Sentencia 2000-02710 de enero 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Rad.: 760012331000200002710 01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Nº interno: 31.804

Demandante: Carlos Julio Serna Noreña y otros

Demandado: La Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación

Referencia: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D. C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Prelación de fallo(1).

En la actualidad la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho del correspondiente magistrado ponente.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16(2), permite decidir sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe solo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Carlos Julio Serna Noreña.

Respecto del tema antes referido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(3).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la providencia del 23 de septiembre de 1999, mediante la cual se precluyó la investigación a favor de los sindicados, incluyendo al demandante, se notificó a este por estado el 1º de octubre de ese mismo año y la demanda se formuló el 20 de septiembre del año 2000 (fls. 52-62 cdn. 1).

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Como se expuso con anterioridad, en punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, se ha señalado que el aplicable es el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad resulta finalmente absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.

De igual forma, según la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo, por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(4)—.

4. Asunto previo, respecto de las personas que integran la parte actora.

Resulta importante para la Sala destacar que en la demanda se indicó en el capítulo de designación de las partes, que la actora estaba integrada únicamente por el señor “Carlos Julio Serna Noreña, en calidad de afectado”. Igualmente, solo se formularon pretensiones a favor de este, relacionadas con las sumas de dinero que se consignaron en esta providencia previamente.

No obstante lo anterior, en el acápite de “la estimación de la cuantía” se indicó lo siguiente:

“Estimo la cuantía en una suma superior a ciento setenta millones de pesos ($170’000.000.oo), lo anterior teniendo en cuenta que el valor del gramo oro en la actualidad supera la suma de veinte millones ($20’000.000) pesos y con el esquema de indemnizaciones que viene sosteniendo el Consejo de Estado tenemos: que por el afectado mil quinientos (1.500) gramos oro, por la madre del afectado tenemos mil quinientos (1.500) gramos oro, por la abuela del afectado tenemos mil quinientos (1.500) gramos oro, por los tres hermanos del afectado tenemos tres mil (3.000) gramos, por el cuñado del afectado mil (1.000) gramos oro, tendríamos ocho mil quinientos (8.500) gramos oro amén de los daños materiales causados, cuyo pago puede superar la suma de sesenta millones de pesos (60’000.000.oo) (sic) la cifra enunciada superaría lo pedido”.

Para el caso objeto de estudio, a partir del análisis e interpretación integral del libelo introductorio del proceso, se tiene entonces que únicamente el señor Carlos Julio Serna Noreña integra la parte actora del litigio pues en la demanda nunca se indicó que las personas que son mencionadas en el acápite de la cuantía del proceso actuaban como demandantes, ni tampoco se invocó pretensión alguna a favor de estos, con el agravante de que no existe claridad de quiénes son, puesto que ni siquiera fueron consignados los nombres de los mismos, lo que lleva a la conclusión de que no se presentaron al proceso en calidad de demandantes.

5. El material probatorio que obra en el proceso.

Dentro de los documentos allegados resulta relevante destacar los siguientes:

— Copia auténtica de la denuncia penal presentada por el señor Jaime Zúñiga, por el delito de “hurto continuado” cometido contra la Sociedad Aduanera Colombiana Limitada por varias personas, incluyendo al señor Carlos Julio Serna Noreña (foliatura irregular cdn. 2).

— Auto proferido por el Juzgado Séptimo de Instrucción Criminal el 3 de diciembre de 1991, mediante el cual se indicó que previo a resolver la situación jurídica del señor Carlos Julio Serna Noreña, este debía presentarse periódicamente ante ese despacho judicial cada 8 días (fl. 8 cdn. 2).

— Proveído del 25 de noviembre de 1992 proferido por la Fiscalía 30-1 Especializada de Patrimonio Económico a través del cual se resolvió la situación jurídica de los sindicados, incluyendo al señor Serna Noreña y mediante el cual se resolvió decretarle medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto autor responsable de los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado; asimismo, al demandante se le otorgó beneficio de libertad provisional previa constitución de caución prendaria y se le prohibió la salida del país “de conformidad con los (sic) artículos 395 del C. de P. P.” (fls. 9-37 cdn. 2).

— Auto proferido el 13 de octubre de 1993 por la Fiscalía Seccional 34, Unidad de Patrimonio Económico, en el cual se resolvió, entre otros, lo siguiente:

“Tercero: Revocar el punto segundo de la parte resolutiva de la Resolución Interlocutoria 30 proferida dentro de este mismo diligenciamiento el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos, a través del cual se había concedido libertad provisional a favor de los procesados (…) Carlos Julio Serna Noreña. En consecuencia se librarán las órdenes de captura pertinentes, con el fin de hacer efectivo el auto de detención precautelativa contra ellos vigente.

