Sentencia 2000-03833 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad: 190012331000200003833 01 (29.046)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Jaiber Ribeiro Rodríguez Serna y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá D.C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la sala

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(4). Así mismo, para pronunciarse respecto de los puntos que fueron objeto del recurso de alzada, dada la apelación de la sentencia por el extremo demandado, acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala resolver el recurso interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia que la declaró administrativamente responsable por el deceso de la señora Yamileth Rodríguez Serna, para lo que deberá esclarecerse si murió por una actuación u omisión imputable al Estado, en los términos del artículo 90 Constitucional.

3. Hechos probados.

De conformidad con el acervo probatorio allegado, se encuentran probados los siguientes hechos:

3.1. Los señores María Limbania Serna y Víctor Alberto Rodríguez procrearon a Yamileth Rodríguez Serna(5) y a su vez a los señores Jaiber Ribeiro(6), Janer Alberto(7), Aldemar(8), Newyen Armando(9), Adrián Fernando(10), Deicy Johana(11), Ruddy Fernanda(12) y Luis Javier Rodríguez Serna(13).

3.2. La señora Yamileth Rodríguez Serna, al momento de su muerte, se encontraba en estado de embarazo(14).

3.3. El 13 de noviembre de 1999, hacia las 17:40 horas, la estación de policía del municipio de Almaguer, Cauca, fue objeto de un ataque por parte de miembros de un grupo al margen de la ley(15). Producto de las acciones violentas, falleció la señora Yamileth Rodríguez Serna, quien le llevaba café a su compañero permanente, el agente Gerardo Noé Estrada España.

La testigo Martha Yeni Salazar Vásquez, vecina de la víctima en el municipio del que era oriunda (Coconuco, Cauca), afirmó:

“Ella [para la época de su fallecimiento] vivía con el esposo Gerardo Noé Estrada España, en Almaguer, llevaban viviendo 4 meses, se habían trasladado allá (sic) porque a él, como agente de la policía que residía en Coconuco y laboraba allá lo trasladaron primero a El Tambo y luego a Almaguer. Ellos no eran casados todavía, estaban a punto de casarse en esos días (...) llevaban viviendo juntos más o menos dos años, de lo que yo me acuerdo, cuando vivían en Coconuco vivían en la casa de ella, de la mamá de ella. (...) cuando la llevaron a Coconuco fallecida yo la ayudé a vestir y tenía dos tiros en la pierna izquierda y en el estómago, eso le provocó hemorragia interna y el (sic) cogió el feto, porque estaba embarazada, tenía 4 meses”(16).

El señor Hugo Sanín Jiménez Chicangana, fiscal seccional de Almaguer, Cauca, afirmó:

“en razón a mi trabajo y por la naturaleza de mis funciones, se trabaja en concordancia con la estación (sic) de policía y por ello me pude dar cuenta de que la mencionada Yamileth permanecía en compañía del señor Gerardo, en los alrededores de la estación (sic) de policía, es decir y para ser exactos a una distancia aproximada de 8 metros de la edificación policial había una trinchera construida con tanques metálicos rellenos de concreto que formaban un círculo y era utilizado como lugar de vigilancia y en el cual permanecían varios policías (sic) apostados (...) En numerosas ocasiones, de la misma manera, observé a Yamileth ingresar a la edificación de la policía (...) el señor Gerardo, con su esfuerzo físico construía en la parte exterior de la estación (sic), una pared en ladrillo y cemento, supongo para reforzar la seguridad de la estación (sic), durante ese tiempo mire (sic) a Yamileth que pese a su estado de gestación le ayudaba a pasar agua en valdes (sic) (...) para el 13 de noviembre de 1999 se presentó una incursión guerrillera y de ello puedo dar razón porque estuve presente. Desde que llegué a Almaguer, a comienzos de octubre de ese mismo año, permanecí, al igual que mis colaboradores de la fiscalía, los empleados del juzgado, en una permanente zozobra pues se tenía noticia de que la guerrilla tenía intenciones de atacar la estación de policía, particularmente para el día del insuceso (sic), que fue un sábado (...) me desplacé al restaurante con el fin de consumir la cena (...) me senté en la parte posterior enfrente de la puerta de acceso, al lado izquierdo se encontraban dos personal (sic) consumiendo alimentos (...) exactamente faltando 20 minutos para las 6.00 p.m. llegó una motocicleta por la calle y se estacionó enfrente de la puerta de donde yo estaba, recuerdo tanto al parrillero, que vestía una ruana y en ese momento comenzó a ‘rafaguear’ y en ese instante comenzó el combate, que duró aproximadamente hasta las 11 de la noche en un combate cerrado, extremadamente violento, después de las 11 aminoró un poco, pero siguió el combate hasta las 5 de la mañana del siguiente día (...) Al siguiente día hice el levantamiento de Gerardo, quien había quedado dentro de la trinchera muerto y Yamileth quien había quedado detrás de él, boca arriba”(17).

