Sentencia 2000-03380 de diciembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 26669

Radicación: 050012331000200003380 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: María Rosa Ángela Gómez Restrepo y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional.

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, seis de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

8. Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

9. La corporación tiene competencia para conocer del asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la solicitud de reparación por concepto de perjuicios materiales en la modalidad del lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

10. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad del Ejército Nacional por acciones que, según la parte actora, determinaron la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo.

11. Interesa recordar que, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe limitarse a analizar los aspectos de la sentencia de primera instancia que el impugnante cuestiona en el recurso de apelación(2) o aquellos que son “consecuenciales, accesorios o derivados del aspecto de la sentencia que fue recurrido”(3). Sobre este punto, la corporación ha considerado que el juez de segundo grado no puede determinar libremente lo desfavorable al recurrente ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso(4).

12. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se probaron los lazos de parentesco y civiles entre el señor Luis Alfonso Jaramillo y los demás demandantes en el presente caso(5). Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño invocado en la demanda proviene de acciones que provienen del Ejército Nacional, de manera que la Nación, representada por esta entidad, se tiene legitimada como parte demandada en este asunto.

13. Finalmente, en lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que el hecho dañino —la muerte de Luis Alfonso Jaramillo— tuvo ocurrencia el 7 de julio de 1999 y la demanda se interpuso el 14 de agosto de 2000, esto es, dentro del término legal de dos años que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

14. La Sala debe determinar si la entidad demandada es responsable por los hechos que dieron lugar a la muerte de Luis Alfonso Jaramillo, o si, por el contrario, se presenta la causal excluyente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de un tercero. Con este propósito, tendrá que esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento, pues existen en el proceso dos versiones contradictorias sobre la forma como ocurrieron los hechos: la primera, plasmada en las declaraciones de los vecinos de la zona, sostiene que el señor Jaramillo fue asesinado por soldados del Ejército Nacional; la segunda, consignada en los informes de la institución militar, afirma que su muerte fue causada por terceros ajenos a la fuerza pública. En caso de comprobarse la responsabilidad de la entidad, se procederá a la respectiva liquidación de perjuicios.

III. Validez de los medios de prueba

15. Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

16. En el presente caso, el actor solicitó expresamente el traslado de las pruebas practicadas dentro del proceso penal 3293 seguido por la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal contra “miembros no identificados del Ejército Nacional” por la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo (fls. 36-37, cdno. 1). Estas pruebas son: (i) informe de 7 de julio de 1999 del comandante de la patrulla de registro del Batallón de Infantería 10 de la Cuarta Brigada del Ejército (fl. 64, cdno. 1); (ii) oficio de 7 de julio de 1999 del comandante “Águila 2” del Batallón de Infantería 10 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional (fl. 66, cdno. 1); (iii) declaración de María Rosa Ángela Gómez (fls. 68-71, cdno. 1); (iv) acta de levantamiento de cadáver dictada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 78-81, cdno. 1); (v) Oficio 1430 de la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal (fl. 82, cdno. 1); (vi) declaración de Solano Alberto Jaramillo (fls. 84-87, cdno. 1); (vii) resolución de investigación previa dictada por la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal (fl. 88, cdno. 1); (viii) declaración de María Celina Jaramillo (fls. 90-93, cdno. 1); (ix) declaración del menor de edad Camilo Fernando Jaramillo (fls. 94-95, cdno. 1); (x) declaración del menor de edad Luis Humberto Jaramillo (fls. 96-101, cdno. 1); (xi) necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 102-110, cdno. 1); (xii) oficio enviado por María Rosa Ángela Gómez a la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal (fl. 111, cdno. 1); (xiii) declaración de Rubén Darío Ruiz (fls. 122-124, cdno. 1); (xiv) declaración de Martha Cecilia Espinosa (fls. 124-127, cdno. 1); (xv) declaración de la menor de edad Jenni Katerine Henao (fls. 128-129, cdno. 1); (xvi) declaración de la menor de edad Yuli Andrea Henao (fls. 130-131, cdno. 1); (xvii) declaración de María Rosa Ángela Gómez (fls. 132-135, cdno. 1); (xviii) informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 136, cdno. 1); (xix) Oficio 2398 dirigido al laboratorio de investigación científica del Cuerpo Técnico de Investigación (fl. 140, cdno. 1); (xx) estudio de balística realizado por el técnico criminalístico de la Fiscalía General de la Nación (fls. 143-155, cdno. 1); (xxi) resolución de 18 de agosto de 2000 de la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal, en la cual se resolvió la suspensión de la investigación previa (fls. 161-162, cdno. 1).

17. Estas pruebas serán apreciadas por la Sala debido a que fueron aportadas en copia auténtica(6) por la entidad requerida (fl. 165, cdno. 1) y a que estuvieron a disposición de la entidad demandada, de modo que tuvo la oportunidad procesal de conocerlas y controvertirlas.

18. Las declaraciones extraproceso del señor Jesús Enrique Henao Sarrazola (fl. 27, cdno. 1) y la señora María Stella Muñoz Uribe (fl. 28, cdno. 1), aportadas por la parte actora en el escrito de demanda, serán valoradas debido a que fueron ratificadas, en virtud de despacho comisorio (fl. 202, cdno. 1), en el proceso contencioso administrativo(7) (fls. 205-207, cdno. 1).

19. La declaración de la señora María Rosa Ángela Gómez, rendida bajo juramento ante el Juzgado Civil del Circuito de Yarumal (fls. 289-290, cdno. 1), y la de María Celina Jaramillo Chavarría (fls. 90-93, cdno. 1), rendida ante la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal, no serán valoradas dado que son declaraciones de quienes son parte en esta controversia.

20. La declaración de Luis Humberto Jaramillo (fls. 96-97, cdno. 1), sobrino de la víctima, no será desestimada pese a que resulta sospechosa por provenir de un pariente del occiso y de los demás demandantes(8). En el sistema probatorio establecido en el Código de Procedimiento Civil no se consagra la descalificación legal del testigo considerado sospechoso, ya que esto sería incompatible con el principio de la sana crítica(9). Como lo ha hecho esta Sala en otras ocasiones, la declaración será valorada y apreciada con un valor indiciario, siempre que sea concordante o no se oponga a los demás elementos de prueba aportados al proceso(10).

21. Las declaraciones de Camilo Fernando Jaramillo (fls. 94-95, cdno. 1) y Jenni Katerine Henao (fls. 128-129, 292-293, cdno. 1) no serán apreciadas dado que fueron rendidas por menores de doce años, esto es, por personas inhábiles absolutas para testimoniar, de acuerdo con el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil(11).

22. Finalmente, la parte actora aportó junto con la demanda copia de documentos públicos traídos del proceso ordinario de filiación 0382 seguido por el Juzgado Primero de Familia de Medellín. Estos son los registros civiles de nacimiento de Edilberto de Jesús Jaramillo (fl. 15, cdno. 1), Carlos Mario Gómez Restrepo (fl. 17, cdno. 1), Luis Alfonso Jaramillo (fl. 18, cdno. 1), Solano Alberto Jaramillo (fl. 19, cdno. 1), Erika Tatiana Jaramillo (fl. 21, cdno. 1) y Carolina Andrea Gómez Restrepo (fl. 25, cdno. 1); el registro de matrimonio de Eugenio Jaramillo y María Ligia Jaramillo (fl. 16, cdno. 1); y el registro civil de defunción de Luis Alfonso Jaramillo (fl. 22, cdno. 1). Estas pruebas serán valoradas porque estuvieron a disposición de la entidad demandada, que tuvo la oportunidad procesal de conocerlas y controvertirlas.

