Sentencia 2000-03070 de enero 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 76001-23-25-000-2000-03070-01 (30.456)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: María Purificación Riveros de Gómez y Otros

Demandado: Municipio de Restrepo

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veintiocho de enero del dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Corporación es competente para conocer del asunto(3), en razón del recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Restrepo, en proceso de doble instancia(4), seguido contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de julio de 2003, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2. Alcance del recurso de apelación.

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandada, la Subsección aplicará la decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado(5) en la cual se fija el alcance de la competencia del fallador de segunda instancia, limitándola al estudio de los puntos de la sentencia que fueron atacados por el recurrente en el escrito de apelación, de acuerdo con las referencias conceptuales y argumentativas expresamente aducidas en su contra(6).

3. Problemas jurídicos.

¿Se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Municipio de Restrepo, teniendo en cuenta que el interno fallecido se encontraba en una cárcel municipal y que estos centros carcelarios solamente están destinados a la vigilancia de reclusos que cometen delitos contravencionales?

¿Existe en el presente caso el hecho exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad en favor del ente territorial demandado?

¿Los perjuicios morales solicitados por la parte demandante se encuentran o no acreditados dentro del plenario?

4. Aspecto previo.

Prueba trasladada del proceso penal. En las presentes diligencias obra copia auténtica del proceso penal que se inició contra el señor Orlando Ortega Domínguez, procesado por el delito de homicidio en quien se hacía llamar Luís Enrique Gómez Riveros. Estos documentos fueron solicitados por la parte demandante en su escrito de demanda, decretada por parte del tribunal en auto de15 de febrero de 2002 (Fls. 113 a 115 C.1), y allegada por la Secretaría Administrativa de la Unidad delegada de la Fiscalía Seccional el 30 de enero de 2003 (Fls. 1 a 72 C.2).

De acuerdo con las pautas establecidas por la propia Subsección en anteriores providencias(7), y de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, la eficacia probatoria del material contenido en los medios de convicción de un proceso cualquiera cuyo traslado sea solicitado a la jurisdicción contenciosa administrativa, depende del cumplimiento de una serie de requisitos contemplados por el legislador, a saber: i) que las pruebas hayan sido válidamente practicadas en el proceso original; ii) que las piezas procesales se trasladen en copia auténtica; y iii) que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra la cual se aducen o con audiencia de ella.

En los eventos de prueba trasladada, cuando no ha sido practicada a petición de la parte contra la cual se aduce o sin su audiencia en el proceso primitivo, podrá ser valorada siempre que en el contencioso administrativo haya existido la oportunidad procesal para la contraparte de controvertirla, de acuerdo con lo dispuesto para la tacha de falsedad en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena tenerla como prueba, o al día siguiente a aquél en que haya sido aportada en audiencia o diligencia(8); salvo que las partes hayan tenido a su disposición las piezas documentales trasladadas durante el trámite del proceso y no las hubiesen controvertido, caso en el cual podrán ser estimadas por el juzgador por razones de lealtad procesal(9).

Por otro lado, puede ocurrir que dentro de los procesos trasladados obren declaraciones de testigos y que éstos no hayan sido ratificados como lo establece el artículo 229 del C.P.C., en sede contenciosa administrativa. En estos eventos, en principio no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(10).

No obstante, la Subsección considera necesario remitirse a la reciente jurisprudencia la Corte Constitucional que señaló la posibilidad de que el Juez valore aquellas declaraciones aun cuando no hayan sido ratificadas dentro del proceso que se pretenden hacer valor, lo anterior, en atención a que hacer lo contrario, traería como consecuencia un defecto fáctico por exceso ritual manifiesto. Para sustentar su posición el Tribunal Constitucional manifestó lo siguiente:

“(…) La Sala evidencia la ocurrencia de una falencia por parte del juez ordinario al obviar las alternativas que le ofrecía el ordenamiento jurídico, y que han sido delineadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, para subsanar la falta de ratificación de los testimonios extra juicio que el mismo funcionario adujo como necesaria. Tal omisión del juez ordinario, constituye un defecto que encuadra dentro de la categoría de la causal procedimental por exceso ritual manifiesto, que como consecuencia conllevó la omisión en la valoración de las pruebas aportadas por la parte demandante, con lo cual, se incurrió concomitantemente en un defecto fáctico. La Sala es consciente de la relevancia de la independencia en la actividad judicial, en especial en temas relativos a la valoración probatoria, no obstante, ello no es excusa para tomar decisiones superficiales ante la evidencia de hechos que necesariamente versan sobre la garantía de derechos sustanciales como el que en su momento reclamaba el señor, y que posteriormente se transfirió a su esposa, la ahora accionante, quien además (…)(11).

En el mismo sentido, y de manera general el Tribunal Supremo Constitucional ha enfatizado recientemente en sentencia de unificación(12), lo siguiente:

“El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica inflexiblemente la ley”(13), convirtiéndose en el funcionario – sin vendas – que se proyecta mas (sic) allá de las formas jurídicas para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales(14). El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia material…

Así las cosas, el marco filosófico de la Constitución Política de 1991 convoca y empodera a los jueces de la República como los primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial y con ello la realización de una justicia material”.

En efecto, es preciso destacar que la sentencia referida constituye un punto culmen del desarrollo jurisprudencial de esa Alta Corporación respecto del carácter marcadamente sustantivo, material y efectivo del derecho al acceso a la administración de justicia y el debido proceso (artículos 29 y 228 constitucionales) los cuales, más allá de las formas procedimentales, requieren un acento interpretativo con fundamento en la constitucionalización del derecho y la efectividad de los derechos fundamentales de quienes están trabados en un litigio.

La sentencia SU-768 de 2014 va más allá y deja en claro que el deber primario y fundamental de todos los funcionarios judiciales es el de guardar estricta fidelidad al texto y espíritu de la Constitución por encima de las disposiciones legales y/o reglamentarias; que es preciso comprometerse con la vigencia de los derechos fundamentales y el principio democrático para satisfacer los requerimientos que una sociedad como la nuestra exige, lo cual demanda de la judicatura un rol proactivo y volcado hacia la búsqueda de la verdad y de la aplicación y primacía del derecho sustancial sobre el forma(15).

Conforme a lo anterior, y específicamente para los testimonios practicados dentro del proceso penal trasladado, serán valorados por la Subsección, junto con todo el acervo probatorio allegado al plenario, para así resolver el presente caso y siempre bajo la égida de la protección de los derechos fundamentales de las partes del proceso.

5. El caso en concreto.

5.1 Primer problema jurídico. ¿Se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Municipio de Restrepo, teniendo en cuenta que el interno fallecido se encontraba en una cárcel municipal y que estos centros carcelarios solamente están destinados a la vigilancia de reclusos que cometen delitos contravencionales?

En sentido amplio, la jurisprudencia constitucional ha definido la legitimación en la causa como la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(16), de forma tal que cuando una de las partes carece de dicha calidad o condición, el juez no puede adoptar una decisión favorable a las pretensiones o a las excepciones de la demanda, según se trate del demandante o del demandado(17).

Lo anterior se ratifica en el precedente de la Sala, según el cual:

“(…) La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista (…)”(18).

La Sala(19) ha explicado en múltiples oportunidades que en los juicios ordinarios existe legitimación en la causa de hecho y legitimación en la causa material, de modo que, la legitimación de hecho(20) se entabla con la relación procesal entre el demandante y el demandado a través de las pretensiones, es decir, tal relación tiene origen en la demanda y en su notificación personal al demandado; y por su parte, la legitimación material, se refiere a la participación real en el hecho que origina la presentación de la demanda, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio(21).

De lo anterior se colige claramente que “todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda”(22). En pronunciamiento de la Sección Tercera, se reiteró la anterior posición en los siguientes términos:

“(…) Con lo anterior, puede suceder que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores (…)”(23).

En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa material, entendida como la relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula, o la defensa que aquélla realiza, la Subsección encuentra que constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra parte(24).

En este orden, es presupuesto sustancial(25) de la sentencia favorable a las pretensiones o excepciones de la demanda que exista

“(…) identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (…)”(26).

