Sentencia 2000-03696 de febrero 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 6800-12-33-1000-2000-03696-01 (39.717)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: H.M.L. y otros

Demandado: Municipio de XXX y departamento de XXX

Referencia: Reparación directa

Temas: Daños por accidente de tránsito - Responsabilidad del Estado cuando la infracción de normas de tránsito fue la causa del accidente.

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia de la Sala; 2) el ejercicio oportuno de la acción; 3) el caso concreto: 3.1) el daño: la muerte de los infantes, 3.2) la imputabilidad de la responsabilidad; 4) indemnización de perjuicios: 4.1) morales, 4.2) materiales en la modalidad de daño emergente, 4.3) materiales en la modalidad de lucro cesante; 5) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de XXX el 27 de mayo de 2010, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, comoquiera que la indemnización del lucro cesante para los padres de las víctimas se estimó en $ 324’604.800, cifra que superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de interposición de la demanda que la Ley 954 de 2005 exigía para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia(13).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

Se demandó la indemnización de perjuicios por la muerte de los infantes A. y A.M.C. ocurrida el 28 de junio de 2000(14) y como la demanda se interpuso el 13 de diciembre de ese año(15), se deduce que se hizo dentro de la oportunidad legal establecida para ello.

3. El caso concreto.

3.1. El daño: La muerte de los infantes.

Obran en el expediente los registros civiles de defunción de los infantes A. y A.M.C., con los cuales se acreditó que fallecieron en la fecha indicada en la demanda, es decir, el 28 de junio de 2000(16), en el municipio de XXX, a la edad de 3 y 5 años, respectivamente.

En cuanto a la causa de muerte se pudo establecer que ocurrió como consecuencia de un accidente de tránsito que aconteció ese día, cuando se desplazaban junto con su padre, el demandante H.M.L.(17), en una moto, la cual colisionó con una volqueta, pues así se consignó en el informe de accidente elaborado por las autoridades de tránsito(18).

Lo consignado en el informe de accidente, en relación con el deceso de los menores, resulta acorde con el tipo de heridas sufridas por ellos y que fueron certificadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en desarrollo de la necropsia de la siguiente manera:

“La muerte se produce por laceración cerebral secundario a politraumatismo severo craneoencefálico y corporal. Manera de muerte, violenta accidental”(19).

Dicho lo anterior, la Sala concluye que está debidamente demostrado el daño por cuya indemnización se demandó y por ello es procedente establecer si la muerte de los menores de edad resulta atribuible o no a las entidades territoriales demandadas.

3.2. La imputabilidad de la responsabilidad.

El análisis probatorio llevado a cabo por el tribunal de primera instancia le permitió concluir que el padre de las víctimas, quien conducía la moto, transitaba en contravía y por ello invadió el carril por donde avanzaba la volqueta, imprudencia que causó la colisión.

Con base en el anterior argumento el a quo declaró la configuración del hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, razonamiento que no fue cuestionado en la apelación sino que, por el contrario, fue avalado.

En efecto, en la apelación se admitió la conducta imprudente del padre de las víctimas, por lo que la Sala no analizará lo atinente a ese punto, sino que se centrará en las inconformidades expuestas en relación con las posibles negligencias cometidas por el conductor de la volqueta y su incidencia en la ocurrencia del accidente.

Según se expuso en el recurso de apelación, el conductor de la volqueta se movilizaba a exceso de velocidad y además omitió realizar un pare en la intersección en la cual ocurrió la colisión, conductas que se demostraron en desarrollo de la investigación llevada a cabo por la Inspección de Policía de XXX por las posibles contravenciones al Código Nacional de Tránsito cometidas por los conductores involucrados y que fue trasladada a este proceso(20).

La Sala le otorgará valor probatorio a la investigación llevada a cabo por la Inspección de Policía de XXX, que se trasladó a este proceso, por cuanto el municipio demandado participó en su recaudo y tuvo la oportunidad de velar por su legalidad. Es decir, su producción ocurrió con audiencia de él.

Tras analizar los testimonios recopilados por la Inspección Municipal de Policía de XXX se concluyó que varios de ellos señalaron que la volqueta se movilizaba a alta velocidad, sin embargo, lo cierto es que se trató de meras apreciaciones que carecen de respaldo probatorio dentro del expediente(21).

