Sentencia 2000-0354 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 19001-23-31-000-2000-0354-01(33699)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Bernardo Cometa y otros

Demandado: Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Referencia: Apelación sentencia – acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(3), seguido ante el Tribunal Administrativo del Cauca, tal como lo dispone el art. 129 del CCA.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a revocar la responsabilidad declarada a la demandada por los hechos ocurridos en el sitio denominado El Cairo del municipio de Cajibío, Cauca, en los que resultaron heridas varias personas, muerto el señor Néstor Fabián Vidal Llantén e incinerado un vehículo de propiedad de la señora Ana Julia Chacón Campo. De no ser procedente lo anterior, establecer si hay lugar a modificar la condena impuesta por el a quo.

Así mismo, determinar si hay lugar a revocar la decisión de primera instancia en cuanto negó las pretensiones del proceso instaurado por la señora Ana Julia Chacón Campo.

Finalmente, establecer si procede modificar lo resuelto respecto del reconocimiento de perjuicios a favor del señor Ubeimar Cometa Chate, sus padres y hermanos; si hay lugar a reconocer perjuicio moral y lucro cesante a la señora Digna Liliana Bonilla Ordóñez y a la menor Giselle Natalia Vidal Bonilla, e incrementar lo reconocido por lucro cesante a favor de los padres del señor Néstor Fabián Vidal Llantén. Si es procedente actualizar lo reconocido por daño emergente, dentro del proceso instaurado por el señor Néstor Moisés Vidal Sánchez. Así mismo, determinar si hay lugar al incremento del monto reconocido por concepto de perjuicio moral a favor de los actores, dentro proceso seguido entre otros por el señor Humberto Tobar Fajardo, así como lo reconocido por concepto de “daño a la vida de relación” y lucro cesante a favor del señor Hernán Tobar Mauna.

3.2.1. Juicio de Responsabilidad.

La parte actora concreta el daño en las heridas sufridas por varias personas, la muerte del señor Néstor Fabián Vidal Llantén y la pérdida por incineración de un vehículo de propiedad de la señora Ana Julia Chacón Campo, en hechos ocurridos el 10 de abril de 2000, en el sitio denominado el Cairo del municipio de Cajibío, Cauca.

Conforme lo expuesto, pasa la Sala a establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar si el mismo le resulta imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional; porque, de ser ello así, será menester confirmar la sentencia de primera instancia en lo atinente a la declaratoria de responsabilidad.

3.2.2. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo y de esta Corporación, que acreditan los siguientes hechos:

3.2.2.1. Se aportó al plenario la Historia Clínica del señor Ubeimar Cometa Chate elaborada por el Hospital Universitario San José de Popayán que da cuenta del ingreso del paciente el día 10 de abril de 2000 con “amputación traumática brazo izquierdo, herida de muslo izquierdo” (fls. 22-56 c. 10).

Se recepcionó testimonio a los señores Guillermo León Fernández, Martin Finscue Ossa, Fabio Libardo Chalco Barrera, Teresita de Jesús Medina, José Amar Trujillo Pérez, Abraham López Ramírez, quienes se manifestaron respecto de su conocimiento del señor Ubeimar Cometa Chate, a cerca de sus lazos familiares y su actividad como agricultor y ayudante de un bus, durante los fines de semana (fls. 94-100; 108-112 c. 9).

La Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca le determinó al señor Ubeimar Cometa Chate una invalidez de 61.09% (fls. 156-161 c. 9).

3.2.2.2. Conforme la historia clínica, la señora Yolanda Bambague Fajardo ingresó el 10 de abril de 2000 por urgencia al Hospital Nivel II Susana López de Valencia Empresa Social del Estado de Popayán con “lesiones en las rodillas” como consecuencia de la explosión de un artefacto en la Vía Panamericana. El egreso de la Institución tuvo lugar el 15 del mismo mes y año (fls. 11-16 c. 2).

El 27 de octubre de 2000, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó segundo reconocimiento por lesiones personales a la señora Yolanda Bambague de Fajardo en el que concluyó “Elemento causal: Esquirlas de mina antipersonal. Incapacidad médico legal definitiva: Cuarenta (40) días a partir de los hechos. Secuelas: Deformidad física permanente y perturbación funcional transitoria del órgano de la locomoción” (fl. 289 c. 7).

Ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, rindió declaración el señor Mario Narváez quien manifestó conocer que la señora Yolanda Bambague Fajardo vendía ropa en los pueblos vecinos que el mismo proveía. Sostuvo que por dicha actividad percibía en promedio Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos ($ 1.400.000) (fls. 371-373 c. 7). También dijo conocer la actividad económica a la que se hace mención la señora Silvia Paz quien sostuvo conocer que la señora Bambague Fajardo, vendía ropa en los pueblos de la región y entre otros aspectos se pronunció respecto de la integración de su grupo familiar (fls. 380-381 c. 7), en similar sentido se pronunció la señora Evangelina Flórez (fls. 383-384 c. 7). Así mismo, el señor José Reynaldo Rivera, quien se presentó como “ayudante de una chiva” sostuvo conocer a la señora Bambague Fajardo y los hechos de que trata este asunto por haberlos presenciado en la ruta de Cajibío a Piendamó. Refirió que la guerrilla detuvo el tráfico en la salida de Cajibío y que una vez liberada la vía llegó al puente El Cairo, lugar en el que el Ejército trató de desactivar las bombas con el resultado conocido. En su declaración sostuvo (fls. 375-378 c. 7):

“(...) nos detuvimos ahí en todo el puente del Cairo donde estaban las bombas, cuando estábamos ahí llegó el ejército y uno de los soldados nos dijo que teníamos que esperar hasta que llegaran los que desactivaban esos artefactos, después un soldado dijo que eso era fácil que amarrando unas manilas y jalando la primera bomba que él lograra tirarla al río ya él tiraba las demás (...) esto lo comentaban entre los soldados (...) pero cuando ellos jalaron las manilas la moto ya no alcanzó a volverse y en ese momento explotaron las bombas (...) ahí me encontré con Yolanda, estaba herida en la rodilla (...)”. Frente a la pregunta de quienes explotaron las bombas sostuvo: “eran seis soldados, vestían común y corriente como se viste el Ejército, eran verdes con rayitas cafés con emblemas de soldados que decían Ejército Nacional de Colombia. (...) el soldado amarró la primera bomba y de ahí la jaló hacia el río porque él las iba a tirar al río y entonces explotó y de allí explotaron las otras tres con la fuerza de la primera (...)”.

La Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca, dictaminó a la señora Yolanda Bambague Fajardo una pérdida de capacidad laboral “de 20.65% (veinte punto sesenta y cinco por ciento)” (fls. 395-400 c. 7).

3.2.2.3. La señora Jenny Gabriela Castillo en calidad de propietaria del vehículo de placa WHB-483 afiliado a la empresa Coomotoristas del Cauca hizo constar que “el señor Holmes Arvey Sánchez Campo, (...) laboraba como conductor, cuya comisión diaria era de $ 30.000 moneda legal y corriente”, al tiempo que aclaró que “el conductor terminó labores el día 10 de abril de 2000, fecha en la cual tuvo un accidente en la vía Panamericana en el sitio el Cairo donde hubo un hostigamiento de guerrilla el cual le ocasionó problemas físicos que le impiden seguir laborando” (fl. 7 c. 3). A su vez, la Gerente de Cooperativa de Motoristas del Cauca certificó que el vehículo anteriormente enunciado “se encuentra vinculado a la Capacidad transportadora de la Cooperativa” (fl. 8 c. 3).

Conforme la historia clínica el señor Arbey Sánchez ingresó al Hospital Universitario San José de Popayán el 10 de abril de 2000 y egresó el 17 del mismo mes y año por fractura de tibia, como consecuencia del trauma con esquirla por evento explosivo (fls. 9-12; 21-49 c. 3).

El Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria del Departamento del Cauca, certificó que “mediante oficio 1169 GRUIN DECAU de abril 18 de 2000 firmado por el Jefe de Grupo de Inteligencia del Departamento de Policía Cauca, informa a esta Secretaría que el señor Arvey Sánchez, (...) el día 10 de abril del año en curso fue afectado en su integridad personal como consecuencia de la acción terrorista adelantada por el grupo ELN”. El oficio de la referencia señala “el 10 de abril del presente año en los hechos que se presentaron a la altura del sitio El Cairo y Puente sobre el río Cajibío vía Panamericana. Me permito informar que en esta agencia reposan archivos que refieren a la acción terrorista que perpetró para esa fecha, el frente Antonio José De Sucre y Compañía Lucho Quintero Giraldo del Ejército de Liberación Nacional, quienes incineraron varios vehículos y colocaron cargas explosivas sobre el puente del río Cajibío, las que al explotar causaron la muerte de una persona, heridas a varias entre militares y particulares, figurando entre ellas el señor Arbey Sánchez, quien fue remitido del lugar de los hechos con lesiones en sus piernas, hacia el centro asistencial Hospital San José de Popayán” (fl. 14 c. 3).

Obran en el plenario cuatro fórmulas médicas a nombre de Arbey Sánchez, una de ellas por valor total de Veintinueve Mil Trecientos Pesos ($ 29.300) por concepto de medicamentos entregados el 11 de abril de 2000, suscrita por el médico Carlos Federico González Ibáñez (fls. 16-19 c. 3).

El 13 de abril de 2000 el traumatólogo José María Illera le dictaminó al señor Holmes Arbey Sánchez Campo “incapacidad para su dorsiflexión completa como secuela definitiva” precisando que debe ser avalado por medicina legal (fl. 20 c. 3).

3.2.2.4. El 18 de abril de 2000, el Gerente de la Sociedad Transportadora del Cauca certificó que “el vehículo clase microbús, número interno 1075, afiliado a la Sociedad Transportadora del Cauca S.A. (...) fue despachado de esta terminal en ruta hacia la localidad de Morales el día 10 de abril de 2000, a las 4:00 p.m., presentado la boleta de salida (...) Nº 0228297 (fl. 9 c. 4). A su vez el Asistente de Gerencia de la misma empresa, el 24 de mayo de 2000, hizo constar que “la señora Ana Julia Chacón Campo, (...) es propietaria del vehículo Microbús de Operación Nacional, de placas UQG-290 afiliado a Sotracauca bajo contrato de vinculación 1075, por el cual percibe ingresos brutos mensuales de Dos millones de pesos M/cte. ($ 2.000.000.oo) (fl. 13 c. 4).

Se aportó al plenario copia del carné del seguro del vehículo en mención, de la verificación ambiental, el permiso por certificado de movilización y del seguro por daños a personas, así como de la licencia de conducción, todos a nombre de la señora Ana Julia Chacón Campo. Del mismo modo se aportó certificación emanada de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán que da cuenta de la señora Chacón Campo como propietaria del vehículo del que se viene tratando, sin limitaciones en la propiedad y sin pendientes judiciales (fl. 18 c. 4).

El 11 de abril de 2000, el Jefe de la Sección Segunda del Batallón de Infantería Nº General José Hilario López certificó que “el 10-abril de 2000 sobre la vía Panamericana más precisamente en El Cairo jurisdicción del municipio de Cajibío, donde se efectuó un retén arbitrario por parte de la cuadrilla Antonio José De Sucre del ELN (...) fue incinerado el vehículo:

Color: Blanco verde rojo
Clase: Microbús
Marca: Chevroleth
Modelo: 1993
Motor: 216151
Chasis: JADWFR12DP7100401
Propietario: Ana Julia Chacón Campo

Daños: Microbús totalmente incinerado” (fl. 19 c. 4).