Asimismo, la Sección Tercera ha manifestado que la falta de legitimación en la causa material no es una excepción de fondo que se oponga a la prosperidad de las pretensiones, no obstante, la falta de prueba del derecho para formular determinadas pretensiones faculta al juez a absolver a la parte demandada, así:

“(…) si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se los atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(27).

En desarrollo de lo anterior, la apoderada del municipio demandado tanto en la contestación de la demanda como en su recurso de alzada sostuvo que aquél no era el llamado a responder por la muerte del señor Luís Enrique Gómez Riveros, en atención a que el centro carcelario municipal no podía mantener recluido a una persona condenada por un delito, ya que ésta se encargaba de la vigilancia de los detenidos por delitos menores o contravencionales.

En efecto, a juicio de la parte recurrente, Luís Enrique Gómez Riveros estaba a cargo del Gobierno Nacional a través del INPEC-, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, por consiguiente, se evidenciaba una ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

Para ello, deben observarse las normas que rigen los centros carcelarios y penitenciarios para así definir si le asiste o no la razón al impugnante y en consecuencia existe una falta de legitimación en la causa por pasiva.

La ley 65 de 1993(28) y de acuerdo con las normas vigentes al momento de los hechos, en su artículo 20 clasificó los centros de reclusión, entre ellos, las cárceles y penitenciarías. Las cárceles, según el artículo 21, son los establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para retención y vigilancia de sindicados. A su turno, el artículo 22, indicó que las penitenciarías corresponden a los establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema gradual y progresivo para el tratamiento de los internos.

Conforme a lo anterior, de acuerdo con la copia auténtica del acta de inspección judicial practicada en la cárcel municipal de Restrepo, Valle, por parte de la Fiscalía Once Seccional delegada ante los jueces penales del circuito de Guadalajara, Buga, se procedió a la revisión de las carpetas de los señores Luís Enrique Gómez Riveros y Orlando Ortega Domínguez. Respecto del primero, obra la siguiente información: (Fls. 121 y 122 C.2 prueba trasladada)

Que para el 12 de junio de 1995, se ordenó encarcelación por el delito de homicidio proferida por el Jefe de unidad de Fiscalías de Buga. Se observa anotación para el 4 de diciembre de 1995 condenado a la pena de 20 años y 10 meses de prisión por el Juzgado 2 penal del Circuito de Buga. Así mismo, obra un comunicado del Juez segundo penal del circuito, dirigida al director de la cárcel de Buga en donde informa que al señor Gómez Riveros se le impuso una pena de 6 años 11 meses y 20 días de prisión según decisión proferida el 30 de noviembre de 1995 y 15 de febrero de 1996.

Conforme a lo anterior, efectivamente el señor Gómez Riveros fue condenado a una pena de prisión por el delito de homicidio y recluido a la cárcel del Distrito judicial de Buga, posteriormente, de acuerdo con la misma acta de inspección judicial, fue trasladado mediante resolución No. 082 de 4 de octubre de 1996 emanada del INPEC, de la cárcel de Buga a la cárcel de Roldanillo. Mediante oficio de 25 de marzo de 1997, la directora de la cárcel de Roldanillo solicitó al director regional occidental del INPEC traslado de unos internos, entre ellos del señor Luís Enrique Gómez, debido a que a su juicio, era una persona muy agresiva, habiéndose enfrentado para la época con armas blancas y resultando heridos algunas personas. Por tal motivo, mediante resolución No. 028 de 8 de abril de 1997 el INPEC efectuó el traslado del interno de la cárcel de Roldanillo a la cárcel de Tuluá. Por último, con resolución No. 160 de agosto 18 de 1998, el director regional de Occidente del INPEC, dispuso el traslado del señor Gómez Riveros a la cárcel municipal de Restrepo Valle, sin existir nota sobre los motivos del mismo.

Por lo tanto, se observa que el señor Luís Enrique, siendo condenado a una pena de prisión, fue trasladado en varias oportunidades a diferentes centros carcelarios, y estos traslados se encuentran autorizados por la ley 65 de 1993, al disponer en su artículo 16 que, cuando se requiera el traslado de internos, el Director del Instituto(29) queda facultado para hacerlo, dando aviso a las autoridades correspondientes, las que decidirán sobre el particular. Y por otro lado, “Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos municipales”(30).

La ley 65 de 1993 dispuso que existirían además de los centros de reclusión a nivel nacional, cárceles departamentales y municipales, que, por efecto de la descentralización administrativa y por servicios(31), a las entidades territoriales les corresponde, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva (artículo 17). Así mismo, deberán incluir en los presupuestos municipales y departamentales, las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

Pues bien, conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el director del INPEC o el competente para ello tiene la facultad de trasladar presos nacionales a cárceles municipales, estas cárceles podrán recibir dichos presos, así lo establece la norma. En efecto, nótese que es una facultad que los entes municipales tienen, por cuanto eso dependerá de la capacidad técnica, humana, de infraestructura y demás aspectos necesarios para vigilar y custodiar al interno que es condenado con pena de prisión.

En desarrollo de lo anterior, y teniendo en cuenta que los entes territoriales y especialmente los municipios pueden crear las cárceles municipales, radica en su cabeza las obligaciones inherentes al funcionamiento, mantenimiento, vigilancia y suministro de todo aquello necesario.

Por lo tanto, no le asiste razón alguna a la entidad demandada, al indicar que no se podía recluir en dicha cárcel a un condenado por un delito como el homicidio, toda vez que es la propia ley la que faculta al Director del INPEC o el competente para el efecto, efectuar los traslados de los internos.

Ahora bien, el argumento que expone el recurrente en su recurso consistente en que no se le podía exigir lo imposible a la cárcel municipal, esto es, una vigilancia para los condenados por delitos que no tienen el carácter de contravencional, debido a que el centro carcelario no contaba con las condiciones físicas y de personal, básicamente constituye un error del cual no se puede excusar la entidad, esto es, no puede alegar su propia culpa, y posteriormente defenderse ante la ineficiencia de personal, física y de infraestructura que padece.

Se reitera, que el ente municipal carcelario tenía la facultad para recibir al condenado (artículo 19 ley 65 de 1993), y si no contaba con la capacidad de personal de vigilancia, infraestructura, medios económicos, de alimentación, etc., para vigilar y custodiar al interno Luís Enrique Gómez, debió advertírselo al INPEC. Recuérdese que el artículo 16 de la Ley 65 de 1993 indica que el Director del Instituto queda facultado para hacer el traslado de los internos, dando aviso a las autoridades correspondientes, las que decidirán sobre el particular. Esto significa que si la cárcel municipal no estaba en capacidad para proteger a los internos de carácter nacional, debió ponerlo en conocimiento para que el INPEC procediera a trasladarlo a otro centro carcelario o penitenciario. Pero contrario a ello, el ente carcelario municipal guardó silencio y por lo mismo, no se opuso a la resolución proferida por el INPEC, por lo que la responsabilidad de custodia y vigilancia recaía en el ente territorial.

Por todo lo anterior, esta Subsección considera que no se evidencia ninguna falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Municipio de Restrepo Valle y en consecuencia no se declarará tal excepción propuesta a lo largo del proceso. Otra cosa diferente se analizará al resolver el segundo problema jurídico, esto es si existe o no un hecho excluso de la víctima que lo exonere de responsabilidad, pero adviértase que en conclusión, el municipio de Restrepo Valle evidentemente tiene la obligación de custodia y vigilancia de los internos que se encuentren dentro de las instalaciones carcelarias, independientemente si se trata de reclusos condenados por delitos o por contravenciones.

5.2 Segundo problema jurídico ¿Existe en el presente caso el hecho exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad en favor del ente territorial demandado?

Sostuvo el impugnante que en ningún momento el centro carcelario tuvo conocimiento de la existencia de amenazas en contra del señor Gómez Riveros ni que los guardianes tuvieran conocimiento de las peleas presentadas entre el causante el señor Orlando Ortega. Por el contrario, fue el señor Gómez quien con su conducta llevó a que le ocasionaran su muerte, especialmente por el grado de embriaguez en el que se encontraba. Enfatizó que no se le podía exigir al personal de la cárcel municipal custodiar a personas con características penales como las del fallecido y, prueba de la causal exonerativa se concreta en la sentencia proferida por el Fiscal de conocimiento que no condenó al señor Ortega por la muerte de Luís Enrique Gómez.

