Sentencia 2000-03078 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 05001233100020000307802

Número interno 2223-2010

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Fernando Estrada Méndez

Autoridades departamentales

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS:«II. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

Consiste en establecer si son ajustadas a derecho las Resoluciones 13015 de 13 de diciembre de 1999(1) y 13097 de 24 de enero de 2000(2) proferidas por el rector de la Universidad de Antioquia, así como la Resolución 748 de 2 de marzo de 2000 del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia(3), en atención a los cargos formulados en la demanda.

2.2. Los actos demandados.

a. Resolución 13015 de 13 de diciembre de 1999, expedida por el rector de la Universidad de Antioquia, que destituyó al demandante del cargo de profesor del Instituto de Educación Física y Deportes de esa institución universitaria.

b. Resolución 13097 de 24 de enero de 2000 expedida por el rector de la Universidad de Antioquia, que resolvió negativamente el recurso de reposición contra la decisión sancionatoria.

c. Resolución 748 de 2 de marzo de 2000, expedida por el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, por la cual, se resolvió negativamente un recurso de apelación interpuesto contra la decisión sancionatoria.

2.3. De lo probado en el proceso.

2.3.1. A través del acta 2164 de 6 de agosto de 1976 proferida por la Universidad de Antioquia, el demandante se posesionó como profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia (fl. 747, cdno. ppal.).

2.3.2. Mediante oficio 1010-17349 de 3 de noviembre de 1995 se le comunicó al accionante que fue comisionado para desempeñar el cargo de jefe del departamento de educación física y deportes del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia (fl. 749, cdno. ppal.).

2.3.3. Por medio del acta de 7 de noviembre de 19S15 proferida por la vicerrectoría administrativa del departamento de relaciones laborales el accionante se posesionó en el cargo de jefe del departamento de educación física y deporte (fls. 53, cdno. ppal.)

2.3.4. A través de oficio de 25 de septiembre de 1997, el estudiante Rosevelt de Jesús Torres Santa solicitó al Consejo Universitario del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, se le permitiera validar la materia Taller Didáctico Experimental código IUE 431 y se comprometió con la docente Betty valencia con las tareas y acuerdos que le asignara (fl. 729, cdno. ppal.).

2.3.5. Mediante acta 1221 de 26 de septiembre de 1997, el consejo de instituto, aceptó el ajuste extemporáneo de la materia práctica profesional I y la validación de la asignatura Taller Didáctico Experimental con el código IUE 431 (fl. 656, cdno. ppal.)

2.3.6. Por medio de oficio de 28 de septiembre de 1998, el demandante presentó renuncia al cargo de jefe del Departamento de Educación Física (fl. 768, cdno. ppal.).

2.3.7. A través Resolución Rectoral 11081 de 8 de octubre de 1998 de la secretaría general de la Universidad de Antioquia, se aceptó la renuncia presentada por el actor al cargo de jefe del Departamento de Educación Física y se le comunicó que seguiría vinculado a la institución como profesor de tiempo completo (fl. 769, cdno. ppal.).

2.3.8. Mediante oficio de 5 de febrero de 1998 la profesora Betty Valencia Montoya le comunicó al jefe de la oficina de control interno de la universidad, que otorgó una nota aprobatoria al estudiante Rosevelt Torres Santa sin que hubiere efectuado realmente tal validación, justificando su actuación en la solicitud hecha verbalmente por el jefe del Departamento de Educación Física y el estudiante, quienes argumentaron que existía un error administrativo en la hoja de vida y la situación económica del señor Torres Santa, señalando que el alumno se había comprometido a cumplir con las tareas del curso (fl. 661, cdno. ppal.).

2.3.9. Por Resolución 9764 de 18 de marzo de 1998 proferida por el rector de la Universidad de Antioquia se ordenó iniciar indagación preliminar, de conformidad con el artículo 164 del Acuerdo Superior 83 de 1996, con ocasión del oficio de 5 de febrero del mismo año presentado por la docente Betty Valencia (fl. 179, Cdno 1).