Cuarto: Decretar la devolución de las cauciones prendarias a que se refiere la parte motiva, a favor de sus otorgantes” (fls. 46-53 cdn. 2).

— Providencia expedida por la Fiscalía 34, Unidad de Patrimonio Económico el 6 de diciembre de 1993, por medio de la cual, respecto del señor Serna Noreña, se sustituyó la medida que cursaba en su contra por la detención domiciliaria. Tal decisión tuvo como fundamento lo siguiente:

“Observa la fiscalía delegada que las exigencias previstas en el artículo 53 de la Ley 81 de 1993 también se cumplen en el caso de los procesados (…) y Carlos Julio Serna Noreña, quienes se encuentran afectados con medida detentiva respecto de los presuntos punibles por hurto agravado y falsedad en documento privado, eventos en los cuales, se repite, la punibilidad mínima es inferior a cinco años. Al igual que como ocurrió con Uriel Urrea Gil, los imputados Yama Figueroa y Serna Noreña en el pasado estuvieron beneficiados con excarcelación, lapso durante el cual siempre se contó con la comparecencia oportuna de ellos al proceso. Las condiciones personales, familiares y el grado de ilustración de Yama y Serna permiten suponer que con su libertad no se coloca en peligro a la comunidad. Es oportuno señalar que en la presente investigación penal se les imputa conductas presuntamente delictuales facilitadas por inmediación a personas y cargos de manejo y notoria confianza dentro de la entidad ofendida, por modo que a pesar de la gravedad de los hechos no puede hablarse de comportamientos que atacaron de manera indiscriminada al grupo social.

Por consiguiente, es viable que también en el caso de los procesados (…) y Carlos Julio Serna Noreña se proceda a la sustitución de la medida detentiva que a cada uno de ellos afecta, por la detención domiciliaria comentada (…) cumplidas las cauciones se oficiará para la cancelación de las ordenes de captura que pesan en contra de los antedichos sindicados y se comunicará en relación con las detenciones domiciliarias concedidas a la dirección seccional de Fiscalías y al Departamento Administrativo de Seguridad DAS” (fls. 60-65 cdn. 2).

— Auto Interlocutorio 25 del 7 de diciembre de 1993, por medio del cual la Fiscalía 34, Unidad de Patrimonio Económico ordenó al señor Carlos Julio Serna Noreña suscribir acta de compromiso. Al respecto, en la parte motiva de tal decisión se estableció que:

“A través de pronunciamiento interlocutorio calendado el seis de diciembre último, esta fiscalía delegada concedió detención domiciliaria a favor de los procesados (…) Por consiguiente, se hace necesario dar cumplimiento a lo instituido en el artículo 49 de la misma ley, que hace relación a las obligaciones a que deben sujetarse procesados en cuyo favor se decrete (entre otras) detención domiciliaria. Con fundamento en la discrecionalidad que otorga el mandato legal en comento, se dispondrá que los procesados (…) y Serna suscriban acta mediante la cual se obligan a los siguientes compromisos, de los que señala la norma referida:

a) Informar todo cambio de residencia;

b) Ejercer oficio, profesión u ocupación lícita;

f) Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite;

g) Observar buena conducta individual, familiar y social;

h) No cometer un nuevo hecho punible, excepto cuando se trate de delitos culposos” (fls. 68-69 cdn. 2).

— Diligencia de caución y compromiso de fecha 11 de enero de 1994, suscrita por el señor Carlos Julio Serna Noreña en la cual se determinó que este se obligaba a: “1) Presentarse ante el funcionario competente cuando se lo solicite 2) Observar buena conducta individual, familiar y social 3) Informar todo cambio de domicilio 4) No salir del país sin previa autorización del funcionario” (fl. 77 cdn. 2).

— Auto emitido por la Fiscalía Seccional 55, Unidad Primera de Patrimonio Económico, el 23 de septiembre de 1999, en el cual se ordenó precluir la investigación adelantada a favor del señor Carlos Julio Serna Noreña.