Para resolver este segundo problema jurídico, es importante informar que:

1. Efectivamente se encuentra acreditada la muerte del señor Luís Enrique Gómez, de acuerdo con la copia auténtica del registro civil de defunción en donde se consignó la información concerniente a la fecha de la muerte: 2 de diciembre de 1998 y en cuanto a la causa del deceso se expresó que fue violenta (Fl. 16 C.1)

2. En cuanto a las heridas que le generaron la muerte al señor Gómez Riveros, obra copia auténtica del acta de levantamiento de cadáver dentro del proceso penal trasladado, de fecha el 2 de diciembre de 1998. Se dejó sentado que el levantamiento del cadáver se produjo en el Hospital local y las heridas fueron las siguientes:

“(…) HERIDAS MULTIPLES OCN ARMA CORTO PUNZANTE (FORMÓN PARA MADERA) ASÍ: UNA EN REGIÓN NASO MAZILAR IZQUIERDA, UNA REGIÓN MAXILAR, UNA REGIÓN MANDIBULAR IZQUIERDA, UN CLAVÍCULA DERECHA, UNA EXTERNA SUPERIOR, UNA EXTERNA INFERIR, UNA PARAEXTERNAL IZQUIERDA, OTRA PARAEXTERNAL IZQUIERDA, UNA REGIÓN SUPRAMAMARIA DERECHA, UNA DELTOIDEA DERECHA, DOS REGIÓN AXILAR DERECHA, TRES EN REGIÓN INTERCOSTAL DERECHO, LACERACIÓN VACIO ABDOMINAL, UNA EN BRAZO DERECHO EN CARA LATERAL, UNA EN CODO BRAZO DERECHO, UNA EN CARA POSTERIOR BRAZO DERECHO, UNA DORSO MANO DERECHA, UNA REGIÓN SUPRA ESCAPULAR DERECHA, UNA REGIÓN INTERCOSTAL POSTERIOR DERECHA, DOS ALTURA EPIGASTRIO. SON EN TOTAL CEINTICUATRO HERIDAS CON ARMA CORTO PUNZANTE. (Fl. 76 C.2)

Así mismo, obra copia auténtica del protocolo de necropsia practicada al cadáver del señor Luís Enrique Gómez Riveros en donde se referenciaron 19 heridas (Fls. 106 a 109 C.2)

3. Respecto de las circunstancias en que se produjo la muerte del señor Gómez Riveros, para ellos se cuenta con el informe de la inspección de policía y las declaraciones vertidas no sólo dentro del proceso penal trasladado, sino con aquéllas recepcionados en sede contenciosa administrativa. En consecuencia obra:

a) Copia auténtica del informe de policía de Valle Segundo Distrito de Buga Estación de Restrepo y dirigido a la Fiscalía de Reacción Inmediata Guadalajara de Buga consignó la siguiente información: (Fls. 72 y 73 C.2)

“(…) me permito dejar a Disposición de ese Despacho, al señor ORLANDO ORTEGA DOMINGUEZ (…) rediente en el Centro Penitenciario de esta Localidad.

HECHOS

El día de ayer a eso de las 19:00 horas se recibió reporte de la Cárcel Municipal sobre una riña Recíproca en dicho centro; inmediatamente el personal adscrito a esta Unidad acudió al lugar de los Hechos encontrando allí al señor LUIS ENRIQUE GOMEZ (…) residente en Dicho Centro Penitenciario el cual se encontraba tirado en el suelo Completamente Apuñalado (con 24 heridas al parecer ocasionadas con instrumento corto punzante “ESPONCEL” Elemento de Ebanistería) en compañía de los mismos internos y con la colaboración de la Comunidad fue trasladado al Hospital San José de este Municipio donde momentos Después falleció, simultáneamente se procedía a requisar a todo el personal de la Cárcel municipal, indagar sobre los hechos ocurridos arrojando como resultado la Captura del señor ORLANDO ORTEGA DOMÍNGUEZ citado anteriormente a quien se le encontró en su poder el Arma Blanca con la cual había ocasionado Muerte al Huy OCCISO LUIS ENRIQUE. (Subrayado fuera de texto)

b) Declaración de Pedro Pablo Fernández Astudillo ante el contencioso administrativo, quien para la época de la declaración era Guardián de la Cárcel municipal (Fls. 7 a 9 C.2)

“(…) ese día 2 de diciembre de 1998, le recibí al señor ORLANDO URBANO osea (sic) a las ocho de la mañana (…) en el cual yo entregaba al otro día a las ocho de la mañana (…) al señor Arnulfo Linares, durante ese turno que yo estaba haciendo se presentó esta anomalía o sea la muerte del interno, el salía este permiso lo daba el director (…) él entró en horas de la tarde osea (sic) LUIS ENRIQUE GÓMEZ y como a eso de las siete de la noche (…) yo les puse candado a las celdas (…) como a eso de Media hora un interno me llamó entonces yo voltié (sic) a mirar entonces miré hacia la reja donde él estaba, entonces el interno me dijo, guardia hay un herido, entonces yo me paré abrí la puerta del pasillo y me dirigí haya (sic), me acerqué cuando yo vi que ese interno se quejaba allá adentro de la celda donde él estaba, entonces yo devolví rápidamente a la celda y llamé a la policía para que ellos me ayudaran a entrar hasta la celda, rápidamente la policía de (sic) desplazó hacia la cárcel, habrimos (sic) la celda donde ellos estaban y se procedió a llevar al interno al hospital el cual se encontraba herido. Pregunta la apoderada de la parte demandante: PREGUNTADO: Manifiesta usted que ese día se encontraba de guardia el día de los hechos, podría usted decirles al Despacho, cual (sic) era el estado anímico del señor LUIS ENRIQUE GOMEZ el día en mención. CONTESTO: Normal, se corrige Normal. PREGUNTADO: Se dice en la demanda que el día de los hechos que el señor LUIS ENRIQUE se encontraba de permiso, recuerda usted quien lo requizo (sic) al momento de su entrada al penal. CONTESTO: Ese día yo lo requice (sic) un bolso que el (sic) entraba, lo requice (sic) por la pretina del pantalón y no encontré nada. PREGUNTADO: No obstante de haber manifestado el estado anímico del señor LUIS ENRIQUE, para el día de los hechos que era normal. Que no le hayo (sic) nada a su entrada, por qué será que a folio 43 de la demanda se dice que el señor LUÍS ENRIQUE GÓMEZ ingresó al Penal en estado de embriaguez (…) CONTESTO: No en ningún momento yo no lo vi borracho. (…) PREGUNTADO: Cuántos guardianes se encontraban de turno el día de los hechos. CONTESTO: Uno no más. (…) PREGUNTADO: Ha manifestado usted en la declaración que desconoce con que tipo de arma se le dió (sic) muerte al señor LUIS ENRIQUE GOMEZ, se le pregunta, con posterioridad a los hechos se recuperó el arma homicida. CONTESTO: Pues no lo se. PREGUNTADO: Con posterioridad a los hechos se han realizado requizas (sic) en dicho Centro Penitenciario y de ser positivo nos dirá cuántas y cuales (sic) fueron los resultados. CONTESTO: Si se han encontrado cuchillos y también fuera de eso la policía nos colaboró para seguir haciendo cada quince días, en promedio eran 3 o 4 cuchillos no mas. (…) PREGUNTADO: Según sus respuestas anteriores a que atribuye usted el hecho de las armas que como usted ha manifestado han encontrado en la requiza (sic) CONTESTO: Yo quiero aclarar que las armas que se han encontrado a los internos es cuando entran al penal y no dentro del Penal. PREGUNTADO: Si como usted lo dice que dentro del Penal no se han encontrado armas ni tampoco se recuperó el arma homicida significa lo anterior que dicha arma podría encontrarse aun dentro del Centro Penitenciario. CONTESTO: No lo se. PREGUNTADO: Sabe usted quién fue el autor material de la muerte del señor LUIS ENRIQUE GOMEZ. Contesto: Fue un compañero de nombre ORLANDO DOMINGUEZ. PREGUNTADO: Cuando usted dice que fue un compañero de celda, explíquenos a qué se refiere con el término de compañero de celda. CONTESTO: osea (sic) que dormían en la misma celda. PREGUNTADO: Sabe usted si con anterioridad a los hechos que desencadenaron la muerte del señor LUIS ENRIQUE GOMEZ, este (sic) y su agresor hayan tenido alguna riña rivalidad o pelea. CONTESTO: Si yo me di cuenta que el señor ORLANDO y ENRIQUE en el turno de un compañero habían tenido un atercado (sic), en el cual el compañero paso (sic) un informe al personero y el personero al ver esto se dirigió haya (sic) habló con ellos y ellos quedaron como amigos, hicieron las pases, eso es todo. PREGUNTADO: Cómo explica usted el hecho que siendo de conocimiento de las directivas del Penal las diferencias que existían entre Víctima y Victimario, la Dirección haya determinado que estos debían compartir celda. CONTESTO: Pues como ellos se hicieron amigos y prometieron que eso ya quedaba olvidado entonces por eso. PREGUNTADO: Esto que usted acaba de narrar existe alguna constancia. CONTESTO: No eso fue verbal. PREGUNTADO: Como usted conoció quien fue el autor material de los hechos dígale si al señor ORLANDO ORTEGA se le realizó alguna requiza (sic) inmediatamente después de sucedidos los hechos CONTESTO: Sí esa requiza (sic) la hicieron los señores Agentes de Policía y no se le encontraron algo (sic). (…) PREGUNTADO: Cuántos guardianes eran los encargados de realizar el control de entrada de los visitantes y la requiza (sic) de los mismos al centro penitenciario. CONTESTO: Eso lo hacía el que estaba de turno osea (sic) uno no más. PREGUNTADO: Cada cuánto e realizaban las requisas al interior del Penal y díganos si recuerda que (sic) elementos llegaron a encontrar. CONTESTO: Eso se hacía cada quince (15) días y se llegó a encontrar los cabitos de cuchara, navajitas pequeñitas, no más, se aclara esos cabitos de cuchara se encontraban con filo en los costados. (…) PREGUNTADO: Según su experiencia díganos si sabe como (sic) manejar un recluso en estado de embriaguez. CONTESTO: Sí, el procedimiento allí sería aislarlo de los otros compañeros y castigarlo en un calabozo.

