Sentencia 2000-03886/26262 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 19001-23-31-000-2000-03886-01(26262)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Román Jiménez Chávez y otros

Demandado: Nación - rama judicial

Referencia: Acción de reparación directa (apelación sentencia)

Temas: Privación injusta de la libertad. Revocatoria del subrogado de la condena de ejecución condicional sin agotar el trámite previo legalmente establecido.

Bogotá D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, porque en la demanda se invoca como título de imputación la privación injusta de la libertad y, de acuerdo con el criterio adoptado en la Sala Plena de la corporación, las acciones de reparación directa en las que se pretenda la reparación de los daños causados con la actividad judicial son de competencia de los tribunales administrativos, en primera instancia y del Consejo de Estado, en segunda instancia, sin que en estos casos la cuantía de las pretensiones constituya factor de atribución(1).

1.2. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación de la libertad que sufrieron los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez, la cual se califica en la demanda como injusta.

1.3. Legitimación en la causa.

Quienes integran la parte demandante están legitimados en la causa, toda vez que alegan haber sido afectados con los hechos que se considera causantes del daño, por tratarse las personas privadas de la libertad o porque afirman haber sido damnificados con ese hecho, asunto distinto es el de establecer si les asiste o no el derecho a obtener la reparación pretendida, el cual será analizado al momento de determinar las indemnizaciones a las cuales deba ser condenada la entidad demandada, en caso de serlo. Por su parte, la demandada —Nación - rama judicial - juez promiscuo municipal de Sotará, Cauca— es una entidad de derecho público y fue representada por el director ejecutivo de administración judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 99-8 de la Ley 270 de 1996.

1.4. La demanda en tiempo.

En este caso no operó el fenómeno de la caducidad, si se tiene en cuenta que la providencia mediante la cual se ordenó la libertad de los demandantes, con la cual se entiende consolidado el daño, en los términos de la demanda, fue dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca el 8 de marzo de 1999 y la demanda se presentó el 22 de agosto de 2000, esto es, dentro de los dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. Problema jurídico.

Deberá resolver la Sala si la detención que sufrieron los demandantes en cumplimiento de la condena penal que les fue impuesta, por habérseles revocado el beneficio de la condena de ejecución condicional constituye o no un daño antijurídico.

3. Análisis de la Sala.

3.1. Se advierte, en primer término, que el acervo probatorio con fundamento en el cual se tomará la decisión está integrado básicamente, por: (i) la copia del expediente penal que se adelantó en contra de los demandantes ante la Fiscalía 27 de Paispamba, Sotará y ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sotará, por el punible de lesiones personales, el cual fue remitido al a quo por ese último despacho judicial; (ii) algunas piezas procesales de la acción de tutela, interpuesta por los demandantes con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso; (iii) la certificación expedida por funcionario de la alcaldía municipal de Sotará, en relación con el tiempo durante el cual los demandantes permanecieron en prisión, y (iv) los informes de captura de los demandantes, rendidos por funcionario del cuerpo técnico de investigación de la policía judicial.

3.2. De acuerdo con las pruebas antes señaladas considera la Sala que se encuentra debidamente acreditado que mediante resolución de 20 de septiembre de 1994, la Fiscalía 27 local de Paispamba dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, en contra de los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez, por considerarlos presuntamente responsables del delito de lesiones personales inferidas a los señores Álvaro Jiménez Anacona y Gregorio Jiménez Anacona, pero les concedió la libertad provisional (fls. 74-79, cdno. de pruebas 1), beneficio en relación con el cual se fijaron en la parte resolutiva de esa decisión las siguientes exigencias:

“Tercero: Conceder a los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez libertad provisional mediante caución prendaria por la suma de quince mil pesos ($ 15.000), que cada uno deberá depositar a nombre de este despacho en la cuenta de depósitos judiciales de la Caja Agraria de esta localidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación que de esta resolución se les haga, so pena de ser revocada.

Cuarto: Prestada la caución suscriban los antes indicados Acta en la que se obliguen a presentarse cuando el funcionario competente lo solicite; a observar buena conducta individual, familiar y social; a informar todo cambio de residencia y a no salir del país sin previa autorización de esta fiscalía o del funcionario competente, so pena de ser revocada esta medida y hacerse efectiva la detención preventiva”.

A solicitud de los sindicados, la Fiscalía redujo la caución a $ 10.000, por cada uno de ellos, mediante resolución de 21 de octubre de 1994 (fls. 88-89, cdno. 1 de pruebas). La caución fue prestada por los demandantes, quienes además suscribieron el acta respectiva (fl. 108, cdno. 1 de pruebas).

El 9 de febrero de 1995, la Fiscalía 27 de la Unidad Local de Fiscalía de Paispamba resolvió proferir en contra de los mismos resolución de acusación por los mismos hechos por los cuales se les había impuesto la medida de aseguramiento (fls. 110-116, cdno. de pruebas 1).

Mediante sentencia proferida el 18 de septiembre de 1996, el Juzgado Noveno Promiscuo Municipal de Paispamba, Sotará, condenó al señor Román Jiménez Chávez a la pena principal de 32 meses de prisión, y al señor Orlando Jiménez Chávez a la pena principal de dos años de prisión, por hallarlos responsable del delito de lesiones personales, cometidas, respectivamente, en contra de los señores Álvaro Jiménez Anacona y Gregorio Jiménez Anacona, en hechos ocurridos el 22 de marzo de 1994, en el municipio de Paispamba, Sotará (fls. 232-250, cdno. de pruebas 1). La parte motiva de esa providencia fue la siguiente:

“[L]a infracción se encuentra acreditada no solo con la denuncia instaurada por el señor Álvaro Jiménez Anacona (...) [sino] con los dictámenes médicos practicados al ofendido (...), en los cuales se discriminan las lesiones padecidas por [este], por las cuales se le dictaminó una incapacidad médico legal definitiva en veinticinco (25) días contados a partir de la fecha de los hechos y como secuelas: deformidad física que afecta el rostro, de carácter permanente (...)

(...)

