Sentencia 2000-03234 de diciembre 3 de 2012

 

Sentencia 2000-03234 de diciembre 3 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 26258

Radicación: 19001-23-31-000-2000-03234-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: María Rosa Catalina Melo Bravo y otros

Demandado: Nación-Rama Judicial-Dirección ejecutiva de administración judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. Por ser competente, procede la Sala a decidir en segunda instancia(1), el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 9 de septiembre de 2003.

II. Validez de los medios de prueba

7. El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”. No obstante, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo —aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación— si las dos partes solicitan su traslado, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

7.1. En el caso objeto de examen, la parte actora solicitó expresamente el traslado de las pruebas practicadas dentro del proceso penal adelantado contra la señora María Rosa Catalina Melo Bravo, por el delito de “infracción Ley 30/86”. Estas pruebas serán valoradas(3) debido a que la demandada, a través de la fiscalía regional delegada de Popayán y de Cali, del juzgado regional de Santiago de Cali y del tribunal nacional, intervino en su práctica, por lo cual se entiende que se han surtido con su audiencia, de manera que en ningún caso podrá alegar su desconocimiento(4).

III. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. El 24 de junio de 1996, el comandante operativo del departamento de policía-Cauca, solicitó a la fiscalía once-unidad de reacción inmediata, se librara “orden de diligencia de allanamiento y registro a un inmueble ubicado en (…), en donde residen la señora Rosa Catalina Melo y el señor William Restrepo, los cuales a través de actividades de inteligencia se ha logrado establecer, que posiblemente sean los distribuidores de estupefacientes en la ciudad de Popayán y alrededores y en donde presumiblemente el día de hoy, halla (sic) un intercambio de droga traída del municipio del Tambo, Cauca”. Mediante providencia de la misma fecha, la fiscalía uno-unidad de reacción inmediata ordenó el mencionado allanamiento, que se llevó a cabo a las 6:30 p.m. de ese día con resultados negativos respecto de las sustancias ilícitas que se pretendía encontrar, aunque en el acta levantada con ocasión de la diligencia se anotó que “hay un bolso negro que se encuentra vacío, pero hay un penetrante olor a bazuco”; en el mismo bolso se encontró la cédula de ciudadanía de la señora María Rosa Catalina Melo Bravo (copia auténtica de: solicitud de allanamiento, orden de allanamiento y acta de la diligencia de allanamiento a un inmueble, todos los documentos de fecha junio 24 de 1996 —fls. 30-31-34, anexo 4—).

8.2. El 25 de junio de 1996 la fiscalía delegada ante los juzgados penales del Circuito de Popayán-Delitos contra la seguridad pública-Ley 30/86, declaró “legalmente abierta la instrucción” y en consideración a que “existen indicios sobre la participación de María Rosa Catalina Melo Bravo (…) en estos hechos, indicios como la manifestación hecha por la retenida Rosalba Ordoñez o María Rivera al ser retenida y durante la diligencia de allanamiento y registro lo expresado al fiscal, el dicho de la hija de esta en la misma diligencia a María Rosa Catalina Melo Bravo imputándole dedicarse en compañía de su cónyuge al negocio de estupefacientes”, resolvió vincular a la señora Melo Bravo a la investigación y ordenó librar orden de captura en su contra (copia auténtica de la providencia de junio 25 de 1996 —fls. 38-39, anexo 4—).

8.3. El 26 de junio de 1996 se libró la orden de captura 581 en contra de María Rosa Catalina Melo Bravo, la que se hizo efectiva el 27 de junio siguiente por agentes del CTI, durante una nueva diligencia de allanamiento y registro al inmueble en el que aquella residía, y que fuera ordenada por la fiscalía de conocimiento “con el fin de dar captura” a la mencionada señora. La detenida fue puesta a órdenes de la fiscalía de conocimiento, autoridad que expidió la boleta de detención 84 con destino al director de la cárcel de mujeres La Magdalena de Popayán, establecimiento al que ingresó el 28 de junio de 1996 (copia auténtica de: orden de captura 581 de junio 26 de 1996; orden de allanamiento y registro de un inmueble; acta de la diligencia de allanamiento y registro en la que se efectuó una captura; acta de derechos del capturado y boleta de detención 22, estos últimos documentos con fecha 27 de junio de 1996 y, boleta de encarcelamiento 84 de junio 28 de 1996 —fls. 50-53-54-61-70-84, anexo 4—).