“Considera el despacho que se presentó un desatino en la valoración del punible de hurto agravado con relación a la cuantía, teniendo en cuenta que el trámite agotado para elaboración y cambio en efectivo de cada uno de los cheque[s] y por ende la apropiación constitutiva del ilícito de hurto se produjo cada vez que tal comportamiento se realizaba, esto significa que la cuantía del mismo es el valor del cheque cobrado, mas no la sumatoria de todos los cheques, porque no fue un solo hurto, sino múltiples hurtos. Debe tenerse en cuenta que los comportamientos endilgados a los procesados no ocurrieron una sola vez, sino que sucedieron en diferentes fechas por un amplio lapso de varios años, y además por bajas cuantías. Revisados los títulos valores relacionados en precedencia se observa que ninguno supera el valor de diez salarios mínimos legales mensuales para los años que se expidieron y fueron cobrados, lo que significa claramente que no estamos frente a un delito de hurto agravado sino frente a un concurso de contravenciones especiales, conforme a lo previsto en la Ley 23 de 1991 en concordancia con la Ley 228 de 1995.

Con relación a los ilícitos de falsedad en documento privado, art. 221 del C. de P. Penal, se debe tener en cuenta que la primera ilicitud se inició el 4 de febrero de 1986 fecha de elaboración del primer título valor, hasta el 22 de agosto de 1991 fecha de elaboración del último título valor, teniéndose este último documento como base para empezar a contar el tiempo de la prescripción de la acción penal, observándose que a la fecha la acción penal se encuentra prescrita. El artículo 80 del C. Penal reza que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la Ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco años y ni excederá de veinte y para el caso que nos ocupa esta circunstancia ha acaecido.

Asimismo el artículo 439 del C. de P. Penal establece que son dos las formas de calificar el mérito del sumario: una profiriendo resolución de acusación y otra emitiendo la preclusión de la instrucción, norma que con relación a la segunda decisión nos remite al contenido del artículo 36 del C. de P. Penal, que ordena precluir la investigación, entre otras causales, porque esta no puede proseguirse, decisión que debe adoptarse por cuanto ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal.

De otro lado, teniendo en cuenta la sentencia de fecha 19 de mayo de 1999 emanada de la Corte Constitucional con ponencia del H. Magistrado Dr. José Gregorio Hernández, la cual declaró inexequible el art. 32 de la Ley 228 de 1995, este despacho es competente para precluir la investigación con relación a las contravenciones aquí investigadas en conexidad del concurso de delitos de falsedad en documento privado” (fls. 98-101 cdn. 2).

6. El caso concreto.

En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer, básicamente, lo siguiente: mediante providencia del 25 de noviembre de 1992 la Fiscalía Treinta, Unidad Especializada de Patrimonio Económico profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Carlos Julio Serna Noreña como presunto autor de los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado; en esa misma providencia se otorgó beneficio de libertad provisional, para cuya obtención se fijó una caución prendaria.

Con posterioridad a ello la Fiscalía Treinta y Cuatro, Unidad Especializada de Patrimonio Económico, a través de providencia del 13 de octubre de 1993, revocó el beneficio de libertad provisional otorgado en el auto que decidió la situación jurídica del sindicado y libró la respectiva orden de captura contra el mismo “con el fin de hacer efectivo el auto de detención precautelativa”; asimismo, se tiene que tal unidad de la Fiscalía mediante proveído del 6 de diciembre de la misma anualidad, sustituyó la medida de aseguramiento en contra del demandante por detención preventiva en razón a que “con su libertad no se coloca en peligro a la comunidad”; para ello ordenó al sindicado suscribir un acta de compromiso, diligencia que se llevó a cabo el día 11 de enero de 1994 y mediante la cual se puso de presente que se comprometía a comparecer ante el respectivo funcionario judicial siempre que se le requiriera, informar en caso de cambio de domicilio y no salir del país sin autorización, entre otros.

Por último, se tiene que mediante providencia proferida el 23 de septiembre de 1999, la Fiscalía Cincuenta y Cinco, Unidad Primera de Patrimonio Económico, ordenó precluir la investigación en contra del señor Carlos Julio Serna Noreña debido a que “ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal”.

