Sentencia 2000-03728 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 41001-23-31-000-2000-03728-01(31074)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 31074

Actor: Catalina Castañeda de Mayorga

Demandado: Municipio de Campoalegre

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D. C., trece de noviembre de dos mil catorce.

Extractos: «Consideraciones

I. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

7. A las fotografías que fueron aportadas por la parte actora junto con la demanda la Sala no les reconocerá valor probatorio dado que ellas solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar ni la época en que fueron tomadas o documentadas, ya que no fueron reconocidas ni ratificadas dentro del proceso, lo que impide cotejarlas con otros medios de prueba(2).

8. En contraste, valorará el testimonio del señor Pastor Mayorga Castañeda, que fue tachado como sospechoso por el apoderado de la parte demandada por ser el testigo hijo de la demandante (fl. 113 cdno. 1). Ello por cuanto desechar el testimonio, sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna todo el régimen probatorio en nuestro medio pues dentro del sistema que adopta el Código de Procedimiento Civil. para la valoración de la prueba, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda calificar de "sospechoso". Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

La ley no impide que se reciba la declaración de un testigo sospechoso, pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha.

Cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se pone en duda que esté diciendo la verdad al declarar; se desconfía de su relato o de que sus respuestas correspondan a la realidad de lo que ocurrió; se supone que en él pesa más su propio interés en determinado sentido que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos. El valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de antemano se haya contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por sí sola, jamás pueden producir certeza en el juez(3).

8.1. También el Consejo de Estado se ha pronunciado como sigue:

(…) las razones por las cuales un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica de la prueba. Y no resulta procedente desestimar de plano un testimonio, porque el artículo 218 del Código del Procedimiento Civil establece como norma de conducta para el juez apreciar los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y no desecharlos de plano. El calificar como sospechoso un testigo no implica necesariamente que este haya incurrido en un falso testimonio, pues, en la práctica, respecto de testigos que en principio puedan ser calificados sin tacha de sospecha, no puede presumir el juez que siempre dicen la verdad; su dicho, como todo medio probatorio, debe evaluarse en conexidad con todos los demás medios de prueba aportados dentro de un proceso(4).

8.2. En suma, la tacha formulada contra el testimonio del señor Pastor Mayorga Castañeda no obliga a la Sala a desecharlo sino a someterlo a una crítica más estricta con el fin de establecer si detrás de sus afirmaciones se esconde la intención de favorecer a la actora o si, por el contrario, estas resultan coherentes, creíbles y verosímiles, vistas a la luz de la sana crítica y en conexidad con los demás medios de prueba aportados al proceso.

9. Por último, los recortes de prensa que acompañan la demanda también serán apreciados en la medida en que los hechos que allí se narran guardan correspondencia con las otras pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso. Se reitera en este punto lo dicho por la Plena de la corporación en sentencia de 29 de mayo de 2012(5), en el sentido de que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente.

III. Hechos probados

10. Teniendo en cuenta los medios de prueba oportuna y regularmente allegados al plenario, se acreditaron los siguientes hechos relevantes:

10.1. El 17 de enero de 1995, el alcalde de Campoalegre expidió el Decreto 6, mediante el cual dispuso la conformación del comité local para la prevención y atención de desastres, encargado, entre otras, de las siguientes tareas: (i) prestar apoyo y brindar colaboración al comité nacional para la atención y prevención de desastres en el ejercicio de sus funciones; (ii) velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan nacional para la prevención y atención de desastres; y (iii) asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para atender una situación de desastre declarada (copia simple del D. 6/95 —fls. 44-47 cdno. 1—).

10.2. El 21 de septiembre de 1997, el municipio de Campoalegre adquirió un carro de bomberos, el cual consta de los siguientes accesorios y equipamientos (original de la certificación expedida por la almacenista de Campoalegre el 25 de mayo de 2001 —fl. 42 cdno. 1—):

Tramo manguera 2.56 cien p. dobl chaq t 600 p (sic) 20

Siamesas en bronce de control de 2.5 x 0.5 2

Tramo manguera de 1.5 cien p dobl ch ts 400 lb (sic) 13

Boquilla en bronce de nieb y chorro dir-2.5 NCT (sic) 1

Pitones en bronce chorro directo 0.5 NST 2

Pitones en bronce chorro directo de 2.5 NST 1

Acoples macho y hembra de 2.5 2

Acople 1.5 macho y hembra 2

Llaves spanner de 2.5 x 1.5 cromadas 4

T para llave hidrante 1

Llave de hidrante con tornillo 1

Sillaza tipo tijeras 24” USA 1

Escombridor USA 1

Hachas picos 4.5 libras 2

Boquilla en bronce y cromadas nieblas-ch-d-0.5 imp (sic) 2

Escalera metálica 1

10.3. No obstante lo anterior, en el municipio de Campoalegre no existe legalmente constituido un cuerpo de bomberos oficial ni un cuerpo de bomberos voluntarios (original de la certificación expedida el 4 de junio de 1999 por la personera municipal de Campoalegre —fl. 5 cdno. 1—; testimonios de Antonio Medina, Carlos Eduardo Trujillo y Alfonso Céspedes Barón —fls. 96, 98, 135 cdno. 1—).

10.4. El día 7 de septiembre de 1998, aproximadamente a las 11:30 p.m., se registró un incendio que consumió totalmente el inmueble ubicado en la carrera 9 con calle 15 (esquina) del municipio de Campoalegre (Huila), junto con los muebles y enseres que se encontraban en su interior (copia simple de la certificación expedida por el alcalde municipal de Campoalegre —fl. 7 cdno. 1—; Oficio 225 del 8 de septiembre de 1998, suscrito por el comandante de la estación de policía de Campoalegre —fl. 24 cdno. 1—; original de la nota de prensa publicada en el periódico La Nación —fl. 11 cdno. 1— testimonio de Marco Aurelio Rocha —fl. 53 cdno. 1—).

