Sentencia 2000-03810 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2000-03810-02

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 13 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Actor: César Augusto Farfán Collazos

Bogotá, D. C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del “Fallo con Responsabilidad Fiscal” Nº 25 de 16 de diciembre de 1999, proferido por la Unidad de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Departamental del Huila, en cuanto declaró responsable fiscalmente a César Augusto Farfán Collazos, en su condición de exdirector de la tesorería departamental del Huila, en cuantía de $313.537.105.47 m/cte.; del acto administrativo “por el cual se deciden unos recursos” de 15 de febrero de 2000, emanado de la mencionada unidad, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar el antes citado acto demandado, y de la Resolución 000236 de 29 de mayo de 2000, expedida por el contralor departamental del Huila, que al resolver el recurso de apelación, confirmó el antes citado fallo con responsabilidad fiscal.

Se observa que la contraloría departamental del Huila expidió los actos administrativos acusados, como resultado del proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra el actor, en su condición de exdirector de la tesorería departamental, por la violación de los artículos 2º, 7º y 8º de la Ordenanza 002 de 1997; 6º del Decreto 2188 de 1997, en cuanto ordenó depositar la suma de $300.000.000 del departamento del Huila ($100.000.000 el día 24 de septiembre de 1997 y $200.000.000 el 9 de octubre de 2007), en la cuenta de ahorros Nº 20-24-25-05345-2 de la Caja Popular Cooperativa, regional de Neiva, sin solicitarle previamente una certificación al revisor fiscal de la mencionada entidad crediticia, sobre el estado de su solvencia, con base en el último informe trimestral, y a pesar de que a través de los oficios UCFAD 1571 de 30 de mayo de 1997 y UCFAD 1951 de 9 de julio del mismo año, el contralor departamental del Huila le advirtió tener cuidado en el manejo de los dineros departamentales, en razón de los inconvenientes financieros que, para ese momento, atravesaba el sector solidario.

Los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, en el escrito de apelación, reiteran los argumentos expresados en los cargos de la demanda, los cuales se pueden resumir en: “violación del debido proceso y derecho de defensa” “falta de competencia” “falsa motivación”, “desviación o abuso de poder”, y “violación o desconocimiento de normas”, por lo que la Sala procederá a examinarlos, en aras de establecer la legalidad de los actos demandados.

El recurrente aduce que la contraloría departamental del Huila violó los derechos al debido proceso y de defensa, e incurrió en abuso de poder, durante toda la actuación administrativa que culminó con los actos administrativos acusados, dado que aplicó la Resolución 810 de 12 de octubre de 1994, “Por la cual se dictan normas sobre rendición y revisión de cuentas y el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva”, expedida por el contralor del señalado departamento, la cual, a su juicio, no era aplicable.

Según su criterio, el único competente para establecer los procedimientos de responsabilidad fiscal es el legislador. Por consiguiente, debe ser aplicada la excepción de inconstitucionalidad para hacer prevalecer los presupuestos constitucionales o legales, ya la expedición y establecimiento de dichos procedimientos está en cabeza del legislador.

Por su parte, la entidad demandada y el fallador de primera instancia coinciden en afirmar que las decisiones tomadas con fundamento en la citada resolución se encuentran amparadas por la presunción de legalidad, toda vez que la misma no ha sido anulada o suspendida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En primer término, debe dilucidar la Sala, si la contraloría departamental del Huila podía aplicar el procedimiento establecido en la Resolución 810 de 12 de octubre de 1994, “Por la cual se dictan normas sobre rendición y revisión de cuentas y el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva”, expedida por el contralor del mencionado departamento, en el proceso de responsabilidad fiscal, adelantado contra el actor, que terminó con la expedición de los actos acusados.

De manera preliminar, la Sala precisa que la responsabilidad fiscal debe establecerse con sujeción a los principios de la responsabilidad jurídica y de la legalidad, consagrados en los artículos 6º y 29 de la Constitución Política, según los cuales “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes” y “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa…”, conforme lo ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en sentencia de 7 de octubre de 1999 (Exp. 5606, actora: Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, C. P. Juan Alberto Polo Figueroa), en la cual se dijo:

“La responsabilidad administrativa, igual que toda responsabilidad jurídica, debe establecerse con sujeción al principio de legalidad consagrado en los artículos 6º y 29 de la Constitución Política, en tanto las personas sólo son responsables por la violación de la Constitución o de la ley y, por lo tanto, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa…”.