IV. Hechos probados

23. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:

23.1. El 7 de julio de 1999, Luis Alfonso Jaramillo, campesino habitante del municipio de Yarumal, Antioquia, salió en búsqueda de sus sobrinos menores de edad a los que había prestado uno perro cazador, cuando fue víctima de disparos con arma de fuego que le causaron la muerte (declaraciones de Jesús Enrique Henao —fl. 205, cdno. 1—, Martha Cecilia Espinosa —fl. 126, cdno. 1—, Luis Alberto Jaramillo —fl. 213, cdno. 1— y Yuli Andrea Henao —fl. 293, cdno. 1—.

23.2. Al ser examinado, el cuerpo del señor Jaramillo presentó impactos de bala en la parte izquierda del cráneo. Las prendas que llevaba eran una camisa azul manga larga, un pantalón verde claro tipo jean y botas de caucho negras con suelas amarillas. A pocos metros de su cuerpo se encontró un revólver de marca Smith & Wesson (acta de levantamiento de cadáver dictada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —fl. 78-81, cdno. 1—. La necropsia concluyó que su muerte se debió a un trauma craneoencefálico causado por proyectil de arma de fuego (necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —fl. 102-110, cdno. 1—.

23.3. El arma encontrada es un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 largo, con número externo D-22025, e interno 05862, cuyo examen determinó que había sido disparada recientemente. Los proyectiles que se recuperaron del cuerpo de Luis Alfonso Jaramillo, enviados junto con el arma al laboratorio de investigación científica del CTI (Ofi. 2398 de la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal —fl. 140, cdno. 1—), corresponden al arma ya mencionada (dictamen de balística del técnico criminalístico de la Fiscalía General de la Nación —fls. 143-155, cdno. 1—).

23.4. Con ocasión del fallecimiento del señor Jaramillo, la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal adelantó una indagación contra personas no identificadas del Ejército Nacional (fl. 63, cdno. 1), que culminó con la suspensión de la investigación, dado que habían transcurrido 180 días desde su inicio sin que se hubiera dado apertura formal a la instrucción o proferido una decisión inhibitoria (res. ago. 18/2000 de la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal —fls. 161-162, cdno. 1—).

V. Análisis de la Sala

24. En primer lugar, se aclara que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender la investigación penal seguida por la muerte de Luis Alfonso Jaramillo, al no haber encontrado pruebas para abrir formalmente la investigación o dictar resolución inhibitoria, no es un obstáculo para que esta corporación examine la responsabilidad de la administración en dicha muerte a la luz del artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus autoridades.

25. La Sala debe precisar que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta corporación, el hecho de la absolución penal de los agentes estatales involucrados en la producción del daño, o el cierre definitivo de la indagación por ausencia de pruebas, no implica en modo alguno que el trámite contencioso deba concluir de la misma forma. Sobre este punto ha señalado:

La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(12).

26. Así las cosas, ninguna incidencia tiene en el presente proceso el hecho de que se haya suspendido la investigación penal mencionada, pues es claro que el proceso penal difiere del contencioso administrativo en cuanto a las partes, el objeto, la causa, los principios y normas que los rigen y el tipo de responsabilidad que se debate. De manera que la Sala asume el deber de determinar la responsabilidad del Estado en la muerte de dicha persona.

27. En el asunto sub judice, la Sala encuentra que la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo, ocurrida el 7 de julio de 1999 en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia, como consecuencia del disparo de un arma de fuego, es un hecho que se encuentra plenamente acreditado dentro del proceso —párrafos 20.1 a 20.3—.

27.1. El acta de levantamiento de cadáver suscrita por Medicina Legal señala que el cuerpo fue encontrado en “zona rural a unos 3 kilómetros de Yarumal, vía carreteable que conduce a la finca Aguasfrías” y que presenta las siguientes huellas: “orificio sobre la patilla izquierda, tres heridas pequeñas abiertas sobre la ceja izquierda” (fl. 78, cdno. 1).

27.2. El acta de necropsia describió los siguientes signos de violencia en el cuerpo del señor Jaramillo, causados por “lesiones contusas” y por proyectil de arma de fuego (fl. 102, cdno. 1):

1. Herida 1. De 1 x 0.5 cm. con bordes irregulares y puentes términos, ubicado en piel, región externa supraciliar derecha. 2. Herida 2. En número de tres heridas de 1 x 0.3 cm., bordes irregulares y puentes dérmicos, solo compromete piel, ubicado en piel, región media supraciliar derecha. 3. Herida de 1 x 0.4 cm., bordes irregulares y puentes subdérmicos, que compromete cuero cabelludo en región occipital posterior no penetrante. 4. OE1. Orificio de entrada por proyectil de arma de fuego, de 0.8 x 0.8 cm., con bandeleta contusiva, bordes regulares e invertidos, sin tatuaje ni ahumamiento, ubicado a 20 cm. del vertex y a 4 cm. lado derecho de la línea media anterior sobre área de mejilla derecha, con PR1, proyectil recuperado en parte anterior de la apófisis mastoide derecha. 5. OE2. Orificio de entrada por proyectil de arma de fuego, de 0.8 x 0.8 cm., con bandeleta contusiva, bordes regulares e invertidos, sin tatuaje ni ahumamiento, ubicado a 16 cm. del vertex y a 11 cm. lado izquierdo de la línea media anterior, con PR2, proyectil recuperado en región ósea del ala esfenoidal derecha. 6. Excoriación de 1 x 1 cm. en mucosa interna del labio superior. 7. Excoriaciones en número de 10, de 3 y de 4 cm. cada una, ubicadas en región frontal, mejilla y mentón lado derecho. 8. Excoriación lineal de 16 cm., ubicado en piel, en región inferior y externa del hemotórax izquierdo y del hipocondrio izquierdo.

28. Con el propósito de determinar si este daño resulta imputable a la entidad demandada, es preciso esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso de Luis Alfonso Jaramillo, dado que la Sala cuenta con dos versiones de los hechos contrarias entre sí, cada una soportada en distintos medios de prueba.

29. En casos similares, la Sala ha indicado que una antinomia de este tipo se debe resolver a partir de los postulados de la sana crítica, fijada en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(13), y definida por la jurisprudencia de esta corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(14) y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(15).

30. En varias oportunidades, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en el caso concreto:

Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica(16), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido comúnmente aceptado(17). Al decir de Taruffo, “si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de probabilidad prevaleciente. (...) En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis / elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas(18).

31. De acuerdo con estos parámetros, la Sala procede a analizar los medios de prueba que constan en el expediente, referidos a los hechos que rodearon la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo.

31.1. En primer lugar, en el informe del 7 de julio de 1999, rendido por el comandante del Batallón de Infantería 10 de la cuarta brigada del Ejército y remitido a la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal, se señala que la patrulla estaba cumpliendo una orden de registro del perímetro en inmediaciones de dicha población, cuando miembros de la misma observaron el cuerpo de un hombre sin vida, un revólver abandonado cerca suyo, y advirtieron la presencia de tres personas que huían del lugar (fl. 64, cdno. 1):

Con el presente me permito informar a la Fiscalía Seccional de Yarumal los hechos ocurridos el día 7 de julio de 1999, siendo aproximadamente las once y media de la mañana, en el sitio conocido como “El Venidero”, del casco urbano del municipio de Yarumal.

