Sentencia 2000-04026 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 45961

Radicación: 05001-23-31-000-2000-04026-01

Actor: Germán Arturo Vélez Giraldo

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C. ocho de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en un proceso que, por su cuantía (f. 38, c.1)(2), tiene vocación de doble instancia. Se decide el caso de conformidad con la orden de prelación emitida por la Sala Plena en la sesión llevada a cabo el 26 de enero de 2017, tal como consta en el acta 02 del mismo año.

II. Validez de los medios de prueba

8. Todos los documentos allegados al proceso cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 251 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que se aportaron auténticos o en reproducción autenticada, y las copias simples no han sido tachadas de falsas por las partes, esto último en aplicación del criterio jurisprudencial recientemente fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera(3). Mención especial merecen los artículos periodísticos arrimados al plenario, que la Sala estima procedente valorar siempre y cuando se haga en contexto y en consonancia con las demás pruebas obrantes en aquél, tal como lo han admitido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las diferentes subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado(4).

III. Hechos probados

9. Valoradas las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por evidenciados los sucesos que pasan a mencionarse.

9.1. El señor Germán Arturo Vélez Giraldo es propietario inscrito de la finca “San Esteban”, y en calidad de heredero inscrito es beneficiario en proindiviso de una cuota parte de la hijuela compuesta por las fincas “Asomadera” y “Las Delicias”, ubicados todos esos bienes en zona rural del municipio de Abriaquí –Antioquia– (escritura pública 99 del 9 de marzo de 1993 –f. 2 y sgts, y 162 y sgts., c.1–, recibos de pago del impuesto predial unificado de los mencionados predios –fls. 149 y sgts. c.1–, escritura pública 152 del 14 de agosto de 1997 –fls. 151 y sgts, c. 1–, radicación en la oficina de registro de instrumentos públicos –fl. 59, c.1–, folios de matrícula inmobiliaria –fls. 160 y sgts. c.1–).

9.2. El 15 de octubre de 1998, unos integrantes del frente 34 de la guerrilla de las FARC ingresaron a la finca “San Esteban” de propiedad del hoy demandante en reparación, en donde hurtaron varios semovientes y, además, destruyeron las mejoras existentes. Al respecto se refieren los medios de convicción que soportan este hecho.

9.2.1. En la edición del diario “El Colombiano”, se hizo la siguiente narración acerca de la incursión guerrillera:

Saldo de dos personas muertas, una secuestrada y tres fincas dinamitadas dejó la acción de un grupo armado, en la vereda Piedras, del municipio de Abriaquí, occidente antioqueño.

En una primera acción, los desconocidos, al parecer integrantes del frente 34 de las FARC, llegaron hasta la finca Caná, en donde asesinaron al administrador César Gómez y dinamitaron el predio.

Posteriormente ocuparon la truchera La Linda en donde ultimaron a tiros al vigilante John Jairo López y secuestraron al propietario Juan José Moreno. En este sitio, también causaron daños a la infraestructura de la microempresa.

Finalmente, en el mismo sector destruyeron con dinamita las fundaciones de la finca San Esteban.

Al respecto, Juan José Guzmán, personero de Abriaquí, dijo que la población estaba desconcertada por estas acciones, ya que esta es una localidad muy tranquila, que desde hace 26 años no tiene comando de Policía porque la gente se porta muy bien.

(...)

De otra parte, presuntos miembros del ELN atacaron una patrulla motorizada que atendía el llamado de la ciudadanía. En el hecho murió el patrullero Jorge García Salazar y resultó herido su compañero Jaime Acosta Herrera (fl. 13, c.1).

9.2.2. El 19 de octubre de 1998, el señor Germán Arturo Vélez Giraldo interpuso una denuncia ante la Fiscalía Seccional de Frontino –Antioquia– en los siguientes términos:

1. Soy propietario de la finca conocida como San Esteban, localizada en la vereda San José municipio de Abriaquí, dedicada a la explotación lechera. Tiene una extensión de cincuenta hectáreas (50 Has), dividida en potreros y con cultivo de pasto para ganado.

2. La finca contaba con cincuenta (50) bovinos especialmente vacas de leche y terneras de levante.

3. La finca consta de una casa de mayoría, casa para el mayordomo, bodegas para cuido, establo para ordeño y marranera.

4. El día miércoles 14 de octubre del presente año, aproximadamente a las 5 y treinta de la mañana se presentó un grupo de aproximadamente 20 hombres, quienes dijeron pertenecer al grupo 34 de las denominadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia “Farc”.

5. En la finca se encontraba el señor Francisco Urrego Salas, mayordomo, su esposa Amantina Roldán Alcaraz y un pequeño hijo de estos.

6. El grupo armado ordenó al mayordomo señor Francisco Urrego Salas reunir todo el ganado que pastaba en la finca, a lo cual tuvo que acceder ante la amenaza del grupo armado. Reunieron en total, 50 reses y una mula.

7. Una vez reunido el ganado procedieron a colocar cargas de dinamita en la casa de mayoría, haciéndola explotar y causando su destrucción total, incluidos todos los enseres que allí se encontraban como muebles de sala, comedor, camas en las cuatro habitaciones, televisor, equipo de sonido, tendidos de camas, enseres de cocina, nevera, estufa eléctrica y gas, y en general toda la dotación de la casa.

8. El grupo armado también le prendió fuego a las bodegas en las cuales se encontraban las monturas, herramientas, canecas para leche, mangueras, cuido para los animales.

9. Luego de realizados los daños, el grupo armado procedió a llevarse el ganado por la carretera a San José, que comunica con la vereda La Encarnación, municipio de Urrao.

Quienes dirigían al grupo armado manifestaron que estos actos los realizaban porque el señor Germán Vélez era un “Para”.

El valor del ganado hurtado lo estimo en la suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000,oo), y los daños en la casa de mayoría y la bodega con todos los bienes que se encontraban dentro de esas instalaciones, los avalúo en la suma de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000,oo).

La presente denuncia la presento desde la ciudad de la Medellín, por cuanto las amenazas proferidas por los delincuentes que hurtaron el ganado y realizaron los daños, profirieron amenazas (sic) en mi contra, por lo que mi vida y la de mi familia puede correr peligro (fls. 7 y 8, c.1).

9.2.3. En los testimonios de los señores Álvaro Duque Gil, Ana Doris Serna Castrillón, Gabriel Ángel Urrego López y Juan Crisóstomo Moreno Urrego (fls. 97 y sgts., c. 1), personas todas ellas residentes en la vereda donde se ubican las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, los dos últimos trabajadores del campo relacionados con el mantenimiento del hato ganadero de dicha unidad agrícola, coincidieron en afirmar que el día 14 de octubre de 1998, varios guerrilleros ingresaron a las fincas, dinamitaron la casa de mayordomo y hurtaron el ganado que en dichos terrenos era criado, punto en el cual difieren sólo en cuanto al número de semovientes que fueron sustraídos del lugar.

9.2.4. Otro tanto se dijo en los testimonios de los señores Luis Hernán Lezcano Benítez, Francisco Herney Urrego Salas y Amantina Roldán Alcaraz quienes, además de ser residentes en el área de los hechos, también tenían relaciones laborales con las actividades agropecuarias de las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”. Estos testigos agregaron una descripción sobre la situación de orden público en el municipio de Abriaquí, y enfatizaron en que allí no hay presencia de la fuerza pública desde el año 1984 (fls. 230 y sgts. c.1).