Por cierto, en desarrollo de la investigación adelantada por la Inspección Municipal de Policía de XXX se decretó la práctica de un estudio por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que determinara la velocidad a la que se desplazaban la volqueta y la moto, el cual arrojó como conclusión la imposibilidad de establecer ese dato(22).

Por tal motivo, ante la ausencia de la prueba técnica en relación con la velocidad de los vehículos, la Sala desestima el exceso de velocidad de la volqueta como posible causa del accidente.

Dicho lo anterior, procede la Sala a analizar la posible violación de una señal de pare por parte del conductor de la volqueta y su incidencia en la colisión. Por ello se estima pertinente insertar en esta providencia el croquis elaborado por la autoridad de tránsito en el informe de accidente:

norma002
 

Según se consignó en el informe de accidente, los círculos que encierran el número 1 corresponden al desplazamiento de la volqueta, mientras que el 2 a la motocicleta, automotores que se transportaban en vías de doble sentido, el primero por la calle XXX hacia la avenida/carrera XXX y el segundo de esta última hacia la calle XXX.

Agréguese que en dicho documento se señaló que la intersección en la que ocurrió la colisión carecía de señales de pare que indicara a los conductores quién tenía prelación en la vía, hecho que se confirmó con las fotografías tomadas en desarrollo de la diligencia de inspección judicial que practicaron miembros de la Fiscalía, prueba que decretó el Inspector Municipal de Policía de XXX(23).

Expuestas las características del lugar en el cual sucedió el accidente resulta importante traer a colación la declaración juramentada que efectuó el señor E.A.C., conductor de la volqueta, ante la Inspección Municipal de Policía de XXX, concretamente en la manera cómo maniobró al momento de girar a la derecha para tomar la avenida/carrera XXX.

Así se expresó el declarante:

“PREGUNTADO: Señor E., sírvase decir al despacho cuando usted llegó a la esquina de la carrera XXX tuvo usted la precaución de parar y mirar qué vehículo venía. CONTESTÓ: Sí señor. PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho si en ese momento al llegar a la carrera XXX usted notó la presencia de algún vehículo. CONTESTÓ: No señor. PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho, según el informe existente en el croquis usted colisionó con la motocicleta a los pocos metros de haber dado la vuelta en la esquina, dígale al despacho si usted se dio cuenta de esa colisión. CONTESTÓ: Uno llega ahí y mira hacia abajo o izquierda para girar hacia la derecha. (…) PREGUNTADO: Después de lo afirmado por usted en esta diligencia y por último sírvase decirle al despacho si considera usted que al llegar por la calle XXX al cruce con la carrera XXX tomó usted las precauciones necesarias, teniendo en cuenta la prelación vehicular de la vía. CONTESTÓ: Sí señor, yo llegué y miré hacia abajo o sea a mi izquierda que es lo normal cuando uno va a tomar una vía y como vi que no venía nadie giré hacia arriba o sea hacia la derecha (…)”(24). (Resaltado por la Sala).

De lo declarado por el señor E.A.C. la Sala colige que aunque sí se detuvo en la intersección cuando estaba a punto de girar a la derecha para tomar la avenida/carrera XXX, tan solo miró hacia la izquierda para verificar que no viniera algún vehículo sobre la calzada a la cual iba a ingresar. De hecho, no cabe duda de que fue así, pues en su declaración el admite que únicamente verificó su lado izquierdo al afirmar que “yo llegué y miré hacia abajo o sea a mi izquierda (…) como vi que no venía nadie giré hacia arriba o sea hacia la derecha”. Tras esta afirmación se deduce que no observó a su diestra.

Por lo antes dicho, resultaba admisible que no se hubiere percatado de que la motocicleta en que se movilizaban las víctimas había invadido la calzada que iba a tomar sobre la avenida/carrera XXX una vez girara a la derecha.

Con todo, dada las características de la intersección el Código Nacional de Tránsito le imponía la obligación de verificar y cerciorarse de que no hubiere obstáculo alguno en la vía. Dicho de otro modo, el conductor de la volqueta debió mirar no solo a su izquierda, sino también a su derecha, en vista de que los que se movilizaban sobre este lado tenían prelación en la intersección.