c) Declaración rendida por el señor Pedro Pablo Fernández (el mismo declarante del literal b.) ante la Inspección de policía municipal el 18 de diciembre de 1998 y que reposa en el proceso penal. El mencionado señor para la época de su declaración era guardián de turno de la cárcel Municipal de Restrepo Valle (Fls. 97 a 99 C.2)

“(…) PREGUNTADO: (…) yo me encontraba en la oficina de guardia haciendo unos reportes de diario para entregarle al compañero que recibía el turno al día siguiente cuando escuché que un interno gritó y decía que estaban peleando al oír esto yo corrí inmediatamente y me desplacé hasta el patio cuando observé la celda número 2 vi que el señor Luís Enrique Gómez se encontraba tendido en la cama de Orlando Ortega se encontraba boca arriba con heridas de arma blanca que era un formon en ese momento yo de ver esto corrí hacia la Estación de Policía para pedir ayuda para sacar al interno y llevarlo o trasladarlo hacia el hospital (…) antes de los hechos yo tuve que llamarle la atención al interno LUIS ENRIQUE GOMEZ, porque llegó en estado alcohólico del permiso que se le había otorgado de acuerdo a lo dispuesto por el director de la cárcel quien en forma verbal autorizó la salida para colaborarle al interno que realizara una tifa para ayudarse económicamente, y cuando regresó de eso como a las seis y quince como consta en el libro de guardia, observé en el modo de ser que se encontraba un poco ebrio, por lo cual le llamé la atención y él se sintió ofendido y me contestó diciéndome lo siguiente: si quiere empapelarme, hágalo, que yo estoy acostumbrado a pagar cárcel, (…) yo lo encerré en la celda con los demás internos (…) yo no me metí a sacar al herido porque en la cárcel no tenemos ni el más mínimo elemento de seguridad, y podía correr la misma suerte que el interno que estaba herido, por eso primero fui por la policía quienes me colaboraron en forma inmediata para trasladar al herido (…) PREGUNTADO: Qué tipo de elementos de seguridad poseen para el ejercicio de la vigilancia en la cárcel municipal. CONTESTÓ: Solamente un bastón de mando o bolillo, no tenemos alarma, ni teléfono, ni esposas, ni armamento, solamente candados para las rejas, no más. PREGUNTADO: Informe al despacho que tipo de actividades se desarrollan al interior del recinto carcelario que pudiera permitir el acceso de los internos a armas cortantes y/o cortopunzantes. CONTESTO: Trabaja la ebanistería y artes manuales, con formones, cepillo para madera, garlopas, martillo, seguetas, destornilladores, serrucho, cuchillas para pulir, puntilla, pegante, solución, barniz, y la madera para hacer los trabajos (…) PREGUNTADO: Informe si con anterioridad entre los ya mencionados GOMEZ RIVEROS y ORTEGA, existió con anterioridad algún altercado o conducta que pudiera preveer (sic) una situación de riesgo dentro del reciento carcelario. CONTESTO: Sí ellos tuvieron un enfrentamiento durante un turno del compañero ORLANDO BURBANO, en el cual se dejó una constancia de lo sucedido de ese día, de esto se enteró el señor personero, la policía y el director de la cárcel don ARNULFO LINARES, no se tomó medidas porque el director los llamó a los dos y en ese momento hicieron las pases y siguieron como amigos sin problema (…)”.

d) Declaración de Orlando Burbano Rivera ante el contencioso administrativo quien fue guardián de la cárcel municipal (Fls. 13 a 15, cdno. 2) .

(…) PREGUNTADO: Dígale al Despacho si tiene conocimiento y le consta si durante el tiempo de permanencia del señor LUIS ENRIQUE GÓMEZ en el centro carcelario, tuvo algún enfrentamiento de tipo personal con el señor ORLANDO DOMINGUEZ. CONTESTO: Sí ellos tuvieron un enfrentamiento. PREGUNTADO: Con base en su respuesta anterior, manifiéstele al Despacho qué clase de pelea tuvieron si se molestaban en forma continua en dicho establecimiento carcelario. CONTESTO: Ellos tuvieron una pelea un día, (…) en ese día, yo estaba de turno o de guardia, (…) y les dije que se calmaran y estos no me hacían caso, entonces opté por llamar a la policía y ellos vinieron a ayudar a calmarlos y luego volvió todo a la normalidad, luego de eso ellos seguina (sic) como de amigos, eso era lo que uno veía de afuera de la reja. (…) PREGUNTADO: Manifiesta usted en respuesta anterior que el señor LUIS ENRIQUE GÓMEZ y el señor ORLANDO ORTEGA DOMINGUEZ algún día tuvieron una riña en el interior del Penal, sabe usted si los directivos del centro de reclusión se enteraron de este hecho y si de los mismo existen anotaciones en la minuta de guardia. CONTESTO: De la riña de ese día claro yo pasé el informe al director de la hora y todo y de la pelea le pase informe a las personas que habían venido a ayudarme y que conocieron del caso, todo se lo informé al director para que él tomara cartas sobre el asunto. PREGUNTADO: Según su respuesta anterior díganos que (sic) acciones tomó la dirección del Penal, para evitar que este tipo de hechos se repitiera. CONTESTO: Se siguieron, se corrige, habló con ellos, pero que haya tomado otro tipo de medidas de seguridad no ninguna y ellos volvieron a quedar de amigos y eso fue todo.

e) Declaración rendida por el señor Arnulfo Neftario Linares ante la Inspección de policía municipal el 18 de diciembre de 1998 y que reposa en el proceso penal. El mencionado señor para la época de su declaración era guardián de la cárcel Municipal de Restrepo Valle (Fls. 87 y 88 C.2)

