Sentencia 2000-03351 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 18001233100020003351

Expediente: 30407

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Uriel Huelgos Valderrama y otros

Demandado: Nación - rama judicial.

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil catorce.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 20 de enero de 2005, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró administrativamente responsable a la nación - rama judicial por la privación injusta de libertad que soportó el señor Uriel Huelgos Valderrama y otros. La sentencia será modificada.

Síntesis del caso

El señor Uriel Huelgos Valderrama fue privado del derecho fundamental a la libertad personal desde el 21 de junio de 1999 hasta el 24 de agosto de 1999, por ser presunto autor del delito de acceso carnal violento. Mediante providencia del 1º de febrero de 2000, la Fiscalía Catorce Seccional de Belén de los Andaquíes, precluyó la investigación en su favor.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2000(1), ante el Tribunal Administrativo del Caquetá (fl. 18-24, cdno. 1.), a través de apoderado judicial, los señores, Uriel Huelgos Valderrama, Juvenel Huelgos Valderrama, María Lucila Valderrama Bermeo, Eusebio Huelgos, Alirio y Fabiola Cabrera Valderrama, María Otilia, María Cleofe, María Inés y Mariela Huelgos Méndez presentaron demanda de reparación directa en contra de la nación - rama judicial, en la cual formularon las siguientes pretensiones:

“Primero. La nación - rama judicial es responsable patrimonialmente de los perjuicios materiales y morales que le fueron ocasionados a los demandantes con la detención física e injusta de del señor Uriel Huelgos Valderrama, desde el día 12 de abril de 1999 hasta el 24 de agosto de 1999 inclusive, por cuenta de la Fiscalía Catorce Seccional de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá, sindicado del hecho punible de acceso carnal violento y que concluyó con preclusión de la investigación mediante resolución de fecha del 1º de febrero de 2000, proferida por la Fiscalía Catorce Seccional de Belén de los Andaquíes departamento del Caquetá, por cuanto el delito cometido no fue cometido por el sindicado.

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la nación - rama judicial a reconocer y pagar por perjuicios morales a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

A María Lucila Valderrama Bermeo y Eusebio Huelgo Vargas, en calidad de padres del señor Uriel Huelgos Valderrama, mayores de edad, vecinos y residentes en Albania departamento del Caquetá, para cada uno, el equivalente en pesos colombianos de mil (1000) gramos oro fino, según su precio certificado por el Banco de la Republica a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva o auto que apruebe su conciliación

El gramo oro deberá ser indexado de conformidad con el índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, desde el 1º de febrero del 2000 hasta la fecha de la sentencia o auto que apruebe la conciliación.

A Alirio y Fabiola Cabrera Valderrama y Juvenel Huelgos Valderrama, María Otilia, María Cleofe, María Inés y Mariela Huelgos Méndez en calidad de hermanos del señor Uriel Huelgos Valderrama, mayores de edad, vecinos y residentes en Albania departamento del Caquetá, para cada uno, el equivalente en pesos colombianos de quinientos (500) gramos oro fino, según su precio certificado por el Banco de la Republica a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva o auto que apruebe su conciliación

El gramo oro deberá ser indexado de conformidad con el índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, desde el 1º de febrero del 2000 hasta la fecha de la sentencia o auto que apruebe la conciliación.

A Uriel Huelgos Valderrama, directo perjudicado, mayor de edad, vecino y residente en Albania departamento del Caquetá, para cada uno, el equivalente en pesos colombianos de mil quinientos (1500) gramos oro fino, según su precio certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia definitiva o auto que apruebe su conciliación

El gramo oro deberá ser indexado de conformidad con el índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estadística, DANE, desde el 1º de febrero del 2000 hasta la fecha de la sentencia o auto que apruebe la conciliación.

Tercera: Que se condene a la nación - rama judicial a reconocer y pagar al señor Uriel Huelgos Valderrama por los perjuicios materiales , los salarios o ingresos que dejo de percibir durante el periodo de detención física, los honorarios del abogado que intervino en el proceso , adelantando la defensa; que se tasaran de acuerdo a los siguientes parámetros

a. El salario mínimo legal mensual vigente para el año de 1999 y años subsiguientes.

b. Las prestaciones sociales y emolumentos salariales ocasionados durante el periodo de la detención física, de acuerdo con el salario anotado en el literal anterior.

c. El valor de los honorarios profesionales que el señor Uriel Huelgos Valderrama pagó al abogado que adelantó la defensa en el proceso penal, en el cual fue sindicado y encarcelado, los cuales ascienden a la suma de tres millones de pesos m/cte ($ 3.000.000).

d. Las anteriores sumas de dinero se deben actualizar de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el día 1º de febrero del 2000 y la sentencia definitiva.

Cuarta: La suma así causada devengará todos los intereses previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y se ejecutará en los términos establecidos en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Quinta: Sírvase señor magistrado ponente condenar en costas y agencias en derecho a la nación - rama judicial, en los términos consagrados en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil”.

En respaldo de sus pretensiones, el apoderado de la parte actora adujo como fundamentos fácticos de la acción que los señores Serafín Cabrera Polanía y Lucila Valderrama Bermeo convivieron durante ocho años y fruto de esa convivencia nacieron Alirio, Edelmira y Fabiola Valderrama Bermeo.

Seguidamente, la señora Lucila Valderrama Bermeo inició convivencia de hecho con el señor Eusebio Huelgos Valderrama y fruto de la misma nacieron Juvenel y Uriel Huelgos Valderrama.

EL Señor Eusebio Huelgos Valderrama padre de Uriel Huelgos Valderrama convivió en unión libre con la señora Otilia Méndez y fruto de la misma nacieron María Otilia, María Cleofe, María Inés y Mariela Huelgos Méndez.

EL señor Uriel Huelgos Valderrama, cursaba el séptimo grado de secundaria en el colegio San Carlos de Albania, jornada nocturna, cuando fue interrumpido por su detención injusta. Igualmente, laboraba como jornalero y realizando oficios varios con lo cual aportaba a la manutención de su familia, empero, después de la privación de su libertad fue macartizado, satanizado y señalado como delincuente.

El señor Uriel Huelgos Valderrama, fue privado de su libertad personal desde el 12 de abril de 1999 hasta el 24 de agosto de 1999, por órdenes de la Fiscalía Catorce Seccional de Belén de los Andaquíes de Caquetá, lo cual implicó una separación abrupta de su familia y múltiples perjuicios para ellos.

Mediante providencia del 1º de febrero de 2000, la Fiscalía Catorce Seccional de Belén de los Andaquíes de Caquetá, precluyó la investigación a favor del señor Huelgos Valderrama, por considerar que el sindicado no tuvo participación en los hechos de los cuales se le sindicó. Resolución que se encuentra debidamente ejecutoriada.

Con ocasión de la actuación de la Fiscalía Catorce Seccional de Belén de los Andaquíes de Caquetá el señor Uriel Huelgos Valderrama y su familia han sido afectados ostensiblemente y le ha generado perjuicios que no están en la obligación jurídica de soportar. En consecuencia, surge la obligación jurídica de la nación - rama judicial de indemnizar los daños por tal motivo.

Por último, citó los artículos 2º y 90 de la Constitución Política, 414 del Código de Procedimiento Civil y 65 y 68 de la Ley de 270 de 1996.

II. Trámite procesal

Contestación de la demanda

La nación - rama judicial representada por la dirección ejecutiva se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 59-77, cdno. 2). En su defensa, sostuvo en relación a los hechos que no le constan, que eran apreciaciones de carácter personal y que algunos eran transcripciones de la Constitución, del Código de Procedimiento Civil y de la Ley 270 de 1996.