8.4. A través de la providencia de 11 de julio de 1996, la Fiscalía General de la Nación-Regional Cali, resolvió la situación jurídica de la señora Melo Bravo, en contra de quien dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, como “presunta responsable del delito consagrado en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986, sin beneficio de excarcelación y con prohibición de salir del país” (c. auténtica —fls. 107-108, anexo 4—).

8.5. El 20 de junio de 1997, la fiscalía delegada ante los jueces regionales de Cali profirió resolución de acusación en su contra, como “presunta autora de la conducta que tipifica y sanciona el capítulo V artículo 33.1 del estatuto nacional de estupefacientes” y, decidió no conceder la libertad provisional de la detenida (copia auténtica de la providencia de 20 de junio de 1997, proferida por el fiscal regional de conocimiento —fls. 253-263, anexo 3—).

8.6. El 17 de febrero de 1998, el juzgado regional de Cali, profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual condenó a la señora María Rosa Catalina Melo Bravo “a la pena principal y corporal de cuatro (4) años de prisión y multa de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos, por la conducta descrita y sancionada en el capítulo V, inciso 1º del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, es decir, por adquirir y vender sin permiso de autoridad competente droga que produce dependencia, con cuyo comportamiento se puso en peligro el bien jurídico tutelado por la disposición penal transgredida que en el caso presente se trata de la salubridad pública” (resaltado original; providencia en original —fls. 340-352, anexo 3—).

8.7. La anterior providencia fue oportunamente apelada y el 28 de mayo de 1998, el tribunal nacional-Sala de decisión profirió sentencia de segunda instancia, en la que decidió revocar la sentencia impugnada y en su lugar absolver de toda responsabilidad penal a la señora Melo Bravo, comoquiera que se verificó que aquella no cometió el tipo penal que se le imputaba y, en consecuencia, se ordenó su “libertad inmediata e incondicional”. Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes (copia auténtica —fls. 4-30, anexo 2—):

… se tiene que en contra de la procesada Melo Bravo, obra esencialmente la versión rendida por María de Jesús Rivera Ordóñez, ya sentenciada anticipadamente, quien luego de que fuera sorprendida por la policía con dos alijos contentivos de kilo y medio de cocaína, al rendir descargos y respaldada por su hija Delly Mercedes Novoa Rivera, sostuvo que la aquí encausada y su marido (…) estaban también involucrados en el tráfico de estupefacientes, afirmando inclusive que ese mismo día había dejado otros paquetes de droga en la residencia de aquellos (…).

(…).

Sin embargo, del cuidadoso análisis de las probanzas legalmente incorporadas al informativo, la Sala encuentra que tal incriminación está huérfana de respaldo probatorio.

(…).

… probado está que la fiscalía practicó prontamente el allanamiento a la vivienda de Catalina Melo Bravo, resulta significativo que no se encontrara droga allí pese a que se localizaba muy cerca al sitio donde fue capturada María de Jesús Rivera, más aún cuando el dueño de la edificación ocupara (…) enfatiza que “la señora mía no me dijo nada de que alguien hubiera llegado antes a dejar una encomienda para Catalina y no sé por qué dirá eso esa señora (refiriéndose a María de Jesús Rivera), porque si ella hubiera dejado algo allí los policías lo hubieran encontrado, al igual que la fiscalía porque ellos entraron cuando entró el fiscal y además tenían rodeada la casa por todos lados, además en el apartamento de Catalina no había nadie”.

(…).

A restar aún más el inusitado crédito dado por el fiscal regional y el a quo a la versión incriminatoria de María de Jesús Rivera, concurre el indubitable hecho de que ofreció a sus captores que se quedaran con la mercancía a ella incautada a cambio de su libertad (…), lo que llevó a que se le procesara también por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

Estimamos que tal circunstancia no permite tener a María de Jesús Rivera Ordóñez como merecedora de credibilidad, ya que se presenta como una mujer sin escrúpulos, que con facilidad puede imputar a una persona inocente la comisión de un delito, con el único propósito de hacer menos gravoso su compromiso penal, como se demuestra con el hecho de que María de Jesús impetró en autos, la aplicación en su favor de los beneficios que por colaboración eficaz con la administración de justicia tiene establecidos el legislador.

Con lo anterior, para los suscritos magistrados lo aseverado por Catalina Melo Bravo al rendir indagatoria, mostrándose ajena a los hechos y negando enfáticamente las imputaciones hechas por la ya sentenciada María de Jesús Rivera, no fue desvirtuado por la prueba testimonial obrante en el proceso.