2.3.10. A través de oficio 1000-9145 de 4 de marzo de 1998, el rector de la Universidad de Antioquia le solicitó al señor Rodrigo Arboleda Sierra, director del Instituto de Educación Física y Deporte, aclarar la anomalía presentada en la calificación de la materia Taller Experimental Didáctico con el código IUE 431 (fl. 10, cdno. 1).

2.3.11. Mediante oficio de 10 de marzo de 1998 los señores Rodrigo Arboleda Sierra y Fernando Estrada Méndez dieron respuesta al oficio 1000-9145, de 4 del mismo mes y año, en el cual indicaron que en los casos donde faltaba una materia para graduarse, se podía solicitar la validación de la asignatura sin que previamente se matriculara, y la nota de la validación fue reportada en 4.5 por la profesora Betty el 6 de octubre de 1997, e indicaron que los grados de educación física se realizaron el 24 del mismo mes y año sin que se reportara ninguna anomalía (fl. 12, cdno 1).

2.3.12. Por medio de la Resolución 9922 de 17 de abril de 1998 el rector de la Universidad de Antioquia ordenó abrir investigación disciplinaria contra los señores Fernando Estrada Méndez y Betty Valencia Montoya, por las presuntas irregularidades en la calificación que se le otorgó al estudiante Rosevelt de Jesús Torres Santa en la materia IUE 431 de Taller Didáctico, para poder obtener su título de licenciado en educación física, sin cumplir con los requisitos de grado (fl. 734, cdno. ppal.).

2.3.13. El 10 de julio de 1998 el demandante rindió declaración libre y espontánea y el 27 del mismo mes y arlo amplió dicha versión. En las mencionadas diligencias declaró que: a) como director académico del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, le correspondía hacer el estudio de las hojas de vida de los estudiantes que aspiraban a graduarse, y cumpliendo con su función, encontró que al señor Rosevelt de Jesús Torres Santa estudiante de licenciatura en educación física y deportes, le faltaba una materia para cumplir con todos los requisitos; b) que el estudiante hizo la solicitud para validar la materia IUE 431 de taller didáctico, la cual se aprobó en una sesión ordinaria, en consecuencia, se nombró a la profesora Blanca Betty Valencia como jurado; c) que no le dio importancia al escrito donde se encontraba lo pactado entre la profesora Betty Valencia y el estudiante Torres Santa, respecto de otorgar una nota sin presentar la correspondiente evaluación, pues al ser la materia un taller, lo encontró normal, además, esas solicitudes eran procesos rutinarios (fl. 47, cdno. 1).

2.3.14. Mediante Resolución 2 de 5 de agosto de 1998, el director ad hoc del Instituto de Educación Física, quien era el investigador en el proceso disciplinario, formuló pliego de cargos contra el actor por la violación de los artículos 147 —vulnerar las obligaciones y compromisos adquiridos con la universidad—, 31 numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 15 —no denunciar ante las autoridades de la universidad—, las irregularidades de la profesora Betty Valencia al otorgar una nota sin que existiera previamente la validación—, y 32 numeral 5º dar un trato preferencial algún miembro de la comunidad universitaria del estatuto profesoral dé la Universidad de Antioquia (fl. 500, cdno. ppal.).

2.3.15. Por oficio de 13 de agosto de 1998, el accionante contestó el pliego de cargos reiterando su falta de conocimiento de los acuerdos pactados; las contradicciones en las declaraciones del estudiante y la falta de pruebas que demuestren su supuesta responsabilidad; igualmente afirmó que el alumno se graduó porque cumplió con “todos los requisitos a los que obliga el Acuerdo 12 de 1995, al entregar el formato de validación debidamente diligenciado con la nota final de 4.5 (fl. 122, cdno. 1).