Ahora bien, según y como se indicó previamente, la Fiscalía 55, Unidad Primera de Patrimonio Económico precluyó la investigación adelantada en contra del señor Carlos Julio Serna Noreña por prescripción de la acción penal, frente a lo cual resulta importante precisar que si bien la absolución de este no devino de los supuestos anteriormente señalados ni por aplicación del principio de in dubio pro reo, lo cierto es que la Sala consideró en un caso similar que existe responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación cuando la absolución no deviene de los postulados consagrados en la Ley 270 de 1996(5):

“(…) No obstante lo anterior, el presente asunto no será resuelto con fundamento en el hoy derogado artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, comoquiera que la connotación de injusta que adquiere la privación de la libertad de que fue objeto la demandante no deriva de alguno de los tres supuestos previstos en dicha disposición como tampoco de la aplicación del principio in dubio pro reo —como lo sostuvo la parte actora en su impugnación— tal como se expondrá más adelante; sin embargo, se hará referencia a la reciente jurisprudencia relacionada con la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, toda vez que con base en ella hay lugar a resolver el presente litigio.

“(…)

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable en aquellos casos en los cuales se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. C. —esto es, que el hecho no existió, no era constitutivo de delito, o el acusado no lo había cometido—, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo, las cuales fueron reiteradas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 18.284, dado que si bien, como se dijo, al caso concreto no le resulta aplicable alguno de esos supuestos, lo cierto es que el mismo será resuelto bajo esa misma línea de pensamiento —estructurada en un régimen objetivo de responsabilidad—, acogida por la jurisprudencia de la Sala y reiterada por esta Subsección (…)”.

Al respecto, se tiene que se probó que el señor Carlos Julio Serna Noreña fue privado de su libertad y vinculado a un proceso penal por su supuesta participación en los punibles de hurto agravado y falsedad en documento privado, pero luego, a través de decisión calendada el 23 de septiembre de 1999, la unidad de fiscalía especializada en delitos contra el patrimonio económico precluyó la investigación penal porque la acción ya había prescrito.

Por consiguiente, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que al actor se le causó un daño antijurídico, el cual le resulta jurídicamente imputable a la Nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere tal responsabilidad.

A tal efecto resulta indiferente que el obrar de la administración de justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, tal como se expresó, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la administración de justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, solo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(6).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro que el señor Carlos Julio Serna Noreña no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubiere expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser destinatario de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

7. Indemnización de perjuicios.

7.1. Perjuicios morales.

Según lo ha reiterado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad(7); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(8), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(9).

Por otro lado, de conformidad con lo expuesto en sentencia del 6 de septiembre de 2001, es claro que la Sala abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 y por ende para establecer el valor de la reparación por concepto de perjuicios morales se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(10).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, según la jurisprudencia de la Sala que aquí se reitera, se encuentra suficientemente establecido que el juez debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto(11).

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P., arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Según se estableció en la precitada sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta corporación(12), se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

Ahora bien, la Sala considera necesario destacar que cuando la restricción de la libertad no fue intramuros, por gozar del beneficio de libertad provisional, con las consecuentes restricciones a su libertad de circulación y residencia antes analizadas, tal circunstancia sin duda reduce las condiciones de severidad de una medida de esa naturaleza; a pesar de ello, la sola circunstancia de estar privado del goce del derecho fundamental a la libertad, sí causa una afección moral que debe ser indemnizada(13).

En consecuencia, teniendo en cuenta el tiempo que duró la medida de restricción de la libertad del señor Carlos Julio Serna Serna (sic) Noreña, esto es seis años y 10 meses, esta Subsección considera que hay lugar a reconocer, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 100 SMLMV.

7.2. Perjuicios materiales.

7.2.1. Daño emergente.

En la demanda se solicitó el reconocimiento de los perjuicios materiales, por concepto de daño emergente, consistentes en los gastos que el señor Carlos Julio Serna Noreña habría tenido que realizar por concepto del pago de honorarios del abogado que lo representó durante el curso del correspondiente proceso penal. Ciertamente, al respecto indicó que “el actor incurrió en gastos para asumir su defensa durante todo este tiempo, habiendo gastado la suma de ocho millones de pesos como honorarios profesionales pagados al Dr. Carlos Rojas Torres”.

Al respecto, la Subsección estima procedente la indemnización correspondiente por concepto de honorarios del abogado que lo representó en el respectivo proceso penal, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto son las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actor a su representante judicial dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso y las actuaciones que adelantó tal apoderado(14), sí se configuró el daño deprecado.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice que impida a la Sala proceder a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra esta y aquel(15)(16).

Los numerales 3 y 4 del artículo 393 del C. de P. C., disponen que el magistrado ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

“ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia”.

Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(17).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o esta sea solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (se resalta y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia solo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3º de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 SMLMV.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados, Conalbos, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que éste realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%.

