Sentencia 2000-03994/31234 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Expediente: 31.234

Rad.: 190012331000200003994-01

Demandante: Luz Elena López Giraldo

Demandado: Nación Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

Naturaleza: Acción de reparación directa

Temas: Responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial. La culpa de la víctima se configura cuando el afectado no interpone los recursos de ley contra la providencia.

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

(…)

Extractos: «Consideraciones.

1. Los presupuestos procesales de la acción.

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta Corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala.

Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Además, la Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de los mismos, correspondía, en primera instancia a los tribunales administrativos y, en segunda instancia, al Consejo de Estado, sin que sea relevante el aspecto relacionado con la cuantía(2).

1.2. Procedencia de la acción.

La acción de reparación directa es la procedente para resolver el conflicto planteado, dado que lo que se pretende es la indemnización de los perjuicios sufridos por la señora Luz Elena López Giraldo por la presunta comisión de un error judicial.

1.3. Legitimación en la causa.

La demandante está legitimada en la causa, toda vez que alega haber sido afectada con los hechos que se considera causantes del daño y la demandada es una entidad de derecho público.

1.4. La demanda en tiempo.

Dado que las pretensiones formuladas en ejercicio de la acción de reparación directa están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por la demandante como consecuencia del presunto error judicial cometido en el proceso ejecutivo iniciado por la abogada Cielo Sierra en contra de la señora Luz Elena López, que cursó en el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada, se considera que el término para presentar la demanda empezó a correr a partir de la ejecutoria de la decisión adoptada en audiencia celebrada el 6 de octubre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cauca-Sala Civil Laboral mediante la cual que negó en segunda instancia las excepciones formuladas por la demandante. Por lo tanto, la demanda presentada el 25 de octubre de 2000, lo fue dentro de los dos años previstos en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

4. Problema Jurídico.

Debe la Sala proceder a determinar si se incurrió en error judicial, por haberse ordenado el pago de una suma de dinero no debida como honorarios a la abogada que representó a la señora Luz Elena López Giraldo y si los daños derivados del mismo son imputables a la entidad demandada, o a la propia afectuada.

4.1. Sobre el concepto de error judicial.

Antes de entrar en el fondo del asunto señalado, considera la Sala relevante reiterar el alcance que se le ha dado en la jurisprudencia al concepto de error judicial.

En el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— se estableció la responsabilidad del Estado “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”, bien que provengan del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, del error jurisdiccional, o de la privación injusta de la libertad.

En el artículo 66 de dicha ley se definió el error judicial como el “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Los presupuestos que deben estar presentes en determinado caso para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, quedaron precisados en el artículo 67, en los siguientes términos.

“ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto todos los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva del error deberá estar en firme.

En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(3). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como los jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(4).

En relación con el deber de agotar los recursos de ley para que se configure el error judicial, la Subsección A de la Sección Tercera de la Corporación en sentencia reciente ha reiterado el criterio jurisprudencial de la Sala, apoyando además sus consideraciones en sentencias de la Corte Constitucional y en la doctrina, así:

Al respecto, la Sala ha señalado lo siguiente:

Cabe finalmente advertir que al interesado en que se declare la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de los [que] ejercen la función de administrar justicia, no les basta probar la existencia del daño o la existencia de un acto o hecho de la rama judicial, es indispensable demostrar que aquel es la causa jurídica del daño.

Es por ello que la responsabilidad patrimonial requiere para su configuración, que el afectado no haya generado la situación que le es perjudicial, a cuyo efecto debe probar que agotó todos los recursos legales con los que contaba para evitar o excluir la perturbación. De lo contrario, estaríamos frente a un perjuicio ocasionado por la negligencia o falta del propio afectado y se impondría la absolución del Estado.

Así lo previó la Ley 270 de 1996, que establece como presupuestos del error jurisdiccional que el afectado haya interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado, cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y que la providencia contentiva de error esté en firme”(5)

Así pues, al registrar de manera tácita su conformidad o complacencia para con el contenido de una determinada decisión judicial, la parte respectiva renuncia y/o pierde la oportunidad de alegar posteriormente, por vía de la acción de reparación directa, el reconocimiento o indemnización de los perjuicios que le hubiere generado aquella decisión judicial frente a la cual, en su debida oportunidad, se mostró conforme o satisfecho a través de su pasividad, lo cual obliga a reafirmar el principio de que nadie puede beneficiarse de su propia torpeza o negligencia.

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037 de 1996, a través de la cual se efectuó la revisión del proyecto de la “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”, en relación con el artículo 70 del referido cuerpo legislativo, precisó:

“Este artículo contiene una acción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 35-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligencia de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa” (Se destaca).

A su turno, la doctrina nacional ha destacado la finalidad e importancia que representa el ejercicio oportuno de los recursos por parte del administrado, dentro del trámite de un proceso judicial, en los siguientes términos:

“Los actos del juez, como toda obra humana, son susceptibles de error, bien por fallas en la aplicación de normas sustanciales o procesales, o por olvidos del funcionario. Puede, inclusive, suceder que la actuación del juez sea correcta, ajustada en un todo a la legalidad, pero que una parte, aun las dos o un tercero autorizado para concurrir al proceso estimen que vulnera sus derechos. Por ello se hace necesario permitir a las personas habilitadas para intervenir dentro de un proceso, el uso de los instrumentos adecuados para restablecer la normalidad jurídica si es que ésta realmente fue alterada o para erradicar toda incertidumbre que el presunto afectado pueda albergar cuando es él y no el juez el equivocado.

Esos instrumentos son, precisamente, los recursos o medios de impugnación que tienen las partes y los terceros habilitados para intervenir dentro de un proceso para solicitar la reforma o revocatoria de una providencia judicial.

(…)”(6) (Se destaca).

