Sentencia 2000-03364 de febrero 13 de 2013

 

Sentencia 2000-03364 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 76001-23-31-000-2000-03364-01 (26.363)

Actor: Sixta Tulia Zapata García y otros

Demandado: Instituto de los Seguros Sociales, ISS

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Competencia

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988 y de allí que, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $26’390.000. Como quiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $130’000.000, solicitada por concepto de perjuicios materiales, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

Consideraciones previas

Sobre los medios probatorios obrantes en el proceso, concretamente en lo que se refiere a la prueba trasladada, se ha dicho que aquélla que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, o que no haya sido solicitada en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aduce, o no haya sido practicada con audiencia de ésta no puede ser valorada en el proceso al que se traslada(1). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de la prueba rendida dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dicha prueba puede ser tenida en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando haya sido practicada sin su citación o intervención en el proceso original y no haya sido ratificada en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).

En este caso, el Tribunal dispuso tener como prueba la copia auténtica del proceso penal 314655, adelantado por la Fiscalía Seccional 27, por la muerte del señor José Manuel Garzón Briñez (auto de ago. 13/2001(3)) y ella fue remitida a este proceso por la Fiscalía(4); no obstante, tal prueba sólo fue solicitada por la parte demandante y fue practicada sin la citación o intervención del ISS en el proceso original, razón por la cual, conforme a lo dicho en el párrafo precedente, no se tendrá como prueba en este proceso; sin embargo, se valorarán unos documentos públicos que allí reposan (un certificado proferido por la Unidad de Patología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la diligencia de levantamiento e inspección del cadáver, realizada por la Fiscalía) ya que estuvieron a disposición de las partes y no se objetaron, ni se discutió su contenido(5).

El caso concreto

1. Con las pruebas obrantes en el proceso quedó acreditado que el señor José Manuel Garzón padecía una insuficiencia renal crónica, por lo que recibió hemodiálisis en la Unidad Renal de la Clínica Rafael Uribe Uribe, entre el 13 y el 31 de mayo de 1999, según consta en la historia clínica(6) y lo manifestó un nefrólogo de ese centro asistencial, en informe del 7 de diciembre de 2001(7).

En informe del 1º de junio de 1999(8) y en la hoja de seguimiento del tratamiento de hemodiálisis(9), la enfermera jefe del turno de las 6 p.m. del día anterior manifestó que, durante el procedimiento de hemodiálisis, el señor José Manuel Garzón presentó cefalea, que ella le administró un dólex que la esposa de aquél le entregó y que este se quedó calmado hasta que terminó el procedimiento. Sostuvo que, lo desconectó, le arregló el catéter y que le dijo que no se parara de la silla hasta que se sintiera bien. Continuó diciendo que se dirigió a desconectar a otro paciente, que vio que el señor Garzón se puso de pie en compañía de una enfermera, que le preguntó si se sentía bien, que él no respondió, que en ese momento se cayó de espaldas y se golpeó en la cabeza y que de inmediato llamaron a un médico de urgencias, servicio al que fue trasladado.

En la historia clínica de urgencias de la Clínica Rafael Uribe Uribe(10) quedó consignado que el paciente ingresó a ese servicio el 31 de mayo de 1999, a las 11:05 p.m., con un trauma craneoencefálico y otorragia derecha, en malas condiciones generales a causa de una caída que sufrió cuando terminó la diálisis, a pesar de que le advirtieron que no se levantara de la silla en la que se encontraba, y que falleció el 1º de junio a las 00:50 a.m.

En el oficio C-99-487(11), el Coordinador de Patología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Sur certificó que, el 1º de junio de 1999, se le practicó la necropsia a José Manuel Garzón Briñez, quien falleció por una caída; así mismo, en la diligencia de levantamiento e inspección del cadáver 1690 del 1º de junio de 1999(12), realizada por la Fiscalía 105 Seccional URI, quedó consignado que la muerte de aquél se produjo por una caída accidental.