Como razones de la defensa citó el artículo 250 constitucional en donde se encuentran consagradas las funciones de la Fiscalía General de la Nación, norma que obliga a esta entidad a investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales. Además, debe asegurar la comparecencia de los infractores adoptando las medidas de aseguramiento que estime pertinentes, las cuales al no ser compartidas por las partes, pueden impugnarlas a través de los recursos de ley.

Señaló que el fiscal para el caso concreto ordenó y practicó las pruebas conducentes a efectos de: i) determinar si se ha infringido la ley penal, ii) esclarecer la verdad y las condiciones familiares y sociales del imputado y iii) establecer los posibles daños y perjuicios que causó el delito.

Ahora bien, frente a la investigación del delito de acceso carnal violento que sufrió la menor Leydy Johana Córdoba Gómez, le correspondía a la Fiscalía General de la Nación cumplir su misión constitucional y legal de investigar y esclarecer la verdad de los hechos. En efecto, en desarrolló de la diligencia preliminar el fiscal encontró prueba indiciaria que vinculaba al señor Uriel Huelgos Valderrama, situación que encontró suficiente para llamarlo a indagatoria y proferir medida de aseguramiento. Por lo tanto, no se vislumbra ilegalidad alguna en la actuación, sino por el contrario el cabal cumplimiento de la Constitución y la ley.

Por otro lado, estimó que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva era procedente por la naturaleza del delito investigado y por la pena de prisión asignada a ese delito cuyo mínimo es y excede de dos años, razón por la cual no se puede endilgar ninguna indemnización por ser actuaciones ajustadas a derecho.

Para fundamentar su posición citó apartes de las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sentencia de junio de 1995, Expediente 7687, Consejero Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros y sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056, ii) Corte Constitucional, sentencias C 106 de 1994 y C 036 de 1996.

Por último, propuso la excepción innominada de que trata el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo y solicitó que se nieguen todas las pretensiones de la demanda.

Sentencia de primera instancia

Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas, el a quo mediante sentencia del 20 de enero de 2005 (fl.130-141 cdno. ppal.), acogió las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, falló de la siguiente manera:

“Primero: declarar que la nación colombiana- rama judicial es administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por la injusta privación que se hiciera de la libertad de Uriel Huelgos Valderrama, del 21 de junio de 1999 hasta el 24 de agosto de 1999

Segundo: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la nación - rama judicial a pagar con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación y a favor de Uriel Huelgos Valderrama, Juvenel Huelgos Valderrama, María Lucía Valderrama Bermeo, Eusebio Huelgos, Alirio y Fabiola Cabrera Valderrama, María Otilia, María Inés, María Cleofe, y Mariela Huelgos Méndez a título de perjuicios morales y materiales los valores que a continuación se discriminan así:

Morales

a) A Uriel Huelgos Valderrama el valor equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) A, María Lucía Valderrama Bermeo y Eusebio Huelgos el valor equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

c) A Juvenel Huelgos Valderrama, Alirio y Fabiola Cabrera Valderrama, María Otilia, María Inés, y Mariela Huielgos[sic] Méndez el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Materiales

Para Uriel Huelgos Valderrama en la modalidad de daño emergente la suma de cuatro millones doscientos noventa y dos mil ochocientos noventa y seis mil pesos ($ 4.292.896) por el pago de honorarios de abogado; y por concepto de lucro cesante la suma de ochocientos noventa y siete mil setecientos setenta y seis pesos ( $ 897.776).

Tercero: Esta condena se hace en concreto conforme a las razones expuestas.

Cuarto: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: Dese cumplimiento a esta sentencia de conformidad con lo regulado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Sexto: Devuélvanse a los actores los remanentes del depósito efectuado para gastos ordinarios del proceso, si los hubiere.

Séptimo: En firme esta decisión archívese el proceso”.

Para fundamentar su decisión señaló que el derecho fundamental de libertad personal goza de protección internacional (Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos) y Constitucional (C.P. art 28). Todo este despliegue de protección se debe a que se trata de un derecho orientador del Estado social de derecho y, por ende, su afectación tiene implicación económica para quien la sufre, como le ocurrió al hoy demandante quien en virtud de una medida de aseguramiento le fue restringido este derecho y posteriormente absuelto.

Esta medida es antijurídica en los términos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —vigente para el momento de los hechos— ya que esta norma establece que cuando una persona ha sido privada de la libertad y resulta absuelta mediante decisión definitiva o ejecutoriada tiene derecho a ser indemnizada

Ahora bien del acervo probatorio del sub lite se deduce que la privación de la libertad en las condiciones indicadas afectó al demandante por la restricción de su locomoción y ejercicio de sus actividades cotidianas y ello le generó un daño antijurídico, ya que debió dejar de ejercer la actividad productiva, todo lo cual permite señalar la individualización del daño en cabeza suya y señalar que el mismo es valorable en dinero.

Respecto a la imputación del daño, señaló que de las pruebas obrantes en el proceso y del proceso penal que se siguió en contra de Uriel Huelgos Valderrama por el punible de acceso carnal violento se deduce que el demandante fue capturado el 21 de junio de 1999 y puesto en libertad el 24 de agosto de 1999. Posteriormente, advino la resolución de preclusión de la investigación proferida por la Fiscalía Catorce Seccional de Belén de los Andaquíes del 1º de febrero de 2000, mediante la cual se estableció que el demandante no cometió el delito por el cual se le estaba investigando. Esto permite concluir que se le ocasionó un daño al demandante y que este es imputable a la nación - rama judicial.

Respecto al nexo de causalidad, señaló que en el presente caso se configuró, ya que las providencias que ordenaron su captura y medida de aseguramiento constituyen la causa fáctica en virtud de la cual el demandante perdió su libertad de locomoción. Aunado a ello, como la resolución de preclusión lo liberó de todos los cargos la privación de su libertad, esta devino en injusta y es la causa del daño. Por tal razón, existe relación causal entre el obrar de la administración de justicia y el daño antijurídico.

Concluyó que se encuentran acreditados los presupuestos para declarar la responsabilidad estatal, esto es, daño antijurídico, imputación y nexo de causalidad.

Recursos de apelación

De la Nación - Fiscalía General de la Nación

La Nación - Fiscalía General de la Nación impugnó la sentencia de primera instancia (fl. 162- 165, cdno. ppal.) y señaló que el a quo condenó a la nación - rama judicial, al considerar que no quedó demostrada la responsabilidad penal del demandante en los graves hechos delictuosos investigados. Empero, debe tenerse en cuenta que para proferir la medida de aseguramiento de detención preventiva sí existían suficientes indicios que comprometían gravemente la responsabilidad penal del sindicado en la comisión del delito de acceso carnal violento, y solamente la dificultad probatoria, normal en esta clase de procesos, determinó la preclusión de la investigación, pero no por esto puede responsabilizarse a la nación, cuando la misma conducta del sindicado ha sido reprochable. Para fundamentar esta posición, citó las sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 10310. Consejero ponente: Carlos Betancur Jaramillo.

Por otro lado, señaló que es innegable la violación del derecho de defensa hacia la Fiscalía, por cuanto en este proceso no se integró válidamente el litisconsorcio necesario como lo estipula el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, lo que hubiera permitido pedir en defensa de la nación que se imputara el fallo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, solicitó se conceda el recurso de apelación frente a la sentencia condenatoria en el proceso de la referencia o en su defecto se declare la nulidad de afecta la sentencia por indebida integración del litisconsorcio y violación del derecho de defensa del ente investigador.

El demandante

El recurso de apelación de la parte actora (fl. 173-176, cdno. 2) objetó el quantum de los perjuicios morales concedidos a los señores Uriel Huelgos Valderrama (3 SMLMV), a sus padres (2 SMLMV) y hermanos (1 SMLMV), sumas que estimó irrisorias si se tiene en cuenta que los perjuicios que sufren los parientes próximos se presumen.