(…).

Conclusión:

Con base en lo relacionado, la Sala concluye que la incriminación contra María Rosa Catalina Melo Bravo se ha basado en simples conjeturas y sospechas, que obviamente no pueden elevarse a la categoría de indicios y mucho menos de necesarios y graves, por lo que condenar a una persona inocente solo para demostrar en las frías estadísticas que la justicia es eficaz en proferir fallos de condena, se erige en un despropósito para los fines establecidos en la actual Carta Política.

… la imputación hecha por la fiscalía regional a Catalina Melo y que fue secundada por el fallador de primer nivel, no está basada en juicios lógicos y concatenados, que se originaran en situaciones debidamente acreditadas a lo largo del trámite procesal, sino en simples elucubraciones y suspicacias…

8.8. El 29 de mayo de 1998 el tribunal nacional expidió la boleta de libertad 78, a favor de la señora María Rosa Catalina Melo Bravo, dirigida al director de la cárcel de mujeres La Magdalena de Popayán. La señora Melo Bravo quedó en libertad el 30 de mayo siguiente, luego de suscribir el acta de notificación personal de la sentencia de segunda instancia (copia auténtica de: boleta de libertad 78 y acta de notificación personal de la sentencia de segunda instancia —fls. 33 y 39, anexo 2—).

8.9. La providencia del 28 de mayo de 1998 cobró ejecutoria el 8 de julio de ese mismo año (copia auténtica del edicto fijado el 10 de junio de 1998 con la constancia de su desfijación y de la fecha de ejecutoria de la sentencia de 28 de mayo de 1998 —fl. 40, anexo 2—).

8.10. María Rosa Catalina Melo Bravo es la madre de la menor Adriana Biky Villareal Melo y de la señora Nubia Yamile Melo Melo (copia auténtica de los registros civiles de nacimiento de las dos últimas —fls. 2 bis y 115, cdno. ppal.).

IV. Problema jurídico

9. Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad administrativa de la parte demandada, a consecuencia de la privación de la libertad de la señora María Rosa Catalina Melo Bravo. Para tal efecto, deberá establecerse si la privación de la libertad de la demandante, quien fue absuelta de toda responsabilidad por haberse establecido que no cometió el delito investigado, genera la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad derivado del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o si, por el contrario, deben analizarse las actuaciones de la demandada, bajo la óptica de la falla del servicio.

V. Análisis de la Sala

10. De conformidad con los hechos probados, se tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que la señora María Rosa Catalina Melo Bravo estuvo privada de su libertad a órdenes de la fiscalía regional de Popayán y Cali y del juzgado regional de Cali, con ocasión del proceso que por el punible descrito y sancionado en el capítulo V, inciso 1º del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, es decir, por adquirir y vender sin permiso de autoridad competente droga que produce dependencia, se seguía en su contra, entre el 27 de junio de 1996 —fecha en fue capturada— y el 30 de mayo de 1998 —fecha en que se le notificó de manera personal la sentencia la absolvió de responsabilidad penal y fue dejada en libertad—; es decir, durante 23 meses y 3 días.

11. Aprecia la Sala que, por la privación de la libertad de la señora Melo Bravo, está demostrada la configuración de un daño en cabeza de la menor Adriana Biky Villareal Melo y la señora Nubia Yamile Melo Melo, toda vez que estas son las hijas de quien estuvo detenida, relaciones que, conforme con las reglas de la experiencia, permiten inferir el sentimiento de pena por ellas padecido debido a la detención de su ser querido. Se reitera que, para el reconocimiento del daño moral, la parte demandante tiene el deber mínimo de probar su existencia (CPC, art. 177) y que la prueba de parentesco y de las relaciones de afecto con la víctima directa constituye un indicio para derivar la afectación moral(5).

12. En lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso, el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad, estaba constituido por el contenido del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991:

ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave (resaltado fuera de texto).

13. En interpretación de dicho artículo, el criterio a aplicar en el sub examine, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(6), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel(7).

14. Clarificado lo anterior, el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en un error. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos.

15. En consecuencia, se considera que, de acuerdo con el criterio expuesto, al presente caso le es aplicable el régimen objetivo de responsabilidad señalado y bajo esa óptica, deberán analizarse los presupuestos para que pueda declararse responsabilidad en contra de la demandada en el sub lite.

