Sentencia 2000-03701/29084 de mayo 6 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente (e):

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

Radicación:05001-23-31-000-2000-03701-01 (29.084)

Demandante:Flor Alba Urrego Vanegas

Demandado: Municipio de Amagá

Asunto:Acción de reparación directa

Bogotá D.C., seis de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 24 de junio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pues la pretensión mayor, individualmente considerada-, supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2002 tuviera esa vocación(1).

2. De la excepción de caducidad. El a quo se declaró inhibido para emitir un pronunciamiento de fondo, al considerar que la acción estaba caducada, ya que el término de dos años con que contaba la señora Urrego Vanegas para presentar la demanda, comenzaba a correr desde el 29 de octubre de 1999, pues según lo afirmado en la demanda, hasta esa fecha tenía plazo el Municipio de Amagá para cancelarle las sumas adeudadas por concepto de prestaciones sociales, y por ende, al vencerse ese término sin que la administración hubiera realizado el pago, se generó el daño. En cambio, la parte demandante, considera que el término debe computarse desde la fecha en que se realizó el pago, esto es los días 25 de marzo y 10 de julio de 2000, pues en caso como el sub lite, el pago se entiende como la operación administrativa que causó el daño.

Ahora bien, la Sala considera que le asiste la razón a la parte demandante, comoquiera que para la fecha en que se presentó la demanda —20 de septiembre de 2000—, la tesis que imperaba en la corporación era aquella según la cual, cuando se reclama el pago de las acreencias laborales adeudadas, la fuente del daño no es el acto administrativo que las liquidó y reconoció, sino una operación administrativa, que se materializa en el pago tardío(2). Así se señaló en sentencia proferida el 26 de febrero de 1998, con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque:

“En estos términos, la orden de pagar una prestación social como la cesantía, es un acto de la administración que realiza una norma legal que modifica por tanto el ordenamiento jurídico; pero, la actuación material consistente en la ejecución de ese acto, es una operación administrativa y si esta se produce en forma tardía y de ello se deriva un perjuicio al beneficiario del derecho, se concluye que la fuente de producción del daño no es entonces el acto, sino la operación (resaltado de la Sala).

Ahora bien, no es necesario provocar el acto administrativo, tal como lo sugiere la apoderada de la entidad demandada, pues el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (subrogado por D. 2304/1989, art. 16) establece que cuando la causa de la petición sea una operación administrativa, ‘la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño’, es decir, no tendrá que agotar previamente la vía gubernativa.

(…)

Considera ahora la Sala que si bien es cierto que el derecho a obtener el pago de prestaciones sociales debe ser declarado por la administración mediante un acto administrativo, el derecho del beneficiario a que se le paguen oportunamente dichas prestaciones surge del mismo mandato constitucional (arts. 1º, 25 y 53), y por tanto, no es necesario que la administración así lo declare. Así las cosas, cuando el Estado incurre en falla en el servicio por retardo en el cumplimento de sus obligaciones laborales debe indemnizar al afectado, sin que sea necesario agotar previamente la vía gubernativa”.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda de que tratándose del pago de acreencias laborales, la fuente del daño es el pago tardío de las mismas, por lo que solo hasta ese momento se consuma el daño y por ende, es a partir de allí que empieza a correr el término para presentar la demanda, que, como se señaló en la sentencia de primera instancia, es de dos años, pues es el previsto para la acción de reparación directa.

Esta posición fue reiterada en sentencia del 12 de junio de 2012, en la que se señaló que el plazo de la caducidad comenzaba a contarse desde el último acto que componía la operación administrativa por medio de la cual se ejecutaba el acto administrativo que reconocía las prestaciones sociales:

“De acuerdo con lo anterior, y por tratarse de una operación administrativa según la jurisprudencia vigente a la fecha de la presentación de la demanda, el término de caducidad comenzó a correr al día siguiente del último acto integrante de dicha operación, pues es este el que permitió verificar la omisión del reconocimiento de los intereses de las cesantías pagadas tardíamente; dado que la demanda fue interpuesta el 6 de diciembre de 1999, se tiene que los dos años de los que habla la norma citada ad supra, no se habían agotado”(3).