10.5. En la atención del incendio participaron empleados del municipio de Campoalegre, quienes habían recibido capacitación del cuerpo de bomberos del municipio de Neiva, miembros de la Policía Nacional y algunos vecinos del sector (copia simple del Oficio 225 de septiembre 8 de 1998, suscrito por el comandante de la estación de policía de Campoalegre —fl. 24 cdno. 1—; testimonios de Antonio Medina y Carlos Eduardo Trujillo —fls. 95, 98 cdno. 1—). Al lugar también acudió el cuerpo de bomberos de Neiva, pero su tarea consistió en apoyar las labores de remoción de escombros dado que para ese momento el incendio ya había sido controlado (testimonios de Antonio Medina, Carlos Eduardo Trujillo, Pastor Mayorga y Alfonso Céspedes Barón —fls. 95, 98, 138 cdno. 1—; original de la nota de prensa publicada en el periódico La Nación —fl. 11 cdno. 1—).

IV. Problema jurídico

11. Corresponde a la Sala determinar, en primer término, si la señora Catalina Castañeda de Mayorga se encuentra materialmente legitimada para demandar, teniendo en cuenta que dentro del expediente no obra prueba de su condición de propietaria del inmueble afectado con la conflagración. A continuación, y solo en el evento de que establezca que el presupuesto procesal relativo a la legitimación en la causa se encuentra acreditado, procederá a analizar si el daño aducido por la demandante es imputable al municipio de Campoalegre a título de falla del servicio, para lo cual tendrá que establecer si es cierto lo dicho en la demanda en punto a que el incendio que destruyó el inmueble ubicado en la calle 15 con carrera 9 (esquina) no fue oportuna y adecuadamente atendido.

V. La legitimación en la causa

12. Aunque, en términos generales, la legitimación en la causa se refiere a “la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial (…)”(6), esta corporación ha señalado que es posible diferenciar entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(7).

12.1. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, “de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimadode hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda”.

12.2. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la Sala haya indicado que la falta de legitimación material en la causa por activa o por pasiva no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

(…) una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada(8).

13. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación realde la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza(9), pues bien puede suceder que una persona, natural o jurídica, esté legitimada en la causa de hecho por ser parte dentro del proceso, pero carezca de legitimación en la causa material debido a que no es titular de los derechos cuya vulneración alega o a que ninguna actuación o conducta suya guarda relación o conexión con los hechos que motivan el litigio. En estos eventos, las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar o, lo que es lo mismo, el juzgador deberá desestimarlas, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(10).

14. En el caso concreto, la parte actora pretende que se le indemnicen los perjuicios causados con la destrucción del inmueble ubicado en la calle 15 con carrera 9 (esquina) del municipio de Campoalegre (Huila). Para el efecto, invocó en la demanda su calidad de propietaria de las mejoras construidas en el predio, las cuales consistirían en cinco apartamentos identificados con los números 9-10, 9-18 y 9-22 de la calle 15, y con los números 15-03 y 15-07 de la carrera 9.

15. Para probar esta calidad, la señora Catalina Castañeda de Mayorga aportó un conjunto de pruebas que no resultan conducentes ni pertinentes para estos efectos:

15.1. Por una parte, una certificación expedida por el alcalde municipal de Campoalegre el 3 de noviembre de 1998, en la cual se lee que “la señora Catalina Castañeda de Mayorga, propietaria del inmueble ubicada (sic) en la carrera 9 con calle 15 esquina, resultó damnificada por la conflagración ocurrida en la noche del 7 de septiembre del presente (…)” (fl. 7 cdno. 1).

15.2. Por otra parte, la constancia suscrita por la tesorera del mismo municipio el 28 de julio de 2000, en respuesta a un derecho de petición presentado por la actora, cuyo contenido es el siguiente (fl. 8 cdno. 1):

(…) revisadas las tarjetas catastrales sobre los predios citados en su oficio, encontramos:

Nº del predioPropietarioDirecciónFecha iniciación pago
01-02-0122-0015-001Pastor MayorgaCl. 15 # 9-22Enero de 1977
01-02-0122-0014-000Pastor MayorgaCl.15 # 9-18Enero de 1977
01-02-0122-00013-0001Pastor MayorgaCra. 9 # 15-03
Cl. 15 # 9-02-10
Enero de 1977
01-02-0122-0012-001Pastor MayorgaCra. 9 # 15-07-11Enero de 1977

15.3. Según se observa, el primero de los documentos mencionados, no es idóneo para probar que la actora, en verdad, es la propietaria del inmueble ubicado en la carrera 9 con calle 15 (esquina) del municipio de Campoalegre (Huila), no solo porque contradice las afirmaciones de la demanda en punto a que el terreno es propiedad del municipio, sino porque desconoce que, para probar la titularidad del derecho de dominio, es necesario aportar la constancia de inscripción del título en el registro de instrumentos públicos (modo). Así lo indicó el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en reciente sentencia de unificación de jurisprudencia(11):

Como consecuencia natural y jurídica de los anteriores planteamientos, la inscripción o el registro del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos constituye prueba suficiente para acreditar el derecho de dominio, en especial cuando se pretenda demostrar este derecho en un proceso judicial que se tramite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos de tener por verificada la legitimación en la causa por activa en aquellos eventos en que se acuda al proceso en calidad de propietario sobre un bien inmueble, respecto del cual se fundamenten las pretensiones de la demanda.

