Sentencia 2000-03932 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad. 1900123310002000-03932 01 (32490)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Yadira Dorado Burbano y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte y otros

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales de la acción.

1.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta que la cuantía de la demanda alcanza la exigida en vigencia de la Ley 954 de 2005 para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia(1).

1.2. Caducidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso la pretensión resarcitoria tiene que ver con la muerte del señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz, en hechos ocurridos el 27 de mayo de 1999, de donde la demanda debía presentarse hasta el día 26 de mayo de 2001 y, como lo fue el día 17 de octubre de 2000, resulta evidente que el ejercicio de la acción se hizo dentro del término previsto por la ley (CCA, art. 136).

1.3. Legitimación en la causa.

Por ser estrictamente necesario, sólo se analizará la legitimación en la causa de las entidades demandadas. Así, se tiene que las excepciones propuestas por el municipio de Popayán y por la Nación – Ministerio de Transporte, deben ser despachadas favorablemente, por cuanto está acreditado, además de ser un hecho notorio, que la vía Panamericana es de primer orden, esto es, de carácter nacional, luego, conforme a la normatividad vigente y al criterio reiterado de la Sala, su custodia corresponde al Instituto Nacional de Vías. En ese orden, se advierte que es esta entidad la legitimada en la causa por pasiva, en el asunto de la referencia.

2. Análisis del caso.

2.1. El daño.

Se encuentra debidamente acreditado que el señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz falleció el 27 de mayo de 1999, conforme lo indican su registro civil de defunción (fls. 10, cdno. 1) y el acta de inspección de cadáver (fls. 20-21, cdno. 1), según esta última como consecuencia de “shock hipovolémico secundario a lesión vascular”, confirmado por el protocolo de necropsia 162-99 (fls. 28-32, cdno. 2) del 27 de mayo de 1999, que estableció que la muerte fue consecuencia de “choque hipovolémico por ruptura de visera hueca, avulsión de tejidos blandos por traumatismo por accidente de tránsito”.

Asimismo, está acreditado que el señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz era: (i) hijo de Victoria Ortiz (ii) hermano de José Jairo Livio, María Auda, Gloria Eudilia y María llia Chamorro Ortiz, (iii) padre de Víctor Hugo Chamorro Dorado (según copia de los registros civiles de nacimiento fls. 11-18, cdno. 1) y (iv) compañero permanente de Yadira Burbano Dorado (copia de la declaración rendida por el señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz el 8 de septiembre de 1998 ante la notaría tercera del circulo de Popayán fl. 5, cdno. 1). Ahora, sabido es que la muerte de un ser querido ocasiona a sus familiares sufrimiento, congoja y aflicción, amén de los perjuicios de orden patrimonial.

Por tanto, dado que se encuentra demostrado el daño alegado por la parte actora, pasa la Sala a analizar si el mismo es imputable a las demandadas y, en consecuencia, a determinar si es necesario revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.2. Imputación.

De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, aunque el ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste hace referencia a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(2).

En el sub examine la parte demandante solicita que se declare la responsabilidad solidaria de las accionadas por la muerte del señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz en hechos ocurridos el día 27 de mayo de 1999, cuando la motocicleta en la que se trasportaba, colisionó con otro vehículo automotor.

Fundamenta la responsabilidad de la administración en la “Falta o falla del servicio”, por la construcción defectuosa de la intersección o cruce de la carretera Panamericana con calle 5ª de la ciudad de Popayán y por falta de señalización.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que los daños causados con ocasión de la conducción de vehículos automotores generan responsabilidad i) cuando se comprueba el daño, ii) la violación de las normas cuyo acatamiento hubiera evitado la producción del hecho dañoso y iii) el nexo de casualidad entre la actuación u omisión de la administración y los perjuicios ocasionados(3).