En la misma fecha, la señora Chacón Campo presentó denuncia en calidad de víctima ante la Fiscalía por el delito de terrorismo y daño en bien ajeno, por la incineración del vehículo de placa UQG 290, de servicio público, en la que señaló:

“En el día de ayer salí a las cuatro de la tarde del terminal de transportes de esta ciudad, dirigiéndome hacia Morales, Cauca y siendo las cuatro y media de la tarde, en el sitio denominado El Cairo del municipio de Cajibío en la vía Panamericana, había un retén de la guerrilla del ELN y nos hicieron parar, nos bajaron del carro intimidándonos con armas que tenían de largo alcance y uno de ellos se subió al carro a conducirlo y lo atravesó en la vía y me dejaron bajar los papeles del carro, a los pasajeros con sus maletas y luego le prendieron fuego al carro rociándole gasolina a este y a cuatro carros más y les prendieron fuego (...)”.

El 12 de abril de 2000, por solicitud de la señora Ana Julia Chacón Campo, el señor José Guillermo Nates de la empresa Calima Motor Ltda. avaluó el vehículo de placa UQG 290 en la suma de Veintiún Millones de Pesos ($ 21.000.000) (fl. 10 c. 4).

El 13 de abril del año 2000, el personero municipal de Morales, Cauca, certificó que “desde hace 15 años conozco a la señora Ana Julia Chacón Campo, (...), y por el conocimiento que tengo de ella puedo afirmar que es una persona pobre, trabajadora, responsable de sus actos, cumplidora de sus deberes y respetuosa de sus semejantes. Que hace 4 años falleció su esposo Leonel Cifuentes (...) y desde entonces desempeña con tesón y esfuerzo las funciones de madre jefe de hogar, esto tendiente a darles la crianza y educación a sus hijos (...) sustento económico que se derivaba de un vehículo tipo microbús que le dejó si extinto esposo, pero que con ocasión a la guerra insensata que vive este país, el día lunes 10 de abril del presente año, fuerzas al margen de la ley procedieron a incinerarle este vehículo (...)” (fl. 22 c. 4).

Se aportaron siete fotografías en las que se ve un vehículo incinerado, sin que se logre identificarlo, tampoco se conoce quien las tomó, ni la fecha en que obtuvieron (fls. 23-25 c. 4).

Igualmente se aportó copia del Libro Diario Operacional de la Sección Tercera de Operaciones de la Unidad Táctica del Batallón de Infantería José Hilario López, en las que se destaca el desplazamiento de los militares entre otros sectores por sitio denominado el Cairo, el día 10 de abril de 2000 a las 18:20 horas “con el fin de registrar acciones terroristas, por parte del ELN (...) situación que se le advierte ejecutar con mucho cuidado ya que se encuentran en varios sectores sobre la vía Panamericana”.

A las 18:35 horas figura constancia sobre “bandoleros del ELN efectúan presencia masiva sobre el sector del Cairo de Cajibío donde quemaron un bus, una aerovans y un vehículo pequeño, pincharon varios vehículos a la altura del túnel entre Piendamó y el Cairo, a las 18:45 los bandoleros del ELN activaron una carga explosiva sobre el puente del río Cajibío donde resultaron heridos (...) (fls. 67-69 c. 4).

En declaración rendida ante el a quo por el señor Héctor Ortega Hurtado manifestó (fl. 14 c. 11):

“(...) una vez fallecido su esposo Leonel N. la señora Ana Julia Chacón continuó administrando esta buseta, por ende yo creo que ciertamente los ingresos obtenidos de este vehículo automotor eran los que le proporcionaban a la señora Chacón, el sostenimiento de su familia y el de ella, pues desde que la conozco esta señora no ha desempañado cargo alguno o tenga profesión que le pueda otorgar los recursos necesarios para el fin antes señalado (...)”.

Se recepcionó el testimonio del señor Yovanny Antonio Cerón Ordóñez quien sostuvo (fls. 15-18 c. 11):

“(...) fue un día en el que desplazándonos del Carmelo llegando al Cairo había unos vehículos detenidos allí por parte de la guerrilla del ELN, ellos portaban un brazalete, los hicieron orillar después de otros carros, yo venía en una chiva (...) en esas empezaron a atravesar algunos vehículos, empezaron a ubicar un bus bolivariano, una buseta expreso Palmira, una buseta de Sotracauca y un furgoncito blanco, los cuales después prosiguieron a incendiarlos (...). Después el desplazarnos para Popayán fue difícil porque los vehículos que estaban en la vía no nos dejaban pasar. Logramos pasar al cabo de unas dos horas que se acabó. En el momento que estábamos tratando de pasar escuchamos una explosión hacia la parte de Piendamó, nos dijeron que habían colocado cilindros en el puente de Piendamó para evitar la llegada del Ejército (...). Después empezó a pasar personar heridas, vi un señor que lo pasaban muerto, (...) ellos venía heridos por la explosión que hubo en el Puente de Piendamó (...)”. Así mismo señaló no tener conocimiento la destinación que daba la señora Chacón Campo a los ingresos recibidos por el producido del vehículo.

El señor Olmes Muñoz Ulchur, conductor del vehículo de placa UQG 290, afiliado a la empresa Sotracauca, además de referir los hechos afirmó que la buseta manifestó que la buseta era el único sustento de la señora Ana Julia Chacón Campo (fls. 29-31 c. 11):

“(...) yo iba conduciendo, estaba en servicio, iba hacia Morales, era por ahí las 4 y 30 de la tarde, había un retén en el sitio El Cairo, en el municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana, en ese momento hicieron bajar los pasajeros y dijeron que era para quemar el carro y procedieron a quemarlo (...). Eso lo hizo un grupo guerrillero, eso era el ELN (...) ellos dijeron que no nos podíamos mover de ahí dentro de una dos (2) horas, porque enseguida hay un puente y dijeron que estaba minado, habían bombas. En lo relacionado con otra actividad económica de la señora Ana Julia Chacón Campo precisó: “no, ella únicamente el sustento era esa buseta”. Respecto de la producción del vehículo señaló: “se producía diariamente unos cien mil pesos ($ 100.000), ese dinero era para mantenimiento del carro, para estudio de dos hijos que tiene y sustento del hogar, de la casa (...). Actualmente el estado económico de ella [la señora Ana Julia] quedó muy mal, porque los hijos le tocó retirarlos del estudio y ella sobrevive ayudándole a un tío que compra café (...)”.

3.2.2.5. El 16 de mayo de 2000, la empresa Equipos y suministros certificó que el señor Néstor Fabián Vidal Llantén “laboró (...) desempeñando el cargo de mensajero con una asignación mensual de ($ 260.100) doscientos sesenta mil cien pesos y un auxilio de transporte de ($ 26.413) veintiséis mil cuatrocientos trece pesos, desde el 18 de noviembre de 1999, hasta el (10) diez de abril del año 2000 8...)” (fl. 9 c. 5). Respecto de la labor desempeñada también se pronunció el señor Antonio José Ponce Dávila, en declaración rendida ante la Fiscalía 004 Especializada de Popayán, en sentido similar al de la certificación (fls. 340-341 c. 7).

El abogado de derechos humanos de la personería municipal de Popayán certificó que “el día diez (10) de abril de dos mil (2000), un frente del autodenominado Ejército de Liberación Nacional realizó una toma en la carretera Panamericana que conduce de Popayán a Cali sobre el sitio conocido como El Cairo, toma que se produjo desde las 4:30 pm hasta las 7:30 pm en dicho acto ocurrió una explosión sobre el puente de la quebrada Cajibío en donde resultó muerto el señor Néstor Fabián Vidal Llantén (...)”(fl. 10 c. 5).

Funerales los Laureles Ltda. expidió la factura cambiaria de venta 0514 a nombre del señor Luis Antonio Alfonso Mejía, entre otros conceptos, por la caja mortuoria del señor Néstor Fabián Vidal Llantén, por la suma de Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($ 1.250.000) (fl. 11 c. 5).

Se aportó al plenario apartes del periódico el liberal de Popayán, de fecha 11 de abril de 2000 en el que se registran los hechos ocurridos el día anterior en la vía Panamericana por la manipulación de una carga explosiva (fl. 12 c. 5). Del mismo modo, se allegó copia del diploma de Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico, expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA conferido al señor Néstor Fabián Vidal Llantén, así como otros documentos que dan cuenta de su capacitación y desempeño en dicho oficio (fl. 303-307 c. 7). Obra también Acta de Inspección a Cadáver 070 de la Fiscalía General de la Nación, sin identificar (N.N.) de un hombre de 30 años que falleció en la vía Panamericana, El Cairo el 10 de abril de 2000 (fls. 21-23 c. 9).

También se aportó el registro civil de defunción (fl. 8 c. 5) y el Protocolo de Necropsia 073 emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, practicada al cadáver del señor Néstor Fabián Vidal Llantén en el que se registra que la muerte ocurrió por “choque hipovolémico, laceración visceral múltiple por onda explosiva y herida con fragmentos metálicos” (fls. 24-32 c. 9). Del mismo modo se aportaron las tablas de mortalidad elaborada por la Superintendencia Bancaria de Colombia (fls. 34-45 c. 9).

Se recepcionaron los testimonios de los señores Álvaro Gustavo Mera Vivas, María del Socorro Escobar, María Amanda Solarte de Muñoz, Kilma Collazos Muñoz, José Miguel Duarte Parra, Máximo Antonio Jiménez Pérez, Lucio Vivas Llantén, Oscar Eugenio Paz Quijano y Ana Teresa Gómez, quienes sostuvieron conocer al señor Néstor Fabián Vidal Llantén y constarles las buenas relaciones entre este y su familia (fls. 120-121; 127- 143; 150-155 c. 9). Se trata en su mayoría de vecinos de la víctima que afirman no conocer que el señor Néstor Fabián Vidal Llantén tuviese hogar estable pues vivía con sus padres a quienes apoyaba económicamente.

3.2.2.6. El 9 de mayo de 2000, el Gerente de la Cooperativa Integral de Transportes Rápido Tambo certificó que “los señores Humberto Tobar y Hernán Tobar (...) son asociados de la Cooperativa, propietarios de un vehículo taxi de placa SAP 307 número de orden 026 modelo 1998. El ingreso promedio mensual del citado vehículo es de $ 1.500.000.oo (...)” (fl. 8 c. 6).

Se aportó al plenario la historia clínica a nombre del señor Hernán Tobar Mauna emanada del Hospital Universitario San José de Popayán, en la que, entre otros aspectos, da cuenta de que sufrió la amputación del antepie derecho (fls. 50-81 c. 9; 115-146 c. 10).

El informe anatomo-patológico 00-1122 señala (fls. 48-49 c. 9; 25-26 c. 10):

“Nombre: Hernán Tobar

(...)

Pieza remitida: Antepie

Macroscópico: Rotulado antepie EFRS producto de amputación correspondiente a antepie, en el cual se identifica los 3 primeros artejos sin lesiones aparentes; se observa destrucción importante en antepie de las estructuras correspondientes a piel, músculo (de color oscuro), tendones, nervios, no es posible identificar vasos sanguíneos, se observa detritus”.

La Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca determinó al señor Hernán Tobar Mauna una incapacidad permanente parcial de 24.24% (fls. 96-101; 103109 c. 10).