De igual manera, el Tribunal Constitucional, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado respecto del alcance que tiene la presentación de los recursos dentro de un proceso judicial como una manera de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la Administración de Justicia; en efecto, en Sentencia C-716 de 2003 manifestó lo siguiente:

Como una de las formas de garantizar el debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas se encuentran los recursos, establecidos por los ordenamientos Jurídico - procesales, con el fin de obtener a través de su oportuno ejercicio la corrección de los yerros encontrados en decisiones judiciales. Los recursos o medios de impugnación, han sido clasificados por el legislador en ordinarios y extraordinarios dentro de estos últimos están el recurso extraordinario de cesación y al de revisión” (Se resalta).

En ese orden de ideas, no cabe lugar a dudas que todo ciudadano que haya acudido ante algún operador judicial a ventilar determinado asunto, dispone de diversos mecanismos y/o instrumentos procesales que le permitan controvertir las decisiones que lo afecten y/o con las cuales se encuentre en desacuerdo por lo tanto, constituye un deber de todo sujeto procesal el ejercicio oportuno de los medios de impugnación dentro de cada asunto judicial, cuando las circunstancias así lo ameriten, con el fin de obtener del juez respectivo la corrección o revocatoria de determinada providencia(7).

En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho susceptible de ser controlado a través de la acción de tutela, por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo, ya que la responsabilidad extracontractual del Estado es distinta de la responsabilidad personal del funcionario judicial. Ha dicho la Sala que “el error que puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reduce a la “Vía de hecho”, ni se identifica con las llamadas por la Corte Constitucional “Causales de procedibilidad””: esto es, un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución, porque el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar”(8).

Las dificultades que implica el análisis del error judicial han sido advertidas por la Sala, así:

Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre ésta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y validos entendimientos de lo jurídico.

Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(9) tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(10). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(11).

De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que ésta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(12).

En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de éste fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico(13).

4.2. El caso concreto.

4.2.1. La indemnización reconocida a la demandante en el proceso de reparación directa.

Está demostrado que la señora Luz Elena López Giraldo confirió poder a la abogada Cielo Sierra de Ceballos para que instaurara acción de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios que le causó el decomiso de la motonave pesquera “Cafetero”, de su propiedad (fl. 64 cdno. 1 de pbas.).

También está probado que ese proceso culminó con Sentencia de 5 de noviembre de 1993, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 66-76 cdno. 1 de pruebas), en la cual se declaró la responsabilidad de la entidad demandada por el decomiso de la motonave, por presunción de narcotráfico, en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 1989 y el 8 de marzo de 1991 y se condenó a pagarle la indemnización de perjuicios conforme a las pauta señaladas en la misma:

Los perjuicios materiales (daño emergente) se determinarán a través de la prueba pericial, con intervención de dos peritos especializados en cuestiones navales, quienes establecerán el monto de este perjuicio teniendo en cuenta el estado de la nave al momento de la entrega, las actas de entrega de la motonave a la entidad y la entrega de la nave a la demandante (…) las facturas que conserven sobre los bienes que se encontraban en la nave y las que correspondan a valores invertidos en su reparación, si hubiera operando esta y los demás medios adecuados que puedan determinar el valor en concreto de los daños ocasionados al bien. En este valor será incluido el valor pagado por remolque de la motonave (…).

En cuanto el lucro cesante, que habrá de reconocerse, puesto que quedó establecido como se expresó anteriormente, que el bien era productivo, se determinará también por medio de peritos contadores que tendrán como fundamento el examen de los libros y papeles de contabilidad de la empresa Compañía Pesquera Colombiana S.A. Copescol, a la cual estaba afiliada y vendía sus productos la motonave (…), tomando en cuenta el número de faenas de pesca realizadas y el valor del producto mensualmente. El tiempo será el comprendido entre el 19 de noviembre de 1989 fecha del decomiso hasta octubre de 1991, fecha en que regresó a las faenas con implementos alquilados.

Las anteriores sumas se actualizarán al valor que tengan a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, esta Corporación, mediante Sentencia de 23 de febrero de 1996 (fls. 78-88 cdno. 1), modificó las bases de la condena en estos términos:

La Sala considera acertados los argumentos que le sirvieron al a quo para decretar la condena en abstracto y prohija las pautas señaladas para su liquidación incidental…

Frente al lucro cesante, la Sala… estima que si debe haber reconocimiento por lucro cesante, pero solo circunscrito al tiempo que duró la reparación de la nave. Periodo éste que deberá determinarse pericialmente o por otros medios idóneos. Como igualmente deberá determinarse contablemente o por otras pruebas lo que dejó de ganar durante ese mismo periodo de inmovilización por reparación, con base en los libros y papeles de contabilidad de la empresa Copescol S.A. a la cual estaba afiliada y vendía sus productos la motonave (…).

Además, la condena no podrá exceder, en su valor histórico se entiende, de la suma de $137.000.000 señalada en la demanda. El valor que se determine tanto por lucro cesante como por daño emergente deberá revaluarse con sujeción a las fórmulas adoptadas por la jurisprudencia y con fundamento en los índices de precios al consumidor, tal como lo impone el art. 178 del Código Contencioso Administrativo. El incidente de liquidación, se precisa, deberá formularse dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del auto del a quo que ordene cumplir lo aquí resuelto.

Mediante providencia de 16 de mayo de 1997 (fls. 92-96 cdno de pbas.), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el incidente de liquidación de perjuicios y liquidó la condena impuesta en los siguientes términos:

Dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la parte demandante, presentó la diligencia de perjuicios, cuantificado su pretensión en la suma de… $104.140.013, por concepto de daño emergente y lucro cesante, sumándole a dicha cantidad la corrección monetaria, además de solicitar el nombramiento de dos peritos idóneos en la materia, para que manifiesten si la liquidación está ceñida a la realidad.

Los peritos nombrados, dentro del término, presentaron el dictamen pericial, arrojando la liquidación un total de daño emergente y lucro cesante de $1.379.794.629 pesos mcte. Conforme a lo previsto en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil se dio el curso legal al dictamen sin que se hubiese hecho pronunciamiento alguno por las partes.

