Sentencia 2000-02856 de mayo 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 050012331000200002856 01

Exp.: 30401

Consejero ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: Ivette Alexy Giraldo Villa y otros

Demandado: Instituto Nacional de Vías, Invías

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil catorce.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda contra el Instituto Nacional de Vías, Invías, por no encontrarse demostrado que los daños fueran ocasionados a terceros en ejecución de obras públicas, o que en desarrollo de tales trabajos se hubiera causado el daño o que existiera una deficiencia en la prestación de un servicio. La sentencia recurrida será confirmada.

SÍNTESIS DEL CASO

El 29 de agosto de 1999, en la carretera que del municipio de Dabeiba conduce a la ciudad de Medellín, paraje El Pital, se accidentó un vehículo particular tipo volqueta de placas HLJ 561 que transportaba a varias personas que habían sido contratadas por una empresa privada para reparar los daños causados por derrumbes en la vía, específicamente, en el lugar denominado La Palmera. Entre las personas que estaban siendo transportadas al lugar de trabajo se encontraba el señor Yancey Sánchez Rodríguez, quien iba en el platón de la volqueta y que falleció como consecuencia del accidente de tránsito, causado presuntamente por un ataque de epilepsia que sufrió el conductor del vehículo.

1. ANTECEDENTES

1.1. Lo que se demanda

Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de junio de 2000, obrando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, los señores Mario de Jesús Sánchez Toro y María de Jesús Rodríguez Florez, quienes obran en nombre propio y en representación de sus hijos Dany Estevison y Farley Camilo Sánchez Rodríguez, y María Edy, Wilmar de Jesús, Carlos Mario, Suleima del Socorro y Sandra María Sánchez Rodríguez, en sus condiciones de padres y hermanos de la víctima Yancey Sánchez Rodríguez, respectivamente, e Ivette Alexy Giraldo Villa, quien obra en nombre propio y representación de sus hijos Julián David y Norbin Mauricio Sánchez Girlado(sic), en sus condiciones de compañera permanente e hijos de la víctima Yancey Sánchez Rodríguez, respectivamente, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Vías, Invías, con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas (fls. 62 a 115, cdno. ppal. 1):

3.1. Declárese que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVÍAS, es administrativamente responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes: (1) IVETTE ALEXY GIRALDO VILLA; (2) JULIÁN DAVID SÁNCHEZ GIRALDO; (3) NORBIN MAURICIO SÁNCHEZ GIRALDO (representados estos dos últimos por su madre IVETTE ALEXY GIRALDO VILLA); (4) MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ FLÓREZ; (5) MARIO DE JESÚS SÁNCHEZ TORO; (6) MARÍA EDY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (7) SANDRA MARÍA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (8) WILMAR DE JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (9) CARLOS MARIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (10) DANY ESTEVISON SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (11) FARLEY CAMILO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; y (12) SULEIMA DEL SOCORRO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, por la muerte del señor YANCEY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, compañero permanente de la primera, padre del segundo y del tercero; hijo de la cuarta y el quinto, y hermano de los demás, ocurrida el 29 de agosto de 1999, cuando al ir como pasajero de la volqueta con placas HLJ 561, marca Fargo, modelo 56, color amarillo y marrón, tipo platón, de propiedad de MARÍA MARGARITA YARCE y conducida por ENRIQUE OCTAVIO YARCE CÁRDENAS, el automotor se salió de la vía y se fue a una quebrada, por fallas mecánicas, según el conductor, y por un ataque epiléptico del conductor, según otro pasajero, vehículo que trabajaba para la empresa TECNÓLOGOS CONTRATISTAS & CÍA. LTDA. – “TECONS LTDA.”, contratista del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVÍAS, accidente que ocurrió en la carretera al mar, a las 6:30 am de la fecha mencionada en el sitio “El Pital”, del municipio de Dabeiba-Antioquia. 

3.2. Condénese al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVÍAS, a indemnizar a los demandantes los siguientes perjuicios: 

3.2.1. Morales subjetivos 

3.2.1.1. Causados a (1) IVETTE ALEXY GIRALDO VILLA; (2) JULIÁN DAVID SÁNCHEZ GIRALDO; (3) NORBIN MAURICIO SÁNCHEZ GIRALDO (representados estos dos últimos por su madre IVETTE ALEXY GIRALDO VILLA); (4) MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ FLÓREZ; (5) MARIO DE JESÚS SÁNCHEZ TORO; (6) MARÍA EDY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (7) SANDRA MARÍA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (8) WILMAR DE JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (9) CARLOS MARIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (10) DANY ESTEVISON SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; (11) FARLEY CAMILO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ; y (12) SULEIMA DEL SOCORRO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, por el dolor, la angustia, la congoja y la pena que sufren por la muerte del compañero permanente, padre, hijo y hermano-respectivamente, YANCEY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, perjuicios estimados en el equivalente en pesos colombianos de mil quinientos (1500) gramos de oro puro para cada demandante (en total: dieciocho mil —18.000— gramos de oro fino), al precio que tengan a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y que al precio actual valen la cantidad de $ 27.000.000.00 para cada demandante (en total $ 324.000.000.00) de acuerdo con el certificado que expida el Banco de la República. 

3.2.2. Materiales de lucro cesante 

3.2.2.1. Causados a IVETTE ALEXY GIRALDO VILLA; JULIÁN DAVID SÁNCHEZ GIRALDO; y NORBIN MAURICIO SÁNCHEZ GIRALDO consistentes en las cuotas periódicas que dejaron de recibir de su compañero permanente y padre (respectivamente) muerto, YANCEY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, para el sostenimiento del hogar, perjuicios que se contabilizan a partir de la fecha de ocurrencia de su injusta muerte, el 29 de agosto de 1999, según el artículo 1615 del Código Civil hasta la llegada a la mayoría de edad de los hijos y hasta el límite de la vida probable del compañero permanente muerto (50 años más según la necropsia), calculados con base en el salario mínimo vigente en 1999, incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, y que se estiman en:  

NombreLCCLCFTotales
Ivette Alexy Giraldo1.133.56921.473.55922.607.128
Julián David Sánchez Giraldo566.7856.216.0476.782.832
Norbin Mauricio Sánchez Giraldo566.7856.633.9427.200.727
Totales2.267.13934.323.54836.590.687

Sumas que se deberán actualizar de acuerdo con la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor de ingresos bajos (obreros) entre el mes de agosto de 1999 y el anterior al de la ejecutoria de la sentencia. 

3. Ordénese al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177, y 178 del Código Contencioso Administrativo. 

En la estimación de la cuantía precisó (fl. 105, cdno. ppal.):

7.1. La pretensión mayor de esta demanda corresponde a la indemnización que reclama IVETTE ALEXY GIRALDO VILLA por la muerte de YANCEY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y que asciende a $ 27.000.000.00 de pesos, que es lo que valen 1.500 gramos de oro puro a la fecha de la presentación de esta demanda, ya que cada gramo tiene un valor de $ 18.000.00. (…). 