16. En el caso concreto, se evidenció que la señora María Rosa Catalina Melo Bravo, estuvo privada de la libertad, recluida en la cárcel de mujeres La Magdalena de Popayán, a disposición de la fiscalía —en la etapa de instrucción— y del juzgado regional de Cali y del tribunal nacional —en la etapa de juzgamiento—. Igualmente resultó probado que la demandante no cometió el hecho punible que se le imputó, razón por la cual la presunción de inocencia de la procesada quedó incólume y así fue reconocido por el tribunal nacional en la sentencia de segunda instancia —que se encuentra debidamente ejecutoriada—, en la cual fue absuelta de toda responsabilidad penal por el delito imputado; es decir, del contenido de dicha decisión emerge la antijuridicidad de la privación de la libertad que sufrió la señora Melo Bravo, en tanto es claro que no cometió el hecho punible.

17. Ahora bien, la Nación-Fiscalía General de la Nación argumentó que el daño no podía serle imputado en tanto se presentó el “hecho de un tercero”, comoquiera que la investigación penal en contra de la señora María Rosa Catalina Melo Bravo se inició con base en un “falso testimonio” rendido por la señora María de Jesús Rivera Ordóñez.

18. Respecto del hecho del tercero como causa extraña que exonera de responsabilidad a la entidad demandada, la jurisprudencia contencioso administrativa ha precisado que este debe reunir los siguientes requisitos: (i) ser la causa exclusiva del daño, porque si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del mismo, existirá solidaridad de ambos autores frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le dará derecho a este para reclamar de cualquiera de ellos la totalidad de la indemnización, aunque quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención; (ii) ser completamente ajeno al servicio, en el entendido de que este sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de la esfera jurídica de aquella y además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, (iii) ser imprevisible e irresistible a la entidad; de lo contrario, el daño le sería imputable a esta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad, teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso(8).

19. En relación con la imprevisibilidad, este elemento no se excluye con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que el mismo pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, esta involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para evitar el daño.

20. En suma, para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que el mismo aparezca plenamente identificado en el proceso ni que hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio y que fue causa exclusiva del daño.

21. En cuanto a la prueba testimonial en un proceso penal, es menester poner de presente que esta subsección ha precisado que constituye un instrumento al servicio del Estado para el ejercicio del ius puniendi, por lo que no es posible considerarla como un hecho externo, ajeno a la administración. En efecto, el Estado tiene el control permanente de ese instrumento, esto es, tiene la potestad para su decreto, práctica y valoración y en ese orden de ideas, no puede considerarse que el hecho de que el testigo falte a la verdad pueda constituir un hecho imprevisible ni irresistible para el mismo, comoquiera que es el funcionario judicial quien determina si la prueba es conducente o pertinente; es quien interroga al declarante; quien verifica la validez de su relato y quien puede determinar si de otorga o no credibilidad, mediante la correspondiente valoración probatoria bajo las reglas de la sana crítica. En palabras de la subsección:

El ius puniendi o derecho a castigar es el derecho que corresponde al Estado a crear y aplicar el conjunto de normas penales(9). El ejercicio exclusivo del ius puniendi por parte del Estado se constituye en garantía de la sociedad, “en cuanto esta requiere que sean perseguidas y sancionadas aquellas conductas que la afectan colectivamente, bien por atentar contra bienes jurídicos estimados valiosos, ya por causar daño a los derechos de los asociados”(10), pero también constituye una garantía de los derechos fundamentales del individuo, en cuanto el ejercicio de este poder está sometido a “los principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto”(11).

En el Estado social de derecho el recurso al ius puniendi se ha considerado como la última ratio, cuando no hay medidas menos restrictivas de los derechos fundamentales que tengan la aptitud para brindar protección al bien jurídico agraviado.

La elección de esa medida para la protección de un determinado interés social corresponde al legislador, que como representante de la voluntad general es el llamado “a fijar los lineamientos de la política que en materia criminal ha de aplicarse para posibilitar la convivencia pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los valores, derechos y garantías ciudadanas (…)”(12).

Al elegir la sanción penal como medida de protección social deberá el legislador además de tipificar la conducta, determinar la sanción y la medida de la misma y diseñar los procedimientos de juzgamiento de esas conductas, atendiendo para ello las normas constitucionales y los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

(…).

Pero, para la imposición de esa pena prevista por el legislador debe adelantarse un proceso judicial, que tiene como finalidad desvirtuar la presunción de inocencia que protege al individuo (…).