9.3. Durante el trámite contencioso administrativo, se practicó un dictamen pericial elaborado por los avaluadores Álvaro Antonio Acosta Gómez y Silvia Gladys Pérez Restrepo, quienes anexaron a su informe varias fotografías en las que se aprecian las ruinas y los escombros de la casa de habitación que existía en la finca “San Esteban”. Del mismo modo, los peritos avaluaron los daños materiales causados en dicho inmueble y en la finca “Las Delicias”, así como también las pérdidas generadas por el hurto del ganado bovino existente en las fincas –estimado en 50 reses–. En los términos expuestos en el informe pericial:

Finca “San Esteban” propiedad del señor Germán Arturo Vélez Giraldo

Dinamitaron casa de habitación y bodega, incluidos muebles y enseres y demás pertenencias.

Hurtaron 50 bovinos Holstein cuya actividad era la producción de leche. En el momento de los hechos se contaba con una producción diaria de 200 litros para la venta.

Avalúo

— Casa habitación “San Esteban” con servicios de agua, energía, teléfono y en vía de penetración veredal.

Valor M2 construido: $160.000

Área construida: 350 M2

Avalúo total casa y bodega: $56’000.000

Dotación muebles y enseres: $10’000.000

Herramientas como: guadañadora Styl 170, motosierra Styl 170, motoasada, motobomba y sistema de riego; alimento animal: cuido, melaza / bultos: $6’000.000.

Total: $72’000.000

— Valor promedio por cabeza, para 50 bovinos de raza Holstein especificados de la siguiente manera:

10 vacas (leche), valor unitario: 900.000, V/R TOTAL: 9.000.000

20 novillas de vientre, valor unitario: 650.000, V/R TOTAL: 13.000.000

10 hembras de levante, valor unitario: 400.000, V/R TOTAL: 4.000.000

10 hembras de destetos, valor unitario: 160.000, V/R TOTAL: 1.600.000

1 mula, valor unitario: 1.000.000, V/R TOTAL: 1.000.000”

Valor total 50 bovinos Holstein: $28’600.000

(...).

— Valor total producción de leche diaria del 14 octubre/98 a mayo 31/2003 = 187.952.040

(...).

— Avalúo total finca “San Esteban” = $288.552.040

Finca “Las Delicias” propiedad de la familia Vélez Giraldo y donde aparece como copropietario el señor Germán Arturo Vélez Giraldo, siendo éste el propietario del ganado hurtado a describir.

(...).

Avalúo total finca “Las Delicias” = $165.251.840

(...)

Avalúo

Conforme a cálculos y valor del m2 construido para la zona y según las características descritas de los diferentes lotes de ganado se determina un avalúo total de cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos tres mil ochocientos ochenta pesos M/L ($453.803.880).

Los valores dados anteriormente y la información complementaria, son expresados de manera muy objetiva; de acuerdo con nuestro leal saber y entender. Por lo tanto, garantizamos nuestra responsabilidad en el presente dictamen (fls. 123 y sgts. c.1, negrillas y mayúsculas del texto original)(5).

9.3.1. El dictamen fue objeto de aclaración y complementación mediante un escrito en el que, además de anexarse algunos certificados de idoneidad de los peritos, se precisó que los valores conceptuados están basados en la experiencia que los autores del informe han tenido en la elaboración de numerosos peritajes, lo que permitió realizar un avalúo “de carácter conciliador”, máxime cuando no se exige a los ganaderos llevar formalmente libros de contabilidad. Tal como lo dijeron los peritos:

El dictamen fue presentado en su iniciación, teniendo en cuenta el enfoque de la no existencia de lo tratado a evaluar, por su concisión de hurto y dinamitación (sic) continuada a la que fue sometido el señor Germán Vélez Giraldo y su familia en calidad de propietario de los bienes inmuebles y sus ganados de cría, levante, ceba y leche. Efectuándose así, un avalúo conciliador en términos generales que indemniza al afectado sin que resultara muy gravoso para el estado (sic).

Como bien se conoce, el rubro ganadero exige, por su condición (sic) fuerte inversión y lo que realmente se tenía era una pequeña empresa ganadera en su etapa de fomento, para lo cual, el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene establecido como estímulo, estar exentos de impuestos y demás gravámenes, por lo que, se justifica no llevar libros contables con sus correspondientes facturas y todo tipo de documentación, en forma estricta sino de manera informal.

El presente experticio, se ajusta a las exigencias de los abogados de la parte demandada, en el sentido de ser un avalúo más detallado en cuanto al producido de animales bovinos, leche; deduciendo los costos de administración con su correspondiente mantenimiento y demás conceptos de porcentaje por año de natalidad, mortalidad teniendo en cuenta sus observaciones muy respetable (sic), pero no compartidas por los peritos avaluadores.

Conservando este avalúo su carácter conciliador, por no incluir el primer año 1998 en su totalidad, los perjuicios morales, materiales y económicos por los grupos terroristas (fls. 183 y sgts. c.1).

9.3.2. Con la aclaración y complementación del dictamen, se allegó un certificado expedido por la cooperativa Colanta en la que se establecieron los parámetros para calcular la producción de un hato lechero de 100 vacas, en los siguientes términos:

1. Número de crías/año en 100 vacas: la tasa de natalidad promedio es de 55-60%, es decir se pueden obtener entre 55 a 60 crías por cada 100 vacas.

2. Porcentaje de mortalidad/año en 100 animales: la mortalidad es más alta en animales jóvenes que en adultos, normalmente se estima mortalidad inferior al 2% para todo el hato.

3. Consumo/año para 100 animales Holstein cruzados (alimentación, droga y gastos de administración): este consumo corresponde a los costos de mantenimiento del ganado, resulta muy subjetivo estimar un costo determinado dado que este es relativo al sistema de alimentación y manejo de la finca. Estimar un costo promedio por animal es posible al dividir el total de costos de la finca sobre el total de animales, ahora, si la finca es lechera, los costos totales de la finca pueden ser aproximadamente entre el 70-90% de las ventas de leche.

Ejemplo:


— 100 vacas, de las cuales el 70% en producción (70 vacas) y el 30% sin producción (30 vacas).

— Las 70 vacas en producción tienen un promedio de 12 litros/vaca/día, para un total de 840 litros/finca/día.

— Con un precio de venta por litro de leche de $600, la venta diaria es de $504.000, es decir 840 litros/día x $600 litro.

— Asumiendo que los costos totales son el 80% de las ventas, serían $403.200.

— El costo promedio por vacas resultaría del costo total, dividido el total de vacas $403.200/100 = $4.032 (fl. 198, c.1).

9.4. Las empresas Proleche y Colanta certificaron dentro del proceso que le compraban leche al señor Germán Arturo Vélez Giraldo, aunque en parte alguna se especifica de cuál finca provenía esa producción. Así, por un lado, Proleche dejó constancia de haber retenido en la fuente al mencionado demandante la suma de $3 340 344,oo “... RET/FTE compras de leche 1.5%...”, por el año gravable 1998 (fl. 14, c. 1). La cooperativa Colanta, por su parte, dejó constancia de que “... el señor Germán A. Vélez G., identificado con la cédula de ciudadanía 3.362.922 fue productor de la cooperativa y le compramos leche hasta julio 5/1998...” (fl. 15, c.1). Del mismo modo, la cooperativa certificó que “... el precio de compra del litro de leche a nuestros productores asociados, para los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 es el siguiente: 1998=456,9; 1999=490,2; 2000=528,2; 2001=613,1; 2002=598,0; 2003=601,4...” (fl. 147, c.1), y dio fe de la producción lechera del hoy demandante en reparación durante los años 1997 y 1998, en los siguientes términos:

El departamento de contabilidad se permite informar, que el señor Germán Arturo Vélez Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía 3.362.922, fue productor no asociado y envió leche desde junio 16/1997 hasta julio 5%1998, en la zona de Frontino. // Tuvo una producción mensual promedio de 4.808 litros, con un valor promedio litro de $409,73. // A la fecha no tiene ninguna relación con la Cooperativa Colanta Ltda... (fl. 91, c.1).