1.2. Los hechos

Las pretensiones se sustentan en los hechos resumidos a continuación (fls. 67 a 71, cdno. ppal. 1):

Expresó la demandante que con ocasión de algunos derrumbes, el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS contrató con la empresa privada Tecnólogos Contratistas y Cía. Ltda. TECONS LTDA. el arreglo de un trayecto de la carretera al mar, trayecto que comprendía el sitio denominado La Palmera.

Adujo que con propósito de dar cumplimiento al referido contrato, la empresa Tecnólogos Contratistas y Cía. Ltda., a través de su representante legal el señor Jhon Jairo Villa Paja, contrató como obreros a varias personas de la región, entre las que se encontraba el señor Yancey Sánchez Rodríguez. De igual forma, señaló que la empresa contrató al señor Enrique Octavio Yarce para que transportara a los trabajadores a los lugares afectados por el derrumbe en la volqueta particular de placas HLJ 561, tipo platón, cuya propietaria era la señora María Margarita Yarce, hermana del conductor del vehículo.

Indicó que el 29 de agosto de 1999, al ser transportados varios trabajadores en la volqueta de placas HLJ 561 a uno de los lugares afectados con el derrumbe, entre los que se encontraba el señor Yancey Sánchez Rodríguez, quien iba en el platón, el mencionado vehículo se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que resultó muerto el señor Yancey Sánchez Rodríguez. De acuerdo con la demanda, el accidente fue ocasionado por fallas mecánicas de la volqueta, conforme la versión del conductor Enrique Octavio Yarce, y por un ataque epiléptico del conductor, según versión de un pasajero sobreviviente del accidente.

Sostuvo que como la empresa Tecnólogos Contratistas y Cía. Ltda., TECONS LTDA. era contratista del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y que a la fecha del accidente se estaba ejecutando el contrato en el sitio denominado La Palmera, la entidad pública demandada debe responder por los perjuicios ocasionados a los familiares de la víctima Yancey Sánchez Rodríguez por ser la beneficiaria directa de los trabajos realizados en la vía al mar.

Finalmente, manifestó que la muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez se debió a que fue sometido a un riesgo excepcional al ser obligado a transportarse en un vehículo de carga, conducido por una persona que sufría de ataques epilépticos y bajo el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de un vehículo automotor.

1.3. Trámite procesal

1.3.1. Contestación de la demanda

A pesar de haberse notificado en debida forma al Instituto Nacional de Vías, Invías (fl. 118, cdno. ppal. 1), dicha entidad no dio contestación a la demanda dentro del término de fijación en lista del proceso, por tal razón no se tuvo en cuenta el escrito presentado el 30 de octubre del año 2000(1), ni el llamamiento en garantía formulado en el mismo para que se vinculara a la compañía de seguros La Previsora S.A. y a la sociedad Tecnólogos Contratistas y Cía. Ltda., TECONS LTDA.

1.3.2. Alegatos de primera instancia

La parte demandante no presentó alegatos de conclusión en primera instancia.

Por su parte, el Invías presentó oportunamente alegatos de conclusión en los que señaló que no podía ser condenada porque el accidente en el que murió el señor Yancey Sánchez Rodríguez fue ocasionado por un tercero ajeno a esa entidad y por la conducta imprudente de la víctima, quien supuestamente conocía sobre la enfermedad padecida por el conductor del vehículo. Así mismo, agregó que no existe una falla en el servicio por cuanto su función es la de construir y conservar la red vial nacional, no la de expedir licencias de tránsito, ni realizar control de pasajeros (fls. 173 a 174, cdno. ppal. 1).

1.3.3. Sentencia de primera instancia

Surtido el trámite de rigor y practicadas en lo posible las pruebas decretadas, el 28 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión, profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda (fls. 175 a 189, cdno. ppal. 2). La decisión se fundamentó en los siguientes argumentos relevantes:

Luego de hacer un recuento de los hechos alegados en la demanda, y de valorar las pruebas obrantes en el proceso, consideró el a quo que a pesar de haberse demostrado el daño causado a los demandantes, no se encontraba probado el nexo causal entre el hecho dañoso y la acción u omisión atribuida a la entidad pública demandada, esto por cuanto no se acreditó que la firma Tecnólogos Contratistas & Cía. Ltda. tuviera una relación contractual con el Invías para la ejecución de obras en la vía al mar, ni fue claro el representante legal de la empresa contratista, señor John Jairo Villa Paja, en la declaración rendida en el proceso penal adelantado contra el conductor del vehículo por su presunta comisión del delito de homicidio culposo, pues este se limitó a exponer todo lo relacionado con el accidente y sus causas, y en ningún momento hizo referencia al supuesto contrato existente con la entidad demandada.

Igualmente, expresó que de haberse demostrado la relación contractual existente entre la sociedad TECONS LTDA. y el Instituto Nacional de Vías, Invías, tampoco habría lugar a declarar la responsabilidad de la entidad pública demandada, ya que además de no encontrarse probada una falla u omisión de su parte en el caso concreto, la responsabilidad del transporte recaía exclusivamente en el contratista, quien fue el que contrató el servicio y que tendría que responder en el evento de haberse tenido conocimiento previo de la enfermedad que padecía el conductor de la volqueta de placas HLJ 561.

Por último, adujo que si bien la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que las entidades públicas responden por los daños causados a terceros en la ejecución de obras públicas contratadas por ellas así intervengan contratistas, no considera que en el sub judice sea aplicable esta posición para atribuir responsabilidad al Invías,

1.3.4. Recurso de apelación

Estando dentro del término legal, el 26 de octubre de 2004 (fls. 200 a 201, cdno. ppal. 2), la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Este recurso fue sustentado con posterioridad mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2004 (fls. 203 a 237 del cdno. ppal. 2), en el que se solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las súplicas de la demanda, con base en los argumentos resumidos a continuación:

Luego de hacer un recuento de los argumentos esgrimidos por el a quo para negar las pretensiones de la demanda, indicó la parte inconforme que no se debió exonerar de responsabilidad a la entidad demandada porque considera que al haber sido el Invías la entidad dueña de la obra, esta tenía la obligación de responder por los perjuicios ocasionados a los trabajadores contratados por la entidad contratista, argumento que respaldó transcribiendo jurisprudencia de esta Corporación relacionada con la obligación de las entidades públicas contratantes de responder por los daños ocasionados durante la ejecución de una obra que se encuentra a cargo de un contratista.

Así mismo, manifestó que en el presente caso la responsabilidad de la entidad demanda también se derivaba del riesgo especial al que fue sometida la víctima, pues el vehículo en el que se movilizó al señor Yancey Sánchez Rodríguez no era apto para el transporte de personas y porque la conducción de vehículos automotores es considerada como una actividad peligrosa, de ahí que debía aplicarse al caso concreto un régimen objetivo de responsabilidad.