1. Salí en cumplimiento de una orden del comandante de la contraguerrilla “Águila 2” (SV. Reyes Puentes Hernando) consistente en efectuar un registro perimétrico a la base.

2. Llegué a la antigua vía que conduce al corregimiento de Cedeño del municipio de Yarumal, aproximadamente a un kilómetro de la entrada de la vía que conduce a la base de la Marconi, y en el sitio antes mencionado vi en la carretera una mancha de sangre que estaba tapada con tierra y al parecer estaba fresca, lo cual me llamó la atención. Huellas que a su vez conducían hacia una pinera, y seguimos los rastros, y al llegar a los pinos encontré un revólver marca Smith & Wesson, calibre 38 largo, número externo D-22025. Al tiempo que recogí el arma vi un hombre muerto. Segundos después, un integrante de la patrulla gritó “mi cabo, allá van tres manes corriendo”, les grité alto tres veces, y la respuesta de los sujetos que iban huyendo fue disparar, por lo cual ordené hacer dos tiros al aire para tratar de persuadir a los sujetos de que se detuvieran. Comencé a efectuar la persecución, pero dada la distancia me fue imposible darles alcance, y se me perdieron en la carretera que conduce del municipio de Yarumal al de Campamento.

3. Me regresé al sitio donde estaba el muerto y procedí a informar al comandante de la base la situación.

31.2. Además, en el acta de levantamiento de cadáver elaborada el día de los hechos por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, luego haberse especificado los rasgos corporales del occiso, bajo el rótulo “datos importantes” se afirmó: “Operativo llevado a cabo por el “Ejercol”, donde participaron el CP. Roldán Tamayo Davier Alonso y el SL. Gallego Rincón Alexander, con asentamiento en la base “La Marconi”” (fl. 80, cdno. 1). En sentido análogo, en el informe recibido por la misma entidad el 21 de septiembre de 1999 —no se especifica quién lo presentó— se señaló: “Móvil: enfrentamiento armado (...) Observaciones: Operativo llevado a cabo por el Ejército Nacional de Colombia en contra de una banda atracadora. Se encontró en el sitio un revólver calibre 38 largo (...) Manera de muerte: Homicidio” (fl. 136, cdno. 1).

31.3. Por otra parte, vecinos de la zona afirmaron que soldados del Ejército Nacional le quitaron la vida al señor Luis Alfonso Jaramillo. Por ejemplo, el señor Jesús Enrique Henao aseguró haber visto cuando diez soldados, aproximadamente, despojaron a la víctima de sus ropas, le pusieron un uniforme militar, le dispararon y luego regaron pino sobre la sangre para ocultarla (fl. 205, cdno. 1):

Yo me encontraba en ese paraje cortando leña para la casa, ese día había un escuadrón de soldados en ese lugar, el señor Jaramillo se encontraba en la carretera, estaba buscando un perro cazador que se le había perdido. Llegaron por ahí 10 soldados, y desde la parte en donde yo estaba, por ahí a unos 20 o 30 metros donde yo me escondí porque me dio miedo, a él lo cogieron, le arengaron algo que yo no escuchaba, luego lo bajaron a la carretera dentro de unos pinos, allí le cambiaron la ropa, yo vi que uno de los soldados sacó un camuflado y se lo colocaron mientras que otros lo sujetaban, luego se oyeron dos o tres disparos, quien de ellos le disparó al señor Jaramillo, luego ripiaron pino sobre la sangre. La ropa que el señor Jaramillo tenía ese día y que logré observar era un pantalón azul y una camisa manga larga café. Después de que lo mataron lo arrastraron hacia la carretera nuevamente, allí lo dejaron y ya subió creo que la SIJIN y lo bajaron. Después de los hechos yo me vine a mi casa y no volví a saber nada más.

31.4. El menor Luis Humberto Jaramillo, de trece años, afirmó que salió con su hermano menor con el perro de su tío y haber visto a soldados en la loma en que se disponían a cazar, y agregó que su tío se hallaba por el mismo lugar porque los andaba buscando. Enfatizó en el hecho de no haber visto a nadie más que a los uniformados (fl. 97-98, cdno. 1):

Ese día nosotros salimos de la casa de nosotros por la mañana, no sé la hora, nosotros íbamos a cazar por allá para arriba para cogernos un gurre, que por allá había muchos, entonces nosotros como vimos los soldados nos pasamos para el otro lado y tampoco supimos nada más, sino que cuando oímos los tiros tampoco supimos que lo habían herido a él. (...) Preguntado: Cuándo sonaron los disparos, dónde estaba su tío. Contestó: Él estaba por ahí por donde estaban los soldados, nosotros dos estábamos parados abajo con el perro. (...) Preguntado: Díganos, cuando ustedes iban a cazar, ¿su tío Alfonso se encontró con alguien más en el camino? Contestó: No, no se encontró con nadie más. (...) Preguntado: Cuando ustedes corrieron para la casa por los disparos, ¿vieron a personas por ahí en la carretera? Contestó: No, no vimos nada, no vimos a nadie.

31.5. La señora Martha Cecilia Espinosa, también vecina de esa zona, corrobora esta versión al manifestar que oyó unos disparos cerca de su casa y luego observó como unos soldados bajaban del lugar del que procedían los disparos y cuestionaban a los vecinos si habían visto a alguna persona pasar por ahí (fl. 126, cdno. 1):

Ese día que lo mataron a él, los sobrinitos de él se llevaron el perro, entonces Luis Alfonso se fue a buscarlos para ver si de pronto se los quitaba, el perro era de Luis Alfonso, entonces al momentico nosotros oímos los tiros, le dieron cuatro tiros, y cuando oímos los tiros nosotros vimos que eran soldados, pues nosotros vimos que ellos bajaron a la manga abajo (...) Nosotros no vimos cuando le dispararon, pero ellos, o sea los soldados, bajaron hasta la manga que hay cerca de mi casa y les preguntaron a dos que habían ordeñando ahí si no habían visto bajar a un hombre por ahí para abajo, y ellos dijeron que no habían visto a nadie.

31.6. El señor Rubén Darío Ruiz, vecino de lugar, dijo haber escuchado unos disparos y agregó que los soldados le preguntaron si habían visto a alguna persona por el lugar: “entonces escuché dos disparos y en eso estaban todos esos soldados andando por las mangas y nos llamaron y nos preguntaron si habíamos visto a un tipo bajar por ahí, y yo les dije que no, que no había visto a nadie por ahí, entonces ya nos gritaron que nos subiéramos” (fl. 123, cdno. 1).

31.7. Por su parte, José Humberto Porras se limitó a señalar que la señora María Rosa Ángela Gómez le había dicho que el Ejército había matado a su compañero (fl. 212, cdno. 1), y Luis Alberto Jaramillo manifestó: “Los comentarios que se oyen son que a él lo mató el Ejército, que estaba persiguiendo un gurre con los perritos cazadores, en compañía de unos sobrinitos, cuando se dijo que lo habían matado porque dizque era un guerrillero, porque él se dejaba crecer la barba” (fl. 213, cdno. 1).

31.8. A su vez, la señora María Estella Muñoz manifestó haber visto a varios soldados dirigirse hacia donde se encontraba el señor Jaramillo, luego escuchar varios disparos, y finalmente verlo ser transportado, sin vida, en una camioneta (fl. 206, cdno. 1):

Ese día yo estaba sentada en una piedra cuando él subía por unas mangas arriba, es decir, el señor Luis Alfonso, y cuando él subía, en ese mismo momento llegaron soldados y yo me vine para la casa. Cuando llegamos a la casa oímos unos tiros y después pasaron con el difunto que ya lo traían en una camioneta, y después al rato pasaron los soldados.