9.5. A pesar de que el señor Germán Arturo Vélez Giraldo presentó denuncia por los hechos ocurridos el 14 de octubre de 1998, no existe constancia de que la Fiscalía General de la Nación haya llevado a cabo actuación alguna relacionada con la misma. En los términos expresados en el certificado del 10 de julio de 2003:

Amablemente y en atención al exhorto de la referencia, me permito comunicarle que una vez consultados los archivos sistemáticos con que cuenta esta Unidad, no se encontró registro de investigación por los hechos ocurridos en las fincas San Esteban y la finca Las Delicias, ambas ubicadas en el municipio de Abriaquí... (fl. 177, c.1).

9.6. En la época de los hechos —14 de octubre de 1998—, en el municipio de Abriaquí —Antioquia— no existía presencia por parte de la Policía o el Ejército Nacional, quienes abandonaron la zona debido a los constantes hostigamientos por parte de los grupos armados ilegales que allí operaban. De ello dan cuenta varios medios de convicción, tal como pasan a referirse.

9.6.1. La Secretaría General y de Gobierno del municipio de Abriaquí, por medio de constancia del 7 de enero del año 2000, dijo que “... desde 1984 en el municipio no existe presencia de la fuerza pública permanente de ninguna índole, tanto policiva como militar...” (fl. 9, c.1). Y, en el mismo sentido, el alcalde de la población, en misiva de fecha 9 de enero de 2000, dijo que:

Para la administración municipal ha sido de gran preocupación tanto la no presencia de fuerza pública como los atentados contra la sociedad civil y otros, por ello ha insistido a las autoridades departamentales y nacionales en el establecimiento de la más mínima seguridad en el municipio, como lo es la presencia de la fuerza pública.

En la actualidad existe cubrimiento de fuerza pública a través de rondas, entre tanto, se continúa solicitando la presencia permanente de fuerza pública considerando el presupuesto municipal y departamental (fl. 10, c.1).

9.6.2. El segundo comandante y “JEM” de la Cuarta Brigada de la Primera División del Ejército Nacional, en oficio n.º 00192 BR4-CDO-AJ-746 del 30 de mayo de 2002, aseveró lo siguiente:

El señor CT. GÓMEZ GAMBA FREDY, comandante de la Compañía Contera quien se encuentra actualmente con la Unidad Fundamental adelantando operaciones de destrucción contra las organizaciones armadas al margen de la ley, sobre el área genera del municipio de Abriaquí, tomó contacto con las autoridades civiles y con algunos pobladores de la región para establecer los motivos por los cuales la Policía Nacional dejó de efectuar presencia en el casco urbano de ese municipio, obteniendo los siguientes resultados:

— En el año 1972, el municipio de Abriaquí contaba con 06 agentes de policía, (sic) el día 25 de septiembre de dicho año, algunos agentes en avanzado estado de embriaguez discutieron y se enfrentaron entre sí, ocasionando la muerte de tres pobladores en el intercambio de disparos. Como resultado de estos hechos se adelantó una investigación, ya que inicialmente se informó de un hostigamiento contra la estación y finalmente decidieron sacar a la Policía del municipio.

— Para el año 1995, el municipio volvió a contar con la presencia de la Policía, pero al mes de haber sido reinstalada la estación fue hostigada con un petardo; como resultado de los hechos fue asesinado un agente y ante constantes amenazas por parte de la subversión, la Dirección General de esa institución tomó la determinación de retirar a los efectivos que allí se encontraban.

— Desde esa fecha hasta la presente, el municipio no cuenta con presencia de la Policía Nacional (fl. 83, c. 1).

9.6.3. Un abogado asesor de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante memorando 192/GRUCA-MEVAI del 30 de agosto de 2002, puso de presente el hecho de que en la institución no existían informes sobre la presencia de la Policía Nacional en el municipio de Abriaquí, ante lo cual considera que debe presumirse que dicho cuerpo armado sí tenía agentes desplegados en esa zona. En los términos expresados en la misiva:

Siguiendo instrucciones del señor General Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, cordialmente me permito enviar al despacho bajo su digno cargo, copia del oficio Nro. 1481 de fecha agosto 8 de 2002, procedente del Departamento de Policía de Antioquia, mediante el cual nos informan que revisados los archivos que se llevan en esa Unidad, no se halló antecedente sobre la desactivación del servicio policial en el municipio de Abriaquí, debiéndose entender que la fuerza pública siempre ha estado presente en dicho territorio protegiendo la vida, la integridad y los bienes de las personas que allí residen, a través de los grupos especializados de contraguerrilla que laboran en el Departamento de Policía de Antioquia (fl. 108, c.1).

9.6.4. Lo anterior contrasta con lo dicho en el reporte periodístico publicado en el periódico “El Colombiano” el día 14 de abril de 2003, en donde se informa sobre la llegada de la Policía Nacional al municipio de Abriaquí, después de 30 años de ausencia. Se cita lo pertinente:

Abriaquí estuvo 30 años sin Policía

El sábado en la mañana, el brigadier general Leonardo Castrillón, el coronel Pedro Antonio Molano, y el secretario de gobierno departamental Juan Manuel Restrepo, encabezaron la comitiva que celebró la llegada de la institución policial a los municipios de Campamento, Arfelia y Abriaquí.

(...).

Lo más paradójico es que en 30 años los abriaquiceños no conocen lo que es un policía patrullando sus calles, porque dicen, no la necesitan y no la requieren para portarse bien.

En el recuerdo de muchos ciudadanos que pasan de los 40 años, todavía permanece vivo el lunes 26 de septiembre de 1972, a las 5:00 p.m., cuando dos agentes de la institución, al parecer en estado de ebriedad, dieron muerte en una cantina al secretario del Juzgado Promiscuo Alirio Cardona y a los agricultores Marco Gómez y Aníbal Aguirre.

(...).

Sin resentimientos

Para los abriaquiceños, esa nueva época comenzó el sábado pasado cuando el comandante de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego, y el de la policía de Antioquia, coronel Pedro Antonio Molano, pisaron por primera vez estas tierras. Llegaron en el helicóptero de la Gobernación a celebrar el regreso de la institución y a inaugurar, por anticipado, la nueva estación. Una vez recibieron los saludos de rigor por parte de la tropa acantonada en la cancha de fútbol, donde aterrizó el aparato, caminaron tres cuadras hasta el parque, ante la mirada incrédula de habitantes asomados por las ventanas.

(...).

La consigna será de cero errores

Después de escuchar las prevenciones de la comunidad, el brigadier general, Leonardo Gallego Castrillón, explicó que los policías son ciudadanos vestidos de uniforme, y que los ciudadanos son también policías vestidos de civil, lo que los pone en condiciones de igualdad. “Aquí no venimos solamente a enfrentar los peligros y las amenazas que a ustedes los acechan, la institución se reactiva para integrarse con todos ustedes y luchar hombro a hombro por los problemas de orden social que los aquejan”, señaló. Esta convicción fue recordada media hora después cuando enfiló a la tropa en el parque. “Esta vez no podemos equivocarnos, la consigna de ahora en adelante será cero errores con la ciudadanía, ellos esperan mucho de ustedes”, les advirtió (fl 144, c.1).