Por otra parte, respecto a la prueba de la relación contractual existente entre la sociedad TECONS LTDA. y el INVÍAS, indicó que no fue obtenida debido a que el contrato se celebró entre el Ingeniero Gabriel Jaime Martínez Solís y el INVÍAS, tal como lo señaló el señor John Jairo Villa Paja, representante legal de TECONS LTDA., al dar respuesta al exhorto número 630 de marzo de 2002, la cual no fue tenida en cuenta en primera instancia por haberse allegado al proceso después del ingreso del expediente al despacho para dictar sentencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción

Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, el Consejo de Estado es competente para conocerlo, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a los perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

2.2. De la legitimación en la causa

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que se afirma en la demanda que fue durante la ejecución de un contrato de mantenimiento vial celebrado entre el Instituto Nacional de Vías, Invías y la empresa TECONS LTDA., que el señor Yancey Sánchez Rodríguez se accidentó mientras se transportaba al lugar de realización de sus labores.

En cuanto a los demandantes, se encuentran legitimados los siguientes: i) los señores Mario de Jesús Sánchez Toro y María de Jesús Rodríguez Florez, por ser los padres de la víctima conforme la certificación de nacimiento del señor Yancey Sánchez Rodríguez, la cual obra en folio 11 del cuaderno principal 1, ii) Dany Estevison y Farley Camilo Sánchez Rodríguez, quienes están representados por sus padres, por ser hermanos de la víctima conforme las certificaciones de nacimiento obrantes en folios 21 y 22 del cuaderno principal 1, respectivamente, iii) María Edy, Wilmar de Jesús, Carlos Mario, Suleima del Socorro y Sandra María Sánchez Rodríguez, por ser hermanos de la víctima conforme a las certificaciones de nacimiento obrantes en folios 17, 19, 20, 23 y 18 del cuaderno principal 1, respectivamente, iv) Ivette Alexy Giraldo Villa, por ser la compañera permanente de la víctima(3), y v) los menores Julián David y Norbin Mauricio Sánchez Girlado(sic), representados debidamente por su madre Ivette Alexy Giraldo, por ser hijos de la víctima conforme la certificación de nacimiento y registro civil de nacimiento obrantes en folios 13 y 16 del cuaderno principal 1, respectivamente.

2.3. De la procedencia y de la caducidad de la acción

En este asunto se pretende que se declare la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías, Invías por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez el 29 de agosto de 1999, y como la demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de junio del año 2000 (fl. 115, cdno. ppal. 1), encuentra la Sala que la acción de reparación directa fue impetrada oportunamente, esto es, dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que se le imputa a la demandada, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

2.4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso el Instituto Nacional de Vías, Invías es extracontractualmente responsable por la muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez, persona que falleció luego de accidentarse la volqueta que lo transportaba a su lugar de trabajo por la vía al mar, sitio llamado El Pital del municipio de Dabeiba-departamento de Antioquia o, si por el contrario, no se encuentra demostrada la responsabilidad de la entidad pública demandada en los hechos alegados en el escrito de la demanda.

2.5. Cuestiones preliminares

En relación con los hechos de que trata el proceso, obran las pruebas aportadas por las partes y las allegadas por orden del a quo. Sobre el particular, la Sala hace las siguientes precisiones:

2.5.1. Si bien es cierto que en el expediente reposan documentos en copia simple, estos podrán ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos. Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación en reciente fallo de unificación de jurisprudencia(4), consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto se hayan surtido las etapas de contradicción y su veracidad no haya sido cuestionada a lo largo del proceso. Adujo la Sala, que una interpretación contraria implicaría afectar el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.

2.5.2. Por otra parte, a pesar de que no se tuvo en cuenta la contestación a la demanda presentada por el Invías por haber sido extemporánea, serán valoradas las pruebas documentales, testimoniales y declaraciones obrantes en la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación-Unidad Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Dabeiba contra el señor Enrique Octavio Yarce Cárdenas, conductor del vehículo automotor tipo volqueta de placas HLJ 501, debido a que fueron aportadas en copia auténtica al proceso por solicitud de la parte demandante.

2.5.3. Ahora, teniendo en cuenta que en el auto de pruebas de 18 de febrero de 2002 (fls. 141 a 142, cdno. ppal. 1) se exhortó al representante legal de la empresa Tecons Ltda. a fin de que remitiera copia del contrato celebrado con el Invías, e informara si para el 29 de agosto de 1999 el señor Yancey Sánchez Rodríguez era el empleado de esa empresa y, que en caso afirmativo, expresara su cargo, ingresos y la labor desempeñada el día del accidente (fl. 104, cdno. ppal. 1); y que con posterioridad a la expedición de la sentencia de primera instancia —el 13 de agosto de 2004 (fl. 193 a 196, cdno. ppal. 1)— el señor John Jairo Villa Paja, en calidad de representante legal de Tecons Ltda., presentó documento en el que contestó los interrogantes planteados, se dará a esa prueba la calidad de documento declarativo emanado de un tercero en razón a su contenido(5), y se apreciará aun cuando no fue ratificada por quien lo suscribió de conformidad con el numeral 2º del artículo 277(6) del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, norma que se encontraba vigente para la fecha en que se allegó la prueba, y que establece que no será necesario el requisito de la ratificación cuando se aporte un documento privado emanado de un tercero, salvo que la parte contraria la solicite, situación esta última que no se presentó a pesar de haberse tenido como prueba la respuesta al exhorto en providencia dictada en segunda instancia el 26 de agosto de 2005 (fls. 243 a 245, cdno. ppal. 2).

2.5.4. Toda vez que la sentencia recurrida negó las pretensiones de la demanda al no encontrar demostrada la responsabilidad de la entidad pública demandada, y que en el recurso de apelación se afirma que con las pruebas obrantes en el expediente se encuentra plenamente demostrada la responsabilidad del Invías en la muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez, procederá la Sala a hacer un estudio integral de los elementos constitutivos de la responsabilidad para determinar si le asiste o no razón a la parte recurrente.

2.6. Los elementos de la responsabilidad extracontractual

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, ya que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(7), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial del actor que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

2.7. El daño

En el sub lite, el daño alegado por los demandantes se concretó en la muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez como consecuencia de las heridas padecidas en el accidente de tránsito que tuvo lugar el 29 de agosto de 1999, cuando se transportaba junto con otras personas en la volqueta de placas HLJ 561 por la vía que del municipio de Dabeiba conduce a la ciudad de Medellín.

En ese orden, se tiene que en el acta de inspección del cadáver elaborada por la Fiscalía Seccional Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Dabeiba el 29 de agosto de 1999 se consignó (fl. 27, cdno. ppal. 1, en copia simple):

Nombre del cadáver: Yancey Sánchez Rodríguez. 

Sexo: M Edad: 22  

Residencia: Barrio El Instituto de Dabeiba Ant. 

Lugar de los hechos: En el puente El Pital. Dabeiba Ant. Fecha: 29 de agosto de 1999. 

Cómo se determinó: Información de testigos 

Hubo otros muertos: Sí. ¿Cuantos? 1. Hubo otros heridos en el mismo hecho. ¿Cuantos? 8. 

Posible manera de la muerte: Accidente de tránsito. 

Condición de la víctima: Pasajero. 

Delito: HOMICIDIO CULPOSO 

Cadáver completo: Sí. 