La conducta que omitió hacer el conductor de la volqueta se encontraba contenida en el inciso cuarto del artículo 110 del Decreto 1344 de 1970, Código de Tránsito vigente en la época de los hechos, el cual indicaba que en las intersecciones que carecieran de señales de tránsito, como ocurrió en los hechos que se analizan, tenían prelación de tránsito los vehículos que se encontraran a la derecha(25).

Por lo antes dicho, la Sala concluye que la omisión del conductor de la volqueta de mirar a su derecha, en dirección de los vehículos que tenían prelación en la vía, fue determinante para que no se percatara de la presencia de la moto, pues esta se encontraba a la derecha de aquella, aun cuando fuera en contravía.

Si bien no está en discusión que las víctimas y su papá iban en contravía y que esto fue determinante para la colisión en flagrante violación del Código Nacional de Tránsito, la omisión del conductor de la volqueta también contribuyó en la causación del accidente, pues precisamente ello produjo que inadvirtiera la presencia de la moto y por ende, que se generara la muerte de dos niños, uno de tres y otro de cinco años de edad ajenos a las vicisitudes de los peligros que implica la conducción de vehículos.

Se estima pertinente indicar que las consideraciones aquí expuestas, en relación con el conductor de la volqueta, resultan similares con las conclusiones probatorias a las que arribó el Inspector Municipal de Policía de XXX en la Resolución 51 de 2003, por medio de la cual lo declaró contraventor de las normas de tránsito y se le impuso una sanción pecuniaria.

En estos términos el Inspector Municipal de Policía de XXX consideró que el conductor de la volqueta violó el Código de Tránsito, en tanto que fue imprudente al transitar por una intersección sin señales de tránsito:

“Respecto del conductor del vehículo tipo volqueta placa XXX, conducido por E.A.C., se logra determinar por el acervo probatorio que se encuentra dentro de la posibilidad de estar infringiendo el artículo 127 del Decreto 1344 de 1970 que reza: ‘El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas al iniciar la marcha cuando le corresponda’. Sin embargo, se aduce que la presunta omisión tiene un soporte lógico para el momento cuando va a llegar al cruce: ‘Miro hacia abajo o izquierda para ver quien subía por mi derecha, para luego yo coger mi derecha subiendo’. Si bien es cierto no existía señal vertical reglamentaria que indicara el PARE, y actuó bajo los parámetros del deber, se presentó un exceso de confianza en la prudencia de otros, al nunca valorar la posibilidad de un conductor desplazarse con su vehículo en contravía.

“(…).

“Así mismo, subsiste la omisión por parte del conductor del vehículo tipo volqueta de placas XXX de la norma contenida en el artículo 127 del Código de Tránsito Terrestre por desconocer el principio de la máxima prudencia”(26).

Como consecuencia de lo expuesto, le asistió razón a la parte actora cuando en su apelación sostuvo que en el accidente de tránsito en el que fallecieron los menores de edad, también resultó determinante la conducta omisiva del conductor de la volqueta.

Ahora bien, en cuanto a la atribución de la responsabilidad, ella recae en el municipio de XXX y no en el departamento de XXX, aun cuando está demostrado que este último era el propietario de la volqueta.

En ese sentido, ha de decirse que para la fecha de los hechos el propietario inscrito en la oficina de tránsito de XXX era el departamento de XXX, tal y como se desprende del certificado de tradición que obra en el expediente(27), sin embargo, la volqueta estaba bajo la guarda y custodia del municipio de XXX.

Por cierto, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la volqueta involucrada en el accidente la había donado el departamento de XXX al municipio de XXX el 11 de septiembre de 1997(28), el día de los hechos la volqueta era conducida por un trabajador municipal(29) y, además, está demostrado que estaba el servicio de la Secretaría de Planeación de esa localidad(30).

Aquí resulta pertinente retomar la jurisprudencia de la Sala en relación con los parámetros para establecer el responsable de los daños derivados de una actividad riesgosa como la conducción de vehículos automotores, en punto a la necesidad de identificar quién ejercía su guarda material.