9.7. En los años 1996 a 2000, la zona del occidente antioqueño, dentro de la cual está comprendido el municipio de Abriaquí, experimentó un escalamiento del conflicto, con mayor presencia de la guerrilla de las FARC y crecimiento de los grupos de autodefensa, organizaciones armadas que dirigieron sus acciones contra la población civil y las instituciones representativas del Estado. Ello se ilustra en el informe denominado “Panorama actual del Occidente Antioqueño” elaborado de manera conjunta por la Vicepresidencia de la República y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Informe a cuyo tenor:

La segunda fase de la confrontación comprendida entre 1996 y 2000, se caracteriza por el crecimiento sostenido de las acciones de la guerrilla y la intensificación de la violencia producida en el proceso de expansión de los grupos de autodefensa. La guerrilla alcanza el mayor protagonismo armado en 2000, siendo las Farc la organización más activa. En contraste con el escalamiento del accionar de la guerrilla, la iniciativa de combate de las Fuerzas Militares disminuye en 1998 y posteriormente se recupera muy lentamente. Excepto en los años 1996 y 1997, en los cuales los combates superaron la acción de la guerrilla, en los demás prevaleció el accionar de los grupos irregulares, expresado en la alta frecuencia con que se produjeron las acciones de sabotaje, los ataques contra la Fuerza Pública y contra las poblaciones. Los cinco años que forman este segundo período estuvieron determinados por la elevada intensidad de la violencia y la difusión del terror mediante la realización de asesinatos y masacres. (Página 6)

(...).

En el mes de abril de 1997, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para integrar las “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC) que se expresaría a través de dos estructuras armadas en el Occidente antioqueño. El enorme poderío con que contaban las Accu en 1996 las llevó a considerar la posibilidad de aniquilar al bloque José María Córdoba de las Farc, ampliando los escenarios de disputa y apoyándose en nuevos aliados, tales como el frente Pedro León Arboleda, una disidencia del EPL, que operó en Frontino, principalmente entre los años 1993 y 1996. A través de esta disidencia, a la que se sumó un antiguo cabecilla del EPL, Conrado Pérez, se logró establecer el bloque Noroccidente de las AUC. Desde sus inicios, la estructura abarcó los municipios de Uramita, Giraldo, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí, y luego se fue extendiendo hacia Urrao. Cabe recalcar que esta zona se había constituido para la guerrilla en un corredor natural entre el Occidente antioqueño y Panamá, conocido como el corredor de Frontino, el cual abarca los poblados y las zonas de Murrí y Nutibara. En razón a su importancia estratégica, en este escenario acaecieron numerosas masacres entre 1996 y 1997, las cuales coincidieron con la expansión de las Autodefensas sobre Dabeiba, Ituango, Peque y Urrao, en desarrollo de una acción envolvente.

(...).

En la subregión norte, aunque la violencia en el período 1990-1995 tendió a ser menos intensa que en el sur, la expansión de las Accu sobre los municipios de Dabeiba, Frontino, Uramita, Peque, Cañasgordas, Sabanalarga, Buriticá, Giraldo y Abriaquí se expresa en altos índices de homicidio. De este grupo, Abriaquí, Uramita y Cañasgordas superan la tasa de homicidio registrada a nivel regional. Así mismo, cabe destacar la elevada concentración de homicidios en Frontino, Dabeiba y Cañasgordas, municipios donde ocurre cerca del 40% de las muertes de la subregión norte. En esta porción del territorio del Occidente antioqueño, también tuvieron impacto acciones como masacres, asesinatos selectivos y amenazas, producidas por las autodefensas en su proceso de ampliación territorial.

Durante el período 1996-2000, los grupos de autodefensa mediante la violencia, más intensa en la subregión norte, intentan construir tres ejes de despliegue, el primero en Dabeiba, Frontino, Uramita, Cañasgordas, Giraldo y Abriaquí; el segundo pasando por Sabanalarga, Peque, Buriticá, Liborina, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo; y el último a través de Ebéjico, Heliconia, Anzá y Armenia. La actuación de los grupos de autodefensa, que se expresa en cambios bruscos en la tasa de homicidio, masacres, desplazamientos masivos, amenazas y casos de desaparición forzada, se encamina a lograr la homogenización del territorio. En este propósito, la violencia se dirige principalmente hacia los grupos vulnerables, particularmente contra los indígenas, concejales, docentes y sindicalistas, como se observa en los gráficos 11 y 12 (Página 26)(6).

IV. Problema jurídico

10. Al analizar el fondo de las pretensiones formuladas por la parte actora, es necesario que la Sala estudie la existencia de los elementos que conforman la responsabilidad, como son el daño, un hecho –por acción u omisión– del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, así como también el nexo de causalidad entre ambos. En el análisis de los presupuestos de la acción de reparación directa, de la imputación del daño y de la determinación de las indemnizaciones, si hubiere lugar a éstas, la Sala se concentrará en dar respuesta a las siguientes preguntas:

10.1. En primer lugar, como una cuestión previa, será necesario establecer la posible configuración del fenómeno de caducidad de la acción respecto de los daños alegados en el libelo introductorio radicado el 13 de octubre de 2000; detrimentos que, según afirma la parte actora, se causaron con unas incursiones guerrilleras efectuadas por la guerrilla de las FARC los días 24 de abril y 14 de octubre de 1998, y 23 de julio de 1999, que dejaron como resultado la destrucción de algunas mejoras existentes en la finca San Esteban de propiedad del señor Germán Arturo Vélez Giraldo, así como también el hurto de unas cabezas de ganado bovino que eran criadas en la unidad agrícola incursionada, y en otra finca denominada “Las Delicias”.

10.2. Al revisar la imputación del daño, bajo la premisa de que el menoscabo alegado se encuentra plenamente demostrado —según se verá—, se ocupará la Sala de revisar en el sub lite si existen los elementos suficientes para afirmar que las entidades demandadas tuvieron alguna participación en la incursión guerrillera efectuada en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, punto en el cual resulta de gran importancia revisar si, a la sazón de la situación de conflicto armado existente en el lugar y la época de los hechos, existía a cargo de la accionada una especial obligación de protección frente a las mencionadas haciendas, y si hubo algún grado de coparticipación –por acción u omisión– de las entidades estatales en los acontecimientos que hoy se lamentan. Acerca de este mismo punto, es necesario que la Sala establezca si el hecho de que no existieran integrantes del Ejército y la Policía Nacional en el municipio de Abriaquí —Antioquia—, es una situación constitutiva de una falla del servicio, y si la misma tuvo algún nexo de causalidad con los hechos ocurridos el 18 de octubre de 1998.

V. Análisis de la Sala

11. Al revisar la posible configuración del fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa, respecto del cual ha dicho esta Corporación que, por regla general, el término de caducidad de dos (2) años consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para la acción de reparación directa, se cuenta desde el hecho generador del daño cuyo resarcimiento se persigue, siempre y cuando exista una concomitancia entre la causa y el detrimento pues, según se ha precisado, existen casos excepcionales en los que la ocurrencia del menoscabo no coincide en el tiempo con la época de su causación, y en los que la persona interesada sólo tiene conocimiento de la injuria en forma posterior; eventos todos ellos en los cuales la caducidad debe calcularse desde cuando surge el daño, y/o a partir de cuando se tiene conocimiento del mismo sin que haya podido ser apercibido en un instante anterior. En los precisos términos expresados en pronunciamiento de unificación por la Sala Plena de la Sección Tercera:

27. El numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente de ocurrida la ocupación... temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa, que es el caso que ahora concita la atención de la Sala.

28. La aplicación de dicha regla general se exceptúa cuando el conocimiento del hecho sólo fue posible en un momento posterior a la ocurrencia del mismo, siempre y cuando que se observe que el interesado no pudo conocer el hecho dañoso en un momento anterior.

29. En dichas situaciones el término de caducidad se cuenta a partir de que el interesado tiene conocimiento del daño cuya indemnización pretende(7), o desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o causación continuada...

(...).

33. Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término... razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales(8).