Para adelantar la investigación por la presunta comisión de hechos ilícitos, desvirtuar la presunción de inocencia e imponer una sanción al penalmente responsable, el Estado puede hacer uso de todos los medios de prueba siempre que estén constitucionalmente permitidos y garanticen el derecho de defensa en el proceso. Ese derecho de defensa, desde el punto de vista probatorio se garantiza cuando: (i) se le concede al procesado el derecho a presentar y solicitar las pruebas que considere conducentes y pertinentes; (ii) se le dé oportunidad de controvertir las pruebas que se presenten en su contra; (iii) se garantice el derecho a la publicidad de esas pruebas; (iv) se observe el debido proceso en la práctica de esas pruebas, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de este; (v) se practiquen de oficio las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos; y (vi) se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso(13).

Entre los medios de prueba se encuentra el testimonio(14). Este es una fuente de que se vale la justicia para averiguar la verdad; “consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general”(15). Es tal vez el medio por excelencia tratándose de asuntos penales, al punto que la misma ley penal establece la obligatoriedad del testimonio(16) y correlativamente, confiere al funcionario judicial la facultad de ordenar la comparecencia del testigo y de imponerle las sanciones previstas en la ley ante su renuencia(17).

Pero, para que el testimonio sea eficaz, además de la disponibilidad del testigo, se precisa una práctica adecuada del mismo por parte del funcionario judicial, lo que supone formular al testigo un interrogatorio, del que estén ausentes las preguntas manifiestamente impertinentes, las superfluas y las que perjudiquen al testigo, a fin de que las respuestas solo tengan que ver con el objeto de la investigación.

El funcionario judicial que recibe la prueba debe cerciorarse de que el testigo cumpla con requisitos de validez, tales como la capacidad, inexistencia de inhabilidades, esto es, debe cerciorarse de que el testigo al momento de rendir la declaración no sufra de alteración mental o perturbaciones sicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógena y además, se deben atender las formalidades propias de la prueba.

Recibido el testimonio, el funcionario judicial apreciará la prueba, para lo cual tendrá en cuenta la calidad del testimonio, que incluye la exposición de la ciencia de su dicho, es decir, la exposición de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y la forma como llegó a su conocimiento (CPP, art. 277 y CPC, art. 228); su interés en el resultado del proceso, valorando las circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, tales como la existencia de vínculos familiares, laborales, de amistad entre el testigo y aquel que tenga interés en el proceso, intereses que hacen sospechoso su testimonio, aunque no por ese hecho deben ser siempre rechazado(18) y su coherencia con los demás medios de prueba.

El testimonio constituye un instrumento al servicio del Estado para el ejercicio del ius puniendi y en consecuencia, no puede considerarse como un hecho externo, ajeno a la entidad. El Estado tiene el control permanente de ese instrumento, que incluye, el decreto, práctica y valoración de la prueba y por lo tanto, no puede considerarse que el hecho de que el testigo tergiverse la realidad pueda constituir un hecho imprevisible ni irresistible para el mismo. El funcionario judicial es quien determina si la prueba es conducente o pertinente; es quien interroga al testigo; quien verifica la validez de su versión y quien puede establecer su credibilidad, a través de la valoración del dicho, aplicando las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en conjunto con los demás medios de prueba directos o indirectos con los que se cuente en el proceso.

En consecuencia, el testimonio no es un hecho ajeno a la administración de justicia; es un instrumento que esta elige en el ejercicio del ius puniendi y sobre el cual tiene el control permanente; los vicios de que esa prueba pueda adolecer no son imprevisibles ni irresistibles para el Estado; para corregir esos vicios o evitar que puedan constituir fuente de daños en el proceso, este cuenta con todos los mecanismos de control del testimonio, que puede ejercer antes, durante y después de la práctica de la prueba(19).

22. En ese orden de ideas, se concluye que aunque la medida de aseguramiento que se impuso a la señora María Rosa Catalina Melo Bravo estuvo motivada por las falsas imputaciones efectuadas en su contra por la entonces también procesada María de Jesús Rivera Ordóñez y por la hija de esta, la intervención de aquellas en el proceso no era ajena a la administración de justicia; aunque las testigos puedan ser sancionadas penalmente por ese hecho y obligadas a reparar los perjuicios causados al particular y al propio Estado, su actuación no constituye la causa exclusiva del daño causado a la demandante con la privación de la libertad a la que fue sometida. Además, podía preverse la posibilidad de que pudieran estar faltando a la verdad —más aún si se tiene en cuenta que con su declaración una de ellas buscó la reducción de su propia pena por colaboración con la justicia—. Para controlar esos vicios, el Estado tenía a su disposición la posibilidad de practicar otros medios de prueba y de valorar sus versiones a la luz de la sana crítica.