Se recepcionó testimonio a los señores Leger Sandoval Rosero, Elvio Denis Muñoz Muñoz, Leyder Zemanate y José Zenen Ordóñez Domínguez quienes manifestaros conocer al señor Hernán Tobar Mauna por ser compañero del curso de técnicas de conducción. Relataron además que en desarrollo de una práctica de conducción en el bus del SENA, presenciaron los hechos de que trata el sub lite. El primero de los nombrados sostuvo (fls. 64-76 c. 10):

“Ese día [10 de abril de 2000] en horas de la mañana, nos tocó salir de Popayán, en el bus del SENA, a hacer la práctica, nos dirigimos hasta Cali. En horas de la tarde nos regresamos y uno a uno de los compañeros iba haciendo la práctica en el bus; en el momento en que llegamos al Cairo, el que venía conduciendo el bus era yo, nos encontramos con el retén guerrillero, supuestamente era del ELN, nos hicieron estacionar el bus ahí, y nos bajamos (...) como media hora más tarde se presentó el Ejército a controlar la situación, los del Ejército pidieron una manila prestada para activar los petardos que estaban sobre el puente en la vía Panamericana, al momento de accionarlos fue que hubo la explosión y los heridos, entre los heridos estaba Hernán Tobar, hubo varios soldados heridos (...) ellos [los soldados] nos dijeron que no nos retiráramos, detrás de los soldados, ahí estaba un bus de Coomotoristas y Hernán se hizo en la parte detrás del bus, yo estaba cerca de él, porque yo me hice en un barranco y fueron las esquirlas las que le causaron la lesión a él (...)”.

También rindieron declaración los señores Cesar Enrique Reyes Ledesma, Samuel Reyes, Jorge Eliecer Mauna Ledesma y Julio Jesús Calibio quienes por su conocimientos del señor Hernán Tobar Mauna, pudieron dar cuenta de su ocupación como taxista, las actividades lúdicas desempeñadas (ciclismo) y la manera como se vio afectado con el incidente (fls. 87-90; 92-95 c. 10).

3.2.2.7. La historia clínica emanada de Comsalud IPS da cuenta de que el señor Carlos Andrés Gómez ingresó el 10 de abril de 2004 de urgencia a la institución con herida en la pierna derecha a la altura del muslo (fls. 22-39 c. 8).

El 23 de octubre de 2000, ante la Fiscalía 004 Especializada de Popayán rindió declaración el señor Carlos Andrés Gómez Mesa. Manifestó el declarante que en ejercicio de su labor periodística hizo presencia en el lugar de los hechos y pudo observar vehículos incinerados además haber sido invitado por los integrantes del Ejército Nacional a grabar para sí mismo difundir la desactivación de los explosivos (fls. 310-322 c. 7):

“(...) una vez llegamos allí nos encontramos con muchos curiosos que estaban viendo tres artefactos que se encontraban sobre unas varillas de metal en el puente (...), le dije a mi camarógrafo, le dije a Genaro que nos fuéramos de ahí, me asusté mucho cuando dos soldados nos dijeron, los periodistas acérquense a grabar que vamos a hacer explotar esto, cuando gritaron eso, voltie (sic) a mirar habían tres soldados a menos de cinco metros de los explosivos con cuerdas, haciendo ondear en el aire las cuerdas como para enlazar algo, que a la postre lo hicieron y solo alcancé a ver cuándo hicieron caer uno de estos objetos, se produjo una primera explosión yo traté de correr y en fracciones de segundo, otra explosión, la cual sentí pasaron muchos objetos por el lado mío, uno de ellos me golpeó fuerte en la pierna derecha, perdí el control, me caí, por un momento todo fue oscuridad (...). Respecto de los vehículos que se encontraban en el sitio de los hechos sostuvo “los carros quemados, un bolivariano, un furgón de esos de pan Bimbo, una aerovans expreso Palmira y creo que otro microbús. Respecto de la posible advertencia para que la gente se retirara del sitio sostuvo “a mí me pareció increíble que fueran a hacer explotar eso, habiendo tantas personas cerca, escuché dos advertencias, una de un soldado que dijo que se quitaran que iban a hacer explotar eso y otro más osado que nos gritó a los periodistas que estuviéramos pilas a grabar la explosión (...)”.

El 26 de octubre de 2000, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó reconocimiento por lesiones personales al señor Carlos Andrés Gómez Mesa y dictaminó:

“1.) Cicatriz de 9 x 3 cms, hiperpigmentada irregular en tercio distal postero externo del muslo derecho, otra de 5 x 6 cms de iguales características en cara posterior tercio medio del mismo muslo, que afecta de manera importante la armonía del cuerpo.

2.) Cicatriz de 7.5 x 3 cms plana ligeramente enrojecida en cara externa del muslo derecho, ostensible.

(...) se concluye:

Elemento causal: Artefacto de onda explosiva.

Incapacidad médico legal definitiva: 29 días a partir de los hechos.

Secuelas: Deformidad física de carácter permanente” (fl. 288 c. 7).

El 15 de enero de 2001, el Director Administrativo de Datos y Mensajes certificó que el señor Carlos Andrés Gómez “presta sus servicios desde octubre de 1999 a la fecha como corresponsal en Popayán y Cauca del Noticiero TV Hoy con un promedio mensual de seiscientos mil pesos ($ 600.000) (fl. 26 c. 17). A su vez el 12 de enero del mismo año el Gerente General de la Corporación Productora Cívica de Medios Procívica T.V. hizo constar que el señor Gómez presta sus servicios como corresponsal desde febrero de 1996 a la fecha de la certificación con una asignación mensual de cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos pesos (fl. 27 c. 17).

El 30 de enero de 2002, el Personero Municipal de Cajibío Cauca certificó que “el señor Carlos Andrés Gómez Mesa, (...) resultó herido el día 10 de abril de 2000 en el sector El Túnel, Municipio de Cajibío en momentos en que un grupo armado había bloqueado la vía Panamericana y el Ejército Nacional se disponía a despejar la vía para lo cual intentaba desactivar unos artefactos que explotaron en ese actuar. El accidente se dio dentro de su actividad periodística que desarrollaba en la empresa Procívica T.V. (fl. 28 c. 17).

El 20 de marzo de 2002, el Gerente de la Sala de Juegos Panamericano certificó que “el Sr. Carlos Andrés Gómez (...) presta servicios como asesor comercial en mi establecimiento de comercio (...). Que recibe un ingreso promedio mensual de cuatrocientos treinta mil pesos ($ 430.000.oo). El servicio que presta es con autonomía y sin ninguna subordinación” (fl. 24 c. 17). En la misma fecha, el Gerente de Penta Televisión Ltda. certificó que “el señor Carlos Andrés Gómez (...) nos prestó servicios como periodista de la sección al margen, en el informativo Noticias NC durante el año 2000 y el servicio que prestó fue con autonomía y sin ninguna subordinación respecto a Pantavisión Ltda. que recibió ingresos promedio mensual por un valor de novecientos sesenta mil pesos ($ 960.000.oo)” (fl. 25 c. 17).

El 9 de diciembre de 2002, la gerente general de la corporación productora cívica de medios —Procívica T.V.— certificó que “el señor Carlos Andrés Gómez (...) nos prestó servicios como periodista corresponsal y transporte al noticiero 90 Minutos en Popayán, desde febrero de 1996 hasta noviembre de 2000 (...) recibió por estos servicios un promedio mensual de seiscientos treinta mil pesos ($ 630.000)”.

3.2.2.8. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Popayán dictaminó una incapacidad legal definitiva de veinticinco (25) días desde la época de los hechos al señor Genaro Muñoz Sánchez y determinó como secuela deformidad física permanente, por los hechos ocurridos el 10 de abril de 2000 (fls. 34 -37 c. 17).

El 13 de septiembre de 2001, el Personero Municipal de Cajibío, Cauca, certificó que “el señor Genaro Muñoz Sánchez, (...) resultó lesionado por esquirlas de granada el pasado 10 de abril de 2000 en hechos presentados en El Cairo Cajibío (...) cuando miembros de un grupo subversivo realizaban un ataque con explosivos en esta zona y eran repelidos por el Ejército Nacional (fl. 38 c. 17).

Ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca rindió declaración el señor Javier Mauricio Yules, quien manifestó haber presenciado los hechos de que trata l presente asunto (fls. 55-58 c. 8):

“cuando observamos que la guerrilla, según lo manifestado por los testigos habían incinerado un bus de la empresa Intercontinental allí hacemos las respectivas imágenes (...) en ese mismo instante nos informaron que más adelante en el puente del Túnel se encontraban unas cargas explosivas (...) nos dirigimos al lugar, algo más de 150 mts. Antes del Túnel nos vemos obligados a descender del vehículo por la hilera de carros (...) llegamos hasta el lugar donde se encontraban las cargas. El único contacto que tenemos con las cargas es visual porque de manera prudente decidimos no acercarnos mucho a las mismas, (...) observamos entonces que la gente sale corriendo como alelándose cuando observo que un soldado, que según lo informamos después, pertenecía al Batallón José Hilario López, amarró una cuerda a una de las cargas, yo me dispongo a voltearme porque se supone que se va a detonar y escucho la explosión, observo que la onda explosiva daña carros, más o menos 10 mts. hacia adelante, cuando escucho que Genaro 2 mts. atrás me pide ayuda porque una de las esquirlas le dio en la pierna (...) en ese mismo instante abordaba el carro el periodista Carlos Andrés Gómez quien también resultó lesionado en una de sus piernas (...)”.

Por su parte el señor Leonardo Andrés Burbano Molano quien indicó ser camarógrafo, relató (fls. 59-61 c. 8):

“Todo comenzó bajo la red de un informante a eso de las 5:00 de la tarde donde se presumía que la guerrilla estaba en la vía Panamericana y que habían quemado unos vehículos, nos dirigimos posteriormente con la periodista (...) al lugar de los hechos encontramos, en el lugar de los hechos estaban más periodistas (...) después de haber hecho las imágenes por intermedio de otro informante nos encontramos con la sorpresa que a escasos minutos de allí habían dinamitado el puente El Túnel, existían tres cargas de alto poder por intermedio de una voz del Ejército se escuchó “vengan acá a filmar” en ese momento existían civiles yendo y viniendo donde en ningún momento no hubo acordonamiento de zona y se estaba esperando al personal de antiexplosivos para que fueran detonadas estas cargas pero estas fueron activadas por el personal del Ejército por intermedio de un barrote y una cuerda y ellos la amarraron y fueron alejándose poco a poco y cuando se sintió fue la explosión, un señor que estaba en una moto fue alcanzado por la onda explosiva, nosotros insistimos en que se alejara y fue el primero que cayó allí (...). En lo relacionado con las medidas de seguridad anotó: “no pues nosotros llegamos y pasamos como Pedro por su casa, no hubo acordonamiento de zona y ellos los del Ejército nos llamaban para que fuéramos a hacer las imágenes de las minas (...)”.

Los señores Claudia Milena Álvarez, Fernando Rojas Valencia y María Helena Chingana, entre otros aspectos, se pronunciaron respecto de la forma como está integrada la familia Gómez Mesa y sus vínculos afectivos (fls. 62-64; 65-67; 68-69 c. 8).