Manifestó que con la condena de perjuicios morales no se resarce los perjuicios sufridos por sus seres queridos, quienes tuvieron que ver detenido durante casi dos meses a Uriel Huelgos Valderrama y afrontar el desprestigio familiar de verlo sindicado de la conducta punible de acceso carnal violento.

Señaló, que los perjuicios quedaron establecidos con las declaraciones recepcionadas y que en el plenario no obra prueba en contrario que desvirtuara esa presunción, la cual ha sido reconocida consuetudinariamente por la jurisprudencia de esta corporación. Al respecto, citó las sentencias del 21/10/2000, Expediente 11766, del 01/09/06 Expediente 13232 y 15646.

En suma, solicitó aumentar el monto de los perjuicios morales que fueron reconocidos a Uriel Huelgos Valderrama, María Lucila Valderrama Bermeo, Eusebio Huelgos, Juvenel Huelgos Valderrama, Alirio y Fabiola Cabrera Valderrama, María Otilia, María Cleofe, María Inés y Mariela Huelgos Méndez, por cuanto la suma reconocida no retribuye el perjuicio sufrido por estos con ocasión de la privación de la libertad de la víctima directa.

Alegatos de conclusión

La parte demandante (181-182, cdno. ppal.) reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, en tanto que, a su juicio, las indemnizaciones reconocidas por el a quo a título de perjuicios morales, deben ser incrementadas en una suma racional que resarza todos los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad del señor Uriel Huelgos Valderrama.

La Nación - Fiscalía General de la Nación, presentó alegatos de conclusión (fls. 183-188, cdno. ppal.) solicitando se despachen desfavorablemente las pretensiones de la demanda y se revoque la sentencia del a quo, mediante la cual se condenó a la rama judicial para que se pague con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que: i) hubo una actuación legitima del ente investigador, ya que obró en los estrictos términos del artículo 250 de la Constitución Política y del Código de Procedimiento Penal; ii) la medida de aseguramiento fue legítima, ya que constituye una carga que el administrado debía soportar, máxime cuando en el devenir de los acontecimientos existían indicios graves en contra del señor Uriel Huelgos Valderrama; iii) el daño no es antijurídico, por cuanto el ente investigador no incurrió en ningún procedimiento ilegal, sino que actuó en el ámbito de la competencia de investigar los delitos, razón por la cual el demandante debía soportar la acción de la justicia; iv) no se observa que la investigación penal adelantada constituya un error judicial derivativo de responsabilidad del Estado pues para ello es menester que la decisión sea abiertamente ilegal ; v) pretender que cada vez que se absuelva al sindicado de un delito o se precluya una investigación se comprometa la responsabilidad del Estado implicaría aceptar que la fiscalía y la rama judicial estarían atados de pies y manos, sin autonomía, sin independencia, sin poderes de instrucción y sin libertad para recaudar y valorar las pruebas para el cabal esclarecimiento de los hechos punibles; vi) la declaración de la ofendida fue contradictoria y ello determinó la final preclusión y revocatoria de la medida de aseguramiento, pero ello no desvirtúa los iniciales señalamientos en contra de Uriel Huelgos Valderrama.

Concluyó que la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra Uriel Huelgos Valderrama fue ajustada a derecho y, por lo tanto, solicita se despachen desfavorablemente sus pretensiones.

Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

Competencia

La Sala es competente para resolver el caso sub lite en razón de la naturaleza y materia del asunto, habida cuenta que los artículos 414 del Decreto 2700 de 1991 (CPP vigente al momento de los hechos) y 65, 68 y 73 de la Ley 270 de 1996, establecieron la responsabilidad del Estado derivada de la actividad judicial en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, concretamente, por la privación injusta de la libertad. En efecto, fijaron la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, siendo, por ello, irrelevante algún análisis relacionado a la cuantía(2).

De la legitimación activa y pasiva en la causa

La legitimación por activa se encuentra acreditada en relación con el demandante el señor Uriel Huelgos Valderrama, ya que tiene un interés directo y real sobre las resultas del proceso, por cuanto sufrió un presunto daño antijurídico por el accionar de la Fiscalía General de la Nación quien, en ejercicio de sus competencias en el ámbito penal, lo privó de su libertad entre el 21 de junio de 1999 y el 24 de agosto de 1999, es decir, por el lapso de 2 meses y 3 días.

Así mismo, el grupo familiar del señor Huelgos Valderrama acreditó su filiación y, por consiguiente, la calidad de víctimas indirectas a efectos de legitimación en la causa por activa, de la siguiente manera: Juvenel Huelgos Valderrama (fl. 14, cdno. 2), María Lucila Valderrama Bermeo (fl. 15, cdno. 2), Eusebio Huelgos Vargas (fl. 15, cdno. 2), Alirio Cabrera Valderrama (fl. 11, cdno. 1), Fabiola Cabrera Valderrama (fl. 12, cdno. 1), María Otilia Huelgos Méndez (fl. 21,cdno. 2), María Inés Huelgos Méndez (fl. 22, cdno. 2) y Mariela Huelgos Méndez (fl. 22, cdno. 2)

Respecto a María Cleofe Huelgos Méndez, el a quo señaló que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva en el sub lite, ya que no obra en el plenario su registro civil de nacimiento debido a que no fue encontrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 20, cdno. 2). Empero, la Sala la tendrá como tercera damnificada, ya que según prueba testimonial(3) ella es conocida en el medio social como hermana del señor Uriel Huelgos Valderrama (fl. 66, cdno. 2), con lo cual estaría plenamente legitimada en la causa, no en su condición de pariente cercana del directamente afectado, lo cual solo es posible demostrar con el registro civil correspondiente (D.L. 1260 de 1970), sino como real damnificada, condición esta que se infiere de la prueba testimonial precitada.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que el actor, en ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia, relacionó los hechos que atribuyó a la nación - rama judicial, al tiempo que formuló pretensiones indemnizatorias sobre aquella, de manera que fue vinculada al proceso y, así mismo, se deberá resolver si es la llamada a responder.

En este punto, vale destacar el carácter unitario del Estado, no así el de su representación, pues esta bien puede recaer en las distintas ramas del poder público, en los órganos de control y aún en diferentes entes que, dotados de personería jurídica se vinculan a los procesos de responsabilidad con miras a que, declarada la obligación respondan con su patrimonio por los daños causados(4).

Quiere decir que la múltiple representación de la nación varía de acuerdo con la naturaleza de la actuación demandada, sin que ello permita desconocer la unidad de esta persona jurídica,independientemente del ente que concurra al proceso a representarla(5).
Por tal razón, la legitimación pasiva se encuentra radicada en la nación-rama judicial a fin de determinar la existencia del daño, imputación y causalidad en el caso sub examine.

No obstante, como en el presente caso el recurso de apelación ejercido por la Nación - Fiscalía General de la Nación (fl. 162- 165, cdno. 2) alegó una nulidad por indebida integración del litisconsorcio necesario y violación del derecho de defensa, la Sala entrará a analizar este aspecto previo a decidir de fondo

De la representación de la nación en el sub lite

Respecto de la solicitud de nulidad por parte de la Fiscalía General de la Nación, advierte la Sala que la demanda fue presentada el 21 de julio de 2000 (fl. 24, cdno. 1) contra la nación-rama judicial. En efecto, el auto admisorio de la demanda se notificó solamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fl. 26, cdno. 1), aun cuando el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, en el que se establece la representación de la nación en cabeza del Fiscal General de la Nación, ya se encontraba vigente.