En sustento de lo anterior, la Sala se permite transcribir las consideraciones de esta Subsección plasmadas en sentencia fechada el 26 de febrero de 2015, en la cual se analizaron hechos similares, puesto que se decidió acerca de la responsabilidad del Estado como consecuencia de un accidente de tránsito de un vehículo cuyo propietario no ostentaba su guarda para el momento de los hechos:

“Del caso concreto

“El día 1º de mayo de 1992, el señor J.J.A.A. sufrió una fractura en un pie como consecuencia de un accidente causado por un vehículo oficial, de propiedad del XXX, pero entregado en comodato al Ministerio de Defensa Nacional y destinado al servicio de la Policía en XXX, el cual era conducido por un agente. El lesionado fue trasladado al Instituto de Seguros Sociales y allí fue enyesado e incapacitado por el término de 80 días.

“(…).

“En el sub lite vale la pena precisar que la atribución de responsabilidad se hace a la Policía Nacional, en razón a que se acreditó que el vehículo era de propiedad de otra entidad pública (XXX), pero había sido entregado en comodato al Ministerio de Defensa y se encontraba a disposición de la Policía en XXX, de modo que se aplica entonces la teoría de la guarda material de la cosa, según la cual, aquel a quien corresponde la guarda de la cosa, quedará obligado a responder por el riesgo creado.

“(…).

Por tanto, no resulta relevante la demostración de la titularidad o propiedad del vehículo, sino establecer quién lo tenía a su cargo, quién ejercía la dirección del mismo, es decir, la guarda material del automotor al momento de producción del accidente.

“En consecuencia, la responsabilidad atribuible por el daño causado en el presente caso, será a cargo de la Policía Nacional, tal como acertadamente lo resolvió el Tribunal de primera instancia al declarar probada la excepción de falta de legitimación por pasiva respecto del Municipio de XXX y del Fondo Metropolitano de Seguridad de XXX - Metro Seguridad (Negrilla y subraya por la Sala)”(31).

Resultado de lo expuesto, la muerte de los infantes es atribuible al municipio de XXX, comoquiera que el accidente ocurrió cuando la volqueta estaba bajo su guarda material con independencia de que su propietario inscrito fuera el departamento de XXX.

Como conclusión, se impone declarar al municipio de XXX corresponsable de la muerte de los infantes, de suerte que la indemnización de perjuicios a que haya lugar deberá disminuirse en un 50% dada la concurrencia con la culpa de su padre.

4. Indemnización de perjuicios.

4.1. Morales.

En la demanda se solicitó indemnización de perjuicios morales en cuantía de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes.

Al proceso comparecieron los señores H.M.L. y E.C.O. como los padres de las víctimas, parentesco demostrado con los registros civiles de nacimiento de estos que obran en el expediente(32).

Así mismo, lo hicieron los señores J.I.C.V. y E.O.C., como abuelos maternos de los infantes, parentesco demostrado con el registro civil de nacimiento de la madre de las víctimas que obra en el proceso(33).

Según lo ha dicho la jurisprudencia de esta corporación, cuando se demanda la indemnización de los perjuicios morales por la muerte del cónyuge o el compañero permanente, o un ser querido dentro del 1º y 2º grado de consanguinidad o civil, la prueba del parentesco permite inferir la aflicción y angustia que el núcleo familiar sufre por la pérdida de uno de sus miembros, salvo prueba en contrario(34).

Tras revisar el expediente, no encuentra la Sala prueba alguna que permita poner en duda el dolor moral que normalmente se deriva por la muerte de los hijos y nietos, por el contrario, las circunstancias en que las víctimas perdieron su vida son indicativas de un grave sufrimiento por parte de los demandantes, especialmente de su padre quien era el que conducía la moto en la que se accidentaron.

Sin duda, lo trágico de la manera de fallecer, aunado a la corta de edad de las víctimas, 3 y 5 años, y sin que sea necesario reiterar el tipo de lesiones causadas, se constituyen en circunstancias que de suyo generan congoja y estremecen a la sociedad en general y con mayor ahínco a sus padres y abuelos, quienes fungen como demandantes.