– El 9 de octubre de 2003 se llevó a cabo diligencia con el fin de observar una cinta de video que contiene la sumatoria de varias filmaciones realizadas por diferentes camarógrafos en el sitio y a la hora de los hechos. De la diligencia se destaca (fls. 77-79 c. 8):

“(...) lo primero que se aprecia son unos buses en incineración, en la vía, actos, que según se dice en la diligencia, por el apoderado de la parte actora, fueron protagonizados por la guerrilla. Se observa que la vía no ha sido cerrada o acordonada, por cuanto en el momento transitaban vehículos por la vía. Esto es en el sitio denominado “El Cairo” —Cajibío—. En este video se aprecian los hechos posteriores como quiera que se brinda auxilio a personal militar y civiles heridos. Se observa ingreso de algunos heridos al Hospital San José de Popayán, se trata de personal civil y militar. Se aprecia una persona herida en la pierna, que según lo informa el apoderado de la parte actora, se trata del señor Carlos Andrés Gómez, demandante en el proceso. En la segunda parte del video, se observa que es en horas de la noche, se aprecia la actuación de personal armado, sobre la vía Panamericana, alcanzándose a apreciar una cuerda gruesa, que atraviesa la vía, en uno de cuyos extremos, se puede divisar la presencia de un militar que parece, hubiera tomado una parte de la cuerda. En el video se aprecia única y exclusivamente personal militar, haciendo la labor pertinente, están solamente uniformados.- no hay ningún otro dato que permita en la diligencia, (sic) el momento en que hace explosión el artefacto. En otro video igual se aprecian los vehículos quemados por la insurgencia, vigilados por personal uniformado. Manifiesta el apoderado de la parte actora que esta parte del video fue grabada por otro de los actores en un proceso, quien se desempeñaba como camarógrafo. Se aprecia igualmente en el video un reportero de la Cadena NC haciendo su labor periodística con reportaje a unas personas que en el lugar se hallaban en el sitio, al parecer se trata de un conductor a quien se entrevista. La vía está oscura, aparecen unos focos en la vía, que no se puede precisar quien suministra ese alumbrado. Cuando Genaro está grabando es cuando explotan las bombas, afirma el apoderado. Se observa que a lo ancho de la vía hay tres artefactos, que en términos del apoderado de la parte actora, se trata de artefactos explosivos. En este instante de la filmación se pierde la imagen, sin que se pueda precisar, cómo se activaron, cómo se desactivaron ni bajo que precauciones. Toma la palabra el apoderado de la parte actora para explicar que en este momento, es el señor Genaro Muñoz, quien hace la filmación, en este momento podemos ver su labor como camarógrafo cuando facilita una entrevista y más adelante centra la filmación sobre los artefactos ya mencionados, y en ese mismo momento se pierde la imagen, precisamente por la explosión y en el video se captan voces en donde se expresa el pánico y las diferentes manifestaciones de dolor. Se deja constancia por la ponente que en el lugar se observa personal uniformado como dirigiendo la actividad en este instante se escuchan voces, que en términos de la parte actora se trata del momento de la explosión, sin que se pueda establecer hasta este instante por quién se explotaron y en qué momento. La imagen seguidamente se aprecia borrosa, con luces a la distancia, que no se puede apreciar quien la suministra. Parece que se trata de un carro que está dando la luz. Los hechos subsiguientes corresponden al video cuya imagen se retoma al momento en el que personal herido ha sido atendido por diferentes personas, que aparecen en este instante a la entrada del Hospital (...)”.

3.2.2.9. En lo relacionado con el parentesco, el matrimonio o unión marital de hecho se encuentra acreditado:

– El señor Ubeimar Cometa Chate es hijo de los señores Bernardo Cometa Rivera y Rosa María Chate Campo y hermano de Ana Ruth, Hermer, Edilma y Esmilsen Cometa Chate (fls. 5-10; 53-55 c. 1).

– La señora Yolanda Bambague Fajardo es hija de los señores Gregorio Bambague y Emerencia Fajardo, madre de Paola Andrea Valencia Fajardo y hermana de María Gladys y Nelson Bambague Fajardo (fls. 6-10 c. 2).

– El señor Holmes Arvey Sánchez Campo es padre de Kevin David Sánchez Ojeda. (fls. 6 c. 3).

– La señora Ana Julia Chacón Campo es madre de Luis Ariel y Freddy Cifuentes Chacón y cónyuge del señor Leonel Cifuentes (fls. 6-8; 15-16 c. 4).

– El 15 de septiembre de 2004, el Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Popayán, Cauca, declaró al fallecido Néstor Fabián Vidal Llantén padre de la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla (fls. 162-168 c. ppal.), decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Popayán, Sala de Familia (fls. 169-180 c. ppal.). Según el registro civil respectivo el nacimiento de la menor anteriormente nombrada tuvo lugar el 12 de septiembre del año 2000 y la madre es la señora Digna Liliana Bonilla Ordóñez (fls. 181-182 c. ppal.). La señora Bonilla Ordóñez nació el 11 de enero de 1971 (fl. 183 c. ppal.).

El señor Néstor Fabián Vidal Llantén, quien falleció el 10 de abril de 2000, era hijo de los señores Néstor Moisés Vidal Sánchez y Ana Mireya llantén Montilla y hermano de Jaime Mauricio Vidal Llantén (fls. 4-5 y 8 c. 5).

– El señor Hernán Tobar Fajardo es hijo de los señores Humberto Tobar Fajardo y Alicia Mauna, hermano de los señores Carlos Olivo y María Mónica Tobar Mauna y junto con la señora Ninfa Oliva Rivera Mompotes, padres de Diana Marcela y Cristy Melisa Tobar Rivera (fls. 3-7 c. 6).

– El señor Carlos Andrés Gómez Mesa es hijo de los señores Belisario Gómez y Luz Marina Mesa y hermano de Andrea Ximena Gómez Mesa (fls. 21-23 c. 17).

– El señor Genaro Alfonso Muñoz Sánchez es hijo de los señores Reinaldo Muñoz Serna y Carmen Rosa Sánchez, hermano de Carlos Alberto y Julia Muñoz Sánchez y junto con la señora Johana Marcela Méndez padres de Camilo Andrés Muñoz Méndez (fls. 22-23; 29-33 c. 17).

3.2.2.9. El cuaderno 18 de pruebas corresponde a copia de “investigación radicada 18.920, sindicados averiguatorio, delito terrorismo” adelantado por la Fiscalía General de la Nación por los hechos ocurridos el 10 de abril de 2000 en los sitios denominados El Cairo y El Puente de Cajibío, Cauca (fls. 1-281 c. 18).

3.2.3. Cuestión previa.

Teniendo en cuenta que se trata de siete procesos acumulados por el tribunal, que la entidad demandada y los actores dentro del proceso adelantado entre otros por la señora Ana Julia Chacón Campo apelaron y que de manera adhesiva impugnaron los actores dentro de los procesos adelantados entre otros por los señores Bernardo Cometa, Néstor Moisés Vidal Sánchez y Humberto Tobar Fajardo, la Sala advierte que se deberá abordar lo relativo a la responsabilidad en todos los proceso y que y que tratándose de los interpuestos entre otros por los señores Yolanda Bambague, Holmes Arvey Sánchez Campo y Carlos Andrés Gómez Meza la condena no podrá incrementarse, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus.

3.2.4. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ; por los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del señor Néstor Fabián Vidal Llantén, las heridas sufridas por los señores Ubeimar Cometa Chate, Yolanda Bambague Fajardo, Holmes Arvey Sánchez Campo, Hernán Tobar Mauna, Carlos Andrés Gómez Meza y Genaro Alfonso Muñoz Sánchez y la pérdida por incineración del vehículo de placa UQG 290, de propiedad de la señora Ana Julia Chacón Campo, en hechos ocurridos el 10 de abril de 2000 en el sitio denominado El Cairo del municipio de Cajibío.

Analizado el acervo probatorio se encuentra acreditado que el señor Néstor Fabián Vidal Llantén perdió la vida el 10 de abril de 2000 como consecuencia de “choque hipovolémico” por “laceración visceral múltiple por onda explosiva y herida con fragmentos metálicos” en hechos ocurridos en el sitio denominado El Cairo del municipio de Cajibío, Cauca.

También se encuentra demostrado que el señor Ubeimar Cometa Chate sufrió “amputación traumática brazo izquierdo, herida de muslo izquierdo” razón por la que se le determinó una invalidez de 61.09%.

Del mismo modo se probó que la señora Yolanda Bambague Fajardo sufrió “lesiones en las rodillas” por “esquirlas de mina antipersonal” por las que se dictaminó “Incapacidad médico legal definitiva: Cuarenta (40) días a partir de los hechos”, como secuelas “Deformidad física permanente y perturbación funcional transitoria del órgano de la locomoción” y una pérdida de capacidad laboral “permanente parcial de 20.65%”.

A su vez está demostrado que el señor Arbey Sánchez ingresó al Hospital Universitario San José de Popayán por fractura de tibia como consecuencia del trauma con esquirla por evento explosivo por lo que se le dictaminó “incapacidad para su dorsiflexión completa como secuela definitiva”.

Al plenario se allegó prueba de que el vehículo de placa UQG-290 afiliado a la Sociedad Transportadora del Cauca es propiedad de la señora Ana Julia Chacón Campo y que resultó incinerado el 10-abril de 2000 sobre la vía Panamericana más precisamente en El Cairo jurisdicción del municipio de Cajibío”.

Del mismo modo, se demostró que al señor Hernán Tobar Mauna sufrió amputación del antepie derecho por la que se le determinó una incapacidad permanente parcial de 24.24%.

Finalmente, se encuentra acreditado que el señor Carlos Andrés Gómez sufrió herida en la pierna derecha a la altura del muslo por la que se dictaminó incapacidad médico legal definitiva de 29 días a partir de los hechos y, como secuela, deformidad física de carácter permanente. Además, por las heridas sufridas por el señor Genaro Muñoz Sánchez, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Popayán le dictaminó una incapacidad legal definitiva de veinticinco (25) días, desde la época de los hechos y determinó como secuela deformidad física permanente.

En resumen, se encuentra acreditado el daño, consistente en la muerte del señor Néstor Fabián Vidal Llantén, las heridas sufridas por los señores Ubeimar Cometa Chate, Yolanda Bambague Fajardo, Holmes Arvey Sánchez Campo, Hernán Tobar Mauna, Carlos Andrés Gómez Meza y Genaro Alfonso Muñoz Sánchez y la pérdida por incineración del vehículo de placa UQG 290 de propiedad de la señora Ana Julia Chacón Campo.

Ahora bien, a efectos de determinar si tales daños resultan imputables a la entidad demandada, es importante identificar las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

El acervo probatorio da cuenta de que el 10 de abril de 2000, en el sitio denominado “El Cairo” del municipio de Cajibío, Cauca, integrantes de un grupo al margen de la ley hizo presencia en la zona y además de incinerar varios vehículos instaló en un puente artefactos explosivos.

Así mismo, se encuentra suficientemente probado que tiempo después arribaron al sitio miembros del Ejército Nacional, quienes pretendieron desactivar las cargas explosivas con la intención de arrojarlas al río. No obstante, ante el accionar de los militares las cargas se activaron en presencia de varias personas que resultaron afectadas en su integridad.

Los hechos además de ser certificados por autoridades del Cauca fueron ampliamente desarrollados por los testigos los cuales son contestes en sostener que un grupo al margen de la ley, en desarrollo de un retén, incineró varios vehículos y ubicó cargas explosivas en el sitio denominado El Cairo y que al arribar al lugar el Ejército y pretender desactivar los explosivos, estos se accionaron con resultados negativos para varias personas.