“(…) PREGUNTADO: ya que dice saber el motivo de su declaración, por favor manifieste al despacho los hechos que le consten y de los cuales pueda dar fe en relación con los sucesos ocurridos en el recinto carcelario el anterior día 02 de Diciembre. CONTESTÓ: En primer lugar yo no estaba de turno, el que estaba de turno era mi compañero PEDRO PABLO FERNÁNDEZ, entonces como a las siete y media de la noche mas o menos me fueron a llamar a mi casa (…) recibiendo la noticia me traslada inmediatamente al recinto carcelario a donde se me informó por parte del guardia PEDRO PABLO FERNANDEZ, que había sucedido una riña entre el señor ORLANDO ORTEGA DOMINGUEZ y el señor LUIS ENRIQUE GOMEZ, ambos internos (…) después se tomaron las medidas de seguridad con el agresor trasladándolo a la Estación de Policía para un mejor servicio ya que nosotros carecemos de armas para prestar seguridad en el reciento carcelario (…) PREGUNTADO: Informe al despacho cuales son los mecanismos y medios de seguridad que se emplean en el recinto carcelario y cual es el procedimiento normal utilizado para el control de armas y otros elementos al interior de la cárcel municipal. CONTESTO: Pues el procedimiento de seguridad, claro que también aquí había un trabajo de ebanistería que se desarrollaba aquí en el recinto carcelario, pero las herramientas se recogía a las cinco y media devido (sic) a que la entrada a las celdas es a las seis de la tarde, y no sabemos de donde pudo haber sacado el formon con el cual lo hirió, ya que siempre se están haciendo requizas (sic) por parte de la policía y que nosotros les llevamos control a la herramienta, pero también es de informar que carecemos de una persona o sea una guardiana que requise los días Domingos, porque nosotros hacemos las requisas correspondientes los sábados y a toda persona que ingrese ya de lo demás no podemos hacer nada, en razón a que carecemos de dicha guardiana para que efectúe la requisa los días sábado y domingo al personal femenino, aquí los mecanismos de seguridad son precarios, porque no se tienen armas, teléfono, ni alarmas, nada para seguridad solamente las rejas y candados para las puertas (…)”.

f) Declaración de Alberto Ortiz Silva, ante la Inspección de policía municipal el 18 de diciembre de 1998 y que reposa en el proceso penal. El mencionado señor para la época de su declaración era interno en la cárcel Municipal de Restrepo Valle (Fl. 90, C.2)

“(…) PREGUNTADO: ya que dice saber el motivo por el cual fue citado a declarar haga un relato fiel de los hechos que le constan y de los cuales pueda dar fe en relación con los sucesos acaecidos al anterior día 02 de Diciembre de 1998 en el recinto carcelario. CONTESTO: (…) al mono ese día le habían dado permiso para salir a trabajar, se puso a hacer unas rifas por hay y según parecía se había tomado unas copas, y anteriormente días antes habían tenido una discusión entre el muerto y el agresor y ese día aprovecharon de los tragos y la embriaguez para seguir su discusión, lo digo porque lo escuché alegando, yo me fue pa (sic) afuera de la celda, cuando oí el alegato, después me moví pa adentro (sic) y me subí al camatore del otro lado de arriba y me acosté a dormir, pero aun no me había dormido, cuando escuché la bullaranga de los demás detenidos y me desperté, y miré y ya estaba herido ahí, lo sacaron para el hospital (…)”

g) Declaración de Marco Antonio Pupiales Pérez ante la Inspección de policía municipal el 18 de diciembre de 1998 y que reposa en el proceso penal. El mencionado señor para la época de su declaración era interno en la cárcel Municipal de Restrepo Valle (Fl. 90 C.2) (La misma declaración hizo ante la Fiscalía delegada ante los jueces penales del Circuito (Fls. 114 y 115 C.2)

“(…) PREGUNTADO: ya que dice saber el motivo por el cual fue citado a declarar, por favor haga una exposición de los hechos ocurridos al anterior día 02 de Diciembre en el recinto carcelario y donde perdiera la vida el señor LUIS ENRIQUE GOMEZ. CONTESTO: Resulta que nosotros habíamos llegado de trabajar todos, estábamos ahí adentro de la celda cuando llegó el mono que le decíamos nosotros a él o sea a LUIS ENRIQUE, entró haciendo buya (sic) diciendo que quería morirse y diciendo un poco de barbaridades ahí, (…) él entró y empezó a molestar a ORLANDO y de tanto molestarlo entró el guardia y le llamó la atención al mono (…) y él le contestó de muy malas palabras al guardia también, (…) después de que el guardia le llamara la atención quedamos nosotros ahí normalmente (…) el mono después de que el guardia se salió, comenzó a molestar nuevamente al muchacho ORLANDO, empezó a molestarlo y a decir que se quería matar con él, nosotros al ver que el mono estaba ahí tratamos de calmarlo un poco, y él se fue para el cambuche y él se estuvo quieto allí aproximadamente diez minutos en el cambuche y pues él al rato volvió a molestar otra vez a ORLANDO (…) entonces ORLANDO le decía que lo dejara quieto, que él no quería problemas con él ni con nadie (…) el mono seguía insistiendo buscándole problema y ORLANDO al ver que el mono lo estaba molestando mucho, fue y se metió al cambuche y bajó la cortina y se fue a dormir y nosotros nos quedamos hablando con el mono y después de que nosotros nos descuidamos o sea nosotros nos fuimos para el lado del orinal el mono fue y se le metió al cambuche (…) nosotros alcanzábamos a oír que él le decía al mono que lo dejara quieto (…) nosotros fuimos y le dijimos al mono que lo dejara quiero y él se salió y estuvo conversando con nosotros un rato aproximadamente un cuarto de hora, volvió a molestar otra vez al muchacho (…) cuando nosotros volvimos al ver el cambuche se movía para lado y lado y le dije a mis compañeros ve estos huevones se pusieron a pelear, (…) y pues yo fui el primero que levantó la cortina pa no dejarlos peliar (sic) pero ya había pasado lo que había pasado, cuando levanté la cortina el mismo ORLANDO salió de allí el mono quedó ahí acostado y quedó sangrado pero no sabíamos si estaba muerto, (…) cuando abrí la cortina estaba con la mano derecha sostenida el puñal lo cogí y comencé a gritar a llamar al guardia para que nos abriera para sacar al muchacho (…) PREGUNTADO: Sabe usted el motivo que movía hoy al occiso LUIS ENRIQUE GÓMEZ RIVEROS para castigar a su compañero de celda ORLANDO ORTEGA DOMINGUEZ, igualmente si con anterioridad habían tenido algún altercado en los días anteriores. CONTESTÓ: Ellos ya habían tenido una discusión por una tijera o sea el mono tenía unas tijeras de las pequeñas con las que se pule el bozo y pues como a ORLANDO se le perdió la tijera de él y el mono tenía la de él por eso empezaron el problema (…) PREGUNTADO: Informe al despacho si sabe el motivo por el cual se encontraba el arma homicida dentro de la celda y de quién era esta arma CONTESTO: No esa era herramienta de uso personal mio del trabajo y yo pues mi herramienta la mantenía guardada, sino que no se quién de los dos sacó esa herramienta porque ambos sabían o mejor dicho todos sabían donde la guardaba porque con esa herramienta era que trabajábamos todos (…) eso era herramienta de carpintería, formon, media caña, pinzas, toda clase de herramientas que un utiliza en cuestión de ebanistería. (…) PREGUNTADO: Se les permitía al interior de la celda tener objetos cortantes, contundentes o punzantes, en relación con las tijeras por Usted nombradas y el arma homicida. CONTESTÓ: Para el uso personal de uno, cortaúñas, tijeras, puntas sí, pero pequeñas para uno limpiarse las uñas (…).

h) Declaración ante la Fiscalía de Julián Antonio Gómez Córdoba (Fls. 116 y 117 C.2)

“(…) yo ese día estaba viendo televisión en la celda (…) cuando llegó LUIS ENRIQUE GOMEZ o el mono, llegó mentando madres, diciendo que iba a matar a uno y yo seguí viendo televisión (…) y el mono se sentó en el camarote mio porque yo estaba en el de MARCOS, entonces nos pusimos a hablar con él y ORLANDO ya tenía cerrado el camarote lo tenía cerrado con las cortinas, (…) y el mono se le metió allí adentro entonces nosotros seguimos viendo televisión, DORANCE, MARCOS y yo, y de un momento a otro comenzaron a alegar, una discusión, el mono le decía usted sigue siendo enemigo mio y el otro le decía que no quería problemas entonces el mono empezó a pegarle en el pecho (…) entonces comenzó a sonar algo y nosotros decimos se están dando puño, cuando vimos que la cortina se movía, entonces nosotros vimos que ellos estaban en un forcejeo y pensábamos que eran puños, pero ya después yo vi que en este forcejeo el muerto se chuzaba el mismo porque el otro le tenía agarrada la muñeca y era a clavársela y el muchacho este ORLANDO se la volteaba a él esa arma era como un punzón de esos que trabajan la madera, como una media caña (…)”.