[T]odas esas probanzas tomadas en conjunto, como lo son: la sindicación directa que le hizo la víctima, los indicios de falsa justificación, partición (sic) y de actitud sospechosa, del móvil delictivo, de los cuales se infiere de la propia injurada del acusado y la sindicación hecha por el propio ofendido en los hechos, así como las declaraciones de los testigos indirectos ya analizados, nos infieren que no pudo ser otro sino el acusado Román Jiménez Chávez, quien el día veintidós (22) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), lesionara en forma grave a nuestro ofendido Álvaro Jiménez Anacona.

Con referencia al acusado Orlando Jiménez tenemos (....). En lo concerniente a la objetividad delictiva de la infracción, este despacho considera que las probanzas recaudadas son indicativas de ello, tal como lo acreditan: la sindicación que le hace el ofendido en su exposición en donde dispone sobre la manera como fue lesionado; así como la experticia médica practicada al ofendido, y en las cuales se describen las lesiones padecidas por el señor Gregorio Jiménez Anacona y en las cuales se dictaminaron una incapacidad legal definitiva de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de los hechos y como secuelas: deformidad física de carácter permanente”.

En la misma providencia se decidió conceder a los sindicados el beneficio de la condena de ejecución condicional, por considerar que se reunían en su caso los requisitos legales objetivos y subjetivos, así:

“Con referencia al acusado Román Jiménez, tenemos que la conducta del acusado lo ubica como autor material del punible de lesiones personales sufridas en la humanidad del señor Álvaro Jiménez Anacona (...) que le produjeron una incapacidad para trabajar de veinticinco (25) días y como secuelas una deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente.

Teniendo en cuenta que el acusado no registra antecedentes penales ni policivos y no se encontró en el acusado circunstancias genéricas de agravación punitiva para esta clase de delitos (...), la pena a imponer al acusado sería de treinta y dos (32) meses de prisión y multa (...).

Comparte el juzgado los argumentos de la defensa, en el sentido de concederle al procesado el beneficio de la condena de ejecución condicional, ya que dada la pena a imponer, la cual no sobrepasaría los tres (3) años, la personalidad del acusado y las modalidades en que ocurrió el delito, al procesado de marras se le debe conceder dicho beneficio, máxime si se tiene en cuenta que no registra antecedentes penales ni policivos.

Implica lo anterior, que se suspenderá la ejecución de la pena por un período de dos (2) años durante los cuales el procesado deberá cumplir con las obligaciones impuestas debiendo a la vez en un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, cancelar la indemnización de los perjuicios al ofendido, so pena de que en caso de incumplimiento se revoque el beneficio y se proceda a la ejecución de la sentencia, como si no se hubiera suspendido, debiendo purgar la totalidad de la sanción impuesta, tal como lo ordena el artículo 70 del Código Penal.

Con referencia al procesado Orlando Jiménez, tenemos que su actuar lo ubica como autor material del punible de las lesiones personales sufridas en la humanidad de Gregorio Jiménez Anacona (...) que le produjeron una incapacidad de cuarenta y cinco (45) días y como secuelas una deformidad física de carácter permanente.

Teniendo en cuenta que el acusado no registra antecedentes penales ni policivos y en él no concurren circunstancias genéricas de agravación punitiva (...), la pena a imponer al acusado sería de dos (2) años de prisión y multa (...).

El juzgado comparte los argumentos de la defensa, en el sentido de concederle al acusado el beneficio de la condena de ejecución condicional, ya que dada la pena a imponer, la cual no sobrepasaría los tres (3) años, la personalidad del acusado y las modalidades en que ocurrió el delito, al procesado de marras se le debe conceder dicho beneficio, máxime si se tiene en cuenta que no registra antecedentes penales ni policivos, por lo cual se considera que no requiere tratamiento penitenciario.

Implica lo anterior, que se suspenderá la ejecución de la pena por un período de dos (2) años durante los cuales el procesado deberá cumplir con las obligaciones impuestas debiendo a la vez en un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, cancelar la indemnización de los perjuicios al ofendido, so pena de que en caso de incumplimiento se revoque dicho beneficio y se proceda a la ejecución de la sentencia, como si no se hubiera suspendido, debiendo purgar la totalidad de la sanción impuesta, tal como lo ordena el artículo 70 del Código Penal”.

En la parte resolutiva del fallo se señaló que los condenados ya habían prestado la caución de que trataba la ley penal, así:

Cuarto: Conceder al condenado Ramón Jiménez Chávez el beneficio de la condena de ejecución condicional, para lo cual se suspenderá la ejecución de la penal por un período de dos (2) años, debiéndose suscribir para ello diligencia de compromiso, como lo establece el artículo 69 en concordancia con la Ley 81/93, artículo 42, téngase como caución la presentada por el procesado durante el trámite de este asunto, por lo cual se solicitará a la Fiscalía Local 38 de Timbío el envío del respectivo título.

(...)

Séptimo: Conceder al condenado Orlando Jiménez Chávez el beneficio de la condena de ejecución condicional para lo cual se suspenderá la ejecución de la penal por un período de dos (2) años, debiendo suscribir para ello la diligencia de compromiso de que trata el artículo 69 del Código Penal, en concordancia con la Ley 81/93, artículo 42, y lo cual se tendrá como caución la presentada por el procesado en la etapa investigativa, para lo cual se solicitará a la Fiscalía Local 38 de Timbío (C) el envío del respectivo título”.

Mediante oficio remitido el 12 de noviembre de 1996, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sotará, Cauca, le solicitó al inspector de policía de Ríoblanco, “citar en el término de la distancia a los señores Román y Orlando Jiménez Chávez, residentes en ese corregimiento, a fin de adelantar una diligencia dentro de la causa que se les adelantó por lesiones personales. Háganseles las advertencias del caso” (fl. 262, cdno. 1).

El inspector de policía dio respuesta a ese oficio, en estos términos: “[A] pesar de haberse enviado boleta de citación para su comparendo a fin de notificárseles el contenido del oficio, ha sido imposible lograr que se presenten a este despacho.// De estos y otro personal solicitado por las autoridades, que no han comparecido a pesar de ser enviadas boletas de citación, se le ha pasado el listado a los integrantes de las fuerzas militares que se encuentran en esta localidad, fin por intermedio de ellos se hagan comparecer para la respectiva notificación” (fl. 263, cdno. de pruebas 1).