Relato del hecho: El hoy occiso se transportaba en una volqueta para ir a trabajar y en el sitio de El Puente El Pital tuvo ocurrencia el accidente donde resultaron varias personas lesionadas y occiso el antes referido. El occiso era hijo de Mario Sánchez y María de Jesús Rodríguez, de 22 años de edad, convivía con la señora Alexis, presenta una herida en el lado izquierdo de la cara golpe, no presenta más lesiones la hora de los hechos a las siete de la mañana. 

Por otra parte, la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Occidente, Dabeiba - Antioquia, concluyó que la causa de muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez fue “consecuencia natural y directa de shock neurogénico, resultante de trauma y contusión en cráneo causada en accidente de tránsito” (fls. 28 a 29, cdno. ppal. 1, en copia simple), y su registro civil de defunción da cuenta de su fallecimiento el 29 de agosto de 1999 en el municipio de Dabeiba-departamento de Antioquia (fl. 30, cdno. ppal. 1, en copia simple).

Igualmente, los testimonios de los señores Orlanda de Jesús Zapata, María del Carmen López Higuita y Pablo de Jesús López dan fe de de(sic) las buenas relaciones del grupo familiar compuesto por los demandantes y el señor Yance Sánchez Rodríguez, y del impacto que tuvo su muerte en ellos. A continuación se transcriben algunos apartes relevantes de sus declaraciones:

— De la declaración rendida por la señora Orlanda de Jesús Zapata, quien para la época de los hechos trabajaba en el Juzgado Penal Municipal de Dabeiba, y conocía a la víctima y a su familia en razón a que su hermana era amiga de una de las hermanas de occiso (fls. 155 a 156, cdno. ppal. 1):

(…) PREGUNTADO: ¿Cómo era la relación de Yancey con su familia, padres y hermanos? CONTESTÓ: Pues en el tiempo que lo conocí que ellos vivían cerca de la casa de los padres o sea Yancey cerca de los padres, tenían una relación que ellos compartían todo, era una buena relación, parecían una buena familia, eran como una sola familia porque ellos vivían casi juntos. (…) PREGUNTADO: Luego del fallecimiento de Yancey, ¿cuáles fueron los sentimientos de sus familiares? CONTESTÓ: Pues eso fue muy tremendo, porque María Edith esperaba un niño y lo perdió y la mamá se siño (sic) a una tristeza que había que ayudarla, tuvimos que recurrir a la iglesia para que se visitara para ayudarle porque esa señora estaba bastante mal. 

— De la declaración rendida por la señora María del Carmen López Higuita, quien era habitante del municipio de Dabeiba para la época de los hechos, y conocía a la víctima y a su familia porque su hermano estaba casado con una de las hermanas del occiso (fls. 156 anverso a 157 anverso, cdno. ppal. 1):

(…) PREGUNTADO: ¿Cómo era la relación de Yancey con sus familiares? CONTESTÓ: Era normal se mantenía mucho con la familia de él, una buena relación entre ellos con la mamá, el papá y los hermanos. PREGUNTADO: ¿Cuando Yancey falleció cuáles fueron los sentimientos de sus familiares? CONTESTÓ: Muchos, la esposa, los hermanos, sus padres se veían muy angustiados. (…) 

— De la declaración rendida por el señor Pablo de Jesús López Higuita, quien era habitante del municipio de Dabeiba para la época de los hechos, y conocía a la víctima y a su familia por cuanto era cuñado del occiso (fls. 157 a 158, cdno. ppal. 1):

(…) PREGUNTADO: ¿Cómo eran las relaciones con su familia? CONTESTÓ: A pesar de que vivía con su señora vivian(sic) muy cerca de su familia eran buenas las relaciones. PREGUNTADO: ¿Cuál fue el sentimiento que causó a sus familiares con la muerte de Yancey? CONTESTO: Pues la mamá fue a la que más fuerte le dio, a toda su familia mucho dolor mucha tristeza. (…) 

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se desprende, claramente, el daño deprecado.

2.8. La imputación

2.8.1. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación por aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(8):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. 

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.  

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

2.8.2. En ese orden, frente a la imputación del daño causado a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

2.8.2.1. Se encuentra en el expediente informe del accidente de tránsito dirigido al Inspector Municipal de Policía y Tránsito, en el que se deja constancia que el día 29 de agosto de 1999, en la vereda El Pital, primer puente, en la vía que del municipio de Dabeiba conduce a Medellín, se accidentó el vehículo de placas HLJ 561, marca Fargo, modelo 56 y tipo platón, que era conducido por el señor Enrique Octavio Yarce Cárdenas, con C.C. 3.583.776, en el que se transportaban las personas relacionadas a continuación y que fueron remitidas a centro asistencial: Giovany Vargas Hoyos, Gustavo Marín Duarte, Juan Esteban Amaya, José Wilmer Ruiz Pérez, Luis Antonio Castrillón Álvarez, Ómar Benítez, Abel Adán Durango, Enrique Octavio Yarce Cárdenas, Pedro Pablo Ramírez Gómez, Jesús Antonio Hoyos Gaviria y Luis Eduardo Zapata D. (fl. 25, cdno. ppal. 1, en copia simple).

2.8.2.2. Informe y croquis del accidente elaborado por la dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor el 29 de agosto de 1999, en el que se deja constancia que las causas probables del accidente fueron impericia del conductor y fallas mecánicas del vehículo de placas HLJ 561, esto último porque supuestamente la dirección de la volqueta se trabó. De igual forma, en el aparte de observaciones del informe se dejó constancia que según versiones el señor Enrique Octavio Yarce Cárdenas, conductor del vehículo, sufre de ataques epilépticos. El croquis elaborado deja en evidencia que el vehículo accidentado se salió de la vía cerca al primer puente de la vereda El Pital en la vía a Medellín, y que cayó varios metros por un precipicio. No se encuentra involucrado otro vehículo en el accidente ni que se haya debido el suceso a defectos en la vía (fls. 26 a 27, cdno. ppal. 3, en copia auténtica).

2.8.2.3 Copia simple de la tarjeta de propiedad del vehículo tipo volqueta de placas HLJ 561, marca Fargo, modelo 56, en la que consta que el automotor antes descrito se encontraba destinado al servicio particular, que su carrocería era tipo platón y que su propietaria era la señora Nubia Margarita Yarce de Marín (fl. 34, cdno. ppal. 1).

2.8.2.4 Informe elaborado por el gerente del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba-Antioquia el 31 de agosto de 1999, en el que manifiesta al Fiscal Seccional 126 de Dabeiba que el 29 de agosto de ese año falleció en accidente de tránsito el señor Yancey Sánchez y resultaron heridos los señores Luis Eduardo Zapata, Juan Sebastián Amaya, Luis Antonio Castrillón Álvarez, Ómar Benítez, Abel Adán Durán, José Wilmar Ruiz Pérez, Jesús Antonio Hoyos Gaviria, Gustavo Marín Duarte, Yovanny Vargas Hoyos, Enrique Octavio Yarce Cárdenas y Pedro Pablo Ramírez Gómez (fls. 9 a 10, cdno. ppal. 3, en copia auténtica).