18.7 Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5.- Ante Magistrado Sala Penal de la Corte. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los tribunales superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. Diez salarios mínimos legales vigentes.

(…)

18.11. Recursos

18.11.1. Extraordinarios

18.11.1.1. Casación. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión. Quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

(…)”(18).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que el sindicado contó con la asistencia de un profesional del derecho desde que se resolvió la situación jurídica del sindicado hasta que presentó oportunamente los alegatos de conclusión.

En cuanto a la calidad de la gestión, se encuentra que, en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses del defendido, en la medida que el profesional del derecho actuó y presentó recurso de apelación, radicó oportunamente alegatos de conclusión, logrando la preclusión de la investigación penal sumado a que estuvo presente en cada una de las diligencias adelantadas en el proceso, tal y como se puede observar en la parte final de todas las decisiones tomadas al interior del proceso penal puesto que aparece tanto la firma del sindicado como la de su representante, coincidiendo siempre con que su representante era el señor Carlos Alberto Rojas Torres.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de daño emergente, un monto equivalente a 20 SMLMV, a favor del señor Carlos Julio Serna Noreña.

7.2.3. Lucro cesante.

Según se expuso previamente, la Fiscalía 30, Unidad Especializada de Patrimonio Económico profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra el señor Carlos Julio Serna Noreña el 25 de noviembre de 1992; posteriormente mediante proveído del 23 de septiembre la Fiscalía Cincuenta y Cinco, Unidad Primera de Patrimonio Económico precluyó la investigación en contra del sindicado por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. Así las cosas, observa que el demandante recobró su libertad 6 años y 10 meses después de proferida la medida de aseguramiento de la que fue víctima, datos que resultan pertinentes para efectos de efectuar más adelante la liquidación de este perjuicios.

Ahora bien, acerca del reconocimiento del lucro cesante, tratándose de la privación injusta de la libertad, la Sala ha dicho:

“En relación con estos pedimentos, advierte la Sala que la demanda no conceptúa adecuadamente las nociones de daño emergente y lucro cesante. Estas se hallan consagradas en el artículo 1614 del Código Civil, a cuyo tenor:

‘Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento’ (subrayas fuera del texto original).

El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad —para el afectado— de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago —que la parte actora solicita— de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima. Esto último es lo que ocurre con el no pago de los salarios y prestaciones mientras se prolongó la detención preventiva. De manera que, por tratarse este extremo de un asunto que toca con el rubro del lucro cesante, será abordado inmediatamente después de cuantificar el daño emergente”(19).

Respecto de los criterios que deben tenerse en cuenta para reconocer la indemnización de este perjuicio, la jurisprudencia ha exigido que este debe ser cierto:

“El lucro cesante, de la manera como fue calculado por los peritos, no cumple con el requisito uniformemente exigido por la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública(20). Esa demostración del carácter cierto del perjuicio brilla por su ausencia en el experticio de marras”(21).

En este sentido, cuando se trata, por ejemplo, de los asuntos que se refieren a la privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido de manera reiterada que para la procedencia del reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se requiere que se acredite que la víctima de la referida privación, al momento de la ocurrencia de ese hecho dañoso, desarrollaba alguna actividad económica(22).

Al respecto se tiene que los testimonios rendidos al interior del proceso por los señores Freddy Alonso Osorio, Oscar Gerardo Sterling Sadovnimk, coincidieron en afirmar que el señor Carlos Julio Serna Noreña se desempeñaba como abogado litigante, igualmente en la providencia del 25 de noviembre de 1992 se indicó que “la actividad principal del imputado Carlos Julio Serna Noreña, es el ejercicio profesional de abogado” (fls. 2-7, 32 cdn. 2).

No obstante, de las mencionadas piezas procesales no se deriva certeza acerca de las sumas mensuales que el señor Carlos Julio Serna Noreña podía obtener con ocasión de la labor económica realizada.

En estos casos, en los cuales no existe certeza acerca del monto devengado por la víctima directa del daño, se ha concluido que hay lugar a aplicar la presunción según la cual toda persona que se encuentre en determinada edad productiva devenga, por lo menos, el salario mínimo legal vigente, sin embargo para la Sala no pasa desapercibido que lo que usualmente un abogado devenga por el cumplimiento de ese oficio, supera, en muchas ocasiones, con creces, el valor del salario mínimo legal vigente.