2.3.16. Mediante la Resolución 8 de 2 de julio de 1999, el director ad hoc calificó la falta como grave, ya que encontró probada la responsabilidad del actor, al vulnerar los artículos 147 —vulnerar las obligaciones y compromisos adquiridos con la universidad—, 31 numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 15 —no denunciar ante las autoridades de la universidad, las irregularidades de la profesora Betty Valencia al otorgar una nota sin que existiera previamente la validación— y 32 numeral 5º dar un trato preferencial algún miembro de la comunidad universitaria del estatuto profesoral de la Universidad de Antioquia, en consecuencia, remitió el expediente al rector de la universidad para que determinara la sanción correspondiente (fl. 565, cdno. ppal.).

2.3.17. A través del acta 0151 y la Resolución 1027 de 15 de septiembre de 1999 proferida por el consejo académico de la Universidad de Antioquia, se recomendó no aplicar la sanción de destitución al demandante, argumentando que esta solo debe operar para los casos en que la conducta sea extremadamente grave, como cuando el funcionario con su actuar antijurídico busca una retribución económica, y en la medida en que el motivo del profesor investigado fue altruista o humanitario únicamente debía imponérsele una suspensión temporal y amonestación pública (fls. 193, cdno. 3, y 403, cdno. ppal.).

2.3.18. Mediante Resolución 13015 de 13 de diciembre de 1999, el rector de la universidad estableció que el demandante, tenía conocimiento del acuerdo celebrado entra la docente Betty Valencia y el estudiante Rosevelt Torres Santa, para otorgar una nota en la materia IUE 431 de taller didáctico, sin que previamente se realizara la respectiva validación, por lo tanto, al incumplir sus deberes de denunciar dicha irregularidad, vulneró los artículos 147 —infringir las obligaciones y compromisos adquiridos con la universidad—, 31 numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 15 —no denunciar ante las autoridades de la universidad, las irregularidades cometidas por los docentes— y 32 numeral 5º —dar un trato preferencial algún miembro de la comunidad universitaria—, en consecuencia, le impuso la sanción de destitución (fl. 629, cdno. ppal.).

2.3.19. El demandante dentro del término legal interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 13015 de 13 de diciembre de 1999, porque consideró que no existió prueba que diera certeza sobre la responsabilidad disciplinaria, y se violó el derecho de defensa, ya que, se le formularon cargos por infringir los numerales 1º, 3º, 4º, 5º y15 del artículo 31 y el numeral 5º del artículo 32 del estatuto profesoral; sin embargo también fue por vulnerar el numeral 2º del artículo 156 ibídem, artículos 5º, 6º, 10 y 12 del Acuerdo 1 de 1994 y los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 4º del Acuerdo 83 de 1996, por lo tanto, existió incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo sancionatorio (fl. 602, cdno. ppal.).

2.3.20. Por medio de las resoluciones 13097 y 748 de 24 de enero y 2 de marzo de 2000, el rector de la Universidad de Antioquia y el consejo superior de la institución, respectivamente, desataron los recursos de reposición y de apelación, confirmando la sanción impuesta. Las referidas providencias desecharon los argumentos del disciplinado, porque: a) de conformidad con el acervo probatorio, se demostró la responsabilidad disciplinaria; b) no había incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo sancionatorio, dado que al momento de impugnar los cargos había certeza en relación con las faltas cometidas; c) no existían vicios que afectaran el proceso, pues el trámite disciplinario fue adelantado por el funcionario competente y respetando las garantías constitucionales (fls. 586 y 676, cdno. ppal.).

2.3.21. En testimonio del señor Alberto Antonio Ceballos Velásquez, quien fue escuchado en audiencia de 3 de mayo de 2003, señaló conocer de cerca el trabajo y responsabilidad del señor Fernando Estrada Méndez, y que la sanción impuesta le causó al demandante perjuicios, ya que cuando se le destituyó, tenía tres hijos que dependían económicamente de él y que, por la forma en que fue desvinculado de la institución, se tuvo que dedicar al comercio, pues, su hoja de vida había sido afectada (fl. 781, cdno. ppal.).