Ciertamente, si el Estado considera como un servicio público el registro de instrumentos públicos por las finalidades de interés general que este sistema involucra y, si para ello le exige a los registradores adelantar un procedimiento técnico, jurídico y especializado con el propósito de solo inscribir aquellos títulos que reúnan los presupuestos legales previstos para ello, decisión final —inscripción— que se presume legal tanto por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos, como por el principio de la legitimidad registral, propio, a su vez, de los sistemas técnicos registrales como el contenido en el Decreto-Ley 1250 de 1970 y en la Ley 1579 de 2012, según el cual el derecho inscrito en favor de una persona realmente le pertenece puesto que así lo dice el registro, no puede más que concluirse que esa inscripción es suficiente para probar la propiedad respecto de un bien inmueble, en especial, cuando ese derecho pretende acreditarse para efectos de demostrar la legitimación por activa en un proceso de que se adelante en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

(…).

Ahora bien, de acuerdo con el tema que ocupa a la Sala, debe resolverse si la sola certificación —que no el título con la constancia de registro en los términos del artículo 29 del Decreto-Ley 1250 de 1970— expedida por registrador competente respecto de la situación jurídica de un inmueble, resulta suficiente para probar el derecho real objeto del título y del mismo registro.

Y la respuesta a este interrogante la otorga el mismo artículo 43 del Decreto-Ley 1250 de 1970, puesto que un entendimiento de la norma acorde con los principios que informan el sistema registral en Colombia, da cuenta que cuando en la disposición se menciona que “ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción tendrá mérito probatorio” no hace referencia, per se, a la necesidad de presentar el correspondiente título al momento de probar el derecho, puesto que, lo que se indica, es que el hecho contenido en el instrumento que deba registrarse no se entenderá probado, a menos que se realice, de manera efectiva, ese registro, motivo por el cual es la situación misma del registro, la que otorga el mérito probatorio.

Por lo anterior, la sola certificación, entendida como la constancia o fe que expide el registrador acerca de la situación jurídica de los bienes sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones respectivas (D.L. 1250/70, art. 54(12)), sin duda constituye prueba suficiente, para el caso que aquí se examina, de la titularidad del derecho de dominio que se pretende hacer valer, puesto que en ese documento se hace constar tanto la persona que figura como titular de ese derecho —valor constitutivo del derecho de dominio de la inscripción (modo de transferir el dominio)— como que esa constancia se fundamenta en la realización de un acto de registro del título, el cual goza de una presunción de legalidad y legitimidad registral que debe necesariamente observarse y acatarse mientras no se demuestre —a través de los medios legales previstos para ello— lo contrario, en el entendido en que previamente se ha surtido todo un procedimiento especial, jurídico y técnico mediante el cual el registrador ha recibido, examinado, calificado, clasificado y finalmente inscrito el respectivo título.

(…).

Con la tesis según la cual con la simple presentación del certificado resulta suficiente para tener acreditado la titularidad del derecho de propiedad en cabeza de la persona que figura en esa condición en el registro de instrumentos públicos, no solo no se está desconociendo la anterior normatividad, sino que, todo lo contrario, se está garantizando su estricto cumplimiento, por la sencilla, pero potísima razón, como se ha venido reiterando, de que resulta condición indispensable, ineludible y necesaria para que el registrador inscriba un título en el registro de instrumentos públicos cuando se trata de la transferencia de un derecho real de dominio, que este documento se hubiere presentado por el interesado en la forma en que dispone la ley para su existencia, esto es, tratándose de un contrato de compra-venta entre particulares respecto de un bien inmueble, a través de escritura pública en los términos del artículo 1857 del Código Civil.

(…).

De manera que si la certificación que expide el registrador es un documento público en el cual se tienen por ciertas las declaraciones que dicho funcionario realice y ocurren que en ese documento se hace constar la existencia e inscripción de una escritura pública que sirvió como título traslaticio de dominio, debe tenerse por cierta esa afirmación, sin que por ello deba concluirse que se está supliendo un documento ab substantiam actus por otro medio probatorio.

La circunstancia de que el juez administrativo, para efectos de tener por acreditada la legitimación en la causa por activa cuando el demandante acude al proceso en calidad de propietario de un bien inmueble, exija la presentación del original o copia auténtica de la escritura pública que sirve de título para la adquisición de ese derecho, además de la constancia de inscripción de dicho documento en la Oficina de Registros Públicos, se traduce en un desconocimiento de la presunción de legalidad, de la legitimidad registral y del principio de la fe pública registral, que se generan y deben observarse a partir de la expedición del acto administrativo de inscripción, actuación que ha sido dictada por el funcionario respecto del cual la ley le ha otorgado esa facultad, la cual se le exige cumplir con rigurosidad, a través, entre otros presupuestos, del análisis y examen —dentro de su competencia— del título traslaticio de dominio —escritura pública— que sirva de causa remota para la adquisición del derecho real respectivo sobre el bien inmueble correspondiente.

15.4. En cuanto a la certificación aportada por la tesorera del municipio de Campoalegre tampoco es idónea para acreditar que la actora ejerce un derecho real sobre las mejoras (apartamentos) identificadas con los números 9-10, 9-18 y 9-22 de la calle 15, y con los números 15-03 y 15-07 de la carrera 9 del municipio de Campoalegre, ya que según se extrae del propio documento, las mismas son propiedad una tercera persona, identificada como Pastor Mayorga, quien según la información consignada en el correspondiente registro civil de defunción, falleció el 5 de mayo de 1988 (fl. 4 cdno. 1).