“ART. 49.—Representación de las personas de derecho público.El artículo 149del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

ART. 149.—Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, registrador nacional del Estado civil,fiscal general, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

En el presente proceso se estudia la responsabilidad de la nación producida en relación a una investigación penal que fue adelantada por la Fiscalía General de la Nación, por tanto, el auto admisorio de la demanda debió ser notificado al señor Fiscal General de la Nación. Como no se notificó, advierte la Sala una irregularidad que eventualmente se erige en la causal de nulidad establecida en el numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por indebida representación, dado que en los términos del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, cuando la demanda se dirige en contra de la nación, esta debe estar representada por el organismo que expidió el acto o produjo el hecho.

No obstante, no habrá lugar a decretar la nulidad del proceso, debido a que, de acuerdo con la jurisprudencia de unificación emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado(6), a raíz del cambio normativo que produjo la Ley 446 de 1998, la cual en su artículo 49 estableció la representación de la nación en cabeza del Fiscal General de la Nación, cuando, la representación judicial de la nación, por los hechos de los agentes de la rama judicial y fiscalía general, estaba radicada en cabeza del director ejecutivo de la administración judicial, provocó un “giro legal” que tornó confusa la aplicación de la nueva jurisprudencia, “de tal forma que, incluso después de 1998, los autos de admisión de las demandas presentadas en contra de la nación - rama judicial - Fiscalía General de la Nación, por casos de privaciones injustas de la libertad, eran notificados, en unos casos, al Fiscal General de la Nación, como lo establece el artículo 49, pero en otras ocasiones, seguían siendo notificadas al director ejecutivo de la administración judicial, de conformidad con los criterios jurisprudenciales establecidos para la época”(7).

Así las cosas, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió negar la declaratoria de nulidad de los procesos dirigidos contra la Nación - Fiscalía General de la Nación en los que, a pesar de haber sido iniciados durante la vigencia de la Ley 446 de 1998, se hubiere notificado solamente al director ejecutivo de la administración judicial, con mira a salvaguardar los principios de justicia, igualdad y acceso a la administración de justicia. Respecto de lo anterior se anotó:

“A pesar de que hoy, con los criterios ilustrativos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, es evidente que en los procesos contencioso administrativos en los que se impute un daño causado por un funcionario de la fiscalía general, es el fiscal quien tiene la representación judicial de la nación, facultad que no riñe con la radicada en cabeza del director ejecutivo de la administración judicial que, como bien lo señala el mismo artículo 49 ibídem, es una facultad genérica que opera para el resto de la rama judicial, en el momento posterior a la expedición de la norma no se tenía la misma claridad, debido a lo inveterado y constante de la jurisprudencia sobre el tema.

Estas son las razones que llevarán a la Sala, no solo a no declarar la nulidad del proceso sub examine, sino a hacer extensivas las mismas razones y, por tanto, las mismas disposiciones en todos los procesos con igual supuesto de hecho, es decir, aquellos en los que se haya demandado a la nación - rama judicial - fiscalía general, y aquella hubiera sido representada judicialmente por el director ejecutivo de la administración judicial, incluso en las demandas que hayan sido presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998. En efecto, se hará uso de la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, para salvaguardar los valores fundamentales de justicia e igualdad, consagrados en la Constitución Política, pero con un fundamento aún superior, toda vez que son valores intrínsecos al concepto de humanidad y sociedad. (...)

La aplicación de la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda, solo se justifica, en la medida en que existan razones suficientes, que permitan vislumbrar que los cambios de precedente - ya sea por modificación de las realidades en las que opera el derecho o porque fue promulgada una norma jurídica que así lo impone - han violado el principio de seguridad jurídica y el libre acceso a la administración de justicia de los asociados, y de contera, la igualdad de trato. (...)

En ese orden de ideas, dar estricta aplicación al artículo 49 de la Ley 446 de 1998, para las demandas presentadas con posterioridad a su entrada en vigencia, en los casos similares al aquí estudiado, sería desconocer las dimensiones de prontitud y eficacia en la resolución del conflicto del derecho al acceso a la administración de justicia, pues implicaría declarar la nulidad de un proceso que lleva varios años tramitándose. Aún más violatorio de los derechos del demandante es el hecho de que la irregularidad procesal no le es imputable, puesto que luego de admitida la demanda, es el tribunal administrativo quien se encarga de hacer la notificación al representante de la nación para el caso, que en unos eventos fue hecha de conformidad con la norma en comento, pero en otros, se siguió realizando como se hacía antes de su entrada en vigencia, sin que ello fuera motivo de objeción alguna por la parte demandada.

En consecuencia, apelando a la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, adoptada por esta corporación, y en aras de respetar el derecho al acceso a la administración de justicia y la seguridad jurídica, se unificará la jurisprudencia en lo que se refiere a los procesos iniciados después de la Ley 446 de 1998, en los que la nación - fiscalía general haya sido representada por el director ejecutivo de la administración judicial, para que se les apliquen las razones expuestas en esta providencia, de tal forma, que no pueda alegarse, al menos con éxito, la nulidad por indebida representación de la demandada.

El rango de aplicación de esta orden serán los procesos de estas características, que en este momento se encuentren en curso, siendo imperativo que en aquellos iniciados a partir de la ejecutoria de esta providencia, sea el Fiscal General de la Nación quien la represente, cuando el daño imputado sea atribuible a un funcionario de esa institución, lo cual supondrá la aplicación irrestricta al postulado de los artículos 149 del Código Contencioso Administrativo y 159 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— que en esta materia reproduce lo contenido por la modificación introducida por la Ley 446 de 1998 al Código Contencioso Administrativo, es decir, que el Fiscal General de la Nación es la autoridad encargada de representar a la nación en los procesos que se adelanten contra ella por actuaciones imputables a la fiscalía general”(8).

En consecuencia, en el sub examine a pesar de que el auto admisorio de la demanda fue notificado a la dirección ejecutiva de la administración judicial, en vigencia de la norma que consagra que la representación de la entidad demandada, Nación - Fiscalía General de la Nación, se encuentra en cabeza del Fiscal General de la Nación, no habrá lugar a declarar la nulidad por indebida representación consagrada en el numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior, en concordancia con lo expuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia de unificación, en la cual consideró que aunque las autoridades mencionadas por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 acuden al proceso en representación de la entidad demandada, en estricto sentido, se encuentran representando a la nación como persona jurídica. Por lo tanto, declarar la nulidad de los procesos en los que la entidad demandada es la Fiscalía General de la Nación, cuando el auto admisorio de la demanda se hubiere notificado solamente al director ejecutivo de la administración judicial, sería transgredir el derecho al acceso a la administración de justicia.

De la caducidad de la acción

El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

Ahora bien, en tratándose de los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(9), ya que el hecho dañoso se configura a partir del momento en que quede ejecutoriada la providencia que califica dicha medida restrictiva como ilegal o injusta(10).

En el caso concreto, se pretende que se declare la responsabilidad de la nación - rama judicial por la privación injusta de la libertad del señor Uriel Huelgos Valderrama.

De conformidad con las pruebas del plenario, resulta acreditado que el actor estuvo privado de su libertad desde el 21 de junio de 1999 al 24 de agosto de 1999 (acta de derechos del capturado, folio 140, anexo 4 y diligencia de compromiso por el señor Uriel Huelgos Valderrama, fl. 39, anexo 3), por ser presunto autor del delito de acceso carnal violento. Seguidamente, mediante providencia de 1º de febrero de 2000, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Belén de los Andaquíes, precluyó la investigación a su favor (copia de la providencia, fl. 120-123, anexo 3).

Ahora bien, aunque en el proceso no reposa la constancia de ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación del demandante señor Uriel Huelgos Valderrama, esta puede determinarse con base en las normas del Código de Procedimiento Penal y Civil, vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos (Decretos 2700 de 191[sic] y 1400 y 2019 de 1970).

Como regla general, el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991 consagraba que las providencias quedaban ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se habían interpuesto recursos y no debían ser consultadas. Frente a aquellas de naturaleza interlocutoria su ejecutoria se daba el día en que eran suscritas. Ahora bien, este último era aplicable únicamente a las resoluciones y a los autos, por cuanto frente a las sentencias de segunda instancia, por razones de seguridad jurídica, la ejecutoria era de tres días(11), así como en materia de consulta(12), al hacer una interpretación integral de las disposiciones de ese código y en consideración a que se trataba de mecanismos procesales con fines similares(13).

En efecto, como en el proceso obran pruebas documentales que acreditan que la providencia que precluyó la investigación fue notificada por edicto el 7 de febrero de 2011 (reverso fl. 126, anexo 3) y comoquiera que “las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas”(14), es razonable inferir que la notificación se surtió al vencimiento del termino de fijación del edicto(15) de la decisión que precluyó la investigación, esto es, el referido 11º de febrero de 2000, por lo que se contarán los 3 días hábiles para su ejecutoria desde esta fecha, los cuales concluyeron el 16 de febrero de ese mismo año. Es decir, que a partir del 17 de agosto de 2000, empezó a correr el término para impetrar la acción de reparación directa.

El colofón es claro, como la demanda fue incoada el 21 de julio de 2000 (fls. 18-24, cdno. 1) se concluye que no operó el fenómeno de caducidad, ya que el demandante pudo haberlo hecho hasta el 17 de agosto de 2002, sin que opere el binomio extintivo.

Por último, es importante señalar que la entidad demandada no alegó durante el proceso que la providencia del 1º de febrero de 2000, mediante la cual se precluyó la investigación a favor del señor Uriel Huelgos Valderrama, haya sido apelada o que el demandante continuó siendo investigado por estos hechos. Aunado a ello, consultados los sistemas electrónicos de la rama judicial(16) y de antecedentes judiciales de la Policía Nacional(17), el señor Uriel Huelgos Valderrama identificado con cédula de ciudadanía 96.357.754 no registra procesos en su contra.

III. Problema jurídico

Procede la Sala a determinar si en el caso bajo análisis resulta imputable al Estado el presunto daño antijurídico ocasionado al señor Uriel Huelgos Valderrama por la privación de la libertad a la que fue sometido desde el 21 de junio de 1999 hasta el 24 de agosto de 1999, con ocasión de la investigación penal adelantada en su contra por autoridades judiciales. Aunado a ello, se tendrá que determinar si es procedente incrementar los perjuicios morales, conforme a lo solicitado por la parte demandante.

IV. Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales son susceptibles de valoración probatoria porque fueron aportadas en cumplimiento del debido proceso, los hechos probados que sirven como fundamento fáctico de la presente sentencia son los siguientes:

1. El 28 de mayo de 1999, la Fiscalía General de la Nación, delegada ante el Juzgado del Circuito de Belén de los Andaquíes mediante resolución de apertura de instrucción, libró boleta de captura en contra del señor Uriel Huelgos Valderrama (fls. 126 y 127, anexo 4).

2. En efecto, el señor Uriel Huelgos Valderrama fue privado de su derecho fundamental a la libertad personal desde el 21 de junio de 1999 por ser presunto autor del delito de acceso carnal violento (acta de derechos del capturado, fl. 140, anexo. 4).

3. Mediante diligencia del 22 de junio de 1999, el señor Uriel Huelgos Valderrama rindió indagatoria ante la unidad delegada ante el Juzgado del Circuito de Belén de los Andaquíes. ( fl. 154-156, anexo 4).

4. El 25 de junio de 1999, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Belén de los Andaquíes resolvió la situación jurídica de Uriel Huelgos Valderrama imponiéndole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva ( fls. 170-173, anexo 4).

5. El 26 de julio de 1999, la defensa técnica del señor Uriel Huelgos Valderrama solicitó se revoque la medida de aseguramiento (fls. 231 y 232, anexo 4).

6. El 30 de julio de 1999, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Belén de los Andaquíes resolvió no acceder a lo solicitado por la defensa (237-240, anexo 4).

7. Mediante providencia del 24 de agosto de 1999, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Florencia Caquetá, ordenó dejar en libertad al Señor Uriel Huelgos Valderrama (fls. 24-37, anexo 3).

8. El señor Uriel Huelgos Valderrama recobró su libertad el 24 de agosto de 1999 (diligencia de compromiso suscrita por el señor Uriel Huelgos Valderrama, fl. 39, anexo 3).

9. Mediante providencia del 1º de febrero de 2000, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Belén de los Andaquíes, precluyó la investigación a su favor (copia de la providencia, fls. 120-123, anexo.3).

10. En consecuencia, el señor Uriel Huelgos Valderrama fue privado de su derecho fundamental a la libertad personal desde el 21 de junio de 1999 al 24 de agosto de 1999, es decir, por el lapso de 2 meses y 3 días (acta de derechos del capturado, fl. 140, anexo. 4 y diligencia de compromiso suscrita por el señor Uriel Huelgos Valderrama, fl. 39, anexo 3).

V. Análisis de la Sala

Con el fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, estima la Sala pertinente señalar ab initio el marco normativo aplicable para fijar los supuestos fácticos de relevancia a efectos de determinar en el sub lite si es posible, tras el juicio contencioso administrativo, derivar responsabilidad del Estado y, concretamente, condenar a la nación - rama judicial a la indemnización de los perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad que padeció el señor Uriel Huelgos Valderrama entre el 21 de junio de 1999 al 24 de agosto de 1999

En ese sentido, las normas aplicables son los artículos 9°(18) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(19), 7°(20) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(21) (las cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad), 28, 90 y 93 de la Constitución Política, 414 del Código de Procedimiento Penal, y 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, los cuales constituyen, entre otros, el fundamento internacional, constitucional y legal de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en el caso sub lite.

En consecuencia, en ejercicio de una interpretación y aplicación armónica de estos artículos, para que exista responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, bajo la égida de los artículos 90 constitucional y 414 del Código de Procedimiento Penal, es necesario que el demandante acredite los siguientes supuestos fácticos de relevancia jurídica(22), esto es, que: i) fue objeto de una detención preventiva y que a causa de ella se le generó un daño antijurídico consistente en la privación de su derecho fundamental de libertad personal, y que ii) exista absolución a posteriori, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible .

El daño antijurídico: la privación injusta de la libertad y la preclusión de la investigación.

En ese orden de ideas, de conformidad con los hechos probados la Sala advierte que está debidamente acreditado que el señor Uriel Huelgos Valderrama sufrió un daño antijurídico consistente en que fue privado de su libertad a órdenes de autoridades judiciales, desde el 21 de junio de 1999 al 24 de agosto de 2000, con ocasión de las medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (acta de derechos del capturado, folio 140, anexo 4 y diligencia de compromiso por el señor Uriel Huelgos Valderrama, fl. 39, anexo 3), por ser presunto autor del delito de acceso carnal violento.

Seguidamente, mediante el 1º de febrero de 2000, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Seccional de Belén de los Andaquíes, precluyó la investigación a su favor, porque el sindicado no estuvo en el sitio donde se consumó el delito (copia de la providencia, fls. 120-123, anexo 3). Al respecto señaló:

“... Con la prueba recaudada se puede llegar a la conclusión que la noche de los hechos delictivos, Uriel Huelgos, si estuvo en la discoteca la Barra, pero ha quedado descartada su participación en el ilícito, el cual sucedió en las primeras horas de la madrugada del 12 de abril y este salió antes de la media noche para su casa en compañía de su hermana Juvenel, y el reconocimiento médico ordenado a este ha despejado la duda respecto a la mordedura de Leydy, cuando el galeno dictamina que no presenta cicatrices de mordedura humana

(...) Estándonos a las pruebas recepcionadas, se puede concluir que el aquí sindicado Uriel Huelgos Valderrama, no estuvo en el sitio donde se llevó a cabo el acto atentatorio contra la libertad sexual y la dignidad humana de Leidy Johana Córdoba Gómez, fuerza es entonces declararlo (sic) y ordenar la preclusión de la investigación, como en efecto se hará en aplicación del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal como forma de calificar el mérito sumarial”.

En consonancia con lo anterior, para la Sala es claro en el presente caso se absolvió al señor Uriel Huelgo Valderrama porque no cometió el hecho punible. Por tal razón, lo sucedido en el proceso penal fue que el Estado en ejercicio del ius puniendi no pudo desvirtuar su presunción de inocencia y, en consecuencia, entiende la Sala que como el sindicado no cometió el hecho es posible derivar responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ya que estamos dentro de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que fue exonerado por providencia que precluyó la investigación, porque el sindicado no lo cometió y, en efecto, tiene derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le fue impuesta.

El título de imputación aplicable

Es pertinente señalar que, para la Sala, el régimen de responsabilidad aplicable por la privación injusta de la libertad es, en principio, objetivo, razón por la cual no es necesario establecer si hubo falla en la prestación del servicio. No obstante, ello no es óbice para que en un caso concreto, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, habida cuenta que si se encuentra acreditada la falla del servicio procede su declaración.

Empero, es importante señalar que en el sub lite el título de imputación aplicable es objetivo, y por ello la indemnización con ocasión de la privación injusta de la libertad no depende de la ilegalidad, falla o yerro en la decisión que ordena la privación preventiva de la libertad, sino que estriba en el sobreseimiento a posteriori por alguna de las causales establecidas en el artículo 414 de Código de Procedimiento Penal, es decir, porque el hecho no existió (inexistencia objetiva del hecho), el sindicado no lo cometió (inexistencia subjetiva), o la conducta no constituía hecho punible.

Así las cosas, para que la entidad demandada se exima de responsabilidad, es menester que demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima producido con dolo o culpa grave que dio lugar a la privación de la libertad. Sin que sea viable, claro está, la exoneración por fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, habida cuenta que la limitación a la libertad personal a través de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, es de entera competencia del ente investigador.

Al respecto, en sentencia del 25 de febrero de 2009, esta corporación señaló:

“La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(23). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades ha sido puesto de presente(24).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(25). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas debían soportar(26).

Más adelante, en una segunda dirección, la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(27), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(28), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(29).

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto dado por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala señaló la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(30), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(31).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal respectivo del principio in dubio pro reo, de manera tal que no obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales el imputado no llega a ser condenado porque la investigación es dudosa e insuficiente para condenar el (sic) imputado, circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(32)—.

Las decisiones que han establecido que el Estado debe responder cuando se configure alguna de las causales del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea necesario cuestionar la conducta del funcionario que impuso la respectiva medida de aseguramiento de privación de la libertad, incluso en los casos en que se ha absuelto al detenido por in dubio pro reo —todo bajo un régimen objetivo de responsabilidad— han estado fundamentadas en la primacía del derecho fundamental a la libertad, la cual debe estar garantizada en un Estado social de derecho como lo es el Estado colombiano por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política (...)”(33).

Así las cosas, volviendo al caso sub lite, encuentra la Sala que preclusión de la investigación a favor del sindicado, obedeció a que el sindicado cometió el hecho punible (inexistencia subjetiva), razón por la cual la garantía constitucional de la presunción de su inocencia permaneció incólume y no fue desvirtuada, lo cual arroja como colofón que Uriel Huelgos Valderrama no cometió el delito y que, por tanto, fue privado injustamente de su derecho fundamental de libertad personal.

Al respecto, es relevante señalar que este presupuesto, esto es, la demostración de no haber cometido el delito (inexistencia subjetiva) se encuentra estipulado en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 como una de las causales de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, que a su tenor establecía:

“ART. 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (se destaca).

En ese orden de ideas, como quiera que el señor Uriel Huelgos Valderrama le fue precluida la investigación y por ende exonerado de responsabilidad penal frente al delito de acceso carnal violento, la Sala considera pertinente la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, derivado del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, puesto que, si se toma en serio la presunción de inocencia, se configura lo establecido en el artículo citado, en cuanto a que el sindicado no cometió la conducta punible.

En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta corporación, en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

“En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente[(34)18]17, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el llegislador[sic] calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquel”(35).

Por consiguiente, el caso bajo estudio determina, valga reiterar, una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de un error cometido por la autoridad judicial. Razón por la cual, al perjudicado le basta con demostrar: i) que se impuso en su contra una medida privativa de la libertad en el marco de un proceso penal; ii) que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, y iii) el daño y los consecuentes perjuicios surgidos de la restricción al derecho fundamental de libertad, para que con esa demostración surja a cargo del Estado la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano.

Con respecto a la carga probatoria del demandante, la corporación ha reiterado que corresponde a la parte actora acreditar los elementos que configuran la responsabilidad, a saber: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, elementos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente del caso que se analiza, con la prueba de la privación de la libertad y la posterior preclusión de la investigación en favor del demandante, pues fue una decisión de la Nación - Fiscalía General de la Nación, la que determinó que el señor Huelgos Valderrama estuviese privado de su libertad.

En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada la causal de exoneración: hecho exclusivo y determinante de la víctima por dolo o culpa grave.

Por cierto, como se trató de una imputación penal contra Uriel Huelgos Valderrama, que culminó con preclusión de la investigación a su favor, debido a que no cometió la conducta punible (inexistencia subjetiva por no participación en los hechos), y teniendo en cuenta que la entidad demandada se abstuvo de demostrar que la privación de la libertad del demandante hubiera ocurrido como consecuencia del hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave, entonces la Sala concluye que en el presente caso se dan todos los presupuestos para que pueda predicarse responsabilidad a cargo de la entidad demandada a la cual le son imputables los perjuicios padecidos como consecuencia de la medida judicial, en cuanto que la privación de la libertad del demandante fue una carga que no estaba llamado a soportar.

La responsabilidad patrimonial por el daño causado es imputable a la nación - rama judicial, tal como fue solicitada expresamente en la demanda en razón del daño antijurídico producido a la parte actora por la privación injusta de la libertad de Uriel Huelgos Valderrama.

Es preciso señalar que la rama judicial quien acudió al proceso en representación de la nación, no formuló algún reparo frente a la sentencia del a quo. Sin embargo, en aplicación del principio de congruencia entre el fallo y la sentencia, la decisión será modificada en cuanto ordenó el pago de la condena con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación.

En virtud de lo anterior, como el Tribunal Administrativo de Caquetá emitió sentencia condenatoria, la Sala modificará el fallo también respecto a la liquidación de perjuicios materiales y morales.

VI. La liquidación de perjuicios

Como el recurso de apelación de la parte demandante (181-182 cdno. ppal.) impugna las indemnizaciones reconocidas por el a quo a título de perjuicios morales, ya que, a su juicio, deben ser incrementadas en una suma racional que resarza todos los perjuicios irrogados a los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad del señor Uriel Huelgos Valderrama.

Frente a ello, es importante señalar que jurisprudencia constante de esta corporación, ha establecido que en casos de privación injusta del derecho fundamental de libertad, hay lugar a colegir que esta afectación genera per se dolor moral, angustia y aflicción(36); en congruencia con lo anterior, se ha considerado que el perjuicio de índole moral también se genera en los seres queridos más cercanos(37). De manera que el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el de los hijos, cónyuge, compañera o compañero permanente de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(38).

Respecto del quantum al cual deben ascender estos perjuicios, la Sala acudirá a los parámetros establecidos en la reciente sentencia de unificación de la Sección Tercera de la corporación, que a su tenor estableció:

“Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos de los presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivos y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (C.P. arts. 13 y 209), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”(39) (destacado fuera de texto).