31.9. Finalmente, la menor de edad Yuli Andrea Henao aseguró haber visto al señor Luis Alfonso Jaramillo cuando se dirigía hacia el pinar, luego escuchó unos disparos, y finalmente vio cómo lo llevaban en “una camioneta de la policía” (fl. 293, cdno. 1):

Yo el día anterior lo vi subir con una camisa vino tinto y un overol azul hacia el pinar, subió a cazar con el perro, aclaro que esto fue el mismo día que lo mataron, y ahí fue donde escuché los tres disparos, y lo pasaron en la camioneta de la policía al mediodía. Preguntado. Díganos si en el momento en que llevaban al señor Luis Alfonso Jaramillo en la camioneta, cuántos policías iban en el carro. Contestó. Yo no vi policías, yo vi soldados, cerca de seis o siete. Preguntado. Tiene usted conocimiento de la forma como murió el señor Luis Alfonso Jaramillo. Contestó. No lo sé. Preguntado. Sabe usted quién mató a Luis Alfonso Jaramillo. Contestó. Yo sé que en ese momento estaban por ahí los soldados, y escuché los tiros, y decían que lo mataron porque era un guerrillero, y la esposa de don Alfonso me dijo que era porque no les había querido dar el perro a los soldados.

32. La Sala procede entonces a valorar el grado de probabilidad que ofrecen los medios de prueba, de conformidad con los parámetros antes señalados. Para ello centrará su atención, en primer lugar, en la versión exculpatoria de la fuerza pública.

32.1. Con relación al informe del comandante de la patrulla de registro del Batallón de Infantería 10 de la Cuarta Brigada del Ejército, según el cual dicho contingente estaba en el lugar de los hechos cumpliendo una orden de “registro perimétrico” (fl. 64, cdno. 1), la Sala encuentra que esta versión se contradice con la información ofrecida al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues esta entidad determinó que la muerte del señor Jaramillo se produjo en el marco de un “operativo” del Ejército “contra una banda de atracadores” (fls. 80, 136, cdno. 1). Esta contradicción le permite a la Sala cuestionar la credibilidad del informe.

32.2. Adicionalmente, causa sospecha que en el acta de levantamiento de cadáver, levantada el mismo día de los hechos a las 3:00 p.m., se haya señalado que el revólver que se encontró “a tres metros de donde quedó el occiso” era un “arma que este utilizaba” (fl. 80, cdno. 1), pues esta afirmación carece de soporte probatorio. Aunque en el acta se indicó que el funcionario que hizo el levantamiento fue el Fiscal 15 Delegado, José Suárez Callejas (fl. 78, cdno. 1), la Sala desconoce si fue esta persona quien afirmó que el revólver pertenecía al señor Jaramillo. En todo caso, es posible inferir que dicha aseveración proviene del Ejército Nacional, pues en el acta se señalaron, además, los nombres y rangos de los militares que participaron en el supuesto “operativo”, a saber, el capitán Davier Alonso Roldán y el soldado Alexander Gallego (fl. 80, cdno. 1), lo cual es una información de la órbita exclusiva de la institución militar. Así las cosas, esta segunda inconsistencia arroja dudas adicionales sobre la hipótesis planteada por la entidad demandada.

33. Ahora bien, al analizar los testimonios rendidos por los vecinos del la zona, en contraste con las pruebas documentales antes examinadas, la Sala encuentra serios indicios(19) que, valorados en conjunto, permiten concluir que el señor Luis Alfonso Jaramillo fue ejecutado por miembros del Ejército Nacional, que además lo vistieron con prendas militares con el fin de hacerlo aparecer como integrante de un grupo armado ilegal, asesinado por guerrilleros o paramilitares.

33.1. Por una parte, las declaraciones son consistentes en afirmar que el día de los hechos el señor Jaramillo salió en busca de sus sobrinos, a quienes había prestado uno de sus perros y habían ido a la zona del pinar a cazar con el animal. Así lo corrobora Luis Humberto Jaramillo (fls. 97-98, cdno. 1) y lo reafirman, con variaciones, los testimonios de Jesús Enrique Henao (fl. 205, cdno. 1), Martha Cecilia Espinosa (fl. 126, cdno. 1), Luis Alberto Jaramillo (fl. 213, cdno. 1) y de la menor Yuli Andrea Henao (fl. 293, cdno. 1).

33.2. En cuanto a las circunstancias concretas de la muerte, se tiene la declaración de Jesús Enrique Henao, que afirma haber visto a soldados del Ejército Nacional cuando abordaron al señor Jaramillo, lo increparon y lo ocultaron dentro de unos pinos para luego cambiar sus ropas por un uniforme tipo militar; agrega que escuchó unos disparos y, finalmente, vio que los uniformados regaron pino sobre la sangre (fl. 205, cdno. 1).

33.3. Este testimonio tiene plena credibilidad para la Sala en la medida en que concuerda con los indicios que ofrecen las demás declaraciones aportadas al proceso. Estos indicios son: (i) los pobladores que oyeron los disparos observaron, además, que en el lugar del que provenían las detonaciones se hallaban soldados del Ejército; (ii) uno de los sobrinos de la víctima, que estaba en compañía de su hermano menor cerca del lugar de los hechos, dice que en la zona no había nadie más que los uniformados; (iii) algunos de los vecinos fueron cuestionados por los uniformados sobre si habían visto a alguna persona por el lugar y fueron instados agresivamente a que se retiraran; (iv) la descripción de las prendas que llevaba la víctima antes y después de su muerte, guarda consistencia en los distintos testimonios.

33.4. Con respecto al primer indicio, se debe recordar que María Estella Muñoz afirmó haber visto al señor Jaramillo subir hacia una “manga”, y Rubén Darío Ruiz y Martha Cecilia Espinosa aseguran que, después de oír los disparos, vieron a unos soldados que “bajaban de una manga”.

33.5. Sumado a este primer indicio, se tiene que el sobrino del occiso, que estaba más cerca del lugar de los hechos que cualquier otro testigo (pues el señor Jaramillo lo buscaba a él y a su hermano), declara que no vio a nadie más en la zona que a los soldados, que su tío no se encontró con nadie en el camino y que, luego de oír el estruendo de las balas, al salir a la carretera, no vio a nadie por ese lugar.

33.6. Sobre el tercer indicio se observa que los soldados, luego de las detonaciones, le preguntaron a Rubén Darío Ruiz y a una persona de nombre Ferney, campesinos lecheros de la zona, si habían visto pasar a “un tipo” por el lugar, y ante la respuesta negativa les gritaron que “se subieran”. La señora Martha Cecilia Espinosa corrobora este hecho en su declaración al afirmar que los militares “les preguntaron a dos que habían ordeñando ahí si no habían visto bajar a un hombre por ahí para abajo, y ellos dijeron que no habían visto a nadie” (fl. 126, cdno. 1).

33.7. Con relación a las prendas, Jesús Enrique Henao dijo que el señor Jaramillo llevaba ese día “un pantalón azul y una camisa manga larga café” (fl. 205, cdno. 1). La menor Yuli Andrea Henao manifestó haber visto al señor Jaramillo “con una camisa vino tinto y un overol azul” (fl. 293, cdno. 1). Tales testimonios son coincidentes, entonces, en cuanto a la ropa que llevaba la víctima antes de su muerte. Sumado a ello, la afirmación del señor Henao, según la cual los soldados cambiaron las prendas de la víctima por un uniforme militar, se constata en la declaración de la menor Yuli Andrea Henao, quien señaló que vio una camioneta de la policía que llevaba a Luis Alfonso Jaramillo, sin vida, y este “iba sin camisa y con un pantalón de soldado” (fl. 293, cdno. 1).