Así las cosas, corresponde a la Sala analizar si los daños sufridos por los actores resultan imputables a la entidad demandada.

Para el efecto, a juicio de la Sala la imputación comprende dos hechos relacionados pero distintos, de una parte la incineración del vehículo de propiedad de la señora Chacón Campo y de otra los daños ocasionados por la desactivación de unas cargas explosivas, esto es así porque mientras en este último caso efectivos militares actuaron directamente, la incineración fue obra de un grupo insurgente.

Ahora está claro que el vehículo de placa UQG 290 fue incinerado el día 10 de abril de 2000 en la Vía Panamericana a la altura de Cajibío. De ello da cuenta tanto la certificación expedida por el Jefe de la Sección Segunda del Batallón de Infantería General José Hilario López, como la declaración de testigos descrita en los hechos probados y la oportuna denuncia interpuesta por la propietaria ante la Fiscalía General de la Nación.

No obstante, existen pruebas que evidencian de que la entidad demandada conocía del accionar de dicho grupo en la zona y especialmente que el 10 de abril de 2000, se ordenó el desplazamiento de los militares entre otros sectores por el sitio denominado El Cairo “con el fin de registrar acciones terroristas, por parte del ELN (...) situación que se le advierte ejecutar con mucho cuidado ya que se encuentran en varios sectores sobre la vía Panamericana”. Conocimiento que resulta determinante en la atribución de responsabilidad a la demandada, pues, a pesar de conocer de la presencia del grupo armado en la zona, no realizó acciones oportunas que evitaran los hechos en que resultó incinerado el vehículo de propiedad de la actora, tal como quedó registrado a las 18:35 horas en el Libro Diario Operacional de la Sección Tercera de Operaciones de la Unidad Táctica, en el que se lee “bandoleros del ELN efectúan presencia masiva sobre el sector del Cairo de Cajibío donde quemaron un bus, una aerovans y un vehículo pequeño, pincharon varios vehículos a la altura del túnel entre Piendamó y el Cairo”.

Conforme lo anterior, habrá de revocarse, en lo pertinente, la decisión de primera instancia, pues aunque, en efecto, fácticamente el hecho de la incineración del vehículo resulta atribuible a un tercero, lo cierto es que el mismo si resulta imputable a la entidad demandada por el conocimiento que tenía sobre las acciones del grupo armado en la zona, el mismo día del atentado.

También en lo relacionado con el daño producido por cargas explosivas dejadas por el mismo grupo insurgente en el puente de la quebrada Cajibío es clara la responsabilidad. Esto es así porque el conocimiento que sobre la presencia del grupo tenía el Ejército y sus acciones delictivas sobre la vía se suma a la imprudente desactivación de los explosivos en presencia de los particulares que transitaban por la zona. Lo anterior aunque en los libros de la entidad demandada se registra que “a las 18:45 los bandoleros del ELN activaron una carga explosiva sobre el puente del río Cajibío donde resultaron heridos (...)”, pues lo cierto es que los testimonios y demás elementos probatorios coinciden en evidenciar que si bien es cierto la carga explosiva fue ubicada en el sitio por miembros de un grupo al margen de la ley, la misma detonó cuando personal uniformado perteneciente a la Institución demandada pretendió desactivarla, con los resultados negativos ya conocidos.

La Sala encuentra suficientemente probado que fueron miembros del Ejército Nacional los que activaron la carga explosiva sin la menor prevención posible no solo respecto de la población civil y periodistas ubicados en el sitio sino respecto de sus propios hombres, pues no era personal experto en la materia. Imprevisión lamentable, al punto de invitar a los periodistas a acercarse para dejar registro de la actividad que desarrollarían, como lo sostienen los señores Leonardo Andrés Burbano Molano y Carlos Andrés Mesa.

Esto es, se encuentra acreditada que la pretendida maniobra de desactivación de la carga explosiva se realizó desatendiendo las más mínimas medidas de seguridad, pues, aunado a que no se contaba con el personal experto en este tipo de situaciones, la población civil que se encontraba en la zona no recibió ninguna voz de alerta para alejarse, ni se acordonó la zona, ni se previno a cerca del riesgo que implicaba permanecer en el sitio, al contrario, se invitó a los periodistas a acercarse para registrar la actividad.

Conforme lo anterior, dado el conocimiento que sobre el actuar del grupo subversivo tenía el Ejército el día y en la vía en que sucedieron los hechos, aunado al desarrolló imprudente y negligente de la maniobra de desactivación de la carga explosiva, por parte de miembros, de la Institución que no contaban con los medios técnicos suficientes para emprender tan delicada labor, ni con el personal idóneo para ello, aunado a la falta de prevención que como autoridad debió emplear en alertar a la población civil y a los periodistas para que se alejaran del sitio, resultan suficientes para endilgar la responsabilidad deprecada a la entidad demandada, sin que se vislumbre hecho determinante de las víctimas; pues la sola circunstancia de hallarse presente en el sitio no es un aspecto que se les pueda endilgar como lo pretende la entidad demandada, la que se insiste, como autoridad tenía que haber controlado la situación.

3.2.4.1. Liquidación de perjuicios.

Como se señaló en la cuestión previa, respecto de los no apelantes, esto es los actores dentro de los procesos adelantados entre otros por la señora Yolanda Bambague, Holmes Arvey Sánchez Campo y Carlos Andrés Gómez Meza la decisión del a quo no será modificada pues la entidad demandada funge como apelante única.

1. Proceso instaurado por el señor Bernardo Cometa y otros.

Se solicitó el reconocimiento de “todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales y por pérdida de goce fisiológico, que se les ocasionaron con las graves lesiones corporales de su hijo y hermano, joven Ubeimar Cometa Chate”. El a quo condenó a la entidad demandada al pago de perjuicios morales en la cantidad equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para la víctima directa, 40 SMLMV para cada uno de sus padres y 20 SMLMV para cada uno de sus hermanos. También la condenó al pago de 80 SMLMV para el señor Ubeimar Cometa Chate por “daño a la vida de relación”. Así mismo, reconoció perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante teniendo en cuenta 100% del salario mínimo legal mensual vigente a la época de los hechos, previa actualización de la renta. Por ausencia de prueba se abstuvo de condenar por daño emergente.

Los actores del presente asunto son apelantes adhesivos de la decisión de primera instancia, razón por la que la Sala revisará en su integridad lo resuelto por el a quo y lo probado en el proceso para identificar los perjuicios a reconocer.

Se encuentra acreditado que el señor Ubeimar Cometa Chate sufrió “amputación traumática brazo izquierdo, herida de muslo izquierdo” por la que se le determinó una invalidez de 61.09%.

a. Daño Moral.

En lo relacionado con los perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral en eventos de lesiones personales, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(4) la Sala precisó:

“Procede la Sala Plena de la Sección Tercera a unificar su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales.

La reparación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.

Para el efecto se fija como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

Gráfico 2
Reparación del daño moral en caso de lesiones
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Gravedad de la lesiónVíctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno- filiales.Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos).Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil.Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Igual o superior al 50%10050352515
Igual o superior al 40% e inferior al 50%8040282012
Igual o superior al 30% e inferior al 40%603021159
Igual o superior al 20% e inferior al 30%402014106
Igual o superior al 10% e inferior al 20%2010753
Igual o superior al 1% e inferior al 10%1053,52,51,5

Deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que estas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro.

La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno - filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%”.

Así las cosas, por tratarse de una lesión que determinó una invalidez de 61.09%, corresponde el reconocimiento del equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral para el señor Ubeimar Cometa Chate y para cada uno de sus padres, señores Bernardo Cometa y Rosa María Chate y el equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos, señores Hermer, Esmilsen, Edilma y Ana Ruth Cometa Chate.

b. Daño a la salud.

En sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(5) además de precisar que el daño a la salud es un daño inmaterial derivado de la alteración de la salud psicofísica de categoría jurídica autónoma, no subsumible dentro del concepto de “daño a la vida en relación” y comprensiva de aspectos diversos aspectos, señaló los criterios para la indemnización de dicho daño así:

“En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera.

La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la victima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

Gráfico
Reparación del daño a la salud
Regla general
Gravedad de la lesiónVíctima directa
SMLMV
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar las siguientes variables:

– La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)

– La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.

– La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.

– La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.

– La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.

– Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.

– Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.

– Los factores sociales, culturales u ocupacionales.

– La edad.

– El sexo.

– Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.

– Las demás que se acrediten dentro del proceso.

En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 SMLMV. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables referidas. En conclusión, la liquidación del daño a la salud se efectuará conforme a la siguiente tabla:

Gráfico
Reparación del daño a la salud
ConceptoCuantía máxima
Regla general100 SMLMV
Regla de excepción400 SMLMV

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son excluyentes y no acumulativos, de manera que la indemnización reconocida no podrá superar el límite de 400 SMLMV.

Ahora bien, es menester aclarar que los porcentajes antedichos son indicativos de gravedad, por lo que pueden traducir a categorías cualitativas. De ahí que los porcentajes iguales o superiores se pueden entender como daños cualitativamente graves e intensos, mientras que los de menor porcentaje se entenderán de mayor gravedad. Esto permite atenerse a los criterios porcentuales antedichos, aun cuando se carezca de un valor certificado”.

Conforme lo anterior, por tratarse de la pérdida de un miembro (brazo izquierdo) del señor Ubeimar Cometa Chate, que para la época de los hechos tenía 19 años de edad, que por tal motivo se ve restringido para realizar sus actividades normales al punto de determinársele una invalidez de 61.09%, la Sala le reconocerá el equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud.

c. Lucro cesante.

Para la liquidación del lucro cesante aunque se tiene acreditado que el señor Ubeimar Cometa Chate era una persona económicamente activa, no se aportó prueba fehaciente de los ingresos que percibía por dicha actividad. Así las cosas, para su liquidación se tomará como base el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta decisión, dado que al actualizarse el que regía para la época de los hechos(6) arroja un resultado menor al actual(7). Así las cosas a la suma de $ 644.550 se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales.

Indemnización debida o consolidada a favor del señor Ubeimar Cometa Chate

F3541
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar (desde el día de los hechos: 10 de abril de 2000 hasta el fallo: marzo de 2014). Total: 179 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F3542
 

Conforme lo anterior la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar al señor Ubeimar Cometa Chate la suma de Doscientos Veintinueve Millones Doscientos Veintisiete Mil Veintitrés Pesos con Treinta y Cuatro Centavos ($ 229.227.023,34).

Indemnización futura a favor del señor Ubeimar Cometa Chate

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida del señor Ubeimar Cometa Chate.

F3543
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida, descontando los 179 meses de la indemnización debida. Total: 514,84 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F3544
 

La entidad demanda deberá pagar al señor Ubeimar Cometa Chate la suma de Ciento Cincuenta y Un Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos con Cincuenta y Dos Centavos ($ 151.974.684,52) por lucro cesante futuro.

En total corresponde a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pagar al señor Ubeimar Cometa Chate la suma de Trescientos Ochenta y Un Millones Doscientos Un Mil Setecientos Siete Pesos con Ochenta y Seis Centavos ($ 381.201.707,86) por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante.

d. Daño emergente.

Aunque se reclama el reconocimiento de una suma por dicho concepto no se aportaron elementos probatorios que den cuenta de su causación.