2.8.2.5. Diligencia de indagatoria del señor Enrique Octavio Yarce Cárdenas rendida ante la Fiscalía General de la Nación-Unidad Delegada ante el Juzgado Promiscuo de Dabeiba el 1 de diciembre de 1999, en la que declaró que padece de una enfermedad de la cabeza que no había vuelto a sentir sino hasta el día del accidente de tránsito, a saber, el 29 de agosto de 1999. Adicionalmente, manifestó los siguientes aspectos relevantes: i) que iban en la volqueta doce o trece personas, en la cabina llevaba a dos y en la parte de atrás nueve, ii) que a estas personas las transportaba todos los días a su lugar de trabajo, iii) que las personas que transportaba trabajaban con el señor Jhon Jairo Villa, contratista de una empresa que desconoce, y iv) que Jhon Jairo le pagaba a los trabajadores cada quince días y a él cada ocho días. En cuanto al estado de la vía indicó que se encontraba en buen estado. A continuación se transcriben algunos apartes de la declaración antes referida (fls. 145 a 147, cdno. ppal. 3, en copia auténtica):

(…) yo sufro una enfermedad en la cabeza pero hace como tres años en un guayabo que me dio una cosa en la cabeza iba manejando y me choqué contra un poste y eso no lo había vuelto a sentir hasta el día del accidente el día veintinueve de agosto que me volvió a dar por la tarde en el hospital, ósea después del accidente. (…) A todos los trabajadores los recogí en la bomba yo los transportaba todos los días al lugar del trabajo, ellos trabajaban con Jhon Jairo Villa contratista no se(sic) de que(sic) compañía ellos iban para la Zandalia, yo los dejaba allá siempre, hacía ocho días que los estaba transportando a ese lugar y eran siempre los mismos trabajadores. Jhon Jairo Villa les pagaba a esos trabajadores cada quince días, a mi(sic) también me(sic) Jhon Jairo yo contraté para que me pagara cada ocho días y esta es la hora que no me ha pagado. (…) Preguntado: ¿Cómo era el estado de la carretera? Respondió: La carretera esta(sic) bien tenía buena visibilidad, ni iban ni venían carros de ninguna parte (…). 

Cabe resaltar que esta indagatoria no será valorada por cuanto se encuentra concebida como un medio de defensa que se otorga a las personas y que consisten en la oportunidad de ser oído en relación con la acusación que existe en su contra, en aplicación del principio constitucional del debido proceso. Por tal razón, cuando en el curso de esas diligencias, el procesado hace acusaciones en contra de terceros, se le debe interrogar de nuevo sobre ese hecho, una vez se le haya tomado el juramento, como si se tratara de un testigo(9), de lo contrario no puede ser tenida en cuenta.

2.8.2.6. Declaración rendida por el señor Jhon Jairo Villa Paja ante la Fiscalía Delegada ante Jueces del Circuito de Dabeiba – Antioquia el 28 de diciembre de 1999, en la que manifestó que contrató verbalmente al señor Enrique Octavio Yarce para que le prestara el servicio de la volqueta. Aseguró que, según versiones de otras personas, la causa del accidente de tránsito fue que al conductor le dio un ataque, y que días antes del suceso dicho conductor había tenido dos accidentes en el pueblo y le habían prohibido manejar, circunstancia que afirmó el declarante desconocer cuándo lo contrató. Se destaca que en esta declaración no se menciona la existencia de un contrato con el Invías ni las labores que ejecutaban las personas contratadas por el declarante. Se transcriben los apartes más relevantes de la declaración (fls. 153 a 154, cdno. ppal. 3, en copia auténtica):

(…) Preguntado: Bajo la gravedad de juramento sírvase decir al despacho si usted conoce al señor Enrique Octavio Yarce Cárdena, en caso cierto ¿cuánto tiempo hace, en razón de qué y si es de su familia? Respondió: No lo conozco así, lo vine a conocer aquí en Dabeiba para que nos alquilara la volqueta, hacía cuatro días que lo distinguía, no es de mi familia. (…) Preguntado: Díganos ¿cómo había contratado usted con el señor Enrique Octavio Yarce para el servicio de la volqueta? Respondió: Yo lo conocí aquí en Dabeiba que venía de trabajar de Urabá y contraté con él a CIENTO CINCUENTA MIL PESOS el día libres de todo, hacía seis días que estaba trabajando, él llevaba por ahí diez, pero fuera recogía gente particular que no era de nosotros. Preguntado: Díganos ¿si los que iban en el vehículo que relación de trabajo tenían con usted? Respondió: Todos estaban asegurados, no habían firmado contrato todavía, estaban asegurados con Seguros del Estado, el seguro de la volqueta paga la mitad de los gastos y lo otro el seguro de nosotros, que es una póliza colectiva que le exigen a uno. Preguntado: ¿Qué sabe usted cómo se presentaron esos hechos y las circunstancias de los mismos? Respondió: La versión de todo el mundo fue que al señor le dio un ataque y que días antes acá en el pueblo había tenido dos accidentes y le habían prohibido manejar el municipio (sic) y a mí nunca me dijeron que el sufría ataques porque si yo hubiera sabido no le había dado trabajo, a mi(sic) me hicieron comentarios los accidentados que a él le daban ataques (…).

2.8.2.7. De igual forma, dentro del proceso de reparación directa se decretaron y practicaron los testimonios de los señores Jesús Antonio Hoyos (fls. 150 a 152, cdno. ppal. 1), Omar de Jesús Benítez (fls. 151 anverso a 152 anverso, cdno. ppal. 1) y Luis Eduardo Zapata Durango (fls. 158 anverso a 160, cdno. ppal. 1), personas que trabajaron con el occiso Yancey Sánchez Rodríguez y que también iban en el vehículo tipo volqueta de placas HLJ 561 para la fecha del accidente(10). Estos testigos coinciden en afirmar que en la fecha del accidente se dirigían a realizar trabajos en la carretera y que eran empleados de una empresa contratista del Invías cuyo jefe era el señor Jhon Jairo Villa, persona que les cancelaba sus salarios. Para efectos prácticos, únicamente se transcribirán algunos de los apartes del testimonio del señor Luis Eduardo Zapata, persona que iba en la cabina del vehículo al momento del accidente(11):