4. En cuanto al estado de alicoramiento del señor Luís Enrique Gómez Riveros obra copia auténtica del resultado efectuado al cadáver del señor Gómez Riveros y practicado por parte del Instituto de Medicina Legal el 15 de diciembre de 1998. Arrojó como resultado de alcohol etílico de 270 miligramos (Fl. 110 C.2)

En efecto, de los testimonios obrantes dentro del expediente y demás pruebas recopiladas se evidencian las siguientes conclusiones:

*Que dentro del centro carcelario se ejercía la actividad de ebanistería por parte de los internos y para tal fin, existían elementos o herramientas para el desarrollo de la actividad. Lo anterior se sustenta con la declaración de Arnulfo Neftario Linares (Fls. 87 y 88 C.2) y la declaración de Pedro Pablo Fernández, quien adicionalmente indicó que dentro del establecimiento carcelario, para la práctica de ebanistería, tenían como elementos formones, cepillo para madera, garlopas, martillo, seguetas, destornilladores, serrucho, cuchillas para pulir, puntilla, pegante, solución, barniz, y la madera para hacer los trabajos. (Fl. 97 a 99 C.2)

Así mismo, Marco Antonio Pupiales sostuvo en su declaración que el formón con que se causaron las heridas al señor Luís Enrique era de su propiedad y que dicha herramienta era utilizada para ejercer la actividad de carpintería. Que no entendía quién había sustraido dicho instrumento, por cuanto él lo tenía guardado en un maletín, dentro de sus cosas personales. (Fls. 114 y 115 C.2)

*En cuanto a la existencia de antecedentes de riñas o discusiones entre la víctima y victimario, la declaración de Pedro Pablo Fernández (guardia) tanto en el proceso penal como aquí en el contencioso administrativo, el guardia Orlando Burbano y los detenidos, Alberto Ortiz Silva y Marco Antonio Pupiales, expresaron en sus declaraciones ante las autoridades sobre una discusión presentada entre el señor Gómez Riveros y Ortega Domínguez con anterioridad al día de la muerte del primero. Conforme a ello, se observa que tuvieron una gresca, y que las directivas de la cárcel no tomaron los correctivos indispensables para evitar un nuevo altercado entre estos dos señores.

*También puede acreditarse que para el día 2 de diciembre de 1998 el señor Gómez Riveros ingresó al centro carcelario después de cumplir con el permiso otorgado por el director de la cárcel, tal como lo expresan las declaraciones. Ahora bien, a su ingreso, de acuerdo con la declaración del guardia Pedro Pablo Fernández ante la inspección de policía dentro del proceso penal, así como el testimonio del detenido Alberto Ortiz Silva, se puede concluir que el señor Gómez Riveros arribó al penal en estado de embriaguez. Tanto es así, que la prueba de alcoholemia practicada al cadáver arrojó como resultado 270% miligramos de alcohol etílico.

Si se observa la declaración del guardia Pedro Pablo Fernández ante la justicia contenciosa administrativa, éste negó que el señor Luís Enrique se encontraba alicorado, pese a lo anterior, en su declaración realizada ante la justicia penal, manifestó que el recluso se encontraba en estado de embriaguez y ante tal situación, lo encerró en la celda junto con los otros reclusos. Conforme a ello, se otorga mayor credibilidad a este último testimonio, porque se practicó días posteriores a la muerte del señor Gómez Riveros, lo cual evidencia que su versión contemplaba mayores detalles sobre los antecedentes y posteriores hechos al momento de la muerte del señor Luís Enrique.

*De los medios probatorios, así mismo se pudo acreditar, especialmente de los testimonios, que cuando arribó el señor Gómez Riveros al establecimiento carcelario municipal, empezó a expresar términos soeces, amenazando y retando al señor Orlando Ortega Domínguez. Esto puede observarse en las declaraciones del guardia Pedro Pablo Gutiérrez, quien incluso, le llamó la atención al interno(32) y éste le contestó de mala manera, irrespetando al personal de guardia. Así mismo, el interno Marco Antonio Pupiales, y Juan Antonio Gómez aseveraron que el señor Luís Enrique llegó alterado, agresivo, expresando palabras irrespetuosas y groseras hacia los compañeros.

*También es importante destacar que el interno Julián Antonio Gómez en su declaración sostuvo que el señor Luís Enrique se generaba las heridas porque el señor Orlando le tenía agarrada la mano, teniendo en cuenta que el primero quería herir al señor Orlando Ortega.

Incluso, el auto interlocutorio No. 012 de 18 de enero de 1999, proferido por el Fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Buga ordenó abstenerse de proferir medida de aseguramiento contra el señor Orlando Ortega Domínguez y dispuso la preclusión de la investigación en su contra. Las consideraciones que expuso el fiscal de conocimiento fueron las siguientes: (Fls. 132 a 141 C.2)

“(…) no hay duda y ello es lo que pregona en el proceso, que la actitud belicosa, agresiva y sobre todo peligrosa provinieron del occiso Gómez Riveros, quien desde el mismo momento al ingresar al centro carcelario, luego de disfrutar de un permiso concedido por las directivas del penal, comenzó a lanzar expresiones amenazadoras en el sentido de estar dispuesto a matar o a que lo mataran, retando aquí al encartado quien a toda costa trató de esquivarlo, atendiendo el estado de alicoramiento que reflejaba, viéndose precisado a repeler la agresión, en un cuerpo a cuerpo, para lo cual utilizó la misma herramienta con la que se quería segar su vida.

(…) Ante la realidad probatoria referida en autos, estima la Fiscalía que ciertamente el señor Ortega Domínguez actuó en legítima defensa de su propia vida (…) Por lo tanto al evidenciarse asazmente la presencia de una causal excluyente de antijuridicidad, de conformidad con el artículo 419 del Estatuto Procesal Penal no se procederá medida de aseguramiento alguna en su contra, debiéndose además dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 ibídem, para lo cual se dispone la preclusión de la investigación (…)”.

Respecto de la figura del hecho exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad, la Sección Tercera ha determinado que

“(…) no se requiere, para configurar la culpa exclusiva de la víctima, que el presunto responsable acredite que la conducta de aquélla fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación. Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis (…)”(33).

En efecto, de las pruebas obrantes dentro del plenario, claramente puede sostenerse que la participación de la conducta de la víctima fue determinante en la producción del daño, básicamente por dos razones fundamentales: i) porque el señor se encontraba en estado de embriaguez cuando ingresó al establecimiento carcelario y ii) porque con su estado de alicoramiento, presentaba así mismo un estado agresivo, expresando palabras soeces, irrespetando no solo al guardián sino también a sus compañeros, especialmente al señor Orlando Ortega Domínguez. Así mismo, con su actitud, propició el enfrentamiento verbal y posteriormente la disputa física con el señor Orlando Ortega utilizando para ello un instrumento corto punzante prohibido dentro de centros de reclusión.

