forma correcta las placas del vehículo e informar al Juzgado 19 Civil Municipal que mediante auto de 16 de julio de 1996 se ordenó el embargo y secuestro de los derechos derivados de la posesión que Rito Ramón Piza Beltrán sobre el automotor, asimismo que el vehículo no ha sido secuestrado (fl. 57, cdn. 3).

• Oficio 2540 de 10 de noviembre de 1998, dirigido al Juez 19 Civil Municipal, en cumplimiento del auto anterior (fl. 58, cdn. 3).

• Oficio 2539 de 10 de noviembre de 1998, dirigido al comandante del F2, en cumplimiento del auto anterior (fl. 58, cdn. 3).

• Oficio 759 de 1999 del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Disciplinaria, por medio del cual se le comunicó al Juez 49 Civil Municipal que se abrió indagación preliminar en su contra y se solicita remitir copia del proceso ejecutivo instaurado por Cipriano Quevedo (fl. 61, cdn. 3).

• Auto del 25 de junio de 1996, por el cual se dispuso el embargo y secuestro de “los derechos derivados de la posesión que tenga el demandado Rito Ramón Piza Beltrán, sobre el vehículo de placas SAC 799” (fl. 89, cdn. 3).

• Oficio 882 de 25 de junio de 1996, dirigido al comandante del F2, dando cumplimiento al auto anterior (fl. 90, cdn. 3).

• Auto del 16 de julio de 1996, por el cual se dispuso el embargo y secuestro de “los derechos derivados de la posesión que tenga el demandado Rito Ramón Piza Beltrán, sobre el vehículo de placas FAC 799” (fl. 96, cdn. 3).

• Oficio 1022 de 19 de julio de 1996, dirigido al comandante del F2, dando cumplimiento al auto anterior (fl. 97, cdn. 3).

2.11. Testimonio rendido por el señor Moisés Cabezas Rodríguez, quien declaró sobre el transporte informal que prestaba el vehículo del actor en los barrios Santa Librada y Yomasa (fl. 144, cdn. 3).

2.12. Testimonio rendido por la señora Gloria María Rondón Sáenz, esposa del actor, quien declaró sobre los hechos de la demanda (fls. 146 y 147, cdn. 3).

2.13. Testimonio rendido por el señor Rito Ramón Piza Beltrán (fls. 148 a 150, cdn. 3).

2.14. Copia del proceso ejecutivo seguido en el Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá, donde figura como demandante la Caja Social, contra Rito Ramón Piza Beltrán, de donde se resalta (cdn. 2):

• Auto del 4 de octubre de 1995, por medio del cual se decretó el embargo de remanentes y de los bienes que se llegaran a desembargar en el proceso ejecutivo que se surte en el Juzgado 49 Civil Municipal (fl. 56, cdn. 2).

• Oficio 1261 de 17 de octubre de 1995, dirigido al Juez 49 Civil Municipal, en el que se comunicó la decisión adoptada en el auto anterior (fl. 59, cdn. 2).

• Oficio 1437 de 30 de octubre de 1995, del Juzgado 49 Civil Municipal, por el cual se informó que se dispuso tener en cuenta el embargo de remanentes (fl. 60, cdn. 2).

• Derecho de petición del 16 de septiembre de 1997, ejercido por el actor, donde solicita la entrega del vehículo de placas FAC799 (fls. 67 y 68, cdn. 2).

• Auto del 16 de marzo de 1999, en el que dispuso ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que se habían decretado y comunicar lo decidido al comandante de la Policía Nacional, zona quinta de Usme para hacerle saber que se levantó la medida de aprehensión del vehículo de placas FAC 799 (fl. 70, cdn. 2).

• Oficio 1421 de 15 de julio de 1999, dirigido al comandante de la Policía Nacional, zona quinta de Usme, dando cumplimiento al auto anterior (fl. 71, cdn. 2).

• Oficio 810 del 27 de mayo de 1998, por el cual se solicita al Juez 49 Civil Municipal que allegue copia del oficio por el que ordenó al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte el registro del embargo del vehículo de placas FAC799 así como copia de la diligencia de secuestro (fl. 101, cdn. 2).

• Auto del 31 de julio de 1996, proferido por el Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual se negó un incidente de levantamiento de embargo y secuestro solicitado por el actor, porque aún no se había practicado la diligencia de embargo y secuestro (fl. 139, cdn. 2).

• Oficio 1610 de 20 de noviembre de 1998, por el cual se solicita a la secretaría general de inspecciones de la Policía Nacional información acerca del despacho comisorio 494 de 6 de septiembre de 1996, emanado del Juzgado 49 Civil Municipal (fl. 140, cdn. 2).

2.16. Copia auténtica del acta de entrega del vehículo de placas FAC799 al señor Bernabé Piza Piza, el día 16 de julio de 1999 (fl. 143, cdn. 2).

2.17. Doce fotografías del automotor de propiedad del actor, al momento de su entrega (fls. 144 a 146, cdn. 2).

2.18. Objeción al dictamen pericial presentado por el apoderado del Juez 49 Civil Municipal de Bogotá (fls. 93 a 97, cdn. 2).

3. Vinculación al proceso de los funcionarios judiciales.

Previo a decidir el fondo del asunto, la Sala considera imprescindible pronunciarse acerca de la vinculación al proceso de los jueces 19 y 49 civiles municipales de Bogotá, realizada oficiosamente por el tribunal de primera instancia, toda vez que los mismos no podían ser vinculados de esta forma al proceso de reparación directa, por las razones que pasan a exponerse a continuación.