Narró el también agente de la policía, Armando Becerra Arias:

“Ella iba al comando, a veces a las horas de llevarle de comer a su esposo cuando estaba de servicio, después del almuerzo, siempre iba constante, o también iba a ver el esposo (...) Ella se quedaba un rato, no se cuanto (sic) pero siempre se quedaba un rato. (...) Ella en ese momento [del ataque de la subversión] fue a dejarle con café, con pan y queso a su esposo, es decir en el momento en que sonaron los disparos, ella ya estaba con él (...) se sabía que de pronto podían atacar el puesto, por eso teníamos que estar pendientes (...) solo nos informan de una eventual toma pero no mandan más personal ni armamento (...) el café lo hizo ella dentro de las instalaciones [de la estación de policía] (...) [el ataque fue dirigido] contra el puesto de policía (sic), las instalaciones y contra nosotros”(18).

El testigo Alfaro García Cabezas, empleado público del municipio de Almaguer, Cauca, indicó:

“(...) [el ataque de los subversivos] Básicamente se dirigió al puesto de policía que estaba ubicado contiguo al restaurante ‘La Casona’ (...) pero a pesar de todo eso hubo serias averías en las casas contiguas al comando de policía debido a las explociones (sic) de granadas, cilindros, armas convencionales y no convencionales (...) de conformidad con el levantamiento practicado, (...) la señora Yamileth su muerte se produjo al parecer por caída golpeándose la base del cerebro (...) sus muertes se produjeron en la garita o trinchera que había al frente del cuartel en seguida (sic) de la casona. (...) Siempre la miraba en compañía del agente Estrada España, y frecuentaba la estación, más concretamente la garita que quedaba al frente del comando de policía (...) La miraba muy a menudo (...) [el ataque se dirigió] contra el puesto de policía (...) siempre existía sosobra (sic) por parte de la comunidad por posibles entradas de grupos subversivos a esta población y esto mantenía en filo a todo el personal habitante de Almaguer”(19).

La señora Diva Carmenza Hurtado Gómez, dueña del restaurante “La Casona”, señaló:

“(...) nos dimos cuenta que el agente Estrada y la señora Yamileth Rodríguez, se encontraban en la trinchera la cual se encontraba construida cerca de mi casa, ella estaba a esa hora siriendole (sic) un café al agente Estrada, y siguió con él hasta la hora que ocurrio (sic) la toma guerrillera (...) como la trinchera quedaba tan cerca de la casa lo ví (sic) es decir los cuerpos del agente de la señora habían quedado dentro de la trinchera (...) ella frecuentaba la estación de policía porque siempre estaba junto al esposo o sea el agente Estrada (...) Era permanente, se la pasaba en la estación, y me daba cuenta de esto por la cercanía donde yo vivia (sic) con la cuartel (sic) de la policía (...) Ella se encontraba en la estación de policía desde las horas de la mañana colaborando con los repellos de la garita ubicado (sic) al lado izquierdo de la estación, y en las horas de la tarde estaba con el agente Estrada allí en la trinchera del lado derecho (...) siempre existía temor por que (sic) se oía el comentario que iba a haber una incursión de la Guerrilla (sic)”(20).