Con todo, la Sala, con el propósito de definir de manera concreta y precisa la totalidad de los extremos de la litis y en aplicación de los principios de equidad, proporcionalidad y reparación integral, tomará en cuenta el estudio realizado por el Observatorio Laboral para la Educación(23) —sistema de información del Ministerio de Educación— en el año 2012, denominado perfil académico y condiciones de empleabilidad de los graduados de educación superior(24), el cual, entre otros aspectos, presentó varias cifras relacionadas con el promedio del salario devengado por profesional recién graduado —alrededor de un año después de haber obtenido un título universitario—, monto que para el año 2010 ascendió a $ 1’525.357.

Si bien de las piezas procesales que obran en el expediente podría afirmarse que el señor Carlos Julio Serna Noreña llevaba varios años de haber recibido un título universitario, lo cierto es que ante la incertidumbre del monto exacto que devengaba y, de nuevo, bajo el apremio de definir de manera integral las pretensiones deprecadas, la Sala considera que las cifras arrojadas por el aludido estudio consultan el principio de proporcionalidad y constituyen un criterio valioso y serio, para efectos de determinar, con bases sólidas, el salario que en promedio devenga un profesional con especialización, cifra que, como se observa, supera el salario mínimo legal mensual vigente, motivo por el cual serán tenidas en cuenta, con el fin de liquidar el lucro cesante solicitado.

De igual forma, en la liquidación debe agregarse el factor prestacional correspondiente para determinar el ingreso base y sumar al lapso durante el cual el señor Serna Noreña estuvo privado de la libertad, el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel, esto es 8.75 meses(25).

Lo anterior, comoquiera que no hay prueba de que el demandante, una vez le fue revocada la medida de aseguramiento, hubiera sido reintegrado a su trabajo.

En este orden de ideas, procederá la Subsección a realizar la liquidación de dicho perjuicio, así:

Ingresos: $1’525.357,oo(26)

Período a indemnizar: 90,75 meses(27)

Índice final: de 2013 diciembre (último conocido): 113,98

Índice inicial: diciembre de 2010(28): 105,24

Actualización de la base:

S2000-02710-1.png
 

RA = $ 1’525.357 x 1.083048271 = $ 1’652.035,262; a esta suma se le debe agregar el 25% por las prestaciones sociales que se presume son devengadas por cada trabajador.

Así: 1’652.035,262 x 0.25 = 413.008,8154 + 1’652.035,262 = 2’065.044,077

De conformidad con lo anterior, se tomará la suma de $ 2’065.044,077 como ingreso base de liquidación.

S-2000-02710-2.png
 

S-2000-02710-3.png
 

S = $2’065.044,077 x 113.7565119

S = $ 234’912.211,2

Total perjuicios materiales por lucro cesante: doscientos treinta y cuatro millones novecientos doce mil doscientos once pesos y dos centavos ($234’912.211,02).

Finalmente, se tiene que la parte actora en la demanda también solicitó la indemnización por la violación de ciertos derechos fundamentales, exactamente por la vulneración tanto a su honra como al buen nombre. Al respecto, esta Sala ha considerado lo siguiente:

“Ahora bien, en varias oportunidades la jurisprudencia nacional ha protegido los derechos a la honra(29) y al buen nombre(30) desde la perspectiva del carácter objetivo del derecho al honor(31), no obstante, como quiera que todos estos conceptos hacen parte integral de los derechos de la personalidad y en atención a la condición inherente de valores fundamentales susceptibles de protección, se debe entender que integran un solo bien jurídico constitucional, por lo tanto, la vulneración por parte del Estado a alguno de estos derechos fundamentales debe ser indemnizado.

(…)

Analizando el caso concreto, se tiene que el señor Enríquez Estrella fue presentado por el periódico de la región como integrante de la banda de secuestradores de un importante comerciante del departamento de Nariño, así mismo se publicó su fotografía al momento de la captura en las instalaciones de la Policía Nacional. Igualmente, obran en el expediente varias declaraciones, trascritas con anterioridad, en las que se indica que como consecuencia de la información divulgada por los medios locales, las relaciones laborales del actor finalizaron abruptamente.

De lo anterior se concluye fácilmente que los derechos al buen nombre, honra y honor de Jaime Ernesto Enríquez Estrella, fueron seriamente quebrantados con la divulgación en el periódico regional de su supuesta participación en el secuestro y posterior asesinato de un reconocido comerciante de la región.

Ahora bien, es necesario dejar claro que en la demanda, la parte actora no solicitó una indemnización autónoma por la violación a los bienes jurídicos mencionados, solo se limitó a relacionarlos cuando se refirió a los perjuicios morales (…).