11.1. En el caso concreto, la parte actora alega que los hechos causantes de los daños cuya reparación persigue, tuvieron ocurrencia los días 24 de abril y 14 de octubre de 1998, y 23 de julio de 1999 mientras que la demanda fue presentada el día 13 de octubre del año 2000. Ello quiere decir que la acción de reparación directa fue inoportuna respecto de los sucesos del 24 de abril de 1998, mientras que, en contraste, se presentó en tiempo respecto de las incursiones armadas del 14 de octubre de 1998 y el 23 de julio de 1999, razón por la cual se concentrará la Sala en evaluar la responsabilidad de las accionadas respecto de los menoscabos surgidos de estos últimos acontecimientos.

12. La Sala tiene por demostrado el daño alegado por la parte actora, consistente en la destrucción de algunas mejoras existentes en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, y el hurto de algunos semovientes que eran allí criados, todo lo cual ocurrió en el marco de unas incursiones guerrilleras efectuadas por la guerrilla de las FARC los días 14 de octubre de 1998 y 23 de julio de 1999, lo que implicó, según los testimonios, el padecimiento de un daño emergente por la pérdida de bienes materiales —testimonios, párrs. 9.2.3 y 9.2.4, hechos probados— y, según los informes elaborados por empresas dedicadas a la comercialización lechera —párr. 9.4, hechos probados—, un lucro cesante por haber cesado la producción agropecuaria de las mencionadas unidades agrícolas.

12.1. Aquí puntualiza la Sala que, si bien en el proceso se demostró que el señor Germán Arturo Vélez Giraldo, en calidad de sucesor mortis causa reconocido dentro de la herencia liquidada mediante la escritura pública 152 del 14 de agosto de 1997, figura como comunero proindiviso en la propiedad de las fincas conocidas con los nombres de “La Asomadera” y “Las Delicias” —párr. 9.1, hechos probados—, en el proceso no se está ventilando hecho alguno relacionado con la primera de ellas, razón por la cual el estudio de imputación estará limitado a estudiar alegaciones referidas a la finca “San Esteban” y la recién mencionada finca “Las Delicias”.

12.2. En relación con esta última, tal como se ha hecho en casos similares al de autos, se considera que el comunero Germán Arturo Vélez Giraldo, quien en momento alguno ha afirmado estar actuando a nombre de la comunidad, procura la defensa de la cuota parte que le corresponde dentro de la misma, razón por la que cualquier condena que llegue a proferirse se ordenará a prorrata del derecho del hoy peticionario en la comunidad. Al respecto dijo la Sala en la sentencia del 26 de octubre de 2011:

17.2. Al estudiar la legitimación que puede tener un copropietario para reclamar la indemnización de perjuicios que atañen a todos los integrantes de la comunidad, la Sala observa que es necesario que los demás comuneros autoricen expresamente al demandante para que ejerza la correspondiente acción o que, a falta de ello, el demandante manifieste expresamente que está enervando los mecanismos jurisdiccionales en procura de los derechos de toda la copropiedad pues, de lo contrario, no quedaría otro camino que reconocerle la respectiva indemnización a prorrata de su cuota sobre el bien, en aras de preservar los derechos de los demás copropietarios y para evitar un enriquecimiento sin causa a favor del demandante(9).

13. Al revisar la imputación del daño, principiará la Sala por determinar cuál es el régimen de atribución de responsabilidad aplicable al caso concreto y, acto seguido, pasará a estudiar si en el asunto sub examine se demostró una falla del servicio por parte de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional. En este punto se precisa que no es procedente estudiar la responsabilidad de las demás demandadas, esto es el departamento de Antioquia y el municipio de Abriaquí, pues la parte actora no hace señalamiento alguno relacionado con la conducta activa u omisiva de dichos entes territoriales —párr. 1.1, antecedentes—, lo que implica que no se encuentran legitimados en la causa por pasiva. Y, en todo caso, aún si se admitiera la legitimación, no se observa en el plenario actuación u omisión alguna por parte de dichas entidades, a partir de las cuales se las pueda tener como partícipes de los hechos materia de discusión.

13.1. De conformidad con las imputaciones hechas en el libelo introductorio y en las demás intervenciones procesales llevadas a cabo por el extremo demandante, el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso es el de falla del servicio, pues se investiga la responsabilidad del Estado porque, supuestamente, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional participaron por acción o por omisión en los hechos que desembocaron en la destrucción de algunas mejoras existentes en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias” ubicadas en zona rural del municipio de Abriaquí, y en el robo del ganado bovino que allí era criado.

13.2. El Consejo de Estado ha dicho(10) que en los casos en que los ciudadanos solicitan especial protección por parte de los organismos de seguridad, el deber de las autoridades de garantizar la seguridad se singulariza, lo que implica que la intervención de la administración debe instrumentarse en forma obligatoria, so pena de incurrir en omisión o defecto en la prestación del servicio, que puede generar responsabilidad a cargo del Estado, aun cuando el daño haya sido causado por un tercero(11). Igualmente, cuando es de conocimiento de las autoridades —y de la comunidad— que determinado sitio presenta especiales condiciones de inseguridad, ésta Corporación ha entendido que si se retira del sitio a las fuerzas de seguridad, ello implica una falla en la prestación del servicio, lo cual amerita la reparación integral de los daños que se causen. Al respecto se dijo en la sentencia del 29 de agosto de 1996:

La demostración de estos hechos permite concluir la responsabilidad de la Nación – Policía Nacional, por falla en la prestación del servicio de vigilancia en la población de El Castillo Meta, donde a pesar de las circunstancias de especial peligro que enfrentaba la población ante el ataque de subversivos, se levantó el puesto de policía y se fueron de la región.

Es función de la Policía Nacional procurar la seguridad de la vida, honra y bienes de los asociados. El asociado no espera que en caso de ataque por parte de la delincuencia, el organismo encargado de garantizar su vida, su seguridad, desaparezca del sitio porque pueden volver a ser atacados.

Esa actitud implica un incumplimiento total de las funciones que competen a esa institución, la cual justamente está para actuar, en especial frente aquellas circunstancias que alteran el orden público y ponen en peligro la vida, honra y bienes de los asociados.

Dejar desprotegida una población como ocurrió en el caso que ahora se decide, a la merced de los delincuentes que tuvieron completa facilidad para asesinar sin que nadie se opusiera a ello, al juez de la población, constituye una evidente falla en el servicio por incumplimiento de la función que corresponde a esa institución.

En caso similar, con ponencia del señor Consejero Carlos Betancur Jaramillo, la Sala dijo:

“No tiene ninguna razón justificativa el retiro del cuartel de la zona de los acontecimientos desde marzo de 1.988 y menos después de todo lo que estaba ocurriendo en la región en materia de orden público, en donde según los testimonios los campesinos estaban a merced de organizaciones delincuenciales fuertes y bien armadas, (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, delincuentes comunes).”

“Con lo precedente no quiere significarse que a cada finca en particular se le deba poner una protección especial por las autoridades. No; no habría presupuesto ni personal para tal cometido. Pero de esto no puede concluirse que vastas zonas del país, como la que cobija esta demanda, puedan dejarse abandonadas a la buena de Dios, para que la delincuencia cumpla en ellas, sin oposición alguna, la aventura de gobernar, juzgar y condenar.”

“La autoridad legítima no puede tolerar semejante omisión, a menos que quiera conformarse, para pasmo de propios y extraños, con un monstruoso, inconcebible e inconstitucional cogobierno” (...)(12).