23. En otros términos, los daños sufridos por las demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora Melo Bravo son imputables al Estado, aunque esa decisión se hubiera fundamentado en las versiones falsas de dos declarantes, porque el titular de la función punitiva es el Estado y por ende, le son inherentes todos los riesgos que se deriven de la utilización de un medio de prueba fallido, como lo son las declaraciones de testigos interesados en desviar el curso de la investigación.

24. Por otra parte, la Nación-Dirección ejecutiva de administración judicial y la Fiscalía General de la Nación, también adujeron que no les era imputable el daño, en tanto la fiscalía simplemente se limitó a cumplir con sus deberes constitucional y legalmente previstos en la materia. Frente a ello, si bien es deber constitucional del Estado investigar los delitos y lograr la comparecencia de los sindicados al proceso, también lo es que la privación de la libertad legalmente impuesta puede resultar sin embargo injusta cuando al final del proceso se demuestre que la persona no tenía el deber jurídico de soportar esa grave restricción de sus derechos, porque, en el proceso queda demostrada su carencia de responsabilidad, tal como en su momento lo reconoció el legislador al consagrar en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 las causales objetivas de responsabilidad en estos asuntos.

25. También cabe agregar que la única causal de exoneración de responsabilidad del Estado, en los términos de la norma referida lo era la culpa exclusiva de la víctima(20) y en el caso concreto, no se demostró; ni siquiera insinuó la parte demandada que la conducta procesal de la sindicada hubiera dado lugar a la imposición de la detención que sufrió.

26. Las anteriores consideraciones son suficientes para encontrar acreditada la responsabilidad de la parte demandada y, dado que fueron dos los organismos de la Nación que intervinieron en la causación del daño —la Fiscalía General de la Nación en la etapa instructiva y la Rama Judicial en la etapa de juzgamiento— a que se refiere esta sentencia, y cada una de sus actuaciones tuvo la misma relevancia en la producción del mismo, la Nación pagará la condena que se le imponga, con cargo a los presupuestos de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

VI. Liquidación de perjuicios

VI.1. Perjuicios morales

27. Conforme a las consideraciones efectuadas en esta providencia, en relación con la acreditación del dolor moral padecido por los actores con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometida María Rosa Catalina Melo Bravo por el término de 23 meses y 3 días, se procederá a su reconocimiento en los términos de la sentencia de septiembre 6 de 2001, expedientes 13232 y 15646, en la cual se fijó tal indemnización en cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos de mayor intensidad del dolor, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente.

28. Conviene precisar además, acerca de la cuantía del perjuicio que, si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros a tener en cuenta al momento de proferir la respectiva condena, estos no son absolutos y pueden variar —ser incrementados o disminuidos— según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del daño padecido por los damnificados(21). En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen una guía, dada la inexistencia de una norma a seguir para la tasación de la indemnización y precisamente por ello, si las características del caso concreto lo ameritan, el juez se puede apartar de tales pautas y condenar incluso por montos superiores a los tradicionalmente empleados.

29. Así por ejemplo, en sentencia de febrero 2 de 2012, Expediente 20943, se condenó a favor de quien fuera privado de la libertad por el término de 1 año, 1 mes y 20 días, al pago del equivalente a 70 smmlv por perjuicios morales; en providencia de mayo 28 de 2012, Expediente 19173(22), la Sala reconoció a favor de quien estuvo detenido por un lapso de 1 año, 7 meses y 11 días el equivalente en pesos a 100 smmlv por el mismo concepto y, en reciente providencia de la Subsección B de julio 26 de 2012, Expediente 24688(23), se precisó que en casos de privación injusta de la libertad y atendiendo únicamente al factor temporal, “sin perjuicio de que otras circunstancias concurrentes obliguen a reconocer una cifra más alta”, se debía reconocer 5,1 smmlv, por cada mes de detención o su proporción, con un límite máximo de 100 smmlv.

30. De conformidad con lo expuesto, se considera que un monto razonable a reconocer a favor de la señora María Rosa Catalina Melo Bravo, quien estuvo privada de la libertad durante 23 meses y 3 días, corresponde a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de su hija Nubia Yamile Melo Melo, 50 smlmv y para su otra hija, Adriana Biky Villareal Melo, 60 smmlv, comoquiera que cuando su madre fue privada injustamente de la libertad esta tenía 11 años de edad, lo que le permite a la Sala inferir un sufrimiento mayor al de su hermana, al ser privada de la presencia materna a tan temprana edad.