16. Lo dicho hasta el momento, conduce a concluir que la señora Catalina Castañeda de Mayorga no se encuentra legitimada para demandar, en calidad de propietaria, reparación por los perjuicios derivados de la destrucción del inmueble ubicado en la calle 15 con carrera 9 (esquina) del municipio de Campoalegre (Huila), pues (i) la certificación expedida por el alcalde municipal no es idónea para probar que ejerce la propiedad del bien y; (ii) la constancia suscrita por la tesorera del mismo municipio indica con claridad que las mejoras (apartamentos) que la actora reivindica como propias pertenecen, en realidad, a un tercero ajeno a este proceso.

17. Ahora bien, la Sala no desconoce que existen indicios de que este tercero era el cónyuge de la señora Catalina Castañeda, pues de ello dan cuenta la partida eclesiástica de matrimonio visible dentro del expediente(13) (fl. 3 cdno. 1) y el testimonio del señor Pastor Mayorga Castañeda, quien al ser interrogado acerca de si la actora era propietaria de unas mejoras construidas en un lote del municipio de Campoalegre, contestó: “Si, puesto que es una sucesión ilíquida y está en cabeza de ella puesto que el dueño de eso era mi señor padre” (fl. 110 cdno. 1).

18. Sin embargo, la circunstancia anotada no lleva a concluir que la actora probó su calidad de propietaria puesto que el dominio que el causante ejercía sobre sus bienes no se transfiere a sus herederos por el solo hecho de su muerte. Para que ello ocurra es necesario culminar el proceso de sucesión y efectuar y registrar la partición de los bienes que integran el respectivo inventario. Esto significa que mientras la sucesión continúe ilíquida la demandante no puede reivindicar el derecho de dominio sobre los bienes que en vida pertenecían a su esposo, el señor Pastor Mayorga Rivera.

19. Con todo, como en reciente jurisprudencia la Sala señaló que el hecho de que la parte actora no logre demostrar la existencia del derecho que invocó en la demanda con el fin probar el interés jurídico que la legitima para demandar por la pérdida o deterioro de bien material no es óbice para que el juez contencioso pueda ordenar el restablecimiento que corresponda siempre que las pruebas lo lleven al convencimiento de que el demandante ha sufrido un daño por cuenta de la vulneración de un derecho distinto al que adujo pero del cual sí es titular(14), resulta necesario analizar si la señora Catalina Castañeda puede tenerse como poseedora del inmueble ubicado en la calle 15 con carrera 9 del municipio de Campoalegre.

20. A la posesión la definen dos elementos. Por una parte, el animus, entendido como la concepción y conducta que tiene el poseedor de ser señor y dueño de la cosa poseída. Por otra parte, el corpus, consistente en la relación material o física que se tiene con aquella(15). Sin embargo, como el animus, que es el elemento que proviene de la intención del poseedor, no puede ser apreciado objetivamente, la posesión siempre se entenderá demostrada a través del corpus, esto es, la realización de actos materiales sobre la cosa poseída. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

(…) es cuestión suficientemente averiguada la de que la mera detentación de la cosa no es bastante para poseer en sentido jurídico; que es indispensable que a ello se agregue la intención de obrar como propietario, como dueño y señor de la cosa, o, lo que es lo mismo, con el positivo designio de conservarla para sí. Y, si se quiere, es el animus el elemento característico y relevante de la posesión y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Para que esta exista es bastante la detentación material; aquella, en cambio exige no solo la tenencia sino el ánimo de tener para sí la cosa (animus domini)”. (G. J., CLXVI, pág.: 50). De suerte que, allí donde no se descubra el elemento subjetivo de actuar por su propia cuenta, no queda lugar para hablar de poseedores por muy numerosos y variados que sean los actos materiales que se ejerzan sobre la cosa. Ahora bien: por su carácter subjetivo, “el ánimo de poseer implica observar el estado de espíritu que se presenta en el poseedor, averiguación que por lo mismo resulta asaz delicada, dificultad de la cual tomó, por fortuna, nota la ley, permitiendo entonces que esa intencionalidad se presuma de los hechos que normalmente dicen ser su reflejo, y que por aparecer externamente son apreciables por los sentidos”(16).

21. En el caso concreto, el corpus y el animus, esto es, los elementos objetivo y subjetivo de la posesión, se encuentran acreditados a través de los testimonios practicados dentro del trámite contencioso, los cuales dan cuenta de que la señora Catalina Castañeda no solo tenía su casa de habitación en el inmueble que resultó destruido por el incendio, sino que además se presentaba ante los demás como su propietaria, lo cual le permitía explotarlo económicamente. Al respecto, lo dicho por el señor Marco Aurelio Rocha (fl. 53 cdno. 1):

Eso fue más o menos el siete de septiembre del año 1998, siendo más o menos las once a once y media de la noche por ser vecino del lugar de los hechos, por las alarmas y la algarabía de la gente me levanté y noté que la casa de la señora Catalina se había incendiado (…). El inmueble en cuestión se encuentra ubicado por la calle 15 y carrera 9 esquina, es decir, que abarca tanto por la carrera 9 esquina, como por la calle 15 también a la esquina; cada apartamento es independiente, pero conformando una sola casa (…). Preguntado: Conoce usted si la señora Catalina tenía los cinco apartamentos mencionados anteriormente arrendados. Contestó: Dadas las condiciones económicas de la señora Catalina, los apartamentos que resultaron afectados por el incendio los tenía todos arrendados, pues ella depende económicamente de ellos.