Conforme a lo anterior, el comportamiento que asumió el señor Luís Enrique Gómez se encuentra establecida como una falta leve y grave establecida en el artículo 121 de la ley 65 de 1993, por cuanto, i) faltó al respeto a sus compañeros (numeral 6); ii) cometió actos contrarios al debido respeto de la dignidad de los compañeros o de las autoridades (numeral 3); y como falta grave, iii) irrespetó y desobedeció las órdenes de las autoridades carcelarias (numeral 14) y agredió, amenazó o asumió grave actitud irrespetuosa contra los funcionarios de la institución y los compañeros (numeral 16)

En síntesis, el señor Luís Enrique efectivamente participó en la producción del resultado, por cuanto su actuar generó la discusión, el enfrentamiento con su compañero de celda y posteriormente su muerte.

Pese a ello, también se evidencia una responsabilidad atribuible fáctica y jurídicamente a la entidad demandada, ya que así mismo, incumplió con sus obligaciones que la propia ley 65 de 1993 le impone. Así, la guardia del centro carcelario incumplió con la custodia y vigilancia del interno, ya que en primer lugar, no se requisó cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento (literal d artículo 44), porque el arma con la que se causaron las heridas al señor Luís Enrique, sin saber si se trataba de uno de los instrumentos que se tenía para el taller de ebanistería, o era del recluso Marco Antonio Pupiales, en todo caso, era un elemento potencialmente peligroso para la vida e integridad física de los internos y de los propios funcionarios del establecimiento carcelario. Incluso, si ello es así, efectivamente se evidencia una ausencia de práctica de requisas dentro del penal y a los internos, lo que evidentemente conlleva a un incumplimiento de deberes normativos que son de estricto cumplimiento por parte de los guardias de las cárceles o centro penitenciarios.

Adicionalmente, de acuerdo con los testimonios de los guardianes Pedro Pablo Fernández y Arnulfo Neftario Linares, se pudo evidenciar que la cárcel municipal carecía de medios de seguridad, incluso requerían de más guardianes para efectos de contribuir con las requisas practicadas a los visitantes de los internos.

Otro derrotero del argumento expuesto por la entidad demandada respecto de la ausencia de responsabilidad consiste en que el guardia de turno tuvo conocimiento que el interno se encontraba en estado de embriaguez y pese a ello, lo encerró junto con los otros internos en el mismo lugar. Esta actuación, es contraria a las normas sobre protección, vigilancia y custodia que deben emplearse para todos los internos que se encuentran en los centros de reclusión. En este evento, debió no sólo a tomar medidas de carácter disciplinario, sino también debió aislarse al recluso de los otros internos como una medida de seguridad para la vida e integridad de quienes se encuentran en el centro carcelario.

Teniendo en cuenta que la sentencia proferida por el a quo condenó a la entidad demandada pero reduciendo el quantum indemnizatorio en un 50%, en atención a la existencia de una participación de la víctima en el resultado dañoso, la Subsección considera que este porcentaje debe ser modificado y en su lugar, disminuir la condena, porque se observa que el señor Luís Enrique Gómez Riveros con su actividad incidió en mayor proporción, esto es, con su conducta propició al enfrentamiento con el señor Ortega Domínguez, no sólo de manera verbal sino física y éste último, en legítima defensa, protegió su vida con su actuar.

Conforme a lo anterior se modificará la sentencia en este aspecto y los porcentajes de condena serán de la siguiente manera: la entidad deberá cancelar el 30% de la condena esto es, que la responsabilidad de la víctima lo asumirá en un 70%.

5.3 Tercer problema jurídico. ¿Los perjuicios morales solicitados por la parte demandante se encuentran o no acreditados dentro del plenario?

De acuerdo con la pautas establecidas por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencias proferidas el 28 de agosto de 2014, expedientes: 26251 y 27709 estableció los requisitos necesarios para determinar si era o no posible el reconocimiento de perjuicios morales en favor de los demandante en caso de muerte.

En efecto, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio. Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

GRAFICO 1
 

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

Conforme a lo anterior, obra dentro del plenario, copia auténtica del registro civil de matrimonio celebrado entre María Purificación Riveros Pulido y Guillermo Gómez Astudillo, padres de la víctima (Fl. 4 C.1); certificado civil de nacimiento de Ángel Guillermo Gómez Riveros (hermano) (Fl. 6 C.1); Blanca Ligia Gómez Riveros (hermana) (Fl. 7 C.1); Martha Cecilia Gómez Riveros (hermana) (Fl. 8 C.1); Luvian Gómez Riveros (hermano) (Fl. 9 C.1); Yamilet Gómez Riveros (hermana) (Fl. 10 C.1); Exayn Gómez Riveros (hermano) (Fl. 11 C.1); Luz Miriam Gómez Riveros (hermana) (Fl. 12 C.1)(34); y copia auténtica de registro civil de nacimiento de Mauricio Alejandro Gómez Bustamante (hijo) (hijo de Luís Enrique Gómez Riveros y Gloria Amparo Bustamante Montoya nacido el 11 de diciembre de 1982) (Fl. 15 C.1).

Entonces, con la sola prueba del parentesco entre la víctima directa y los demás demandantes, se procede al reconocimiento de los perjuicios del orden moral, sin que deba acreditarse mediante otro medio probatorio. Sin embargo, obra dentro del proceso las declaraciones de los señores María Graciela Silva (Fls. 34 a 36 C.2); Lida Estrella Ríos (Fls. 37 a 39 C.2); Jorge Enrique Bravo (Fls. 30 y 40 C.2), quienes coincidieron en afirmar sobre las buenas relaciones familiares que existía entre la víctima y sus parientes; el dolor y sufrimiento padecido por los actores por la muerte del señor Luís Enrique, entre otras afirmaciones acerca de la forma en que ayudaba el fallecido a su familia y al sostenimiento moral y económico de algunas personas pertenecientes a su familia.

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia proferida por el a quo condenó al pago de 50 smlmv en favor de la madre e hijo para cada uno; y 25 smlmv para cada uno de los hermanos, la Subsección modificará la sentencia de primera instancia y condenará al reconocimiento de los perjuicios morales en cuantía de 30% del máximo que ha previsto la jurisprudencia, a saber:

Nombre del demandanteCalidadCondena reducida en un 70% por la concurrencia de conductas
María Purificación Riveros de GómezMadre30 smlmv
Ángel Guillermo Gómez RiverosHermano15 smlmv
Blanca Ligia Gómez RiverosHermana15 smlmv
Martha Cecilia Gómez RiverosHermana15 smlmv
Luvian Gómez RiverosHermano15 smlmv
Yamilet Gómez RiverosHermana15 smlmv
Exsain Gómez RiverosHermano15 smlmv
Luz Myriam Gómez RiverosHermana15 smlmv
Nancy Monsalve Morales actuando como curadora ad litem del menor Mauricio Alejandro Gómez BustamanteHijo menor30 smlmv

6. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. MODIFÍQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de julio de 2003, y en su lugar se dispone lo siguiente:

“(…) DECLÁRESE administrativamente responsable al MUNICIPIO DE RESTREPO, VALLE, de la muerte del señor LUÍS ENRIQUE GÓMEZ RIVEROS, ocurrida en las circunstancias a que aluden los autos.

CONDÉNASE al MUNICIPIO DE RESTREPO, VALLE, a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

A la señora MARÍA PURIFICACIÓN RIVEROS DE GÓMEZ, el valor equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A los señores ANGEL GUILLERMO, BLANCA LIGIA, MARTHA CECILIA, LUVIAN, YAMILET, EXSAIN y LUZ MIRIAM GOMEZ RIVEROS, un valor equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

A MAURICIO ALEJANDRO GÓMEZ BUSTAMANTE, un valor equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

EXPÍDANSE, por la Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de o preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a los demandantes serán entregadas a la apoderada judicial que los ha venido representando.

DENIÉGASE la solicitud de condena en costas, por no configurarse los presupuestos del art. 171 del C.C.A.

