Sentencia 2000-03229 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Exp.: 730012331000200003229 01

Núm. interno: 26168

Actor: Sociedad Agroindustriales del Tolima S.A., Agrinsa.

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial.

Ref.: Acción de reparación directa - Apelación sentencia.

Bogotá D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 8 de octubre de 2003, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

1. Caducidad de la acción.

La providencia respecto de la cual se alega un supuesto error judicial fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal el día 9 de abril de 1999 y, según constancia obrante en la citada providencia, el término de ejecutoria venció el día 22 de abril de 1999, por ende, adquirió firmeza el día 23 de los mismos mes y año, circunstancia que indica que el término de caducidad empezó a correr el 24 de abril de 1999 y fenecía el 24 de abril de 2001.

Pues bien, dado que la demanda se presentó el día 17 de octubre de 2000, se impone concluir que la acción de reparación directa se ejerció cuando el término de caducidad previsto en el ordenamiento jurídico no había fenecido.

2. El error jurisdiccional como fundamento de la responsabilidad estatal:

La Ley 270 de 1996 prescribe en su artículo 67 que la responsabilidad patrimonial del Estado puede resultar comprometida por el ejercicio de la función judicial bajo el supuesto del error jurisdiccional, definido en la citada norma como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”, cuya invocación se encuentra sujeta a los presupuestos fijados por el artículo 67 y condicionada a los precisos eventos de exoneración de que trata el artículo 70.

Ha dicho la Sala que el error jurisdiccional tiene lugar respecto “de falencias en las que se incurre en providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo(2) y específicamente en cuanto al entendimiento que ha de darse a la conceptualización legal del error judicial —providencia contraria a la ley—, esta misma corporación ha precisado que tal contradicción no tiene que ser “grosera, abiertamente ilegal o arbitraria”:

“Sobre esta exigencia la Sala ha expresado, en sentido contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, que:

Si así se entendiera el error judicial como la ‘actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso’ que obedece a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, se estaría desconociendo la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Carta, según el cual éste debe indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa.

Precisamente como desarrollo legal de la disposición constitucional, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error judicial como el ‘cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, sin incluir como ingrediente de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza(3). (resaltado fuera del texto original)(4).

De igual manera, la sentencia a la cual se viene haciendo mención señaló que, como en otra oportunidad lo sostuvo la Sala(5), la referida contradicción “no necesariamente debe tener la entidad de una vía de hecho para que pueda constituirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado”, habida consideración de la distinción que necesariamente debe efectuarse “para examinar la responsabilidad personal del juez, de un lado y, de otro, los que deben entrar en juego cuando la estudiada es la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia”:

“El anotado punto de vista es el que tiene en cuenta que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, impone una necesaria diferenciación entre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado originada en el daño antijurídico imputable a la acción u omisión del poder jurisdiccional, de un lado y los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, de otro, habida cuenta que aquellos y éstos divergen sustancialmente. Y ese deslinde se hace necesario con el propósito de no limitar, inconstitucionalmente, el sentido lógico y las condiciones de operatividad de cada uno de los referidos ámbitos de responsabilidad, pues tratándose del primero de ellos el juicio de responsabilidad al Estado existe la propensión, tanto doctrinaria como jurisprudencial, a introducir restricciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad de raigambre constitucional, con desmedro de la adecuada protección de la situación de la víctima del daño antijurídico.

La aludida Sentencia C-037 de 1996 es fiel muestra de cuanto aquí se afirma —en el apartado en el que se ocupa de enjuiciar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270, al determinar las condiciones bajo las cuales procede estimar configurado un error —, como quiera que se ocupa de analizar en abstracto los casos de responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia, con base en elementos propios de la responsabilidad personal del agente del Estado que profiere la decisión cuestionada.

Y es que no puede perderse de vista que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado derivada del error judicial, el punto de partida es el daño causado al usuario del servicio jurisdiccional, en la medida en que resulte imputable a la organización estatal por acción u omisión, de manera que el centro del debate se traslada del aspecto subjetivo relacionado con la conducta del juez, a la fuente originaria de la responsabilidad, vale decir, al daño antijurídico. En cambio, cuando se trata de la responsabilidad del agente judicial, como lo ha expresado prolija y claramente la Sala,

““... se limita la responsabilidad personal del funcionario al acreditamiento y configuración de eventos constitutivos de culpa grave o dolo, el ordenamiento dispensa un tratamiento de favor, desde el punto de vista del derecho material, que beneficia al funcionario, garantizando de esta manera, también su autonomía y relativa independencia.

(...).

Ambos dispositivos han de interpretarse, desde luego, bajo la óptica del artículo 90, como desarrollo que son del precepto constitucional y, en esa dirección, se debe sostener que la responsabilidad en ellos disciplinada, concibe el error judicial de una manera objetiva, bastando para su configuración, el que la providencia que lo contenga sea “contraria a la ley”, único criterio establecido por la norma, sin exigencia adicional alguna. La Sala desea subrayar que en parte alguna el precepto normativo introdujo la noción de culpa grave o dolo o la del denominado error “inexcusable”, como que estos límites materiales se reservaron para la disciplina de la responsabilidad personal del funcionario.

(...).

Es esta la razón por la cual las restricciones impuestas a manera de límites —culpa grave o dolo— que buscan proteger la independencia y autonomía del funcionario, como se observó, no pueden oponerse a manera de excepciones y tampoco pueden servir de justificación para una sentencia desestimatoria, cuando la pretensión de responsabilidad es ejercida por la víctima del daño antijurídico en contra del Estado, como que, precisamente, la separación entre los dos regímenes de responsabilidad, impone que cada una se analice desde perspectivas diferentes, a lo que la Sala agrega que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado la exigencia de la culpa grave, el error inexcusable, la vía de hecho, la arbitrariedad, capricho, subjetividad, que fundamentan la responsabilidad personal del agente judicial, no pueden exigirse, cuando se trata de la responsabilidad directa o exclusiva del Estado, fundamentada tan solo en el daño antijurídico”(6).(7)”.

De otra parte, la Sala ha reiterado que para fundamentar la declaratoria de responsabilidad extracontractual por error judicial se requiere la concurrencia de requisitos del siguiente orden:

“(i) Efectivamente, debe dejarse de lado toda postura restrictiva de la obligación fijada por el artículo 90 constitucional, a cargo del Estado, en el sentido de asumir la responsabilidad patrimonial derivada de cualquier daño antijurídico que le sea imputable. Por tanto, no sólo en aquellos casos en los cuales se configure el error judicial, porque se evidencie la configuración de una vía de hecho, hay lugar a que se profiera la correspondiente condena en contra del Estado —por supuesto que, en los mismos, tal consecuencia resulta imperativa—. Siempre que se profiera una decisión judicial contraria a la ley(8) —en los términos del artículo 66 de la Ley Estatutaria 270—, independientemente de consideraciones subjetivas sobre el proceder del agente judicial que la —vale decir, referidas a determinar si incurrió en culpa o dolo—, el Estado será patrimonialmente responsable.

(ii) Sin embargo, la anterior conclusión en torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”(9).

Respecto del segundo aspecto enunciado, la Sala reafirmó lo expuesto en la sentencia de 30 de noviembre de 2006(10), a propósito de “las verdaderas posibilidades y límites del razonamiento jurídico” en aras de “dilucidar si el razonamiento jurídico, en todos los casos, permite identificar una única respuesta correcta o solución correcta o, lo que es igual, la solución acertada —y, correlativamente, la(s) desacertada(s) o equivocada(s)—, la única jurídicamente admisible —y, paralelamente, la(s) contraria(s) a Derecho—”, línea jurisprudencial a partir de la cual concluyó que

sólo las decisiones judiciales —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional. En este sentido, ha sostenido la Sala:

“Estima la Sala que, cuando el juez al ejercer el núcleo central de la actividad jurisdiccional, esto es, al proferir su sentencia, invoca a manera de fundamentación de la decisión una determinada interpretación o argumentación con base en principios y valores consagrados en la Constitución, sin que aquélla aparezca por lo menos como razonable dentro del contexto fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento, incurre en error judicial, si la pretendida fundamentación de la decisión no guarda compatibilidad alguna con la hipótesis fáctica que los hechos probados muestran en la instancia. (se resalta)

Dicho en otros términos, la labor de interpretación jurisdiccional, si bien por naturaleza supone un grado amplio de autonomía para el juzgador, en la medida en que el operador jurídico puede optar por varias lecturas interpretativas del caso concreto, siempre y cuando, se reitera, guarden armonía y compatibilidad con los hechos y con el derecho aplicable a una determinada situación; esa manifestación de la autonomía jurisdiccional, no puede servir de justificación a una determinada decisión, cuando aparece objetivamente que la invocación de una doctrina constitucional, resulta perfectamente inadecuada o incompatible frente a la realidad de los hechos acreditados. (se resalta)

(...).

Por manera que, analizada la situación desde la perspectiva del “silogismo jurídico”, que se basa en la estructura tradicional de la norma jurídica, método éste particularmente esquemático para determinar y precisar los errores en las denominadas premisas del silogismo —mayor y menor— , o aquéllos que se materializan en la conclusión; o bien desde la perspectiva del método de la interpretación y argumentación con base en principios y valores, no necesariamente limitados al precepto legal, como que sabido se tiene que, más allá del precepto, se encuentran aquellos, es lo cierto que, ambos métodos de aplicación del derecho, reclaman por parte del ordenamiento una coherencia en la conducta del operador jurídico, que permita justificar —fundamentación— , la decisión judicial adoptada dentro del contexto fáctico y normativo en el cual se adopta (se resalta).

(...).

Pues bien, sea que el intérprete se encuentre de cara a una regla y haga uso del tradicional silogismo jurídico para encuadrar la hipótesis fáctica por él considerada en el precepto normativo, sea que pretenda solucionar la controversia de la mano de los principios y valores ínsitos en el ordenamiento y eventualmente explicitados en norma de rango constitucional o legal, es lo cierto que, la toma de posición, ha de respetar un “contexto de significado”, propio del principio, una ratio iuris compatible con el sentir general de éste, para que la fundamentación de la decisión por él adoptada, pueda ser considerada racional dentro del contexto del ordenamiento jurídico vigente(11)(12) (subrayas en el texto original; cursivas y negrillas fuera de él)”.

Por manera que, con fundamento en los señalamientos que acaban de efectuarse, procederá la Sala a verificar si en el asunto sub iudice se encuentra, o no, comprometida la responsabilidad patrimonial de la parte demandada, previa verificación de los presupuestos exigidos por el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para alegar el error jurisdiccional como fundamento de la responsabilidad estatal.