13.2. No obstante, debe ponerse de presente que la obligación a cargo de las autoridades en relación con la protección de la vida, honra y bienes de los habitantes, es un deber de carácter abstracto y, para determinar la ocurrencia de la falla del servicio, los aludidos deberes deben analizarse en relación con el caso concreto, para establecer si existía una condición de peligro que ameritara una especial protección de las víctimas, sin perder de vista que, para que exista responsabilidad, es necesario que la omisión de la conducta debida por parte de la administración haya sido determinante en la ocurrencia del daño. En este punto se cita in extenso la sentencia del 6 de marzo de 2008, en la cual se dijo por la Sala:

En primer lugar, la doctrina distingue las omisiones en sentido laxo y las omisiones en sentido estricto, para considerar que las primeras están referidas al incumplimiento de los deberes de cuidado necesarios para prevenir un evento, de por sí previsible y evitable, cuando se ejerce una actividad. De este tipo serían, por ejemplo, las relacionadas con la falta de señalización de obstáculos que en la actividad de construcción se dejan sobre una vía(13); en tanto que las segundas están relacionadas con el incumplimiento de una actuación a la cual se hallaba obligado el demandado, es decir, la omisión de una actuación que estaba en el deber de ejecutar y que podía impedir la ocurrencia de un hecho dañoso. El caso típico sería el del incumplimiento del deber de protección que el Estado debe brindar a las personas, que de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso.

En relación con las omisiones que bajo estos criterios se han denominado como de sentido restringido, la Sala ha señalado que la responsabilidad del Estado se ve comprometida cuando se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(14); b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(15).

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(16).

(...).

Conforme a la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso(17). Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad(18). Es decir, que serán las cirunstancias concretas las que determinarán cuál era la obligación específica de seguridad que tenía el Estado en relación con quien ha sufrido un daño.

Ahora, la obligación de seguridad que corresponda prestar al Estado en un evento determinado, conforme a la jurisprudencia que la Sala ha desarrollado desde vieja data, debe determinarse en consideración a su capacidad real de prestar ese servicio, atendidas las circunstancias concretas, bajo el criterio de que “nadie está obligado a lo imposible”.

(...).

En decisión posterior se hizo una exposición más amplia de ese criterio y se consideró que el juez, para apreciar la falla del servicio, no debía referirse a una norma abstracta, sino que debía preguntarse por lo que en ese caso debía esperarse el servicio, teniendo en cuenta la dificultad más o menos grande de su misión, las circunstancias de tiempo (períodos de paz, o momentos de crisis), el lugar, los recursos humanos y materiales de que disponía, etc(19).

(...).

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución, la Sala reiteró el criterio que venía sosteniendo sobre la relatividad de la falla del servicio, conforme al cual la exigencia que debía hacerse al Estado sobre el cumplimiento de sus obligaciones estaba determinada por la verificación de sus condiciones materiales reales y no sobre criterios ideales (...)(20).

En síntesis, ha sido el criterio reiterado de la Sala que al Estado sólo le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, cuando tales daños se hubieran podido evitar si aquél hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que por mandato constitucional correspondía. Pero, que el contenido de esa obligación de seguridad en cada caso se determina de acuerdo con la capacidad que materialmente tuviera para cumplirla, atendiendo las circunstancias particulares.

(...).

En conclusión —en el caso concreto que en aquella oportunidad analizó la Sala—, como no está demostrada la existencia de una obligación concreta a cargo del Estado, que de haberse cumplido habría evitado el daño que sufrió la sociedad demandante, no hay lugar a declarar patrimonialmente responsables a las entidades demandadas por falla en el servicio por omisión(21).

13.3. De conformidad con lo anterior, al analizar la existencia de una falla del servicio por defecto o ausencia de la prestación del servicio de seguridad que les compete a las fuerzas de seguridad del Estado, resulta necesario establecer, en primer lugar, si la situación especial de protección respecto de la cual se predica la falla, fue puesta en conocimiento a las autoridades. En segundo lugar, para determinar si la falla en la prestación del servicio tiene nexo causal con el daño alegado por la víctima, deberá verificarse si los medios con que contaban las entidades demandadas, eran suficientes para enfrentar la situación de peligro o inseguridad, y si la intervención de la autoridad habría sido suficiente para evitar que se consumara el daño que alega la víctima.

13.4. En el caso concreto, observa la Sala que tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional tenían –o debían tener– conocimiento de la delicada situación de orden público que se vivía en el municipio de Abriaquí; y que, además, la ausencia de dichos cuerpos de seguridad en la zona, que es una situación que se prolongó por varios años, es una protuberante falla del servicio que facilitó el actuar del grupo guerrillero que el 14 de octubre de 1998 y el 23 de julio de 1999 incursionó en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, destruyó la casa que había en las mismas con todos sus enseres y hurtó el ganado que componía el hato lechero a cuya cría se dedicaban las unidades agrícolas.

13.4.1. En efecto, en lo que tiene que ver con el conocimiento de la situación de riesgo que se vivía en el municipio de Abriaquí, aunque no existe en el expediente prueba de que el señor Germán Arturo Vélez Giraldo haya formulado solicitud de protección alguna antes de los hechos dañosos, lo cierto es que era un hecho notorio para las autoridades estatales la fuerte intensidad del conflicto armado que se desenvolvía en la zona, pues así lo hicieron notar los comandantes de la Policía Nacional cuando reinstalaron el puesto de policía en el municipio —párr. 9.6.4, hechos probados— y, además, ello se relató con gran detalle en el informe elaborado por la Vicepresidencia de la República y el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario —párr. 9.7, hechos probados—, documento este último en el que se puso de presente la intensa lucha que en el occidente antioqueño se presentaba entre la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares, lo que hacía indispensable la presencia de la fuerza pública allí, en aras de preservar la integridad y bienes de los pobladores y, por esa misma vía, garantizar su convivencia pacífica.

13.4.1.1. Ello quiere decir que la obligación que le asistía tanto al Ejército Nacional como a la Policía Nacional respecto de la seguridad de los pobladores del municipio de Abriaquí, entre ellos el señor Germán Arturo Vélez Giraldo, no era el deber general de protección normalmente surgido del artículo 2º de la Constitución Política, sino que se trataba de una obligación concreta derivada de la situación de conflicto que se vivía en esa zona, pues considera la Sala que cuando las autoridades conocen —o debieron conocer— una particular situación de violencia, su obligación de protección respecto a los ciudadanos se acentúa y, además, se concreta respecto de los pobladores del área afectada por los fenómenos de violencia.

13.4.2. Además, considera la Sala que está probada la existencia de una falla del servicio en el caso concreto, pues a pesar del apercibimiento que existía —o debía existir— respecto de la situación de riesgo que se presentaba en el municipio de Abriaquí, lo cierto es que ni el Ejército Nacional ni la Policía Nacional hacían presencia en la zona, tal como se dejó ver en la constancia del 7 de enero de 2000 —párr. 9.6.1, hechos probados—, con lo que dejaron a la población civil a merced del actuar de los grupos ilegales que se disputaban el control de sitios que, como el municipio de Abriaquí, eran estratégicamente importantes en el occidente antioqueño.

13.4.2.1. Al respecto, es indudable que la ausencia de fuerzas estatales del orden en el municipio de Abriaquí —Antioquia—, facilitó el accionar de la guerrilla de las FARC al momento de incursionar en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, pues dicho grupo contó con el tiempo y la tranquilidad suficientes para instalar cargas explosivas en las edificaciones, y también para reunir y sustraer el ganado que existía en las unidades agrícolas.