Si bien, de conformidad con el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970(13), el medio idóneo para probar la muerte de una persona es el respectivo registro civil de defunción, los documentos acabados de mencionar serán tenidos en cuenta para acreditar la del señor Garzón Briñez, en virtud de que son documentos públicos, de los que se presume su autenticidad, al haber sido suscritos por funcionarios públicos, en ejercicio de su cargo. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación ha dicho(15):

“… el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (CPC, art. 251), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil”.

Sumado a lo anterior, se tiene que, al ser funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 5º y el artículo 46 del Decreto 261 de 2000(16), es un establecimiento público adscrito a Fiscalía General de la Nación y de la propia Fiscalía, quienes suscriben los atrás mencionados certificado de necropsia, la diligencia de levantamiento e inspección del cadáver y la ampliación del dictamen médico legal son funcionarios integrantes de la rama judicial, dado que la Fiscalía forma parte de dicha rama, según el artículo 249 de la Constitución Política, razón suficiente para confiar en la veracidad y autenticidad de tales documentos que, en este caso, dan cuenta de la muerte del señor Garzón Briñez, máxime que aquel Instituto es una entidad pública de referencia técnico científica, que dirige y controla el sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia y que tiene como función principal prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica, según disponen los artículos 48 y 49 del citado Decreto 261 de 2000.

2. Verificado lo anterior, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no a la entidad pública, como lo alegan las actoras.

Al Instituto de los Seguros Sociales, ISS, se le atribuye la responsabilidad por los perjuicios ocasionados a las demandantes con la muerte de su compañero y padre, José Manuel Garzón Briñez, ocurrida el 1º de junio de 1999, en la Clínica Rafael Uribe Uribe de Cali, al no proporcionarle las previsiones y medidas requeridas para su delicado estado de salud, es decir, no se cuestiona la prestación del servicio médico asistencial, sino el manejo dado al paciente en las instalaciones de ese centro asistencial.

Acá es del caso aclarar, que la responsabilidad patrimonial de la administración hospitalaria no está circunscrita a la prestación o suministro de los actos médicos y paramédicos, sino que comprende otra serie de obligaciones como las de seguridad, cuidado, vigilancia, protección y custodia de los usuarios.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación ha dicho(17):

“El evento adverso ha sido entendido como aquel daño imputable a la administración por la atención en salud y/u hospitalaria, que no tiene su génesis u origen en la patología de base del paciente, y que puede desencadenar la responsabilidad de los prestadores del servicio de salud —entendidos en sentido genérico—, desde diversas esferas u órbitas legales. Por su parte, el anexo técnico de la Resolución 1446 de 2006 del Ministerio de la Protección Social lo define como:

‘las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, los cuales son más atribuibles a ésta que a la enfermedad subyacente y que pueden conducir a la muerte, la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente, a la demora del alta, a la prolongación del tiempo de estancia hospitalizado y al incremento de los costos de no-calidad. Por extensión, también aplicamos este concepto a situaciones relacionadas con procesos no asistenciales que potencialmente pueden incidir en la ocurrencia de las situaciones arriba mencionadas’”.

Los eventos adversos, como incumplimiento de la obligación de seguridad y vigilancia, se ubican en el campo de los actos extramédicos, toda vez que es allí donde se pueden materializar los posibles riesgos que configuren eventos de responsabilidad de la administración, que no se relacionan con la patología de base; en consecuencia, el deber consiste en evitar o mitigar todo posible daño que pueda causarse al paciente cuando esté al cuidado del centro hospitalario. En estos casos, la responsabilidad de la entidad tiene como referente la falla del servicio, razón por la cual, en cada caso, será imprescindible constatar si el daño tuvo origen en alguna negligencia, impericia, imprudencia o una violación de reglamentos por parte del personal administrativo de la clínica o del hospital respectivo, como pasa a analizarse.