ORDÉNASE a la entidad demandada cumplir el presente fallo en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 En copia auténtica por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y allegada con el escrito de demanda, el menor Mauricio Alejandro Gómez Bustamante dirigió escrito ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que confirmara el nombramiento que éste hizo de curadora ad litem a la señora Nancy Monsalve, en atención a que el joven para la época de la presentación de dicha solicitud (12 de mayo de 2000) era menor de edad; su padre, Luís Enrique Gómez Riveros falleció el 2 de diciembre de 1998 y su progenitora se encontraba ausente y se ignoraba su paradero, por lo que el menor convivía con su abuela María Purificación Riveros. (Fl. 22 a 26 C.1). El Tribunal Administrativo mediante auto de 20 de junio de 2000, resolvió designar como curador ad litem del menor Mauricio Alejandro Gómez Bustamante a la señora Nancy Monsalve Morales, para que en su nombre y representación, se hiciera parte dentro del proceso de acción de reparación directa que se pretendía instaurar (Fls. 27 y 28 C.1).

2 Obra sello donde se indica que se fijó edicto por el término de 3 días el 26 de octubre de 2004 (Fl. 180 vto. C. ppal)

3 De conformidad con el artículo 129 del C.C.A, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

4 El Decreto 597 de 1988 dispuso que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 2000 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $26.390.000. En el sub lite se instauró la demanda el día 14 de noviembre de 2000, cuya pretensión mayor ascendió a la suma de $2.475.16 gramos oro por concepto de perjuicios morales. Para esa época el valor del gramo oro (compra) era de $2475,16 que multiplicado por los $2.475.16, arroja como resultado $42.946.461. Por tal razón, la acción es susceptible de ser tramitada en segunda instancia.

5 “(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”. (…) Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada (…)”. Sentencia 9 de febrero de 2012, expediente: 21060.

6 En sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 17 de octubre de 2013, expediente: 23354 (M.P: Mauricio Fajardo Gómez) Radicación: 52001233100019967459 – 01, se estableció que con fundamento en el artículo 164 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A) el juez está en la obligación de decidir sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que se encuentre probada en el caso en concreto, y si bien, la norma establece que tal conducta se realizará sin perjuicios de la reformatio in pejus, lo cierto es que para poder desbordar dicho principio que no es absoluto, debe configurarse aquella causal en el evento en que no se cumplan con los presupuestos consagrados en el artículo 90 de la Carta Política. Así lo mencionó: “mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada –además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada”

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 20 de mayo de 2012, expediente: 20334 y 24070 de 22 de octubre de 2012.

8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente: 12124: “Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en éste último, es suficiente con que el juez mediante auto que lo deje a disposición de las partes por el término de tres días (sic), para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia”

9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de octubre de 2012, expediente: 24070: i) en “punto a la posibilidad de trasladar las pruebas, cualesquiera que sean, practicadas en otro proceso, la misma se encuentra autorizada por el artículo 185 del Estatuto Procesal Civil, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: - Que hayan sido válidamente practicadas. - Que se trasladen en copia auténtica. - Que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella (Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607); ii) la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada (Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14951); iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración; (Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088); iv) se puede valorar como indicio la prueba trasladada del proceso penal. En ese sentido, en la jurisprudencia se sostiene que las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer; (Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573).

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573. “(…) las pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”.

11 Corte Constitucional. Sentencia T – 363 del 26 de junio de 2013. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva.

12 Corte Constitucional. Sentencia SU – 768 del 16 de octubre de 2014. M.P: Jorge Iván Palacio Palacio.

13 Corte Constitucional, Sentencia T – 264 de 2009.

14 Ver. Sentencia Corte Constitucional C- 159 de 2007.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 11 de noviembre de 2014, expediente: 20507.

16 Corte Constitucional, Sentencia C- 965 del 21 de octubre de 2003.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 25 de julio de 2011, expediente: 20146.

18 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, expediente: 16271.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente: 10171; 20 de septiembre de 2001, expediente: 10973; 22 de noviembre de 2001, expediente: 13356; 17 de junio de 2004, expediente: 14452; 28 de abril de 2005, expediente: 4178; 27 de abril de 2006, expediente: 15352; 31 de octubre de 2007, expediente: 13503; 30 de marzo de 2011, expediente: 33238; 8 de junio de 2011, expediente: 19573; 22 de junio de 2011, expediente: 16703, entre otras.

20 La legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del C. C. A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio. Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto de 2011, expediente 19237.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 21 de septiembre de 2011, expediente: 20705.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, expediente: 14452.

23 A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, expediente: 10973. En este sentido véase también la sentencia del 19 de agosto de 2011, expediente: 19237.

24 Pueden verse sentencias del Consejo de Estado, Subsección C de 21 de noviembre de 2013, expediente: 27962; 24 de julio de 2013, expedientes: 27155 y 26214; 8 de mayo de 2013, expediente: 26484, entre otras.

25 “(…) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada” en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 1º de marzo de 2006, expediente: 13764.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de octubre de 1990, expediente: 6054.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente: 18163. Puede verse también: sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente: 11945 y Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente: 13356.

28 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.

29 ARTÍCULO 35. EJECUCIÓN DE LA DETENCIÓN Y DE LA PENA. Son funcionarios competentes para hacer efectiva las providencias judiciales sobre privación de la libertad en los centros de reclusión, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los Directores Regionales y los directores de los establecimientos enunciados en el Título II.

30 ARTÍCULO 19. RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones:
(…) PARÁGRAFO. Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos municipales.

31 Sentencia Corte Constitucional C- 471 de 1995. Reproducen la exposición de motivos del proyecto de ley presentado a la consideración del Congreso por el Ministerio de Justicia y del Derecho:
"2. ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION.
(…) 2.4. Cárceles departamentales y municipales. Se contempla la obligación que tienen los departamentos de crear sus propias cárceles.
Los establecimientos penales de la nación presentan el fenómeno de la promiscuidad y el hacinamiento. En épocas anteriores esto era dantesco pero ahora con las vigentes normas penales y procedimentales, la población carcelaria ha disminuido notablemente. De todas maneras en ciudades como Medellín, Cali y Cartagena, ante la ausencia de cárceles municipales los contraventores son enviados a los establecimientos nacionales.
Esto da origen al hacinamiento y de manera muy particular a la violación de las reglas mínimas que establecen la separación entre condenados, sindicados y contraventores.
La razón es que la pena de arresto tiene la exclusiva función de ser retributiva y a lo más, correctiva. Como nuestras cárceles crean estigmas sociales, mandar a una persona a un centro de reclusión es imprimirle una marca denigrante y sobre todo, es involucrarlo en un ambiente dañino y peligroso.
Sin embargo, en ausencia de cárceles municipales y departamentales la Nación ofrece a estos entes, alojar a sus contraventores en las cárceles nacionales con el requisito de firmar un contrato, en el cual se fijan las obligaciones que hagan menos onerosa la carga del Estado. En efecto, los municipios y departamentos deben pagar entre otras cosas, la alimentación de los arrestados, la dotación de los elementos y recursos necesarios para ellos y un sobresueldo a los funcionarios de la cárcel, por la razón justa, de que a ellos, se les recargan con exceso las funciones.
Desde luego lo ideal es que municipios y departamentos tengan sus propias cárceles.
Como hay municipios muy cercanos unos y otros, con el fin de rebajar los costos de construcción y funcionamiento de las cárceles, se autoriza la "fusión carcelaria" bajo un establecimiento conjunto." (Gaceta del Congreso del jueves 29 de octubre de 1992, página 3)
En la misma exposición de motivos, el Gobierno Nacional define a las cárceles como "lugares de reclusión fundamentalmente para detenidos" y aclara que las penitenciarías son lugares "para purgar una pena". 

32 Esto también lo sostuvo el señor Marco Antonio Pupiales en su declaración (Fls. 114 y 115 C.2).

33 Esta posición puede verse en sentencias de Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C de 31 de agosto de 2011, expediente: 19790 y 28 de marzo de 2012, expediente: 21346. El criterio antes referenciado ha sido tomado de las sentencias 13 de agosto de 2008, expediente: 17042 y 15 de octubre de 2008, expediente: 18.586, M.P. Enrique Gil Botero. También puede verse sentencias de la Subsección C de 20 de marzo de 2013, expediente: 25424, 24 de julio de 2013, expediente: 26214; 11 de julio de 2013, expediente: 36295 y 26736.

34 Los hermanos son hijos de Guillermo Gómez Astudillo y Purificación Riveros Pulido