El dictamen rendido como prueba es lo suficientemente claro y fundamentado, por ello, se considera medio suficiente para acreditar la cuantía de los perjuicios liquidados, no obstante, observa la Sala que tanto el valor establecido en él, así como la liquidación presenta por el actor, en sus diferentes modalidades de perjuicios, superan la suma reclamada en la demanda, suma a la que el Consejo de Estado limitó su reconocimiento (…) circunstancia por la cual solo habrá de reconocersele ésta, con corrección monetaria…

Ha de concluirse, de lo expresado anteriormente, que de la liquidación presentada por la demandante solo se reconocerá la suma determinada en el fallo, el que exprese refiriéndose a la condena: “no podrá exceder en su valor histórico, se entiende de la suma de $137.000.000, señalada en la demanda.

Para la actualización de la anterior suma, se tiene en cuenta que el valor se compone de 75 millones por daño emergente (…) y 62 millones por lucro cesante.

En cuanto a los periodos, se toman para el daño emergente, desde el 18 de noviembre de 1989, fecha de la retención de la motonave, hasta el día 7 de marzo de 1986, fecha de la ejecutoria del fallo; para el lucro cesante, el término de 20 meses, establecidos en el incidente (…), 15 de marzo de 1991 a 20 de noviembre de 1992.

Aplicando la fórmula se tiene:

Daño Emergente:

Ra = $312.493.967,28

Lucro Cesante:

Ra = $89.251.028,35

Gran Total de Perjuicios $401.744.995,55 pesos mcte.

Mediante providencia de 28 de marzo de 1998, proferida por esta Sección, se modificó el valor de la indemnización liquidada por el a quo, la cual redujo a $277.451.034,64 (fls. 116-126 cdno.1), por considerar que:

Era clara y precisa la decisión impartida por la Sala sobre el monto total de la condena y como quiera que fue la misma demandante quien limitó sus pretensiones por daño emergente a la suma de $75.000.000, y por lucro cesante a $62.000.0000 (…), al establecer razonadamente la cuantía de sus pretensiones, serán estas sumas las que se tendrán como mínimo para liquidar la condena correspondiente, teniendo en cuenta que el cálculo del lucro cesante debe reconocerse ‘pero solo circunscrito al tiempo que duró la reparación de la nave’ (…) como se dispuso por esta Sala.

En consecuencia, la nueva liquidación se practicará teniendo en cuenta las pautas señaladas en la Sentencia de 23 de febrero de 1996, de tal modo que al haber superado el a quo, en el incidente de liquidación de la condena las cifras establecidas en el fallo referido, en obedecimiento del mismo, procede la Sala a adecuar la cuantificación a los límites establecidos.

Por lo tanto, la nueva liquidación quedará así:

A. Daño Emergente

IPC Inicial noviembre de 1991: 208,79

Se toma como índice inicial, por cuanto la demandante señaló que para la fecha de presentación de la demanda (19 de noviembre de 1991), el daño emergente equivalía a $75.000.000.

B. Lucro Cesante.

Se hará el cálculo respecto del tiempo que duró la reparación de la nave:

Considera la Sala que el periodo señalado por la demanda, de 20 meses, es excesivo y se estima en cambio suficiente para tal reparación, un término prudencial de tres meses. Tal apreciación encuentra sustento en los plazos señalados por el Astillero Varadero Buenaventura Ltda. y Emaus empresas de servicios de astilleros, las cuales al cotizar los servicios de mantenimiento preventivo y reparación de la motonave pesquera ‘Cafetero’, coincidieron en señalar un plazo de 60 días para hacer los trabajos correspondientes relacionados en las respectivas cotizaciones (…).

Si aparte del plazo antedicho se toma en consideración alguna demora excepcional para la culminación del trabajo, estima la Sala razonable señalar el término de 90 días para calcular el lucro cesante.

Ahora bien, conforme con lo ya dispuesto por esta Sección, se fundamenta el cálculo del lucro cesante en la contabilidad de Copascol, para lo cual se tomarán los datos certificados por el contador general de dicha empresa (…), según los cuales, por ocho (8) fanegadas realizadas en el año de 1989 se pagarán $14.630.381, dándose entonces un valor por faena de $1.828.797,62.

De otro lado, de la prueba citada y del experticio rendido con ocasión del incidente de liquidación de condena (…), se concluye que el barco “El Cafetero”, realizaba una (1) faena mensual.

El lucro cesante se liquidará, entonces tomando el valor de cada faena, multiplicada por el número de faenas dejadas de realizar durante el tiempo de la reparación, contado a partir de la fecha de devolución de la motonave retenida (8 de marzo de 1991), así:

LC = $1.828,797,62 x 3= $5.486.392.86

La suma anterior se actualizará a la fecha de la presente providencia:

Entonces:

Vp = $5.486.392.86 ×718,04 (sic)= $20.240.430,24(sic)
134,09 (sic)

Total a indemnizar: $277.451.084,64 (Resaltado fuera de texto)

4.3.2. El proceso ejecutivo adelantado por la apoderada en contra de la aquí demandante.

Aparece acreditado en el expediente que la señora Luz Elena López Giraldo revocó el poder a la abogada Cielo Sierra de Ceballos, el 5 de junio de 1996, fecha en la cual constituyó nuevo apoderado, para que continuara con el incidente de liquidación de perjuicios, según la certificación expedida por el secretario de la Sección Primera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fl. 98, cdno1 de pbas.).

La abogada Cielo Sierra de Ceballos presentó demanda ejecutiva en contra de la señora Luz Elena López Giraldo, con el fin de obtener el pago de los honorarios profesionales que había pactado con la poderdante.

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, mediante auto de 26 de agosto de 1997, reconoció personería a la abogada; ordenó prestar juramento en relación con los bienes denunciados como de propiedad de la ejecutada, para la medida de embargo y secuestro, y señaló el día 10 de septiembre del mismo año para reconocimiento de documento presentado como título de recaudo. En razón a que a esa última diligencia no concurrió la demanda, ese despacho judicial se abstuvo de librar mandamiento de pago y ordenó la devolución de los documentos presentados con la demanda. Contra esa decisión, la abogada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Valle del Cauca, que confirmó la providencia recurrida (fls. 10-13 cdno. 1 ppal).

El 16 de junio de 1998, la abogada Cielo Sierra de Ceballos promovió de nuevo demanda ejecutiva laboral contra los señores Luz Elena López y Víctor García Truyot, a quien aquella presuntamente había cedido el crédito, ante el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada (fl. 99 cdno. 1 de pbas.), en la cual solicitó el pago de $120.523.498,55 correspondiente al 30% de la suma de 401.744.995,55, “valor reconocido por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, confirmado por el Honorable Consejo de Estado gracias a la gestión profesional de la doctora Cielo Sierra de Ceballos, porcentaje que fuera pactado en el contrato de prestación de servicios como remuneración”, más los intereses moratorios y la indexación.

En ese proceso se presentaron como título de recaudo los siguientes documentos:

(i) El contrato de prestación de servicio que la ejecutante celebró con la señora Luz Elena López Giraldo, el 15 de noviembre de 1991 (fl. 63), cuyo objeto fue el siguiente: “La doctora Cielo Sierra de Ceballos… se compromete a presentar la demanda de indemnización por reparación directa, por los daños causados al decomisar la embarcación pesquera El Cafetero, de propiedad de la señora Luz Elena López Giraldo y administrado por el señor Alfonso López Giraldo”. Estos se comprometieron a pagarle a la apoderado las siguientes sumas: “dos millones, por concepto de costos de proceso, que se cancelarán así: un millón de pesos ($1.000.000) mcte., el 15 de diciembre de 1991; quinientos mil pesos ($500.000) mcte, el 16 de marzo de 1992; quinientos mil pesos ($500.000) mcte., el 13 de abril de 1992” (cláusula segunda). Los honorarios profesionales se fijaron en “el 30% de la suma que se reconozca en definitiva por el Honorable Consejo de Estado cuando la sentencia suba a esta superioridad en apelación o consulta del Honorable Tribunal del Valle del Cauca, por sentencia de reparación directa de la embarcación El Cafetero”. Además, se convino que ese contrato prestaba mérito ejecutivo y que “en caso de revocarse el poder los honorarios se causarán en forma total (30% de lo que se reconozca en definitiva), no interesando la etapa en la que se encuentre el proceso”.

(ii) La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 3 de noviembre de 1993, en la cual declaró patrimonialmente responsable a la entidad demandada; Sentencia de 23 de febrero de 1996 proferida por esta Corporación que confirmó la decisión recurrida, y el auto de 16 de marzo de 1997, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aprobó la liquidación de los perjuicios materiales, los cuales fueron tasados en $401.744.795.

Como se advierte, el título ejecutivo de recaudo no fue integrado con la providencia de 26 de marzo de 1998, en la cual se modificó el valor de la indemnización, para liquidarla en $277.451.084,64, es decir en cuantía inferior a la que fue deducida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en primera instancia.

Mediante providencia de 17 de junio de 1998, el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada libró el mandamiento ejecutivo en los términos solicitados por la demandante y decretó el embargo y secuestro de las sumas de dinero que debía pagarle el Ministerio de Defensa a la señora Luz Elena López Giraldo, por la indemnización reconocida en la acción de reparación directa, en cuantía de $200.000.000 y de los dineros que poseyeran los demandados en varias entidades bancarias, hasta la misma suma (fls. 105-107 cdno. 1 de pruebas).

En esa misma fecha, el secretario del mismo juzgado liquidó provisionalmente el crédito en $234.940.344,55, por concepto de capital, intereses legales, indexación y costas (fl. 110 cdno. 1 de pruebas).

La ejecutante solicitó que se ampliara la medida cautelar decreta, en $50.000.000 más, teniendo en cuenta que la liquidación provisional del crédito excedía de $200.000.000 (fl. 115 cdno. 1 de pruebas), solicitud a la cual accedió el juzgado mediante providencia de 24 de julio de 1998 (fl. 129 cdno. 1 de pruebas).

En la Contestación de la demanda ejecutiva, presentada el 24 de julio siguiente, la señora Luz Elena López Giraldo (fls. 131-132 cdno.1 de pruebas) formuló excepciones previas y de mérito, y propuso incidente de nulidad (fls. 133-135 cdno. 1 de pruebas), que fundamentó en la falla de competencia territorial del funcionario y, en su defecto, por permitir los términos procesales.

En audiencia celebrada el 8 de diciembre de 1998, el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada negó las excepciones y la solicitud de nulidad formuladas por la demanda (fls. 9-12 cdno. de pruebas), quien interpuso recurso de apelación (fls. 14-17 cdno. 1), el cual fue decidido en audiencia celebrada el 6 de octubre de 1989 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cauca – Sala Civil Laboral, que confirmó la decisión impugnada.

La ejecutante presentó liquidación del crédito, que fue aprobada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial del Cauca, según la constancia secretaria que obra en el expediente (fl. 425 cdno. 2 de pruebas), por $195.096.910,78 suma que el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada ordenó entregarle a aquella, en acatamiento a lo resuelto por el superior, según auto de 26 de noviembre de 1999 (fl. 426 cdno. 2 de pruebas). Las costas y agencias en derecho fueron fijadas en $27.607.725,85 (fl. 428 cdno. 2 de pruebas).

Se advierte así que el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada y el Tribunal Superior de Distrito Judicial del Cauca, al proferir la sentencia que resolvió las excepciones formuladas por la parte demandada en ese proceso y ordenó seguir adelante con la ejecución no echaron de menos la constancia de ejecutoria de la providencia dictada el 16 de mayo de 1997, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca liquidó la condena a favor de la ejecutada, providencia que integró el título ejecutivo complejo. De haberse advertido esa omisión, se habría conocido en ese proceso que dicha providencia había sido modificada por la que dictó esta Corporación el 26 de marzo de 1998, mediante la cual se modificó el valor de la indemnización deducida por el Tribunal y se redujo el valor de la indemnización a $277.451.084,64.

4.2.3. Sobre la imputación del daño.

Considera la Sala que el hecho de que la demandante hubiera guardado silencio en el proceso ejecutivo, en relación con la insuficiente de integración del título de recaudo, exonera de responsabilidad a la entidad demandada. El daño derivado del error judicial en el que incurrieron el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada y el Tribunal Superior de Distrito Judicial del Cauca es atribuible a culpa exclusiva de la víctima, conforme a lo previsto en el artículo 87 de la Ley 270 de 1996.

En efecto, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece cuáles son los títulos que prestan mérito ejecutivo:

Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanan de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policiva aprueben, liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294.

Las sentencias de condena o cualquiera otra providencia que tenga fuerza ejecutiva, solo pueden constituir título de recaudo cuando se encuentran debidamente ejecutoriadas y lo están, en los términos del artículo 331 de la misma codificación, tres días después de su notificación: (i) cuando carecen de recursos; (ii) han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes; (iii) queda ejecutoriada la providencia que resuelva los recursos interpuestos; (iv) quede ejecutoriada la providencia en la cual se aclare o completamente la providencia, y (v) una vez surtida la consulta en relación con las sentencias sujetas a la misma.

En el caso concreto el título ejecutivo debió ser integrado no solo por las sentencias que declararon el derecho a la reparación de los perjuicios sufridos por la señora Luz Elena López Giraldo, como consecuencia de la retención de la motonave de su propiedad, esto es, por las dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de noviembre de 1993, en la cual declaró patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional y la condenó, en abstracto, a pagar la indemnización por los perjuicios materiales, y por esta Corporación, el 23 de febrero de 1996, que confirmó la declaratoria de responsabilidad, pero modificó las bases para la determinación de la condena, sino también por las providencias mediante las cuales se liquidó la indemnización, en el trámite incidental, el cual, igualmente, se surtió en dos instancias ante las mismas corporaciones.

Es cierto que el proceso ejecutivo obraba constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, dictada por esta corporación el 23 de febrero de 1996. En efecto, la secretaria de la Sección Tercera del Consejo dejó la siguiente constancia: “Santa Fe de Bogotá, D.C., marzo ocho (8) de mil novecientos noventa y seis (1996). Se deja constancia de que la ejecutoria de la anterior sentencia corrió los días 5, 6, y 7 de marzo de 1996. Las partes guardaron silencio. La sentencia se encuentra ejecutoriada” (fl. 91, cdno. 1 de pbas).

Dado que en las sentencias en las cuales se declaró el derecho a la reparación, se fijaron las pautas para la determinación de la condena y esta se liquidó medianamente trámite incidental, se requería que también obrara constancia de ejecutoria de la providencia con la cual no había puesto término definitivo a la controversia, que en este caso, se insiste, no fue otra que el auto de 26 de marzo de 1998 proferido por esta misma Sección, mediante el cual modificó aquel que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y que liquidó en $277.451.084,64, el valor de la indemnización.

Se advierte que en el curso del proceso ejecutivo, la señora Luz Elena López Giraldo no excepcionó el hecho que constituye el fundamento de esta acción, esto es, la inexistencia del título base de recaudo, por no haberse integrado con la providencia mediante la cual se resolvió en esta Corporación el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Defensa en contra del auto que liquidó el incidente de liquidación de perjuicios, en la acción de reparación directa. En efecto:

Al contestar la demanda ejecutiva (fls. 131-132, cdno. 1 de pbas.), la señora Luz Elena López Giraldo formuló las siguientes excepciones:

Excepciones Previas:

Inexistencias del título ejecutivo, falta de requisitos formales para que se configure el título ejecutivo.

La indebida acumulación de pretensiones.

Lo anterior lo fundamento en lo siguiente:

Se ha presentado como base de recaudo contrato de prestación de servicios, el cual adolece de las siguientes falencias:

1. No se señala en el mismo el lugar donde se suscribió dicho contrato, desconociéndose por tanto el origen del mismo.

2. Adolece de autenticación de firmas de los supuestos contrayentes.

3. El título no es claro en cuanto a su exigibilidad y en relación con la obligación que se pretenden cobrar. En efecto, en la cláusula segunda se indica como valor de honorarios la suma de $2.000.000 y posteriormente en las cláusulas 3 y 4 se fijaron en el 30% de la suma que reconozca por parte de la autoridad contencioso administrativa, por lo tanto, se presenta confusión respecto de la obligación a cobrar, no siendo por esta vía ejecutiva que deba tramitarse o cobrarse los presuntos honorarios.

4. Existe en la demanda una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que se reclaman conjuntamente y en un solo acápite intereses corrientes y moratorios y la indexación; asocios estos que se excluyen entre sí, pues los mismos lo que buscan es actualizar el valor del capital cobrado.

Excepciones de Fondo.

Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción, compensación, genérica e innominada.

Además, propuso incidente de nulidad (fls. 133-135, cdno. 1 de pbas.), que fundamentó en la falta de competencia territorial del funcionario y, en su defecto, por pretermitir los términos procesales:

1. La señora Cielo Sierra de Ceballos presentó demanda ejecutiva laboral en contra de los señores Luz Helena López Giraldo y Víctor García Truyot presentado como título contrato de prestación de servicios profesionales.

2. Se indicó en la demanda como domicilio de los demandados la ciudad de Santiago de Cali.

3. La prestación de los servicios se prestó en Santiago de Cali, Valle.

4. La demanda se ha presentado ante el Juez Laboral del Circuito de Puerto Tejada, Cauca.

5. De conformidad con el artículo 5º del Código de Procedimiento Laboral, la competencia por razón del lugar o fuero general se determina por el lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio de demandado.