El artículo 90 de la Constitución Política señala:

“ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este” (resaltado fuera del texto original).

De otro lado, el artículo 86 de Código Contencioso Administrativo, preceptúa:

“ART. 86.—Acción de reparación directa. <Subrogado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998.> La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública” (resaltado fuera del texto original).

De conformidad con las normas en cita, cuando se consideraba que un funcionario o agente estatal era responsable, por su actuar doloso o gravemente culposo, por una condena impuesta a un ente público, se debía ejercer acción de reparación directa(2), luego de que se profiriera la sentencia condenatoria a la entidad demandada.

En sentido similar, establece el artículo 78 de la misma codificación, lo siguiente:

“ART. 78.—Jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad conexa. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere” (resaltado fuera del texto original).

Al analizar la constitucionalidad de esta norma, la Corte Constitucional fue clara en señalar que en el proceso de reparación directa podían ser demandados tanto la entidad como el funcionario, o el juez, la entidad o el Ministerio Público podían vincularlo a través de la figura del llamamiento en garantía, pero en todo caso, si se declaraba la responsabilidad de la (sic) ambos —esto es la entidad y el funcionario—, la obligación de resarcir la obligación debía imponerse contra la persona jurídica pública y esta podría repetir por lo pagado contra el empleado.

Así discurrió el alto tribunal constitucional:

“Según el inciso segundo del art. 90 de la Constitución, solo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquel repetir lo pagado contra este. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición.

Ahora, cabría preguntarse, si por el hecho de que el art. 78 autorice que la demanda pueda promoverse contra la entidad comprometida en el daño, o contra esta y el funcionario, se desbordan los límites de la regulación constitucional? (sic).

Desde luego que no, porque la referida norma debe ser entendida bajo la idea de que solo después de que se declare la responsabilidad y se condene a la entidad pública, es cuando esta puede repetir contra el funcionario. De manera que con la demanda simultánea de la entidad y del agente no se vulnera la mencionada norma constitucional, sino que se atiende a la economía procesal, porque en un mismo proceso se deduce la responsabilidad que a cada uno de ellos corresponde.

Según lo anterior, la norma debe interpretarse en el sentido de que únicamente puede perseguirse al funcionario por la vía de la acción de repetición, solo después de que se haya resuelto mediante sentencia la condena del Estado por el daño antijurídico por el cual debe responder. La demanda que pueda incoar el perjudicado contra la entidad responsable o contra su agente, de manera conjunta o independientemente, no contraviene el artículo 90 de la Constitución, porque la norma acusada no autoriza que se pueda perseguir exclusivamente al funcionario, sin reclamar la indemnización del Estado.

Conforme a las consideraciones precedentes la Corte concluye lo siguiente:

a) La norma cuestionada habilita al perjudicado para promover la acción resarcitoria frente a la entidad, el funcionario o contra ambos. Sin embargo, debe entenderse que la responsabilidad del agente se ve comprometida siempre que prospere la demanda contra la entidad, o contra ambos.

b) Cuando prospera la demanda contra ambos, la sentencia declara la responsabilidad de la entidad pública, así como la responsabilidad del funcionario por haber incurrido en la conducta dolosa o gravemente culposa que contribuyó a la ocurrencia del daño. Pero la obligación de resarcir los perjuicios se impone a la entidad y no al funcionario; pero a la entidad se le reconoce el derecho de repetir lo pagado contra el funcionario. Ello es así, porque la responsabilidad por el daño antijurídico es del Estado y no propiamente de su agente; lo que sucede es que la conducta de este gravemente culposa o dolosa, determinante del daño, tiene como consecuencia el que la entidad pueda repetir lo pagado.

c) Entiende la Corte, además, que así no se demande al funcionario o agente, el juez administrativo esta facultado para llamarlo en garantía de oficio o a solicitud de la entidad demandada o del ministerio público. En este evento, la situación procesal es exactamente igual a la que ocurre cuando se vincula directamente a aquel como demandado en el proceso. Y si no ocurre ni lo uno ni lo otro, la solución se encuentra en el inciso segundo del art. 86 del Código Contencioso Administrativo en la forma como fue modificado por el art. 31 de la Ley 446/98, que en relación con la reparación directa dispone:

‘Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resultan perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública’.

En síntesis, el funcionario puede ser condenado a repetir siempre que haya sido demandado en un proceso conjuntamente con la entidad pública, o cuando es llamado en garantía en este, o cuando se le impone la obligación de restituir a la entidad pública lo pagado en proceso separado, según la norma antes transcrita”(3).

En tratándose de condenas al Estado derivadas de la administración de justicia, la Ley 270 de 1996, se encargó de regular la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales, así como la acción pertinente para exigir la misma:

“ART. 71.—De la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación.

3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer”.

“ART. 72.—Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repetición de la que este es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles.

Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía”.

El artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, subrogado por los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, indicaba que los jueces responderían por los perjuicios que causaren a las partes en determinados casos, responsabilidad que se haría efectiva a través de proceso civil separado.

La Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”, en su artículo primero determinó su objeto en los siguientes términos:

“La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición”.

La Corte al analizar la constitucionalidad de la norma, señaló:

“Conforme a la naturaleza misma de las cosas, el Estado para su actuación requiere de personas naturales, que a él se vinculan en la forma prevista por el legislador para que desempeñen las funciones establecidas en la Carta Política, en la ley o en el reglamento respectivo, bajo el principio rector de que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, como se establece expresamente por el artículo 123 de la Carta Política.