3. Elementos de prueba válidos y relevantes allegados al proceso con el fin de acreditar los hechos de la demanda.

Esta subsección entrará a analizar las pruebas aportadas debidamente al proceso y, por ende, susceptibles de valoración, entre las cuales se encuentran las siguientes:

a) Copia auténtica del certificado de existencia y representación legal de la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A., Agrinsa S.A. (fls. 3-10 cdno. 1).

b) Copia auténtica de la Escritura Pública 952 de 22 de septiembre de 1995, en cuya virtud se constituyó la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A., Agrinsa (fls. 364-372 cdno. 1).

c) Copia auténtica de la Escritura Pública 389 de 9 de mayo de 1997, a través de la cual se reformó el contrato social de la persona jurídica denominada Agricultores del Tolima S.A., Agritsa S.A. (fls. 60 y 87 cdno. 1).

d) Copia auténtica de la Escritura Pública 230 de 11 de marzo de 1998, mediante la cual se liquidó la sociedad Agricultores del Tolima S.A., Agritsa S.A. (fls. 264-294 cdno. 1).

e) Certificado de cancelación de la persona jurídica Agricultores del Tolima S.A. Agritsa S.A. (fls. 73-74 cdno. 1).

f) Copia auténtica de la Escritura Pública 371 de abril 26 de 1996, por medio de la cual se aumentó el capital y se reformó el contrato social de Agroindustriales del Tolima S.A. Agrinsa (fls. 371 y 408 cdno. 1 - foliación desorganizada).

g) Copia auténtica de la Escritura Pública 454 de 30 de abril de 1998, por medio de la cual se reformó el contrato social de Agroindustriales del Tolima S.A., Agritsa S.A. por aumento de capital (fls. 409 y 421 cdno. 1 - foliación desorganizada).

h) Copia auténtica de la Escritura Pública 351 de 12 de mayo de 1999, mediante la cual se efectuó una reforma al contrato social de Agroindustriales del Tolima S.A., Agritsa S.A. (fls. 423 y 437 cdno. 1 - foliación desorganizada).

i) Copia auténtica del proceso penal adelantado en contra del señor Víctor Miguel Calderón Cardozo por la comisión del delito de lesiones culposas en contra de la señora Imelda Avilés de Cuéllar y su menor hija Lissette Fernanda Cuéllar Avilés.

Dentro del referido encuadernamiento se destacan los siguientes medios de acreditación:

— Copia auténtica de la Resolución dictada por la Fiscalía Quince Unidad Local del Espinal, el 10 de octubre de 1994, mediante la cual se impuso medida de aseguramiento consistente en caución prendaria contra el señor Víctor Miguel Calderón Cardozo (fls. 50-55 cdno. de pruebas).

— Copia auténtica del auto dictado por la Fiscalía Quince Delegada ante los Juzgados Penales Municipales del Espinal, el 19 de abril de 1995, mediante el cual se resolvió:

“1. ADMITIR la demanda de parte civil presentada por la señora Imelda Avilés de Cuéllar, en su calidad de representante legal de la menor Lissette Fernanda Cuéllar Avilés; a través del doctor Gilberto Perdomo Oyuela.

2. Como consecuencia de lo anterior, téngase a la señora Imelda Avilés de Cuéllar como parte civil dentro del proceso.

3. Vincúlese a la Empresa “Agritsa” representada legalmente por su gerente como civilmente responsable, debiéndose notificar la admisión de esta demanda en forma personal.

(...)” (fls. 140-143 cdno. de pruebas).

— Copia auténtica de la Resolución dictada por la Fiscalía Cincuenta y Cuatro Local de Descongestión de Ibagué, el 27 de junio de 1995, mediante la cual se profirió Resolución de Acusación contra el señor Víctor Miguel Calderón Cardozo (fls. 194-200 cdno. de pbas.).

— Copia auténtica de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal del Espinal, el 30 de septiembre de 1998, dentro del proceso penal 108 adelantado contra el señor Víctor Miguel Calderón Cardozo por la comisión del delito de lesiones personales culposas. En dicha providencia se señaló lo siguiente:

Hechos motivo de investigación

Dio origen a la presente investigación según denuncia penal formulada por el señor Álvaro Cuéllar representante legal de la menor lesionada, quien da a conocer que para el día seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, siendo las tres y treinta de la tarde aproximadamente dentro del perímetro urbano de esta ciudad, más exactamente sobre la carrera octava, se desplazaba Imelda Avilés de Cuéllar y su menor hija Lizeth (sic) Fernanda Cuéllar Avilés, la primera de ellas conducía una motocicleta de su propiedad y al arribar a la intersección de la calle trece (13) el vehículo de placas EPA 147 conducido por Víctor Miguel Calderón C. no hizo el pare correspondiente colisionándolo con la motocicleta, resultando lesionadas las ocupantes de la referida moto.

En estos hechos resultó lesionada la menor Lizeth (sic) Fernanda Cuéllar Avilés, quien sufriera según lo consignado en historia clínica del Instituto del Seguro Social Seccional Valle del Cauca en valoración dada por neuropediatría refiere, “fractura temporal derecha, hematoma epidural temporal derecho sin efecto de masa, hematoma subgaleal derecho”. Practicado un último reconocimiento médico se fijó una incapacidad médico legal de cuarenta días como definitiva y como secuelas médico legales una perturbación funcional del sistema nervioso central de carácter transitorio.

Individualización del procesado

Se vinculó mediante acto de indagatoria resolviéndose su situación con medida de aseguramiento y seguidamente calificando el mérito de la investigación con resolución de acusación (...):

Alegatos de los sujetos procesales en la audiencia pública:

En el debate público, en el orden establecido legalmente, hizo su intervención la Fiscalía Quinta Delegada ante los juzgados penales municipales, quien una vez condensados los hechos investigados y al valorar las pruebas allegadas en especial los diferentes reconocimientos médicos legales como la inspección judicial en el lugar de los hechos, concluye que el comportamiento del procesado fue imprudente el cual deberá responder a título de culpa, además que infringió normas de tránsito, por lo que demanda que la sentencia sea de carácter condenatorio.

A su turno el representante de la parte civil (...) y haciendo uso de las facultades otorgadas, refiere que se encuentra plenamente acreditado el daño causado a la menor Lizeth (sic) Fernanda Cuéllar A. como a su señora madre, conducta esta atribuible al procesado Víctor Miguel Calderón Cardozo, de igual manera se encuentra probado que el procesado para la época de los hechos se encontraba vinculado laboralmente a la Empresa Agritsa Ltda quien fuera vinculado como tercero civilmente responsable y que por disposición del estatuto procesal penal como titular del derecho de propiedad y dominio sobre el automotor, deberá responder de manera solidaria al pago de los daños y perjuicios ocasionados con la infracción, teniendo en cuenta que su empleado y conductor, conducía el vehículo del haber social de la mencionada empresa, con el cual ocasionó el accidente. Encontrándose plenamente acreditada la culpabilidad del conductor del vehículo el hoy procesado Víctor Miguel Calderón Cardozo y sobre la existencia del daño ocasionado como la de sus perjuicios, se aviene a que la decisión a tomar sea la sentencia de carácter condenatorio.

Por último el representante de la parte civil, da a conocer a este Despacho que la Empresa Agritsa Ltda fue liquidada en marzo de 1998 según consta en Escritura Pública número 236 y cuyo actual liquidador es el Dr. Jorge Alfredo Villa Murra hoy gerente de la sociedad Agrinsa, Agroindustriales del Tolima S.A., quien asume de manera directa, personal y bajo su responsabilidad los resultados de los procesos en curso. En su intervención el señor defensor del procesado Dr. Álvaro Salas Rodríguez, demanda del despacho que al momento de proferir la correspondiente sentencia sea de carácter absolutorio, teniendo en cuenta los testimonios de Bárbara Orjuela y Raúl Sabogal Díaz, testigos presenciales del accidente, declaraciones estas que permiten afirmar que el procesado no es responsable de los hechos que se le imputan.

(...).

Calificación jurídica de los hechos

El comportamiento ilícito asumido por el imputado Víctor Manuel Calderón Cardozo y por el cual es condenado, encuentra adecuación típica en nuestro ordenamiento penal, en su libro segundo, título xxi, capítulo primero, artículos 331, 332 inciso segundo, 335 inciso primero y 340 bajo la denominación jurídica de las “lesiones personales”.

La punibilidad establecida para el delito de lesiones personales seguidas de perturbación síquica transitoria, es la de prisión de dos (2) a siete (7) años y multa de cuatro mil pesos.

Resolución de condena y sobre la suspensión de la ejecución de la sentencia

Dada la naturaleza del ilícito, así como la modalidad del mismo y atendiendo las circunstancias en que se cometió, se condena a Víctor Miguel Calderón Cardozo a la pena principal de SEIS (6) MESES de prisión y multa de cuatro mil pesos, como resultado de aplicar la pena mínima establecida para las lesiones personales con perturbación síquica, disminuida en las cuatro quintas partes a las tres cuartas partes teniendo en cuenta que se procede por el punible de lesiones personales culposas.

Igualmente se procede a sancionar al condenado con suspensión por seis (6) meses del ejercicio de la profesión de conducción, oficiando para ello a la autoridad de tránsito y policía de esta ciudad para control sobre la medida adoptada.

Como pena accesoria a la de prisión, se impone la interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal.

(...).

Fundamentos jurídicos en relación a la indemnización de perjuicios

Al estar demostrada la existencia de los perjuicios ocasionados con la infracción al igual que la responsabilidad del condenado Víctor Miguel Calderón Cardozo y habida cuenta que existe un avalúo de los perjuicios materiales ocasionados, tasados estos por perito idóneo obrante a folio 296 y siguientes del cdno. original, se fijan la suma de cuatrocientos treinta y cinco (435) gramos oro equivalentes en moneda nacional.

En cuanto a los perjuicios morales ocasionados a la menor lesionada, se tasan en la suma de setecientos (700) gramos oro equivalente en moneda nacional según el valor que certifique el Banco de la República.

La condena al pago de los perjuicios tanto materiales como morales, deberán ser cancelados por el procesado, en un término no mayor a los tres (3) meses siguientes de ejecutoriada esta providencia.

Habiendo sido legalmente vinculado el tercero civilmente responsable y encontrándose probada la subordinación y vinculación laboral del procesado Víctor Miguel Calderón Cardozo con el tercero responsable, es decir que para la época del accidente laboraba para la empresa Agritsa actualmente Agrinsa, cuyo representante legal es el señor Jorge Alfredo Villa Murra, se condena solidariamente al pago de los perjuicios tanto materiales como morales probados y tasados.

Para la efectividad del pago de los perjuicios por los cuales se condena en este proceso, se ordena el comiso del vehículo campero Trooper de placas EPA-147, color gris y negro, de propiedad de la Cía. Agrinsa y cuyo representante es el señor Villa Murra.

RESUELVE:

(...).