En testimonio rendido el 12 de junio de 2002, la señora Florelba Bautista Gamboa, enfermera presente al momento de los hechos, narró acerca del tratamiento ofrecido a los pacientes de la hemodiálisis que(18):

“las funciones de uno es (sic) realizar la diálisis al paciente y al momento que se procede con el paciente, se le da indicación de qué puede suceder, de que soliciten (sic) alguna ayuda en algún momento por alguna molestia que ellos sientan y se les recomienda a menudo que terminado el procedimiento se queden un tiempo sentados en su silla, ya que si se paran puede haber mareo y pueden caerse”. A la pregunta de qué ayuda le prestan las enfermeras a los pacientes una vez finalizada la sesión de hemodiálisis respondió que “la enfermera desconecta al paciente y en ese tiempo el paciente, si tiene alguna situación especial, él la manifiesta y ahí se procede a dar la ayuda según el caso, aunque no solamente es a solicitud del paciente, sino que también está la observación del estado del paciente, estos pacientes generalmente como son ambulatorios y llegan por sus propios medios y pueden valerse por si mismos, no requieren que se les levante de la silla con ayuda, ellos mismos se paran y mientras están organizándose la ropa conversan con los otros pacientes y la enfermera continúa desconectando al resto de pacientes. Hay algo de resaltar en este servicio y es la recomendación insistente que se hace a un paciente de no levantarse tan rápido de su silla, indicándole que puede presentar algún mareo y caerse y no poder prestarle la ayuda por no estar cerca de ellos… cuando el paciente requiere de (sic) ser ayudado por su estado crítico, se recurre al familiar y en su defecto se toman medidas para evitar alguna caída o alguna complicación… insistimos mucho en preguntarles si están mareados y si así fuere por favor se queden en su silla para observación y recuperación hasta que ellos vean”.

Sobre las circunstancias de ocurrencia de los hechos del 31 de mayo de 1999, la enfermera afirmó que

“el paciente ingresó a la sala de hemodiálisis en conjunto con los demás pacientes que llegan desde su casa a recibir su tratamiento, inicialmente el paciente se pesa, se le registra el dato, se le indica su máquina, él mismo se dirige hasta ella, se dispone en la silla a esperar que le toque su turno para iniciar su procedimiento; el paciente durante la diálisis durmió por ratos, me manifestó un poco de dolor de cabeza y me solicitó que le trajera dos pastas de dolex que su familiar que estaba afuera las tenía… se le dio y el paciente se volvió a dormir; faltándole 50 minutos para terminar el procedimiento me dijo que aún continuaba con el dolor de cabeza, salí a buscar al familiar… le pedí que por favor le consiguiera una tableta de advil y se le suministró, fue la propia familiar quien entró y le suministro esta última tableta. El procedimiento dura cuatro horas, una vez que él terminó le organicé su catéter yugular, se lo dejé cubierto y le recomendé que si se sentía mal, o tenía parte de mareo (sic), me dijo que no, de todas maneras le hice la recomendación de que era mejor que se quedara un tiempo más en la silla y si alguna situación presentaba (sic) avisara. Una vez que terminé con él el procedimiento me desplacé hasta la máquina número diez a desconectar otro paciente y cuando estaba en el procedimiento con este paciente, observé que el señor ya venía caminando desde su silla hasta la pesa que estaba a mi espalda, detrás de él venía la auxiliar de enfermería Miryam Díaz, con una carpeta de datos, de registros del paciente y ella se situó en un lado de la pesa mientras el paciente se subió en ella, yo continuaba operando la máquina que terminaba el procedimiento del paciente de la máquina diez … giré la cabeza y le pregunté a don José Manuel, ‘Se siente bien’, no me responde, le dije, ‘está mareado’, en ese momento, él ya se había bajado de la pesa y estaba con las manos apoyadas en un mesón que hay allí, justo fue en ese momento en que le pregunté que si estaba mareado, ya que a la primera pregunta no me respondió y observo que el paciente se desplomó desde su altura no dando tiempo a que la auxiliar que estaba del otro lado de la pesa pudiera auxiliarlo y por ende tampoco pude hacerlo ya que yo estaba de espaldas hacia él con manos enguantadas dando atención al otro paciente, inmediatamente salió una de las auxiliares al servicio de urgencias a buscar un médico que de inmediato llegó hasta la sala … en ningún momento el señor hizo manifestación de sentirse mal e incapaz de poderse parar y caminar, por el contrario, al decirle que se quede más tiempo en su silla, hizo caso omiso de la recomendación y se levantó”.