Siendo ello así, si por su propia decisión el servidor público opta por actuar en forma abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, con la intención positiva de inferir daño a la persona o a la propiedad de alguien, o en atropello y desconocimiento deliberado de sus derechos fundamentales, o incurre en un error de conducta en que no habría incurrido otra persona en el ejercicio de ese cargo, resulta evidente que no desempeña sus funciones de conformidad con la Carta, y en cambio, sí lo hace contrariándola, o quebrantando la ley o el reglamento y en todo caso en perjuicio de los intereses de la comunidad o de sus asociados, y no al servicio sino en perjuicio del Estado.

Eso explica, entonces que el artículo 90 de la Constitución Política, en su segundo inciso establezca que si al Estado se le impone condena a la reparación patrimonial por daños antijurídicos causados por servidor público que obra con dolo o culpa grave, deba repetir contra este en defensa de los intereses generales que se verían seriamente afectados si la comunidad tuviera que soportar la disminución patrimonial que se le ocasiona con la condena y nada pudiera hacer contra el responsable directo y personal que a ella dio origen por su actuar doloso o gravemente culposo.

Cabe destacar que la Corte tiene ya por sentado que esa responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado no es de carácter sancionatorio, sino reparatorio, tal como se dijo, entre otras, en la Sentencia C-309 de 2000, en la cual a propósito de la responsabilidad fiscal de aquellos, se expresó que: ‘(…) esta responsabilidad no tiene carácter sancionatorio, ni penal ni administrativo, pues la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria’, lo cual resulta igualmente predicable en relación con la acción de reembolso que consagra el artículo 90 de la Constitución para que el Estado la ejerza con el único propósito de reintegrar a las arcas públicas el valor de la condena que hubo de pagar como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.

4.3. Conforme a lo expuesto, no admite discusión alguna que si al Estado se le impone judicialmente condena porque se le declara patrimonialmente responsable de un daño antijurídico respecto de la víctima, esa sentencia es de obligatorio cumplimiento.

En ese orden de ideas, realizado el pago si la condena le fue impuesta al Estado como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus servidores, el artículo 90 superior le impone el deber de iniciar una acción de repetición para obtener el reembolso de lo pagado.

En la hipótesis acabada de mencionar, existirían pues dos procesos: el primero, instaurado por la víctima del daño antijurídico contra el Estado; el segundo, luego de la sentencia condenatoria contra este, incoado por el Estado contra el servidor público que actuó con dolo o culpa grave. En tales procesos son distintos los sujetos y diferente la posición del Estado, que en el primero actúa como demandado y en el segundo como demandante. Son también distintas las pretensiones, pues en el primero el actor persigue que se deduzca judicialmente una declaración de responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, al paso que en el segundo lo pretendido es el reembolso de lo que hubiere sido pagado como consecuencia de la sentencia condenatoria del primer proceso, cuando el servidor público con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a ello.

4.4. En los procesos independientes a que se ha hecho mención, no habría entonces intervención de terceros. Con todo, habrá de averiguarse si conforme a la Constitución y en aplicación del principio de economía procesal puede el legislador establecer unas reglas de procedimiento para que en el mismo proceso en que se pretenda deducir la responsabilidad patrimonial del Estado, pueda, simultáneamente decidirse sobre la pretensión de este para que el servidor público respecto de quien hubiere fundamento para considerar que procedió con dolo o culpa grave en la actuación que dio origen a la responsabilidad patrimonial que del Estado se reclama, reembolse lo que hubiere sido pagado a la víctima, con ocasión del daño sufrido.

4.5. Nada se opone en la Constitución Política a que ello sea así. En efecto, si bien se trata de dos pretensiones diferentes, la primera frente al Estado y la segunda, de este frente al servidor público que se encuentre en las circunstancias especiales ya anotadas (dolo o culpa grave), para que reembolse a aquel lo que fuere condenado a pagar, es claro que luego de trabada la relación jurídico-procesal entre la víctima demandante y el Estado demandado que tienen la calidad de partes originarias del proceso, puede el Estado impetrar que se vincule al servidor público que hasta ese momento es un tercero ajeno al proceso, para que en adelante tenga la calidad de tercero interviniente y, en consecuencia, se haga parte forzosa desde entonces, llamándolo en garantía, para que en una misma sentencia se decida si el Estado es responsable patrimonialmente y si el servidor público obró o no con culpa grave o dolo para imponerle entonces la obligación de reembolsar lo pagado por el Estado al demandante inicial. Nótese que al Estado le asiste un derecho de carácter constitucional a ejercer en ese caso la acción de repetición y, por ello, nada de extraño tiene que la ley ponga a su disposición un instrumento de carácter procesal para el efecto.

Desde luego, que ese llamamiento en garantía es un medio para cumplir el deber del Estado de dirigir la acción de repetición contra el servidor público que al parecer obró con dolo o culpa grave y con su conducta dio origen a que aquel fuera demandado con una pretensión de responsabilidad patrimonial.

Que en la misma sentencia en que se decida si el Estado ha de ser condenado o no al pago por haber incurrido en una responsabilidad de orden patrimonial respecto a la víctima y que, en ella, también se decida sobre la existencia de dolo o culpa grave del servidor público para imponerle o no la obligación de reembolsar lo pagado por el primero, no son excluyentes entre sí; y si los hechos que se debaten tienen o pueden tener conexidad y han de servirse de algunas pruebas comunes, que en lugar de tramitar dos procesos se puedan deducir ambas pretensiones en uno solo para el evento de que el Estado fuere condenado y si existiere dolo o culpa grave, no vulnera en nada la Constitución Política.

Ha de observarse adicionalmente, que la vinculación del servidor público como tercero interviniente y su citación que lo vincula a lo que en el futuro se resuelva, lejos de lesionar su derecho defensa lo garantiza a plenitud para que no sea sorprendido con la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado, si no para que, desde el principio pueda combatir esa pretensión, explicar su conducta oficial, solicitar las pruebas que considere pertinentes para demostrar la legitimidad y legalidad de su actuación como servidor público, controvertir las pruebas de cargo, alegar en forma oportuna, ejercer el derecho de impugnar las providencias desfavorables, todo lo cual no solo redunda en su propio beneficio como servidor público que eventualmente podría ser demandado luego si se tratara de dos procesos diferentes, sino, como salta a la vista, también en beneficio del propio Estado.

4.6. Así las cosas, habrá de declararse la exequibilidad de la expresión ‘o del llamamiento en garantía con fines de repetición’ contenida en el artículo 1º de la Ley 678 de 2001, como objeto de la misma, y, por las mismas razones, la expresión ‘es una acción civil de carácter patrimonial’ que se utiliza por el artículo 2º de la misma ley para definir en qué consiste la acción de repetición que se regula en ese cuerpo legal; y, lo mismo acontece con la expresión ‘o el llamamiento en garantía’ contenida en el artículo 4º de la ley acusada, en cuanto en él se establece que es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o hacer tal llamamiento, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes; y, con la expresión ‘por vía del llamamiento en garantía’, del primer inciso del artículo 16 de la ley acusada”(4).

En virtud de lo anterior, la Sala considera que, en aplicación de la Ley 270 de 1996, norma que rige los hechos bajo estudio, no era posible vincular oficiosamente a los funcionarios judiciales como ocurrió en el sub judice, dentro del proceso donde se discute la responsabilidad de la entidad estatal, puesto que el agente podía ser vinculado únicamente, a través de la figura del llamamiento en garantía, cuya potestad para ejercerla recaía en la entidad demandada o el Ministerio Público, o de resultar condenada la entidad, podía ejercerse la acción de repetición (anteriormente acción de reparación directa con fundamento en el inciso segundo del artículo 86 del CCA).

Así las cosas, la Sala considera que en el caso concreto, los jueces 19 y 49 civiles municipales de Bogotá, no debieron ser vinculados al proceso en calidad de demandados. No obstante lo anterior, se insiste que, en caso de resultar condenada la entidad pública demandada, Nación - Rama Judicial, esta puede ejercer acción de repetición contra los funcionarios o exfuncionarios que con su actuar doloso o gravemente culposo haya dado lugar a la sentencia desfavorable al Estado.

4. Caducidad de la acción.

La entidad demandada propuso, en la contestación de la demanda, la excepción de caducidad de la acción, en igual sentido lo hizo el Juez 49 Civil Municipal de Bogotá en el escrito de apelación adhesiva de la sentencia.

Previo a decidir sobre la misma, la Sala pone de presente que en el sub judice se demanda tanto por el error jurisdiccional causado por la Rama Judicial, a través de los jueces 19 y 49 Civiles Municipales de Bogotá, como el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se hace recaer, conforme al libelo introductorio, en los empleados de los mismos despachos judiciales.

Así las cosas, debe dilucidar la Sala cuáles son los hechos que, a juicio del actor, generaron el daño reclamado en el sub examine, para lo cual, la Sala diferenciará aquellos argumentos relacionados con el error jurisdiccional frente a los alegatos presentados en torno al defectuoso funcionamiento de la administración judicial.

En cuanto al error jurisdiccional, el actor aduce que consistió en las siguientes decisiones:

• Auto del 25 de noviembre de 1996, del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, que declaró la terminación del proceso por pago total de la obligación y ordenó poner a disposición del Juzgado 19 Civil Municipal, los bienes desembargados.

• Auto de 25 de agosto de 1997, del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual se ordenó librar oficio al F2 conforme al proveído de 25 de noviembre del año anterior y una vez obtenida constancia de su recibo remitirlo al Juzgado 19 Civil Municipal.

• Providencia del 7 de julio de 1998, del Juez 49 Civil Municipal, en que señaló que “luego sin duda, el vehículo se encontró embargado por cuenta de este juzgado, en lo que respecta a los derechos derivados de la posesión que tenía el demandado”.

• Auto del 9 de noviembre de 1998, del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, donde se dispuso librar, nuevamente, el Oficio 1828 de 1997, indicando en forma correcta las placas del vehículo e informar al Juzgado 19 Civil Municipal que mediante auto de 16 de julio de 1996 se ordenó el embargo y secuestro de los derechos derivados de la posesión que Rito Ramón Piza Beltrán sobre el automotor, asimismo que el vehículo no ha sido secuestrado.

Respecto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en la demanda, se exponen los siguientes sustentos:

• Oficio 1290 de 2 de julio de 1997, del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, por el cual, la Secretaria del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, le comunicó al Juez 19 Civil Municipal, la decisión adoptada el 25 de noviembre de 1996, esto es 7 meses después de haberse proferido.

• Oficio 1828 de 11 de septiembre de 1997, del Juzgado 49 Civil Municipal de Bogotá, dirigido al comandante del F2, en el cual se informa acerca de las decisiones de veinticinco de agosto del mismo año y 25 de noviembre de 1996, y se pone de presente que el vehículo de placas “SAC 799” se puso a disposición de Juzgado 19 Civil Municipal, incurriéndose así en un error secretarial al indicar mal la placa del rodante, que solo fue subsanado mediante Oficio 2539 de 10 de noviembre de 1998.