En tratándose de la normativa aplicable al proceso de responsabilidad fiscal y su alcance, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-620/96 de 13 de noviembre de 1996 (Exp. T-84714, Peticionario: Jaime Sarmiento Sarmiento y otros, M. P. Antonio Barrera Carbonell), tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:

“… 5.1. Las reglas básicas que regulan el trámite de dicho proceso están contenidas en los artículos 72 a 89 de la Ley 42 de 1993, que fueron desarrolladas por el Contralor General de la República en el capítulo V de la Resolución Orgánica 03466 de junio 14 de 1994, para cuya expedición se invocaron las atribuciones conferidas por los artículos 268-1-2-4-5-8-12 y 272 de la Constitución y en dicha ley.

5.2. Considera la Sala que es del caso inaplicar, con fundamento en el artículo 4º de la Constitución, por ser manifiestamente contrarios a ésta, en los artículos 24 a 35 y 37 a 44 de dicha resolución orgánica, porque la potestad reglamentaria que excepcionalmente se reconoce al Contralor para prescribir los métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultado que deben seguirse, y dictar las normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial (art. 268-1-12), y las atribuciones que se le confieren para revisar y fenecer las cuentas correspondientes y determinar el grado de eficiencia, y de economía con que hayan obrado; exigir informes sobre su gestión fiscal a todo funcionario o empleado, persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación; establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma y para promover ante las autoridades competentes investigaciones penales o disciplinarias a quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado y exigir verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios implicados, mientras culminan las referidas investigaciones o procesos, en modo alguno lo autoriza para sustituir al legislador en el establecimiento del procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad fiscal de quienes manejan fondos o bienes públicos. Es obvio, que la regulación del proceso de responsabilidad fiscal corresponde al legislador, conforme a los artículos 6º, 29, 121, 124, 150-23 de la Constitución…” (las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Esta Sección, por su parte, sobre los preceptos aplicables en los procesos de responsabilidad fiscal, en sentencia de 30 de agosto de 2007 (Exp. 68001-23-15-000-1997-12928-01, actor: Carlos Arturo Rojas, C. P. Rafael E. Ostau Lafont Pianeta), señaló:

“… En desarrollo de ese precepto se tenía para la fecha de los hechos la Ley 42 de 1993, y ello explica que los artículos 1º, 4º y 6º de ésta prescriban lo siguiente:

“ART. 1º—La presente ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero, de los organismos que lo ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y de los procedimientos jurídicos aplicables.

ART. 4º—El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles.

Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales y municipales, (...) conforme a los procedimientos, sistemas, y principios que se establecen en la presente ley.

ART. 6º—Las disposiciones de la presente ley y las que sean dictadas por el Contralor General de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 268 numeral 12 de la Constitución Nacional, primarán en materia de control fiscal sobre las que puedan dictar otras autoridades”.

Todo lo anterior significa que la regulación de los procedimientos, sistemas y principios del control fiscal, que comporta la determinación de la responsabilidad patrimonial de quienes ejercen gestión, es de reserva legal, es decir, que le está dada de modo exclusivo al legislador, y por ende, la normativa que en el ejercicio de ese control se ha de aplicar es preferencialmente la contenida en la ley, que en ese entonces era la Ley 42 de 1993, cuya aplicación fue la que reclamó el actor desde los inicios mismos del procedimiento administrativo sub júdice.

Por lo tanto, además de que el Acuerdo 015 de 1993 en la normativa indicada es opuesto al artículo 267, inciso segundo, de la Constitución Política, es claro que el acto administrativo acusado violó el artículo 6º de la Ley 42 de 1993, al tiempo que desatendió los artículos 1º y 4º, puesto que en este acto administrativo se aplicó aquél acuerdo cuando lo que debía aplicarse era la normativa de la citada ley, de modo que contrariando los citados artículos 1º y 4º dejó de aplicar la normativa que estos preceptos le imponían aplicar, los de la misma ley.

De otra parte, ninguna de las disposiciones invocadas en el acuerdo facultan al concejo municipal para regular dichos procedimientos. Ellas se refieren a determinar la organización y funciones de la contraloría municipal, cuando ellas pueden crearse según las condiciones del respectivo municipio; aspectos muy diferentes a los señalados en la Constitución y la ley en cuanto hace al control fiscal.