Finalmente, esta posición fue explicada con claridad en sentencia del 31 de mayo de 2013, en los siguientes términos:

“11. En lo que tiene que ver con la caducidad de la acción, la Sala comparte lo considerado por el a quo en el sentido de que el término de dos años de que disponía la actora para interponer la acción de reparación directa debe computarse a partir del momento en el cual se pagaron sus cesantías definitivas, esto es, el 22 de septiembre de 2000 —supra párr. 9.7—, pues fue allí que se consolidó la ejecución irregular del acto que reconoció el derecho a favor de la actora y que, en virtud del criterio jurisprudencial aplicable a este caso, da lugar a considerar que el perjuicio ocasionado a la demandada fue causado por una operación administrativa. Así pues, dicha excepción no está llamada a prosperar”(4).

Ahora bien, en el caso sub judice, de conformidad con las pruebas que obran en el plenario, está demostrado que el Municipio de Amagá realizó varios pagos parciales, y de acuerdo con la orden de pago A968, terminó de pagar las acreencias laborales adeudadas a la accionante, el 25 de marzo de 2000 (fl. 62, cdno. 1)(5), por lo que a partir del día siguiente, esto es, el 26 de marzo de 2000, comenzaba a correr el plazo de 2 años para presentar la acción de reparación directa, y vencía el 26 de marzo de 2002. Según se aprecia en el sello de la Oficina Judicial, la demanda se presentó el 20 de septiembre de 2000 (fl. 13, cdno. 1), por lo que aún no había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad.

En el anterior orden de ideas, se revocará la sentencia de primera instancia y se estudiará el fondo del asunto.

3. De conformidad con los elementos de juicio que obran en el plenario, están demostrados los siguientes hechos:

3.1. La señora Flor Alba Urrego Vanegas se posesionó en el cargo de Secretaria de Bienestar Social Municipal del Municipio de Amagá el 1º de abril de 1995 (fl. 14, cdno. 1).

3.2. Mediante Decreto 40 del 16 de mayo de 1997, expedido por el Alcalde Municipal de Amagá, la demandante fue declarada insubsistente del cargo señalado (fl. 19, cdno. 1) y se ordenó el pago de las prestaciones sociales a que tuviera derecho por el tiempo laborado (fl. 19, cdno. 1).

3.3. El 4 de septiembre de 1997, el municipio, mediante Resolución 1131 de esa fecha reconoció a favor de la señora Flora Alba Vanegas Urrego, la suma de $3.278.678, por concepto de cesantías y prestaciones sociales (fl. 21, cdno. 1).

3.4. El 23 de enero de 1998, la accionante formuló un derecho de petición ante la Alcaldía de Amagá, solicitando el pago de las prestaciones sociales, así como del retroactivo correspondiente al año 1997, con los respectivos intereses (fl. 23, cdno. 1). La petición fue resuelta de manera negativa, en escrito del 1º de febrero de 1998, en el que la administración municipal le manifestó a la demandante las imposibilidad de realizar el pago, debido a la “precaria situación económica” que atravesaba el ente municipal (fl. 24, cdno. 1).

3.5. Mediante resolución del 24 de abril de 1999, la entidad demandada ordenó un primer pago parcial, por la suma de $1.000.000, que se imputaron a las prestaciones sociales adeudadas (fls. 26 y 27, cdno. 1).

3.6. El 2 de septiembre de 1999, la señora Urrego Vanegas presentó demanda ejecutiva en contra del Municipio de Amagá, ante el Juzgado Civil del Circuito de Titiribí, y solicitó se librara mandamiento de pago por los siguientes conceptos: i) La suma de $2.278.678, correspondiente al saldo de las prestaciones sociales. ii) Las sumas adeudadas por los viáticos y iii) El monto de $27.951,23 diarios, por concepto de indemnización moratoria, a partir del 5 de septiembre de 1997 y hasta cuando el municipio realizara el pago cabal de las prestaciones y viáticos adeudados (fls. 29 y ss., cdno. 1).

3.7. El juzgado libró mandamiento de pago en auto del 1º de diciembre de 1999, por las sumas de $302.252, correspondientes a viáticos, y $2.278.678, por prestaciones sociales. De otro lado, rechazó el mandamiento de pago por la sanción moratoria, al considerar que el proceso ejecutivo no era el medio idóneo para obtener el pago de esa acreencia (fls. 5-18, cdno. 1), decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, en providencia del 12 de junio de 2000 (fls. 69-72, cdno. 1).