33.8. Los indicios antes construidos son una prueba válida para imputar responsabilidad a la entidad demandada, si se tiene en cuenta lo que en recientes pronunciamientos, frente a casos de violaciones de derechos humanos similares al de autos, ha dicho esta Subsección:

En un caso de desaparición forzada, la Sala tuvo la oportunidad de analizar la responsabilidad que se atribuía al Ejército Nacional con base en indicios, condenando al Estado por los perjuicios causados(20). (...)

5.2. En casos como el presente, en los que varias personas mueren como consecuencia de múltiples impactos de arma de fuego, en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a los autores materiales de un delito, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros, para efectos de endilgar responsabilidad a los inculpados. (...).

Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(21). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de responsabilidad(22). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido.

El juez dispone muy a menudo de conocimientos generales vinculados con el hecho a probar y útiles, de alguna manera, a los defectos de su determinación; es más, sin estos conocimientos la valoración de la prueba sería normalmente imposible. Se trata de las nociones derivadas de la experiencia común que encuentran su formulación sintética en las denominadas máximas de la experiencia y que desarrollan un papel relevante en la valoración de las pruebas(23).

Al analizar un caso concreto, el operador jurídico puede verse enfrentado a la necesidad de hacer inducciones a partir de hechos probados. Al respecto, Michele Taruffo da cuenta de que “no toda inferencia que vaya de un “hecho conocido” al “hecho ignorado” ofrece la prueba de este último, dado que pueden existir inferencias dudosas, vagas o contradictorias o, en todo caso, tan “débiles” como para no ser suficientes a este efecto; en cambio, es concebible que la prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas por el juez sean suficientemente “seguras” y “fuertes” para reducir el margen de error y de inaceptabilidad del razonamiento presuntivo”(24).

Las máximas de la experiencia permiten concluir que casos similares pueden compartir elementos comunes, como el que ahora se estudia.

El Código de Procedimiento Civil establece que los indicios deberán ser apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los demás medios de prueba que obren en la actuación procesal (...). Así mismo, para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso y el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes (arts. 248 a 250)(25).

34. Como antes se indicó, la aplicación de los principios de la sana crítica y de la autonomía del juez en la valoración probatoria, permiten al juez darles prevalencia a los medios probatorios que ofrezcan mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de los hechos objeto de discusión. En el caso bajo examen, es claro que la versión exculpatoria de la fuerza pública no tiene ninguna vocación de prosperar, mientras que las afirmaciones vertidas en los testimonios ya reseñados —que no fueron desmentidas—, tienen plena eficacia para la Sala. Las supuestas “contradicciones” que la entidad demandada les asigna y que el tribunal a quo refrenda en el fallo de primera instancia, no son de recibo, dado que las declaraciones resultan consistentes, coherentes y no hay razón alguna para dudar de ellas.

35. Si bien se observan ciertas vacilaciones en algunos testimonios, estas no afectan el núcleo de los relatos y parecen obedecer, como lo afirma la parte actora, al temor de los testigos de ser víctimas de represalias, pues es evidente que todos ellos se cuidan de no afirmar expresamente que vieron a los soldados disparar contra Luis Jaramillo, y se limitan a decir que “oyeron” las detonaciones. En ese sentido, Jesús Enrique Henao manifestó que “hay otros testigos de estos hechos, pero por miedo no declaran” (fl. 205, cdno. 1), María Estella Muñoz adujo que “la mayoría de los vecinos que vieron no se atreven a declarar por temor a las represalias” (fl. 206, cdno. 1) y Martha Cecilia Espinosa, en su declaración, reconoció: “No, es que yo no vi cuando el soldado le disparó, es que cuando yo voy a decir una cosa me asusto toda, me dan como unos nervios” (fl. 126, cdno. 1).

36. Así las cosas, el alegato de la entidad demandada según el cual la muerte de Luis Alfonso Jaramillo fue causada por terceros ajenos a la administración —por grupos paramilitares o guerrilleros—, no tiene cabida para la Sala, no solo porque esta afirmación carece de cualquier soporte probatorio, sino porque las pruebas allegadas al proceso apuntan en dirección contraria, esto es, a corroborar la responsabilidad del Ejército Nacional en este reprochable hecho.

37. En un reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta Sección consideró que la muerte de personas civiles por parte de miembros de la fuerza pública y su posterior presentación ante las autoridades y ante la sociedad como supuestos subversivos caídos en combate o asesinados por otros grupos armados al margen de la ley, constituye una modalidad especialmente atroz de las denominadas “ejecuciones extrajudiciales”, que compromete seriamente la responsabilidad del Estado:

La Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas.

De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados, como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que participaron en la operación desplegada en la zona rural de Tello —Huila— con ocasión de la orden 44, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no combatientes y luego exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un enfrentamiento armado.

La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte Colombia —en un típico enlace vía bloque de constitucionalidad(26)—, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales(27) y además fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas. (...)

Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente que la Sala ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas recientemente por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. (...)

De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los ciudadanos ante las instancias internacionales(28).

38. Para la Sala no cabe duda de que el hecho que acabó con la vida del señor Luis Alfonso Jaramillo constituye una ejecución extrajudicial y, con ello, una abierta violación del derecho a la vida, además de una infracción grave de las normas del derecho internacional humanitario.

38.1. En efecto, la vida es un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de los demás derechos. Frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar este derecho (obligación positiva)(29). En este caso, la privación arbitraria de la vida del señor Luis Alfonso Jaramillo por parte del Ejército supone una clara violación de derechos humanos que hace surgir sin duda alguna la responsabilidad administrativa del Estado.

38.2. Además, como lo ha señalado la Subsección en casos de similar naturaleza, el campo del derecho internacional humanitario comprende distintas normas sobre protección de bienes y personas de carácter civil, y de forma categórica prohíbe, en tiempos de guerra, cualquier acción que pueda tener consecuencias respecto de la vida y la integridad de quienes no tienen participación directa en las confrontaciones(30). En este asunto, el Ejército Nacional, al haber atacado a una persona que, según las declaraciones de sus vecinos, era completamente ajena al conflicto armado, incurrió en una grave infracción del principio de protección de la población civil, prescrita por el derecho internacional humanitario.

39. En conclusión, la Sala declara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad demandada al encontrar acreditado, a partir de testimonios y de pruebas indiciarias que los sustentan, que la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo Jaramillo se debió a una conducta irregular del Ejército Nacional constitutiva de una verdadera falla en el servicio, en la medida en que miembros de la institución sometieron y ejecutaron al mencionado ciudadano, y trataron de exonerarse de responsabilidad al presentarlo como guerrillero asesinado por grupos armados ilegales. Por tanto, se impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

40. Ahora bien, la Sala observa que después de más de catorce años la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo, se desconoce la verdad de lo ocurrido, se ignoran los responsables de este hecho y, en general, el caso permanece en la impunidad. La investigación penal que adelantó la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Yarumal contra integrantes no identificados del Ejército Nacional, fue suspendida el 18 de agosto de 2000, luego de haber transcurrido más de 180 días desde su inicio sin que se hubiera dado apertura formal a la instrucción o se hubiera proferido resolución inhibitoria (fls. 161-162, cdno. 1).