La oposición del acuerdo en comento con las citadas normas superiores no se obvia por la circunstancia alegada por la entidad demandada, en el sentido de que se limita a reproducir las normas pertinentes de la Ley 42 de 1993, pues ello per se no justifica ni legitima la sustitución de la ley por un acto de menor rango ni puede tomarse como una forma de reglamentación de la misma en grado alguno, pues cuando se trate de autoridades distintas del Presidente de la República, quien tiene la cláusula general de competencia reglamentaria respectiva, esa facultad sólo puede ejercerse en virtud de facultad constitucional o legal expresa y sobre materias determinadas; v. gr. la señalada en los numerales 1, “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo de los municipios”; y 7, “Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites fijados por la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”, del artículo 313 de la Constitución Política.

Es por ello que ni en la Constitución Política de 1991, ni en la Ley 42 de 1993, se faculta expresamente a las entidades territoriales para reglamentar por vía administrativa el ejercicio del control fiscal, ni mucho menos el régimen de responsabilidad fiscal, sin perjuicio de las atribuciones que se les confieren para organizar sus contralorías desde el punto de vista administrativo y presupuestal…” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

Atendiendo la cita jurisprudencial antes señalada, aparece claro que la regulación del procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad fiscal de quienes manejan fondos o bienes públicos es de reserva legal, vale decir, es de competencia exclusiva del legislador.

En el caso bajo examen, la Sala observa que de acuerdo con el auto de apertura de investigación Nº 021 de 1998(1), las comunicaciones, a través de las cuales el ente de control fiscal solicitó documentación e información para dicha investigación(2), el auto por el cual le prorrogó los términos de la investigación(3) y los actos que le siguieron, el procedimiento que aplicó la contraloría departamental del Huila, en el proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra el actor, fue el contenido en la Resolución 810 de 12 de octubre de 1994, expedida por el contralor departamental, “Por la cual se dictan normas sobre rendición y revisión de cuentas y el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva”, que “se aplicará a todas las entidades del orden departamental y municipal y a los particulares que manejen, administren, custodien o inviertan recursos públicos y que están sometidos al control fiscal de la contraloría departamental del Huila”.

La resolución en mención regula, en sus capítulos III y IV, artículos 17 a 41, el proceso de responsabilidad fiscal de la contraloría departamental del Huila, es decir, lo concerniente a las etapas e iniciación del mismo, a la investigación fiscal, a las diligencias preliminares, a la suspensión de términos, al carácter de los investigadores, a la práctica de pruebas, al informe a la Fiscalía, al cierre de la investigación y al juicio fiscal, su definición, notificación, los recursos procedentes contra el auto de apertura de juicio fiscal, la decisión acerca del recurso, ejecutoria del auto apertura de juicio fiscal y traslado del mismo, iniciación del juicio, competencia y procedimiento de la etapa de juicio fiscal, su etapa probatoria, vinculación a terceros, al fallo sin responsabilidad fiscal, al fallo con responsabilidad fiscal, al contenido del fallo y a la determinación del monto de la responsabilidad fiscal.

De allí que, cuando el contralor departamental del Huilla dictó normas sobre el proceso de responsabilidad fiscal de dicho ente de control, a través de la Resolución 810 de 12 de octubre de 1994, incurrió en exceso o abuso de poder, pues la competencia en este asunto, como antes se dijo, está reservada al Legislador, razón por la cual es evidente que la misma resulta inaplicable, por ser violatoria de los principios constitucionales en mención, consagrados en los artículos 6º y 29 de la Constitución Política, del debido proceso y derecho de defensa, así como de los artículos 1º, 4º y 6º de la Ley 42 de 1993.

Por lo tanto, el único procedimiento de responsabilidad fiscal aplicable, para la época de los hechos, era el dispuesto en la Ley 42 de 1993.

Ahora bien, conviene destacar que la sentencia de esta Sección antes invocada, esto es, la de 30 de septiembre de 2007, también se pronunció en relación con la excepción de inconstitucionalidad y la inaplicación de un procedimiento de responsabilidad fiscal no emanado del legislador, y al efecto razonó así:

“Así las cosas, la Sala concluye, en primer lugar, que le asiste razón al actor cuando ha venido insistiendo en la inaplicabilidad del Acuerdo municipal 015 de 1993 en lo concerniente al procedimiento de responsabilidad fiscal que se le adelantó, y al tribunal a quo al hacer efectiva esa inaplicación para este caso concreto, lo cual afecta de nulidad los actos administrativos aquí demandados por estar fundados en normas inaplicables y, en segundo lugar, dichos actos administrativos son violatorios del artículo 6º de la Ley 42 de 1993 porque debido a lo anterior dejó de aplicar la normativa que este precepto mandaba aplicar preferencialmente, esto es, la pluricitada Ley 42, en lo pertinente al procedimiento de responsabilidad fiscal.