También se ha considerado que el Estado debe responder por los accidentes que se causen por el mal cuidado y mantenimiento de las vías públicas, así como por su falta de señalización(4), precisando que dicha responsabilidad no es de carácter absoluto, en tanto debe demostrarse la existencia de un nexo de casualidad entre el daño sufrido y las acciones u omisiones de las entidades encargadas de la vía pública. Además, en cuanto a la acreditación de las causales eximentes de responsabilidad sean estos fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima, es reiterada la jurisprudencia a cuyo tenor, acreditada una cualquiera, no procede sino la absolución por falta de causalidad.

Ahora bien, existen elementos determinantes para la configuración de cada una de las causales eximentes de responsabilidad que corresponden a (i) su irresistibilidad-fuerza mayor(5), y (ii) su exterioridad respecto del demandado-hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima(6). Elementos que deben ser analizados por el juzgador en cada caso particular, con el fin de establecer su alcance (acciones u omisiones) en los que se fundamentó la causal eximente de responsabilidad alegada en la producción del daño, es decir, determinar si los hechos tienen o no suficiente relevancia jurídica para liberar de responsabilidad al extremo pasivo de la litis.

Parámetros estos que se habrán de considerar, en el sub-lite, para determinar responsabilidad si se considera que el hecho de la víctima fue alegado conjuntamente por el Instituto Nacional de Vías “Invías” y la compañía de seguros La Previsora S.A. y la razón que asistió al a quo para decidir.

El “Invías” en la contestación de la demanda destacó que el “demandante acepta expresamente que el hoy occiso ocupante de la motocicleta el día 27 de mayo de 1999, si desobedecieron (sic) la señal de pare que se encuentra ubicada en la intersección de la variante sur de Popayán en la vía que del barrio Lomas de Granada conduce hasta la ciudad de Popayán, vía que utilizaban los hoy occisos (sic), reconociendo lo estipulado en el informe de la dirección general de tránsito terrestre de Popayán”, y así mismo propuso la excepción que llamó “culpa de la víctima”. Adujo que la misma “está suficientemente probada pues tanto el informe del accidente como el mismo demandante acepta que el ocupante de la moto el señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz no tuvo en cuenta las señales de tránsito ubicadas en el sitio del accidente”.

Por su parte la llamada en garantía puso de presente que:

“Según el informe de accidente de tránsito Nº 0526 del 27 de mayo de 1999, elaborado por los agentes de Policía de Tránsito, que atendieron el insuceso (sic), consigna como causa del accidente “código 112 para conductor vehículo de placas LGW-30” o sea desatender las señales de tránsito para el conductor de la motocicleta. En ningún momento los señores policías de tránsito señalan deficiencias en la señalización o en la vía.

Es el mismo libelista, quien en el numeral 1º del acápite correspondiente a falta de señalización, textualmente acepta que en la intersección de la variante con calle 5ª, existe una señal de pare en sentido occidente-oriente, suficientemente visible para aquellas personas que circulan en tal sentido y que “tienen” el imperativo legal de detener la marcha al llegar a dicha intersección.

(…) Sobre la calle 5ª al llegar a la intersección con la variante, existen señales de pare lo suficientemente visibles tanto en sentido oriente-occidente como en sentido occidente-oriente, y el conductor que circule por dicha vía, debe respetar la prelación (Código Nacional de Tránsito, art. 132) de los vehículos que circulen sobre la variante de la vía Panamericana, que fue lo que exactamente violó el hoy extinto Víctor Hugo Chamorro, quien desobedeció la señal de pare y no respetó la prelación de la tractomula.

Todo conductor que circule sobre la calle 5ª en cualquiera de los dos sentidos, debe detener la marcha y observar que sobre ninguno de los dos carriles de la variante circule carro alguno, para poder atravesar la calzada.

Por lo anterior, en el caso subjudice es evidente que nos encontramos frente a una culpa de la víctima, lo cual excluye de toda responsabilidad”.

Entiende la Sala que las entidades mencionadas se refieren a la causal de exclusión de responsabilidad de “hecho exclusivo y determinante de la víctima”, causal que debe acreditarse bajo el entendido de que los hechos que la fundamentan son la causa adecuada, eficiente y determinante del daño, que sobrepasan la órbita de la responsabilidad que se pretende imputar a la administración, es decir, para que pueda predicarse la configuración de este eximente de responsabilidad estatal, el hecho (acción u omisión) ejecutado por la víctima debe superar la simple causalidad y ser fundamental para la creación del resultado dañoso, de tal manera que el ingrediente fáctico que acompaña el hecho dependa exclusivamente de la voluntad de la víctima, sin el cual nunca se hubiera producido el resultado. Luego, debe entenderse que es la actuación de la víctima la esencia fundamental del daño, su causa eficiente, pero que en sí mismo el hecho (acción u omisión) debe ser determinante, adecuado e inequívoco para la producción del resultado dañoso.

En ese orden, procede la Sala a estudiar la prosperidad de la mencionada causal de exclusión de responsabilidad, partiendo del análisis de las pruebas y de los fundamentos sobre los que se edificó el libelo.

De las pruebas allegadas por las partes y de su valoración en conjunto, se advierte que la muerte del señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz es imputable exclusivamente a la víctima, en razón de que su actuación deviene la causa adecuada, determinante y eficiente del daño, así:

En primer lugar, la parte demandante afirmó que el señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz se desempeñaba como profesor de tiempo completo en el colegio nacional de enseñanza “Liborio Mejía” de El Tambo (Cauca)(7), como lo certificó la Secretaría de Educación de la Gobernación del Cauca así: “el docente Víctor Hugo Camacho Ortiz identificado con la cédula Nº 13.002.985 de Ipiales, falleció el 27 de mayo de 1999 y el último cargo desempeñado fue docente del colegio Liborio Mejía, municipio El Tambo. Ingresó a laborar el 21 de noviembre de 1981 hasta el 27 de mayo de 1999”(8).

Asimismo, adjuntó al proceso copia del contrato de arrendamiento (fl. 9, cdno. 1) del lugar de habitación del señor Víctor Hugo Camacho Ortiz, ubicado en la ciudad de Popayán, a partir del día 6 de julio de 1998.

A su vez, indicó que “el día 27 de mayo de 1999, terminadas la labores docentes, el profesor Víctor Hugo Chamorro Ortiz salió de la población de El Tambo (Cauca) aproximadamente a las 2 p.m. con destino a la ciudad de Popayán conduciendo una motocicleta de su propiedad. A eso de las tres (3) de la tarde llegó (la víctima) a la intersección o cruce de la carretera Panamericana Pasto - Cali o variante sur con calle 5ª de la ciudad de Popayán, sitio Los Kioskos, y como observa que por el lado izquierdo, carril dirección Cali - Pasto que le correspondía atravesar, no venía ningún vehículo, reinició la marcha, con tan mala suerte que al llegar al otro carril en sentido contrario, o sea, vía Pasto - Cali, se estrelló con un camión doble troque”(9) —se resalta—.

De otro lado, se allegó al proceso el informe de accidente Nº 326 del 27 de mayo de 1999 (fls. 22-23, cdno. 1) suscrito por los agentes de tránsito José Nelson Santa Jaramillo y Manuel Bolívar Quilindo Sánchez, pertenecientes a la dirección de tránsito y transporte de Popayán, que permite establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos de que trata el sub lite(10):

“1. Oficina: Popayán.

2. Gravedad: con heridos.

3. Clase: choque.

4. Lugar: calle 5ª cruce variante nueva Los Kioskos.

5. Fecha y hora: 27-05-99 jueves 15:00 horas.

6. Características del lugar.

6.1. Área: urbana.