2. Proceso instaurado por la señora Yolanda Bambague Fajardo y otros.

Se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales para cada uno de los actores y de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. El a quo condenó a la entidad demandada al pago de perjuicios morales en la cantidad equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para la víctima directa, 30 SMLMV para cada uno de sus padres e hija y 15 SMLMV para cada uno de sus hermanos. También la condenó al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante teniendo en cuenta el 100% del salario mínimo legal mensual vigente a la época de los hechos, previa actualización de la renta y la pérdida de la capacidad laboral del 20.65%.

Se encuentra acreditado que la señora Yolanda Bambague Fajardo sufrió “lesiones en las rodillas” por “esquirlas de mina antipersonal” por las que se dictaminó “Incapacidad médico legal definitiva: Cuarenta (40) días a partir de los hechos”, como secuelas “Deformidad física permanente y perturbación funcional transitoria del órgano de la locomoción” y una pérdida de capacidad laboral “permanente parcial de 20.65%”.

a. Daño Moral.

Siguiendo los criterios jurisprudenciales ampliamente desarrollados en el análisis que realizó la Sala para la liquidación del perjuicio moral en caso de lesiones, dentro del proceso instaurado entre otros por el señor Bernardo Cometa, teniendo en cuenta que la parte demandante en este asunto no apeló la decisión de primera instancia y considerando que se trata de una lesión por la que se determinó una invalidez del 20.65%, corresponde el reconocimiento del equivalente a Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral para la señora Yolanda Bambague, para cada uno de sus padres, señores Gregorio Bambague y Emerencia Fajardo de Bambague así como para su hija Paola Andrea Valencia Bambague. En lo relacionado con los hermanos señores María Gladys y Nelson Bambague Fajardo se mantendrá la condena impuesta por el a quo en garantía de la no reformatio in pejus, es decir, la suma equivalente a Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b. Lucro cesante.

La suma reconocida por este concepto será confirmada teniendo en cuenta que se encuentra suficientemente acreditado en el plenario su procedencia y en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, lo cual no obsta para su actualización, así:

F3545
 

3. Proceso instaurado por el señor Holmes Arvey Sánchez Campo y otros.

En el escrito de demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales y materiales para todos y cada uno de los actores en su calidad de víctima, compañera permanente, padre y e hijos del señor Holmes Arvey Sánchez Campo. El a quo resolvió conceder el equivalente a Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral a favor del señor Holmes Arvey Sánchez Campo. Respecto de la señora María Noelia Rivera Vidal quien se presentó al proceso en calidad de víctima y respecto de los hijos se abstuvo de reconocer algún tipo de perjuicio por considerar que no se acreditaron en el plenario.

En el proceso se encuentra probado que el señor Arbey Sánchez ingresó al Hospital Universitario San José de Popayán por fractura de tibia como consecuencia del trauma con esquirla por evento explosivo por lo que se le dictaminó “incapacidad para su dorsiflexión completa como secuela definitiva”.

Los actores del presente asunto no apelaron la decisión de primera instancia, razón por la que la Sala confirmará lo resuelto por el a quo, toda vez que aunque de que se encuentra acreditado el perjuicio sufrido por la víctima, no es posible reformar la decisión en detrimento de los intereses del apelante único.

4. Proceso instaurado por la señora Ana Julia Chacón Campo y otros.

Se solicitó reconocer “a favor de los damnificados todos los daños y perjuicios tanto morales como materiales que les han sido ocasionados con la quema del vehículo”, especialmente reclaman la suma de Doscientos millones de pesos por concepto de lucro cesante a favor de la señora Ana Julia Chacón Campo, sus hijos y padres por advertir que todos dependía económicamente del producido del vehículo y el reconocimiento de perjuicios morales para todos y cada uno de los actores. El a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar que fue el hecho de un tercero el determinante del daño.

Los actores del presente asunto apelaron la decisión de primera instancia, razón por la que la Sala revisará en su integridad lo resuelto por el a quo y lo probado en el proceso para identificar los perjuicios a reconocer.

Declarada la responsabilidad por el hecho de la incineración del vehículo de placa UQG 290 como quedó anotado y siendo las partes en este asunto apelantes, corresponde identificar los perjuicios a reconocer por dicho evento aclarando que aunque los actores se presentan al proceso en calidad de víctimas directas porque todos dependían económicamente del producido del vehículo, lo que se acreditó en el plenario es que los rendimientos de la buseta eran percibidos por la propietaria, es decir, la señora Ana Julia Chacón Campo y era ella quien disponía respecto de su destinación, como sostienen algunos testigos para el sostenimiento del hogar, específicamente el estudio de sus hijos.

Así las cosas, la afectada con la incineración del vehículo es la señora Ana Julia Chacón Campo, pues ella era quien además de recibir el producido, establecía su destinación.

Para la liquidación de los perjuicios se tendrá en cuenta que se trataba de un vehículo de servicio público de propiedad de la señora Ana Julia Chacón Campo afiliado a Sociedad Transportadora del Cauca que fue totalmente incinerado mientras cubría la ruta hacia Morales y que según certificación de la misma empresa por el contrato de vinculación 1075 “percibe ingresos brutos mensuales de Dos millones de pesos M/cte. ($ 2.000.000.oo)”.

Del mismo modo se cuenta en el plenario con el avalúo practicado al vehículo dos días después del suceso en la suma de Veintiún Millones de Pesos ($ 21.000.000), avalúo que fue conocido por la contraparte y frente al cual no obra en el plenario ningún reparo.

En lo relacionado con la solicitud de reparación del daño moral derivado de la pérdida total del vehículo, la Corporación ha precisado que la procedencia de la indemnización de este perjuicio por daños sufridos en los bienes debe acreditarse plenamente en el plenario y aunque en el sub lite algunas declaraciones dan cuenta de que la señora Chacón Campo tenían como única fuente de ingresos económicos dicho bien, ello no resulta suficientemente ilustrativo del dolor, congoja o angustia padecida con ocasión de su incineración.

No obstante procede el reconocimiento reclamado por concepto de perjuicios materiales así:

a. Daño emergente.

Consistente en el valor del vehículo para el momento de los hechos, que conforme el avalúo presentado asciende a la suma de Veintiún Millones de Pesos ($ 21.000.000), valor que será actualizado a la fecha de la presente providencia siguiendo la fórmula:

F3546
 

Así las cosas, la entidad demandada pagará la suma de Cuarenta y Un Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Nueve Pesos con Cuarenta y Dos Centavos ($ 41.152.109,42), a favor de la señora Ana Julia Chacón Campo por concepto de daño emergente.

b. Lucro cesante.

Como base para la liquidación de este perjuicio se tendrá en cuenta los ingresos brutos mensuales certificados en la suma de Dos Millones de Pesos ($ 2.000.000), menos los gastos en que habitualmente se incurría para su mantenimiento y funcionamiento y para efectos de identificar el periodo objeto de indemnización se considerará la vida útil de un vehículo de servicio público en Colombia teniendo en cuenta que se trataba de un microbús modelo 1993, es decir, el periodo de tiempo medido en años durante el cual el vehículo podía operar cumpliendo correctamente las funciones para las cuales fue diseñado.

De conformidad con la Ley 105 de 1993, vigente para la época de los hechos, en el artículo 6º, modificado por el art. 2º, Ley 276 de 1996, “la vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años”. Es decir, este sería el periodo a indemnizar descontando, en todo caso, los siete años que para la época de los hechos llevaba en funcionamiento.

Así, las cosas, aunque no se acreditó el valor de los gastos, en consideración al tiempo transcurrido desde el día de los hechos hasta el momento de la decisión y por razones de equidad la Sala descontará el 50% de los ingresos brutos mensuales por dicho concepto a efectos de liquidar en concreto el lucro cesante a favor de la señora Ana Julia Chacón Campo.

Conforme lo anterior, la base de liquidación es de $ 1´000.000, suma que actualizada(8) asciende a $ 1´959.624,26 y el periodo a indemnizar es de trece años, así:

F3547
 

Así las cosas, la entidad demanda deberá pagar la suma de Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Ochenta y Tres Mil Ciento Cuatro Pesos con Cuatro Centavos ($ 456´083.104,04) por lucro cesante a favor la señora Ana Julia Chacón Campo.

5. Proceso instaurado por el señor Néstor Moisés Vidal Sánchez y otros.

Se formularon pretensiones por daño moral y material a favor de cada uno de los actores, especificando el reconocimiento de la suma de Trescientos Millones de Pesos ($ 300.000.000) por concepto de lucro cesante a favor de la compañera permanente, el hijo póstumo y los padres del señor Néstor Moisés Vidal Llantén. También se solicitó acceder al valor de Tres Millones de Pesos ($ 3.000.000) por concepto de daño emergente y el equivalente en moneda nacional de 1.000 gramos de oro fino para cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales menos para la señora Ana Mireya Llantén, para quien se pidió el equivalente en moneda nacional de 2.000 gramos de oro en razón del profundo trauma al que se vio sometida con la muerte de su hijo.

Los actores del presente asunto son apelantes adhesivos de la decisión de primera instancia, razón por la que la Sala revisará en su integridad lo resuelto por el a quo y lo probado en el proceso para identificar los perjuicios a reconocer.

El a quo reconoció perjuicio moral en la cantidad equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los padres de la víctima, los señores Ana Mireya Llantén Montilla y Néstor Moisés Vidal Sánchez y Cincuenta (50) salarios mínimos para el hermano, el señor Jaime Mauricio Vidal Llantén. Por concepto de lucro cesante condenó a la entidad demandada al pago de Veinticinco Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos con Dieciséis Centavos ($ 25.788.342.16) para la señora Ana Mireya Llantén Molina y Diecinueve Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos con Treinta y Dos Centavos ($ 19.345.285.32) a favor del señor Néstor Moisés Vidal Sánchez. Por concepto de daño emergente reconoció la suma de Un Millón Ochocientos Un Mil Ochocientos Cuarenta Pesos con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 1.801.840.54) sin especificar a favor de quien. Se abstuvo de reconocer perjuicios a la señora Liliana Bonilla y a la hija que estaba por nacer para la época de los hechos porque “no existe prueba que así lo acredite, pues los testigos obrantes manifestaron no tener conocimiento de tal situación y menos de la existencia de un hijo. Es de anotar que los testimonios, son contestes en afirmar que el joven Néstor Fabián Vidal Llanten vivía en su casa con sus padres y que dedicaba su trabajo en velar por ellos”. De lo cual se infiere que los padres no estaban en posibilidad de sostenerse a sí mismos.

Se encuentra acreditado que el señor Néstor Fabián Vidal Llantén perdió la vida el 10 de abril de 2000 como consecuencia de “choque hipovolémico” por “laceración visceral múltiple por onda explosiva y herida con fragmentos metálicos” en hechos ocurridos en el sitio denominado El Cairo del municipio de Cajibío, Cauca.

Así mismo, se demostró que el señor Néstor Fabián Vidal era hijo de los señores Néstor Moisés Vidal Sánchez y Ana Mireya Llantén Montilla, hermano de Jaime Mauricio Vidal Llantén y padre de la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla. Que el 10 de abril de 2000 la señora Digna Liliana Bonilla Ordóñez se encontraba en estado de embarazo de la menor Guiselle Natalia, si se considera que su fecha de nacimiento es el 12 de septiembre del mismo año.

