Sentencia 2000-03177 de marzo 11 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 050012331000200003177 01

Número interno: 0318-2009

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Autoridades nacionales

Actor: Luis Oswaldo Archila Salazar

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 1º de febrero de 2008, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual negó las pretensiones de la demanda formulada por el señor Luis Oswaldo Archila Salazar contra la Fiscalía General de la Nación.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

El problema jurídico por resolver, consiste en establecer si al actor le asiste el derecho de devengar la remuneración mensual contemplada en el artículo 90 del Decreto 2790 de 1990, modificado por el artículo 1º del Decreto 99 de 1991, esto es, la remuneración señalada para los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por haber desempeñado el cargo de juez de orden público.

Análisis del asunto

La Sala abordará el tema sometido a consideración estableciendo la naturaleza jurídica de los jueces de orden público. De igual manera determinará la vigencia y aplicación de los decretos 2790 de 1990, 99 de 1991, 2271 de 1991 y 2700 de 1991.

Hechos probados

El Tribunal Superior de Orden Público en sesión celebrada el día 17 de enero de 1991, nombró como juez de orden público al demandante mediante Acuerdo 5 (fl. 174), tomando posesión del cargo a través del Acta 20 de 28 de enero de 1991.

Con el Acuerdo 16 de 31 de enero de 1991, se confirmó en propiedad al actor en el cargo de juez de orden público de la Seccional de Orden Público de Medellín (fl. 172).

El demandante presentó petición ante la entidad demandada el día 29 de mayo de 2000, solicitando se declarare gozar del derecho a que se le pague como remuneración mensual en su calidad de fiscal delegado ante jueces regionales, una suma igual a la que la ley señala para los magistrados de Tribunal de Distrito Judicial desde el 1º de enero de 1993 hasta la actualidad. Así mismo, pidió el pago de $ 95’408.700 por conceptos salariales y prestacionales. Exigió que las sumas fueran indexadas.

La Fiscalía General de la Nación a través de la Comunicación STGR 05800 de 23 de junio de 2000 (fl. 3), negó las peticiones por considerar que no tenía competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, ya que quien goza de dicha prerrogativa es el Gobierno Nacional tal como lo contempla la Ley 4ª  de 1992.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala se adentrará en el estudio de la naturaleza jurídica de los jueces de orden público.

Jueces de orden público

Dentro del estado de sitio declarado en el país a través del Decreto 1038 de 1984, se crearon mediante el Decreto 1631 de 1987 los jueces de orden público asignados a la jurisdicción de orden público. El artículo 6º del Decreto 1631 consagró que los jueces de orden público tendrían la misma remuneración que percibían los jueces especializados creados mediante el Decreto 1806 de 1985, por lo cual debían reunir las mismas calidades.

El artículo 89 del Decreto 2790 de 1990, suprimió los cargos de jueces de orden público y jueces especializados. Sin embargo, en su artículo 90 dispuso la creación de 82 nuevos cargos de jueces de orden público, los cuales debían ser ocupados por los funcionarios a los cuales se les suprimió su cargo. La remuneración salarial para dichos cargos se efectuó, inicialmente, con equivalencia al grado 21 de la escala salarial de la rama judicial.

El artículo 90 del Decreto 2790 de 1990 fue modificado mediante el artículo 1º de Decreto Legislativo 99 de 1991, señalando que los jueces de orden público, creados en el artículo 90 del Decreto 2790 de 1990, tendrían el grado 17 en la escala salarial, percibiendo una remuneración equivalente a la de los magistrados de Tribunal de Distrito Judicial.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, finalizó el estado de sitio declarado en el Decreto 1038 de 1984; el Gobierno Nacional en uso de la facultad expresamente señalada en el artículo 8º transitorio de la Constitución, adoptó mediante el Decreto 2771 de 1991 como legislación permanente el artículo 90 del Decreto 2790 de 1990 y el Decreto Legislativo 99 de 1991, en virtud de los cuales, con el primero se crearon los cargos de jueces de orden público y con el segundo se estableció que dichos jueces tendrían el grado 17, con una remuneración igual a la señalada para los magistrados de Tribunal de Distrito Judicial.

La Constitución de 1991 facultó al Gobierno Nacional por medio del artículo 5º transitorio, literal a), para expedir normas de carácter sustancial y procesal, razón por la cual expidió el Decreto 2700 de 1991 a través del cual se modificó el Código de Procedimiento Penal y se organizó la Fiscalía General de la Nación; en él se ordenó la integración de la jurisdicción de orden público a la jurisdicción ordinaria sin modificar su competencia ni el grado de remuneración 17. También se dispuso que los jueces de orden público en adelante tuvieran la denominación de fiscales delegados ante jueces regionales.