Es de observar que efectivamente acertó el Tribunal Administrativo de Santander al inaplicar el citado Acuerdo municipal 015 de 1993 en consideración a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, criterio que igualmente ha sido aplicado por esta corporación cuando ha sostenido que:

“En efecto, tal como se expuso inicialmente, los actos acusados devienen del incumplimiento de la Resolución 171 de Septiembre de 1997, por medio de la cual el SENA le impuso al ISS una cuota para la contratación de aprendices, circunstancia que notoriamente conduce a considerar que igualmente en este caso procede la inaplicación de aquel acto administrativo por ser violatorio del artículo 123 Constitucional, dado que subsisten los mismos supuestos tenidos en cuenta por esta corporación para tomar la decisión en el fallo acogido como referencia del actual.

Debe reafirmarse que al adoptarse la Constitución de 1991, se consolida el concepto de jerarquización normativa dentro del ordenamiento jurídico colombiano bajo la premisa según la cual toda norma inferior condiciona su validez en tanto encuentre sustento en otra de carácter superior hasta concluir en la Constitución Política, de tal manera que ésta última tendrá aplicación prevalente frente a las otras en caso de presentarse alguna incompatibilidad entre ellas, a voces de los dispuesto por el artículo 4º Constitucional: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Consecuentemente, también se reitera que con el precepto transcrito se amplía el sistema de control constitucional por vía de excepción por cuanto ya no sólo procede la comparación entre la ley y la Constitución para efectos de determinar la incompatibilidad y la aplicación jerárquica de la norma superior, sino que, además, es pertinente llegar a la misma decisión mediante la comparación de un acto administrativo con el texto constitucional que nos rige…”(4) (las negrillas y subrayas fuera de texto)

De manera que la Resolución 810 de 12 de octubre de 1994, no podía servir de fundamento para la expedición de los actos administrativos acusados, lo cual obliga a hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4º de la Constitución Política y, en tal virtud, la Sala inaplica, por inconstitucional, la citada resolución.

Las consideraciones precedentes constituyen razón potísima para que la Sala revoque la sentencia apelada y, en su lugar, declare la nulidad de los actos administrativos acusados.

En cuanto a la indemnización por concepto de daños materiales, la parte actora, como sustento de la cuantificación de éstos, solicitó en la demanda la designación de peritos expertos “para que avalúen todos los perjuicios de carácter material … que se le han causado al actor, determinando el daño emergente y el lucro cesante, su actualización o corrección monetaria, y demás factores, para lo cual deberán tener en cuenta todos los datos y pruebas que obren en el proceso, los hechos y pretensiones formuladas y todo los datos que considere pertinentes o convenientes. En el evento que no se tenga su soporte documental que demuestre idóneamente un gasto o perjuicio, se tendrán en cuenta las condiciones normales en que una persona incurre en un gasto o indemnización de la misma naturaleza, en situaciones similares”.

El fallador de primera instancia, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el auto que decretó pruebas en el proceso, manifestó lo siguiente:

“A la providencia recurrida en lo atinente al silencio que guardó el magistrado sustanciador frente a la solicitud de la prueba pericial, si bien sería atendible el recurso, no es posible ordenar su decreto porque no obran dentro del expediente los elementos de juicio que permitían cuantificarlo y tampoco es viable establecerlo tomando en consideración casos similares a las circunstancias del actor, porque los perjuicios deben ser efectivamente causados para que sea posible su reconocimiento” (negrillas fuera de texto).

Sobre el particular, cabe advertir que es al demandante a quien corresponde demostrar fehacientemente el perjuicio, del cual se derive un menoscabo patrimonial, sufrido como consecuencia de la actuación ilegal del Estado.