6. CONDENAR al vinculado TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE para la época de los hechos “Agritsa” –Agricultores del Tolima S.A.– actualmente denominada “Agrinsa” cuyo representante legal es el señor Jorge Alfredo Villa Murra, a pagar solidariamente los perjuicios tanto materiales como morales probados y tasados.

7. Para la efectividad del pago de los perjuicios por los cuales se condena en este proceso, se ordena el comiso del vehículo anterior —Campero Trooper— distinguido con la placa única EPA-147, color gris y negro, de propiedad de la compañía “Agrinsa” y cuyo representante legal es el señor Jorge Alfredo Villa Murra. Oficiando para ello a la autoridad de tránsito correspondiente” (fls. 330-341 cdno. de pruebas) (negritas adicionales fuera del texto original).

— Copia auténtica de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal, el 9 de abril de 1999, por medio de la cual se confirmó la providencia anteriormente transcrita, decisión que fue adoptada en los siguientes términos:

“VISTOS:

Por apelación interpuesta y sustentada oportunamente por la parte civil, corresponde a este Despacho conocer de la sentencia de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual el Juzgado Tercero Penal Municipal de esta localidad, condenó a Víctor Miguel Calderón Cardozo, entre otras, a la pena restrictiva de la libertad de 6 meses de prisión, y al pago de los perjuicios causados a la menor Lizeth (sic) Cuéllar Avilés, por las lesiones culposas que le ocasionó. Igualmente condenó a la Sociedad Agroindustriales del Tolima S.A. anteriormente denominada Agritsa al pago de los perjuicios en forma solidaria, en su condición de tercero civilmente responsable.

Sentencia impugnada

(...).

El fallo pronunciado por la primera instancia fue apelado por el representante de la parte civil, quien en escrito que corre a folio 473 y ss. del cuaderno original, expone las razones por las cuales disiente de los puntos que considera lesionados los intereses de su poderdante, concretamente respecto a la condena impuesta al justiciable sobre el valor de los perjuicios materiales causados a la lesionada tasados en la suma de 435 gramos de oro, los que en el libelo de la demanda incoada fueron estimados en $12’000.000, ya que al hacer los ajustes valorativos del gramos de oro actual, se registraría un equivalente que escasamente sobrepasa el 50% de la estimación hecha en la petición, pues el Estatuto Penal en su artículo 107 prevé que el “juez podrá señalar prudencialmente, como indemnización una suma equivalente en moneda nacional hasta de cuatro mil gramos de oro”.

Aspira el accionante a que la suma fijada como perjuicios por el perito, sea actualizada teniendo en cuenta el índice representativo de la corrección monetaria hasta la fecha, y la desvalorización de la moneda.

A su vez, pide el apelante que se haga aclaración del nombre de la entidad que fue condenada solidariamente al pago de perjuicios, como tercero civilmente responsable, ya que hoy su razón social figura como “Agroindustriales del Tolima S.A”. Agrinsa. De igual forma, que se ordene la vinculación del Dr. Jorge Alfredo Villa Murra, como persona natural, al pago de la indemnización correspondiente, ya que en su condición de liquidador de dicha empresa aceptó que “asume directa y personal y bajo su responsabilidad las posibles contingencias y resultados que puedan derivarse de los precitados procesos”.

Considerandos

De conformidad a lo previsto por el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, la apelación solo le permite al superior revisar los puntos impugnados, que en este evento dicen relación a la condena que al pago de perjuicios materiales causados por la infracción le fue impuesta al acusado en el fallo de primer grado.

Sin embargo como la obligación indemnizatoria es consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad penal del encartado frente al hecho punible endilgado, ha de precisarse que en este caso se dan suficientemente las condiciones que reclama el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para la declaración de su condena.

Pues bien, respecto al disenso del impugnante, se observa que en la sentencia apelada, al justiciable se le condenó a pagar por perjuicios materiales irrogados a la víctima Lizeth (sic) Cuéllar Avilés, el equivalente en moneda nacional a 435 gramos oro, sin haber tenido en cuenta la tasación efectuada por el perito designado al efecto, cuyo dictamen fue materia de controversia en el discurrir del proceso, pero que no habiendo existido fundamentos legales que lo demeritaran, vino a quedar en firme como consta en el encuadernamiento, y por tanto ha debido constituir pieza fundamental determinante de la valoración de los perjuicios causados a la afectada.

El accionante en el fondo del planteamiento que hace al sustentar la alzada, lo que depreca es que se reconozca para la liquidación de los perjuicios materiales la suma que pueda corresponder por concepto de desvalorización de la moneda (indexación) teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la época en que fue remitido el dictamen por el perito, pedimento que desde todo punto de vista resulta acorde con la realidad ya que el medio circulante, ciertamente se ve como diariamente está sujeto a variación depreciativa.

Por consiguiente, sobre este punto el fallo apelado será reformado en el sentido de acoger como suma valorativa de perjuicios materiales irrogados a la afectada, la fijada mediante avalúo pericial obrante, más el valor que corresponda por concepto de corrección monetaria y sus intereses corrientes desde el momento en que quedó en firme la valoración pericial (oct. 24/97) hasta su pago efectivo.

No hay lugar a imponer intereses moratorios como lo reclama la parte civil, porque estos sólo comenzarían a causarse luego de quedar en firme la condena impuesta y no se haya solucionado este tipo de obligación.

Con relación a la aclaración que pide el señor apoderado de la parte civil, en el sentido de que la condena solidaria al pago de los perjuicios debe hacerse contra la Empresa Agroindustriales del Tolima S.A., Agrinsa, debido a la variación de la razón social de Agritsa, como en realidad se trata de la misma entidad, así se procederá.

No procede la condena a título personal del ciudadano Jorge Alfredo Villa Murra, al pago de perjuicios en forma solidaria por haberse comprometido de manera personal y directa a responder por las contingencias que resultaran de la empresa Agritsa de la cual fue liquidador, dado que no fue vinculado al proceso como tal, es decir, no se le notificó en debida forma la demanda, no se le corrió traslado, ni se le permitió controvertir las pruebas en su contra y de esta manera se iría en contravía de lo preceptuado por el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal.

Habiendo también hecho reparos al fallo de primer grado el justiciable en escrito obrante, por hallarse inconforme no sólo en cuanto a la declaratoria de su responsabilidad penal frente al acontecer investigado, sino de igual manera respecto a la condena que se le hizo al pago de perjuicios morales en suma igual al equivalente en moneda nacional a 700 gramos, porque no se expusieron las razones y fundamentos jurídicos para así determinarlo, aunque el primer punto expuesto escapa a la impugnación, es evidente que del material probatorio –como se indicó– aparecen los requisitos sustanciales que reclama el ordenamiento sobre la materia para condenar. Y en cuanto tiene que ver con la fijación de la cuantía a indemnizar solidariamente por los perjuicios señalados, si bien no se plasman criterios para la imposición de esta obligación, debe precisarse que la naturaleza de los daños sufridos por la afectada indefectiblemente han ocasionado serios traumas afectivos, lesivos de sus sentimientos y del desarrollo mismo de su personalidad con bastante ponderación, véase pues que habiendo sufrido la víctima de la lesión perturbación funcional del órgano nervioso central de carácter transitorio hace posible que su padecimiento moral sea innegable y de muy larga duración, sino permanente.

RESUELVE:

(...).

2. Aclarar el ordinal “sexto” de la parte resolutiva del mismo fallo, en el sentido de que la condena solidaria al pago de los perjuicios morales y materiales causados a la afectada Lizeth (sic) Cuéllar Avilés, se hace contra la Empresa “Agroindustriales del Tolima S.A”, Agrinsa, anteriormente denominada “agritsa” cuyo representante legal es el señor Jorge Alfredo Villa Murra, liquidador de esta y que como tal debe salir al saneamiento de la correspondiente indemnización.

3. Abstenerse de condenar en forma solidaria y a título personal al pago de perjuicios causados con los hechos génesis de este proceso, al ciudadano Jorge Alfredo Villa Murra” (fls. 385-391 cdno. de pbas.) (negrillas fuera del texto original).

— Copia auténtica del auto proferido por el Juzgado Tercero Municipal del Espinal, el 31 de mayo de 1999, a través de la cual se modificó la liquidación del pago de perjuicios, de conformidad con lo establecido en el fallo de segunda instancia dentro del proceso penal; al efecto, la referida autoridad judicial señaló lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que la liquidación presentada por la parte civil no fue objetada por el apoderado del tercero civilmente responsable en el término de traslado, el Despacho procede a decidir si la aprueba o modifica, no sin antes manifestar que el escrito con liquidación presentado por el apoderado del tercero civilmente responsable no se puede considerar como una objeción pues no se presentó de conformidad con el artículo 521 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil.

Para resolver se tiene en cuenta el despacho que en providencia de segunda instancia el Juzgado Segundo Penal del Circuito condena al pago de perjuicios a la empresa “Agroindustriales del Tolima S.A”. Agrinsa, cuyo representante legal es el señor Jorge Alfredo Villa Murra liquidador de esta y quien debe salir al saneamiento de la correspondiente liquidación, en la suma de $6’060.260, más el valor que corresponda por concepto de corrección monetaria e intereses corrientes desde el 24 de octubre de 1997 hasta su pago efectivo.

Si tomamos el capital que es de $6’060.260 y le sacamos el 2.62% que es el valor de los intereses corrientes mensuales nos da un valor de $158.778,81 que al multiplicar por 19 meses que han transcurrido hasta la fecha y no de 20 meses como lo hizo en la liquidación el apoderado de la parte civil, que en pesos sería el valor de $3’016.797,3 como valor de los intereses corrientes del capital y no de $3’151.335, como se hiciera en la liquidación presentada.

Por otra parte y para hallar la corrección monetaria procedemos a dividir el valor del capital $6’060.260 por la unidad Upac del 24 de octubre de 1997 nos da un total de 532.4040 unidades Upac y al multiplicar ese número de unidades por el valor de la Upac al 27 de mayo del presente año que es de $15.451,09 nos daría un valor en pesos de $8’226.223,50 que equivale al capital con la corrección monetaria incluida, la cual es diferente al valor de capital más corrección monetaria que presentara el profesional del derecho en anterior liquidación que era de $9’393.743, es decir el solo valor de la corrección monetaria sería de $2’165.963,50 y no de $3’333.483.

Por último se deberá incluir el valor de 700 gramos oro al valor del gramo oro en la fecha en que fue notificado en forma personal que sería el valor en pesos de $14.434,90 del gramo oro a esa fecha y que multiplicado por 700 gramos oro nos daría un valor total como perjuicios de índole moral de $10’104.430, cifra que coincide con la presentada por el apoderado de la parte civil.