Esta Corporación se ha pronunciado respecto de la indemnización de perjuicios del que está por nacer. Así, en un caso en el que se estudiaba la procedencia del reconocimiento del daño moral para un nasciturus cuyo padre fue privado injustamente de la libertad durante el periodo de gestación, se dijo(9):

“Para la Sala, no cabe duda que en este caso el daño se causó y la indemnización se reconocerá en cuanto si la madre, el padre, hermanos y abuela del que está por nacer sufren un daño, no se entendería porque deducir que este no lo sufre, siendo que el mismo, aunque no lo comprenda, se ve compelido a los efectos del medio en el que se desenvuelven sus seres queridos(10) y así mismo su desarrollo en todos los órdenes, sin que se pueda predecir con exactitud las repercusiones concretas por lo que hay lugar a la indemnización, atendiendo al tiempo en que el mismo debió soportar el dolor por la medida de aseguramiento que tenía su padre (...)”.

Igualmente en providencia del 17 de agosto de 2000(11) se reconoció lucro cesante al nasciturus así:

“En relación con la indemnización por perjuicios materiales a título de lucro cesante ordenada por el Tribunal a favor del menor, igualmente está de acuerdo la Sala en su determinación, la cual consiste en reconocerle un monto de dinero calculado con base en el salario mínimo legal a partir de su mayoría de edad y durante su vida probable, pues de conformidad con el dictamen pericial el niño presenta una “parálisis cerebral con secuelas definitivas en su desarrollo mental y psicomotor con grandes limitaciones en su posterior desarrollo, en su vida de relación interpersonal y social ampliada lo que le imposibilita para una cualificación profesional y para el ejercicio de una actividad laboral productiva”.

Ahora bien, los actores en este asunto controvierten la decisión de primera instancia en los puntos específicos que quedaron desarrollados en el recurso formulado, no obstante, se analizará toda la indemnización en atención a que la entidad demandada también controvirtió la decisión del a quo.

a. Daño moral.

En sentencia de unificación del 14 de agosto de 2014(12), la Sección Tercera dejó establecido que la indemnización por perjuicios morales en caso de muerte seguiría los siguientes parámetros:

“A fin de que en lo sucesivo, se indemnicen de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la muerte de una persona, como en el presente caso, la Sala, a manera de complemento de lo decidido en la sentencia mencionada en el párrafo que antecede, decide unificar su jurisprudencia sobre el particular, a partir del establecimiento de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas; así:

Nivel 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno – filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel 2. Se refiere a la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (hermanos, abuelos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel 3. Abarca la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

Reparación del daño moral en caso de muerte
Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Regla general en el caso de muerteRelación afectiva conyugal y paterno – filialRelación afectiva del 2º de consanguinidad o civilRelación afectiva del 3er de consanguinidad o civilRelación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.Relación afectiva no familiar (terceros damnifica dos)
Porcentaje100%50%35%25%15%
Equivalencia en salarios mínimos10050352515

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5, deberá ser probada la relación afectiva”.

Conforme lo anterior se reconoce la suma equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla, pues de por vida se le privó de tener un padre. Igual cantidad para cada uno de los señores Néstor Moisés Vidal Sánchez y Ana Mireya Llantén Montilla en su calidad de padres del señor Néstor Moisés Vidal Sánchez y la suma equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Jaime Mauricio Vidal Llantén hermano de la víctima. En lo relacionado con la señora Digna Liliana Bonilla Ordóñez, aunque está demostrada su calidad de madre de la menor Vidal Bonilla (hija de la víctima), existen elementos probatorios que desvirtúan la calidad de compañera permanente con la que compareció al proceso, lo cual no es óbice para reconocerle la suma equivalente a Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño moral como tercera damnificada, pues no contará con el apoyo del padre de la menor en la formación de su hija.

b. Daño emergente.

Si bien obra en el plenario la factura cambiaria de venta CR Nº 0514 emitida por Funerales los Laureles Ltda. por concepto de “caja mortuoria, traslado del cuerpo (...)” del fallecido Néstor Fabián Vidal Llantén por valor de Un Millón Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($ 1.250.000), lo cierto es que no existe prueba de que del patrimonio de alguno de los actores haya salido dicho valor, al contrario en el documento se relaciona como cliente al señor Luis Antonio Alfonso Mejía, razón por la que, contrario a lo dispuesto por el a quo, la Sala no reconocerá suma alguna por este concepto.

c. Lucro cesante.

Para el reconocimiento de este perjuicio se tendrá en cuenta que la empresa Equipos y suministros certificó que el señor Néstor Fabián Vidal Llantén “laboró (...) desempeñando el cargo de mensajero con una asignación mensual de ($ 260.100) doscientos sesenta mil cien pesos y un auxilio de transporte de ($ 26.413) veintiséis mil cuatrocientos trece pesos”, arrojando un total devengado de Doscientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Trece Pesos ($ 286.513), dado que al actualizarse dicho valor(13) arroja un resultado menor al salario mínimo actual(14), será este el que constituye la base para la liquidación del perjuicio.

Así las cosas a la suma de $ 644.550 se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales arrojando un resultado de $ 805.687,5, suma a la que se le descontará el 25% que la víctima invertía en su propia subsistencia arrojando la suma de $ 604.265,63.

Ahora bien, los testimonios recepcionados de vecinos de la víctima, sostienen no haber conocido que señor Néstor Fabián Vidal Llantén hubiese hecho vida marital con alguna mujer, al contrario, saben que este vivía con sus padres a quienes apoyaba económicamente. Así las cosas, el reconocimiento de dicho perjuicio procederá para su hija Guiselle Natalia Vidal Bonilla a quien se le concederá un 50% del total de la indemnización por el periodo de 25 años, fecha en la que se entiende que organizaría su propio hogar y para los padres de la víctima entre quienes de dividirá el otro 50%, considerando la vida probable de estos, así:

Indemnización debida o consolidada a favor de la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla.

F3548
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada ($ 302.132,81, es decir el 50% de la base de liquidación)

n= número de meses a indemnizar (desde el nacimiento de la menor: 12 de septiembre de 2000 hasta el fallo: 5 de marzo de 2015. Total: 173,7 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F3549
 

Indemnización futura a favor de la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla.

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta los veinticinco años de la beneficiaria.

 

F35410
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación $ 302.132,81)

n= número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta los 25 años de la beneficiaria. Total: 126,3 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F35411
 

Así las cosas, la entidad demanda deberá pagar la suma de Ciento Diez Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Pesos con Veintiséis Centavos ($ 110.755.260,26) por lucro cesante a favor la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla.

Indemnización debida o consolidada a favor del señor Néstor Moisés Vidal Sánchez(15). 

F35412
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada ($ 151.066,40 es decir el 50% de la base de liquidación dividida en los dos padres)

n= número de meses a indemnizar (desde el día de los hechos: 10 de abril de 2000 hasta el fallo: 5 de marzo de 2015. Total: 178,7 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F35413
 

Indemnización futura a favor del señor Néstor Moisés Vidal Sánchez

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta su esperanza de vida.

F35414
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación $ 151.066,40)

n= número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta el cumplimiento de su esperanza de vida. Total: 112.66 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F35415
 

Así las cosas, la entidad demanda deberá pagar la suma de Cincuenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos con UN Centavo ($ 59.250.581,1) por lucro cesante a favor del señor Néstor Moisés Vidal Sánchez.

Indemnización debida o consolidada a favor de la señora Ana Mireya Llantén Montilla(16). 

F35416
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada ($ 201.421,87 es decir el 50% de la base de liquidación dividida en los dos padres)

n= número de meses a indemnizar (desde el día de los hechos: 10 de abril de 2000 hasta el fallo: 5 de marzo de 2015. Total: 178,7 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F35417
 

Indemnización futura a favor de la señora Ana Mireya Llantén Montilla

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta su esperanza de vida.

F35418
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación $ 201.421,87)

n= número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta el cumplimiento de su esperanza de vida. Total: 280,78 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F35419
 

Así las cosas, la entidad demanda deberá pagar la suma de Sesenta y Nueve Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos con Nueve Centavos ($ 69.271.838,9) por lucro cesante a favor de la señora Ana Mireya Llantén Montilla.

6. Proceso instaurado por el señor Humberto Tobar Fajardo y otros

Se solicitó el reconocimiento de “todos los daños y perjuicios materiales, morales, sicológicos y de la vida en relación que se les han ocasionados, derivados de las graves lesiones sufridas por Hernán Tobar Mauna”. El a quo condenó a la entidad demandada al pago de perjuicios morales en la cantidad equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para la víctima directa, 30 SMLMV para cada uno de sus padres e hijos y 15 SMLMV para cada uno de sus hermanos. También la condenó al pago de 50 SMLMV para el señor Hernán Tobar Mauna por “perjuicio a la vida de relación”. Así mismo, reconoció perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la época de los hechos y la incapacidad laboral determinada en 24.24%. Por ausencia de prueba se abstuvo de condenar por daño emergente.

Los actores del presente asunto son apelantes adhesivos de la decisión de primera instancia, razón por la que la Sala revisará en su integridad lo resuelto por el a quo y lo probado en el proceso para identificar los perjuicios a reconocer.

Se demostró que al señor Hernán Tobar Mauna sufrió amputación del antepie derecho por la que se le determinó una incapacidad permanente parcial de 24.24%.

a. Daño Moral.

En lo relacionado con los perjuicios inmateriales en la modalidad de daño moral en eventos de lesiones personales se aplicarán los criterios atrás expuestos, conforme sentencia de unificación.

Así las cosas, por tratarse de una lesión que determinó una invalidez del 24.24%, corresponde el reconocimiento del equivalente a Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral para el señor Hernán Tobar Mauna y para cada uno de sus padres, señores Humberto Tobar Fajardo y Alicia Mauna. Igual cantidad se reconocerá a cada uno de sus hijos, Diana Marcela y Cristy Melisa Tobar Rivera, así como para la madre de sus hijos, la señora Ninfa Oliva Rivera Mompotes. Para cada uno de sus hermanos, señores Carlos Olivo y Mónica Tobar Mauna se reconoce la suma equivalente a Veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b. Daño a la salud.

Conforme los criterios jurisprudenciales expuestos atrás sobre la materia, por tratarse de la amputación traumática de los ante pies 1-2-3-4 del pie derecho del señor Hernán Tobar Mauna, que para la época de los hechos tenía 40 años de edad, que por tal motivo se ve restringido para realizar sus actividades normales al punto de determinarse una incapacidad laboral del 24.24%, la Sala le reconocerá el equivalente a Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud.

c. Lucro cesante.

Para la liquidación del lucro cesante aunque se certificó que “los señores Humberto Tobar Y Hernán Tobar (...) son asociados de la Cooperativa, propietarios de un vehículo taxi de placa SAP 307 número de orden 026 modelo 1998. El ingreso promedio mensual del citado vehículo es de $ 1.500.000.oo (...)” se ha de inferir que dicho vehículo continuó la producción aún después del daño sufrido por el señor Hernán Tobar. Así las cosas, esta no puede ser la base de la liquidación. No obstante, considerando que el señor Tobar Mauna era una persona productiva para el momento de los hechos se liquidará teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta decisión, dado que al actualizarse el que regía para la época de los hechos(17) arroja un resultado menor al actual(18). Así las cosas a la suma de $ 644.550 se le incrementará un 25% por concepto de prestaciones sociales(19) y se tendrá en cuenta que le corresponde 24.24% conforme la invalidez dictaminada.