• Oficio 810 del 27 de mayo de 1998, por el cual se solicita al Juez 49 Civil Municipal que allegue copia del oficio por el que ordenó al Instituto Departamental de Tránsito y Transporte el registro del embargo del vehículo de placas FAC799 así como copia de la diligencia de secuestro, el cual tuvo que ser corregido mediante Oficio 1817 de 6 de noviembre de 1998, por presentar un error en la referencia.

• Oficio 1421 de 15 de julio de 1999, dirigido al Comandante de la Policía Nacional, Zona Quinta de Usme, dando cumplimiento al auto de 16 de marzo del mismo año que ordenó levantar la medida de aprehensión sobre el vehículo, esto, el oficio, fue expedido tres meses después de la decisión.

Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y del recurso de apelación presentado por la parte actora, se deduce que el error jurisdiccional se configuró, a juicio del actor, en las decisiones tomadas por el Juez 49 Civil Municipal de Bogotá en torno al embargo y aprehensión del vehículo de placas FAC 799; respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia consistió en el presunto retraso en la expedición y envío de unos de unos oficios por parte de los empleados de los juzgados 19 y 49 civiles municipales de Bogotá, así como en la elaboración de algunos de ellos por errores en la radicación o en la placa del automotor de propiedad del actor.

Así las cosas, la última actuación de la cual el actor deriva responsabilidad de la administración de justicia, ocurrió el 15 de julio de 1999, con la expedición del oficio dirigido al comandante de la Policía de la Zona Quinta de Usme con el fin de que se entregara el vehículo al señor Piza, hecho que a juicio de la parte actora constituye una falla toda vez que la Secretaría del Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá, tardó 3 meses en expedir dicho oficio tras la expedición del auto de 16 de marzo del mismo año que ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y la medida de aprehensión que recaía sobre el automotor de propiedad del actor.

En consecuencia, el término de caducidad comenzó a correr el 16 de julio de 1999, por tanto, conforme al numeral 8 del artículo 136 del CCA, el actor podía interponer la demanda hasta el 16 de julio de 2001 y como la acción de reparación directa fue ejercida el 29 de noviembre de 2000, la Sala considera que se instauró en tiempo y, por tanto, hizo bien el tribunal en negar la excepción de caducidad.

5. Análisis del caso concreto.

En primer término, en cuanto a la apelación adhesiva interpuesta por el Juez 49 Civil Municipal de Bogotá, la Sala entiende que lo presentó solo en aquellos puntos que considera le son desfavorables, esto es decisión de negar las excepciones propuestas, pues quien no ejerció oportunamente su apelación está facultado legalmente para adherir al recurso presentado por otra de las partes, en lo que la providencia le sea desfavorable, pero su impugnación dependerá de la apelación principal, ya que en caso de desistimiento la apelación adhesiva quedará sin efecto(5).

Frente al material probatorio trasladado de los procesos ejecutivos surtidos en los juzgados 49 y 19 Civiles Municipales de Bogotá, la Sala pone de presente que les dará valor probatorio, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 185 del CPC(6), teniendo en cuenta que las actuaciones fueron adelantadas por la entidad demandada, Nación – Rama Judicial.

Sobre la prueba trasladada ha puntualizado esta Sala:

“En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse lo expuesto por la Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, o que en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, no podrán ser valoradas en este. También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión. Si no se cumple alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, (…). La Sala al revisar los documentos que obran en el expediente, observa que pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas a controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde. No ocurre lo mismo con la prueba testimonial practicada en los procesos disciplinarios anteriormente mencionados, puesto que respecto de ella no se cumplieron los requisitos de traslado, la misma no fue aportada al proceso por solicitud de la demandada, razones por las cuales dicho material no podrá ser imputado en su contra en aras de proteger el derecho de defensa de la administración y de impedir la violación a su derecho de contradicción de la prueba”(7).

En el caso concreto, se tiene acreditado el daño antijurídico sufrido por el actor consistente en la imposibilidad de utilizar el vehículo de placas FAC-799 durante el tiempo que estuvo retenido por órdenes del Juzgado 49 Civil Municipal y los daños sufridos por el mismo durante ese lapso. Daño que el señor Bernabé Piza Piza no estaba en el deber jurídico de soportarlo, toda vez que no era el demandado en los procesos ejecutivos de que tratan los hechos del presente proceso.

Para determinar si el daño es imputable a la entidad demandada, la Sala considera necesario estudiar de manera independiente los argumentos frente al error jurisdiccional y en cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La ley estatutaria de la administración de justicia, en su artículo 66 reguló el error jurisdiccional de la siguiente manera:

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

En lo concerniente a la aplicación de esta figura, ha dicho la Sala:

“En tal cometido, colige la Sala que el recurrente le atribuye a la decisión en virtud de la cual le fue impuesta medida de aseguramiento en el proceso penal un error jurisdiccional, título de imputación este previsto en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 (LEAJ), por lo que se abordará el análisis desde la perspectiva planteada.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de abril 27 de 2006, proferida dentro del radicado 14837, con ponencia de Alier Eduardo Hernández Enríquez, precisó las condiciones para estructurar el error jurisdiccional —en la sentencia— para materializar la responsabilidad patrimonial del Estado de la siguiente manera: “a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí esta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996;

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares;

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos, y

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española:

‘el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución —auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquella—, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquel de la solución únicamente querida por el legislador’.

Teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial de esta corporación, y según los argumentos de la apelación, entiende la Sala que se atribuye a la providencia judicial mencionada, un error de orden normativo, por lo que así pasa a estudiarse.

El error normativo o de derecho, conforme al precedente citado, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares”(8).

Ahora bien, para que se configure un error jurisdiccional, el artículo 67 de la Ley 270, estipula unos requisitos a saber:

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

A su vez el artículo 70 ibídem señala:

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Sobre la constitucionalidad de esta norma, la Corte Constitucional en el estudio previo de la LEAJ, decidió declararla condicionalmente exequible bajo los siguientes considerandos:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la Rama Judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual 'nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

Conforme a lo expuesto, se tiene que en el caso concreto, el señor Bernabé Piza Piza, no interpuso, como tercero interesado, los recursos de ley contra las decisiones en que fundamenta el daño causado por la administración de justicia, dentro de los ejecutivos seguidos en los juzgados 19 y 49 Civiles Municipales de Bogotá, pese a haber actuado dentro de los mismos, incluso por intermedio de apoderado judicial, tal como quedó demostrado de todo el acervo probatorio allegado al expediente, simplemente se limitó a presentar derechos de petición.

Así las cosas, no solo se incumple uno de los requisitos establecidos por la ley estatutaria de administración de justicia para que se configure el error jurisdiccional, sino que la conducta desplegada por el actor constituye, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, una culpa exclusiva de la víctima y, por tanto, al respecto, habrá lugar a exonerar de responsabilidad al Estado.

Ahora bien, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra regulado en el artículo 68 de la ley estatutaria de administración de justicia, en los siguientes términos:

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Al respecto, la Sala ha considerado:

“Según el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia encuentra desarrollo legal en el artículo 69 de la ley 270 de 1996 en los siguientes términos: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Luego, aparece claro que el primer elemento a estudiar en la estructuración de la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano es el daño, el cual debe ser cierto, actual, y por ello, constituye una carga procesal y probatoria del demandante, al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión a esta jurisdicción.

(…)

‘En lo atinente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se ha dicho en la doctrina colombiana: 'Ese concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica el profesor Paul Duez puede tener tres manifestaciones: i).- El servicio ha funcionado mal; ii).- El servicio no ha funcionado; iii).- El servicio ha funcionado en forma tardía. El mismo tratadista en cita referenciada, destaca: ‘La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de Justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debería ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia de la administración de Justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables (…)’(9).

En el presente asunto se tiene, que aún en el evento de haberse acreditado fehacientemente que la señora Juez Laboral del Circuito de Girardot, hubiese sido efectivamente sancionada en los términos de la decisión analizada, para poder declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, menester sería que se hubiese acreditado el daño y como ello no ha ocurrido, no se hace necesario entrar a estudiar los demás elementos que estructuran dicha responsabilidad. Lo anterior, sin perjuicio de la consideración acabada de señalar, de que no toda deficiencia de la administración de justicia es generadora de responsabilidad. En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el cargo formulado contra la sentencia del a quo venida en apelación, por lo que se confirmará en todas sus partes”(10).

La Sección Tercera, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el alcance del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en los siguientes términos:

“Ahora bien, se observa que como parte de las actividades propias de la administración de justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996(11), correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial adelantada en el Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien inmueble que no fue debidamente identificado en el aviso por medio del cual se dio publicidad a la futura diligencia.

Así pues, el origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere causado.

En relación con este criterio de imputación de responsabilidad a la Nación, ya la jurisprudencia de la corporación, de tiempo atrás e inclusive con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 que consagró la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, venía reconociéndolo como una mera modalidad de la falla del servicio(12):

C) Es verdad que el Consejo de Estado, en casos excepcionales, que se recogen en buena parte en la jurisprudencia citada por el a quo, ha aceptado la responsabilidad de la administración por un mal servicio administrativo, como ocurre por ejemplo cuando de los despachos judiciales se sustraen títulos y se falsifican oficios, pues en tales circunstancias bien puede hablarse de una actividad no jurisdiccional imputable al servicio judicial. Esto explica que en el fallo de 10 de noviembre de 1967, dictado dentro del proceso Nº 867, con ponencia del Dr. Gabriel Rojas Arbeláez, se precisara:

“Una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de las sociedades y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad. No es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes unas veces por la inseguridad en que se mantienen los despachos judiciales y otros por negligencia de sus empleados”.

Queda, así bien en claro, que la responsabilidad por el mal funcionamiento judicial se ha venido aceptando en Colombia en forma excepcional”(13).

En sentido similar, en una reciente sentencia, que por su claridad sobre el tema se cita in extenso, se consideró:

“La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de todas las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales. En una decisión de 22 de julio de 1994, expediente 9043, la Sección Tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resultaren dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiere caberle al funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 –antiguo Código de Procedimiento Penal-, fue consagrada la acción de revisión, a través de la cual se contempló la posibilidad de reabrir un juicio ya clausurado, cuando se ha incurrido en error judicial. Dicha acción constituye una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada. A su turno, el artículo 242 del mismo ordenamiento consagró el derecho a la indemnización de los perjuicios que se hubieren causado con dicho proceso, aspecto frente al cual la Sección Tercera ha declarado la responsabilidad de la Administración sin dificultad alguna(14).