2.3.22 La señora Beatriz Elena Garcia Londoño, quien fue escuchada en testimonio, en audiencia de 3 de mayo de 2003, manifestó que la Universidad de Antioquia para el demandante, “representaba la vida”, pues, durante más de 24 años había trabajado allí, y que “los dos perjuicios más grandes” ocasionados, fueron que el hijo mayor debió dejar de estudiar para trabajar con él, y que la educación de sus hijos debió ser asumida por sus familiares (fl. 786, cdno. ppal.).

2.3.23. El señor Gonzalo Valderrama Aguilar, amigo de infancia del accionante y profesor de la Universidad de Antioquia, quien fue escuchado en testimonio en audiencia de 3 de mayo de 2003, donde manifestó que el actor se convirtió en un profesional derrotado, amilanado, lloroso y lleno de angustia por “su futuro y el de su familia; además declaró que toda la Universidad de Antioquia estuvo pendiente del proceso disciplinario (fl. 788, cdno. ppal.).

2.3.24. El señor Luis Enrique Ríos Londoño, representante profesoral del consejo de la Universidad de Antioquia, quien fue la persona que denunció la irregularidad de la nota del estudiante Rosevelt de Jesús Torres Santa, fue escuchado en testimonio mediante audiencia de 14 de mayo de 2003, en el cual señaló que la profesora que puso la nota nunca señaló como responsable de los hechos investigados al profesor Fernando Estrada Méndez, por ello le sorprendió que hubieran destituido al mencionado docente (fl. 799, cdno. ppal.).

2.3.25. Mediante oficio 2400-946 de 4 de julio de 2002, el departamento de relaciones laborales de la Universidad de Antioquia, certificó que el actor se vinculó con la entidad desde el 11 de marzo de 1995 hasta el 13 de marzo de 2000, desempeñando los cargos de auxiliar de docencia de medio tiempo, docente de tiempo completo, coordinador general del Programa para la Salud Psicofísica por medio tiempo, jefe del Departamento de Educación Física y Deportes y director encargado del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes (fls 775, cdno. ppal.).

III. Análisis de la Sala

i) Límites a la autonomía universitaria

Esta corporación(4) ha sostenido, que a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, de conformidad con el artículo 69 superior, a las universidades se les dio mayor autonomía, en la medida en que pueden darse sus propias directivas y estatutos, de acuerdo con la ley; y por cuanto el Estado tiene la obligación de establecer un régimen especial para aquellas de naturaleza pública así como fortalecer la investigación científica y ofrecer condiciones especiales para su, desarrollo.

En el marco del derecho superior son instituciones de importancia relevante para la sociedad, pues desarrollan actividades de educación, formación e investigación que permiten el mejoramiento humano.

El constituyente; consciente del importante papel de estas Instituciones, dispuso que fueran entes autónomos en cuanto al libre pensar, al desarrollo del conocimiento, la libre concepción de la sociedad y las formas de organización, con independencia para generar, aplicar y transmitir conocimiento en los campos de las humanidades, la ciencia, las artes, la filosofía, la técnica, la tecnología, la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones en los diferentes campos del saber. La autonomía pues, se finca, en la necesidad de desarrollar conocimiento sin interferencia de ningún tipo.

En desarrollo de la autonomía constitucional, las universidades están facultadas, de acuerdo con su régimen especial, para expedir sus propios estatutos y darse su propio reglamento.

En el mismo sentido cabe señalar que si bien gozan de autonomía, esta no es total de manera que sean una rueda suelta en el Estado, puesto que el constituyente señaló que pueden darse sus propios estatutos y reglamentos pero “de acuerdo con la ley”.

Sobre el contenido de la referida autonomía la Corte Constitucional(5) ha señalado que implica la libertad para determinar sus estatutos: definir el régimen interno; estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores: señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores; establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su presupuesto; fijar sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido para sus egresados. No obstante, esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar que sea ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las universidades públicas, que están emancipadas por completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio.

ii) Del refirmen disciplinario aplicable a los funcionarios de las Universidades

En atención a lo previamente señalado y en reconocimiento de la existencia de una autonomía limitada por la ley —léase ordenamiento jurídico—, la Sección Segunda de esta corporación, de vieja data(6) ha sostenido la tesis, según la cual el régimen sustantivo y procedimental en materia de responsabilidad, dentro del cual se halla el disciplinario es de competencia exclusiva del legislativo.