Así las cosas, advierte la Sala que, aunque se acreditó el daño sufrido por las demandantes, este no resulta imputable al ISS, en primer lugar, porque, contrario a lo manifestado por la parte actora, el paciente no fue abandonado cuando terminó la diálisis, pues contaba con el acompañamiento de al menos dos (2) enfermeras; en segundo lugar, porque el señor Garzón era un paciente ambulatorio que, de manera habitual, entraba a la Unidad Renal de la Clínica para que le realizaran la hemodiálisis, salía por sus propios medios y no requería ayuda para movilizarse; en tercer lugar, porque, aunque conocía las recomendaciones de no ponerse de pie mientras no se sintiera bien y de solicitar a las enfermeras ayuda en caso de no ser así, decidió levantarse y caminar, sin decir nada, no obstante que momentos antes había presentado dolor de cabeza; y, en cuarto lugar, porque las enfermeras no tenían cómo evitar la caída del paciente si, cuando le quitaron el catéter, respondió a una de ellas que no se sentía mal, a tal punto que en la demanda se afirmó que el paciente sufrió un mareo cuando se encontraba parado sobre la báscula.

Se tiene, entonces, que no se acreditó ninguna conducta reprochable al ISS, en cuanto a su deber de seguridad, cuidado, vigilancia, protección y custodia del paciente, como quiera que las enfermeras encargadas de la Unidad Renal cumplieron con su obligación de advertirle al paciente que no se pusiera de pie mientras no se sintiera bien y de preguntarle que cómo se encontraba, sin que aquél manifestara que no estaba en condiciones de levantarse de la silla en la que permanecía.

En otras palabras, no se demostró que las enfermeras descuidaron al paciente o que su actuar fue negligente, para llegar a la conclusión de que incurrieron en falla en la prestación de servicios extramédicos.

Así las cosas, se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación, puesto que no hay prueba que lleve a la certeza de que la muerte del señor José Manuel Garzón Briñez sea atribuible a la entidad demandada, por lo que habrá lugar a confirmar la sentencia recurrida.

Lo anterior, en virtud de que no se cumplió con la carga de la prueba en este extremo; sobre el particular, recuérdese que, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; en consecuencia, era deber de las demandantes probar tanto el daño alegado, como que éste era atribuible a la administración pública, así como los perjuicios causados.

Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 9 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.

(2) Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.

(3) Folio 50 del cuaderno 1.

(4) Mediante oficio 0131-314655-27, obrante a folio 71 del cuaderno 2.

(5) Sentencia del 21 de febrero de 2011, Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente 18.825.

(6) Folios 28 a 50 del cuaderno 2.

(7) Folios 4 y 5 del cuaderno 2.

(8) Folio 52 del cuaderno 2.

(9) Folio 54 del cuaderno 2.

(10) Folio 51 del cuaderno 2.

(11) Folio 7 del cuaderno 1.

(12) Folios 72 a 78 del cuaderno 2.

(13) Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.

(15)(sic) Sentencia del 11 de agosto de 2010. Expediente 19056, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(16) Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.

(17) Sentencia del 19 de agosto de 2009.

(18) Folios 107 a 111 del cuaderno 2.