Con base en lo expuesto y en atención a los parámetros jurisprudenciales de la Sección Tercera del Consejo de Estado, habría que reconocer una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno de los padres y 50 a cada uno de los abuelos por concepto de perjuicios morales(35).

Sin embargo, dada la concausa en la muerte de los infantes, dicha suma de dinero debe reducirse a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno de los padres y a 25 a cada uno de los abuelos.

4.2. Materiales en la modalidad de daño emergente.

En la demanda se solicitó indemnización del daño emergente representado en el valor de la motocicleta involucrada en el accidente, por valor de $ 5’050.000.

De conformidad con la copia auténtica de la tarjeta de propiedad de la moto, la cual se identificaba con la placa XXX, modelo XXX, año 1989, su propietario era el demandante H.M.L., padre de las víctimas(36).

En lo que tiene que ver con los daños que sufrió la moto, obra en el proceso el acta de inspección judicial que se le practicó en desarrollo de la investigación penal por la muerte de los infantes. Dicho documento registró el estado del vehículo tras el accidente, así:

“(…) La moto se encuentra en regular estado de presentación y funcionamiento y presenta las siguientes características: Guardabarros delantero de color negro y en regular estado de presentación ya que presenta raspaduras, sin carenaje ya que está totalmente destruida, sin lámpara, tacómetros en mal estado de presentación y funcionamiento, swiche en mal estado de presentación y funcionamiento, presenta solo la direccional derecha trasera en regular estado de presentación fuera de servicio, guayas desconectadas de los tacómetros y de los manilares, manilares en mal estado, telescopio delantero derecho en regular estado de presentación e izquierdo en mal estado de funcionamiento y presentación, cacho de velocípedo en mal estado de funcionamiento ya que en su parte derecha se encuentra totalmente torcido, palanca de freno delantero en regular estado de funcionamiento, palanca de clutch partida, tanque de la gasolina de color azul con raspaduras y abolladura al lado derecho con tapa en buen estado de presentación y funcionamiento, tapas laterales en mal estado de presentación, sillín de color negro en mal estado de presentación, guardabarros trasero de color negro en regular estado de presentación, parrilla trasera grande en regular estado de presentación, rin delantero y trasero en regular estado de presentación, palanca de cambios torcida y en mal estado de presentación (…)”(37).

En relación con la descripción de los daños sufridos por la moto, la Sala los encuentra acordes como resultado de haber colisionado con una volqueta. Si bien no hay manera de establecer el estado del vehículo antes del accidente, es más que razonable admitir que sufrió averías tras los hechos que se analizan, pues fueron consignadas en una diligencia de inspección judicial que se llevó a cabo por esa circunstancia y en ningún momento el municipio demandado las cuestionó. Por esta razón, se acepta que los desperfectos arriba descritos constituyeron el daño emergente en cabeza del señor H.M.L.

Para demostrar la cuantía de los daños de la moto, se allegó al proceso una cotización equivalente al 100% del valor de ese modelo —XXX— para el año 2000. Se trató de un documento elaborado por XXX de Colombia S.A. el 23 de noviembre de esa anualidad, en el que se señaló la suma de $ 5’050.000(38).

Ahora, como la Sala no tiene elementos probatorios para determinar que la moto se declaró en pérdida total, no es posible reconocer el 100% del valor de reemplazo indicado por XXX de Colombia S.A.

Dado que no hay cómo establecer el valor de los daños sufridos por la moto, la Sala, en aras de evitar una condena en abstracto, lo cual dilataría aún más en el tiempo la solución definitiva de esta demanda que se radicó hace 16 años(39), reconocerá a título de indemnización del daño emergente el 30% del valor indicado por XXX de Colombia S.A., como una aproximación al costo de las averías.

Se precisa que la suma obtenida deberá disminuirse en un 50% dada la concausa en la ocurrencia del accidente.

En primer lugar hay que traer a valor presente la suma de dinero señalada por XXX de Colombia S.A.:

norma003
 

En donde:

Ca:Capital actualizado a establecer;

Ch:Capital histórico que se va a actualizar: $ 5’050.000

Ipc final: Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia: 134,77 —enero de 2017—.