3.8. Luego de contestar la demanda ejecutiva, el Municipio de Amagá, allegó la orden de pago A968 del 14 de marzo de 2000, por la suma de $2.278.678, correspondiente a las prestaciones sociales, para consignar en el Banco Agrario, a favor de la señora Flor Alba Urrego Vanegas. De conformidad con el sello de esa institución, la suma señalada fue consignada el 16 de marzo de 2000, mediante el cheque 1484976 y recibida el día 25 de marzo del mismo año, es decir, que en esa fecha se realizó el pago (fls. 61 y 62, cdno. 1).

3.9. Finalmente, de conformidad con la constancia secretarial del Juzgado Civil del Circuito de Titiribí, el 10 de julio de 2000, se recibió el título de depósito judicial 75566187, por la suma $296.081, para el pago de los viáticos (fl. 75, cdno. 1), por lo que el 17 de julio siguiente, se dio por terminado el proceso, como consecuencia de la extinción de la obligación.

4. De acuerdo con las pruebas que se acaban de relacionar, está demostrado que la señora Flor Alba Urrego Vanegas prestó sus servicios al Municipio de Amagá, como Secretaria de Bienestar Social, desde el 1º de abril de 1995, hasta el 16 de mayo de 1997, fecha en la que fue declarada insubsistente. El 4 de septiembre del mismo año, es decir, casi 4 meses después, la entidad liquidó y reconoció a su favor, la suma de $3.278.678, por concepto de prestaciones sociales. Sin embargo, el pago de la obligación fue tardío, pues aunque el 4 de abril de 1999, el municipio realizó un pago parcial de $1.000.000, la demandante debió iniciar un proceso ejecutivo para obtener el pago del saldo insoluto, que solo se efectuó de manera completa hasta 25 de marzo de 2000, cuando se consignó la orden de pago correspondiente a las prestaciones sociales(6).

Ahora bien, lo concerniente pago de las cesantías, tratándose de los servidores públicos, fue regulado en los artículos 1º y 2º de la Ley 244 de 1995, que en su orden disponen:

“ART. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PAR.—En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al penitenciario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo”.

“ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social”.

De conformidad con las disposiciones citadas, corresponde al trabajador solicitar la liquidación de las cesantías, la cual deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la petición, y una vez el acto de liquidación cobre firmeza, la entidad tiene un plazo de 45 días hábiles para realizar el pago.

En el caso sub judice, la demandante fue desvinculada del cargo desde el 16 de mayo de 1997, y aunque no formuló petición alguna con el fin de que le liquidaran sus prestaciones, el municipio lo hizo de oficio el 4 de septiembre de 1997, cuando se expidió la Resolución 1131 de esa fecha. Aunque no obra constancia de la notificación de ese acto administrativo, de conformidad con el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo(7), se entiende que cobró ejecutoria 5 días hábiles después, es decir, el 10 de septiembre de 1997(8), fecha a partir de la cual, el Departamento del Atlántico, tenía 45 días hábiles para efectuar el pago —$3.278.678—, por lo que el plazo venció el 4 de noviembre de 1997 y a partir del día siguiente nació la obligación de pagar la sanción moratoria.

De acuerdo con lo anterior, demostrada la mora en el pago de las prestaciones sociales, se tiene como configurado el daño antijurídico frente a la demandante, quien no estaba en el deber de soportar la mora del pago de las cesantías a las que tenía derecho desde el momento de su reconocimiento. Ahora bien, se reconoce que, en materia laboral, ante la causación de una mora en el pago de salarios o prestaciones, opera la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual hay que analizar la conducta del deudor y si este actuó bajo los parámetros de la buena fe en su renuencia al pago, asunto reiterado al interior de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral; no obstante, comoquiera que en este caso se está en presencia de otra situación normativa —aplicación de la Ley 244 de 1995—, que fija términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, y, teniendo en cuenta que el demandante tenía esta calidad de servidor para la época del reconocimiento de su derecho, se concluye que, en este evento, no es necesaria la verificación de la conducta asumida por parte del empleador, pues entra a operar la indemnización una vez verificada la mora, que se causa pasados los días que la ley otorga para hacer efectivo el referido pago(9).

En consecuencia, toda vez que se configuró la mora en el pago de las cesantías, se reconocerá la sanción moratoria de que trata el inciso segundo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995, la cual se produjo desde el 5 de noviembre de 1997 hasta el 10 de julio de 2000(10), fecha en la que se cancelaron en su totalidad las acreencias laborales adeudadas por la demandada. Por lo tanto, se condenará al Municipio de Amagá a pagar por los daños antijurídicos ocasionados por este motivo al demandante.