Mediante providencia de 16 de abril de 1998, el Juzgado Promiscuo Municipal de Paispamba, Sotará, resolvió revocar el beneficio de la condena de ejecución condicional concedida a los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez y, en consecuencia, ordenó que los condenados pagarán “la totalidad de la sentencia impuesta, tal como si no se hubiere suspendido”, para lo cual se dispuso su captura (fl. 264-266, cdno. 1 de pruebas). En la providencia se razonó así:

“Dentro del proceso no obra constancia alguna de que los prenombrados sentenciados se hayan presentado al despacho para cancelar la multa, suscribir diligencia de compromiso, ni cancelar los perjuicios.

El artículo 520 del C. de P. Penal establece. ‘Ejecución de la pena por no reparación de los daños. Si el beneficiado con la condena de ejecución condicional, sin justa causa, no reparare los daños dentro del término que le ha fijado el juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena’.

Como se observa en el presente caso, los sentenciados han incumplido las obligaciones que se les impusieron en la sentencia condenatoria; además de haber sido enviada notificación ante el señor inspector de policía municipal del corregimiento de Rioblanco, lugar de su residencia, estos se han negado a presentarse para la notificación correspondiente, por lo cual dicha notificación se surtió a través de edicto.

Así las cosas, se procederá a revocar los puntos cuarto y séptimo de la sentencia condenatoria de fecha septiembre dieciocho (18) de mil novecientos noventa y seis (1996) y se ordenará la captura de los sentenciados Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez a las autoridades correspondientes, para efectos de que cumplan con la sentencia dictada en su contra”.

Contra esa providencia, el abogado defensor de los demandantes interpuso recurso de reposición (fl. 270, cdno. de pruebas 1), el cual fue decidido en forma adversa a los intereses de aquellos, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sotará, mediante providencia de 8 de julio de 1998 (fls. 278-280, cdno. de pruebas 1), por considerar que dicho recurso fue extemporáneo:

“A pesar de haber sido enviadas las notificaciones ante el señor inspolimunicipal (sic) del corregimiento de Rioblanco, lugar de residencia de los implicados, estos no se presentaron para cumplir con el pago de la multa, suscribir la diligencia de compromiso y el pago de los perjuicios a que fueron condenados.

(...)

El apoderado de los sentenciados en su escrito manifiesta que conforme al artículo 525 del C. de P. Penal se les exonere del pago de tales perjuicios, pero (...) el término para presentar las pruebas documentales y testimoniales venció el veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997), es decir, seis (6) meses después de ejecutoriada la sentencia.

Así las cosas, el juzgado no revocará la providencia que ordenó revocar el subrogado de la condena de ejecución condicional de los sentenciados, por encontrarse en firme y la solicitud presentada por los sentenciados de turno fue allegado fuera del término, ya que esta providencia se encuentra ejecutoriada desde el día veintiocho (28) de abril del año en curso y la solicitud fue presentada el día treinta (30) de junio del mismo año, es decir, cincuenta y ocho (58) días después de ejecutoriada la providencia”.

Los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez fueron privados de la libertad el 14 y 15 de septiembre de 1998, según consta en los informes de captura 56 y 58 de la unidad local de Timbío del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación (fls. 15-16, cdno. 1 de pruebas).

En las mismas fechas, el Juzgado Promiscuo Municipal de Paispamba dispuso “enterar” a los detenidos de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 1996 y expedir las correspondientes boletas de encarcelación dirigidas al director de la cárcel municipal (fls. 282 y 286, cdno. de pruebas 1).

3.3. Mediante providencia de 8 de marzo de 1999, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca revocó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, en la que se abstuvo de tutelar los derechos invocados por los demandantes y, en su lugar, accedió a tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y libertad de los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez; en consecuencia, declaró la nulidad de los procesos penales que se adelantaron en su contra, a partir de la providencia en la que se les revocó el subrogado de la condena de ejecución condicional y ordenó su libertad inmediata, siempre que no estuvieran por cuenta de otra autoridad judicial o por otro delito (fl. 304-326, cdno. de pruebas 2). Los fundamentos de esa decisión fueron los siguientes:

“[L]a accionante demanda la protección del debido proceso en el tramo posterior a la ejecutoria de las sentencias de condena, porque la revocatoria del subrogado penal de la condena condicional va en contravía de las formalidades legales, y con ello, se afectó sensiblemente la libertad de los procesados.

(...)

Se observa, porque no consta en los procesos penales, que los procesados Román Jiménez Chávez, Orlando Jiménez Chávez y Oliverio Palechor Jiménez(2) no suscribieron las correspondientes actas de compromiso, donde se les sometiera a las obligaciones contenidas en el artículo 69 del Código Penal y en particular la de pagar los perjuicios causados con los hechos punibles, porque todos los esfuerzos realizados en ese sentido resultaron infructuosos, sin que la juez transitoria de ejecución de penas hiciera uso de los poderes que en tal sentido le otorga la normatividad procesal penal.

No obstante ello, en uno de los procesos, la juez transitoria de ejecución de penas le dio aplicación al artículo 522 del Código de Procedimiento Penal (...)

Considera la Sala que para revocar el beneficio de la condena de ejecución condicional la ley ha fijado un procedimiento claro —aunque breve— el traslado al condenado de la prueba indicativa de la causa que origina la decisión y le concede un término para presentar las explicaciones que considere pertinentes. Este trámite está orientado a evitar sorpresas y permitir la defensa del obligado.

En el presente caso, los procesados Román Jiménez Chávez, Orlando Jiménez Chávez y Oliverio Palechor Jiménez no suscribieron diligencia de compromiso y solo a uno de ellos se le aplicó formalmente el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, con lo que no solo se violó el principio del debido proceso aplicable aún a la etapa posterior al juzgamiento, sino también el derecho de defensa.

Estas irregularidades sustanciales cometidas por la juez transitoria de ejecución de penas y medidas de seguridad de Sotará, indiscutiblemente, le causaron a los procesados Román Jiménez Chávez, Orlando Jiménez Chávez y Oliverio Palechor un perjuicio irremediable, pues según la revocatoria del subrogado penal de la condena de ejecución condicional deberán cumplir la totalidad de la pena impuesta, vulnerándose así también el derecho fundamental a la libertad.

Debe precisarse que por tratarse de un auto interlocutorio no es posible ni siquiera la acción de revisión contenida en el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal porque la situación planteada en sede de tutela no se enmarca dentro de ninguna de las causales previstas en el artículo citado para su procedencia.