Al respecto, es del caso traer a colación la sentencia de esta Sección de 26 de julio de 2012 (Exp. 08001-23-31-000-2004-00422-01, actor: Aníbal Marcial Castro Otero, C. P. Marco Antonio Velilla Moreno), en la que se señaló:

“… se recalca que la carga de la prueba corresponde al demandante por ser a él a quien interesa demostrar fehacientemente el perjuicio del cual se deriva un menoscabo patrimonial a cuenta de la actuación ilegal del Estado…” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el sub lite, esa carga procesal no fue debidamente observada, dado que se no allegaron elementos probatorios que permitieran deducir la existencia del perjuicio del cual se deriva un menoscabo patrimonial a cuenta de la actuación ilegal del Estado y tampoco era viable establecerlo tomando en consideración casos similares a las circunstancias del actor, conforme lo indicó el a quo, pues para que el perjuicio alegado sea reconocido debe ser cierto y real, y no eventual o hipotético. Debe ser demostrado, en el caso particular del actor, y en el curso del proceso.

Así las cosas, la Sala no encuentra probados los perjuicios materiales irrogados.

En lo concerniente a los perjuicios morales, la Sala considera que para acceder a su reconocimiento, el demandante debía encontrarse en un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado, situación que, no se dio en el sub lite, pues la prueba pericial psicológica, rendida por la doctora Luisa Fernanda Alarcón, perito del Instituto de Medicina Legal y Forense, no fue suficiente para predicar la verdadera existencia del perjuicio, como quiera que concluyó que el actor “En el presente caso, debido a la prolongación en el tiempo del factor estresante, los síntomas persistieron por algún tiempo. Dichos síntomas no han ocasionado disminución significativa de su funcionamiento global, pues a pesar de la presencia de los cambios emocionales descritos, su desempeño laboral y familiar continuó siendo plausible. De lo anteriormente descrito se establece que el examinado presentó cambios psicológicos reactivos a los hechos que se investigan, que no son clínicamente significativos y no originaron una disminución de su funcionamiento global, por la cual no se constituye en perturbación psíquica de significación forense” (fls. 368 a 373), así como tampoco la valoración psicológica e informe final, emitido por el doctor Roberto Cortés Polanía, demostró tal trastorno emocional significativo (fls. 356 a 357).

Aunado a lo anterior, la prueba testimonial tampoco sirvió para demostrar dicho perjuicio, comoquiera que las declaraciones rendidas por el diputado Silvio Vásquez Villanueva, quien declaró ser amigo cercano del actor, así como la de su tío y esposa, no pueden tenerse como imparciales, habida cuenta de las circunstancias de parentesco o amistad especial entre los testigos y el actor, y de un indiscutible interés en las resultas del proceso por parte de la última testigo en mención.

En relación con la prueba testimonial y el reconocimiento de los perjuicios morales, en sentencia de 18 de julio de 2012 (Exp. 05001-23-31-000-2000-02797-01, actora: María Elena Gómez Vivares y otra), la Sección Primera se refirió así:

“Resulta pertinente traer a colación apartes de la sentencia de 14 de abril de 2010, de esta corporación (Sección Tercera, C. P. Ruth Stella Correa Palacio), en torno a la prueba testimonial y al reconocimiento de los perjuicios morales. Así:

“Precisamente, la Corte Suprema de Justicia ha ilustrado que:

“La ley no impide que se reciba declaración de un testigo sospechoso, pero la razón o crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla la someta a un tamiz más denso de aquél por el que deban pasar las declaraciones de personas libres de sospecha. Cuando existe un motivo de sospecha respecto de un testigo, se pone en duda, que esté diciendo la verdad al declarar; se desconfía de su relato o de que sus respuestas corresponden a la realidad de lo que ocurrió; se supone en él pesa más su propio interés en determinado sentido que prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos. El valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de antemano se halla contrarrestado por la suposición de que en sus afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir certeza en el juez”(5) (negrilla ajena al texto original).

Dicho de otro modo, el testigo tenía un interés en el resultado del proceso y su declaración podría ser parcializada, lo que hace que su testimonio deba tenerse como sospechoso y, por lo tanto, no constituya plena prueba de los hechos debatidos en materia de perjuicios morales”.

Por su parte, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2009 (Exp. 1998-90773-01, actores: Héctor Sanchez Pérez y Julia Cristina Cruz Gómez, C. P. María Claudia Rojas Lasso), se precisó lo siguiente:

“En cuanto a la condena por perjuicios morales y el argumento de los apelantes según el cual, aquéllos se infieren de la simple declaratoria de nulidad de los decretos 137 y 151 de 1998, la Sala reitera que el perjuicio moral derivado de la pérdida de bienes o de imposición de sanciones, debe demostrarse mediante cualquier medio de prueba, ya que el juez sólo habrá de reconocerlos cuando exista convicción y certeza de que quién los reclama, efectivamente ha padecido un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado(6).