En consecuencia, como en el presente caso el señor Uriel Huelgos Valderrama fue privado de su derecho fundamental a la libertad personal desde el 21 de junio de 1999 al 24 de agosto de 1999, es decir, por el lapso de 2 meses y 3 días (acta de derechos del capturado, folio 140, anexo 4 y diligencia de compromiso suscrita por el señor Uriel Huelgos Valderrama, folio 39, anexo 3), y como en el sub lite la parte demandada no desvirtuó la presunción de aflicción que se desprende de la acreditación del parentesco con sus respectivos registros civiles de nacimiento de sus familiares más cercanos, estos son: Juvenel Huelgos Valderrama (fl. 14, cdno. 2), María Lucila Valderrama Bermeo (fl. 15, cdno. 2), Eusebio Huelgos Vargas (fl. 15, cdno. 2), Alirio Cabrera Valderrama (fl. 11, cdno. 1), Fabiola Cabrera Valderrama (fl. 12, cdno. 1), María Otilia Huelgos Méndez (fl. 21,cdno. 2), María Inés Huelgos Méndez (fl. 22, cdno. 2) y Mariela Huelgos Méndez(fl. 22, cdno. 2).

En efecto, habrá que condenar por el perjuicio solicitado para lo cual es imprescindible tener en cuenta la naturaleza, la intensidad, la extensión y la gravedad de la afectación o lesión al derecho o interés legítimo respectivo, razón por la cual se asignarán los porcentajes, para cada uno de los demandantes, en los valores que se indican a continuación:

Uriel Huelgos Valderrama (privado de la libertad)35 SMMLV
Eusebio Huelgos Vargas (padre)35 SMMLV
María Lucila Valderrama Bermeo (madre)35 SMMLV
Juvenel Huelgos Valderrama (hermana)17.5 SMMLV
Alirio Cabrera Valderrama(hermano)17.5 SMMLV
Fabiola Cabrera Valderrama (hermana)17.5 SMMLV
María Otilia Huelgos Méndez ( hermana)17.5 SMMLV
María Inés Huelgos Méndez (hermana)17.5 SMMLV
Mariela Huelgos Méndez(hermana)17.5 SMMLV
María Cleofe Huelgos Méndez
(tercera damnificada)
17.5 SMMLV

Perjuicios materiales:

Respecto a la condena de perjuicios de orden material por concepto de daño emergente y lucro cesante, como estos no fueron objeto del recurso de apelación por las partes impugnantes, la Sala se limitará a realizar la actualización de las sumas que liquidó el a quo, de conformidad con la siguiente fórmula:

Por concepto de daño emergente:

Ra=Valor actualizado a establecer
Va=Valor a actualizar, esto es, $ 4.292.896.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 114,53678 que es el correspondiente a enero de 2014.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 80,86822 que es el que correspondió al mes de enero de 2005, mes y año en que se profirió la sentencia de primera instancia

Va= $ 4.292896

114,53678 = $ 6.050.772,35

80,86822

Va= $ 6.080.194,23

Por concepto de lucro cesante:

Ra=Valor actualizado a establecer
Va=Valor a actualizar, esto es, $ 897.776.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 114,53678 que es el correspondiente a enero de 2014.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 80,86822 que es el que correspondió al mes de enero de 2005, mes y año en que se profirió la sentencia de primera instancia

Va= $ 897.776

114,53678 = $ 1.271. 554,78

80,86822

Va= $ 1.271. 554,78

VIII. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 20 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, la cual quedará así:

PRIMERO: Declarar que la nación colombiana - rama judicial es administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por la injusta privación que se hiciera de la libertad de Uriel Huelgos Valderrama, del 21 de junio de 1999 hasta el 24 de agosto de 1999

SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la nación - rama judicial a pagar a favor de Uriel Huelgos Valderrama, Juvenel Huelgos Valderrama, María Lucía Valderrama Bermeo, Eusebio Huelgos, Alirio y Fabiola Cabrera Valderrama, María Otilia, María Inés, María Cleofe, y Mariela Huelgos Méndez a título de perjuicios morales y materiales los valores que a continuación se discriminan así:

Morales

Uriel Huelgos Valderrama (privado de la libertad)35 SMMLV
Eusebio Huelgos Vargas (padre)35 SMMLV
María Lucila Valderrama Bermeo (madre)35 SMMLV
Juvenel Huelgos Valderrama (hermana)17.5 SMMLV
Alirio Cabrera Valderrama(hermano)17.5 SMMLV
Fabiola Cabrera Valderrama (hermana)17.5 SMMLV
María Otilia Huelgos Méndez ( hermana)17.5 SMMLV
María Inés Huelgos Méndez (hermana)17.5 SMMLV
Mariela Huelgos Méndez(hermana)17.5 SMMLV
María Cleofe Huelgos Méndez
(tercera damnificada)
17.5 SMMLV

Materiales

Para Uriel Huelgos Valderrama en la modalidad de daño emergente la suma de seis millones cincuenta mil setecientos setenta y dos mil pesos con treinta y cinco centavos ($ 6.050.772,35) por el pago de honorarios de abogado; y por concepto de lucro cesante la suma de un millón doscientos setenta y un mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos, con setenta y ocho centavos ($ 1.271.554,78).

TERCERO: Esta condena se hace en concreto conforme a las razones expuestas.

CUARTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Dese cumplimiento a esta sentencia de conformidad con lo regulado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: Devuélvanse a los actores los remanentes del depósito efectuado para gastos ordinarios del proceso, si los hubiere.

SÉPTIMO: En firme esta decisión archívese el proceso.

2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

3. Sin condena en costas.

4. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Danilo Rojas Betancourth, Presidente, con salvamento de voto—Stella Conto Díaz del CastilloRamiro Pazos Guerrero—.

(1) La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caquetá el 21 de noviembre de 2000 (fls. 26 y 27 cdno. 2). Seguidamente, la nación - rama judicial fue notificada (fl. 28, cdno. 2) y presentó escrito de contestación (fls. 56-77, cdno. 2).

(2) Para tal efecto consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(3) En el testimonio del señor Gentil Cruz Becerra, quien acudió a deponer su dicho como vecino del señor Uriel Huelgos Valderrama y sin ningún nexo con él, ante la pregunta: “ Díganos si usted tiene conocimiento cómo está integrada la familia de la cual forma parte Uriel Huelgos Valderrama.- Contestó: Por la mamá de nombre María Lucila Valderrama, el papá de nombre Eusebio Huelgos, y por los hermanos Aliria, Fabiola Cabrera Valderrrama, Juvenel Huelgos, María Otilia, Maria Cleofe, Maria Ines y Mariela Huelgos Méndez”, —se resalta—.

(4) Al respecto puedenconsultarse las sentencias de 4 de septiembre de 1997, M.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 10275yde 11 de mayo de 2006, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 15626, en las que se coincide que la nación se constituye en una persona jurídica unitaria, sin perjuicio de la representación a cargo de la rama, dependencia u órgano al que, específicamente se le atribuye el hecho o la omisión y, en general la causa del daño indemnizable. Posición reiterada en sentencia de 27 de febrero de 2013, Exp.20883-29538, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(5) Ver auto de 19 de febrero de 2004, M.P. María Elena Giraldo, Exp. 25756.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2012, Exp. 20.420, C.P. Enrique Gil Botero.

(7) Ibíd.

(8) Ibíd.

(9) En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(10) “En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad —y por ende, declaró la ilegalidad de la medida— no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias(auto de jul. 19/2007, Rad. 33.918, C.P. Enrique Gil Botero).

(11) Se precisa que, anteriormente, el artículo 214 del Código de Procedimiento Penal, consagraba que la sentencia de segunda instancia quedaba ejecutoriada 15 días después de surtida la última notificación, sin embargo esa norma fue modificada por el artículo 31 de la Ley 81 de 1993, en el sentido de eliminar ese término de ejecutoria.