6. Como quedó expresado, tanto el domicilio de los demandados como el lugar donde se prestó el servicio es la ciudad de Cali, no siendo por tanto competente el Juez Laboral del Circuito de Puerto Tejada para conocer del presente proceso ejecutivo.

7. Por otro lado, al ser notificada la señora Luz Helena López del mandamiento de pago, la ley la faculta para que dentro del término pertinente formule las excepciones que crea tener, conteste la demanda y, en fin ejerza su derecho de defensa.

8. Sin estar en firme el auto de mandamiento de pago, el Juzgado procedió a efectuar liquidación del crédito y costas, omitiendo de esta forma los términos u oportunidades que procesalmente se deben seguir para estos efectos, violando de esta forma el debido proceso y, por ende, cercenando el derecho de defensa de mi cliente.

9. Por lo tanto, igualmente se configura la causal 6ª de nulidad de que trata el artículo 140 de Código de Procedimiento Civil, por cuanto aún no se encuentra debidamente ejecutoriado el mandamiento de pago, ni se ha dictado auto o sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, ni se ha dado oportunidad a las partes de ejercer su defensa.

El 18(sic) de diciembre de 1998, el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada celebró audiencia con el fin de resolver las excepciones formuladas por la señora Luz Elena López Giraldo, decidir el incidente de nulidad formulado por la demanda y pronunciarse sobre la contestación de la demanda por parte de curador ad litem, del señor Víctor García Truyot (fls. 9-12, cdno. 1 de pbas.). Consideró que: (i) el título ejecutivo se deriva en este caso del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, el cual contenía una obligación clara, expresa y era exigible, porque en el documento se señaló que los costos del proceso correspondían a $2.000.000 y los honorarios al 30% de la suma que reconociera el Tribunal Administrativo, la cual era, por lo tanto, fácilmente deducible; (ii) no se incurrió en indebida acumulación de pretensiones, conforme a lo previsto en el artículo 8º de la Ley 446 de 1998; (iii) no había operado la prescripción, dado que no habían transcurrido los tres años de que trata el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo; (iv) negó la solicitud de nulidad formulada, porque a su juicio, tenía competencia para conocer del asunto, dado que el servicio contratado se había prestado en Miranda, Cauca, y la parte actora había hecho uso de la opción que le permitía el artículo 5º del Código Procesal del Trabajo, (v) no era cierto que se hubiera pretermitido algún término judicial y menos que se hubiera coartado su derecho de defensa, si se tenía en cuanta que ha tenido oportunidad de proponer excepciones y, además, se le hizo saber el monto de la liquidación provisional del crédito y las costas; (vii) había lugar a declarar la prosperidad de las excepciones de cobro de lo no debido formulada por el curador del señor Víctor García Truyot, por lo cual se ordenó levantar las medidas cautelares que pesaban en su contra y dar por terminado el proceso ejecutivo laboral en relación con el mismo, y (viii) ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la señora Luz Elena López Giraldo y practicar, por secretaría, la liquidación del crédito conjuntamente con las costas.

La ejecutada impugnó la decisión (fls. 14-17, cdno. 1). Señaló que (i) se vulneró su derecho de defensa porque no le fue notificada la fecha y hora de la celebración de la audiencia pública en la cual se resolvieron las excepciones no se notificó en debida forma lo resuelto en la misma, porque a dicha providencia debió dársele publicidad por estados y se hizo por estrados; (ii) el título base de recaudo no es claro, en tanto se presta a confusión el valor de lo adeudado ni la ejecutante acreditó el cumplimiento de las obligaciones contraídas, asuntos que deben ser decididos en el trámite de un proceso ordinario; (iii) se reclaman intereses moratorios de la presunta obligación; sin embargo, no se ha presentado requerimiento alguno para constituir en mora a la ejecutada, (iv) el contrato de prestación de servicios presentado como título ejecutivo carecía de autenticidad, por no haber sido reconocido ante notario o juez; (v) no debió negarse la solicitud de nulidad de lo actuado, por falta de competencia, porque el servicio contratado no se prestó en Puerto Tejada, Cauca ni la demanda tiene allí su domicilio; (vi) el mandamiento de pago no fue notificado personalmente a la demandada, lo cual genera nulidad de lo actuado.

El 6 de octubre de 1999, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cauca – Sala Civil Laboral al conocer del recurso de apelación (fls. 380-395, cdno. 2 de pbas.), resolvió confirmar la decisión en cuanto negó la declaratoria de nulidad propuesta por la ejecutada, por considerar, entre otras razones, que si bien se había configurado esta por falta de competencia territorial, en razón a que el servicio había sido prestado en la ciudad de Cali, donde debía instaurarse la demanda, la misma había quedado saneada porque al ser citada la demanda al proceso no la alegó como excepción previa; además, consideró que si bien se configuró una irregularidad al efectuar la liquidación del crédito sin estar ejecutoriado el mandamiento de pago, la misma no alcanza a constituir causal de nulidad, porque esta puede ser subsanada conforme lo previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil y, además, se trata de una liquidación provisional y no definitiva.

En relación con la inexistencia de título ejecutivo, consideró que el mismo estaba integrado por el contrato de prestación de servicios; las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en la acción de reparación directa y el auto mediante el cual se resolvió en el Tribunal del Cauca el incidente de liquidación de la condena, documentos que gozan de plena validez legal. No obstante, modificó la providencia en cuanto reconoció intereses corrientes y moratorios e indexación sobre la suma deducida del valor de la indemnización, por considerar que éstos no son acumulables y solo cabe el pago de la indexación, de conformidad con la variación de precios al consumidor.