Por lo anterior, la Sala se debe limitar estrictamente a lo solicitado en la demanda y en el escrito de apelación, toda vez que una decisión contraria, se traduciría en un exceso en las facultades del juez contencioso, por tal razón, si bien es cierto que la violación de los bienes jurídicos constitucionales explicados anteriormente, merece el reconocimiento de una indemnización independiente de los demás perjuicios solicitados —morales y materiales—, en el asunto sub examine no es posible hacerlo, pues la parte actora delimitó sus pretensiones por estos conceptos en lo deprecado por perjuicio moral”(32).

Respecto del planteamiento realizado por la parte actora cabe destacar que se podrían identificar en su contenido elementos característicos de un perjuicio inmaterial distinto al moral, comoquiera que se adujeron aspectos tales como la lesión al buen nombre y a la honra del sindicado. No obstante lo anterior, la Sala no encuentra respaldo probatorio alguno en el cual se pueda apoyar para concluir que en el caso particular del señor Carlos Julio Serna Noreña tales vulneraciones en efecto hubieren ocurrido y, por lo tanto, esa falencia probatoria impide a la Sala inferir la existencia de la violación a los derechos fundamentales invocados por el actor, puesto que, se reitera, los hechos fundantes del mismo no fueron acreditados en el proceso.

7. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de octubre de 2004 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General por la privación injusta de la libertad con beneficio de libertad provisional de la cual fue víctima el señor Carlos Julio Serna Noreña.

2. Condénase a la Nación – Fiscalía General a pagar al demandante Carlos Julio Serna Noreña, el monto equivalente en pesos a 100 SMLMV, a título de perjuicios morales.

3. Condénase, a la Nación – Fiscalía General a pagar al demandante Carlos Julio Serna Noreña, el monto equivalente en pesos a 20 SMLMV, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

5. Condénase, a la Nación – Fiscalía General a pagar al demandante Carlos Julio Serna Noreña, la suma de $234’912.211,02 (doscientos treinta y cuatro millones novecientos doce mil doscientos once pesos y dos centavos) a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

6. Deniéganse las demás pretensiones.

7. Sin condena en costas.

8. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con el acta de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado Nº 9 del 25 de abril de 2013.

(2) “ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

“ART. 63A. Del orden y prelación de turnos. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>

“(…)

“Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

“Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

“Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

(3) En este sentido, para solo mencionar algunos, la Sala ha proferido los siguientes fallos, de reciente expedición, en relación con los cuales se ha consolidado la jurisprudencia actual en cuanto a los presupuestos necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad:

— Subsección A: Sentencia del 27 de abril de 2011, expediente 21140, M. P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, expediente 23507; Sentencia del 23 de febrero de 2012, expediente 18418; Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 24008.

— Subsección B: Sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 20569, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 19457, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 31 de enero de 2011, expediente 18626, M. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 16448, M. P. Danilo Rojas Betancourth.

— Subsección C: Sentencia de junio 22 de 2011, expediente 20713, M. P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de octubre de 2011, expediente 19151, M. P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 24 de enero de 2011, expediente 15996, M. P. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente 22672, M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, exp 20.299, entre muchas otras.

(5) Sentencia del 26 de mayo 2011; expediente. 18.895

(6) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta Subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, exp. 40.455. M. P. Hernán Andrade Rincón.

(7) Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076. M. P. Germán Rodríguez Villamizar.

(8) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp 15.980. M. P. Ramiro Saavedra Becerra.

(9) Sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 23.688. M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, exp 23.998 y del 13 de febrero de 2013, exp 24.296.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646. M. P. Alier E. Hernández Henríquez.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. Expediente 31033.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013. M. P. Enrique Gil Botero. Expediente: 25.022

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2011. Expediente: 19.958

(14) — Proveído del 12 de marzo de 1994 donde se indicó que “el doctor, Carlos Alberto Rojas Torres, en su condición de defensor del encartado, Carlos Julio Serna Noreña, elevó petición al despacho donde solicita se resuelva la situación jurídica de las indagadas (…)” (fls. 78-79 cdn. 2).

— Recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Alberto Rojas Torres “Actuando en mi calidad de defensor del señor Carlos Julio Serna Noreña (…) contra la Resolución Interlocutoria 8”.