40.1. Se comprueba que en el curso de la investigación se recaudaron testimonios de los pobladores de la zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia, donde ocurrieron los hechos, declaraciones que, como se dijo, coinciden en señalar la responsabilidad del Ejército en la muerte de Luis Alfonso Jaramillo. Las autoridades cuentan, además, con el informe que levantó el comandante de la patrulla de registro del Batallón de Infantería 10 “Girardot” de la Cuarta Brigada del Ejército, en el que consta que ese contingente realizaba operaciones en el lugar de los hechos; con el acta de levantamiento de cadáver, en la que medicina legal registra que el deceso del señor Jaramillo ocurrió en el marco de una operación que adelantaba el Ejército Nacional y consigna el nombre de algunos de los oficiales al mando de la misma; y con el examen de balística, en el que se describe el tipo de arma utilizada por los agresores.

40.2. No obstante, la Sala echa de menos una inspección judicial en el lugar de los hechos, lo que habría permitido una mejor comprensión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo, así como un mejor entendimiento de las características geográficas de la zona. Sobre todo, causa extrañeza que no se hayan recopilado los testimonios de los soldados que patrullaban en el área y de los oficiales al mando en dicha jurisdicción. Tampoco se hizo esfuerzo alguno por requerir la orden de operaciones y por exigir un informe más detallado por parte de la institución militar.

40.3. En esa medida, para efectos de asegurar que las víctimas de este hecho puedan acceder a una reparación integral, y con el fin de evitar o prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro, es imprescindible que el Estado cumpla de manera inmediata con el deber de investigar y sancionar a los responsables de esta violación de derechos humanos.

40.4. Sobre el deber de investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, de manera seria, imparcial y efectiva, “una investigación por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, el castigo de todos los responsables de los hechos”(31). El propósito de esta obligación es prevenir y erradicar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos(32), como la que hoy ocupa a la Sala.

40.5. En los casos de muerte violenta, la Corte ha indicado, además, los parámetros que deben conducir las investigaciones dentro del marco de las competencias de los organismos pertinentes:

Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados(33).

39.4.(sic) En el mismo sentido, esta corporación ha sido enfática al ordenar la investigación seria, imparcial y efectiva de hechos constitutivos de “ejecuciones extrajudiciales” con el fin de concretar el papel preventivo que le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa y, sobre todo, de sentar un precedente que obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas:

El Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones extrajudiciales, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas, sea posible la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas —servidores públicos o particulares— que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido esas deleznables conductas. (...).

El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados en la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar en debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales, implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas y, si los respectivos casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por motivo de ese incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de responsabilidad en las instancias judiciales del sistema internacional de derechos humanos(34).

40.6. En atención a estos precedentes y teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, la ausencia de una investigación seria y efectiva que conduzca a esclarecer la verdad y a determinar responsabilidades, y la falta de una adecuada reparación a las víctimas de este hecho, la Sala estima necesario requerir a la Fiscalía General de la Nación para que, en el marco de sus competencias y funciones constitucionales, realice una evaluación rigurosa del asunto, con miras a determinar si existe el mérito suficiente para reabrir la investigación penal por los hechos que dieron lugar a la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo. Esta orden se dictará como medida adicional de reparación integral de los derechos violados con la conducta dañina desplegada por el Ejército Nacional.

41. Se procede entonces a la liquidación de los perjuicios que deberá indemnizar la entidad demandada a favor de los familiares de la víctima.

VI. Liquidación de perjuicios

42. Antes de proceder a la liquidación de perjuicios morales, la Sala aclara que si bien las súplicas de la demanda se definen en gramos oro, la condena se proferirá, como lo hizo el tribunal, en el valor equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)(35).

42.1. Para cuantificar el valor a reconocer por ese concepto, se debe acudir al criterio que estableció tal indemnización en 100 smlmv para los eventos de mayor intensidad y que abandonó la aplicación extensiva de las reglas sobre la materia fijadas en el Código Penal, por considerarlas improcedentes, con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que consagran, respectivamente, la reparación integral y equitativa del daño y la debida tasación de las condenas en moneda legal colombiana(36).

42.2. En el presente caso, está demostrado que Luis Alfonso Jaramillo Jaramillo era hijo de María Ligia Jaramillo Chavarría, hermano de Solano Alberto Jaramillo Jaramillo, Edilberto de Jesús Jaramillo Jaramillo, María Luz Dary Jaramillo, Rubiel Alexis Jaramillo Jaramillo y María Celina Jaramillo Chavarría, compañero permanente de María Rosa Ángela Gómez Restrepo, y padre de Carolina Andrea Gómez Restrepo, Erika Tatiana Jaramillo Gómez, Carlos Mario Gómez Restrepo, Oscar Darío Jaramillo Gómez y Dairo Jaramillo Gómez.

42.3. Esta Sala ha expresado que el parentesco puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y del sufrimiento que experimentan unos con la desaparición o el padecimiento de otros(37). Sin perjuicio de esta regla, en este caso, las declaraciones de María Estella Muñoz (fl. 206, cdno. 1), José Humberto Porras (fls. 212-213, cdno. 1) y Luis Alberto Jaramillo (fls. 213-214, cdno. 1) dan cuenta de la afectación moral que la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo produjo en sus más íntimos allegados.

42.4. En virtud de lo anterior, por concepto de reparación de perjuicios morales, según las condiciones familiares y personales acreditadas, se condenará: (i) a favor de María Ligia Jaramillo Chavarría, madre de la víctima, por el valor correspondiente a 100 smlmv; (ii) a favor de Solano Alberto Jaramillo Jaramillo, Edilberto de Jesús Jaramillo Jaramillo, María Luz Dary Jaramillo, Rubiel Alexis Jaramillo Jaramillo y María Celina Jaramillo Chavarría, hermanos de la víctima, por el valor equivalente a 50 smlmv para cada uno; (iii) a favor de María Rosa Ángela Gómez Restrepo, compañera permanente del occiso, por el valor equivalente a 100 smlmv; y (iv) a favor de Carolina Andrea Gómez Restrepo, Erika Tatiana Jaramillo Gómez, Carlos Mario Gómez Restrepo, Oscar Darío Jaramillo Gómez y Dairo Jaramillo Gómez, hijos del fallecido, por el valor equivalente a 100 smlmv para cada uno(38).

43. Con respecto a los perjuicios materiales, la Sala evidencia, en primer lugar, que el señor Luis Alfonso Jaramillo se dedicaba a labores del campo, especialmente al trabajo de cantera para extraer material de construcción, y era el sostén económico de su compañera permanente y sus hijos, por lo que su muerte produjo en ellos, además del sufrimiento moral, el desmejoramiento de sus condiciones materiales de vida. Así lo manifiestan las declaraciones de María Estella Muñoz (fl. 206, cdno. 1), José Humberto Porras (fls. 212-213, cdno. 1) y Luis Alberto Jaramillo (fls. 213-214, cdno. 1).

43.1. Estos testimonios prueban que, efectivamente, el señor Jaramillo ejercía una actividad productiva y los frutos los destinaba a sus gastos personales y a apoyar a su hogar. No obstante, dado que no permiten establecer el valor de sus ingresos mensuales, se debe acudir al criterio jurisprudencial vigente según el cual, ante la ausencia de un medio de prueba que acredite el monto de lo percibido por una persona en edad productiva, se presume que esta devengaba por lo menos un salario mínimo(39), que en su valor actual corresponde a $ 589.500.