Así las cosas, es claro advertir que la conducta de la señora Luz Elena López Giraldo fue la causa eficiente del daño que sufrió, dado que tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa en el proceso ejecutivo que inició la señora Cielo Sierra de Ceballos para el cobro de los honorarios que le adeudaba y, sin embargo, no puso en conocimiento de la jurisdicción laboral la existencia de la providencia definitiva en la cual se fijó el valor de la indemnización que le correspondía, con fundamento en la cual habría de liquidarse el 30% de los honorarios cobrados por la abogada.

Omisión que resulta aún más inexplicable si se tiene en cuenta que la Resolución 2706, mediante la cual se ordenó el pago de la indemnización que le fue reconocida a la señora Luz Elena López Giraldo en el proceso de reparación directa, fue expedida por el Ministro de Defensa Nacional el 26 de junio de 1998 (fls. 39-40, cdno. 1 ppal), esto es, un mes antes de que esta diera respuesta a la demanda ejecutiva y formulara las excepciones, acto que cumplió el 24 de julio de 1998 (fls. 131-132, cdno. 1 de pbas.). Además, en esa resolución se ordenó el pago de $305.055.719, de los cuales fueron entregados a la beneficiaria $135.055.719,24 y se consignaron $200.000.000 en la cuenta del Circuito de Puerto Tejada, acto que hacía evidente el hecho de que el pago se cumplía por una suma diferente a la liquidada en el incidente de regulación de perjuicios por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca(14).

Se advierte que las excepciones previstas y de mérito y la solicitud de nulidad que presentó la aquí demandante se fundamentan en hechos y razones jurídicas diferentes, relacionadas con la falta de claridad del contrato de prestación de servicios que sirvió como título de recaudo, porque, señaló, que no era claro cuál era el valor de los honorarios pactados; o en la indebida acumulación de pretensiones, en tanto se reclamaron también intereses corrientes y moratorias e indexación; o en la incompetencia del Juez Laboral del Circuito de Puerto Tejada, pero en momento alguno se hizo alusión a la providencia mediante la cual se liquidó en forma definitiva la indemnización que le fue reconocida en el proceso de reparación directa.

De otra parte, aparece acreditado en el expediente que la demandante formuló queja en contra de la abogada Cielo Sierra de Ceballos ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria y que en esa oportunidad si hizo referencia a la reducción del valor de la Indemnización que hizo el Consejo de Estado al resolver la apelación contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que liquidó el incidente, hecho que, se insiste, constituye el fundamento del error judicial que se acusa en este proceso.

Esa afirmación se hace con fundamento en el resumen de la queja, el cual está contenido en la providencia que dictó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el 29 de junio de 1999, en la cual se inhibió de iniciar proceso disciplinario (fls. 241-314, cdnos. 1 y 2 de pbas):

1. Que una vez presentada la demanda, se evidenció conducta negligente de la profesional en la atención del asunto, pues por más que insistía nunca fue atendida en su oficina. Que fue tan evidente la desatención al caso encomendado, que una vez el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle se pronunció en primera instancia condenando al Estado, su apoderada nunca se enteró del fallo y tampoco tuvo actuación alguna ante el Consejo de Estado, a donde llegó el proceso por razón de apelación de la entidad condenada.

2. Que en el contrato de prestación de servicios fechado el 19 de noviembre de 1991, se consignó en una de las cláusulas el valor de $2.000.000, por concepto de honorarios profesionales, más el 30% de la cuenta que al final se obtuviera por concepto de pretensiones de la demanda, cláusula que a su juicio viola la tarifa profesional de abogados, pues ahí se estipula que como cuota Litis por concepto de honorarios se puede pactar hasta el 35% “pero sin cobrar dinero para presentar el libelo”.

3. Que para el 5 de julio de 1998 revocó al poder conferido a la doctora Sierra y ante la manifestación de incompetencia del Tribunal para tasarle sus honorarios, ésta la demandó ejecutivamente, sin haber acudido a la jurisdicción ordinaria para que se le reconociera su obligación, lo que entraña una violación de la ley, pues:

Presentó demanda ejecutiva laboral ante el Juez Laboral del Circuito de Puerto Tejada, no obstante que el domicilio de la demandada y quejosa era en la ciudad de Cali y en esa se suscribió el contrato.

4. Que una vez el Consejo de Estado reconoció en definitiva la suma de $277.451.084, su nuevo apoderado presentó cuenta de cobro y al reclamar el cheque se enteró de que sobre ella pesaba un embargo por valor de $200.000.000, “es decir, no bastando en cobrarme $2.000.000, me está tratando de quitar más del 70% de lo que iba a recibir”.

5. Por último, advierte que de manera coetánea a la queja instaura denuncia de tipo penal contra su antigua apoderada, pues considera que la cláusula 4ª inserta en el contrato de prestación de servicios “puede ser fruto de una adición (sic) unipersonal de su parte y posterior a la firma de dicho contrato”, barruntándose la eventual existencia de una falsedad en documento privado, máxime si ese documento sirvió de título de recaudo ejecutivo.

Llama la atención el hecho de que al formular la queja en contra de la abogada Cielo Sierra, la demandante aludió al valor de la indemnización de los perjuicios, tal como fueron liquidados en el auto de segunda instancia proferido por esta Corporación, esto es, $277.451.084, según consta en la providencia del 29 de junio de 1999, dictada por la Sala Disciplinaria, en la cual se inhibió para abrir la investigación: sin embargo, en la audiencia celebrada el 6 de octubre de ese mismo año por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cauca-Sala Civil Laboral para decidir el recurso de apelación que la misma demandante interpuso en contra del auto proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada, que negó las excepciones formuladas, no se hizo mención a ese valor, el cual difería de aquél que liquidó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lo cual reafirma la negligencia de la demandante para defender sus intereses.

Valga mencionar que el 26 de octubre de 1998, el Juez Laboral del Circuito de Puerto Tejada se declaró impedido para seguir conociendo del proceso ejecutivo, con el fin de “garantizar una efectiva y correcta aplicación de la ley”, en razón a que la señora Luz Elena López Giraldo elevó una queja en su contra ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por presuntas irregularidades en el trámite del proceso, “poniendo en tela de juicio las actuaciones del despacho” (fl. 207, cdno. 1 de pbas.). No obstante, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán negó el impedimento, “por cuanto le es imposible el Tribunal distinguir y determinar a qué causal de las relacionadas en el art. 150 ibídem se está refiriendo el señor juez impedido”.

También obra en el expediente la copia de la resolución proferida el 8 de septiembre de 1999 por el Fiscal 58 de la Unidad de Primera de Patrimonio Económico (fls. 302-304, cdno. 2 de pbas.), mediante la cual ese despacho judicial se declaró inhibido para iniciar instrucción en contra de la abogada Cielo Sierra de Ceballos, conforme a la denuncia formulada por la señora Luz Elena López Giraldo. Sin embargo, se aprecia que la conducta punible que le atribuyó la demandante no fue el fraude procesal, en el que pudo haber incurrido, por presentar como título de recaudo una providencia que había sido modificada, sino el presunto ilícito de falsedad, que hizo consistir en la adicción de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales, que según la denunciante no estaba consignado en el documento cuando lo suscribió.

De esos hechos se hace mención para destacar que la demandante hizo uso de las acciones y recursos que la ley le brindaba, con el fin de proteger sus intereses patrimoniales, procurando una justa administración de justicia; sin embargo, dejó de lado el hecho fundamental que debió aducir en todas esas denuncias, quejas, excepciones y recursos, que lo era el de la disconformidad entre el título real que debió integrarse en el proceso ejecutivo y aquel que fue aceptado como título de recaudo.

En resumen: los daños derivados del error judicial que la señora Luz Elena López Giraldo en este proceso al Juez Laboral del Circuito de Puerto Tejada por haber dictado mandamiento de pago con base en un título ejecutivo que no cumplía con las exigencias legalmente previstas, esto es, que contuviera una obligación expresa, clara y actualmente exigible, porque no obraba la ejecutoria del auto de 18 de marzo de 1997, dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, son imputables a la propia víctima, porque en ese proceso se abstuvo de mencionar ese hecho exceptivo y de interponer los recursos de ley contra la providencia que hubiera desconocido los motivos de su defensa.

Por lo tanto, se negarán las pretensiones formuladas por la demandante en contra de la Nación – Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura, dado que, por mandato de la Ley 270 de 1998, la omisión del afectado con una decisión judicial de interponer los recursos de ley hace recaer sobre el mismo los efectos adversos de una decisión judicial que pudo ser cuestionada a través de los medios ordinarios de defensa.

4.2.4. Otras irregularidades del proceso ejecutivo señaladas en la demanda.

En relación con las demás irregularidades en las que según la parte demandante se incurrió en el proceso ejecutivo y que, en su criterio son constitutivas de error judicial, fundamentalmente, la relacionada con la falta de competencia del Juez Laboral del Circuito de Puerto Tejada, cabe señalar que el asunto fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Valle del Cauca, que consideró que esa causal de nulidad quedó subsanada conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse alegado en forma oportuna.

Considera la Sala que la decisión anterior se produjo conforme a la ley y, además, la incompetencia del juez en modo alguno afectó al derecho de defensa de la demandante, quien tuvo la oportunidad contestar la demanda, pedir pruebas, formular excepciones, proponer recursos y demás actos procesales contenidos en la ley a los cuales la jurisdicción laboral les dio trámite. Por lo tanto, se concluye que la falta de competencia territorial que eventualmente hubiera tenido el juez de Puerto Tejada no vulneró el derecho de defensa de la demandante y, en consecuencia, no fue fuente de daño alguno.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMASE la sentencia proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, con sede en Cali, el 20 de enero de 2005.

2. SIN CONDENA EN COSTAS.

3. DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase».

2. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3. Sentencia de 14 de agosto de 2008, Exp. 16694, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

4. Ibíd.

5. Consejo de Estado, Sentencias de 5 de diciembre de 2007. Expediente 26000-23-26-000-1995-00767-01 (15128). M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

6. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General 2005. Págs. 742-745.

7. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 12 de febrero de 2014, Exp. 26.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8. Sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15.128: “La Sala precisa que el error judicial siempre está contenido en una providencia judicial, por medio de la cual se pone fin, en forma normal o anormal al proceso, por esta razón el yerro sólo se configura cuando se han agotado los recursos previstos en la ley para impugnar la providencia judicial. Su configuración se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial respecto de la cual se predice el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso. En efecto no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”.

9. En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en los derechos en serio, pp. 147 a 208, trad. Del inglés de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984).

10. En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

11. Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., pág. 151 y ss.

12. Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría de discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. atienza e t. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, pp. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: “(…) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial (…). Por tanto, sólo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, Exp. 18059, C.P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, Exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, Exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

13. Sentencia de 22 de noviembre de 2012, Exp. 24.258, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

14. La resolución 2706 de 26 de junio de 1998 señala expresamente que el valor de la condena a liquidar es de $277.451.084,64 y que la diferencia son intereses. Dice así ese acto: “Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – debe pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de $277.451.084,64 // Que a folio 83 del expediente aparece memorial suscrito por el Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Tejada (Cauca), mediante el cual se informa a este Ministerio que se decreta el embargo y secuestro de las sumas de dinero que al H. Consejo de Estado reconoció la Luz Elena López Giraldo… hasta la cantidad de $200.000.000. // Que de conformidad con lo anterior, se procede a la siguiente liquidación: Capital – Perjuicios Materiales: … $277.451.084,64. Intereses: Que se reconocerán intereses durante los primeros 6 meses siguientes a la ejecutoria y moratorios después de este término hasta el día anterior al pago… // Intereses corrientes: $27.604.634,60… Total neto a pagar: $305.055.719,24”.