6.2. Sector: industrial.

6.4. Diseño: intersección.

6.5. Tiempo: lluvia.

7. Características de las vías.

7.1. Geométricas: recta, plana, con bermas, para vehículos 1 y 2.

7.2. Utilización: doble sentido, para vehículos 1 y 2.

7.3. Calzadas: una, para vehículos 1 y 2.

7.4. Carriles: dos, para vehículos 1 y 2.

7.5. Material: asfalto, para vehículos 1 y 2.

7.6. Estado: bueno, para vehículos 1 y 2.

7.7. Condiciones: húmeda, para vehículos 1 y 2.

7.8. Iluminación: con buena iluminación, para vehículos 1 y 2.

7.9. Controles: para vehículo Nº 1: pare.

Para vehículo Nº 2: ninguna.

Demarcación: para vehículo Nº 1: línea de pare.

Para vehículo Nº 2: línea central.

Línea de borde

8. Croquis:

(…)

9. Conductores, vehículos, propietarios.

Vehículo Nº 1: moto LGW 30 conducida por el señor Víctor Hugo Camacho Ortiz.

Vehículo Nº 2: camión SIK 188 conducido por el señor Hernán Mauricio Calvache Grijalba.

9.4. Tipo: para vehículo Nº 1: moto.

Para vehículo Nº 2: camión.

9.5. Servicio: para vehículo Nº 1: particular.

Para vehículo Nº 2: público.

9.6. Defectos en: para vehículo Nº 1: ninguno.

Para vehículo Nº 2: ninguno.

9.7. Seguro de responsabilidad civil: para vehículo Nº 1: ninguno.

Para vehículo Nº 2: ninguno.

Lugar del impacto(11) 

Para vehículo Nº 1: parte frontal, parte frontal superior, parte media y trasera superior.

Para vehículo Nº 2: parte izquierda trasera.

12. Causas probables: para vehículo Nº 1: código 112(12).

Para vehículo Nº 2: ninguno.

Versiones: para vehículo Nº 1: no se le pudo tomar por su estado de salud delicado.

Para vehículo Nº 2: yo voy despacio, estoy pasando por el cruce y sentí un golpe atrás, frene (sic) y fue una moto que me dio atrás”.

Finalmente, en el protocolo de necropsia (fls. 30-32, cdno. 2) en el acápite “resumen de los datos previos” se lee: “según el acta de levantamiento el hoy occiso se desplazaba en motocicleta en sentido occidente – oriente por la calle 5ª en la intersección de la variante no hizo el pare correspondiente siendo arrollado por camión doble troque”. Concluye que “el hoy occiso fallece a consecuencia de choque hipovolémico por ruptura de víscera hueca, avulsión de tejidos blandos por traumatismo por accidente de tránsito”.

Ahora bien, de las probanzas recolectadas en el proceso, resulta evidente que el señor Chamorro Ortiz desatendió las señales de tránsito que le indicaban que debía detener su vehículo para poder cruzar la intersección de la calle 5ª con la vía Panamericana; vía que, además, es de primer orden, de carácter nacional y que por sus características está dispuesta para la circulación de vehículos de toda clase, incluyendo en ésta, principalmente, los vehículos de carga. Aspecto este que la parte demandante admite cuando se refiere al cruce de la misma con la calle 5ª de la ciudad de Popayán como “una intersección de tráfico automotor intenso, rápido e ininterrumpido las 24 horas del día”.

A su vez, como se vio, el señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz se desempeñaba desde el año 1981 como profesor en el colegio nacional Liborio Mejía ubicado en el municipio de El Tambo (Cauca) según da cuenta la certificación expedida por la secretaría de educación del departamento del Cauca(13) y residía en Popayán, de donde, por razones de su ejercicio, se desplazaba a diario a su lugar de trabajo por la vía, situación que le permite a la Sala inferir que el señor Chamorro utilizaba el cruce o intersección de la vía Panamericana con calle 5ª de la ciudad de Popayán con frecuencia.

Establece el examen de alcoholemia obrante a folio 33 del cuaderno 2 que en el análisis realizado a la sangre del occiso arrojó como resultado “alcohol etílico: no detectado”. Por lo que es evidente que el día 27 de mayo de 1999 el señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz conducía su motocicleta de manera habitual y en estado de sobriedad.