43.2. Se procede entonces al cálculo del lucro cesante consolidado, que se liquidará de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario de la persona en su valor actual, es decir, $ 589.500; (ii) se adiciona el 25% equivalente a las prestaciones sociales; (iii) se descuenta el 25%, que corresponde a lo destinado para gastos personales; (iv) se obtiene, en consecuencia, un valor final de $ 552.656. Esta suma corresponde a lo dejado de percibir cada mes por la señora María Rosa Ángela Gómez, que es la persona que reclama a título personal una indemnización por este concepto y acreditó depender económicamente de la víctima.

43.3. A este valor se le aplicará un interés mensual de 0,004867, por los 172,96 meses transcurridos desde el deceso de Luis Alfonso Jaramillo (jul. 7/99) hasta la fecha (dic. 6/2013).

La fórmula se aplicará así:

03380.JPG
 

S = $ 149.411.091.

43.4. El lucro cesante futuro se cuantifica desde el momento de esta sentencia y durante el resto de vida probable(40) de la víctima (46,24 años o 554,88 meses), quien para la época de los hechos 30 años(41). Se toma esta fecha porque se comprueba que ocurrirá antes de que se cumpla la vida probable de la señora María Rosa Ángela Gómez (49,68 años o 596,16 meses), compañera del occiso, quien contaba entonces con 28 años(42). A la vida probable de la víctima se le deducen los 173 meses del lucro cesante pasado, ya liquidados, para un total de 381,92 meses.

La fórmula se aplicará así:

03380-1.JPG
 

S = $ 95.773.667

43.5. En consecuencia, se debe reparar, por concepto de lucro cesante, a favor de María Rosa Ángela Gómez, la suma de $ 245.184-758.

44. Finalmente, con el objeto de alcanzar una reparación integral de la parte afectada, la Sala considera pertinente la adopción de medidas no pecuniarias encaminadas a la satisfacción y a la no repetición(43) de las conductas que fueron materia de pronunciamiento en el presente fallo, como lo ha hecho en otras oportunidades(44):

44.1. El hecho de la ejecución extrajudicial de Luis Alfonso Jaramillo fue investigado de manera negligente por la jurisdicción penal, y en dicha pesquisa no pudieron establecerse las verdaderas circunstancias en que se produjo su fallecimiento. En consecuencia, se remitirán las copias a la Fiscalía General de la Nación, para que dicha entidad evalúe con pleno rigor la posibilidad de adelantar una investigación exhaustiva respecto de los hechos materia del presente litigio, encaminada a identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de Luis Alfonso Jaramillo.

44.2. Además, con el fin de recuperar la memoria y la dignidad del señor Luis Alfonso Jaramillo y de sus familiares, se ordenará a la entidad que dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, presente una carta dirigida a todos los demandantes en este proceso, que deberá contener una disculpa y un reconocimiento oficial de los hechos que le sirven de fundamento a esta providencia. La carta deberá estar firmada por el señor Ministro de Defensa Nacional, el Comandante del Ejército Nacional y el Comandante de la Cuarta Brigada de la entidad, deberá fijarse en un lugar visible del Ministerio de Defensa, del Comando del Ejército Nacional y del batallón que actualmente opera en jurisdicción de Yarumal, Antioquia, por el término de tres meses, y será entregada a los demandantes a través de su apoderado, por correo certificado.

44.3. Con el mismo objetivo, se ordenará al Ejército Nacional que, previo el consentimiento de todos los demandantes en este proceso, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, publique a su cargo en un medio escrito de amplia circulación nacional y en un medio de amplia circulación local en el departamento de Antioquia, una nota en la que conste claramente que el señor Luis Alfonso Jaramillo Jaramillo no hacía parte de ningún grupo armado ilegal y que su muerte no se produjo por la acción de frentes guerrilleros o grupos paramilitares, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada el 7 de julio de 1999, en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia por miembros del Batallón de Infantería 10 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

44.4. Por último, se remitirán copias de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en atención al artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.

VII. Costas

45. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que se condenará en costas a la parte que haya actuado de forma temeraria. En el presente caso, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes, por lo que no condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia dictada el 27 de octubre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo.

2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de compensación del perjuicio moral: a favor de María Ligia Jaramillo Chavarría, el valor correspondiente a 100 smlmv; a favor de Solano Alberto Jaramillo Jaramillo, Edilberto de Jesús Jaramillo Jaramillo, María Luz Dary Jaramillo, Rubiel Alexis Jaramillo Jaramillo y María Celina Jaramillo Chavarría, el valor de 50 smlmv, para cada uno; a favor de María Rosa Ángela Gómez Restrepo, el valor de 100 smlmv; y a favor de Carolina Andrea Gómez Restrepo, Erika Tatiana Jaramillo Gómez, Carlos Mario Gómez Restrepo, Oscar Darío Jaramillo Gómez y Dairo Jaramillo Gómez, el valor de 100 smlmv, para cada uno.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de indemnización del perjuicio material en la modalidad del lucro cesante, a favor de María Rosa Ángela Gómez Restrepo, la suma de $ 245.184.758.

4. REMITIR copias auténticas de la totalidad del expediente en el que consta el trámite contencioso administrativo de la referencia, con destino a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se evalúe la posibilidad de adelantar una investigación penal que sea conducente a efectos de establecer la responsabilidad individual directa e indirecta por la muerte del señor Luis Alfonso Jaramillo Jaramillo, ocurrida el 7 de julio de 1999 en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia.

5. ORDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional que dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, presente una carta dirigida a todos los demandantes dentro de este proceso, que deberá consignar una disculpa y un reconocimiento oficial de los hechos que le sirven de fundamento a esta providencia. La carta deberá incorporar la firma del señor Ministro de Defensa Nacional, del comandante del Ejército Nacional y del comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y deberá publicarse en un lugar visible del Ministerio de Defensa, del comando del Ejército Nacional y del batallón que hoy opera en jurisdicción del municipio de Yarumal, Antioquia, por el término de tres meses. Su entrega a los demandantes deberá hacerse por conducto de su apoderado, a través de correo certificado.

6. ORDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional la publicación, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de este fallo, en un medio escrito de amplia circulación nacional y en un medio de amplia circulación local en el departamento de Antioquia, previa anuencia de todos los demandantes en este proceso, de una nota en la que conste claramente que el señor Luis Alfonso Jaramillo Jaramillo no pertenecía a ningún grupo armado ilegal y que su muerte no se produjo por la acción de grupos guerrilleros o paramilitares, sino que fue consecuencia de una ejecución extrajudicial perpetrada el 7 de julio de 1999, en zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia por miembros del Batallón de Infantería 10 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

7. REMITIR copia de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que, en observancia de lo establecido en el artículo 24 del Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de lo resuelto.

8. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

9. Sin condena en costas.

10. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

11. Para el cumplimiento de esta providencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995, que se deben entregar a quien ha actuado como apoderado judicial.

En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.»

(1) En la demanda presentada el 14 de agosto de 2000, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación de perjuicios materiales a favor de María Rosa Ángela Gómez Restrepo, fue estimada en $ 49 656 500 (fl. 32, 43, cdno. 1). Por estar vigente en el momento de la presentación de la demanda que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 2000 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26 390 000.