En el mismo sentido atestiguó la señora Luz Marina Benavides, cuya casa quedaba al frente del cuartel de la policía:

“(...) siempre andaban juntos, ella siempre se la pasaba en el cuartel, todos los días se la veían con él, hasta el día de la torna estaba en la trinchera con al agente, y de eso me daba cuenta porque yo vivía al frente del cuartel y cerca de donde estaba construida la trinchera y cada vez que uno salia (sic) los miraba juntos (...) A las dos de la tarde fue la señora Yamileth Rodríguez a mí casa a solicitar un tinto para llevarle al agente, por lo que el (sic) se encontraba de turno, y la ví (sic) en la trinchera hasta las cuatro y media de la tarde que salí a comprar un arroz (...) siempre se oía el comentario de esa toma, y la gente estaba temerosa de eso, y por eso se iban a dormir temprano (...) [atacaron] el puesto de policía y también cayeron algunas casas vecinas”(21).

El señor Luis Salazar Chicangana narró respecto de la arremetida de los insurgentes:

“(...) como me encontraba en mi casa salí hasta la puerta de la calle y pude darme cuenta que el ataque era contra la policía por que (sic) toda la carga de las balas apuntaban a ese lugar, en vista de lo anterior me encerré en mi casa con mi familia y únicamente escuchaba las detonaciones de las armas de fuego y explosiones. Al otro día domingo cuando salí de mi casa a eso de las seis de la mañana por que (sic) ya no se oían disparos, me acerqué hasta el puesto de policía, y pude darme cuenta que en una trinchera habían dos muertos, un agente de la policía y una muchacha, y otro muerto en la plaza (...) Yo la miraba más en la estación de la policía de este lugar, siempre estaba acompañada del agente Estrada (...) Ella permanecía allí (...) Yo por vivir cerca a la estación de Policía, la miré allí en la trinchera frente al cuartel de la policía y la miré desde momentos antes de la toma (...) era como las otras veces que había habido en otras ocasiones, pues la gente comentaba que iba a entrar la guerrilla, y por eso había temor entre los habitantes de la localidad (...) el ataque fue contra la estación de la policía nacional por que (sic) todos los daños aparecieron allí y las casas vecinas”(22).

En lo que tiene que ver con el deceso de la señora Yamileth, el protocolo de necropsia, obrante a folios 78 al 80 del cuaderno 2, establece:

“Examen externo.

Cadáver de sexo femenino, tez blanca, cabello largo de color negro, vestía jeans (sic) azul oscuro, buzo (sic) manga larga color azul en franela, camiseta color verde oliva, medias azules y grises, zapatos de color negro, se encontraba con miembros superiores abiertos y miembros inferiores, el derecho extendido y el izquierdo flexionado.

(...)

Diagnósticos macroscópicos anatomopatológicos:

1. Hematoma subdural en región parietal izquierda.

2. Producto fetal, único, muerto, correspondiente más o menos a 14 semanas de gestación.

Conclusión:

A. Causa de la muerte:

Trauma craneoencefálico severo.

B. Mecanismo de muerte:

Shock neurogénico secundario a:

a. Hematoma subdural.

b. Trauma craneoencefálico severo.

C. Manera de muerte.

Homicidio”.

4. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, este hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(23).

De conformidad con esa cláusula general de responsabilidad, los demandantes imputan a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, el hecho dañoso consistente en el deceso de la señora Yamileth Rodríguez Serna, en el ataque de la insurgencia que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1999 en Almaguer, Cauca.

4.1. El daño.

El que se encuentra debidamente probado, pues, como se relacionó en el acápite anterior, la señora Yamileth Rodríguez Serna falleció con ocasión del ataque de la guerrilla a la estación de policía de Almaguer, Cauca, mientras visitaba a su compañero permanente, el agente Gerardo Noé Estrada España.

4.2. La imputación.

El a quo consideró, con base en distintos pronunciamientos de esta corporación, que la administración era responsable de los actos terroristas ocurridos en Almaguer el 13 de noviembre de 1999, pues el daño superó y excedió los límites que normalmente están obligados a soportar los administrados, pues aun cuando es provocado por un tercero, es consecuencia del riesgo excepcional creado en desarrollo de una actividad dirigida a protegerlos.