Indemnización debida o consolidada a favor del señor Hernán Tobar Mauna(20)

F35420
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación $ 195.298,65, es decir el 24,24% del salario mínimo incrementado en un 25% por prestaciones sociales)

n= número de meses a indemnizar (desde el día de los hechos: 10 de abril de 2000 hasta el fallo: 5 de marzo de 2015. Total: 178,7 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F35421
 

Indemnización futura a favor del señor Hernán Tobar Mauna

Se liquida en meses a partir de la fecha de la sentencia hasta la edad probable de vida del señor Hernán Tobar Mauna.

F35422
 

Donde:

S= La suma que se busca al momento de la condena

Ra= constituye la renta actualizada (base de liquidación $ 195.298,65)

n= número de meses a indemnizar (a partir de la fecha de la sentencia hasta el cumplimiento de su esperanza de vida. Total: 307,66 meses)

i= interés técnico legal mensual (0,004867)

F35423
 

La entidad demanda deberá pagar la suma de $ 92.841.334,77 por lucro cesante futuro.

En total corresponde a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pagar al señor Hernán Tobar Mauna la suma de Ochenta y Seis Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos Con Treinta con Ochenta y Cinco Centavos ($ 86.542.750,85) por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante.

d. Daño emergente.

Aunque se reclama el reconocimiento de una suma por dicho concepto no se aportaron elementos probatorios que den cuenta de su causación.

7. Proceso instaurado por el señor Carlos Andrés Gómez Meza y otros.

Se solicitó el reconocimiento de “todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales y fisiológicos”. El a quo condenó a la entidad demandada al pago de perjuicios morales en la cantidad equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el señor Carlos Andrés Gómez Mesa y 50 SMLMV Genaro Alfonso Muñoz, víctimas directas, 30 SMLMV para los padres del señor Genaro Alfonso Muñoz y 15 salarios para cada uno de los hermanos. También la condenó al pago de 30 SMLMV para la compañera permanente y para el hijo del señor Genaro Alfonso Muñoz Sánchez. Así mismo, reconoció perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante teniendo en cuenta los salarios acreditados en el plenario. Se abstuvo de reconocer “perjuicio a la vida de relación”.

Se acreditó que el señor Carlos Andrés Gómez sufrió herida en la pierna derecha a la altura del muslo por la que se dictaminó incapacidad médico legal definitiva de 29 días a partir de los hechos y como secuela deformidad física de carácter permanente y que por las heridas sufridas por el señor Genaro Muñoz Sánchez el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Popayán, dictaminó una incapacidad legal definitiva de veinticinco (25) días desde la época de los hechos y determinó como secuela deformidad física permanente.

a. Daño Moral.

Siguiendo los criterios jurisprudenciales atrás desarrollados para la liquidación del perjuicio moral en caso de lesiones, dentro del proceso instaurado por el señor Bernardo Cometa y otros, teniendo en cuenta que la parte demandante en este asunto no apeló la decisión de primera instancia y considerando que se trata de una lesiones por las que se determinó 29 y 25 días de incapacidad y como secuela deformidad física permanente la sala reconocerá la suma equivalente a Treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral para el señor Genaro Alfonso Muñoz Sánchez atendiendo a la naturaleza de la lesión, la incapacidad y la secuela determinada y confirmará las demás sumas reconocidas por este concepto por el a quo.

b. Lucro cesante.

La suma reconocida por este concepto será confirmada teniendo en cuenta que se encuentra suficientemente acreditado en el plenario su procedencia y en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, lo cual no obsta para su actualización, así:

Lucro cesante a favor del señor Carlos Andrés Gómez Mesa:

F35424
 

Lucro cesante a favor del señor Genaro Alfonso Muñoz Sánchez:

F35425
 

Finalmente, no se condenará en costas, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la ley 446 de 1998, hay lugar a ello cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 21 de noviembre de 2006 del Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad de la demandada y se accedió parcialmente a las pretensiones.

En consecuencia el numeral primero de la sentencia del 21 de noviembre de 2006 del Tribunal Administrativo del Cauca quedará así:

Primero: Declárese, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de los hechos ocurridos el 10 de abril de 2000 en la Vereda el Cairo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia así:

– Proceso 2000354100 Bernardo Cometa y otros

Por perjuicios morales:

Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral para el señor Ubeimar Cometa Chate y para cada uno de sus padres, señores Bernardo Cometa y Rosa María Chate y el equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos, señores Hermer, Esmilsen, Edilma y Ana Ruth Cometa Chate.

Por daño a la salud

El equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Ubeimar Cometa Chate.

Por perjuicios materiales lucro cesante

A favor del señor Ubeimar Cometa Chate la suma de Trescientos Ochenta y Un Millones Doscientos Un Mil Setecientos Siete Pesos con Ochenta y Seis Centavos ($ 381.201.707,86).

– Proceso 2001038300 Yolanda Bambague y otros

Por perjuicios morales

Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral para la señora Yolanda Bambague, para cada uno de sus padres, señores Gregorio Bambague y Emerencia Fajardo de Bambague así como para su hija Paola Andrea Valencia Bambague y la suma equivalente a Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos, señores María Gladys y Nelson Bambague Fajardo.

Por perjuicios materiales. Lucro cesante

La suma de Treinta Millones Sesenta Mil Trescientos Once Pesos con Sesenta y Siete Centavos ($ 30.060.311,67) a favor de la señora Yolanda Bambague.

– Proceso 2002058900 Homes Arvey Sánchez Campo y otros

Por perjuicios morales

La suma equivalente a Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

– Proceso 2000418500 Ana Julia Chacón Campo y otros

Por perjuicios materiales. Daño emergente

La suma de Cuarenta y Un Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Nueve Pesos con Cuarenta y Dos Centavos ($ 41.152.109,42), a favor de la señora Ana Julia Chacón Campo.

Por perjuicios materiales. Lucro cesante

La suma de Cuatrocientos Cincuenta y Seis Millones Ochenta y Tres Mil Ciento Cuatro Pesos con Cuatro Centavos ($ 456´083.104,04) por lucro cesante a favor la señora Ana Julia Chacón Campo.

– Proceso 2000322900 Néstor Moisés Vidal Sánchez y otros

Por perjuicios morales

La suma equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla. Igual cantidad para cada uno de los señores Néstor Moisés Vidal Sánchez y Ana Mireya Llantén Montilla su calidad de padres del señor Néstor Moisés Vidal Sánchez y la suma equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Jaime Mauricio Vidal Llantén hermano de la víctima y la suma equivalente a Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Digna Liliana Bonilla Ordóñez.

Por perjuicios materiales. Lucro cesante

La suma de Ciento Diez Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Pesos con Veintiséis Centavos ($ 110.755.260,26) a favor la menor Guiselle Natalia Vidal Bonilla.

La suma de Cincuenta y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos con UN Centavo ($ 59.250.581,1) a favor del señor Néstor Moisés Vidal Sánchez.

La suma de Sesenta y Nueve Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos con Nueve Centavos ($ 69.271.838,9) a favor de la señora Ana Mireya Llantén Montilla.

– Proceso 2001038300 Humberto Tobar Fajardo y otros

Por perjuicios morales

La suma equivalente a Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Hernán Tobar Mauna y para cada uno de sus padres, señores Humberto Tobar Fajardo y Alicia Mauna. Igual cantidad se reconoce a cada uno de sus hijos, Diana Marcela y Cristy Melisa Tobar Rivera, así como para la madre de sus hijos, la señora Ninfa Oliva Rivera Mompotes. Para cada uno de sus hermanos, señores Carlos Olivo y Mónica Tobar Mauna se reconoce la suma equivalente a Veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por daño a la salud

El equivalente a Cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Hernán Tobar Mauna.

Por perjuicio material. Lucro cesante

La suma de Ochenta y Seis Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos Con Treinta con Ochenta y Cinco Centavos ($ 86.542.750,85) a favor del señor Hernán Tobar Mauna.

– Proceso 2002058200 Genaro Alfonso Muñoz y otros

Por perjuicios morales

La suma equivalente a Treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los señores Carlos Andrés Gómez Mesa, Genaro Alfonso Muñoz Sánchez, víctimas directas, Reinaldo Muñoz Serna y Carmen Rosa Sánchez, padres del señor Genaro Alfonso Muñoz Sánchez así como para su compañera permanente, la señora Johanna Marcela Méndez y para su hijo Camilo Andrés Muño Méndez y la suma de Quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de sus hermanos, señores Carlos Alberto y Julia Muñoz.

Por perjuicios materiales. Lucro cesante

La suma de Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos con Veinticuatro Centavos ($ 9.643.264,24) a favor del señor Carlos Andrés Gómez Mesa.

La suma de Dos Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos con Noventa y Nueve Centavos ($ 2.932.681,99) a favor del señor Genaro Alfonso Muñoz Sánchez.

2. Niéguense las de más pretensiones de las demandas acumuladas en el presente proceso.

3. Una vez ejecutoriada, remítase copia de esta providencia al Ministerio de Defensa (Ejército Nacional) y a la Procuraduría General de la Nación”.

En firme esta providencia, devuélvase la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

3 El 10 de abril de 2000, fecha en que se presentó una de las demandas con pretensión por concepto de lucro cesante por la suma de Trescientos Millones pesos ($ 300.000.000), la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta Corporación era de $ 29.390.000 – artículos 129 y 132 del CCA subrogados por el Decreto 597 de 1988.

4 M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

5 M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

6 El SMMLV para el año 2000 era $ 260.100 que actualizado arroja un total de $ 509.698,27.

7 El SMMLV para el año de 2015 es de $ 644.550.

8

FLLAM8

9 Sentencia del 7 de septiembre de 2013. MP. Stella Conto Díaz del Castillo

10 En este sentido se ha afirmado que “... ciertas características de la personalidad o del carácter de algunos niños, no solo serían producto del ambiente que los recibe una vez nacidos, sino que también serían el reflejo de lo que ocurría mientras estaban en el útero materno.” Y que muchos autores coinciden en que “el feto es sensible a los estados emocionales y actitudes de la madre, y que esto constituye una comunicación, un vínculo, entre la madre y su hijo intrauterino. Verny y Kelly (1988) plantean que el vínculo casi perfecto entre madre e hijo después del nacimiento no es más que la continuación de un proceso vinculante que comienza en el útero” García Heller Tamara. Principales Aportaciones acerca del Desarrollo Psíquico Intrauterino. Universidad de Chile. 2007

11 M.P. Alier Eduardo Hernández.

12 M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

13 La actualización arroja la suma de 561.457,82.

14 El SMMLV para el año de 2015 es de $ 644.550.

15 Para el momento de los hechos el señor Néstor Moisés Vidal Sánchez tenía 54 años de edad según el registro civil de matrimonio obrante a folio 3 del cuaderno 5 y la esperanza de vida estaba estimada en 24.28 años.

16 Para el momento de los hechos la señora Ana Mireya Llantén Montilla tenía 40 años de edad, según el registro civil de matrimonio obrante a folio 3 del cuaderno 5 y la esperanza de vida estaba estimada en 38.29 años.

17 El SMMLV para el año 2000 era $ 260.100 que actualizado arroja un total de $ 509.698,27.

18 El SMMLV para el año de 2015 es de $ 644.550.

19 Arroja la suma de $ 805.687,5, y el 24,24% de dicho valor es $ 195.298,65 que constituye la base de liquidación.

20 Para el momento de los hechos el señor Tobar Mauna tenía 36 años y una esperanza de vida de 40.53 años.