31. Aclara la Sala que si bien en la demanda se solicitó por este concepto el pago de 700 gramos de oro para cada miembro de la parte actora, el reconocer 100 smmlv a la injustamente privada de la libertad y 50 smmlv para cada una de sus hijas, no atenta contra el principio de congruencia de las providencias judiciales, ni mucho menos constituye un fallo extra petita, comoquiera que el capítulo de pretensiones de la demanda —transcrito al inicio de esta providencia— se advirtió que dicha cuantificación era una liquidación efectuada para efectos de la demanda y se suplicó que se accediera a los montos plasmados en “la siguiente liquidación o en la que se demuestre en el proceso” (resaltado no original).

VI.2. Daño emergente

32. En la demanda se solicitó el reconocimiento a favor de María Rosa Catalina Melo Bravo un monto de $ 3.000.000, correspondiente a “dinero cancelado al abogado defensor, por su trabajo durante casi dos años” y, para Nubia Yamile Melo Melo la suma de $ 2.300.000, equivalentes a los gastos en los que esta incurrió durante el tiempo que su madre estuvo detenida a causa de dicha situación.

33. Al respecto observa la Sala que si bien está demostrado en el expediente que la señora María Rosa Catalina Melo Bravo estuvo asistida por un abogado defensor durante el trámite del proceso penal seguido en su contra, no obra elemento de prueba alguna que acredite si dicho profesional del derecho recibió suma de dinero alguna por este concepto. Así mismo, tampoco se probó que con ocasión del daño imputado a la demandada, Nubia Yamile Melo Melo hubiera sufrido perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y en consecuencia, no se efectuará ningún reconocimiento al respecto.

VI.3. Lucro cesante

34. Aunque en el capítulo de pretensiones se denominó “daño emergente” a los montos dinerarios que la señora Melo Bravo dejó de devengar mientras estuvo privada de la libertad, de la lectura texto de la demanda en su conjunto, entiende la Sala que lo que se pretendió fue el reconocimiento de un lucro cesante a su favor, perjuicio que se considera cierto, en la medida en que para la época de ocurrencia de los hechos la demandante se encontraba en una edad productiva y resulta evidente que el hecho de encontrarse privada de la libertad, impidió que pudiera desarrollar una actividad lucrativa. En consecuencia se procederá a la correspondiente liquidación del perjuicio reclamado, con la advertencia de que la misma no atenta contra el principio de congruencia de las providencias judiciales ni constituye un fallo extra petita, en la medida en que en el capítulo de súplicas de la demanda se reclamó el monto expresado en “la siguiente liquidación o a la que se demuestre en el proceso”.

35. Al no existir prueba del monto de los ingresos dejados de percibir por la víctima, se tomará como base el smlmv a la fecha de la sentencia: $ 566.700, incrementado en un 25% correspondiente a las prestaciones sociales. Por lo tanto, se tendrá en cuenta como base de liquidación el salario que equivale a $ 708.375.

36. El periodo a indemnizar corresponderá al tiempo en que la señora María Rosa Catalina Melo Bravo estuvo privada de la libertad, esto es entre el 27 de junio de 1996 —fecha en que fue capturada— y el 30 de mayo de 1998 —fecha en que recobró su libertad—; es decir, 23 meses y 3 días que equivalen a 30,1 meses. Ahora bien, se considera procedente extender dicho período de tiempo por el término en que la señora Melo Bravo debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual se estima en un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA(24), por lo que el período total a indemnizar será de 31,85 meses.

 

FOR 2000-03234 CE.JPG
 

 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual, es decir $ 708.375.

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 31,85 meses.

 

FOR2 2000-03234 CE.JPG
 

 

VII. Costas

37. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia del 9 de septiembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, y en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial por la privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora María Rosa Catalina Melo Bravo, del 27 de junio de 1996 al 30 de mayo de 1998.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales: cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora María Rosa Catalina Melo Bravo, sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Adriana Biky Villareal Melo y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Nubia Yamile Melo Melo.