21.1. En similar sentido, se pronunció la señora Ilva Gamboa Mota (fl. 95 cdno. 1):

Mire yo estaba en la casa durmiendo cuando llegó una vecina de ahí de nombre Licia (sic), golpearon la puerta con una angustia y yo salí y la dije qué pasa Alicia y me dijo se incendió la casa de Catalina y se nos va a quemar la de nosotros también (…). Yo me acordé de Catalina y me fui a buscarla y ella estaba con la nieta Doris Andrés (sic) que tenía como dos años para ver qué les había pasado y si se habían quedado adentro, pues a uno como amigo le da angustia y le dije Catalina camine para la casa y ella me dijo no déjeme aquí, yo acabo de ver arder mi casa (…). Preguntado: Sabe usted si la señora Catalina tenía arrendados los cinco apartamentos o locales que conformaban el inmueble. Contestó: Yo sé que la parte por el lado de la carretera la tenía arrendada o habían dos cantinas, la otra era la casa de habitación de ella y después seguía como otro apartamento, algo así (…).

21.2. Y finalmente, se transcribe el testimonio del señor Pastor Mayorga Castañeda, el cual —pese a la sospecha que recae sobre el testigo— resulta creíble dado que es coincidente con las otras declaraciones ya transcritas (fl. 110 cdno. 1):

Preguntado: Don Pastor informe a esta corporación si la señor Catalina Castañeda de Mayorga es la propietaria de unas mejoras construidas sobre un lote de propiedad del municipio de Campoalegre. En caso positivo, de qué tipo de mejoras se trataba. Contestó: Si puesto que es una sucesión ilíquida y está en cabeza de ella por cuanto el dueño de eso era mi señor padre. El lote se encontraba (sic), allí se encontraban 9 apartamentos y dos locales comerciales y un apartaestudio, de los cuales el siete de septiembre del año 1998 se quemaron en su totalidad dos locales, tres apartamentos y el apartaestudio. Preguntado: Antes del referido incendio, qué destinación tenían los bienes inmuebles que resultaron afectados. Contestó: Dos locales y dos de esos apartamentos estaban en arriendo que era el medio de sustento de ella, y el otro de los quemados era donde vivía mi señora madre y el hermano menor mío.

22. En estas condiciones, se tiene demostrado que la señora Catalina Castañeda era poseedora del inmueble ubicado en la calle 15 con carrera 9 (esquina) del municipio de Campoalegre (Huila) y que, en tal virtud, se encuentra materialmente legitimada en la causa para demandar reparación por los perjuicios derivados de su destrucción, ocurrida el 7 de septiembre de 1998.

VI. El juicio de responsabilidad

23. La Sala tiene acreditado el daño, el cual consiste en la destrucción del inmueble ubicado en la calle 15 con carrera 9 (esquina), del municipio de Campoalegre (Huila), durante un incendio ocurrido el 7 de septiembre de 1998.

24. En cuanto a las circunstancias en las cuales se produjo el daño, se conoce que el incendio se inició aproximadamente a las 11:00 p.m. en uno de los apartamentos que hacían parte de la edificación. Las causas del mismo, sin embargo, son imposibles de establecer pues dentro del expediente no hay nada que indique que el asunto fue objeto de investigación y los testimonios aportados por las partes —algunos de los cuales refieren que el incendio se originó por la explosión de un cilindro de gas— no son concluyentes dado que plantean el asunto como una posibilidad, pero desprovista de respaldo técnico o científico(17).

25. De cualquier forma, se tiene acreditado que en la atención del incendio participaron empleados del municipio de Campoalegre, quienes habían recibido capacitación del cuerpo de bomberos del municipio de Neiva, miembros de la Policía Nacional y algunos vecinos del sector. Al respecto, lo dicho por el señor Antonio Medina, quien a la fecha de los hechos, se desempeñaba como conductor, y quien fue el encargado de movilizar la máquina de bomberos al lugar de la conflagración (fl. 96 cdno. 1):

(…) en ese momento yo me encontraba en la casa cuando me fueron a llamar que había ese incendio, entonces nosotros fuimos y sacamos el carro y nos fuimos a controlar ese incendio, pero cuando fuimos allá eso estaba muy prendido, otros compañeros de trabajo, compañeros empleados del municipio, me colaboraron a controlar ese incendio, a apagar ese incendio, hicimos lo que más pudimos porque nosotros le botamos cuatro viajes de agua a eso, que fueron sacados del hidrante del centro, hicimos lo que más pudimos porque eso estaba muy prendido en llamas, cuando ya nosotros lo controlamos llegó el carro de bomberos de Neiva, hasta ahí yo sé. El carro estaba cargado de agua y nosotros fuimos, hicimos lo que pudimos (…), me informaron como a las once de la noche y no me dieron tiempo ni de vestirme porque salí hasta sin camisa (…), en ese momento yo manejé el carro de bomberos, no sé decir cuántos galones de agua en ese carro, sé que el carro es un internacional, no sé qué otras características, es un carro diseñado para eso, para apagar incendios y todo su equipo es para eso, se controló el incendio con manguera de dos pulgadas y media y el carro y el equipo estaban perfectos para funcionar. En ese momento no había equipo formado, el personal, sino que a nosotros nos dieron unas clases de bombero en el municipio, el curso nos lo dio el mismo bomberos de Neiva, yo estuve como dos días no más y a nosotros nos sacaban por ratos.

26. Así mismo, se conoce —porque así se deduce del testimonio del señor Pastor Mayorga(18)— que la conflagración logró ser controlada aproximadamente 40 minutos después de haberse iniciado, de manera que cuando los bomberos de Neiva arribaron al lugar, atendiendo el llamado que le formularon las autoridades de Campoalegre, se concentraron en apoyar las labores de remoción de escombros. Así lo expuso el testigo Alfonso Céspedes Barón, quien fue unos de los policías que colaboró a superar la emergencia (fl. 138 cdno. 1):

Preguntado: Cuando llegó el cuerpo de bomberos de Neiva a Campoalegre, sírvase decir al despacho si el incendio todavía contaba con fuerza o ya se había terminado. Contestó: Ya cuando llegó el cuerpo de bomberos de Neiva, lo que hizo ese personal, prácticamente, fue remojar algunas partes que le estaba saliendo humo y con la misma fuerza del agua, prácticamente tumbaba los pedazos y tejas, porque ya había culminado el incendio.