Ipc inicial: Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha en que XXX de Colombia S.A. expidió la certificación: 61,71 —noviembre de 2000—.

Reemplazando tenemos:

norma004
 

Ca = $ 11’028.820

El 30% de $ 11’028.820 equivale a: $ 3’308.646

Ahora el 50% de $ 3’239.414 es: $ 1’654.323

Como conclusión, la indemnización del daño emergente para el señor H.M.L. asciende a $ 1’654.323

4.3. Materiales en la modalidad de lucro cesante.

Se solicitó en la demanda para cada uno de los padres de las víctimas, indemnización del lucro cesante representado en la ayuda económica que habrían recibido de sus hijos a partir de su mayoría de edad.

Para la época en que A. y A.M.C. fallecieron tenían 3 y 5 años respectivamente, por lo que resulta pertinente traer a colación lo que la jurisprudencia de la corporación ha dicho acerca de indemnizar el lucro cesante cuando se trata de menores de edad:

“Al respecto vale la pena precisar que la jurisprudencia ha sido pacífica en sostener que en tratándose de la muerte de un menor de edad no hay lugar a reconocer el lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, dado que estos son eventuales, a menos que se acredite con grado de certeza la obtención futura de estos ingresos y también que en estos casos están sometidos a la doble eventualidad de que el menor hubiera podido llegar a percibir ingresos y que los destinara a ayudar a sus padres.

“(…).

“En efecto, lo relevante a la hora de reconocer la indemnización de un daño bajo el concepto de lucro cesante futuro, es justamente la certeza sobre su existencia o su posterior materialización, es decir que ello no puede quedar en el campo de las probabilidades o depender de la realización de otros acontecimientos contingentes y extraños, ya que no en vano se afirma por la doctrina que solo del daño que es cierto, no importa si es actual o futuro, se pueden derivar consecuencias jurídicas y por ende ordenar su indemnización”(40).

Como puede verse, el reconocimiento de una indemnización del lucro cesante cuando se trata de menores de edad está supeditado a que haya prueba de que ese infante iba a percibir con grado de certeza unos ingresos a partir de su mayoría de edad, de lo contrario, se trata de una situación hipotética y eventual no susceptible de ser indemnizada.

Dado que nada en el expediente permite entrever que las víctimas irían a percibir ingresos a partir de su mayoría de edad y que ayudarían a sus padres, se impone negar esta pretensión.

5. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 27 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo de XXX y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR que el municipio de XXX y el demandante H.M.L., son responsables de la muerte de los menores de edad A.M.C. y A.M.C., ocurrida el 28 de junio de 2000.

2. CONDENAR al municipio de XXX a pagar indemnización de perjuicios morales, por las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Para el señor H.M.L.: cincuenta (50).

Para la señora E.C.O.: cincuenta (50).

Para J.I.C.V.: veinticinco (25).

Para E.O.C.: veinticinco (25).

3. CONDENAR al municipio de XXX a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, por la siguiente suma de dinero:

Para el señor H.M.L. un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintitrés pesos ($ 1’654.323).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

13 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de la presentación de la demanda, 2000, eran $ 130’050.000. Valor del salario mínimo para ese año: $ 260.100.

14 De conformidad con los registros civiles de defunción de los menores se encuentra demostrado que fallecieron el 28 de junio de 2000.

15 Folio 39, cuaderno principal.

16 Los registros civiles de defunción obran en los folios 5-6, cuaderno principal.

17 En atención a los registros civiles de nacimiento de las víctimas se estableció que él era su padre. Folios 3-4, cuaderno principal.

18 Información que se tomó del informe de accidente. Folios 17-18, cuaderno principal.

19 Folios 12-13, cuaderno principal.

20 El Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos era el Decreto 1344 de 1970.

21 Los testimonios obran en los folios 68 a 71, 79 a 81 y 89 a 90, cuaderno principal.

22 El informe rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses obra en los folios 236-240 del cuaderno principal. Así conceptuó la entidad: “No existe información para proveer un análisis de las velocidades de los vehículos involucrados en la escena del accidente”.

23 El álbum fotográfico de la diligencia de inspección judicial obra en los folios 224-229, cuaderno principal.

24 Folios 81, cuaderno principal.

25 Artículo 110 del Decreto 1344 de 1970:

“(…).