Lo anterior por cuanto el artículo 124 de la Constitución Política, prevé que es la ley la que determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. En consecuencia, solo el legislador puede definir la responsabilidad, disciplinaria de los servidores públicos, entre los que se cuentan los funcionarios de las universidades públicas, y la manera de hacerla efectiva.

Lo anterior deviene de la facultad punitiva del Estado porque el derecho disciplinario es sancionador y su regulación está entregada exclusivamente al legislador(7).

Si bien en situaciones especiales el legislador puede facultar a otras autoridades constitucional y legalmente aceptadas, como el presidente y los entes autónomos, para regular la responsabilidad de los servidores públicos, tal delegación no es absoluta ni enerva o inhibe la potestad legislativa del Congreso.

Es así como, en desarrollo de la autonomía de que gozan las universidades públicas, el legislador, mediante el artículo 75 de la Ley 30 de 1992(8), las autorizó para que expidieran su propio régimen disciplinario.

Sin embargo el legislador, con posterioridad, dictó la Ley 200 de 1995, Código Único Disciplinario(9), que tenía como ámbito de aplicación personal a todos los servidores públicos salvo, los miembros de la Fuerza Pública a quienes expresamente excluyó de la aplicación de la parte sustanciaI.

Este estatuto disciplinario único derogó todos los regímenes existentes hasta ese momento incluyendo los expedidos por la autorización conferida por el artículo 75 de la Ley 30 de 1992, es decir, el régimen disciplinario de las universidades, porque aun, estas instituciones, como entes autónomos, están sometidas a la ley.

Lo anterior, en amparo del 177 de la Ley 200 de 1995, norma posterior a la Ley 30 de 1992 que reguló integralmente la materia, en cuyo texto se indicó que se aplicaría a todos los servidores públicos sin excepción alguna y derogaba las disposiciones generales o especiales que regularan materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le fueran contrarias, salvo los regímenes especiales de la Fuerza Pública.

Esta Sala(10) como se señaló previamente, afirmó que no existe duda de que lo pretendido por la Ley 200 de 1995 fue englobar en un solo código toda la legislación disciplinaria existente hasta ese momento en el país, salvo las excepciones que el mismo legislador señalaré que, en este caso, solo se refieren a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Conforme a te anterior, la autonomía universitaria, que está sometida a lo dispuesto por la Constitución y la ley, a partir de la vigencia de la Ley 200 de 1995 no implica la posibilidad de darse su propio régimen disciplinario, pues, se insiste, todos estos regímenes quedaron derogados por disposición expresa de la Ley 200 de 1995 en el mencionado artículo y ni la Carta Política ni norma legal posterior alguna le han otorgado expresamente a las universidades tal potestad, todo lo contrario, el Congreso sigue manteniendo la competencia para regular el régimen disciplinario de todos los servidores públicos.

El hecho de que las funciones, objetivos y fines de las universidades sean distintos a los de las demás entidades del Estado, no les otorga competencia para establecer un régimen disciplinario propio, usurpando las facultades del Congreso de la República de señalar el régimen sancionatorio de todos los servidores del Estado. Es más, tales hechos por sí solos no justifican la existencia de un régimen disciplinario distinto.

La regulación de las materias relativas a su propia organización administrativa y académica no incluye el régimen disciplinaría y tal hecho no comporta una indebida intervención en la vida universitaria ni una violación a la autonomía constitucional, por el contrario la expedición de un código disciplinario único por parte del legislador, por ser una norma de carácter impersonal y abstracta, evita posibles desmanes en el ejercicio disciplinario por parte de las universidades, que fijen regímenes demasiado estrictos frente a conductas disciplinarias leves o dejen impunes conductas disciplinariamente graves.