Caso concreto

El acto Administrativo acusado por el demandante es el siguiente:

— La Comunicación STGR 05800 de 23 de junio de 2000, mediante la cual la entidad demandada negó la solicitud presentada por el actor el día 23 de mayo de 2000, en virtud de la cual se pedía el pago de las diferencias que resultasen entre los salarios y prestaciones devengados por él y los percibidos por un magistrado de Tribunal Superior de distrito judicial.

El actor considera que por el hecho de haberse integrado la jurisdicción especial a la jurisdicción ordinaria, la finalidad de los jueces de orden público no dejó de existir, y por lo tanto, su beneficio salarial tampoco, afirmación que no comparte la Sala por la siguiente razón:

El estado de sitio declarado por el Decreto 1038 de 1984 tuvo como origen los altos índices de violencia que presentaba el país en ese momento. Con el objeto de investigar los reiterados delitos se creó una jurisdicción especial, dentro de la cual se encontraban los jueces especializados creados por el Decreto 1806 de 1985, y los jueces de orden público creados por el Decreto 1631 de 1987.

Las disposiciones dictadas dentro de un Estado de Sitio son transitorias, perdiendo vigencia una vez este sea levantado. La Constitución de 1991 terminó con él pero facultó al Gobierno Nacional, a través de su artículo 8º transitorio, para adoptar como legislación permanente las normas dictadas durante el estado de sitio.

Si bien se cierto, mediante los artículos 3º y 4º del Decreto 2271 de 1991, se acogió como legislación permanente la disposición que señalaba a los jueces de orden público con el derecho a percibir la misma remuneración que un magistrado de Tribunal Superior de distrito judicial (D. 99/91, art. 90), también lo es, que dicho beneficio está sujeto a la existencia de la jurisdicción especial.

Como ya lo ha analizado el Consejo de Estado, los jueces de orden público junto con los jueces especializados conformaron la jurisdicción especial hasta la entrada en vigencia del Decreto 2700 de 1991, el cual ordenó la integración de esta jurisdicción a la jurisdicción ordinaria; terminando así con los beneficios salariales y prestacionales que tenían los jueces de orden público. Al respecto esta corporación en la solución de casos similares ha sostenido:

“Los jueces de orden público ejercieron sus funciones dentro de una jurisdicción especial creada como tal por razones de seguridad del Estado, y con función transitoria mientras las razones de Estado subsistieron. Las normas establecieron un tratamiento especial en materia de remuneración y en otros aspectos del ejercicio de sus funciones para aquellos funcionarios judiciales que, siendo del mismo nivel y grado, tenían la función de administrar justicia en condiciones distintas a las de los demás jueces del circuito”.

“Por esta razón, (...) una vez terminó la jurisdicción especial con sus funciones, el tratamiento diferencial en materia salarial dejó de tener justificación y vigencia”(1).

Siguiendo estos mismos planteamientos, deducimos que el artículo 2º, literal a) de la Ley 4ª  de 1992, el cual contempla la prohibición de desmejorar los salarios y prestaciones de los servidores públicos, no ha sido vulnerado en este caso concreto por lo anteriormente expuesto.

El artículo 90 del Decreto 2790 de 1990, modificado mediante el Decreto Legislativo 99 de 1991, señaló que los jueces de orden público eran del grado 17, el mismo grado que ostentaban los jueces del circuito, pero con una remuneración igual a la de un magistrado de Tribunal Superior de Distrito en virtud de las medidas adoptadas dentro de la jurisdicción especial, bajo la vigencia del estado de sitio. De manera que una vez desaparecida la jurisdicción especial, los beneficios dictados en ella no tienen sustento jurídico, siendo necesaria la paridad de los salarios entre los empleados públicos que se encuentren en el mismo grado.

En conclusión, la disposición consistente en que los jueces de orden público percibieran la misma remuneración señalada para los magistrados de Tribunal de Distrito Judicial, la cual fue contemplada y pagada desde la expedición en Decreto 99 de 1991 hasta el 1º de julio de 1992, fue de carácter temporal y excepcional.

Por otra parte, esta Sala resalta que el demandante no controvirtió la legalidad de los decretos mediante los cuales el Gobierno Nacional fijó la asignación salarial de los fiscales delegados ante los jueces regionales, los cuales originaron el inconformismo del actor. No obstante, frente a una eventual inaplicación de dichos decretos, la Sala estudió el fondo del asunto sometido a su control.

El actor no goza de la legitimidad para percibir la remuneración a la cual tuvo derecho como juez de orden público, esto es, a la devengada por un magistrado de Tribunal Superior de Distrito, en razón a que la jurisdicción dentro de la cual se instauró dicho beneficio desapareció mediante al Decreto 2700 de 1991.

Puestas así las cosas, el fallo del tribunal que negó las pretensiones de la demanda se confirmará.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 1º de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Luis Oswaldo Archila Salazar contra la Nación, Fiscalía General de la Nación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B., C.P. Jesús María Lemos Bustamante. Radicación 5967 de 2005. Actor: Ramiro Riaño Riaño.