“Se entiende que en los cruces donde no haya señales, tendrá prelación el vehículo que se encuentre a la derecha”.

26 Folio 716, cuaderno 2.

27 En atención a un certificado de tradición de la volqueta de placas XXX, expedido el 20 de octubre de 2000 por la Dirección de Tránsito de XXX, su propietario era la Gobernación de XXX. El accidente ocurrió el 28 de junio de 2000. Obra en el folio 425, cuaderno principal.

28 Entre los folios 120-140 del cuaderno principal obran los actos administrativos expedidos por las respectivas corporaciones territoriales, por medio de los cuales se autorizó al gobernador de XXX y al alcalde de XXX para celebrar el contrato de donación, así mismo reposa el acta de entrega de la volqueta.

29 De conformidad con una certificación expedida por el secretario general y de gobierno del municipio de XXX que obra en el expediente, el señor E.A., conductor de la volqueta, laboró “en calidad de conductor de volqueta a disposición de la Oficina de Planeación Municipal” entre el 7 de abril de 1999 y el 4 de julio de 2000. Es de anotar que el accidente ocurrió el 28 de junio de 2000. Folio 282, cuaderno principal.

30 En el expediente obran dos documentos expedidos por la Secretaría de Planeación Municipal y el alcalde de XXX, dirigidos al fiscal que asumió la investigación penal por la muerte de los infantes y en virtud de la cual se inmovilizó la volqueta, solicitándole su devolución en vista de que se necesitaba para que continuara prestando a la comunidad los servicios de “transporte de materiales, rellenos y otros”, automotor que se encontraba adscrito a la Secretaría de Planeación Municipal. Folios 636 y 637, cuaderno 2.

31 Sentencia fechada el 15 de febrero de 2012, expediente 22.079, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, Actor: J.J.A.A. Esta providencia la citó esta Subsección en sentencia calendada el 29 de abril de 2015 para decidir un caso similar. Se trató del expediente 28.653, C.P. Hernán Andrade Rincón.

32 Folios 3-4, cuaderno principal.

33 Folio 9, cuaderno principal.

34 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente: 73001-23-31-0002001-00418-01 (27.709).

Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación: 660012331000200100731 01 (26.251).

35 En sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera, expediente 73001-23-31-000-2001-00418-01, Nº interno 27.709. Actor: Adriana Cortés Pérez y otras 27.709, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, se sugirió que la indemnización del perjuicio moral para los padres, hijos y cónyuge de la víctima, en caso de muerte, debe ascender a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 50 para los abuelos.

36 La copia auténtica de la tarjeta de propiedad obra en el folio 645, cuaderno 2.

37 Folio 646, cuaderno 2. La Sala le otorgó valor a esta prueba trasladada del proceso penal con fundamento en que si bien fue solicitada únicamente por la parte demandante y posteriormente decretada por el Tribunal de primera instancia, en ningún momento a lo largo del proceso el municipio de XXX se opuso a su valoración, lo que se tradujo en el asentimiento de que hiciera parte de acervo probatorio. Este razonamiento se fundamenta en la jurisprudencia de la corporación la cual se ha pronunciado así:

“Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido, en forma pacífica y reiterada, que la admisión de la prueba solicitada por una de las partes y recaudada con el asentimiento o la propia voluntad de la otra parte representa la renuncia al —o mejor el— ejercicio del derecho de contradicción y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de reproducir su práctica, de modo que no le es dable al juez de la causa desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto lo constituye la protección del derecho sustancial (CPC, art. 228)” (resaltado por la Sala). Fragmento tomado de la sentencia fechada el 9 de junio de 2016, proferida por esta Subsección, M.P. Hernán Andrade Rincón, dentro del expediente 54001-23-31-000-1996-7777-01 (77.777).

38 Folio 19, cuaderno principal.

39 La demanda se interpuso el 13 de diciembre de 2000.

40 Sentencia de 5 de julio de 2012 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera, radicación 05001-23-31-000-1997-01942-01. Nº interno: 23.643. Actor: Rodrigo Antonio Arboleda Martínez y otros, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.