Finalmente, la Sala considera que la orden de protección inmediata al derecho fundamental al debido proceso y de defensa no puede ser otra que la declaratoria de nulidad de lo actuado a partir de los autos por medio de los cuales se les revocó a los condenados el subrogado penal de la condena de ejecución condicional, lo cual deja sin valor la detención de los dos encarcelados y la captura del otro, para que la juez transitoria de ejecución de penas y medidas de seguridad proceda a rehacer el procedimiento, si es del caso, esto es, para que le haga suscribir a los condenados diligencia de compromiso y aplique correctamente el dispositivo previsto en el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal”.

Mediante providencia de 12 de marzo de 1999, el Juzgado Promiscuo de Paispamba ordenó dar cumplimiento a la providencia dictada por el Tribunal Superior de Popayán y, en consecuencia, citar a los aquí demandantes, con el fin de que suscribieran la diligencia de compromiso y cancelaran la multa que les fue impuesta en la sentencia, con el fin de hacer efectivo el beneficio de libertad que les fue concedido en dicha sentencia (fl. 327, cdno. de pruebas 2).

Los detenidos firmaron la diligencia de compromiso ordenada en dicha providencia (fl. 328, cdno. de pruebas 2), que fue del siguiente tenor:

“La suscrita juez los juramentó conforme a los artículos 172 del C. Penal y 285 del C. de P. Penal, bajo la gravedad del juramento prometieron cumplir todos y cada uno de los siguientes compromisos: a) Guardar paz y buena conducta para con el ofendido denunciante y la sociedad en general. b) No ingerir bebidas alcohólicas. c) No portar armas. d) No ausentarse del municipio sin previo aviso. e) Ejercer oficio o profesión lícitos. f) Cancelar los perjuicios a que fueron condenados dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma de la presente”.

A petición de los demandantes, formulada a través de su defensor, el Juzgado Promiscuo Municipal de Paispamba, mediante providencia de 26 de abril de 1999 (fls. 348-352, cdno. de pruebas 2), resolvió no exigirles el pago de los perjuicios a que fueron condenados en la sentencia, para efectos de concederles el beneficio de libertad condicional, por considerar que de las pruebas que obraban en dicho expediente había lugar a concluir que los condenados se encontraban en imposibilidad de cumplir esa condena, pero aclaró que la obligación seguía siendo exigible, y, por otra parte declaró extinguida la pena, que les fue impuesta en la sentencia, en los términos del artículo 71 del Código Penal vigente al momento de tomarse dicha decisión, porque desde la fecha en la cual fueron condenados hasta el momento de dictarse la providencia había transcurrido un lapso superior a dos años, sin que existiera en el expediente constancia alguna de que hubieran cometido un nuevo delito durante ese lapso.

Es síntesis de lo expuesto, que los demandantes Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez fueron condenados a pena privativa de la libertad por 32 meses y dos años, respectivamente. Los mismos fueron beneficiados con el subrogado penal de la condena de ejecución condicional, por reunir los requisitos de carácter subjetivo y objetivo, legalmente previstos. Sin embargo, al momento de notificarse la condena, los demandantes no suscribieron el acta de compromiso de que trataba el artículo 69 del Decreto 100 de 1980, porque se hallaban disfrutando del beneficio de la libertad provisional y tampoco comparecieron ante el juzgado de ejecución de penas, cuando este, dos años después de dicha condena, los citó, a través del inspector de policía del lugar de su domicilio, sin que se tenga certeza de que estos, efectivamente, hubieran tenido conocimiento de dicha citación.

Por no haber suscrito el acta señalada, el Juzgado Promiscuo de Paispamba les revocó el subrogado y dispuso que se hiciera efectiva la condena intramural, pero la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, al resolver la tutela interpuesta por los mismos, ordenó su libertad inmediata. Entre el momento en el que se hizo efectiva la providencia que revocó el subrogado penal y aquel en el que se dio cumplimiento a la orden proferida por el juez de tutela transcurrieron seis meses, durante los cuales los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez permanecieron retenidos. En efecto, según la certificación expedida por la alcaldía municipal de Sotará, “los señores Oliverio Palechor Jiménez y Román Jiménez Chávez fueron retenidos el día 14-9-98 y Orlando Jiménez Chávez el día 15-09-98 y fueron dados en libertad el día 12-03-99” (fl. 8, cdno. 1 de pruebas).

3.3. Afirmó la Nación - rama judicial que los daños alegados son imputables a las propias víctimas y a su defensor, porque la revocatoria del subrogado penal se produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que tenían aquellos de suscribir el acta de que trataba el artículo 69 del Código Penal vigente para el momento de los hechos y de resarcir los daños causados a las víctimas con los ilícitos.

La condena de ejecución condicional, prevista, para el momento de los hechos en el artículo 68 del Decreto 100 de 1980(3), al igual que la ejecución condicional de la sentencia(4), eran subrogados penales, esto es, medidas sustitutivas de la pena de prisión o arresto, que se concedía a la persona condena que cumpliera los requisitos establecidos en la ley, relacionados con el tiempo de la detención y con sus condiciones subjetivas.

La Corte Constitucional, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, consideró que los subrogados penales, cuando se cumplieran los requisitos legales, constituían un derecho del condenado y no una gracia o favor que dependiera del simple arbitrio del juez:

“Según las disposiciones transcritas, para que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad pueda conceder la condena de ejecución condicional o la libertad condicional, debe verificar tanto factores objetivos que se refieren, en ambos casos, al quantum de la pena y al cumplimiento parcial de aquella en el evento de la libertad condicional, como factores subjetivos, relacionados básicamente con la personalidad del condenado, que permiten determinar si este necesita tratamiento penitenciario o si, después de haber cumplido parte de la pena, es apto para reincorporarse a la sociedad.