No desconoce la Sala las dificultades que ha generado la aplicación de un estatuto general que no engloba todas las situaciones especiales de cada entidad del Estado, pero debe tenerse en cuenta que para sanear tal aspecto, la ley estableció tipos disciplinarios abiertos en donde puede incluirse, la violación del reglamento interno de la respectiva Universidad(11).

En conclusión con la expedición de la Ley 200 de 1995 se derogaron los regímenes especiales; por lo tanto, no pueden los entes universitarios aplicar su propio estatuto disciplinario.

iii) Solución al caso concreto

Bajo la preceptiva anterior es del caso revisar, como primer aspecto, la actuación de la administración frente a la expedición de los actos acusados, su contenido y fundamentación de cara a los cargos propuestos por la parte demandante.

Para abordar tal estudio es pertinente indicar —como quedó plasmado en el acápite de lo probado en el proceso—, que el trámite disciplinario se siguió bajo las formas y en los términos del estatuto profesoral de la Universidad de Antioquia (Acuerdo superior 83/96) y el estatuto general de esa misma entidad (Acuerdo superior 1/94), situación que no era procedente conforme a los anteriores planteamientos pues, como ya se indicó, a partir de la vigencia de la Ley 200 de 1995 quedaron derogados todos los regímenes disciplinarios especiales, con la excepción ya señalada.

El actor, quien se desempeñaba como profesor de tiempo completo adscrito a la Facultad de Educación Física de la Universidad de Antioquia, fue comisionado entre el 7 de noviembre de 1995 y el 9 de octubre de 1998 para desempeñar el cargo de jefe del Departamento de Educación Física y Deportes del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, cuando ya había sido expedida la Ley 200 de 1995, que fue sancionada el 26 de julio de mismo año y entró en vigencia cuarenta y cinco días (45) después de su sanción(12), es decir, el 9 de septiembre de esa anualidad, antes de la materialización de la falta imputada(13).

Contrario a lo manifestado por el tribunal a quo, el actor discutió en el trámite administrativo la aplicación de la norma en que debía fundarse, tanto así que, fue punto de debate en ese momento y también ahora, la negativa del fallador disciplinario en relación con el decreto de las pruebas que acreditaban la naturaleza del cargo desempeñado durante la comisión de la falta, lo cual llevaba a la discusión sobre el régimen disciplinario que le era aplicable. En tal sentido, no se pretermitió el principio de “la decisión previa de la administración”, siendo procedente una determinación de fondo sobre el asunto por parte del juez de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, el actor alega en el primer cargo “violación de la ley o norma en que debía fundarse el acto administrativo”, al considerar que la actuación que llevó a que se iniciara la investigación disciplinaria fue realizada en ejercicio de un cargo administrativo y no como docente.

Por lo tanto, no podía aplicársele el régimen disciplinario del estatuto profesoral (Acuerdo Superior 83/96), sino lo dispuesto para los funcionarios que ejercen cargos administrativos; es decir, la Ley 200 de 1995, aplicable a todos los funcionarios públicos.

De conformidad con lo precitado, no podía la administración de la Universidad de Antioquia utilizar el régimen disciplinario por el cual se sancionó con destitución al profesor demandante, pues, como ya se señaló, a partir de la expedición de la Ley 200 de 1995 quedó prohibido aplicar regímenes disciplinarios propios ya que, se repite, esta facultad está exclusivamente en cabeza del Congreso de la República, quien, a través del Código Único Disciplinario, fijó los parámetros que deben seguir todos los procesos disciplinarios seguidos contra los servidores del Estado, y el hecho de que las funciones de las universidades públicas sean distintas a las de las demás entidades del Estado, no le otorga competencia para establecer un régimen sancionatorio.

Por lo anterior, considera la Sala que con el análisis de este cargo, las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad y es por ello que se revocará la sentencia del tribunal para declarar la nulidad de los actos demandados, en la medida en que no se adecuaron a las normas en que debían fundarse.