Se tiene, entonces, que la víctima por imprudencia, generó la colisión; de suerte que su compañera, hijo, padres y hermanos no serán indemnizados, simplemente porque la administración no es responsable.

Y es que a todas las personas les es exigible procurar su auto conservación, protección y cuidado, toda vez está fuera de toda lógica en la conducción de vehículos, que al llegar al cruce de una vía principal de una sola calzada de doble carril(14), el conductor obligado no haga el pare. Sin que se pueda pretender que la señalización sólo opere para el carril más próximo (para este caso, el izquierdo) omitiendo la observación del estado del tráfico del carril que viene en contrasentido.

En ese orden, no es admisible para la Sala la interpretación de la parte demandante. Máxime si se considera que, de conformidad con el acta de levantamiento 151 del 27 de mayo de 1999 y del informe de accidente de tránsito Nº 326 de la misma fecha, fue la víctima quien omitió la señal de pare(15), ubicada en la calle 5ª de la ciudad de Popayán en sentido occidente-oriente, y así, para reiniciar su marcha consideró solo el lado izquierdo de la vía, al margen de la prelación(16) de la vía principal; cuando lo correcto tenía que ver con detener por completo el vehículo y cerciorarse del estado del tráfico en los dos sentidos, omisión que le generó el choque de su propio vehículo contra la parte izquierda trasera del camión de placas SDK188 y así mismo la muerte.

Por otra parte, para la Sala es evidente que la actividad de conducción de vehículos en días de lluvia(17), en los que las vías se encuentran húmedas(18) se incrementa el riesgo de sufrir accidentes, toda vez que las condiciones atmosféricas reducen la visibilidad y la maniobrabilidad, por lo que al señor Víctor Hugo Chamorro Ortiz le era exigible, en un grado superior, el cumplimiento de la obligación de acatar las señales de tránsito. Es así que su desatención a las normas concluyó en la colisión, con la parte frontal de su moto(19), al camión doble troque en su costado izquierdo trasero(20), hecho que se tradujo en su propia muerte.

El análisis de las características de tiempo, modo y lugar descrito principalmente en el informe de accidente de tránsito, llevan a esta Sala al convencimiento de que la víctima pasó por alto el deber jurídico de atender las señales de tránsito, omisión que para la Sala constituye la causa adecuada, eficiente y determinante del hecho dañino, pues de haber observado la señal de pare y haber inspeccionado ambos sentidos de la vía, la colisión no se habría producido.

Cabe anotar que, además de lo dicho, en el trámite se probó que había señalización en la vía (había señal de pare en la intersección), de modo que la parte actora tampoco acreditó la falta de señalización, supuestos en los que se fundamentaron la demanda y la alzada.

Corolario de lo anterior, la sentencia de primer grado será confirmada en lo que tiene que ver con la denegación de las pretensiones y se modificará en el sentido de adicionar a la decisión la prosperidad de las excepciones propuestas, que señalan (i) a la víctima como ejecutor de lo acontecido y (ii) al municipio de Popayán y a la Nación como ajenos a la litis.

7. Costas procesales.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento de este tipo en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del proceso, razón por la cual no se impondrá condena al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

Modificar la sentencia del 28 de julio de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, la cual quedará así:

1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Nación - Ministerio de Transporte y el municipio de Popayán.

2. Declarar probada la excepción de hecho determinante y exclusivo de la víctima, propuesta por el Instituto Nacional de Vías “Invías” y la compañía aseguradora La Previsora S.A., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

3. Negar las pretensiones de la demanda.

4. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

(1) Para la época en la que se interpuso la demanda —17 de octubre de 2000—, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 130.050.000, de conformidad con lo previsto en la Ley 954 de 2005, artículo 1º, pues esta es la norma aplicable, en consideración a que el recurso de apelación se presentó el 12 de agosto de 2005, es decir, en vigencia de la citada ley (entre abr. 28/2005 y el ago. 1º/2006, calenda en la que entraron a operar los juzgados administrativos —artículo 2º del Acuerdo PSAA06-3409 de 2006 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura). En este caso, la pretensión de mayor valor corresponde a la suma de $ 158.400.000, a favor de la señora Yadira Dorado Burbano, por concepto de perjuicios materiales.