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta Rama del Poder Público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la ley estatutaria, la jurisprudencia de esta corporación había distinguido ya entre el contenido del denominado error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

Para que se abra paso la responsabilidad patrimonial del Estado, por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial; ii) que esta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado hubiere interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Dicha responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia(15). El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente, pero además deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(16).

No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(17), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegare a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(18).

Dado que el artículo 90 de la Constitución de 1991 y la Ley 270 de 1996 conciben el error judicial de una manera objetiva, para su configuración basta que la providencia que lo contenga cause un daño antijurídico y que este resulte imputable a la administración de justicia, pues la noción de culpa grave o dolo queda diferida a los eventos en los que se pretenda demostrar la responsabilidad personal del funcionario.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que este, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”(19).

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, inclusive antes, como se anotó, y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que este resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y el segundo”(20).

Conforme al anterior recuento jurisprudencia que sigue la línea trazada por la Sección Tercera de esta corporación incluso con anterioridad a la expedición de la Ley 270 de 1996(21), se pueden indicar como rasgos o características del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los siguientes:

— Se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia.

— Puede provenir de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia.

— Es un título de imputación de carácter subjetivo.

— Debe ser un funcionamiento anormal partiendo de una comparación de lo que debería considerarse como un ejercicio adecuado de la función judicial.

— Puede tener 3 manifestaciones a saber, que la justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, ha funcionado tardíamente.

— El funcionamiento debe ser anormal, basado en una comparación de lo que debería ser el adecuado.

Así las cosas, en el caso concreto, se tiene que las actuaciones aducidas en la demanda, sin tener en cuenta aquellas que constituyen decisión judicial por las razones expuestas, de donde se deriva el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, son el retardo en la expedición de unos oficios, principalmente en aquel por medio del cual se le informa al comandante de la Policía de Usme sobre el levantamiento de la medida de aprehensión y las indebidas referencias tanto al vehículo como al proceso que se hicieron constar en algunos oficios secretariales.

Lo anterior se infiere con claridad de la demanda, cuando en la misma se afirma:

“Conclusión: Entregaron una camioneta que estuvo tres años estacionada frente a un CAI, todo producto de un vieja y equivocada costumbre judicial que sin consumar medida cautelar alguna ordenó la captura de un automotor y que ante el reclamo de su único y exclusivo propietario y poseedor prefirió sostener su error jurisdiccional, adornado con errores secretariales”.

La Sala considera que el retraso que se imputa a los empleados de los juzgados 49 y 19 Civil Municipal de Bogotá, no configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia puesto que no se probó que el lapso trascurrido constituyera una anormalidad del servicio puesto que ni siquiera se trajeron al proceso estándares o criterios objetivos de comparación para poder determinar que las actuaciones fueron tardías, carga que correspondía a la parte actora conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Aunado a que no probó que la presunta mora alegada se hubiera dado por dilaciones injustificadas, puesto que, se insiste, debía probarse que el empleado judicial no tuvo un motivo razonable que justificara el trascurso del tiempo entre la decisión judicial y el oficio que daba cumplimiento a la misma.

Sobre la mora judicial, el Consejo de Estado ha establecido su definición y alcance de la siguiente manera:

“Al respecto, se advierte que la mora judicial ha sido definida por esta corporación como la conducta dilatoria del juez para resolver un proceso judicial y tiene fundamento cuando el acto del juzgador desconoce los términos legales y carece de un motivo probado y razonable, evento en el cual se constituye en violación del debido proceso y en un obstáculo para la administración de justicia. Sin embargo, en situaciones similares, esta Sección ha sido categórica en advertir que dadas las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a mora o a negligencia. Aplicados los criterios anteriores al caso bajo estudio, se observa que no se demostró que el retardo de la Sección Segunda en dictar el fallo antes mencionado, no obedezca a circunstancias objetivas y razonables no atribuibles a negligencia de su parte. En efecto, no está probada la negligencia, desidia o la carencia de un motivo probado y razonable que permita inferir la responsabilidad de la corporación judicial accionada en la demora en proferir fallo de segunda instancia, pues, tal como se alegó en el escrito de contestación, el atraso judicial tiene origen en el abundante volumen de expedientes y no en la falta de una gestión eficiente”(22).

En virtud de lo anterior, la Sala considera que no se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración justicia por los hechos expuestos.

Respecto a las yerros de que adolecían dos de los oficios elaborados por los juzgados acusados, se tiene que no se demostró que los mismos hayan dado lugar a confusión de los destinatarios o que no se hayan podido cumplir las órdenes que los mismos comunicaban, por el contrario, la Sala considera que fueron simples errores mecanográficos que no tuvieron repercusiones procesales.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

6. Condena en costas.

En el presente caso, la sentencia de primera instancia condenó en costas a la parte actora, sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y en el presente proceso la Sala considera que ninguna de aquellas actuó de esa forma, por tanto se revocará la sentencia de primera instancia en este aspecto y no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia del 17 de septiembre de 2003, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

“Primero: Declarar no probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.

Segundo: Negar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas”.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Rad. 2008-0009 (IJ).

(2) A partir de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, la acción procedente es la de repetición, cuyo objeto está regulado en su artículo 1º así: “La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición”.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(4) Corte Constitucional, Sentencia C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2012, Rad. 22708, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(6) “ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella” (resaltado fuera del texto).

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de mayo, de 2011 Exp. 18747, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de marzo de 2013, Rad. 25.968, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(9) Enrique Gil Botero, Responsabilidad Extracontractual del Estado, 5ª edición. Ed. Témis, 2011, pág. 482.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de marzo de 2012, Rad. 20.497, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(11) “ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

(…).