5. Los perjuicios.

De conformidad con lo expuesto, el Departamento de Amagá (sic) tenía un plazo de 45 días hábiles, a partir de la ejecutoria del acto administrativo que reconoció las cesantías, para hacer el pago de las cesantías y prestaciones sociales, y comoquiera que incurrió en la mora referida, se deberá un día de salario por cada día de retardo. Así las cosas, según se indicó antes, la obligación de pagar la sanción moratoria nació desde el 5 de noviembre de 1997 y culminó el 25 de marzo de 2000, es decir que comprende 860 días.

Como base de la liquidación, se tendrá en cuenta el salario mensual devengado por la accionante, que de acuerdo con en la certificación expedida el 14 de abril de 1998 por la Jefe del Archivo Municipal de Amagá, era de $838.537 (fl. 25, cdno. 1), suma que deberá dividirse entre 30 días del mes y que arroja un salario diario de $27.951,23.

Para liquidar esta indemnización, se tendrán en cuenta los siguientes datos:

- Base de liquidación: $27.951.23, que corresponden a un día de salario.

- Período a indemnizar: 860 días (transcurridos entre el 5 de noviembre de 1997 y el 25 de marzo de 2000).

Entonces: $27.951,23 x 860 = $24.038.057,8.

Total indemnización moratoria a favor de Flor Alba Urrego Vanegas: veinticuatro millones treinta y ocho mil cincuenta y siete pesos con ocho centavos ($24.038.057,8).

Ahora bien, las anteriores operaciones responden al criterio sentado por la Corte Constitucional en Sentencia C-448 de 1996, consistente en establecer la total independencia que existe entre la figura de la indexación de las remuneraciones adeudadas, y la sanción moratoria para los servidores públicos (L. 244/1994, art. 2º); las cuales, si bien son mecanismos protectores semejantes, responden a supuestos diferenciadores claros(11). Por un lado, la indexación monetaria surge como una protección a los trabajadores quienes no deben soportar la demora de la administración para concurrir al pago de su remuneración, retardo que afecta directamente el poder adquisitivo del dinero, al estar bajo el dinamismo de una economía inflacionaria, lo cual desconocería lo preceptuado en el artículo 53 de la Carta Política(12); por lo tanto, surge para la administración, a la hora de concurrir al pago de remuneraciones adeudadas (salarios, mesadas pensionales, cesantías definitivas), llevar a cabo la actualización del valor correspondiente. Y por otro lado, la sanción moratoria de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, viene a ser una penalidad que deben soportar las entidades del Estado ante el retardo del pago de las cesantías definitivas; y por lo general, su monto es superior a una indexación, por lo que a la hora de llevar a cabo su liquidación, el resultado de esta, no debe ser actualizado, en la medida en que su fin protector se agota en la pena misma. Al respecto la sentencia en mención nos dice:

“(…)

19. Los anteriores criterios jurisprudenciales permiten concluir que los trabajadores no tienen por qué soportar la pérdida del poder adquisitivo de sus prestaciones y remuneraciones laborales, por lo cual los patronos públicos y privados que incurran en mora están obligados a actualizar el valor de tales prestaciones y remuneraciones.

Sin embargo, lo anterior no implica la inconstitucionalidad de la expresión final del inciso, como lo sugiere el procurador, por cuanto la sanción moratoria prevista por la Ley 244 de 1995 no es, en sentido estricto, un mecanismo de indexación que pretenda proteger el valor adquisitivo de la cesantía sino que tiene un sentido en parte diferente, como lo muestra con claridad el sistema de cálculo del monto de la sanción, que es muy similar a la llamada figura de los salarios caídos en materia laboral. Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario ‘un día de salario por cada día de retardo’, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia. Por ello la Corte considera que las dos figuras jurídicas son semejantes pero que es necesario distinguirlas. Son parecidas pues ambas operan en caso de mora en el pago de una remuneración o prestación laboral. Pero son diversas, pues la indexación es una simple actualización de una obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los fenómenos inflacionarios, mientras que la sanción moratoria impuesta por la ley 244 de 1995 busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, y por ello su monto es en general superior a la indexación. En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no solo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella. En cambio, el hecho de que la entidad no esté obligada a cancelar la sanción moratoria —por estar operando el período de gracia establecido por el parágrafo impugnado— no implica, en manera alguna, que el trabajador no tenga derecho a la protección del valor adquisitivo de su prestación laboral, por lo cual la entidad pagadora está en la obligación de efectuar la correspondiente actualización monetaria de la misma, bien sea de oficio o a petición de parte, pues de no hacerla, el trabajador podrá acudir a la justicia para que se efectúe la correspondiente indexación”(13).