Por lo antes expuesto, el despacho procede a modificar la liquidación del pago de perjuicios de conformidad con lo ordenado en el fallo de segunda instancia, (...). Total liquidación de los perjuicios $21’347.450,80” (fls. 414-416 cdno. de pruebas).

— Copia auténtica del auto que dictó el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal, el 17 de enero de 2000, en el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte civil contra la decisión del 31 de mayo de 1999 (fls. 440-444 cdno. de pruebas).

De igual manera, dentro del caudal probatorio obra lo siguiente:

m) Copia auténtica de la demanda ejecutiva presentada por la señora Imelda Avilés de Cuéllar contra la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A., Agrinsa S.A., con el fin de que se hiciera efectiva la condena dictada a su favor dentro del proceso penal (fls. 141-147 cdno. 1).

n. Copia auténtica del auto dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, el 5 de agosto de 1999, en virtud del cual se libró “mandamiento de pago por la vía ejecutiva singular a favor de la menor Lissette Fernanda Cuéllar Avilés, representada por su señora madre Imelda Avilés de Cuéllar y en contra de la Empresa Agroindustriales del Tolima S.A. “Agrinsa”, sociedad representada por Jorge Alfredo Villa Murra...” (fls. 148-149 cdno. 1).

o. Copia auténtica de la contestación de la demanda ejecutiva aludida por parte de la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A. Agrinsa S.A. (fls. 153-156 cdno. 1).

p. Copia auténtica de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 7 de marzo de 2000, por medio de la cual se concedió la acción de tutela formulada por Agrinsa S.A., cuyas consideraciones fueron las siguientes:

“Se duele el accionante de la conducta asumida por el Juzgado Tercero Penal Municipal del Espinal al haber condenado, inexplicablemente, como tercero civilmente responsable, en forma solidaria al pago de perjuicios, a la sociedad que legalmente representa, denominada Agroindustriales del Tolima S.A. dentro del proceso penal adelantado contra el procesado Héctor Miguel Calderón Cardozo, donde se vinculó en la parte civil a la sociedad Agricultores del Tolima S.A. “Agritsa”; así como por la conducta asumida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma población, al haber confirmado dicho fallo, considerando que se le ha violado el debido proceso y por ende el derecho de defensa, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.

(...).

Con fundamento en lo expuesto y trayéndolo al caso que nos ocupa, en especial a las sentencias de septiembre treinta (30) de mil novecientos noventa y ocho (1998), y nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), de primera y segunda instancia, proferidas por los Jueces Tercero Penal Municipal y Segundo Penal del Circuito del Espinal, respectivamente, se observa que ciertamente se vinculó en la parte resolutiva del primer fallo a la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A. “Agrinsa” y en segunda instancia, se hizo reforma y aclaración de fallo respecto a lo que fue materia de apelación, pero no se hizo exclusión de la mencionada sociedad de la condena a pagar perjuicios; sin embargo, en modo alguno el pronunciamiento obedece a una decisión indiscutiblemente arbitraria y las consideraciones del apoderado de la parte civil, quien en la audiencia pública expuso que al parecer se trataba de la misma sociedad por coincidir que tenían el mismo representante legal.

Considera la Sala, que pese a que las dos sociedades tuvieron el mismo representante legal, en verdad se trata de dos sociedades totalmente distintas Agritsa y Agrinsa, según se desprende de la documentación anexada al expediente, y por consiguiente al no haberse vinculado procesalmente a la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A. “Agrinsa” no era procedente dentro de la sentencia del proceso penal de marras condenarla por ningún concepto y por lo mismo, no se encontraba habilitada jurídicamente para impugnar dicho fallo, máxime, cuando la accionante vino a percatarse de la sentencia en su contra cuando fue ejecutada ante el Juzgado Civil del Circuito del Espinal, según lo expresó en su libelo, lo que conlleva a dejar sin efecto jurídico alguno, en ambas sentencias (de primera y segunda instancia), lo atinente al pronunciamiento que se hizo al extenderse el fallo a la persona jurídica sociedad Agroindustriales del Tolima “Agrinsa”.

Ahora bien, no es del caso hacer condena en perjuicio en este evento, toda vez que, la tutela no es una acción de resarcimiento en estricto sentido debido a que la valorización que se hace no versa sobre la tasación de un perjuicio; lo que se pretende es garantizar el goce del derecho fundamental conculcado o amenazado; y en el caso de la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A. “Agrinsa” al ser parte demandada dentro del proceso ejecutivo que se le adelanta en el Juzgado Segundo del Circuito del Espinal, allí puede perfectamente utilizar los medios de exceptivos pertinentes y efectivos que le brinda la ley al resultar protegido su derecho fundamental aquí reclamado; y además, solicitar el cobro de perjuicios a que se refiere el estatuto procesal civil, en tratándose de levantamiento de medidas cautelares.

Entonces, como evidentemente se aprecia la vulneración al derecho del debido proceso y de defensa de la sociedad Agrinsa, se procederá a acceder a la tutela implorada con las consecuencias a que se hicieron mención líneas atrás” (fls. 607-613 cdno. 1).

q) Declaración rendida por el señor Jorge Alfredo Villa Murra, quien narró lo siguiente:

“Yo recuerdo que hubo un incidente por un vehículo perteneciente a Agricultores del Tolima S.A. “Agritsa” el cual sufrió un accidente de tránsito con una moto me parece que fue, sociedad que en ese entonces era representada por mí legalmente por esto hubo un proceso que inexplicablemente condenó a Agroindustriales del Tolima S.A. Agrinsa, siendo las dos empresas completamente diferentes. Preguntado: Se enteró usted de los pormenores de la audiencia de juzgamiento llevada a cabo dentro del proceso seguido contra el señor Miguel Calderón Cardozo? CONTESTO: No recuerdo. PREGUNTADO: Puede usted o el apoderado que representaba los intereses de Agritsa S.A. detectar antes del fallo de primera instancia alguna confusión de las partes frente a la razón social de la Sociedad? CONTESTO: Yo no lo detecté, mi apoderado no se si lo habrá hecho o no. PREGUNTADO: Cuáles fueron las razones que llevaron a la liquidación de la sociedad Agritsa S.A.? CONTESTO: Eso fue una determinación tomada por parte de los accionistas de la compañía. PREGUNTADO: Díganos si los socios de la liquidada Sociedad Agritsa S.A. entraron la totalidad o parte del nuevo ente jurídico Agrinsa S.A. CONTESTO: Creo que algunos de los anteriores socios de Agritsa S.A. son actualmente socios de Agrinsa S.A. PREGUNTADO: Cuando se liquida la sociedad Agritsa S.A. usted como liquidador le informó al juez del conocimiento sobre dicha liquidación? CONTESTO: No recuerdo si específicamente al juez pero sé que se hizo el procedimiento de liquidación con los acreedores y durante ese proceso se cumplieron con las normas establecidas por la ley para ello. Durante este proceso esta acreencia no fue notificada, ni oficiada por ningún Juzgado ni abogado para hacer la reserva correspondiente. PREGUNTADO: Cuál es la razón, si es que la existe, para crear una nueva sociedad con una razón social, se corrige denominación social similar a la anterior. CONTESTO: No existe ninguna razón en particular, la constitución de dicha sociedad se hizo de acuerdo a las normas legales existentes en su momento, (...). PREGUNTADO: Usted ha afirmado que para la época de los hechos del carácter penal era el Gerente y Representante Legal de Agritsa S.A., dígale al despacho si de igual manera fue el Gerente de Agritsa S.A. en liquidación y de igual manera representante legal y gerente de la nueva empresa Agrinsa S.A.? CONTESTO: Sí. PREGUNTADO: Teniendo en cuenta su anterior respuesta y por ende la identidad del Gerente dígale al Despacho por qué no se enteró de que en la audiencia pública a la cual asistió su apoderado, el apoderado de la parte civil manifestó que la nueva empresa Agrinsa S.A. y Agritsa S.A. era lo mismo y que por ende ante la liquidación de una de ellas se podía condenar en el proceso penal a la nueva empresa. CONTESTO: No me enteré simplemente. PREGUNTADO: De su anterior respuesta se deduce que usted como representante legal de la empresa vinculada al proceso no le consultaba a su abogado el estado del mismo e incumplió sus obligaciones como liquidador de Agritsa S.A. en lo que respecta al proceso penal al cual estaba vinculada dicha empresa? CONTESTO: El hecho de que no me hubiere enterado de ese detalle en particular o que el abogado haya omitido mencionarlo no quiere decir que hubiera incumplido con mis obligaciones como liquidador. PREGUNTADO: Dígale al Despacho cuál fue su actitud al enterarse que en el proceso penal que nos ocupa había sido condenada Agrinsa S.A. y no Agritsa S.A. CONTESTO: No recuerdo. PREGUNTADO: Lo anterior significa que su actitud fue pasiva ante dicha condena? CONTESTO: Como no recuerdo cuál fue mi actitud frente al hecho mencionado anteriormente no podría afirmar si la actitud fue o no pasiva. PREGUNTADO: Díganos si su abogado le comentó como era su obligación que interpuso recurso de apelación contra la sentencia pero no lo sustentó y las razones de dicha omisión? CONTESTO: No me acuerdo, muy seguramente me habrá comentado pero no recuerdo. Eso hace mucho tiempo. PREGUNTADO: Díganos cuándo se enteró usted que en el proceso penal se condenó a la nueva empresa Agrinsa S.A. y qué informes debió rendir usted sobre este hecho a la junta directiva y a la Asamblea de la nueva empresa. CONTESTO: No recuerdo la fecha de que me enteré de la condena de Agrinsa y no recuerdo si el informe a la junta directiva se pasó verbalmente o por escrito de todas maneras el hecho fue comentado. PREGUNTADO: Díganos cuáles fueron las medidas de contingencias y jurídicas que adoptaron usted y los órganos de dirección de la sociedad para aclarar y solucionar el problema presentado con la condena de Agrinsa S.A. CONTESTO: Recuerdo que se embargó a Agrinsa, procedimos a pagar el monto correspondiente en aras de evitar mayores perjuicios para la sociedad y posteriormente se inició una acción de tutela que finalmente amparó a Agrinsa ya que nunca fue parte en ese proceso penal. PREGUNTADO: Dígale al Despacho el por qué se tardó más de año y medio desde el fallo de segunda instancia, para promover una acción de tutela como usted lo ha afirmado. CONTESTO: Si se tomó esta acción era porque estábamos dentro de los términos y tiempos en los cuales la ley permitía hacerlo. (...). PREGUNTADO: Dígale al Despacho si ustedes nunca previeron, me refiero a los socios compartidos, a los órganos de dirección y a usted como gerente que por lo parecido de la sigla social ello podría conducir a una confusión a los Jueces de la República. CONTESTO: En absoluto, Agrinsa fue constituida en 1995 y en ese entonces era imposible para nosotros, se corrige en el 1997, era imposible para nosotros prever, que 2 años después los Jueces de la República se iban a equivocar, confundiendo los nombres de Agritsa y Agrinsa, basándonos en las fechas de la segunda instancia de la sentencia. PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho por qué incumplió con sus obligaciones, como gerente liquidador de Agritsa S.A. con conocimiento del proceso penal en curso de informar al juzgado del conocimiento sobre la liquidación de Agritsa S.A., absteniéndose además de hacer la reserva para garantizar el crédito litigioso como igualmente era su obligación por mandato del Código del Comercio. CONTESTO: Tal y como lo manifesté anteriormente, se cumplió con el procedimiento legal de liquidación de los acreedores durante el cual ningún juzgado ni abogado nos ofició para hacer la reserva correspondiente. (...)” (fls. 54-58 cdno. ppal.) (negrillas fuera del texto original).