(…) Preguntado: Bajo el apremio del juramento que tiene prestado manifieste al despacho, si conoció al señor Yancei (sic) Sánchez, por que(sic) lo conoció? Contestó: Si(sic) lo conocí fue ayudante mí(sic), fue vecino de mi casa. Preguntado: Sabe usted las circunstancias en las que falleció Yancei (sic)? Contestó: Eso fue en la quebrada el Pital en el primer puente de El Pital, el 29 de agosto de 1999, la cuestión era que nosotros íbamos (sic), nosotros subíamos cuando de un momento a otro le dio un ataque al conductor no se(sic) como se llama se(sic) que lo llaman El Panguano, el apodo, y ya nos cogimos y nos salimos de la carretera y ahí fue donde nos dimos el accidente. Cuando ya quedamos en el punto donde era yo me salí de la carretera viendo los compañeros allá le decía al señor conductor que porque no le colaboraba a los compañeros, entonces él no me contestaba nada, cuando llegamos, llegamos a Antioquia, el señor conductor me dijo estas palabras: “que porque no me había muerto”, eso fue lo último, ya él se quedó y a mi(sic) me echaron para Medellín. (…) Cuando la gente me decía aquí cuando yo ya vine de Medellín que yo sabía que le daban ataques epilépticos, entonces yo lo que le contestaba a la gente que yo a una persona de esas no me le montaba que lo más fácil que yo me conseguía era la muerte que yo no sabía nada de eso. (…) Preguntado: ¿Qué hacía Yancei (sic) en el momento de fallecer? Contestó: Era ayudante, estábamos trabajando con un contratista del Invías, se llama Jhon Jairo, no recuerdo el apellido. Preguntado: ¿Qué trabajo estaban haciendo? Contestó: Como se había ido la banca de la carretera estábamos haciendo un engabionado (sic) en la carretera. Preguntado: ¿En qué estado estaba la vía en el lugar donde nos accidentamos? Contestó: En el lugar del accidente estaba normal. (…) Preguntado: Según usted que cree ¿a qué se debió el accidente? Contestó: Que le digo yo a usted, le digo la verdad, el accidente fue al ataque epiléptico que le cayó, no fue por fallas mecánicas, sino por la enfermedad que él sufre porque todavía la sufre, entonces yo ví(sic) que se quedó paralizado que cogió la cabrilla del carro y que quedó tieso y el pie hundido en el acelerador, yo lo ví(sic) porque iba con él en la cabina y ahí fue donde se salió de la carretera. (…) Preguntado: Puede decirnos ¿cuál era el medio de transporte ordinario durante el tiempo que llevaban en la obra? Contestó: La volqueta era contratada por el mismo contratista, entonces el contratista, nos dio ese transporte a nosotros a los que habíamos aquí trabajando de Dabeiba (…).  

Además, estima la Sala que los testimonios de los señores Jesús Antonio Hoyos, Omar de Jesús Benítez y Luis Eduardo Zapata Durango gozan de plena credibilidad por ser congruentes con los informes de tránsito elaborados luego de ocurrido el accidente, y por no ser contradictorios con las declaraciones rendidas por estas mismas personas dentro del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, los cuales fueron allegados al expediente en copia auténtica(12).

2.8.2.8. A través de exhorto ordenado en auto de pruebas del 18 de febrero de 2002 (fls. 141 a 142, cdno. ppal. 1), el Tribunal Administrativo de Antioquia le solicitó a la entidad pública demandada que informara si esa entidad había celebrado algún contrato con la empresa Tecons Ltda. para la limpieza y arreglo de la vía cuyo trayecto es Dabeiba-Uramita-Antioquia y, en caso afirmativo, que agregara copia del contrato y explicara si conocía las circunstancias en que murió el señor Yancey Sánchez Rodríguez. En respuesta a este requerimiento, el 11 de julio de 2002, el INVÍAS presentó memorial en el que negó la existencia de un vínculo contractual con Tecons Ltda. y el conocimiento de las circunstancias en que murió el señor Yancey Sánchez Rodríguez. Se transcriben los apartes relevantes del documento antes mencionado (fl. 163, cdno. ppal. 1):

6.3.4.1 La Regional Antioquia del Instituto Nacional de Vías no tuvo relación contractual con la empresa Tecnólogos Contratistas y Cía. Ltda. - Tecons Ltda., para ejecución de obras en la vía Turbo - Medellín, sector Dabeiba - Uramita - Antioquia. 

6.3.4.2. La regional Antioquia por medio de un informe enviado por la administradora vial sobre la accidentalidad en la carretera Turbo - Medellín comunica que el 29 de septiembre ocurrió un accidente en el PR1+650, a las 7:00 AM. 

6.3.4.2.1 Si bien el Invías tuvo conocimiento del accidente antes mencionado, no adelantó investigación administrativa alguna y por lo tanto desconoce si en el siniestro reportado perdió la vida Yancy Sánchez Rodríguez. 

2.8.2.9. Finalmente, el 13 de agosto de 2004, luego de ser expedida la sentencia de primera instancia y en cumplimiento al exhorto ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el auto de pruebas del 18 de febrero de 2002, el señor Jhon Jairo Villa Paja, obrando en calidad de representante legal de la sociedad Tecons Ltda.(13), presentó documento declarativo original con sello de reconocimiento de texto ante la notaría Dieciocho de Medellín en el que expresó que Tecons Ltda. no tuvo ningún contrato con el Invías, pero que el accidente había ocurrido durante la realización del contrato -034-99, el cual se encontraba a nombre del ingeniero Gabriel Jaime Martínez Solís con el Invías. Agregó que su trabajo se efectuó por órdenes del dueño del contrato y que fue el señor Gabriel Jaime Martínez, el contratista directo del Invías la persona que pretendió evadir responsabilidades al informar a todos los accidentados que esa obra estaba siendo realizada por Tecons Ltda. De igual forma, expresó que el señor Yancey Sánchez Rodríguez no era empleado de la empresa a la que representa, pero certificó que dicha persona sí trabajó en un contrato suscrito entre el Invías y el señor Gabriel Martínez Solis, que se desempeñaba como obrero en ese contrato y que devengaba el salario mínimo con todas sus prestaciones sociales (fls. 193 a 196, cdno. ppal. 2). Junto con este documento el señor John Jairo Villa aportó los siguientes documentos: i) copia simple de oficio elaborado por el Invías el 16 de septiembre de 1999, en el que se ordena al señor John Jairo Villa paralizar los trabajos que se adelantan en la ejecución del box-culvert del PR 13 + 100 (fl. 197, cdno. ppal. 2), y ii) copia simple del acta final del contrato CTO-034 de 1999, donde consta que el constructor Gabriel Jaime Martínez Solis entregó a satisfacción la obra cuyo objeto era recuperar la banca en la vía Turbo - Medellín, tramo Dabeiba - Sante Fe de Antioquia (fls. 198 a 199, cdno. ppal. 2).

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se tiene lo siguiente:

i) Que en el año de 1999, el señor John Jairo Villa, en calidad de representante legal de la empresa Tecons Ltda., contrató a varias personas, entre ellas a Yancey Sánchez Rodríguez, para que ejecutaran unas obras en la vía que del municipio de Dabeiba conduce a Medellín.

ii) Que para el transporte de las personas contratadas, el señor John Jairo Villa contrató los servicios del particular Enrique Octavio Yarce, quien cumplió su labor de transporte en un vehículo destinado al servicio particular, tipo volqueta, de placas HLJ 561, marca Fargo, modelo 56, y cuya propietaria era la señora Nubia Margarita Yarce de Marín, hermana del conductor.

iii) Que el 29 de agosto de 1999, mientras estaban siendo transportadas varias personas a su lugar de trabajo, entre las que se encontraba Yancey Sánchez Rodríguez, quien iba en el platón, el conductor del vehículo particular tipo volqueta de placas HLJ 561, señor Enrique Octavio Yarce, sufrió un ataque de epilepsia que ocasionó que perdiera el control del vehículo y se accidentaran en cercanías al primer puente del sitio llamado El Pital, del municipio de Dabeiba - departamento de Antioquia.

iv) Que como consecuencia del accidente antes mencionado, el trabajador Yancey Sánchez Rodríguez falleció en el lugar de ocurrencia de los hechos a causa de los traumas y lesiones padecidas.

v) Que el Instituto Nacional de Vías, Invías negó la existencia de una relación contractual con el señor John Jairo Villa o la empresa Tecons Ltda., para la readecuación o reparación de la vía que del municipio de Dabeiba conduce a Medellín en el año de 1999.

De acuerdo con las circunstancias fácticas expuestas en el escrito de la demanda, se encuentra que básicamente la parte demandante pretende que se declare la responsabilidad del Instituto Nacional de Vías, Invías por la muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez, en atención a que esta persona supuestamente estaba ejecutando una obra que pertenecía a dicha entidad cuando se accidentó el vehículo que lo transportaba a su lugar de labores y murió, imputación que fue realizada de esa forma por no evidenciarse una participación directa del Invías en la generación del hecho dañoso alegado por los demandantes.

Comoquiera que la parte demandante pretende que se declare la responsabilidad extracontractual del Invías con fundamento en el supuesto vínculo contractual que dicha entidad pública tenía con la persona que contrató los servicios personales del señor Yancey Sánchez Rodríguez, así como el servicio particular de transporte en el que resultó muerta esta persona al dirigirse a su lugar de trabajo, considera la Sala que para efectos de determinar si le asiste o no responsabilidad a la entidad demandada se debe verificar en primer término si existió o no la relación contractual alegada, pues en caso de no encontrarse demostrada, y al haberse desarrollado el hecho dañoso en el marco de diversas relación privadas que han sido aceptadas por los demandantes, no podría imputarse el daño causado al Instituto Nacional de Vías, Invías, entidad que como se dijo, no tuvo una participación directa en el daño.

A pesar de que la parte demandante afirma que para la fecha del 29 de agosto del año 1999 el señor Yancey Sánchez Rodríguez se encontraba ejecutando un contrato celebrado entre el Invías y un contratista particular —cuyo objeto era la realización de mantenimiento y reparación de algunos tramos de la vía que del municipio de Dabeiba conduce a Medellín—, de las pruebas obrantes en el expediente no es posible establecer que efectivamente existió el contrato en mención, ni se evidencia participación directa del Invías o de un contratista suyo que conlleve a considerar que podría asistirle responsabilidad a la demandada en el hecho dañoso alegado por los demandantes, esto por cuanto los testimonios recaudados y los mismos demandantes coinciden en afirmar que la persona que había contratado los servicios del señor Yancey Sánchez Rodríguez había sido el señor John Jairo Villa en su calidad de representante legal de la sociedad Tecons Ltda., persona jurídica de derecho privado que según respuesta a oficio radicada por el Invías el 11 de julio de 2002, nunca suscribió un contrato con esa entidad para la ejecución de obras en la vía Turbo - Medellín, sector Dabeiba - Uramita - Antioquia (fl. 163, cdno. ppal. 1).

De igual forma, se encontró demostrado que fue el mismo John Jairo Villa, representante legal de la empresa Tecons Ltda., quien contrató los servicios del señor Enrique Octavio Yarce para que transportara a sus empleados —entre los que se encontraba Yancey Sánchez Rodríguez— al lugar donde realizarían sus labores, y que la persona con la que celebró contrato de transporte verbal no era empleada del Invías ni mucho menos utilizaba un vehículo de propiedad de esa entidad para la ejecución del contrato de transporte, por el contrario, era una persona natural que utilizó un vehículo destinado al servicio particular, tipo volqueta, de platón, con placas HLJ 561, de propiedad de su hermana, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, tal como se puede constatar en la copia de la tarjeta de propiedad del vehículo (fl. 34, cdno. ppal. 1) y en los informes rendido por las autoridades de tránsito que atendieron el accidente el 29 de agosto de 1999 (fl. 25, cdno. ppal. 1).

Así las cosas, teniendo en consideración las situaciones antes descritas, puede concluir la Sala que el daño que se pretende atribuir al Invías fue ocasionado bajo la concurrencia de dos relaciones contractuales de carácter privado en las que no intervino ni tuvo injerencia la entidad pública demandada o alguno de sus contratistas, a saber, i) el contrato laboral celebrado entre el representante legal de la empresa Tecons Ltda. y el señor Yancey Sánchez Rodriguez, y ii) el contrato privado de transporte celebrado verbalmente entre el representante legal de Tecons Ltda. y el señor Enrique Octavio Yarce; y que como fue en el marco de estas relaciones contractuales privadas que se concretó el daño, en principio, estaríamos ante una responsabilidad privada y de naturaleza laboral en razón a que fue cuando el señor Yancey Sánchez Rodríguez se transportaba a su lugar de trabajo, en el vehículo contratado por su empleador, que se generó el accidente en que resultó muerto.

Además, aunque el señor John Jairo Villa, en calidad de representante legal de la empresa Tecons Ltda., afirmó en el documento declarativo presentado luego de expedida la sentencia de primera instancia (fls. 193 a 196, cdno. ppal. 2), que todas sus actuaciones y labores en los hechos analizados fueron ejecutadas en cumplimiento de las órdenes impartidas por el ingeniero Gabriel Jaime Martínez, quien supuestamente era el contratista del Invías encargado de la obra que ejecutaba el señor Yancey Sánchez Rodríguez, lo cierto es que la Sala no puede constatar con certeza esta circunstancia porque, en primer lugar, en los hechos de la demanda y en los testimonios practicados nunca se hizo mención o referencia a dicho contratista, y, en segundo lugar, por cuanto no existe prueba distinta a la afirmación del señor John Jairo Villa que permita constatar que la empresa Tecons Ltda. efectivamente trabajó a órdenes del supuesto contratista, ya fuera el contrato celebrado entre ellos o la aceptación de esta circunstancia por parte del contratista, y mal haría en estimarse que la simple afirmación de un tercero que aparentemente estuvo comprometido en su responsabilidad en el hecho alegado pueda dar lugar a tener por demostrada una relación contractual que, de ser cierta, podría exonerarlo de toda responsabilidad patrimonial o involucrar la responsabilidad patrimonial de un tercero que en ningún momento fue vinculado al proceso de la referencia, ni tuvo la posibilidad de controvertir las afirmaciones hechas en su contra.

Aparte de lo anterior, el documento declarativo presentado por el señor John Jairo Villa no constituye el medio probatorio idóneo para realizar una confesión respecto de la responsabilidad de un tercero ajeno al proceso, pues esa facultad solamente opera para las partes del proceso(14) y respecto de hechos que produzcan consecuencias adversas a la parte confesante o que favorezcan a la parte contraria(15), supuestos que no se cumplen en este evento por provenir la confesión de un tercero ajeno al proceso y afectar a quien no es parte dentro del proceso.