(2) Sentencia de 2 de marzo de 2000, Expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(3) Sobre el particular se puede consultar las sentencias de 9 de diciembre de 2011, Expediente 22211, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 23 de junio de 2010, Expediente 18376, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 9 de junio de 2010, Expediente 18078, C.P. Gladys Agudelo Ordoñez; de 26 de mayo de 2010, Expediente 17635, C.P. Gladys Agudelo Ordoñez; de 18 de junio de 2008, Expediente 16518, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y de 10 de diciembre de 2005, Expediente 19968, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 18108.

(5) “En este punto cabe precisar la diferencia entre la causal eximente de responsabilidad por la fuerza mayor y el caso fortuito que no tiene esa virtualidad. La fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad se equiparan en el derecho privado, mientras que el administrativo les tiene demarcado sus efectos, y ello hace que no se refiera a estas dos hipótesis indistintamente. Varios han sido los criterios ensayados en la jurisprudencia con base en la doctrina sobre la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Así, se ha dicho que: (i) el caso fortuito es un suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño; mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad; (ii) hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida; (iii) la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, y la de la fuerza mayor en la irresistibilidad, y (iv) el caso fortuito se relaciona con acontecimientos provenientes del hombre y la fuerza mayor a hechos producidos por la naturaleza. De manera más reciente ha insistido la Sala en la distinción entre fuerza mayor y caso fortuito basada en el origen de la causa. De este modo, mientras se demuestre por la parte actora que en el ejercicio de una actividad de las calificadas de riesgo o peligrosas, se le causó un daño que proviene del ejercicio de aquellas, el caso fortuito no podrá excluir o atenuar la responsabilidad de la persona pública, ya que se parte de que el evento ocurrido tiene un origen interno al servicio, la actuación o la obra pública. No ocurre lo mismo cuando la causal eximente que se alega es la fuerza mayor, cuyo origen es extraño, externo a la actividad de la administración, el cual sí constituye eximente de responsabilidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 2007, Expediente 15.494, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(6) La exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada. Consejo de Estado, sentencia del 26 de enero de 2011, Expediente 66001-23-31-000-1998-00241-01 (18429), C.P. Gladys Agudelo Ordoñez.

(7) Hecho quinto de la demanda.

(8) Certificación obrante a folio 36 del cuaderno 2.

(9) Hecho octavo de la demanda.

(10) Resumen elaborado por la Sala, de las gráficas manuscritas consignadas en el mencionado informe.

(11) Descripción del “lugar del impacto”, según la imagen contenida en el informe de accidente Nº 326 del 27 de mayo de 1999.

(12) Código Nacional de Tránsito (D. 1344/70) artículo 112. - “Las señales de tránsito se dividen en: 1. Señales de reglamentación o reglamentaciones, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso, y cuya violación constituye falta”. —se resalta—.

(13) Certificación obrante a folio 36 del cuaderno 2.

(14) Numerales 7.3 y 7.4 del informe de accidente Nº 326.

(15) Numeral 7.9. Controles: para vehículo 1: pare del mencionado informe.

(16) Artículo 127º Código Nacional de Tránsito (D. 1344/70). - El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda.

(17) Numeral 6.5. del informe de accidente Nº 326.

(18) Numeral 7.7. del informe de accidente Nº 326.

(19) Numeral 9.7. “lugar del impacto” vehículo 1, del mencionado informe.

(20) Numeral 9.7. “lugar del impacto” vehículo 2, del mencionado informe.