(2) El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil señala al respecto: “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, expediente 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de junio de 2012, expediente 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Está acreditado que Luis Alfonso Jaramillo Jaramillo era hijo de María Ligia Jaramillo Chavarría (registro de nacimiento —fl. 8, cdno. 1—, hermano de Solano Alberto Jaramillo Jaramillo, Edilberto de Jesús Jaramillo Jaramillo, María Luz Dary Jaramillo, Rubiel Alexis Jaramillo Jaramillo y María Celina Jaramillo Chavarría (registros de nacimiento —fls. 9-10, 12-13, 41, cdno. 1—), compañero permanente de María Rosa Ángela Gómez Restrepo (declaraciones de Jesús Enrique Henao —fls. 205-206, cdno. 1—, María Estella Muñoz —fl. 206, cdno. 1—, José Humberto Porras —fls. 212-213, cdno. 1— y Luis Alberto Jaramillo —fls. 213-214, cdno. 1— y padre de Carolina Andrea Gómez Restrepo, Erika Tatiana Jaramillo Gómez, Carlos Mario Gómez Restrepo, Oscar Darío Jaramillo Gómez y Dairo Jaramillo Gómez (registros de nacimiento —fls. 24-25, 17, cdno. 1; fls. 348, 350, cdno. 2—).

(6) Sin perjuicio de la reciente decisión de unificación de la Sala Plena de esta Sección, según la cual los medios de prueba documentales traídos en copia simple al proceso serán valorados sin mayores formalidades, siempre que no se haya cuestionado su autenticidad a través de la tacha de falsedad. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de mayo de 2012, expediente 19121, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Es preciso recordar que este fallo cuenta con salvamento parcial de voto de la magistrada ponente, en el que se considera que las declaraciones extraprocesales no requieren para su valoración de ratificación en el debate contencioso administrativo, salvo que así lo solicite la parte contra quien se pretenden hacer valer, dado que se trata de documentos declarativos con pleno valor probatorio.

(8) Así lo establece el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil. “Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

(9) Sobre la valoración del llamado “declarante sospechoso” la jurisprudencia de esta corporación ha señalado lo siguiente: “dentro del sistema que adopta el Código de Procedimiento Civil para la valoración de la prueba, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda calificar de “sospechoso”, ya que ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna todo el régimen probatorio en nuestro medio, sin embargo, las razones por las cuales un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica de la prueba. Y no resulta procedente desestimar de plano un testimonio, porque el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil establece como norma de conducta para el juez apreciar los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y no desecharlos de plano. El calificar como sospechoso un testigo no implica necesariamente que este haya incurrido en un falso testimonio, pues, en la práctica, respecto de testigos que en principio puedan ser calificados sin tacha de sospecha, no puede presumir el juez que siempre dicen la verdad; su dicho, como todo medio probatorio, debe evaluarse en conexidad con todos los demás medios de prueba aportados dentro de un proceso”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1º de julio de 2004, expediente 2003-01445, C.P. Olga Inés Navarrete. En el mismo sentido, véase la sentencia de 19 de julio de 2007, expediente PI-02791, C.P. Martha Sofía Sánz Tobón.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 23686, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(11) Código de Procedimiento Civil. “ART. 215.—Inhabilidades absolutas para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en un todo proceso: 1. Los menores de doce años. 2. Los que se hallen bajo interdicción por causa de demencia. 3. Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o por lenguaje convencional de signos traducibles por intérpretes”.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, expediente 16533, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 19062, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(13) Código de Procedimiento Civil. “ART. 187.—Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.

(14) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, expediente 8661, C.P. Delio Gómez Leyva.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 27946, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(16) Cita original: “En este punto se acoge la doctrina sentada por Michele Taruffo, quien afirma: “…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, pág. 141”.

(17) Cita original: “Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, pág. 133”.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20333, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 26 de julio de 2012, expediente 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(19) Los indicios son medios de prueba que permiten el conocimiento indirecto de la realidad y suponen la presencia de un hecho indicador del cual es derivable la existencia de otro hecho indicado mediante un proceso de inferencia lógica. Roxin, Claus, Derecho procesal penal, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2000, pág. 187. “Los indicios son hechos que permiten extraer una conclusión de un hecho directamente importante; así, p. ej., el hecho de que el sospechoso del asesinato inmediatamente antes del homicidio de X lo amenazó de muerte o después del hecho quitó manchas de sangre de su pantalón, o que el sospechoso de haber estafado al seguro se procuró bencina antes del hecho y elevó la suma del seguro”.

(20) En la providencia que se viene citando, se trae a colación lo dicho por la Sección Tercera en la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, expediente 16337.

(21) [17] “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél y éste. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, en donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, págs. 458 y ss.)”.

(22) [18] “Al respecto se puede consultar la sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, expediente 16337”.

(23) [19] “Taruffo, Miguel, “La Prueba de los Hechos”, Ed. Trotta, Madrid, pág. 219”.

(24) [20] “Taruffo, Miguel, “La Prueba de los Hechos”, Ed. Trotta, Madrid, pág. 472”.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 20145, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; reiterada en la sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 21377, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(26) [57] “De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado —Sección Tercera— ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército”.

(27) [58] “En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva dictada por tribunal competente””.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(29) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63, párr. 144; Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C Nº 259, párr. 190; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C Nº 252, párr. 145.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de mayo de 2012, expediente 23503, C.P. Danilo Rojas Betancourth, criterio reiterado en la sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 25039, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(31) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2006, serie C Nº 160, párr. 256.

(32) La impunidad ha sido definida por el mismo tribunal como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, sentencia de 1º de septiembre de 2010, serie C Nº 217, párr. 172; Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010, serie C Nº 213, párr. 130; Caso Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala, sentencia de 24 de noviembre de 2009, serie C Nº 211, párr. 234.

(33) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003, serie C Nº 99, párr. 127; Caso Luna López vs. Honduras, sentencia de 10 de octubre de 2013, serie C Nº 269, párr. 159, Nº 256; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C Nº 256, párr. 152.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), C.P. Alier Hernández.

(36) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 13232-15646, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 14808, C.P. Germán Rodríguez.

(38) El valor de esta reparación responde al precedente de esta Subsección en casos de indemnización por muerte a padres, hijos, compañeros permanentes y hermanos. Ver, sentencia de 29 de septiembre de 2013, expediente 30754, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 22 de noviembre de 2012, expediente 23957, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 14 de junio de 2012, expediente 21884, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2013, expediente 30452, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(40) Se acude a la Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, que modificó la Resolución 585 de 1994, por ser la tabla de mortalidad de rentistas válidos vigente al momento de los hechos.

(41) Luis Alfonso Jaramillo Jaramillo, nacido el 22 de marzo de 1969 (fl. 8, cdno. 1), tenía 30 años para la época de los hechos.

(42) María Rosa Ángela Gómez Restrepo, nacida el 19 de marzo de 1971 (fl. 6, cdno. 1), tenía 28 años al momento de los hechos.

(43) La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005, adoptó los “Principios y directrices básicos sobre el derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, y en el capítulo IX de dicha resolución —“Reparación de los años(sic) sufridos” — consagró las medidas encaminadas a la satisfacción —numeral 22— y a las garantías de no repetición —numeral 23—. Las primeras están relacionadas con la cesación de violaciones continuadas y la consecución de la verdad sobre los hechos para su divulgación. Las segundas tienen que ver con las medidas que deben adoptar los Estados para evitar la impunidad de las faltas cometidas por sus agentes.

(44) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 20145, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de 29 de marzo de 2012, expediente 21380, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 21377, C.P. Danilo Rojas Betancourth.