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del 24 de mayo de 1990. Expediente 5451. M.P. Julio César Uribe Acosta.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Rad. 17301, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) Ver: Sentencias de 30 de mayo de 2002, expediente 13.275, y 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.528.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.

(17) Sentencia C-037 de 1996.

(18) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10.285.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de febrero de 2006, expediente 14.307.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, Rad. 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(21) Al respecto ver sentencia del 22 de noviembre de 2001, Rad. 13.164, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(22) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de febrero de 2011, Rad. 2011- 00033(AC), M.P. Carmen Teresa Ortiz Rodríguez.

ACLARACIÓN DE VOTO

Considero llamar la atención frente al error en que incurrió el a quo al vincular de oficio al proceso a los Jueces 49 y 19 Civiles Municipales de Bogotá por cuanto no le es dable integrar el contradictorio ya que de acuerdo con el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, es la parte demandante quien tiene la potestad exclusiva para integrarlo, salvo en los casos en que por la naturaleza del asunto o por disposición legal no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, caso en el cual se le permite al juez ordenar el traslado a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y término de comparecencia dispuestos para el demandado en el auto admisorio de la demanda

Con el respeto y consideración acostumbrada, y aunque compartí la decisión adoptada por la Sala en sentencia de 11 de julio de 2013, mediante la cual resolvió modificar la sentencia apelada , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de septiembre de 2003, en la que se desestimaron las pretensiones de la demanda, me permito presentar la siguiente:

Aclaración de voto

En el caso de autos, el señor Bernabé Piza Piza por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el 29 de noviembre de 2000, presentó demanda en la que solicitó que se declarara administrativamente responsable la Nación – Rama Judicial, de los perjuicios a él ocasionados como consecuencia del error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dentro del proceso civil de ejecución singular, que comprometió el vehículo de placas FAC–799.

No obstante lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de auto de 13 de febrero de 2001 vinculó de oficio al proceso a los jueces 49 y 19 Civiles Municipales de Bogotá, punto este sobre el cual versa mi aclaración, como paso a explicar:

Sobre este punto, considero llamar la atención frente al error en que incurrió el a quo al vincular de oficio al proceso a los jueces 49 y 19 Civiles Municipales de Bogotá por cuanto no le es dable integrar el contradictorio ya que de acuerdo con el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, es la parte demandante quien tiene la potestad exclusiva para integrarlo, salvo en los casos en que por la naturaleza del asunto o por disposición legal no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, caso en el cual se le permite al juez ordenar el traslado a quienes falten para integrar el contradictorio en la forma y término de comparecencia dispuestos para el demandado en el auto admisorio de la demanda.

Por lo anterior, considero que en sub judice, los jueces 19 y 49 Civiles Municipales de Bogotá no debieron ser vinculados al proceso en calidad de demandados, tal como lo estableció la Sala. No obstante lo anterior, estimo que, de haberse condenado a la Rama Judicial de los daños antijurídicos padecidos por la parte actora con ocasión del error jurisdicción y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dentro del proceso civil de ejecución singular, en el que se vio comprometido el vehículo de placas FAC – 799 de propiedad del demandante, está podía no solo ejercer la acción de repetición como lo previó la Sala en la sentencia, sino también llamar en garantía con fines de repetición a dichos funcionarios, de acuerdo con el artículo primero de la Ley 678 de 2001, que si bien no estaba vigente para la fecha de presentación de la demanda, ella simplemente reproduce y reglamenta el contenido del artículo 90 constitucional, de manera que, en lo sucesivo, debe estarse a lo ordenado en la norma ibídem, que prevé:

“ART. 1º—Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Así mismo, la Ley en comento establece en su artículo 19:

“ART. 19.—Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.

“PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor”.

De lo anterior, se desprende que el llamamiento en garantía es una figura procesal que debe utilizase solo en el evento en que exista prueba si quiera sumaria de la culpa o dolo del agente y exista una relación legal que permita exigir, en principio, el reembolso total o parcial de las sumas a que pudiere eventualmente ser condenada la entidad demandada en la sentencia.

Es así pues como está corporación ha venido sosteniendo que(23):

“(…) Cuando se llama en garantía a un servidor público, se hace no porque se tenga la prueba del dolo y de la culpa grave sino porque se estima que dentro del proceso puede eventualmente probarse. Sin embargo, a partir de la vigencia de la ley 678 de 2001 debe entenderse que sí es necesaria la prueba sumaria del dolo y la culpa grave”.

En conclusión, considero que en el sub judice, el tribunal de primera instancia incurrió en error por cuanto se itera, es una facultad exclusiva de la parte actora integrar el contradictorio, principalmente, cuando se trata de integrar un litisconsorcio facultativo, como es el caso del llamamiento en garantía con fines de repetición, de manera que, en el caso en concreto, correspondía a la Rama Judicial, revisar la conducta de los jueces 19 y 49 Municipales de Bogotá, y en el evento de considerar que dicha conducta podría llegar a ser constitutiva de dolo o culpa grave, por medio del escrito de contestación de la demanda o en escrito separado, estaba legitimada para llamarlos en garantía, sin embargo si dentro del proceso no lo hizo, la norma le otorgaba la posibilidad de ejercer la acción de repetición contra dichos funcionarios.

De esta manera dejó expuesta mi aclaración al voto.

Fecha ut supra,

Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de febrero de 2002, Exp. 21071, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En este sentido véase también las sentencias del 4 de mayo de 2000, Exp. 15.414 y del 31 de agosto de 2000, Exp. 17672.