Una vez demostrados estos requisitos, al condenado le asiste un verdadero derecho al subrogado penal, y su otorgamiento, por tanto, no podrá considerarse como una gracia o favor que dependa del simple arbitrio del juez. Sobre este punto (en relación con la condena de ejecución condicional), la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

‘El instituto de la condena de ejecución condicional (C.P., art. 68), ciertamente no debe mirarse como una gracia sino como un beneficio-derecho, pues al paso que el primer concepto traduce, en la aplicación del subrogado, una libérrima discrecionalidad del juez, esto es, que solo su voluntad determina lo que al respecto debe hacerse, la segunda noción, que trata de darle solidez, equilibrio, respetabilidad y eficacia a este paliativo de la sentencia de condena, impone su concesión cuando se dan ciertas condiciones. En otras palabras, mientras que en la gracia no es dable invocar factores que lleven inevitablemente a su otorgamiento, a no ser que el juez quiera considerar digno de la misma al procesado, en el beneficio se da cierta perentoriedad al cumplirse con ciertas exigencias o requisitos’.

Ahora bien: es pertinente anotar que la institución de los subrogados penales, obedece a una política criminal orientada a la mitigación y la humanización de la sanción punitiva. En efecto, en el marco del Estado social de derecho la pena, como instrumento adecuado para servir a los fines de prevención, retribución y resocialización, debe ser necesaria, útil y proporcionada; esto significa que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el más restrictivo dejaría de ser necesario y útil), en aras de garantizar la dignidad del condenado.

En términos del ilustre tratadista Luigi Ferrajoli el ‘argumento decisivo contra la inhumanidad de las penas es (...) el principio moral de la persona humana, enunciado por Beccaria y por Kant con la máxima de que cada hombre, y por consiguiente también el condenado, no debe ser tratado nunca como un ‘medio’ o ‘cosa’, sino siempre como un ‘fin’ o ‘persona (...) Esto quiere decir que más allá de cualquier argumento utilitario el valor de la persona humana impone una limitación fundamental a la calidad y cantidad de la pena. (...) Resulta por eso un argumento no solo pertinente sino decisivo e incondicionado a favor de la humanidad de las penas, en el sentido de que toda pena cualitativa y cuantitativamente (superflua por ser) mayor que la suficiente para frenar reacciones informales más aflictivas para el reo puede ser considerada lesiva para la dignidad de la persona’.

Teniendo en cuenta estos principios y la necesidad de orientar la ejecución de la pena hacia la resocialización, el legislador colombiano ha considerado que si un condenado, dada las características del hecho punible y sus rasgos personales, no necesita de la privación física de la libertad para readaptarse a la sociedad, debe brindársele la oportunidad de cumplir con su condena, mediante mecanismos que, sin dejar de ser eficaces, comporten una menor aflicción. Y es que es evidente, como ya lo ha expresado esta corporación, que ‘lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad’ (resalta la Corte).

En este sentido, las formas que ha previsto el legislador para que aquellos que reúnen los requisitos cumplan con menor rigor su condena, se traducen en una serie de obligaciones tales como 1) informar todo cambio de residencia; 2) ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; 3) reparar los daños ocasionados por el delito, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo; 4) abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; 5) someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas o ante el consejo de patronato o institución que haga sus veces; 6) observar buena conducta, 7) garantizar el cumplimiento de estas obligaciones mediante caución (C.P., arts. 69 y 73)(5).

A pesar de constituir derechos del condenado que cumpliera los requisitos señalados en la ley, los subrogados penales podían ser revocados, según lo previsto en los artículos 70(6) y 74(7) del Código Penal, cuando el beneficiario de los mismos cometiera un nuevo delito durante el período de prueba o violara cualquiera de las obligaciones impuestas en el artículo 69 de dicha codificación. En tales eventos, había lugar a ejecutar inmediatamente la sentencia y se haría efectiva la caución prestada.

Pero antes de proceder a dicha revocatoria debía agotarse el procedimiento que el artículo 522 del Código de Procedimiento establecía en estos términos:

“Negación o revocatoria de los subrogados penales. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá revocar o negar los subrogados penales con base en la prueba indicativa de la causa que origina la decisión. De la prueba se dará traslado por tres días al condenado; durante los diez días siguientes al vencimiento de este término, podrá presentar las explicaciones que considere pertinentes.

La decisión deberá adoptarse dentro de los diez días siguientes por auto motivado”.

Al decidir la demanda formulada en contra del primer aparte del artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, la Corte Constitucional lo declaró exequible, por considerar que la posibilidad de revocar los subrogados penales no vulneraba los derechos fundamentales del condenado, dado que esa decisión debía tomarse con base en las pruebas que obraban en el expediente y no al simple arbitrio del juez de ejecución de penas y que, además, el afectado tenía oportunidad de ejercer su derechos de defensa. Dijo esa corporación:

“[L]a norma parcialmente impugnada al disponer que se podrán negar o revocar los subrogados penales ‘con base en prueba indicativa que origina la decisión’, está garantizando que la determinación del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad se funde en un parámetro serio y racional y no en su simple arbitrio o discrecionalidad. Por tanto, es evidente para la Corte que tal condicionamiento se ha instituido en beneficio del condenado para evitar que se perjudique con decisiones irreflexivas, ajenas a la realidad procesal. Además, frente a esta prueba el sentenciado goza del derecho de defensa, pues el artículo 522 en el aparte no acusado por el actor, le otorga un plazo de diez días para que pueda controvertirla y presentar todas las explicaciones que considere pertinentes.

3. En este orden de ideas, la presunta violación del derecho a la libertad, en la que el actor apoya la mayor parte de su demanda, es infundada, pues parte de la base de que el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, en lo acusado, permite al juez revocar o negar el subrogado penal, aun cuando el condenado satisfaga todos los requisitos de ley. Dice el demandante: ‘la libertad pertenece al hombre, con ella vive, surge y precede al derecho. No se debe imposibilitar su práctica, máxime si al cumplirse los requisitos exigidos por la ley (C.P., art. 68) no se le puede seguir permitiendo gozar al hombre de esta’. No sobra insistir, entonces, en que la facultad que se otorga al juez en la disposición parcialmente acusada, para revocar o negar el subrogado penal, solo puede ejercerse cuando el juez, después de un análisis serio sobre el material probatorio, concluye que los requisitos para acceder al subrogado no se han verificado o que se han incumplido, sin justa causa, las obligaciones impuestas.