27. No obstante lo anterior, la parte actora considera que la destrucción del inmueble, es imputable a la demandada porque al momento de los hechos el municipio de Campoalegre no contaba con un cuerpo oficial de bomberos o, en su defecto, con un cuerpo de bomberos voluntario, pese a que estaba legamente obligado a ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 322 de 1996. En concreto, sostiene que esta omisión es la causa eficiente del daño porque, de no haberse presentado, el incendio hubiera sido rápida y eficazmente atendido.

28. Con el fin de establecer cuándo una omisión se encuentra vinculada causalmente a la producción de un daño, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, con apoyo en la doctrina que a la vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, “que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(19)(20).

29. Esto significa que para surja la responsabilidad por omisión no basta con constatar el incumplimiento o la inobservancia de alguna de las funciones legalmente atribuidas a las autoridades públicas, sino que es necesario analizar si existía realmente para la entidad la posibilidad material y efectiva de evitar el daño, interrumpiendo el proceso causal, lo cual exige examinar las circunstancias particulares del caso y los medios de los que disponía el Estado para garantizar la adecuada prestación del servicio:

Es que las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(21).

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad(22).

30. La Ley 322 de 1996, define la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas como un servicio público esencial a cargo del Estado. En tal sentido, establece que tanto la Nación como las entidades territoriales tienen distintas responsabilidades que cumplir para su adecuada planeación, coordinación y prestación:

“ART. 2º—La prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por medio de los cuerpos de bomberos voluntarios.

Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la planeación y las regulaciones generales.

Los departamentos ejercen funciones de coordinación; de complementariedad de la acción de los distritos y municipios; de intermediación de estos ante la Nación para la prestación del servicio y de contribución a la cofinanciación de proyectos tendientes al fortalecimiento de los cuerpos de bomberos.

Es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas la prestación del servicio a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los cuerpos de bomberos voluntarios.

31. En el caso concreto, se tiene demostrado que, al momento de los hechos no existía en el municipio de Campoalegre (Huila) un cuerpo oficial de bomberos ni un cuerpo de bomberos voluntario habilitado para cumplir la función de prevención y atención de incendios. Así consta en los testimonios de Marco Aurelio Rocha, Antonio Medina, Pastor Mayorga y Alfonso Céspedes Barón (fls. 93, 97, 113 y 138 cdno. 1).

32. No obstante, a juicio de la Sala, esta omisión no constituye la causa de la destrucción del inmueble objeto de la demanda porque no existe certeza de que el cumplimiento de la conducta debida hubiera interrumpido el proceso causal habida cuenta de que este estaba construido en “tablado” y material “de fácil combustión” (fl. 111 cdno. 1), según lo reconoció el señor Pastor Mayorga Castañeda —hijo de la demandante—.

33. Dicho en otras palabras, dadas las características de la edificación, es razonable suponer que, aun disponiendo de un cuerpo oficial o voluntario de bomberos, el municipio no habría podido evitar que el incendio consumiera la totalidad de la edificación, en un lapso relativamente corto de tiempo. Por ello, la simple omisión anotada no es suficiente para construir la imputación, sino que debe verificarse si, pese a no contar con un cuerpo oficial o voluntario de bomberos, el municipio cumplió con el deber —consagrado en el artículo 1º de la Ley 322 de 1996(23)— de contemplar la contingencia de este riesgo y de adoptar medidas para prevenirlo y conjurarlo.

34. En este caso está probado que el municipio de Campoalegre dio cumplimiento a esta obligación pues adoptó —a instancias del comité local para la prevención y atención de desastres— otro tipo de medidas para enfrentar el riesgo de una conflagración. En efecto, no solo disponía de un carro de bomberos, sino que además gestionó la participación de algunos de sus conductores en programas de capacitación ofrecidos por el cuerpo de bomberos de Neiva(24) e impartió instrucciones a la Policía Nacional y a los empleados capacitados para que supieran cómo actuar en estos casos. Así consta en el testimonio del señor Carlos Eduardo Trujillo, el cual, por su relevancia, se transcribe en extenso (fl. 98 cdno. 1):