Además, resta credibilidad a la manifestación efectuada por el señor Jhon Jairo Villa Paja, representante legal de la empresa Tecons Ltda., el hecho de que en la indagatoria rendida por él mismo ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces del Circuito de Dabeida(sic), nunca mencionó que hubiera actuado bajo órdenes o subordinación de una tercera persona, ni hizo referencia expresa al ingeniero Gabriel Sánchez Martínez como contratista del Invías, persona esta última que solamente fue mencionada en el documento declarativo aportado luego de proferida la sentencia de primera instancia, de ahí que resulte sospechosa su mención en una etapa adelantada del proceso en la que no es posible verificar con otras pruebas sobre su injerencia en las relaciones privadas antes descritas. De igual forma, el contenido del certificado de existencia y representación legal de la empresa Tecons Ltda. también ofrece dudas sobre la presunta naturaleza pública de la actividad que estaba desempeñando el señor Yancey Sánchez Rodríguez para la época de los hechos (fls. 31 a 33, cdno. ppal. 1), ya que al revisar dicho documento público se encuentra que el objeto principal de esa sociedad contempla la ejecución de todo tipo de obras civiles, ya fueran públicas o privadas(16), lo que podría dar lugar a varias posibilidades, entre ellas, la de considerar que la víctima pudo haberse dirigido a ejecutar labores de índole privado, y no públicas como lo afirman los aquí demandantes.

Aunado a lo anterior, si lo pretendido por la parte demandante era demostrar el vínculo contractual que ligaba al Invías con el hecho dañoso, lo procedente era que se aportara al expediente copia del contrato estatal celebrado entre el presunto contratista y el Invías, contrato que por disposición del artículo 39(17) de la Ley 80 de 1993 debía constar por escrito y obrar en los archivos de la entidad pública contratante, no intentar constituir la prueba con testimonios o afirmaciones vagas e imposibles de verificar ante la participación de diversas personas privadas.

Así las cosas, ante la ausencia de pruebas que conlleven a demostrar el vínculo contractual por el cual estaría en obligación de responder el Instituto Nacional de Vías, Invías, circunstancia alegada por los demandantes para efecto de atribuirle responsabilidad en la muerte del señor Yancey Sánchez Rodríguez, estima la Sala que en el caso bajo estudio el daño causado a los demandantes no le es imputable a la entidad pública demandada en razón a que este fue causado en el marco de relaciones contractuales de carácter privado en las que no hizo parte ni tuvo injerencia el Invías o uno de sus contratistas, relaciones frente a las cuales no se puede pronunciar esta Corporación por ausencia de competencia en razón a la especialidad asignada en la ley para la jurisdicción de lo contencioso administrativo(18).

Por los argumentos anteriormente expuestos, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de septiembre de 2004, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

3. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de septiembre de 2004, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero, presidente de la Sala.

1 El proceso fue fijado en lista por el término de diez (10) días a partir del 11 de octubre de 2000 hasta el día 25 de octubre del mismo año, tal como consta en folio 118 reverso del cuaderno principal 1.

2 La pretensión mayor, correspondiente a los perjuicios morales reclamados para cada uno de los demandantes, fue estimada en $ 27.000.000 (1500 gramos de oro), monto que supera la cuantía requerida en el año 2000 ($ 26.390.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado de doble instancia.

3 De conformidad con las declaraciones rendidas por los señores Orlanda de Jesús Zapata Manco (fls. 155 a 156, c. ppal. 1), María del Carmen López Higuita (fls. 156 a 157, c. ppal. 1), y Pablo de Jesús López (fls. 157 a 158, c. ppal. 1), la señora Ivette Alexy Giraldo era la compañera permanente del señor Yancey Sánchez Rodríguez, pues además de haber formado familia juntos, llevaban aproximadamente 5 años de convivencia antes del accidente que ocasionó su muerte.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

5 En cuanto a la calidad y valor del documento declarativo, el profesor Jairo Parra Quijano da la siguiente explicación: “Expliquémoslo, inicialmente, con un ejemplo, se trata de un proceso ordinario que tiene como demandante a A y como demandado a B; A aporta al proceso un documento que dice: “Hago constar que el día 2 de diciembre de 1984, observé que el vehículo marca Renault, de color rojo, con placas ED-2628, fue estrellado por la parte de atrás por la volqueta de placas EN-0085, conducida por el señor Z”. El escrito aparece firmado por C. Repárese que este documento no es más que un testimonio, que no ha sido recibido, ni siquiera en forma anticipada, por el órgano jurisdiccional, el que, por la misma razón, carece de la formalidad del juramento; entonces podrá ser apreciado en el proceso por el juez sin necesidad de que se reciba ratificación del mismo, salvo que la parte contraria a la aportante solicite la misma.” PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima sexta edición. Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2008, p. 585.

6 ART. 277.—Documentos emanados de terceros. Modificado por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez.
1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252.
2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación.

7 HENAO, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

8 Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

9 Según el artículo 357 del Decreto 2700 de 1991, vigente al momento de los hechos: “La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a exhortar al imputado a responder de una manera clara y precisa a las preguntas que se le hagan. Pero si el imputado declare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo”. En igual sentido, el artículo 337 de la Ley 600 de 2000 prevé que la indagatoria no podrá recibirse bajo juramento “pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquél punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo”.

10 De acuerdo con el informe rendido por el gerente del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba – Antioquia el 31 de agosto de 1999, estas personas resultaron heridas en el accidente de tránsito ocurrido el 29 de agosto de 1999, en el que murió el señor Yancey Sánchez Rodríguez (fls. 9 a 10, c. ppal. 1).

11 Según los testigos Jesús Antonio Hoyos y Omar de Jesús Benítez, el señor Luis Eduardo Zapata se transportaba en la cabina y presenció lo que le pasó al conductor antes de ocurrido el accidente.

12 Al expediente penal obrante en el cuaderno número 3 del expediente de la referencia obran las siguientes declaraciones: i) declaración rendida por el señor Luis Eduardo Zapata Durango en folios 151 a 153, ii) declaración rendida por el señor Jesús Antonio Hoyos en folios 155 a 157 y, iii) declaración rendida por el señor Ómar de Jesús Benítez en folios 156 a 157.

13 La calidad de representante legal de la empresa Tecnólogos Contratistas y Cía. Ltda. – Tecons Ltda. del señor Jhon Jairo Villa Paja se encuentra demostrada en el certificado de existencia y representación legal obrante en folios 31 a 33 del cuaderno principal 1, certificado que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín y aportado junto con la demanda.

14 ART. 194.—Confesión judicial. Confesión judicial es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio.

15 ART. 195.—Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
(…).
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
(…).
5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento.

16 El objeto social de la empresa señala: El objeto principal de la sociedad es la ejecución de obras civiles, movimientos de tierra, llenos estructurales, estructuras en concreto, afirmados y vías, suministro de material de playa, alquiler de maquinaria pesada, licitaciones públicas de obras civiles y de construcciones en general, la venta y suministro de todo tipo de materiales para la construcción, asociarse temporalmente con otras empresas afines o no, exportar o importar productos y equipos para la construcción, comercializar todo tipo de productos inmobiliarios, remodelar o construir todo tipo de inmuebles, subcontratar mano de obra, alquiler de equipo y todo lo relacionado con la construcción.

17 ART. 39.—De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. 

18 Respecto al objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006, señala: “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.