Sin embargo, la Sala advierte la necesidad de hacer algunas precisiones con relación a la muerte de civiles, por ataques terroristas, dentro de instalaciones como una estación de policía.

4.2.1. En primera medida, de acuerdo con los testimonios y las pruebas recaudadas, el municipio de Almaguer, Cauca, podía ser objeto, en cualquier momento, de un ataque por parte de grupos armados al margen de la ley; así, llama la atención de la Sala que no se precisa, de modo alguno, de qué manera las autoridades alertaron a la población civil sobre las dificultades en el orden público, qué medidas se adoptaron para su resguardo y cuáles fueron los mecanismos de protección sobre los habitantes de la región, pues se denota que las personas desarrollaban sus actividades sin la precaución que habría de tenerse ante una amenaza terrorista.

Fue en esta normalidad que la señora Yamileth Rodríguez Serna visitaba a su compañero en la estación de policía en la que laboraba, sin que se le advirtiera que no podía hacerlo, por el peligro que ello podía significar(24), de donde no se entiende porqué señalar a la víctima como responsable por el hecho de haber confiado en la seguridad de la estación de policía en la que laboraba su compañero y a la que frecuentaba.

Así, con base en el deber de las autoridades de proteger a la población civil, tener por probado que la víctima se expuso imprudentemente al riesgo, en los términos del artículo 2357 del Código Civil, sería contrariar el principio del derecho que reza “nemo auditur propriam turpitudinem allegans(25), pues si aquellas consideraban que estaban ante una situación de ataque inminente, debieron impedir que la fallecida y en general cualquier civil, frecuentara las instalaciones de la estación de policía.

4.2.2. Ahora bien, y sin perjuicio de lo dicho, es del caso anotar que no es dable sostener per se que la presencia de autoridades comporta riesgo, antes por el contrario la misma se reclama en orden de garantizar la vida, honra y bienes de los asociados, aunque, como se anotó en el sub lite, se echa de menos una actuación diligente tendiente a preservar la vida de la señora Rodríguez Serna, para lo cual tendría que haber sido advertida sobre el peligro que representaba frecuentar la estación de policía, comoquiera que los testigos y las mismas autoridades de policía así lo sostienen.

De un lado, es claro que nadie tiene que soportar un daño como el que se suscitó en este asunto, pues la víctima, en el desarrollo normal de sus actividades, contaba con la posibilidad de visitar a su compañero en su lugar de trabajo y, así como ella acudía al lugar, bien pudieron hacerla otros pobladores con distintos fines, tales como, por ejemplo, denunciar delitos, realizar labores ciudadanas, elevar consultas de cualquier tipo, entre otras; por tanto, no tiene que considerarse que los civiles no pueden frecuentar las instalaciones públicas, salvo advertencias claras y concretas debidamente demostradas, pues de no ser así habría que suponer que la cercanía con la autoridad les infunda seguridad.

4.2.3. Sostener cosa distinta, implicaría que los ciudadanos no pueden acudir a las autoridades, pues ello aumentaría su riesgo de ser atacados y perder su vida y con ello no se entendería que la razón misma de la autoridad consiste en proteger la vida, libertad y bienes de los civiles. Sobre este particular, el legislador previó con relación a los policiales la función de “(...) proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.//(...) proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por Colombia. La actividad policial está regida por la Constitución Política, la ley y los derechos humanos”(26).

Por lo anterior, no puede tenerse como hecho de la víctima su presencia en la estación en la que laboraba su compañero, pues bien pudo tratarse de otra persona que, por cualquier otro motivo, se encontrara en ese preciso instante en el comando y la conclusión no sería distinta.

4.2.4. En este sentido, no puede sino colegirse que la sentencia del a quo será confirmada, en la medida en que la víctima, en su condición de civil, no tenía por qué morir a causa del conflicto armado.