3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora María Rosa Catalina Melo Bravo, la suma de veinticuatro millones trescientos cuarenta mil quinientos dieciséis pesos ($ 24.340.516).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. La Nación pagará la condena aquí impuesta con cargo a los presupuestos de las siguientes entidades: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial y dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expedir copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, Expediente 12789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, Expediente 12831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, Expediente 25020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, Expediente 15528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(3) Remitidas en copia auténtica por el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección ejecutivo de administración judicial-Dirección administrativa-Archivo justicia regional —fl. 97, cdno. pbas. 1—.

(4) Sobre la posibilidad de valorar las pruebas trasladadas de los procesos penales o disciplinarios en los que la Nación, entendida como persona jurídica, participa en su práctica y valoración, puede consultarse la sentencia del 9 de febrero de 2011, Expediente 16934, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Al respecto, la sentencia de la Sección Tercera, SCA, Subsección B, del Consejo de Estado de mayo 12 de 2011, Expediente 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth, señaló: “… la Sala tiene establecido que si se acredita el nexo de parentesco entre dos personas, también es posible inferir el perjuicio padecido indirectamente por una persona, debido al daño irrogado a un ser querido como víctima directa del actuar lesivo de la administración. Así las cosas, aun cuando en el expediente no existe prueba alguna que demuestre el daño moral padecido por el señor Juan Alberto Caicedo, la Sala reconocerá una indemnización por concepto de dicho perjuicio, en la medida en que se infiere el daño sufrido por el demandante con ocasión de la privación de su libertad. Por la misma vía se reconocerán perjuicios morales a favor de la señora (…) pues, aunque tampoco se demostró el daño moral por esta padecido por la privación de la libertad del señor Juan Alberto Caicedo, sí quedó acreditado su parentesco con este, razón por la cual la Sala infiere el perjuicio que sufrió la mencionada señora con ocasión de la detención de su cónyuge”.

(6) [18] A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Expedientes 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Expediente 13.449.

(7) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, Expediente 20942, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(8) Ver entre otras: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de abril 7 de 2011, Expediente 18571, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) [18] La doctrina distingue entre el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo o ius puniendi, entendiendo por el primero el conjunto de normas penales y por el segundo el derecho a crear y aplicar esas normas. Santiago Mir Puig Derecho Penal. Parte General, 8ª Ed. Reppertor, Barcelona, 2008.

(10) [19] Sentencia de la Corte Constitucional C-157 de 1997. Agrega esa sentencia: “En el sistema jurídico colombiano, es el Congreso el llamado a definir, mediante la consagración de tipos delictivos, cuáles son los comportamientos que ameritan sanción penal, describiendo sus elementos esenciales y previendo en abstracto la clase y medida de la sanción aplicable a quien incurra en ellos … el legislador, mientras no quebrante principios o preceptos constitucionales y en cuanto cumpla su función en términos de razonabilidad y proporcionalidad, goza de plenas atribuciones para crear nuevos delitos y que, por ese solo hecho, no viola norma constitucional alguna”.

(11) [20] Sentencia de la Corte Constitucional C-205 de 2003.

(12) [21] Corte Constitucional Sentencia C-762 de 2002.

(13) [25] C-1104 de 2001.

(14) [26] Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 16ª ed., 2007, pág. 281: “Son medios de prueba los instrumentos y órganos que le suministran al juez el conocimiento de los hechos que integran el tema de la prueba: la declaración de parte (…), el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos y los indicios”.

(15) [27] Jairo Parra Quijano, Op. cit., pág. 283.

(16) [28] Artículo 266 del Decreto 2700 de 1991, disposición que se mantuvo en el artículo 266 del decreto y que también trae el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil.

(17) [29] Entre esas sanciones: multas, orden de conducción por la policía, arresto inconmutable.

(18) [30] Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Sala Civil: “… el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano … sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”. Sentencia de 19 de septiembre de 2001, Expediente 6424.

(19) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de abril 7 de 2011, Expediente 18571, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(20) Recuérdese que el artículo 414 antes transcrito establecía que procedía indemnización por la detención preventiva impuesta “siempre que [la víctima] no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Al respecto, ver las sentencias de septiembre 15 de 1994, Expediente 9391, C.P. Julio César Uribe Acosta y de septiembre 25 de 1995, Expediente 10056, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(21) Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, Expediente 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, Expediente 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(22) Ambas sentencias con ponencia de la consejera de Estado Ruth Stella Correa Palacio.

(23) C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(24) Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en Serie documentos laborales y ocupacionales, Nº 3, observatorio laboral y ocupacional colombiano, SENA-Dirección general de empleo y trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.