(…) para esa época yo era almacenista del municipio y conocí por intermedio de la Policía Nacional que se estaba presentado un incendio en esa dirección (…). De inmediato salí en una motocicleta al lugar de los hechos pues me considero una persona voluntaria (sic) para este tipo de hechos (…). Como yo contaba con un radio de comunicaciones, el cual hacía parte de los activos del municipio de Campoalegre, el que en una reunión del comité local para la prevención de desastre (sic) habían sugerido que lo tuviéramos para que gracias a una capacitación que nos habían dado a unos funcionarios que quisimos asistir en forma voluntaria pudiéramos estar prestos a colaborar. En la moto y con el radio llegué al lugar de los hechos, lugar al cual estaba comenzando a acudir gente y vecinos del lugar, así como otros funcionarios del municipio de Campoalegre que conduciendo un carro de bomberos que había adquirido el municipio, ya estaban haciendo arribo al lugar tratando de sofocar las llamas que de manera muy rápida se extendían en el momento. Yo procedí por intermedio de la radio a llamar a la electrificadora del Huila, a la empresa del gas, a los bomberos de Neiva, para que nos colaboraran de manera inmediata, los unos para que cortaran el acceso al gas del sector, los otros para que tomaran medidas respecto a la energía y de manera muy existente (sic) a los bomberos de Neiva, que desde luego ya se habían informado por la Policía Nacional (…). Recuerdo que el carro de bomberos de Campoalegre, maniobrado por conductores de la alcaldía, los cuales tenían unos conocimientos para el manejo de este, hicieron alrededor entre cuatro a cinco viajes de agua, impidiendo que las llamas siguieran por los sitios vecinos del incendio y apagando lo que ya estaba prendido. Esto permitió que la tragedia no hubiera sido más grande (…). Efectivamente como a la hora llegó el carro de bomberos de Neiva, pero por fortuna ya el incendio prácticamente se había acabado. Ellos colaboraron con la remoción de unos escombros y con algunos conceptos de evaluación de lo sucedido (…). Preguntado: Siguiendo la misma secuencia de la pregunta, fue usted miembro del comité de desastres del municipio, quién hizo las veces de comandante y organizador de la estrategia de apagar el incendio o quién lo hizo. Contestó: Para la época yo no hacía parte del comité local de prevención y emergencia (sic), sencillamente lo hice en una forma voluntaria con el compromiso y el deber que como ciudadano me corresponde dar a este tipo de situaciones. Los que dieron la iniciativa, armaron el andamiaje para seguir el procedimiento a quienes llamaban fue la Policía Nacional, ellos fueron que desde un inicio al parecer llamaron a los conductores para que acudieran al lugar, ellos habían recibido como el aval del señor alcalde para que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia pudieran incluso manejar el carro, recuerdo que hasta había algunos agentes que ya lo maniobraban, que no necesitaban permiso sino que de una vez se atendiera el caso. Preguntado: Conocía usted la existencia de alguna orden dada por la alcaldía municipal a los conductores del municipio para que el cualquier momento de la conflagración o desastre natural actuaran como cuerpo de bomberos del municipio, operando la máquina de bomberos en cualquier hora del día o de la noche, orden diferente y complementaria a la orden dada a la Policía Nacional. Contestó: Conocí por comentarios de los conductores que les habían dicho en que caso de que ocurriera cualquier situación por favor colaboraran que ahí permanecía el carro en el garaje del municipio.

35. Estas medidas, además, resultaron eficaces para superar la emergencia, al punto que permitieron controlar la conflagración en un lapso de aproximadamente 40 minutos, evitando que las llamas se extendieran a las casas vecinas, incluso antes de que los bomberos de Neiva arribaran al municipio de Campoalegre. De ello dio cuenta el señor Antonio Medina (fl. 96 cdno. 1):

El incendio lo atendimos entre unos empleados del municipio y otras personas que nos colaboraron, los del municipio fueron como unos cuatro empleados, en ese momento yo manejé el carro de bomberos no sé decir cuántos galones de agua en ese carro, sé que el carro es un internacional (sic), no sé qué otras características, es un carro diseñado para eso, para apagar incendios y todo su equipo es para eso, se controló el incendio con manguera de dos pulgadas y media y el carro y el equipo estaban perfectos para funcionar. En ese momento no había equipo formado, el personal, sino que a nosotros nos dieron unas clases de bombero en el municipio, el curso nos lo dio el mismo (sic) bomberos de Neiva, yo estuve como dos días no más y a nosotros nos sacaban por ratos. Al sitio del incendio llegó el carro de bomberos de nosotros y cuando ya teníamos todo controlado llegó el carro de bomberos de Neiva. Controlamos el incendio como en unos cuarenta minutos (…). Preguntado: En su concepto había riesgos de que el incendio se pasara a otras viviendas del sector. Contestó: Sí claro, había peligro de otras casas porque seguían otras casas a la vivienda y si no controlamos ese incendio se quemarían las otras casas de la manzana porque el incendio era grande.

36. En suma, aunque al momento de los hechos Campoalegre no contaba con un cuerpo oficial o voluntario de bomberos, tal circunstancia no puede tenerse como causa del daño aducido en la demanda porque que ello no impidió que el municipio atendiera la obligación de contemplar la contingencia del riesgo de un incendio y actuara en consecuencia, adoptando otras medidas para conjurarlo de forma rápida y eficaz.

37. Es cierto que la parte actora pretendió controvertir la eficacia de estas medidas, aduciendo que el carro de bomberos era en realidad un carrotanque, vetusto y obsoleto, y que los empleados del municipio estaban mal capacitados. Sin embargo, también lo es que tal afirmación resultó desvirtuada por el propio curso de los acontecimientos pues, según ya se señaló, el incendio no afectó a las casas vecinas y pudo ser controlado sin la intervención del cuerpo de bomberos de Neiva.

38. Por ello, al margen de que lo dicho acerca del estado en que se encontraba el carro de bomberos pareciera encontrar respaldo en el informe de prensa elaborado por el diario La Nación(25) y en el testimonio del agente de la Policía Nacional Alfonso Céspedes Barón(26), la Sala considera que ello no se ajusta a la verdad de los hechos no solo porque de otra forma hubiera sido imposible para los empleados de Campoalegre sofocar las llamas sin la intervención del cuerpo de bomberos de Neiva, sino porque la certificación expedida por el almacenista del municipio da cuenta de que el vehículo en cuestión fue adquirido el 21 de septiembre de 1997 y contaba con todos los implementos que cualquiera esperaría encontrar en un carro de bomberos (ver supra párr. 15.2).

39. En síntesis, el daño sufrido por la demandante no es imputable al municipio debido a que (i) la ausencia de un cuerpo oficial o voluntario de bomberos no fue la causa de la destrucción del inmueble, ya que esta se produjo por la alta combustibilidad de la edificación; y (ii) la administración de Campoalegre adoptó medidas para hacer frente al riesgo derivado de una conflagración, las cuales a la postre demostraron ser efectivas dado que permitieron controlar las llamas y evitaron que estas se extendieran a los inmuebles vecinos.