5. Valoración del daño.

El tribunal a quo, al momento de liquidar el daño emergente padecido por los demandantes, tuvo en cuenta:

• La factura 369 de 30 de noviembre de 1999 de “Funerales la Ermita”, a nombre de Janer Alberto Rodríguez, por valor de $ 1’100.000 (fl. 101, cdno. ppal), por concepto de los gastos funerarios de la hija y hermana de los demandantes, actualizada a la fecha de la sentencia de primer grado, para un total de $ 1’533.520. Como quiera que esta cifra debe ser actualizada al mes de junio de 2014, se tiene:

Actualización de la renta:

S2000-03833F1
 

Ra= Renta actualizada a establecer
Rh =Renta histórica, $ 1’533.520
Ipc (f) =Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116,24 que es el correspondiente a abril de 2014, a falta del mes de mayo de 2014.
Ipc (i) =Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 79,50 que es el que correspondió al mes de julio de 2004, mes en el que fue proferida la sentencia del a quo.

S2000-03833F22
 

• La certificación de 5 de diciembre de 2000 de la sicóloga María del Rosario Sandoval, que atendió a los señores María Limbania y Víctor Alberto —padres de la víctima— entre mayo y noviembre de ese mismo año, en la que consta que el valor del tratamiento fue de $ 1’680.000 (fl. 102, cdno. ppal), que a la fecha de la sentencia del a quo equivalía a $2’142.360. Traída esta suma al mes de junio de 2014, en consideración a que la condena debe ser actualizada, se tiene:

Actualización de la renta:

S2000-03833F3
 

Ra= Renta actualizada a establecer
Rh =Renta histórica, $ 2’142.360
Ipc (f) =Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 116,24 que es el correspondiente a abril de 2014, a falta del mes de mayo de 2014.
Ipc (i) =Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 79,50 que es el que correspondió al mes de julio de 2004, mes en el que fue proferida la sentencia del a quo.

S2000-03833F4
 

6. Costas.

En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. Resuelve

MODIFICAR la sentencia proferida el 27 de julio de 2004, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, responsable de la muerte de Yamileth Rodríguez Serna, acaecida el 13 de noviembre de 1999, en hechos ocurridos en el municipio de Almaguer, Cauca, de conformidad con las anteriores consideraciones.

2. Como consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar a los demandantes los perjuicios causados, así:

a) Por daño moral

• A María Limbania Serna y Víctor Alberto Rodríguez Calambas (padres de la víctima), cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

• A Jaiber Ribeiro Rodríguez Serna, Janer Alberto Rodríguez Serna, Aldemar Rodríguez Serna, Newyen Armando Rodríguez Serna, Adrián Fernando Rodríguez Serna, Deicy Johana Rodríguez Serna, Ruddy Fernanda Rodríguez Serna y Luis Javier Rodríguez Serna, en su calidad de hermanos, cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

b) Por perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente:

• A Janer Alberto Rodríguez Serna, dos millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos dieciocho pesos ($ 2’242.218).

• A Víctor Alberto Rodríguez y María Limbania Serna, la suma de tresmillones ciento treinta y dos mil cuatrocientos veintisiete pesos ($ 3’132.427).

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.

6. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y cúmplase».

(4) Para la época en la que se interpuso la demanda —26 de septiembre de 2000—, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación, era de $ 26’390.000 —articulos 129 y 132 C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988—. En este caso, la pretensión de mayor valor corresponde a la suma equivalente a 3.000 mil gramos de oro fino, esto es, $ 58’893.450 a la fecha de presentación de la demanda (el gramo de oro, el 26 de septiembre de 2000, ascendía a $ 19.631,15).

(5) Folios 7 y 8 cuaderno 1.

(6) Folio 10 cuaderno 1.

(7) Folio 11 cuaderno 1.

(8) Folio 12 cuaderno 1.

(9) Folio 13 cuaderno 1.

(10) Folio 14 cuaderno 1.

(11) Folio 15 cuaderno 1.

(12) Folio 16 cuaderno 1.

(13) Folio 17 cuaderno 1.