4. Nótese, además, que el artículo 28 de la Constitución, si bien establece que toda persona debe ser libre, también consagra la posibilidad de limitar la libertad personal a título de detención preventiva, pena o medida de seguridad, claro está, siempre y cuando medie la decisión de una autoridad judicial competente y por motivos previamente definidos por el legislador. Es decir, que la libertad personal, como todo derecho reconocido en la Constitución, no es un derecho absoluto y, por tanto, es posible establecer restricciones a su ejercicio, fundadas en criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La responsabilidad penal por la comisión de un hecho delictivo es, entonces, uno de los fundamentos de esa restricción y permite al Estado suspender legítimamente algunos derechos del condenado o imponerle ciertas obligaciones, durante el tiempo que ha previsto el legislador.

Por otra parte, el actor parece olvidar que los subrogados penales no comportan el perdón judicial, sino que son sustitutos de la pena de prisión y arresto. Es decir, que si la consecuencia jurídica del delito es la privación de la libertad, mal podría entenderse que un condenado, puede gozar del mismo margen de libertad que aquel ciudadano que se ha sujetado al ordenamiento jurídico.

Así pues, de acuerdo con lo dicho hasta aquí, para la Corte es claro que no existe violación alguna del derecho a la libertad, si ante el incumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos contemplados en los artículos 68 y 72 del Código o de las obligaciones a que se refieren los artículos 69 y 73 del mismo estatuto, el juez niega o revoca el subrogado penal a un condenado, con base en prueba indicativa de la causa que origina la decisión pues, en ese evento, falla la condición en cuya virtud era posible suspender la ejecución de la pena o conceder la libertad condicional y, en consecuencia, la condena de arresto o prisión prevista en la ley, debe cumplirse.

5. Por las mismas razones, tampoco es acertado sostener que la facultad que se otorga al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, parcialmente impugnado, viola el principio de favorabilidad, pues si bien tal principio obliga al juez a optar por la alternativa normativa más favorable a la libertad del inculpado, esta solo puede aplicarse al condenado, cuando su conducta encuadra en los supuestos de hecho contemplados en la disposición menos restrictiva.

6. El aparte acusado del artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, tampoco viola el derecho a la igualdad entre quienes han recibido el beneficio de la libertad antes de la sentencia, y aquellos a los que les ha sido negado el subrogado penal, pues se trata de situaciones de hecho distintas. Los primeros, que son sindicados de un delito, mas no condenados, pueden acceder a la libertad provisional, figura diferente a la de los subrogados penales. En efecto, como lo ha sostenido en reiteradas ocasiones la Corte Suprema de Justicia.

(...)

El subrogado penal de la libertad condicional, supone el pronunciamiento de la sentencia de condena a pena de arresto mayor de tres años o prisión que exceda de dos, siempre que hubiere cumplido las dos terceras partes de la pena y exista pronóstico sobre su adaptación social. Luego aunque las tres instituciones tienen en común la libertad del procesado y que ella es restringida porque está sometida a determinadas condiciones, cuyo quebrantamiento entraña su revocatoria, son exactas también las marcadas diferencias que las identifican. Así por ejemplo, mientras la libertad provisional es una institución de carácter procesal, sometida a las reglas del estatuto adjetivo, para los procesados, los subrogados de la condena de ejecución condicional y libertad condicional, que se rigen por el estatuto sustantivo, contemplan para los condenados un modo de cumplir las penas de arresto y de prisión; la excarcelación se otorga en la medida en que no haya una sentencia condenatoria ejecutoriada, en tanto que la suspensión condicional de la pena se reconoce en la sentencia misma, y la libertad condicional cuando haya descontado las dos terceras partes de la sentencia impuesta; y en fin, las razones en que fincan, son diversas, ya que la libertad provisional tiende a neutralizar los efectos nocivos de una detención física, la suspensión condicional de la pena en que el condenado no requiere tratamiento penitenciario, y la libertad condicional, en la readaptación social del condenado (resalta la Corte).

7. Finalmente, y si bien no corresponde a la Corte en esta oportunidad hacer un juicio de constitucionalidad sobre los requisitos que se deben satisfacer para conceder los subrogados penales, por no ser objeto de acusación, es preciso anotar que no encuentra en la disposición parcialmente impugnada, ‘una visión peligrosista, antiliberal y propia de un derecho penal de autor’, como lo afirma el actor, pues como tantas veces ha insistido, la decisión judicial sobre los subrogados penales no depende de un encuadramiento del condenado como sujeto peligroso, sino del análisis objetivo y racional de su personalidad, de sus antecedentes familiares y sociales y de su comportamiento durante el proceso o en el tiempo de reclusión”(8).

3.4. De acuerdo con los supuestos fácticos ya señalados en esta providencia, lo dispuesto en el artículo 522 del Decreto Ley 100 de 1980 y los criterios que la Corte Constitucional expuso en la sentencia de exequibilidad sobre el alcance de esa disposición, concluye la Sala que en el caso concreto, los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez fueron privados injustamente de la libertad, porque el Juzgado Promiscuo Municipal de Paispamba, en su calidad de juez transitorio de ejecución de penas y medidas de seguridad, les revocó el subrogado penal de la condena de ejecución condicional, sin agotar previamente el procedimiento previsto en el artículo 522 citado.

El subrogado de la condena de ejecución condicional, previsto en el artículo 68 del Código Penal vigente al momento de los hechos, les fue concedido a los demandantes, con fundamento en las pruebas que se practicaron en el proceso penal, de acuerdo con las cuales el juez de Paispamba llegó a la convicción de que aquellos no requería tratamiento penitenciario, en consideración a su personalidad, la naturaleza y modalidades del hecho punible. Por lo tanto, dicho beneficio solo se les podía revocar, en el evento de haberse acreditado que durante el período de prueba hubieran cometido un nuevo delito o violado las obligaciones de que trataba el artículo 69 de la misma disposición, que era del siguiente tenor:

“Al otorgar la condena de ejecución condicional, el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad que considere convenientes. Además, impondrá las siguientes obligaciones:

1. Informar todo cambio de residencia.

2. Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos.

3. Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo.

4. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

5. Someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas o ante el consejo de patronato o institución que haga sus veces.

6. Observar buena conducta.

Estas obligaciones se garantizarán mediante caución”.