Finalmente, en relación al reconocimiento de perjuicios morales solicitados, se tiene que no es procedente su decreto en tanto no obra en el plenario prueba de la aflicción derivada de la deuda insatisfecha por el no pago de las cesantías a las cuales tenía derecho la accionante, por lo tanto será negado este perjuicio.

De igual forma, no se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 24 de junio de 2004, proferida el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se dispone:

1. Declárase patrimonialmente responsable al Municipio de Amagá, por los daños causados a la señora Flor Alba Urrego Vanegas, como consecuencia de la mora en el pago de sus prestaciones sociales.

2. Condénase al Municipio de Amagá, a pagar a favor de la señora Flor Alba Urrego Vanegas, la suma de veinticuatro millones treinta y ocho mil cincuenta y siete pesos con ocho centavos ($24.038.057,8), por la indemnización moratoria consagrada en el artículo 2º de la ley 244 de 1995.

3. Désele cumplimiento a los dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. Sin condena en costas.

5. Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.

6. En firme esta providencia vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) De acuerdo con la demanda, el valor de la pretensión mayor ascendía a $27.233.7250,64, suma que excedía para el año en que fue presentada —20 de septiembre de 2000— la establecida en el numeral 10 del artículo 132 del Decreto 1 de 1984, subrogado por el artículo 265 del Código Contencioso Administrativo.

(2) Es preciso aclarar que si bien, la discusión alrededor de la idoneidad de la acción de reparación directa para reclamar el pago de prestaciones sociales y la indemnización moratoria por su cancelación tardía, no fue pacífica. Sin embargo, en sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera, proferida el 27 de marzo de 2007 se realizó el análisis correspondiente para concluir que la acción de reparación directa no procedía cuando lo que se solicitaba era la indemnización por mora o falta de pago de prestaciones sociales. No obstante, se indicó que por razones de seguridad jurídica, en los eventos en que se haya interpuesto acción de reparación directa que no requería agotamiento de vía gubernativa, se debía continuar el trámite, conforme a la tesis jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda (Exp. IJ 2000-2513). En consecuencia, dado que la demanda en el caso sub lite fue presentada el 20 de septiembre de 2000, la tesis que imperaba para ese entonces era que procedía la acción de reparación directa.

(3) Expediente 22.678, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(4) Expediente 30.121, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Si bien, según la constancia secretarial expedida por el Juzgado Civil del Circuito de Titiribí (Antioquia), el Municipio de Amagá realizó un último pago el 10 de julio de 2000 (fl. 75, cdno. 1), el mismo fue por concepto de prestaciones sociales, sino por los viáticos adeudados a la demandante, y por lo que no se puede tener en cuenta esa fecha para comenzar a computar el plazo para presentar la demanda.

(6) Si bien, el 10 de julio de 2000, el Municipio de Amagá consignó la suma de 296.081, dicho pago se imputó a los viáticos adeudados a la demandante, por lo que se concluye que las prestaciones sociales fueron canceladas en su totalidad el 25 de marzo de 2000. Además, en la demanda solo se solicitó el pago de la indemnización moratoria hasta el 25 de marzo de 2000 (fl. 6, cdno. 1).

(7) Decreto 1 de 1984, Código Contencioso Administrativo” ART. 51.—Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.
(…)
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en firme.
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios”.

(8) Dado que en la demanda se señaló que el sábado era un día hábil por ser laboral, se tuvo en cuenta ese día para contabilizar el término de ejecutoria.

(9) Artículo 2º. Ley 244 de 1995.

(10) Si bien, la parte demandante solicita el pago de la indemnización moratoria desde del 29 de octubre de 1997, no puede tomarse esa fecha como punto de partida, toda vez que al realizar los cálculos, en la demanda no se tuvieron en cuenta los 5 días de ejecutoria señalados en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

(11) Se reiteran las consideraciones expuestas en la sentencia proferida el 8 de abril de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, expediente No. 29.845.

(12) Constitución Política de Colombia. “ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

(13) Corte Constitucional. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia C-448 de 1996.