(14) Folios 33 al 35 cuaderno 1: cartilla para madres gestantes y ecografía pélvica; folios 76 al 77 del cuaderno 2: resultados de exámenes de sangre, control prenatal.

(15) El informe presentado por el comandante de la estación de policía de Almaguer, Cauca, cuya copia fue remitida por el Departamento de Policía del Cauca, señala textualmente: “Siendo aproximadamente las 17:30 horas del día de ayer 131199 incursionaron en el municipio de Almaguer por bandoleros de los frentes Octavo de la FARC y frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional ELN por un número aproximado de 350 bandoleros.// Frente a las instalaciones más exactamente en las trincheras de las canecas se encontraba El (sic) señor patrullero Estrada España Gerardo y su esposa Jamileth (sic) Rodríguez Serna, mencionado patrullero se encontraba realizando tercer turno de vigilancia y su señora esposa le llevaba un café, cuando paso una motocicleta sin placas y el parrillero le propinó varios impactos al parecer 9 mm en la humanidad de lo pareja, dichos bandoleros se encontraban de civil lo cual era difícil pensar que eran bandoleros, donde reaccionó el personal propinándole la muerte al guerrillero o bandolero cerca de la estación de policía a la altura del porque principal de Almaguer. Al parecer los primeros en empezar a dar señal fue el de la moto quienes empezaron con la balacera, en esos momentos los bandoleros utilizaron diferentes instrumentos para atacar la estación como pipas de gas, morteros, granadas de mano y de fusil, mecheros con gasolina entre otras (...)” (fls. 112 al 114, cdno. 2).

(16) Folios 20 al 23 cuaderno 2.

(17) Folios 33 al 37 cuaderno 2.

(18) Folios 40 al 42 cuaderno 2.

(19) Folios 105 y este mismo vuelto, cuaderno 2.

(20) Folios 105 vuelto al 106 vuelto, cuaderno 2.

(21) Folios 107 y 108 cuaderno 2.

(22) Folios 108 vuelto al 110, cuaderno 2.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, exp. 11945.

(24) Al respecto, sobre similares circunstancias, en oportunidad anterior esta corporación señaló: “Puede afirmarse entonces que agentes de la institución demandada, en ejercicio de sus funciones y por razón de las mismas, expusieron a la señora Junhlia María Zapata Palacio a un peligro que los mismos conocían y que a la víctima no le correspondía afrontar, el que se materializó ocasionándole la muerte. // Podría aducirse, sin embargo, que lo ocurrido aconteció porque la víctima se expuso al peligro en cuanto utilizó para su transporte un vehículo oficial; empero los particulares, a menos que sean advertidos de lo contrario, consideran que al amparo de los organismos de seguridad del Estado se encuentran más seguros, sin que les resulte posible, a menos que sean advertidos debidamente, comprender lo contrario. // Finalmente, la entidad demandada sostiene que, en tanto la acción en que murió la señora Zapata Palacio provino de terceros, debe predicarse la responsabilidad solidaria entre el Estado y estos últimos y, en consecuencia, reducirse la condena en un 50%. // Empero, sin perjuicio de la directa responsabilidad de los terceros, al Estado se le imputa haber expuesto a la madre, hermana e hija de los demandantes, a un peligro que tenía que asumir y que la institución policial y no la víctima conocía, cuando su obligación tenía que ver con preservarla del peligro y protegerla del mismo. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, conforme al régimen general que gobierna las obligaciones, la solidaridad no implica las divisiones del crédito y débito, como está previsto, entre otros, en los artículos 1568, 1571 y 2344 del Código Civil. Por tales razones no procede reducir la condena impuesta en la sentencia de primera instancia, como lo impetra la demandada fundada en que se trata del hecho de un tercero, sin perjuicio de que la entidad estatal bien puede repetir el pago contra los directamente responsables”. Sección Tercera, Subsección B, actor: Israel Ángel Zapata Vélez y otros, sentencia de 10 de agosto de 2011, exp. 20.209, C.P: Stella Contó Díaz del Castillo.

(25) No puede oírse a quien alega su propia torpeza.

(26) Ley 62 de 1993, artículo 1º.