En el caso concreto, el juez de ejecución de penas no señaló las pruebas que indicaran que los condenados hubieran incumplido las exigencias legalmente previstas para tener derecho al beneficio, de tal manera que aquellos hubieran podido ejercer su derecho de defensa y contradicción. El juez promiscuo municipal de Paispamba, en su calidad de juez transitorio de ejecución de penas y medidas de seguridad, les revocó el beneficio porque no comparecieron a firmar el acta de compromiso de que trataba el artículo 69 del Código Penal antes citado, a pesar de que ese hecho no estaba previsto legalmente como causal de tal revocatoria. En consecuencia, hay lugar a concluir que la privación de la libertad que sufrieron los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez, durante los 6 meses en los que permanecieron recluidos en la cárcel de Paispamba fue injusta y, por lo tanto, la entidad deberá indemnizarles los perjuicios que se les causaron con ese daño.

En cuanto a la causal de exoneración de responsabilidad de la culpa exclusiva de las víctimas, alegada por la parte demandada, por no haber interpuesto los recursos de ley en contra de la providencia que les revocó el beneficio, cabe señalar que el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el artículo 70 ibídem, vigentes al momento de ocurrencia de esos hechos, establecían que tratándose de la libertad, la omisión de interponer los recursos legales no era constitutiva de culpa de la víctima.

Finalmente, advierte que la Sala que el derecho que tienen los demandantes a la indemnización, que más adelante se liquidará, no deviene de la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, en sede de tutela, en la cual protegieron sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso, sino de la verificación de que estos sufrieron un daño antijurídico, atribuible a la entidad demandada, constitutivo de privación injusta de la libertad.

La pretensión de protección inmediata de los derechos fundamentales y la indemnización de los daños antijurídicos que cause el Estado se formulan a través de acciones autónomas, en relación con las cuales están claramente diferenciados sus objetivos, fines y procedimientos. La primera pretensión se formula a través del ejercicio de la acción de tutela, la cual, según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, está prevista como mecanismo para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, a través de un procedimiento preferente y sumario, y la segunda, se reclama a través de la acción, hoy medio de control, de reparación directa, a través del cual se determinan los daños antijurídicos que debe reparar el Estado, en tanto le sean atribuibles (C.P., art. 90). El juez de tutela podrá reconocer al afectado la indemnización de los perjuicios que hubiera sufrido, cuando se reúnen las condiciones establecidas en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, a través del trámite de un trámite incidental(9).

4. La indemnización del perjuicio.

4.1. Perjuicios morales.

No existe hoy controversia sobre el hecho de que la privación de la libertad causa dolor moral no solo para la persona directamente afectada, sino también en relación con aquellos que tienen un vínculo afectivo con él(10).

La sala plena de la sección, en sentencia de unificación(11) ha fijado los siguientes topes para efectos de indemnizar los perjuicios morales causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del porcentaje de la víctima directa15% del porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
      
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
      
Superior a 9 e inferior a 128040282012
      
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
      
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
      
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
      
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en este caso, los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez fueron condenados a pena privativa de la libertad y a ellos se les concedió el subrogado de la pena de ejecución condicional. Por lo tanto, considera la Sala que los demandantes tienen derecho a recibir la indemnización por el daño que sufrieron al negárseles dicho beneficio, a pesar de no haber incumplido las condiciones señaladas en la ley y en la sentencia penal para la concesión del beneficio, ni habérseles dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero no puede perderse de vista que los demandantes fueron responsables del delito por el cual se adelantó el proceso penal y, además, fueron condenados a pena privativa de la libertad por un tiempo superior a aquel en el que permanecieron detenidos, por lo que dicha indemnización no podrá ser equivalente a la que tiene derecho a recibir quien nunca ha sido condenado.

A este respecto, vale destacar lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia que antes se citó. Dijo esa corporación que el beneficio de la condena de ejecución condicional “no comportan el perdón judicial, sino que son sustitutos de la pena de prisión y arresto. Es decir, que si la consecuencia jurídica del delito es la privación de la libertad, mal podría entenderse que un condenado, puede gozar del mismo margen de libertad que aquel ciudadano que se ha sujetado al ordenamiento jurídico”.

Se insiste: los subrogados penales son medidas sustitutivas de la pena, que se conceden a las personas condenadas a pena privativa de la libertad, siempre que se cumplan los requisitos señalados en la ley; son derechos del condenado y no gracias que dependan de la mera liberalidad del juez y, por lo tanto, su revocatoria, sin el agotamiento previo del trámite establecido en la ley y sin la verificación del incumplimiento de las exigencias establecidas en la misma, genera un daño antijurídico al afectado, que el Estado está en el deber de reparar; pero ese daño moral no es de la misma magnitud del que sufre quien es detenido de manera preventiva, pero al final se demuestra que no ha incurrido en violación alguna de la ley, es decir, de aquel frente al cual no se logra desvirtuar la presunción de inocencia que lo ampara, pero ha padecido los rigores de la prisión, en beneficio de los intereses de la colectividad. Por lo tanto, la reparación por la privación injusta de la libertad, en casos como el que aquí se trata debe ser proporcional al daño sufrido.

En ese orden de ideas, se reconocerá a favor de los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez una indemnización por el daño moral, en un porcentaje equivalente al 50% de la que deben recibir las personas que han sido privadas de la libertad pero que no han sido condenados a pagar una pena de esa naturaleza. Dado que estuvieron detenidos por un lapso de poco menos de 6 meses (desde el 14 y 15.sept. 1998, respectivamente, hasta el 12.mar.1999), tiene derecho a una reparación de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por la propia detención, incrementada en 10 salarios más para cada uno por la detención de su respectivo hermano, esto es, una indemnización por el daño moral equivalente a 35 salarios para cada uno de estos demandantes.

En relación con los demás demandantes, obran en el expediente los registros civiles del nacimiento de los señores Nabor Jiménez Alarcón y Luz Mari Jiménez Alarcón (fls. 12-14, cdno. 1), en los cuales consta que son hijos del señor Román Jiménez Chávez, por lo cual tienen derecho a una indemnización de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta que fueron dos los hermanos detenidos.

La señora María Etelvina aportó el certificado del registro civil de su nacimiento (fl. 13, cdno. 1), pero en el mismo no consta su filiación. Los demás demandantes no aportaron prueba alguna de su vínculo con las personas que estuvieron detenidas ni demostraron con otros medios de prueba diferentes su condición de damnificados, con excepción de los señores Adriano Jiménez y Romelia Chávez, quienes en el proceso penal se tuvieron como padres de los señores Román y Orlando Jiménez Chávez y a quienes, por lo tanto, se les reconocerá una indemnización de 40 salarios mínimos legales mensuales para cada uno, por considerar que su dolor fue mayor al tener dos hijos detenidos.