Conforme a lo antes expuesto, teniendo presente que el contencioso subjetivo de anulación adelantado por el demandante no se agota en el estudio de la legalidad del acto administrativo acusado, sino que exige el restablecimiento del derecho en el marco de las pretensiones del libelo, la Sala procederá a su análisis.

En atención a la jurisprudencia de esta corporación el restablecimiento del derecho implica llevar la, situación de hecho presente del actor al mismo estado en que debería encontrarse si no se hubiera proferido el acto administrativo que afectó su estatus jurídico, lo cual debe examinarse atendiendo no solo a las pretensiones sino también a lo que resulte probado en el proceso.

El libelista solicitó el reintegro al cargo que desempeñaba en el momento de la desvinculación, o a otro de igual o superior categoría, el pago indexado de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir, desde cuando fue desvinculado del servicio hasta el día de su reintegro, sin solución de continuidad, así como el pago de los perjuicios morales.

Dado que el demandante al momento de la sanción disciplinaria de destitución ejercía el cargo de docente de tiempo completo del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, es viable la orden de reintegro, salvo que exista la imposibilidad de hacerla en atención al cumplimiento de la edad de retiro forzoso, actuación que debe conllevar la desanotación de la sanción de la respectiva hoja vida así como del registro de antecedentes disciplinarios.

El restablecimiento al demandante de la condición de docente de tiempo completo de la Universidad de Antioquia, en los términos del artículo 53 de la Constitución Política, le otorga, en razón de la nulidad de los actos administrativos sancionatorios y desde el momento mismo de su desvinculación derechos laborales y prestaciones inalienables e irrenunciables, cuya efectividad y materialización, exige para todos los efectos la no solución de continuidad en la relación laboral con la entidad demandada, con todas las consecuencias jurídicas que de ello se desprende.

En ese sentido, también es procedente como restablecimiento del derecho la pretensión de pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro, o en su defecto si este no es viable hasta el cumplimiento de la edad de retiro forzoso.

Por otra parte no habrá lugar al pago de los perjuicios morales reclamados, comoquiera que su reconocimiento, no es automático(14) ante la declaratoria de nulidad del acto sancionaría que lo retiró del servicio, y dado que además de su prueba, en el presente caso el argumento para su reclamo estriba en lo injusta que fue la sanción respecto de los hechos que originaron la falta, situación que no fue probada en la medida en que, la razón de la decisión anulatoria únicamente gira en la equivocada aplicación del Régimen disciplinario, se repite, más no en la existencia o inexistencia de la conducta investigada o la no culpabilidad del demandante.

Finalmente en aras de dar aplicación al principio de equidad contemplado en el artículo 230 de la Constitución Política, y a los artículos 170 y 178 del Código Contencioso Administrativo, los cuales exigen que el restablecimiento del derecho sea total e íntegro, se ordenará la “indexación” de los valores a reconocer por la entidad demandada, pues la disminución del poder adquisitivo de la moneda debe ser asumida por el obligado a satisfacer la obligación dineraria.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. Falla

1. REVÓCASE, la sentencia de 5 de noviembre de 2008 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Octava de Decisión, que negó las, súplicas de la demanda incoada por Fernando Estrada Méndez contra la Universidad de Antioquia. Y en su lugar, dispone:

2. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 13015 de 13 de diciembre de 1999, expedida por el rector de la Universidad de Antioquia, que destituyó al demandante del cargo de profesor del Instituto de Educación Física y Deportes de esa institución universitaria y las resoluciones 13097 de 24 de enero de 2000 y 748 de 2 de marzo de 2000, expedidas por el rector y el consejo superior de la Universidad de Antioquia, respectivamente, por las cuales se resolvieron negativamente los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión sancionatoria.

3. A título de restablecimiento del derecho:

DECRÉTASE que para todos los efectos jurídicos en la relación laboral del demandante y la Universidad de Antioquia no existió solución de continuidad.

ORDÉNASE a la Universidad de Antioquia —de ser posible en atención a la edad de retiro forzoso— el reintegro del demandante al cargo desempeñado al momento de su desvinculación u a otro de similar nivel; la desanotación de la sanción de la respectiva en la hoja de vida y demás registros disciplinarios.