40. Por las razones anotadas, se confirmará la sentencia apelada.

FALLA:

1: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 27 de diciembre de 2004 por la Sala de Descongestión —Sala de Decisión Uno— del Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2: Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo. 

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) La pretensión mayor se estimó en $93 155 000 por concepto de perjuicios materiales a favor de la señora Catalina Castañeda. Por estar vigente al momento de la interposición de los recursos de apelación que motivan esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2000, año de presentación de la demanda, fuera de doble instancia, debe ser superior a $26 390 000.

(2) Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, Exp. 28.459, C.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, Exp. 14.998, C.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, Exp. 18034, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 3 de mayo de 2013, Exp. 26.352, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) Citada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en las sentencias de 25 de octubre de 1996, Exp. 7627, C.P. Germán Ayala Mantilla y de 26 de abril de 2012, Exp. 19.943, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 1º de julio de 2004, Exp. 2003-01445, C.P. Olga Inés Navarrete y de 19 de julio de 2007, Exp. PI-02791, C.P. Martha Sofía Sánz Tobón. En el mismo sentido, véase la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 4 de junio de 2012, Exp. 22772, con ponencia del suscrito magistrado.

(5) Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase las sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 23067, C.P. Enrique Gil Botero, y del 22 de julio de 2011, Exp. 17646, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13356, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 14178, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, Exp. 13764, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 13 de mayo de 2014, Exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) [95] La Ley 1579 regula la expedición de los certificados de la siguiente forma: // “ART. 67.—Contenido y formalidades. Las oficinas de registro expedirán certificados sobre la situación jurídica de los bienes inmuebles sometidos a registro, mediante la reproducción fiel y total de las inscripciones contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria. // La solicitud de expedición del certificado deberá indicar el número de la matrícula inmobiliaria o los datos de registro del predio. // La certificación se efectuará reproduciendo totalmente la información contenida en el folio de matrícula por cualquier medio manual, magnético u otro de reconocido valor técnico. Los certificados serán firmados por el registrador o su delegado, en forma manual, mecánica o por cualquier otro medio electrónico de reconocida validez y en ellos se indicará el número de turno, fecha y hora de su radicación, la cual será la misma de su expedición, de todo lo cual se dejará constancia en el respectivo folio de matrícula”.

(13) En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que la partida eclesiástica de matrimonio no es prueba idónea del vínculo conyugal. Sin embargo, también ha señalado que este documento, sumado a otras de carácter documental o testimonial, puede tenerse como indicio de la relación existente entre quienes figuran en la partida eclesiástica como contrayentes. Sentencias de 25 de febrero de 2009, Exp. 18106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 8 de junio de 2011, Exp. 19360, C.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2014, Exp. 30391, C.P. Danilo Rojas Betancourth, reiterada en la sentencia de 9 de octubre de 2014, Exp. 21012, también con ponencia del suscrito magistrado.

(15) “El corpus es el poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa. Son los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre la cosa, como dicen Planiol y Ripert. El poder de hecho sobre la posesión no significa que el poseedor tenga un contacto físico o material con el bien (…) El animus es el elemento psicológico o intelectual de la posesión. Consiste en la intención de obrar como señor y dueño (animus domini) sin reconocer dominio ajeno”. Luis Guillermo Velásquez Jaramillo. Bienes. Novena Edición, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2004, p. 132.

(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de abril de 1994, reiterada en la sentencia de 20 de septiembre de 2000, Exp. 6120, M.P. Silvio Fernando Trejos.

(17) La señora Ilva Gamboa, vecina del sector, señaló que: “yo pregunté qué había ocasionado el incendio, unos me dijeron que un cilindro y otros que un corto circuito” (fl. 95 cdno. 1). Por su parte, el señor Carlos Eduardo Trujillo, quien a la fecha de los hechos era empleado del municipio, indicó que: “se escucharon de manera no oficial y por comentarios de la gente, unos decían que había sido por una veladora, otros que fue una estufa de gasolina y otros comentaban que había sido un cilindro, la verdad no sé a qué obedeció el incendio” (fl. 99 cdno. 1).

(18) La demanda y los testigos coinciden en señalar que el incendio se inició hacia las 11:30 p.m., y el testigo afirmó que cuando llegó al lugar de los hechos, cerca de las 12:10, ya todo estaba todo consumido (fl. 111 cdno. 1).

(19) [5] “(…) conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad solo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la ‘virtualidad causal de la acción’, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 14.443, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2000, Exp. 14.787, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, Exp. 16.626, C.P. Alier Eduardo Hernández, reiterada en sentencia de 3 de octubre de 2007, Exp. 15.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(23) Ley 322 de 1996, artículo 1º: “La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. // En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas de desarrollo urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad”.

(24) Según lo dicho por el testigo Antonio Medina, al momento de los hechos había al menos tres conductores del municipio entrenados en el manejo y control de incendios (fl. 96 cdno. 1).

(25) Dice la nota de prensa: “Una máquina del cuerpo de bomberos de Neiva llegó cuando ya el fuego había sido dominado por la vetusta máquina de Campoalegre, cuyos operadores les valió su arrojo y valor en los momentos difíciles como el de ayer” (fl. 11 cdno. 1).

(26) Al ser interrogado sobre los equipos que tenía el municipio de Campoalegre para la atención de incendios, el testigo contestó: “Para mí no es un cuerpo de bomberos, es un carrotanque que no cuenta con los medios tanto humana como mecánicamente. Empezando que ni conductor tiene porque el conductor para esa época era el almacenista del municipio. Que si prestó los medios, como cualquier carrotanque, pudo haberlo hecho. Y es que hecho de que le echen agua a un carrotanque o que lo pinten de rojo, no quiere decir que sea un cuerpo de bomberos” (fl. 137 cdno. 1).