4.2. En cuanto a la indemnización por el perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, se procederá a su reconocimiento, con fundamento en los siguientes factores:

— Las fórmulas que utiliza la jurisprudencia para la liquidación del lucro cesante son las siguientes:

— Indemnización vencida o consolidada:

F1S200003886
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta, que en caso de los asalariados corresponde al ingreso salarial mensual. A falta de prueba distinta, se liquida esta indemnización con el salario mínimo legal mensual vigente al momento de los hechos, siempre que al actualizar ese valor de una suma superior al salario mínimo legal mensual vigente al momento de hacer la liquidación. Valor al cual se agrega el 25% que corresponde al cálculo de las prestaciones sociales. Para la fecha de la liquidación de esta sentencia el salario mínimo es de $ 644.350, el 25% de ese valor es igual a $ 161.087,05. La sumatoria de esos valores da como resultado un ingreso base de liquidación de $ 805.437,5.

i= Interés puro o técnico: 0.004867: es una constante.

n= número de meses que comprende el período de la indemnización: desde 14 y 15 de septiembre de 1998, respectivamente, hasta el 12 de marzo de 1999, esto es, 5.9 meses

La operación matemática es la siguiente:

F2S200003886
 

S= $4.809.106

5. Sin condena en costas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, solo en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio”(12). En el caso concreto, si bien la parte demandante no logró demostrar los hechos en los que fundamentó sus pretensiones, lo cierto es que no incurrió en conductas temerarias. Por lo tanto, no se la condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 5 de agosto de 2003 y, en su lugar, se DECIDE:

1. DECLARAR a la Nación – Nación - rama judicial patrimonialmente responsable por la privación de la libertad que sufrieron los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez, durante el lapso comprendido entre el 14 y el 15 de septiembre de 1998, respectivamente, hasta el 12 de marzo de 1999.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR a la Nación - rama judicial a pagar, a los demandantes, las siguientes cantidades:

1. Por concepto de perjuicios morales: Para cada uno de los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para cada uno de los señores Nabor Jiménez Alarcón y Luz Mari Jiménez Alarcón veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y para cada uno de los señores Adriano Jiménez y Romelia Chávez, cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.

2. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de cada uno de los señores Román Jiménez Chávez y Orlando Jiménez Chávez cuatro millones ochocientos nueve mil ciento seis pesos ($ 4.809.106).

2. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. La Nación - rama judicial dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En decisión proferida por la Sala Plena de la corporación el 9 de septiembre de 2008, exp. 34.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, se consideró que: “(...) el conocimiento de los procesos de reparación directa instaurados con invocación de los diversos títulos jurídicos de imputación previstos en la referida Ley Estatutaria de la Administración de Justicia corresponde, en primera instancia, a los tribunales administrativos, incluyendo aquellos cuya cuantía sea inferior a la suma equivalente a los 500 SMLMV”.

(2) Se aclara que la tutela amparó los derechos del señor Oliverio Palechor Jiménez, por haber sufrido un daño similar al alegado por los demandantes, en cuanto también se revocó el subrogado de la condena de ejecución condicional que le había sido concedida. No obstante, el proceso penal que se adelantó en contra del mismo y del cual obran copias en el expediente (fls. 364-611, cdno. de pruebas 2), es diferente a aquel que se tramitó en contra de los aquí demandantes por el delito de lesiones personales. Además, el señor Palechor Jiménez reclamó la indemnización de ese perjuicio a través de un proceso diferente, el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2008 (fls. 187-2002, cdno. 1).

(3) El artículo 72 del Decreto 100 de 1980 regulaba la ejecución condicional de la sentencia, en estos términos: “El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la pena de arresto mayor de tres años o a la de prisión que exceda de dos, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación social”.

(4) El artículo 68 del Decreto 100 de 1980 establecía: “En la sentencia condenatoria de primera, segunda o de única instancia, el juez podrá de oficio o a petición del interesado, suspender la ejecución por un período de prueba de dos (2) a cinco (5) años, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 1. Que la pena impuesta sea de arresto o no exceda de tres (3) años de prisión. 2. Que su personalidad, la naturaleza y modalidades del hecho punible, permitan suponer que el condenado no requiere de tratamiento penitenciario”.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-679 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) Artículo 70. “Si durante el período de prueba el condenado cometiere un nuevo delito o violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada”.

(7) Artículo 74. “Si durante el período de prueba que comprenderá el tiempo que falte para cumplir la condena y hasta una tercera parte más, cometiere el condenado un nuevo delito o violare las obligaciones impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectivo el resto de la pena que haya dejado de cumplir.// Si el juez decide extender el período de prueba más allá del tiempo de la condena, podrá prescindir de imponer al condenado, durante ese período de exceso, las obligaciones señaladas en el artículo 69”.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-679 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(9) “ART. 25.—Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.// La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra este, si se considerará que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.// Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, este condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.

(10) En sentencia de la Sala Plena de la Sección, de 6 de abril de 2011, exp. 21.653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, dijo la Sala: “La pérdida de la libertad genera a quien la sufre, un gran dolor moral, más aún cuando la retención se lleva a cabo en un centro de reclusión, porque en esas condiciones, el retenido pierde el contacto permanente con sus seres más queridos, el entorno en el que se ha desenvuelto su vida, la posibilidad de desarrollar sus proyectos, y se ve forzado a adaptarse a unas condiciones materiales que luego pueden afectar gravemente la reinserción a su medio social. Quien sufre una pena de prisión, o es sujeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva, ve afectado no sólo sus derechos a la movilidad sino también otra serie de derechos fundamentales e intereses, como lo son: las libertades de expresión, de reunión y manifestación, de asociación, la libertad sexual y otra serie de derechos civiles, económicos y familiares. En síntesis, sin lugar a dudas, la privación de la libertad produce dolor moral a quien sufre esa limitación, por tratarse de la pérdida de uno de los derechos más relevantes para el desarrollo integral de la persona, porque esa limitación representa la restricción de otros derechos fundamentales y de otros intereses y porque implica una ruptura en el proyecto de vida de cualquier ser humano”.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, exp. 36.149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(12) Sentencia de la Sala del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775.