Así pues, no habrá lugar a reconocer perjuicios extrapatrimoniales (perjuicios morales y alteraciones en las condiciones de existencia), toda vez que los demandantes no probaron su ocurrencia. En este punto, la Sala advierte que no les asiste razón cuando alegan que el juez debía decretar de oficio aquellas pruebas que considerara pertinentes para demostrar los perjuicios, comoquiera que, de acuerdo con el artículo 169 del C.C.A., dentro del proceso contencioso administrativo, ello es una atribución potestativa y no una obligación del juez, como ocurre en los procesos civiles(7)” (subrayas y negrillas fuera del texto)”.

En este orden de ideas, la Sala concluye que el actor no demostró los perjuicios morales alegados, como tampoco los perjuicios fisiológicos, pues a pesar que allegó exámenes médicos, tales como informes endoscópicos, análisis de biopsias gástricas que diagnostican gastritis erosiva aguda y ecografía hepatobiliar (fls. 359 a 365), no se demostró que dichas enfermedades fueron ocasionadas por cuenta de la actuación ilegal del Estado.

Por consiguiente, la Sala circunscribirá el restablecimiento del derecho a la devolución al actor de la suma de $11.169.678(8), pagada por concepto del fallo de responsabilidad fiscal objeto del proceso, debidamente indexada, conforme al artículo 178 del C.C.A., la cual resulta suficiente por virtud de la actualización monetaria que conlleva y, en consecuencia, torna innecesario el reconocimiento de intereses corrientes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la excepción de inconstitucionalidad respecto de la Resolución 810 de 12 de octubre de 1994, “Por la cual se dictan normas sobre rendición y revisión de cuentas y el proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva”, expedida por el contralor del mencionado departamento del Huila, que sirvió de fundamento para la expedición de los actos administrativos acusados, y, en consecuencia, DECLÁRASE su no aplicación, por inconstitucional, en el presente proceso.

2. Como consecuencia de la inaplicabilidad anteriormente declarada, REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DECRÉTASE la nulidad del fallo con responsabilidad fiscal” de 16 de diciembre de 1999 y del acto administrativo “por el cual se deciden unos recursos” de 15 de febrero de 2000, expedidos por la Unidad de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría departamental del Huila; y de la Resolución 000236 de 29 de mayo de 2000, emanada del contralor departamental del Huila, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

A título de restablecimiento del derecho se ordena a la contraloría departamental del Huila, reintegrar a César Augusto Farfán Collazos la suma de $11.169.678, pagada por concepto del fallo de responsabilidad fiscal objeto del proceso, debidamente indexada, conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, la cual resulta suficiente por virtud de la actualización monetaria que conlleva y, en consecuencia, torna innecesario el reconocimiento de intereses corrientes.

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de febrero de 2015».

(1) Folios 5 a 9 del cuaderno 1 de la actuación administrativa (Investigación Fiscal 027-98).

(2) Folios 39 a 42 del cuaderno 1 de la actuación administrativa (Investigación Fiscal 027-98).

(3) Folios 56 a 57 del cuaderno 1 de la actuación administrativa (Investigación Fiscal 027-98).

(4) “Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 22 de abril de 2004. Actor: Instituto de los Seguros Sociales. M. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta”.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 12 de febrero de 1980, M. P. José María Esguerra Samper.

(6) Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2004. M. P. Ricardo Hoyos Duque. Expediente 01552-01 (14589).

(7) Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 1997. M. P. Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente 1562.

(8) Una vez en firme el auto de mandamiento de pago, la contraloría departamental del Huila ordenó el embargo del salario del señor César Augusto Farfán Collazos a la empresa Caprecom, entidad que practicó los descuentos respectivos de nómina conforme a la Ley, durante el período comprendido entre septiembre de 2000 hasta septiembre de 2002. Descuentos correspondientes a $11.169.678 m/cte., según consta a folios 369 y 373 del cuaderno anexo correspondiente al “Proceso por jurisdicción coactiva de la contraloría departamental del Huila contra César Augusto Farfán Collazos”.