4. Valoración probatoria y caso concreto.

A partir de los elementos probatorios referidos anteriormente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

a) Que el día 6 de diciembre de 1990, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, la señora Imelda Avilés de Cuéllar junto con su menor hija Lissette Fernanda Cuéllar Avilés, mientras se desplazaban en una motocicleta en el perímetro urbano del municipio del Espinal (Tolima), fueron atropelladas por un vehículo automotor que era conducido por el señor Víctor Miguel Calderón Cardozo, resultando lesionadas con ocasión de dicha colisión.

b) Que mediante la resolución proferida el 10 de octubre de 1994, la Fiscalía Quince Unidad Local del Espinal (Tolima), dictó medida de aseguramiento consistente en caución prendaria en contra del conductor Víctor Miguel Calderón Cardozo.

c) Que dentro del citado proceso penal, las lesionadas se constituyeron en parte civil a través de demanda formulada ante la Unidad de Fiscalía Local 15 del Espinal y en ella solicitaron la vinculación como tercero civilmente responsable de la sociedad Agricultores del Tolima S.A. “Agritsa S.A”., a efectos de que:

“respondan con la carga indemnizatoria de daños y perjuicios tanto materiales como morales, por la comisión del hecho punible. Esta petición con fundamento en que, para la fecha del accidente, el conductor Víctor Miguel Calderón Cardozo, era una persona que dependía laboralmente de Agritsa, desempeñándose como chofer, por una parte, además, el vehículo de placas EPA 147 prestaba el servicio y era o es de propiedad de la citada empresa; lo anterior, en tratándose que por ministerio legal corresponde al titular del derecho de dominio, las funciones de dirección y vigilancia sobre el bien para que su destinación-uso no cause daños a terceros, máxime aún, si el infractor era subordinado y dependía como trabajador de la empresa agrícola, en su condición de conductor” (fl. 130 cdno. de pruebas).

d) En consecuencia, a través de providencia adiada el 19 de abril de 1995, la Fiscalía Quince Delegada ante los Juzgados Penales Municipales del Espinal admitió la demanda de parte civil incoada por las lesionadas en el accidente de tránsito y, aunado a ello, vinculó a la sociedad Agritsa S.A., en calidad de tercero civilmente responsable.

e) Posteriormente, la Unidad Local de Fiscalías del Espinal, el día 27 de junio de 1995, profirió Resolución de acusación en contra del señor Víctor Miguel Calderón Cardozo por la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas en contra de la señora Imelda Avilés de Cuéllar y la menor de edad Lissette Fernanda Cuéllar Avilés.

f) Durante la etapa de juzgamiento, el Juzgado Tercero Municipal del Espinal, dictó sentencia el día 30 de septiembre de 1998, en virtud de la cual se condenó al señor Víctor Miguel Calderón Cardozo por la comisión del delito de lesiones personales culposas y, adicionalmente, se condenó al tercero civilmente responsable “para la época de los hechos “Agritsa” –Agricultores del Tolima S.A.– actualmente denominada “Agrinsa S.A.” cuyo representante legal es el señor Jorge Alfredo Villa Murra, a pagar solidariamente los perjuicios tanto materiales como morales probados y tasados”.

g) Inconformes con la anterior decisión, el tercero civilmente responsable interpuso recurso de apelación y la parte civil interpusieron sendos recursos de apelación; no obstante, la impugnación presentada por Agrinsa S.A. fue declarada desierta por falta de sustentación, motivo por el cual sólo fue tramitado el recurso de alzada que presentó la parte civil (fl. 370 cdno. de pruebas).

h) Luego, el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal profirió sentencia de segunda instancia el día 9 de abril de 1999, por medio de la cual se resolvió lo siguiente:

“2. Aclarar el ordinal “SEXTO” de la parte resolutiva del mismo fallo, en el sentido de que la condena solidaria al pago de los perjuicios morales y materiales causados a la afectada Lizeth (sic) Cuéllar Avilés, se hace contra la empresa “Agroindustriales del Tolima S.A”. Agrinsa anteriormente denominada “Agritsa” cuyo representante legal es el señor Jorge Alfredo Villa Murra, liquidador de esta y que como tal debe salir al saneamiento de la correspondiente indemnización.

3. ABSTENERSE de condenar en forma solidaria y a título personal al pago de perjuicios causados con los hechos génesis de este proceso, al ciudadano Jorge Alfredo Villa Murra.

4. CONFIRMAR en lo demás la sentencia objeto de alzada”.

i) Mediante proveído calendado el 31 de mayo de 1999, el Juzgado Tercero Penal Municipal de El Espinal modificó la liquidación del pago de perjuicios presentada por el apoderado de la parte civil y, por ende, la estimó en una suma equivalente a $21’347.450,80.

La anterior decisión fue impugnada por el tercero civilmente responsable, sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Espinal, a través de auto calendado el 17 de enero de 2000, decidió inhibirse para asumir el conocimiento de dicha impugnación, de conformidad con lo siguiente:

“En efecto, trátese en el presente evento de un proceso penal concluido por agotamiento, es decir, en donde se observa todo el trámite procesal con el lleno de las garantías constitucionales y legales hasta quedar en firme la sentencia condenatoria de segunda instancia.

Solo falta ejecutar la sentencia en cuanto al pago de perjuicios y demás imposiciones, excepto lo atinente a la ejecución de la pena corporal que fue dejada en suspenso al habérsele otorgado al procesado el subrogado de la condena de ejecución condicional” (fls. 440-444 cdno. de pruebas).

De otra parte, respecto de los antecedentes de las sociedades Agritsa S.A., y Agrinsa S.A, se acreditó lo siguiente:

a) Que mediante Escritura Pública 633 del 27 de octubre de 1970, otorgada en la Notaría Única del Círculo del Espinal, se constituyó la sociedad Agricultores del Tolima S.A. Agritsa S.A., cuyo objeto social consistía en:

“1. Producción y mercadeo. Multiplicación, procesamiento, clasificación, compra y venta o almacenamiento de semillas. 2) comercialización de abonos, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, pesticidas, herbicidas, drogas veterinarias y utensilios para ganadería. 3) prestación del servicio de desmote y mercadeo de algodón y sus productos. 4) comercialización de productos agrícolas tales como: algodón, arroz paddy, arroz blanco, maíz, ajonjolí, sorgo y todo producto agrícola y sus subproductos, así como su importación y exportación de toda clase de vehículos, maquinaria e implementos agrícolas para su uso o para vender entre sus asociados o a terceros. 6) propender por el abaratamiento de los costos de producción, mejoramiento de la técnica agropecuaria buscando la defensa del gremio en cuanto haga relación con la adquisición de semillas, fertilizantes e insumos y abaratamiento del transporte. Así mismo realizar investigaciones técnicas de carácter agronómico buscando la optimización de los recursos disponibles para que se traduzca en mayores beneficios para el sector agrícola. (...)” (fls. 234-237 cdno. 1).

b) Que mediante auto de 19 de abril de 1995, se dispuso vincular como tercero civilmente responsable a la sociedad Agritsa S.A., dentro del proceso penal adelantado en contra del señor Víctor Miguel Calderón Cardozo.

c) Que mediante Escritura Pública 952 del 22 de septiembre de 1995, otorgada ante la Notaría Primera del Círculo del Espinal, se constituyó la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A. Agrinsa S.A., en cuyo objeto social se indicó lo siguiente:

“La sociedad tendrá como objeto: 1. Producción y mercadeo, multiplicación, procesamiento, clasificación, compra y venta o almacenamiento de semillas. 2. Comercialización de abonos, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, pesticidas, herbicidas, drogas veterinarias y utensilios para ganadería. 3. Prestación del servicio de desmote y mercadeo de algodón y sus subproductos. 4. Comercialización de productos agrícolas tales como: algodón, arroz paddy, arroz blanco, maíz, sorgo y todo producto agrícola y sus subproductos, así como importación y exportación. 5. Importación y exportación de toda clase de vehículos maquinaria e implementos agrícolas para su uso o para vender entre sus asociados o a terceros. 6. Propender por el abaratamiento de los costos de producción, mejoramiento del gremio en cuanto haga relación con la adquisición, mejoramiento de la técnica agropecuaria buscando la defensa del gremio en cuanto haga relación con la adquisición de semillas, fertilizantes e insumos y abaratamiento del transporte. Así mismo realizar investigaciones técnicas de carácter agronómico buscando la optimización de los recursos disponibles para que se traduzca en mayores beneficios para el sector agrícola. (...)”.

d) Que mediante Escritura Pública 389 del 9 de mayo de 1997, otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo del Espinal, se reformó el contrato social de Agritsa S.A., en los siguientes términos:

“procede a elevar a escritura pública y así solemnizar la reforma de estatutos, consistente en declarar extraordinariamente disuelta la sociedad y procede a su liquidación, aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “Agritsa S.A”. en su reunión del 21 de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997), según consta en Acta número 129 para lo cual se protocoliza con esta escritura. 2. Que de conformidad con lo anteriormente expuesto el artículo primero de los estatutos sociales de la sociedad en lo sucesivo quedará así: ART. 1º—La sociedad que por medio de estos estatutos se reforma, continúa llamándose Agricultores del Tolima S.A. “Agritsa” –En liquidación. (Hasta aquí la reforma). Nombramientos: De igual forma la Asamblea acordó nombrar como liquidador al actual Gerente, Doctor Jorge Alfredo Villa Murra (...)”.

e) Que mediante Escritura Pública 230 de 11 de marzo de 1998, otorgada ante la Notaría Segunda del Círculo del Espinal, se liquidó la sociedad Agricultores del Tolima S.A. –Agritsa En liquidación–.

En dicho documento se dejó constancia de lo siguiente:

“2. Que se eleva a escritura pública y protocoliza el Acta ciento treinta (130) del veintidós (22) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), por la cual se liquida la sociedad Agricultores del Tolima S.A. Agritsa, la cual es del siguiente tenor:

ACTA 130

En la ciudad del Espinal, Tolima, República de Colombia, siendo las 9:00 a.m. del día 22 de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), se reunieron extraordinariamente los accionistas de la sociedad denominada Agricultores del Tolima S.A. Agritsa, en la sede social de la misma, ubicada en el kilómetro tres (3), vía Idema, zona industrial de dicha ciudad, previa convocatoria hecha por el liquidador de la sociedad, mediante aviso publicado en el diario La República el día 30 de diciembre de 1997, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad.

(...).

3. Informe del liquidador.

En uso de la palabra el doctor Jorge Alfredo Villa Murra, se permite rendir un informe detallado a los accionistas del proceso de liquidación de la compañía Agricultores del Tolima S.A. “Agritsa”, así:

a) Mediante Escritura Pública 339 del 9 de mayo de 1997, otorgada por la Notaría Segunda del Espinal, se solemnizó la reforma estatutaria aprobada por el máximo órgano social en su reunión del 21 del 21 de marzo de 1997 (Acta 129), consistente en la disolución anticipada y consiguiente liquidación de la compañía Agritsa S.A.

b) La citada escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del Espinal bajo el número 2880 del libro respectivo, el día 28 de mayo del año en curso.

c) En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 232 del Código de Comercio, mediante aviso publicado en el diario La República, el día 21 de octubre de 1997, se informó a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la compañía, con el fin de que se acercaran a las instalaciones de las mismas a reclamar el valor de sus créditos.

d) En consecuencia, a la fecha solamente existe un pasivo externo a favor de los siguientes accionistas, por conceptos de dividendos decretados en ejercicios anteriores, cuyo pago se hará en la forma que más adelante se señala.

e) Teniendo en cuenta que hasta el momento tales accionistas no se han presentado a reclamar el valor correspondiente, y a efectos de facilitar la culminación del proceso liquidatario de la compañía Agritsa S.A. propone a los accionistas la constitución de una fiducia de administración y fuente de pago, con el fin de que la fiduciaria cancele a cada uno de los beneficiarios el crédito a su favor, en la forma, términos y condiciones allí estipulados. Dicho contrato se celebrará con la Fiduciaria del Banco Popular.

f) Los activos fijos denominados propiedad, planta y equipo fueron objeto de un avalúo comercial elaborado por la firma Asociación para el Desarrollo del Tolima ADT, por la suma de $1’346.941.941 (...).

g) Las actividades desarrolladas por el suscrito se han limitado única y exclusivamente a realizar algunos activos de propiedad de la empresa, cuyo producto se ha destinado al pago del pasivo externo, respetando los privilegios y preferencias establecidas en la ley, así como los gastos de administración causados durante el trámite del proceso liquidatorio.

h) Actualmente existen los siguientes procesos instaurados contra la sociedad:

DemandanteClaseJuzgadoEstado
Felipe GualacoOrdin. LaboralT.A.C.Cio Esp.Aud. Pru
Hermides GamboaOrdinarioTribunal Ibag.P. Fallo
Víctor CalderónOrdin. Respons. 3º Penal MunicipalP. FalloCivil Extracontr.

Con el fin de facilitar el aludido proceso liquidatorio, el liquidador manifiesta expresamente que asume de manera directa, personal y bajo su responsabilidad las posibles contingencias y resultados que puedan derivarse de los precitados procesos.

i) Igualmente, existen los siguientes procesos adelantados por Agritsa S.A.

DemandadoClaseJuzgado(...)
Coagrotécnica.Ejecutivo2º Civil Mpal. Esp. 
Juan Manuel Bec. y Cía. Ltda. Ejecutivo2º Civil Mpal. Esp.  
Perdomo Godoy Gerardo.Ejecutivo1º Civil Mpal. Gdot. 
Conde Ducuara JustinoEjecutivo1º Civil Mpal. Purif. 
Ortiz Guarnizo FernandoEjecutivo1º Civil Cto. Esp. 

Tales derechos litigiosos, a pesar de haber sido castigados contra pérdidas y ganancias, dada su imposibilidad de recuperación, fueron cedidos a la compañía Agroindustriales del Tolima S.A., por un valor de $1’000.000, con el fin de que la misma asuma la representación dentro de los procesos respectivos.

j) Así mismo, se cede a la nombrada sociedad los derechos que ante la DIAN le puedan corresponder a Agritsa, por concepto de la posible devolución de la contribución especial correspondiente al año gravable de 1995. Derechos que se encuentran incluidos dentro del monto antes indicado, pudiendo Agrinsa solicitar la respectiva devolución o compensación de la suma resultante a su favor.

k) Igualmente se incluye en esta operación la reclamación por $12’000.000,00 adelantada ante Electrolima S.A. como reliquidación por posible error sobre el factor aplicado a la facturación por este servicio público, quedando de esta forma Agrinsa autorizada para recibir o compensar a su favor el valor resultante” (negrillas adicionales fuera del texto original).

Caso concreto

Dentro del asunto sub judice, la Sala observa que la parte actora solicitó indemnización a cargo de la Administración Pública por los perjuicios causados con ocasión de la providencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal, el día 9 de abril de 1999, a través de la cual se aclaró la condena impuesta a la sociedad Agrinsa S.A., en su calidad de tercero civilmente responsable.

Los argumentos que expuso la referida sociedad, bueno es reiterarlo, están encaminados a sostener que las autoridades judiciales citadas incurrieron en un error jurisdiccional al condenar, de manera sorpresiva, a la sociedad Agrinsa S.A., cuando en realidad la vinculada dentro de aquel proceso penal fue la sociedad Agritsa S.A., en calidad de tercero civilmente responsable.

Pues bien, una vez analizados los medios de acreditación obrantes en el expediente, esta Subsección observa que la sociedad Agritsa S.A., surgió a la vida jurídica(13) el día 27 de octubre de 1970, a través de la Escritura Pública 633, la cual fue registrada en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, el día 6 de septiembre de 1983(14).

Por su parte, la sociedad Agrinsa S.A., se constituyó el día 22 de septiembre de 1995, a través de la Escritura Pública 952, la cual fue registrada en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, el día 29 de septiembre de 1995.

Posteriormente, la primera de las nombradas, Agritsa S.A., fue declarada disuelta y en estado de liquidación a través de la Escritura Pública 389 de 9 de mayo de 1997 y, adicionalmente, el señor Jorge Alfredo Villa Murra fue nombrado en el cargo de gerente liquidador(15).

En consecuencia, Agritsa S.A. fue liquidada a través de la Escritura Pública 230 de 11 de marzo de 1998, en la cual se dejó constancia que para la época de dicha liquidación, ese ente societario estaba adelantando diversos procesos judiciales y que además los correspondientes derechos litigiosos “a pesar de haber sido castigados contra pérdidas y ganancias, dada su imposibilidad de recuperación, fueron cedidos a la compañía Agroindustriales del Tolima S.A., por un valor de $1’000.000, con el fin de que la misma asuma la representación y defensa dentro de los procesos respectivos”.

Asimismo, se precisó que en contra de la sociedad Agritsa S.A., se estaba tramitando un proceso penal en el Juzgado Tercero Penal Municipal del Espinal, sin embargo, en la correspondiente acta de liquidación se indicó que el liquidador de Agritsa S.A., señor Jorge Alfredo Villa Murra, manifestaba expresamente que asumía de manera directa, personal y bajo su responsabilidad las posibles contingencias y resultados que pudieran derivarse del proceso citado.

Al respecto, la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal al confirmar la condena impuesta a cargo del señor Víctor Miguel Calderón Cardozo y de la sociedad Agrinsa S.A., señaló lo siguiente:

“No procede la condena a título personal del ciudadano Jorge Alfredo Villa Murra, al pago de perjuicios en forma solidaria por haberse comprometido de manera personal y directa a responder por las contingencias que resultaran de la empresa Agritsa de la cual fue liquidador, dado que no fue vinculado al proceso como tal, es decir no se le notificó en debida forma la demanda, no se le corrió traslado, ni se le permitió controvertir las pruebas en su contra y de esta manera se iría en contravía de lo preceptuado por el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal”.

Así pues, de lo anterior se desprende que al momento de la liquidación de la sociedad Agritsa S.A. se efectuó una discriminación de los procesos judiciales i) que habían sido adelantados por la extinta persona jurídica y ii) los que se habían instaurados en su contra, para efectos de definir, por un lado, que los primeros de ellos serían cedidos a la sociedad Agrinsa S.A., mientras que, por el otro, los asuntos que cursaban en su contra serían asumidos de manera personal por el gerente liquidador de Agritsa S.A.

No obstante lo anterior, el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal, en la sentencia de 9 de abril de 1999 —providencia supuestamente contentiva del error jurisdiccional alegado por la parte demandante—, en aras de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción del gerente liquidador de Agritsa S.A., se abstuvo de condenar a dicho funcionario por los perjuicios ocasionados a la señora Imelda Avilés de Cuéllar y a su menor hija Lissette Cuéllar Avilés en un accidente de tránsito, toda vez que aquél nunca fue vinculado al proceso penal.

Por lo tanto, la Sala observa que las autoridades judiciales penales ante la imposibilidad de proferir una condena en contra de una sociedad que, incluso al momento de ser estudiado el referido litigio en la primera instancia, ya se había disuelto y liquidado, procedieron a condenar a la sociedad Agrinsa S.A., teniendo en cuenta que ésta última había asumido la representación y defensa de diversos procesos ejecutivos que Agritsa S.A., había iniciado contra personas naturales.

Adicionalmente, dentro del proceso penal se observa una constancia de enteramiento expedida por la Secretaría del Juzgado Tercero Penal Municipal del Espinal que da cuenta de lo siguiente:

“Se deja constancia que en la fecha entero en forma personal del contenido de la providencia. Sentencia. Inmediatamente anterior al Dr. Cipriano Guzmán Duarte como apoderado del tercero civilmente responsable. Quien para constancia manifestó “una vez enterado del contenido de esta providencia, interpongo el recurso de apelación contra la providencia que antecede y manifiesto que sustentaré dicho recurso en forma escrita y dentro del término legal. Para constancia firma tal como aparece” (negrillas fuera del texto original).

No obstante lo anterior, la impugnación presentada por el tercero civilmente afectado fue declarada desierta, toda vez que dicho sujeto procesal no sustentó dicho recurso dentro de la oportunidad procesal correspondiente, motivo por el cual, dentro del proceso penal sólo fue resuelta en segunda instancia la apelación formulada por la parte civil, en virtud de la cual se confirmó la condena impuesta a cargo de la sociedad Agrinsa S.A.

En consecuencia, la parte civil inició proceso civil de ejecución en contra de la sociedad Agrinsa S.A., el cual se tramitó por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Espinal.

Posteriormente, la sociedad Agrinsa S.A., formuló acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, comoquiera que consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso dentro del proceso penal dentro del cual resultó condenada.

Por consiguiente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al dictar sentencia el día 7 de marzo de 2000, resolvió lo siguiente:

“1. CONCEDER la tutela formulada por el representante legal de la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A.

2. En consecuencia, se deja sin ningún efecto jurídico lo atinente a la parte resolutiva de las sentencias de primera y segunda instancia, en cuanto a la condena en perjuicio impuesta a la sociedad Agrinsa de manera extensiva como tercero civilmente responsable, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

3. Niéganse las otras pretensiones.

4. Si esta decisión no fuere impugnada, dese cumplimiento a los ordenamientos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991” (fls. 607-613 cdno. 1).

Las consideraciones que sirvieron de fundamento a dicha decisión fueron las siguientes:

“Considera la Sala, que pese a que las dos sociedades tuvieron el mismo representante legal, en verdad se trata de dos sociedades totalmente distintas Agritsa y Agrinsa, según se desprende de la documentación anexada al expediente, y por consiguiente al no haberse vinculado procesalmente a la sociedad Agroindustriales del Tolima S.A. “Agrinsa” no era procedente dentro de la sentencia del proceso penal de marras condenarla por ningún concepto y por lo mismo, no se encontraba habilitada jurídicamente para impugnar dicho fallo, máxime, cuando la accionante vino a percatarse de la sentencia en su contra cuando fue ejecutada ante el Juzgado Civil del Circuito del Espinal, según lo expresó en su libelo, lo que conlleva a dejar sin efecto jurídico alguno, en ambas sentencias (de primera y segunda instancia), lo atinente al pronunciamiento que se hizo al extenderse el fallo a la persona jurídica sociedad Agroindustriales del Tolima “Agrinsa”.

Resulta menester advertir que dicha providencia no fue objeto de selección para revisión por parte de la Corte Constitucional, de conformidad con la constancia obrante a folio 615 del cuaderno 1 del expediente.

• El hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual al Estado.

La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder activo u omisivo de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“... Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño...”(16).

De igual forma, se ha dicho:

“... para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración”(17).”(18) (resaltado fuera del texto original).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, conviene aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello comoquiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así,

“...se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad. Al respecto, son interesantes las siguientes precisiones del profesor Javier Tamayo Jaramillo:

“Para explicar el vínculo de causalidad que debe existir entre el hecho y el daño, se han ideado varias teorías; las más importantes son: la “teoría de la equivalencia de las condiciones” y “la teoría de la causalidad adecuada”. De acuerdo con la primera, todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder. A esta teoría se la rechaza por su inaplicabilidad práctica, pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito. Para suavizar este criterio, se ha ideado la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño...

A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño”(19)(20).

Ahora bien, previo a descender al caso concreto la Sala efectuará algunas precisiones en relación con ciertas actuaciones surtidas dentro del proceso penal mencionado y dentro del cual se dictaron unos proveídos respecto de los cuales la sociedad Agrinsa S.A., alega se le causaron ciertos perjuicios.

En primer lugar, el artículo 185 de la Ley 600 de 2000 —cuerpo normativo vigente en la época de ocurrencia de la conducta punible—, en relación con las providencias proferidas dentro del proceso penal dispuso que contra ellas procedían los recursos de reposición, apelación y de queja(21).

A su turno, el artículo 186 del anterior Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000— disponía que los recursos ordinarios podían interponerse desde la fecha en que se hubiese dictado la providencia, hasta cuando transcurrieran tres (3) días, contados a partir de la última notificación(22).

Por su parte, el artículo 191 del citado cuerpo normativo consagró que salvo disposición en contrario, el recurso de apelación procedía contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia.

Respecto del trámite del recurso de apelación contra providencias dictadas dentro del proceso penal, el artículo 194 de la Ley 600 dispuso lo siguiente:

ART. 194.—Sustentación en primera instancia del recurso de apelación. Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la sustentación respectiva. Precluido el término anterior, correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cuatro (4) días.

Cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, mediante providencia de sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición.

Si fuese viable se concederá en forma inmediata mediante providencia de sustanciación en que se indique el efecto en que se concede.

Cuando se interponga como principal el recurso de reposición y subsidiario el de apelación, negada la reposición y concedida la apelación, el proceso quedará a disposición de los sujetos procesales en traslado común por el término de tres (3) días, para que, sí lo consideran conveniente, adicionen los argumentos presentados, vencidos los cuales se enviará en forma inmediata la actuación al superior. (...)” (negrillas adicionales fuera del texto original).

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que si bien dentro del proceso penal la parte actora, Agrinsa S.A., interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de El Espinal, el 30 de septiembre de 1998, lo cierto es que dicha impugnación fue declarada desierta, toda vez que el referido sujeto procesal no cumplió con la carga procesal de sustentar el correspondiente recurso, circunstancia que debe considerarse como si la parte nunca hubiera apelado.

Además, se destaca que la decisión que declaró desierto el recurso de apelación tampoco fue objeto de reposición alguna, de conformidad con lo contemplado en el artículo 194 de la Ley 600 de 2000.

Adicionalmente, conviene advertir que si bien la parte actora, de manera posterior, presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, la cual resultó favorable a sus intereses, toda vez que en dicha decisión se ordenó dejar sin efectos la parte resolutiva de las providencias contentivas del supuesto error judicial, lo cierto es que dicha acción constitucional no puede ser considerado un recurso ordinario. Al respecto, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, ha señalado que:

“La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales(23) (se destaca).

En ese orden de ideas, la Sala observa que la parte actora asumió una conducta pasiva dentro del proceso penal, comoquiera que se abstuvo de cuestionar o impugnar, a través del recurso procedente antes referido, la providencia que profirió una condena en su contra, omisión o pasividad que determina que el daño alegado por la parte actora sea atribuible a la culpa exclusiva de la propia víctima.

Así las cosas, en el asunto sub judice para la Sala no ofrece duda alguna el hecho de que la sociedad Agrinsa S.A., no obró en la forma debida o, mejor, en la que le era jurídicamente exigible, toda vez que omitió sustentar el recurso de apelación procedente contra la providencia dictada por el Juzgado Tercero Municipal de El Espinal, en virtud de la cual se condenó a dicha sociedad al pago de los perjuicios causados a la señora Imelda Avilés de Cuéllar y a su menor hija Lissette Fernanda Cuéllar Avilés, pasividad que hace que el daño reclamado en la demanda se deba a la culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto, la Sala ha señalado lo siguiente:

“Cabe finalmente advertir que al interesado en que se declare la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de los [que] ejercen la función de administrar justicia, no les basta probar la existencia del daño o la existencia de un acto o hecho de la rama judicial, es indispensable demostrar que aquel es la causa jurídica del daño.

Es por ello que la responsabilidad patrimonial requiere para su configuración, que el afectado no haya generado la situación que le es perjudicial, a cuyo efecto debe probar que agotó todos los recursos legales con los que contaba para evitar o excluir la perturbación. De lo contrario, estaríamos frente a un perjuicio ocasionado por la negligencia o falla del propio afectado y se impondría la absolución del Estado.

Así lo previó la Ley 270 de 1996, que establece como presupuestos del error jurisdiccional que el afectado haya interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado, cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y que la providencia contentiva de error esté en firme(24)”.

Así pues, al registrar de manera tácita su conformidad o complacencia para con el contenido de una determinada decisión judicial, la parte respectiva renuncia y/o pierde la oportunidad de alegar posteriormente, por vía de la acción de reparación directa, el reconocimiento o indemnización de los perjuicios que le hubiere generado aquella decisión judicial frente a la cual, en su debida oportunidad, se mostró conforme o satisfecho a través de su pasividad, lo cual obliga a reafirmar el principio de que nadie puede beneficiarse de su propia torpeza o negligencia.

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037 de 1996, a través de la cual se efectuó la revisión del proyecto de la “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en relación con el artículo 70 del referido cuerpo legislativo, precisó:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P. art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa” (se destaca).

A su turno, la doctrina nacional ha destacado la finalidad e importancia que representa el ejercicio oportuno de los recursos por parte del administrado, dentro del trámite de un proceso judicial, en los siguientes términos:

“Los actos del juez, como toda obra humana, son susceptibles de error, bien por fallas en la aplicación de normas sustanciales o procesales, o por olvidos del funcionario. Puede, inclusive, suceder que la actuación del juez sea correcta, ajustada en un todo a la legalidad, pero que una parte, aun las dos o un tercero autorizado para concurrir al proceso estimen que vulnera sus derechos. Por ello se hace necesario permitir a las personas habilitadas para intervenir dentro de un proceso, el uso de los instrumentos adecuados para restablecer la normalidad jurídica si es que ésta realmente fue alterada o para erradicar toda incertidumbre que el presunto afectado pueda albergar cuando es él y no el juez el equivocado.

Esos instrumentos son, precisamente, los recursos o medios de impugnación que tienen las partes y los terceros habilitados para intervenir dentro de un proceso para solicitar la reforma o revocatoria de una providencia judicial.

(...)”(25) (se destaca).

De igual manera, el tribunal constitucional, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado respecto del alcance que tiene la presentación de los recursos dentro de un proceso judicial como una manera de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia; en efecto, en Sentencia C-716 de 2003 manifestó lo siguiente:

Como una de las formas de garantizar el debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas se encuentran los recursos, establecidos por los ordenamientos jurídico-procesales, con el fin de obtener a través de su oportuno ejercicio la corrección de los yerros contenidos en decisiones judiciales. Los recursos o medios de impugnación, han sido clasificados por el legislador en ordinarios y extraordinarios, dentro de estos últimos están el recurso extraordinario de casación y el de revisión” (se resalta).

En ese orden de ideas, no cabe lugar a dudas que todo ciudadano que haya acudido ante algún operador judicial a ventilar determinado asunto, dispone de diversos mecanismos y/o instrumentos procesales que le permiten controvertir las decisiones que lo afecten y/o con las cuales se encuentre en desacuerdo, por lo tanto, constituye un deber de todo sujeto procesal el ejercicio oportuno de los medios de impugnación dentro de cada asunto judicial, cuando las circunstancias así lo ameriten, con el fin de obtener del juez respectivo la corrección o revocatoria de determinada providencia.

Así las cosas, dadas las particularidades del presente caso y consecuentemente con la línea jurisprudencial a la que, igualmente, se aludió en precedencia de acuerdo con la cual la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad a la Administración Pública, no puede menos que concluirse que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, se encuentra debidamente demostrada en el expediente la concurrencia de la culpa exclusiva de la víctima, sociedad Agrinsa S.A., en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Espinal por cuya virtud se le condenó a resarcir los perjuicios causados a la señora Imelda Avilés de Cuéllar y a su menor hija Lissette Fernanda Cuéllar Avilés.

En virtud de lo anterior, a juicio de la Sala se encuentra plenamente acreditada en el expediente la inexistencia de nexo causal entre la condena dictada en su contra dentro del proceso penal adelantado en relación con el señor Víctor Manuel Calderón Cardozo y los perjuicios por cuya indemnización se reclama en el asunto sub judice, pues la adopción de tales decisiones no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la administración de justicia —a pesar de ser su causa inmediata—, sino en la conducta pasiva que asumió la propia víctima, quien se abstuvo de ejercer dentro de la oportunidad respectiva los recursos procedentes de ley, contra la providencia que decretó dicha condena en su contra.

Finalmente, la circunstancia de que el juez de tutela haya dejado sin efectos jurídicos la parte resolutiva de las providencias supuestamente contentivas de error jurisdiccional, reafirma la decisión de denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que resulta inconcebible que se declare la responsabilidad de la administración por la expedición de unas providencias que fueron eliminadas de la esfera jurídica, en virtud de una sentencia de tutela dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el día 7 de marzo de 2000.

5. Llamados en garantía.

Toda vez que en el asunto sub judice se revocará la decisión proferida por el tribunal administrativo a quo y, en su lugar, se denegarán las súplicas de la demanda, la Sala se releva de estudiar la responsabilidad de los llamados en garantía.

6. Compulsa de copias.

La Sala estima procedente compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que dicha institución indague, dentro del marco de sus competencias, la licitud o ilicitud penal acerca de la decisión adoptada por los socios y/o directivos de la sociedad de Agritsa S.A., consistente en constituir una nueva sociedad con denominación y objeto social similares, Agrinsa S.A., así como con socios y representante legal comunes, pocos meses después de que la propia Fiscalía General de la Nación decidió vincular como tercero civilmente responsable a la primera de las sociedades mencionadas cuya liquidación también fue coincidencialmente decidida pocos meses antes de que se profiriera sentencia en su contra, nada de lo cual fue suficientemente advertido y clarificado ante las autoridades judiciales competentes que incurrieron en el error de confundir a una de esas sociedades con la otra, yerro frente al cual, a pesar de haberlo conocido, las sociedades en mención y, por supuesto, sus respectivos directivos y/o representantes, guardaron un llamativo y muy conveniente silencio.

En efecto, esta subsección observó lo siguiente:

— La sociedad Agritsa S.A., fue legamente constituida el día 27 de octubre de 1970 y años más tarde, mediante resolución de abril 19 de 1995, fue vinculada a un proceso penal en calidad de tercero civilmente responsable, por la Fiscalía Quince Delegada ante los Juzgados Penales Municipales del Espinal.

— El 22 de septiembre de 1995, meses después de conocer la referida decisión judicial, se constituyó una nueva sociedad denominada Agrinsa S.A.

— El 9 de mayo de 1997, la sociedad Agritsa S.A., se declaró disuelta y en estado de liquidación.

— El 11 de marzo de 1998 se liquidó la sociedad Agritsa S.A.

— Cinco meses después de la liquidación de Agritsa S.A., esto es el 30 de septiembre de 1998, se dictó sentencia dentro del proceso penal, en el cual resultó condenada, en calidad de tercero civilmente responsable, pero por razón de su inexistencia finalmente la condenó se pronunció en contra de la sociedad Agrinsa S.A.

— Los objetos sociales de Agritsa S.A. y Agrinsa S.A., se fijaron con gran identidad entre sí y, adicionalmente, sus respectivas razones sociales se adoptaron con enorme similitud de carácter visual y fonético.

— El señor Jorge Alfredo Villa Murra ocupó los cargos de gerente de Agritsa S.A., y de gerente liquidador de dicha sociedad, así como el de gerente de Agrinsa S.A., afirmación que fue corroborada por el propio funcionario en declaración rendida en el presente proceso.

— Durante la audiencia pública celebrada dentro del proceso penal, el apoderado de la parte civil afirmó lo siguiente:

“Conforme lo expresé anteriormente, recientemente la sociedad Agricultores del Tolima S.A. fue liquidada el 11 de marzo de 1998. En la escritura de liquidación de la Notaría Segunda de este círculo, al obrar como liquidador su propio Gerente, el Dr. Jorge Alfredo Villa Murra, (...), actuar liquidador de Agritsa S.A., en la cláusula segunda se hizo escritura 3 inciso f) (sic) es el mismo liquidador antes nombrado quien manifiesta expresamente que asume de manera directa y personal y bajo su propia responsabilidad las contingencias y resultados que se pueden derivar de los procesos, entre otros, el que hoy nos ocupa en esta audiencia por lesiones personales contra Víctor Miguel Calderón Cardozo. En estas condiciones solicito respetuosamente al Despacho hacer extensiva que la parte escrituraria a que ha hecho mención (sic) sobre el cubrimiento de los daños y perjuicios que prácticamente quedaron a cargo del Dr. Jorge Alfredo Villa Murra, liquidador de Agritsa, hoy gerente de la sociedad de Agrinsa, Agroindustriales del Tolima S.A., que al parecer esta sociedad fue el reemplazo de Agritsa donde también era gerente el Dr. Villa murra. (...)” (se destaca).

— En la referida audiencia pública, el apoderado de la sociedad Agritsa S.A., se limitó a manifestar lo siguiente:

“En uso de la palabra que me ha sido concedida por el Juzgado y como abogado de la empresa civilmente responsable de los hechos materia de esta resolución de acusación por ser el conductor por esa época de la misma, manifiesto al Juzgado especialmente también a la doctora fiscal y a los colegas que han intervenido en la audiencia que aunque no aporto ningún certificado médico en este momento de la realización de esta diligencia, sí manifiesto que he asistido a ella por cumplir con el deber que se me confió pero que no tengo las actitudes en este momento para hacer más extensiva la defensa que he hecho a favor de la parte que represento, pues ya que a lo largo o a través de la etapa 111 (sic) sumarial como también del dictamen pericial estuve presente en representación de mi poderdante, sin embargo analizadas las pruebas especialmente las pruebas testimoniales que fueron aportadas por el sindicado o procesado señor Calderón Cardozo, pido a la doctora Juez que al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda se tenga en cuenta el análisis de todas y cada una de las pruebas que fueron aportadas y con las cuales se profirió la resolución de acusación. Considero que hice todo lo necesario de acuerdo y acorde en relación con lo que me correspondía en el proceso ya que las demás pruebas eran exclusivamente de la defensa del procesado. Sin embargo en razón de que nuestro procedimiento penal exige que para que se pueda dictar una sentencia condenatoria se necesita que estén plenamente probados los hechos es por lo que pido con todo respeto a la doctora Juez que conocer de esta causa que se absuelva a la parte que represento en lo que sea favorable ya que como dije antes deben analizarse todas las pruebas en su conjunto” (fls. 327-329 cdno. 2).

De los hechos descritos se desprende con claridad que el apoderado de la sociedad liquidada guardó silencio, ante el juez penal competente, en relación con las afirmaciones efectuadas por el representante judicial de la parte civil quien señaló que aparentemente la sociedad Agrinsa S.A., sería el reemplazo de la sociedad Agritsa S.A., manifestación respecto de la cual el apoderado de la entidad liquidada no hizo reparo alguno, sino que por el contrario mostró cierta complacencia con dicha aseveración que, de una u otra manera, habría podido generar cierta confusión en los jueces penales al momento de resolver de fondo el proceso que cursaba en aquella jurisdicción.

7. Costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes ha actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 8 de octubre de 2003 y, en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Por secretaría de la sección, COMPÚLSENSE copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en el numeral 6 de la parte considerativa de la presente providencia.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos A. Zambrano Barrera—Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16.594. Actor: Svetla Petkova de Morales.

(3) Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997; expediente 10.285”.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001); C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicación 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña; Demandado: Nación- Ministerio de Justicia.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero 28 de 1999; C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(6) Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca”.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Expediente 15.576.

(8) Nota original de la sentencia citada: “La alusión que aquí se efectúa a la “ley” debe entenderse en un sentido amplio, es decir, comprensivo de todo el ordenamiento jurídico, como no de otro modo puede entenderse en un “Estado de Derecho”, que no es meramente un “Estado legal”, recurriendo a la terminología empleada por Jaime Orlando Santofimio. Para este autor, precisamente, “[L]a legalidad entendida como elemento del Estado de derecho no se circunscribe a los estrechos marcos del positivismo legal. En otras palabras, no podemos asimilarla exclusivamente al acatamiento o sometimiento de la ley en estricto sentido (...) la legalidad implica una aproximación al concepto sustancial de derecho, lo que recoge irremediablemente la totalidad de normas, principios y valores que inspiran el sistema jurídico. Para ser más exactos, el principio de legalidad así entendido resulta asimilable al principio del respeto y acatamiento al bloque de la legalidad que recoge la totalidad de elementos articulados en el llamado sistema jurídico”. Cfr. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Introducción, Tomo I, segunda reimpresión de la tercera edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pág. 363-365”.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Expediente 15.576.

(10) Expediente 18059. Actor: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(11) Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca”.

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Expediente 15.576.

(13) Artículo 110 del Código de Comercio: La sociedad comercial se constituirá por escritura pública (...).

(14) Artículo 112 del Código de Comercio: Mientras la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios.

(15) Esta Subsección advierte que se encuentra acreditado que el señor Jorge Alfredo Villa Murra ocupó los cargos de gerente de Agritsa S.A., y gerente liquidador de dicha sociedad, así como el de gerente de Agrinsa S.A.; la anterior afirmación fue corroborada por el propio funcionario en declaración rendida en la presente instancia.

(16) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

(17) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veinte (20) de abril de dos mil cinco (2005); C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Radicación: 05001-23-24-000-1994-00103-01(15784); Actor: Francisco Luis Vanegas Ospina y otros; Demandado: Municipio de Tarso.

(19) Nota original de la sentencia citada: Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa. Edit. Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996. pág. 245, 246.

(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciocho de octubre de dos mil, Radicación 11981; C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Actor: María Celeny Zapata Zapata y otros.

(21) Artículo 185 de la Ley 600 de 2000: Clases. “Contra las providencias proferidas dentro del proceso penal, proceden los recursos de reposición, apelación y de queja, que se interpondrán por escrito, salvo disposición en contrario”.

(22) Artículo 186 de la Ley 600 de 2000: Legitimidad y oportunidad para interponerlos. “Salvo los casos en que la impugnación deba hacerse en estrados, los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días, contados a partir de la última notificación”.

(23) Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(24) Consejo de Estado. Sentencia de 5 de diciembre de 2007. Expediente 25000-23-26-000-1995-00767-01(15128). M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(25) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil: Parte General. 2005, págs. 742-745.