(12) En los términos del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, eran consultables las sentencias absolutorias proferidas por cualquier juez, siempre que no hubieran sido apeladas y no haya habido parte civil reconocida dentro del proceso.

(13) Los doctrinantes Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett, en su libro “El Proceso Penal”, afirman frente a la ejecutoria de las sentencias de segunda instancia, lo siguiente: “... Una interpretación exegética del artículo 197 analizado, permitiría sostener que las sentencias de segunda instancia quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente, porque la norma utiliza la expresión... providencias interlocutorias..., en la cual quedan comprendidas, obviamente, las resoluciones, los autos, y las sentencias (CPP art. 179).

Cuando la norma que se comenta dispone que las decisiones que resuelven la... apelación contra providencias interlocutorias... quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente, apunta únicamente a las resoluciones o a los autos; ello porque en nuestro concepto, todas las sentencias de segunda instancia, admitan o no el recurso extraordinario de casación, deben ser notificadas y se deben dejar correr los términos de ejecutoria”. También analizaron la laguna existente en el Código de Procedimiento Penal frente a la consulta, así: “... No obstante lo expuesto, creemos que si la consulta es una forma de control jurisdiccional para determinadas providencias que no han sido recurridas, necesariamente debe aplicarse la misma filosofía que orienta la ejecutoria cuando se trata del recurso de apelación, porque la consulta no es otra cosa que un mecanismo sustitutivo ante la inercia de las partes para recurrir.

Por consiguiente, todo lo dicho sobre notificación, ejecutoria y recursos en segunda instancia, tiene plena aplicación cuando se trata del grado jurisdiccional de consulta” (Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá 1995, págs. 258 y 267).

(14) Según el artículo 197 del CPP.

(15) Artículo 322 del CPC Notificación de sentencias por edicto. (...) La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

(16) http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/.

(17) https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml

(18) “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.

(19) Entró en vigor en Colombia el 23 de marzo de 1976 mediante la Ley 74 de 1968.

(20) “Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”.

(21) Entró en vigor en Colombia el 18 de julio de 1978 mediante la Ley 16 de 1972.

(22) Según Taruffo al referirse sobre el concepto de relevancia jurídica afirma que: “El objeto de la decisión es el hecho que la norma define y califica como relevante, es decir, como punto de referencia de los efectos que la misma norma prevé. Es la norma, en otros términos, la que funciona como criterio de selección, en el sentido de individualizar entre los infinitos sucesos del mundo real aquellos que asumen relevancia específica para su aplicación. Si, y solo si, en la concreta situación planteada en juicio, este criterio funciona con resultados positivos, entonces la norma es aplicable a ese hecho y este es objeto de la decisión y, por tanto, objeto de prueba” Taruffo, Michele. La prueba de los hechos, Trotta, págs. 97-98.

(23) “[15] El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente; (...)”.

(24) “[16] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463”.

(25) “[17] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Exp. 9734.”

(26) “[18] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 194, expediente 8.666.”

(27) “[19] Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.”.

(28) “[20] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Exp. 10.056”.

(29) “[21] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Exp. 10.229.”

(30) “[22] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de abril de 2002, Exp. 13.606.”

(31) “[23] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Exp. 11.601 (...)”.

(32) “[24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); Rad. 2001-23-31-000-3423-01; Exp. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: nación – rama judicial.”

(33) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 25000-23-26-000-1998-05851-01(25.508), actor: Édgar Antonio Borja Sivla[sic] y otros, demandado: Fiscalía General de la Nación y otro.

(34) [18]. A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no solo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto estas son decisiones equivalentes a aquella para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp: 13.449.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(36) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(37) Cf. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(38) Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero.

(39) Sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

Salvamento de voto

1. La presente sentencia atribuye responsabilidad a la nación - rama judicial por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por la injusta privación de la libertad de la que fue víctima Uriel Huelgas Valderrama desde el 21 de junio de 1999 hasta el 24 de agosto de 1999.

2. Quedó acreditado dentro del expediente que la unidad seccional de Belén de los Andaquíes precluyó la investigación en su favor el 1º de febrero de 2000. Si bien se adelantó el conteo de los términos de ejecutoria de esa decisión desde su notificación, de conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Penal y Civil vigentes para la época de la decisión de preclusión, se trata de una técnica utilizada en sentencias o providencias de preclusión de segunda instancia, o de primera siempre y cuando estas últimas cuenten con la constancia de ejecutoria. Lo anterior en virtud del artículo 197 del Decreto 2700 de 1991, según el cual “Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas”. En el caso en estudio, se trata de una decisión preclusiva de la investigación emitida en sede de primera instancia, sin que la parte actora haya allegado la constancia de ejecutoria. En el fallo se mencionó que, a pesar de la ausencia de ese requisito, la entidad demandada no alegó durante el proceso contencioso que esa decisión fue apelada, y aunado a ello consultados los sistemas electrónicos de la rama judicial y de antecedentes de la Policía Nacional, sin que se encontrara antecedente alguno en nombre del actor, se podía tener por definitiva la decisión de preclusión emitida en primera instancia por la fiscalía (pág. 23). A mi juicio, lo anterior no es suficiente para proceder a fallar de fondo el caso en estudio, pues como se verá, la regla del artículo 197 es de gran relevancia para el cálculo de la caducidad de la acción de reparación directa, así como para la acreditación del daño.

3. El daño antijurídico en casos de privación injusta de la libertad se consolida con la decisión definitiva de preclusión y con la sentencia absolutoria en primera o segunda instancia, ya que a partir de esa providencia, en la cual el funcionario judicial entendía plenamente comprobado que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió, que la conducta era atípica, o que operaba una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad (D. 2700/91, arts. 36 y 57), se manifiesta la ilegalidad de la medida restrictiva de la libertad.

Es decir, que mientras la decisión favorable al privado de la libertad sea susceptible del recurso de apelación(1), y no se cuente con la constancia de ejecutoria de esa decisión, permanece la incertidumbre de si la providencia fue apelada y revocada en una segunda instancia.

En otras palabras, sin la constancia de ejecutoria, no es posible afirmar con total certeza que la privación de la libertad constituya un daño antijurídico, susceptible de ser indemnizado mediante la acción de reparación directa.

4. De otro lado, la prueba que se extraña en esta sentencia, resulta determinante en los procesos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, por cuanto el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial absolutoria o de preclusión, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(2). Al respecto también ha aclarado que, en caso de que nos sea aportada junto con la demanda, y si bien el fallador no cuenta con la posibilidad de establecer el acaecimiento de la caducidad en ese estadio procesal, este deberá dar trámite al proceso, por cuanto esa constancia no constituye uno de aquellos requisitos consagrados dentro de las normas procesales que rigen la admisibilidad de la demanda en los casos de injusta privación de la libertad(3). En todo caso, la parte interesada deberá allegar esa prueba “en el curso del proceso”, de manera que sea la sentencia el escenario en donde se determine la configuración o no de la caducidad(4).

5. De conformidad con lo anterior, la constancia de ejecutoria resulta de vital importancia en el momento de dictar sentencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, razón por la cual ante su ausencia, la Sala no tendría más remedio que solicitarla de oficio o negar las pretensiones de fondo, pues de lo contrario no habría prueba del daño antijurídico.

Fecha ut supra

Danilo Rojas Betancourth

(1) Decreto 2700 de 1991, “artículo 202, procedencia de la apelación. Salvo disposición en contrarío, el recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias interlocutorias de primera instancia”.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 3 de marzo de 2010, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 44001-23-31-000-2008-.00162-01 (36473).

(3) Artículos 137 y 139 del Código Contencioso Administrativo. El primer inciso de esta última norma dispone que “A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución. Si son del caso; ...”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, Rad. 17001-23-31-000-2011-00329-01(42752), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.