El pago de salarios y prestaciones dejados de percibir por el demandante desde su destitución hasta la fecha de reintegro o en su defecto hasta el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, las cuales deben ser indexadas en atención a la siguiente fórmula:

 

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En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en el momento en que dejó de percibir cada mes de sueldo.

Por tratase de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada sueldo dejado de percibir, comenzando por el que debió devengar el actor al momento de su separación del cargo, teniendo en cuenta para cada mes que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

4. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Que destituyó al demandante del cargo del Instituto de Educación Física Deportes de la Universidad de Antioquia.

(2) Del rector de la Universidad de Antioquia, por lo cual resolvió negativamente un recurso de reposición contra la decisión sancionatoria.

(3) Del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, por la cual resolvió negativamente un recurso apelación contra la decisión sancionatoria.

(4) Consejo de Estado, sentencia de 21 de marzo de 2002, radicado 1682-2001, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-220 de 1997.

(6) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 9 de septiembre de 2004. Radicación 25000232500020001784 01. Actor: Augusto León Pérez Ordoñez, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.

(7) En atención a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sent. C-762/2009), el denominado ius puniendi del Estado, comprende diversas disciplinas, a saber, el derecho penal, contravencional, correccional, disciplinario y el juzgamiento político; sin embargo y aunque la Constitución Política consagra para todos el respeto por las garantías del debido proceso, en ellos su alcance y contenido no es igual, en la medida en que, cada uno persigue objetivos y afecta bienes jurídicos diferentes y de distinto grado de importancia para la sociedad.

(8) Ley 30 de 1992, artículo 75. El estatuto del profesor universitario expedido por el consejo superior universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas.

b) Derechos, obligaciones. Inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y estímulos.

e) Establecimiento de un sistema de evaluación de desempeño del profesor universitario.

d) Régimen disciplinario.

(9) Ley 200 de 1995, artículo 177. Vigencia. Esta ley regirá cuarenta y cinco (45) días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria, se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código. Las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstas en la Ley 190 de 1995 tienen plena vigencia.

(10) Consejo de Estado, Sección Segunda. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 8 de noviembre de 2007. Radicación 73001-23-31-000-2003-01810-01 (5435-05). Actor: María Julieta Romero Acosta. Demandado: Universidad del Tolima. Autoridades departamentales.

(11) Consejo de Estado, sala de Servicio y Consulta Civil. Concepto 609 del 25 de mayo de 1994, M.P. Roberto Suárez franco, reiterado en Concepto 1642 de 2005, M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

(12) Diario Oficial 41.946, de 31 de julio de 1995.

(13) De acuerdo con lo probado en este proceso, el demandante estando en ejercicio del cargo eje jefe del Departamento de Educación Física y Deportes del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia (nov. 7/95 a oct. 9/98), en reunión del Consejo del Instituto de Educación Física (acta 121, sep. 26/97), autorizó, en calidad de secretario de la misma, entre otros, al estudiante Rosevelt de Jesús Torres Santa para que ajustara extemporáneamente una materia y validara la materia Taller Didáctico Experimental. Dicha autorización se dio con ocasión de la petición presentada por el estudiante al consejo del instituto, donde se compromete a cumplir con los compromisos adquiridos con la profesora Betty Valencia. Esta afirmación hizo que el jefe de la oficina de control interno de la universidad, solicitara a la profesora una explicación acerca del compromiso aludido, lo cual contestó aceptando haber otorgado una nota aprobatoria al alumno Torres Santa sin que hubiere efectuado realmente tal validación, sustentando su actuación en la solicitud verbal hecha por el director, el jefe del departamento del instituto y por el estudiante.

(14) Consejo de Estado. Sección Segunda. C.P. Carlos A. Orjuela Góngora. Santafé de Bogotá, D.C., marzo 11 de 1999. Radicación 1794/98. Actor: Sandra María del Pilar Urazan. Referencia: Expediente 14394/1794/98. Autoridades nacionales.