13.4.2.2. Y lo cierto es que en el sub lite ni la Policía Nacional ni el Ejército Nacional desplegaron labor probatoria alguna tendiente a demostrar que los desafíos de seguridad en la zona sobrepasaban las capacidades de dichas instituciones, o que se llevaron a cabo acciones para tratar de solventar la situación de violencia e inseguridad que allí se vivía, lo que implica que no se pueda hablar de relatividad en la falla en el servicio de que se viene hablando. Y esta última falencia en la actividad procesal de las demandadas, no se solventa con el argumento que alguna de ellas quiso exponer, de acuerdo con el cual, al no hallarse “... antecedentes sobre la desactivación del servicio de policía en el municipio de Abriaquí...”, debe entenderse “... que la fuerza pública siempre ha estado presente en dicho territorio...” —párr. 9.6.3, hechos probados—. Al respecto, considera la Sala que si fuera cierto que las instituciones militares y de policía hicieron presencia en el sitio y época de los hechos, entonces debería existir un registro pormenorizado de ello en los correspondientes archivos y bases de datos.

13.5. Con lo anterior, la Sala arriba a la conclusión de que en el caso concreto está demostrada la falla del servicio cometida por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional, y que dicha falla tiene nexo de causalidad con el daño cuya indemnización persigue el señor Germán Arturo Vélez Giraldo, lo que implica que se pueda imputar responsabilidad a las mencionadas entidades.

VI. Conclusión

14. De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, observa la Sala que la decisión de primera instancia, esto es, la providencia proferida el 8 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, será revocada para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional, por la destrucción de algunas mejoras y el hurto de unos semovientes que antes existían en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, en hechos ocurridos los días 14 de octubre de 1998 y 23 de julio de 1999, daños cuyo resarcimiento pasa a determinar la Sala.

VII. Medidas de reparación

15. En el escrito de la demanda se pide la indemnización de los perjuicios materiales derivados de la destrucción de la casa de la finca “San Esteban” y de la pérdida del ganado bovino que allí era criado, detrimento que, si bien se encuentra fehacientemente demostrado, no está plenamente determinado en lo que tiene que ver con el monto exacto del daño emergente y del lucro cesante que es procedente indemnizar. En relación con esos menoscabos, considera la Sala que es procedente hacer las siguientes precisiones de cara a su indemnización.

15.1. En lo que tiene que ver con el daño emergente, en el proceso se rindió un dictamen pericial por parte de dos peritos avaluadores, en el cual se tasó el valor de la casa destruida por la guerrilla de las FARC en las fincas “San Esteban”, en la suma global de $72 000 000. No obstante, en el concepto rendido por esos auxiliares de la justicia no se especifican cuáles son los fundamentos objetivos que condujeron a la estimación del valor de los bienes destruidos, y los autores del informe se limitan a soportar las conclusiones del mismo en la cantidad de otros estudios elaborados por ellos frente a casos similares debatidos ante la jurisdicción de los contencioso administrativo. Con ello, considera la Sala, que el peritaje no soporta el análisis de que trata el inciso primero del artículo 241 del Código de Procedimiento Civil que dispone que “... al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos...”.

15.1.1. Por tales razones, para el cálculo de la indemnización de perjuicios por daño emergente se proferirá una condena en abstracto en los términos del artículo artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor:

ART. 172.— ... Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación.

15.1.2. Como parámetros de valoración del daño emergente, será necesario que en el trámite incidental se rinda un nuevo dictamen pericial por parte de avaluadores arquitectos, quienes deberán establecer, de conformidad con los precios a la venta que fueren existentes a la fecha del avalúo y en la zona donde se ubican las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, cuál es la cabida de la casa demolida, así como el precio del metro cuadrado por área construida en la misma con todo el aprovisionamiento necesario para su normal funcionamiento. Al respecto, aunque no existe prueba de los enseres que existían al momento de la destrucción, lo cierto es que debían existir, pues la finca se encontraba en pleno funcionamiento al momento de los hechos. En todo caso, sin perjuicio de la utilización de peritos expertos en arquitectura, en el incidente podrán decretarse todas las pruebas que se estimen conducentes y pertinentes para determinar los parámetros que acaban de mencionarse. Además, como los peritos sólo mencionan la destrucción de unas edificaciones en la finca “San Esteban”, entonces la estimación de estos destrozos deberá estar limitada a esta unidad agrícola.

15.1.3. También con base en los medios de convicción que se estimen necesarios, y sin perjuicio de la ayuda que pueda obtenerse de testimonios e informes elaborados por peritos expertos en manejo agropecuario de ganado vacuno, deberá establecerse claramente cuál es el tipo de vacas y demás semovientes que existían en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias”, así como también su número y su valor en el mercado, para efectos de determinar el quantum del daño emergente sufrido por el señor Germán Arturo Vélez Giraldo como consecuencia del hurto cometido en las mencionadas unidades agropecuarias.

15.2. Otro tanto ocurre al revisarse el dictamen pericial en relación con el daño por lucro cesante padecido por el señor Germán Arturo Vélez Giraldo porque, además de que los peritos no fundamentan las fuentes de los precios que utilizaron para estimar el valor del rendimiento lechero dejado de percibir, tampoco existe en el expediente una prueba fehaciente que indique cuál era el número y calidad de los semovientes robados por la guerrilla de las FARC, lo que implica que los valores señalados en las conclusiones de los expertos, están basados en meras suposiciones.

15.2.1. Ello implica que también en relación con este tipo de perjuicio deba hacerse una condena en abstracto, tal como antes se explicó para el daño emergente, para cuya liquidación, sin perjuicio de que se alleguen todos los medios de convicción que se estimen convenientes, deberán atenderse los criterios que pasan a explicarse:

15.2.2. En primer lugar, será necesario establecer cuál es el número exacto y tipo de semovientes hurtados de las fincas “San Esteban” y “Las Delicias” en los hechos del 14 de octubre de 1998 y el 23 de julio de 1999.

15.2.3. En segundo orden, con base en el estimado realizado por la empresa Colanta según fue referido en los hechos probados de la presente providencia –párr. 9.3.2–, y con el auxilio de un perito experto en zootecnia, deberá establecerse cuál es la tasa de mortalidad/natalidad del hato hurtado por la guerrilla de las Farc en los hechos del 14 de octubre de 1998 y el 23 de julio de 1999. Del mismo modo, deberá determinarse cuáles son los gastos de mantenimiento productivo de ese grupo de animales, que debe oscilar, según la referida estimación, entre el 70 y 90% de las ventas de las unidades agrícolas.

15.2.4. Así mismo, teniendo en cuenta los anteriores insumos de evaluación, será necesario establecer cuál era la tasa de producción de cada una de los dos fincas afectadas, de tal manera que pueda determinarse cuál fue la renta dejada de percibir por el demandante durante los 6 meses siguientes a las épocas en que se produjeron las incursiones guerrilleras, que es el tiempo que presumiblemente se habría demorado el señor Germán Arturo Vélez Giraldo en restablecer el rendimiento económico de su actividad ganadera(22).

15.3. Se aclara en este punto que, en relación con la finca “Las Delicias”, al demandante sólo podrá reconocérsele lo correspondiente a su cuota dentro de la comunidad de bienes descrita en la escritura n.º 152 del 14 de agosto de 1997, de acuerdo con la cual la hijuela correspondiente fue adjudicada a 12 descendientes, entre ellos el señor Germán Arturo Vélez Giraldo, quien siempre actuó en su calidad de persona individualmente considerada y no como comunero o representante de la comunidad de bienes de que hace parte la referida hacienda.

15.4. Del mismo modo, el monto incidentalmente determinado en ningún caso podrá sobrepasar los montos indemnizatorios solicitados en la demanda, ello para salvaguardar la congruencia que debe existir entre los solicitado y lo reconocido en la sentencia.

VIII. Costas

16. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes o de los demás intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.

17. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

De conformidad con lo expuesto en la parte motiva, REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 8 de mayo de 2008 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

Primero: DECLÁRASE CADUCADA la acción frente a los sucesos del 24 de abril de 1998.