— Alegatos de conclusión presentados el 15 de agosto de 1995 por el señor Carlos Alberto Rojas Torres en calidad de apoderado judicial del señor Serna Noreña. Tales alegatos fueron radicados de manera oportuna según constancia secretarial obrante a folio 97 del cuaderno Nº 2.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, exp.4571, M. P. Héctor Marín Naranjo.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

(17) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 13 de abril de 2011. Expediente: 34145. M. P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(18) http://conalbos.com/tarifas. Ultimo ingreso: 6 de junio de 2013.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168

(20) En ese sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta Sección, de 2 de junio de 1994, C. P. Julio César Uribe Acosta, actor: Julio César Delgado Ramírez, expediente 8998, o el de 27 de octubre de 1994, C. P. Julio César Uribe Acosta, actor: Oswaldo Pomar, expediente 9763.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13168.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Expediente 17004. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2011. Expediente: 20665

(23) http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/channel.html. “El Observatorio Laboral para la Educación, un sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, soporta la política educativa en los ejes de calidad, cierre de brechas e innovación y pertinencia, de forma que responda efectivamente a las necesidades productivas y sociales del país. Este instrumento hace parte de las herramientas que requiere Colombia para generar información sobre la oferta laboral y la identificación de necesidades de recursos humanos para el país. Con el fin de facilitar el uso de este instrumento para la toma de decisiones, el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de los usuarios una nueva herramienta de visualización, compuesta por seis módulos:

(…).

• Vinculación laboral general: En este módulo se presenta la tasa de vinculación y el salario promedio de los graduados de los programas académicos, las instituciones de educación superior y el sexo, la cual se puede detallar por el año de seguimiento, año de grado, nivel académico y área de interés. Esta consulta permite explorar la situación laboral entre 2007 y 2011 de los graduados que obtuvieron el título a partir de 2001.

(24) Elaborado por el Ministerio de Educación, Viceministro de Educación Superior. Octubre de 2012. Puede ser consultado a través del siguiente enlace:

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195072_perfil_2012.pdf. Última vez visitado: veinticinco de octubre de 2013.

(25) Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de enero de 2013. Expediente: 21.938.

(26) Suma obtenida del estudio elaborado por el Observatorio Laboral para la Educación para el año 2010.

(27) Lapso comprendido entre la fecha en la cual el señor Serna Noreña fue privado de la libertad (25 de noviembre de 1992) hasta el momento en que la recobró (23 de septiembre de 1999), contando con los 8,75 meses que una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel.

(28) Fecha a la que se refiere el estudio denominado perfil académico y condiciones de empleabilidad de los graduados de educación superior respecto al salario devengado por un profesional con especialización.

(29) "Esta corporación ha sostenido que el derecho a la honra, se refiere “a la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”(40). Igualmente, ha señalado que este derecho está íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad.

“La doctrina de esta corporación sobre el alcance de dicho derecho, se ha desarrollado en dos campos, en primer lugar, vinculando su desarrollo al concepto del honor, es decir, a la buena reputación que se presume por parte del individuo a partir de la ejecución de un comportamiento virtuoso, y en segundo lugar, superando dicho criterio eminentemente subjetivo, y en su lugar, sujetándolo a la conformidad o aquiescencia del sujeto con las opiniones que los demás tienen sobre sus virtudes”. Corte Constitucional, Sentencia T-787 del 18 de agosto de 2004.

(30) “El buen nombre es un derecho típicamente proyectivo, que supone la constante valoración a través del tiempo de la conducta del individuo, a partir de las acciones realizadas en su esfera de convivencia. Así mismo, en reiterada jurisprudencia se ha expresado que los miembros de la sociedad juzgan los comportamientos de las personas, los evalúan y califican. Es por eso que este derecho depende única y exclusivamente de quien pretende ser el titular del mismo, pues es de acuerdo a su proceder en el medio social o de su actuar en el mundo de lo público, de donde se desprende la imagen que el resto de los individuos va a tener de él.

“Por consiguiente, el derecho al buen nombre, es una valoración individual y colectiva que tiene su origen en todos los actos y hechos que una persona realice, para que, a través de ellos, la comunidad realice un juicio de valor sobre su comportamiento”. Corte Constitucional, Sentencia T-787 del 18 de agosto de 2004.

(31) Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-026, C-060 y C-063 de 1994, C-489 de 2002, T-679 de 2005, y del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, expediente 15.183, del 29 de enero de 2009, expediente 16.576 y del 28 de mayo de 2009, expediente AC-2008-01091.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera. M. P. Enrique Gil Botero. Sentencia del 9 de junio de 2010. Rad.: 19.283.