Segundo: DECLÁRASE administrativa responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional por los daños surgidos de las incursiones efectuadas los días 14 de octubre de 1998 y 23 de julio de 1999 en las fincas “San Esteban” y “Las Delicias” en zona rural del municipio de Abriaquí –Antioquia–.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE EN ABSTRACTO a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional a pagar a los demandantes, a título de indemnización de perjuicios, las condenas que incidentalmente se determinen con base en los parámetros fijados en la parte motiva de la presente providencia.

Cuarto: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: Sin condena en costas por el trámite de la segunda instancia.

Sexto: EXPEDIR, por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

Séptimo: CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Octavo: En firme este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

1 En auto del 22 de enero del año 2002 (f. 69, c.1).

2 A folio 22 del cuaderno 1, se estima el monto de todos los perjuicios patrimoniales cuya indemnización se solicita, en $313 000 000,oo pesos m/cte. En la medida en que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, entonces la cuantía debe determinarse con la sumatoria de todas las pretensiones estimadas en el libelo introductorio. Así, el numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo tal como quedó después de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispone que la cuantía necesaria para que un proceso sea de doble instancia —y conocido en segundo grado por el Consejo de Estado—, debe ser superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es $130 050 000 con el salario mínimo vigente para el año 2000 –$260 100–, que es la época en que se interpuso la demanda de reparación directa. Lo anterior implica que el presente caso puede ser conocido por la Sala en sede de apelación.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno–, sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación n.° 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros.

4 Para un recuento jurisprudencial acerca de la posibilidad de valorar reportes periodísticos, puede revisarse, entre otros, el siguiente pronunciamiento de la Subsección “B”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”, sentencia del 29 de agosto de 2014, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.º 25000-23-26-000-1997-14961-01 (acumulado), número interno 28373, actor: Triturados del Tolima Limitada y otros, demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Allí se dijo: “… la Sala dará valor probatorio a los recortes de prensa, en el sentido de considerar que está demostrada la divulgación de ciertos hechos en medios de comunicación de amplia circulación, según se dejará explicado en el siguiente punto de las consideraciones de la presente providencia. En caso de que exista correspondencia entre los sucesos narrados por los reportes periodísticos y los hechos señalados por las demás pruebas del proceso, se tendrán por ciertos los hechos narrados en tales medios de convicción, según la postura contenida en las providencias a las que se hizo referencia en los acápites anteriores…”.

5 El peritaje está acompañado de varias fotografías en las que se aprecia la destrucción de la casa que existía en la finca “San Esteban”, así como también de algunos electrodomésticos y muebles (fls. 135 y sgts. c. 1).

6 El informe puede ser consultado en la página de internet http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/occidenteantioqueno.pdf, y en su contra portada tiene la siguiente nota bibliográfica: PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, Coordinación Editorial: Observatorio de Derechos Humanos y DIH.

7 [5] “Ver sentencia del 7 de mayo de 1998, proferida dentro del proceso radicado No. 14.297, promovido por William Alberto Londoño contra el Instituto de Seguro Social. Los criterios contenidos en la citada providencia, han sido reiterados en los siguientes pronunciamientos: sentencia del 11 de mayo de 2000, C. P.: María Helena Giraldo Gómez, expediente No. 12.200; auto del 5 de octubre de 2000, C. P.: María Helena Giraldo Gómez, expediente No. 18.208; auto del 10 de noviembre de 2000, C. P.: María Helena Girlado Gómez, expediente No. 18.805; sentencia del 29 de enero de 2004, C. P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez, expediente No. 18.273; auto de 25 de marzo de 2004, C. P.: Ramiro Saavedra Becerra, expediente No. 24.647; auto del 22 de marzo de 2007, C. P.: Alier Eduardo Hernández Henríquez, expediente No. 32.935, entre otros”.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –en pleno–, auto del 9 de febrero de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.º 54001-23-31-000-2008-0301-01, actor: Pablo Carvajalino Lázaro y otros, demandado: Empresa Electrificadora de Santander y otros.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 26 de octubre de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.º 52001-23-31-000-1998-00523-01 (18350), actor: Daniel Jesús Cabrera de la Rosa, demandado: Fondo Nacional de Caminos Vecinales y otros.

10 Se reitera en este punto la jurisprudencia que, frente a casos similares, ha sido sostenida por la Subsección “B” de la Sección Tercera. Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”–, sentencia del 19 de septiembre de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.º 23001-23-31-000-1997-08348-01 (21279), actor: Luz Eleste Barrera Violett y otros, demando: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 1997, C.P. Ricardo Hoyos Duque, radicación n.° 10958, actor: Gloria Flórez y otros, demandado: Ministerio de Defensa Nacional.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 1996, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente 11.394, actor: Rosalía Jurado Veloza y otros, demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional.

13 [2] Por ejemplo, GUIDO ALPA. Nuevo Tratado de Responsabilidad Civil. Lima, Juristas Editores, 2006, págs. 346 y ss., señala que en este tipo de eventos, “en realidad, no se trata de una “omisión” sino del ejercicio de una actividad sin la adopción de oportunas medidas de seguridad”.

14 [3] Sentencia del 23 de mayo de 2004.

15 [4] Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp: 7616.”

16 [5]’…conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño’. Sentencia del 21 de febrero de 2002, exp: 12.789.

17 [6] En sentencia del 11 de julio de 2002, exp: 13.387, dijo la Sala: “La Corporación ha reiterado que si no está probado que la medida de protección fue solicitada en forma expresa no se acredita la falla de la Administración. Pero ello no implica que la petición deba ser únicamente por escrito, pues dependiendo de las circunstancias, la misma no sólo puede sino que debe hacerse en forma directa y verbal...La solicitud expresa y previa como requisito de imputación para una presunta omisión en la protección, tiene cabida cuando las circunstancias lo permiten. Por ejemplo, el desplazamiento de un candidato a cualquier cargo de elección popular, o de un funcionario de alto rango, o de un funcionario judicial para desplazarse a determinada región, o simplemente la solicitud de protección a la residencia de determinado funcionario. Es obvio que la institución policial no esté en la obligación de prestar en tales casos protección, cuando no se le pidió por escrito y con alguna antelación.

18 [7] En varias oportunidades ha sostenido la Sala que en relación con el deber de protección de la “vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” que corresponde cumplir a las autoridades de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución, la falla del servicio se concreta ante la ausencia de la especial vigilancia demandada en forma expresa por quien se halle “en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado”. Sentencia del 30 de octubre de 1997, exp: 10.958. Así, en sentencia de 19 de junio de 1997, exp: 11.875, dijo la Sala: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low”. En el mismo sentido, ver, por ejemplo, sentencias de 30 de octubre de 1997, exp. 10.958, 5 de marzo de 1998, exp. 10.303 y de 7 de septiembre de 2004,, exp: 14.831.

19 [10] Sentencia del 4 de agosto de 1988, exp. 5125.

20 [13] Sentencia del 25 de octubre de 1991, exp. 6680. Criterio que continuó siendo reiterado por la Sala. Así, en sentencia de de 3 de abril de 1997, exp. 9467, dijo: “Y no puede tampoco dejar de señalarse aquí, que la falla del servicio debe entenderse configurada sólo cuando teniendo en cuenta las posibilidades concretas de atención con las que contaba la administración, el servicio fue prestado inadecuadamente, pues, como lo ha dicho la sala, la falla del servicio no puede predicarse de un estado ideal sino que debe ser relativa a las circunstancias concretas en que dicho servicio se desarrolla…”.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación No. 66001-23-31-000-1996-03099-01(14443), actor: AGROLÁCTEOS S.A.

22 Se utiliza el término de seis (6) meses tal como se hiciera ya por esta Sala de Subsección “B” en la sentencia del 3 de septiembre de 2015, expediente n.º 35.834, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo.