Sentencia 2000-04052 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 05001-23-31-000-2000-04052-01 [19789]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia

Actor: Hernán Rojas Araújo (NIT. 4.951.665)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Impuesto sobre la renta - 1994

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos mediante los cuales la DIAN modificó la liquidación privada del impuesto de renta del año gravable de 1994, presentada por el contribuyente Hernán Rojas Araujo.

Cuestión previa

En el recurso de apelación, la demandada discute la decisión del a quo de tener por no contestada la demanda, por haber sido presentada extemporáneamente. Sin embargo, la Sala advierte que asiste razón a la DIAN en cuanto a que su escrito de contestación fue oportuno, por las siguientes razones:

El 29 de octubre de 2001(14), el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda interpuesta por el actor y ordenó la fijación en lista por diez días para que la DIAN contestara la demanda. Se observa que la fijación en lista se realizó el 8 de agosto de 2002, según consta en el sello que obra a folio 40 vto.

En esas condiciones, los 10 días previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, transcurrieron entre el 8 de agosto y el 22 de agosto de 2002, toda vez que el 19 de agosto de ese año fue festivo, por tanto, contrario a lo señalado por el a quo, resulta oportuno el escrito de contestación radicado el 22 de agosto de 2002, según se advierte a folio 49 del expediente.

Precisado lo anterior, procede la Sala a estudiar los motivos de inconformidad con la sentencia apelada que fueron planteados por la recurrente.

1. Excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa.

La demandada alega que el tribunal no se pronunció sobre esta excepción planteada en la contestación. Al respecto se advierte que independientemente de que el a quo tuvo por no contestada la demanda y que fue en ese escrito en el que se planteó la excepción, el tribunal, al iniciar la parte considerativa de la sentencia apelada(15), analizó de oficio si era procedente estudiar el argumento planteado por el actor en la demanda, relacionado con la violación de lo dispuesto en los artículos 710 y 714 del estatuto tributario, sustentada en el hecho de que la liquidación de revisión se notificó más de 6 meses después de vencido el término para dar respuesta al requerimiento especial.

Al respecto, el a quo señaló lo siguiente: «el hecho de que la parte actora no hubiera aducido en vía gubernativa el cargo que ahora plantea ante la jurisdicción como constitutivo de nulidad de los actos demandados, no impide su estudio y definición en esta instancia, conforme a lo (sic) ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado»(16). En este punto transcribió, en nota de pie de página, apartes de la sentencia del 17 de marzo de 2005, expediente 14113, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

De lo expuesto se concluye que, contrario a lo afirmado por el ente demandado, el tribunal tuvo en cuenta que la demandante no había planteado en sede administrativa el cargo de extemporaneidad de la liquidación oficial de revisión y realizó oficiosamente el estudio de la excepción propuesta, previo a proceder al análisis del cargo de la demanda.

Ahora bien, como en el recurso de apelación el ente demandado se ratifica sobre la configuración de esta excepción, se advierte lo siguiente:

Esta Sección ha indicado que el agotamiento de la vía gubernativa es un presupuesto procesal de la acción consagrado en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo y que, a su vez, el artículo 63 ibídem, consagra como hipótesis para considerar que se ha agotado que se hayan decidido los recursos, lo cual implica la existencia de una discusión previa que el peticionario ha planteado a la Administración contra el acto administrativo de carácter particular y concreto y cuya decisión por esa vía no ha satisfecho las pretensiones del contribuyente.

En cuanto a la posibilidad de plantear nuevos hechos de inconformidad por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que este es un tema que la jurisprudencia ha precisado por vía de interpretación y, en esta forma, se estructuró la tesis, según la cual, «[l]os hechos que se presentan en la vía gubernativa imponen el marco de la demanda ante la jurisdicción no siendo viable aceptar nuevos hechos, aunque si mejores argumentos de derecho»(17).

Para explicar esta tesis, en la sentencia del 17 de marzo de 2005, expediente 14113, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa(18), la Sala indicó lo siguiente:

«… no existe ninguna limitación para que ante la jurisdicción puedan aducirse nuevos y mejores argumentos a los expuestos en vía gubernativa como causal de nulidad de los actos administrativos cuya legalidad se impugna. En efecto,… las causales de nulidad son las consagradas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, para todos los actos administrativos, y su invocación no está condicionada a que se hubieren alegado en la vía gubernativa. De donde se deduce la posibilidad de alegar causales nuevas no planteadas inicialmente, pues el examen de legalidad del acto acusado debe concretarse en los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, los que a su turno deben corresponder a cualquiera de las causales de nulidad contempladas en el segundo inciso del artículo 84...».

Pues bien, en el caso concreto, el demandante plantea en la demanda la supuesta extemporaneidad en la expedición de la liquidación oficial, aspecto que no hizo parte de la discusión en sede administrativa. Sin embargo, la Sala advierte, con base en la jurisprudencia transcrita, que este fundamento constituye un «argumento nuevo» en la medida en que está encaminado a reforzar la petición de nulidad de los actos acusados y que no varía los hechos discutidos en la actuación administrativa. Además, se advierte que la extemporaneidad en la expedición de la liquidación oficial de revisión implica la falta de competencia temporal del funcionario para ejercer las facultades de fiscalización, que es una causal de nulidad prevista en el artículo 84 Código Contencioso Administrativo(19).

En esas condiciones, no prospera la excepción planteada por la demandada.

2. Extemporaneidad de la liquidación oficial de revisión.

La apoderada de la DIAN manifiesta que la liquidación oficial de revisión fue expedida dentro del término legal de los seis meses que señala el artículo 710 del estatuto tributario, porque si bien el requerimiento especial fue notificado el 6 de mayo de 1998, al haber sido devuelto por el correo, procedía la notificación por aviso, sin que el demandante pueda demostrar que efectivamente conoció del acto con la notificación por correo, debido a su devolución.

De los antecedentes administrativos se advierte que el 5 de febrero de 1996, el demandante presentó extemporáneamente la declaración del impuesto de renta del año gravable 1994(20), por tanto, los dos años que tenía la administración para notificar el requerimiento especial, de acuerdo con el artículo 705 estatuto tributario, vencían el 5 de febrero de 1998.

El 25 de junio de 1997, la DIAN profirió el emplazamiento para corregir 11-48-78-4-154(21), enviado por correo en la misma fecha, con lo cual se suspendió el término para notificar el requerimiento especial por un mes, como lo señala el inciso final del artículo 706 del estatuto tributario. De manera que el término para notificar ese acto administrativo previo, que inicialmente era el 5 de febrero de 1998, se extendió hasta el 5 de marzo de 1998.

Igualmente, obra en el expediente el auto de inspección tributaria 59-11-1-48-75-8-52 expedido y notificado por correo el 4 de marzo de 1998(22), diligencia de la cual se levantó el acta de inspección tributaria 12 el 28 de abril de 1998, lo cual, en virtud del artículo 706 del estatuto tributario, suspendió por segunda vez el término para notificar el requerimiento especial, por un lapso de tres meses contados a partir de la notificación del auto que decretó la inspección tributaria, como quiera que se realizó de oficio.

Entonces, como consecuencia de la segunda suspensión, el término para que la administración tributaria pudiera notificar válidamente el requerimiento especial se extendió hasta el 5 de junio de 1998.

En efecto, el requerimiento especial 59-11-1-48-75-7 fue expedido el 6 de mayo de 1998 y en esa misma fecha se envió al correo para su notificación al contribuyente(23). Sin embargo, obra a folio 1018 que el requerimiento especial fue devuelto el 20 de mayo de 1998 a la Administración, según sello que obra en la primera hoja del requerimiento y en el que no se especifica la causal de devolución. Al respecto se advierte que el demandante no controvirtió el hecho de la devolución del correo, que fue enviado a la misma dirección informada en la declaración de corrección presentada el 24 de abril de 1998(24).

Ante la devolución del correo, la DIAN procedió a notificar el requerimiento especial por aviso publicado en el diario El Espectador del martes 4 de agosto de 1998(25) con fundamento en el artículo 568 del estatuto tributario, vigente para la fecha de los hechos(26).

El citado artículo 568 estatuto tributario, que autoriza la notificación mediante aviso en diario de amplia circulación, dispone que los términos para el contribuyente se contabilizan «desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación». En este caso, el término para responder o contestar el requerimiento debía contarse desde la fecha de la publicación en el diario El Espectador, es decir desde el 4 de agosto de 1998.

Sin embargo, obra en el expediente que el 5 de agosto de 1998, el demandante presentó la respuesta al requerimiento especial, en la que controvirtió la adición de ingresos y la sanción por inexactitud. Y, en esa misma fecha, radicó ante la DIAN una solicitud de acuerdo de pago en la que afirmó lo siguiente: «Este acuerdo de pago es indispensable para adjuntar a la respuesta al requerimiento especial que tiene vencimiento el día 6 de agosto de 1998»(27).

De lo anterior, la Sala observa que del expediente no se puede establecer con certeza, ni el actor lo manifiesta, en qué fecha tuvo conocimiento y se enteró del contenido del requerimiento especial, es decir, si fue con ocasión de la notificación del correo o de la publicación en el diario El Espectador.

Sin embargo, la Sección considera que la actuación desplegada por la Administración se ciñó a lo previsto en la normativa tributaria, porque realizó la notificación por correo como lo manda el artículo 565 del estatuto tributario y, ante la devolución del correo, hecho cierto y probado en el proceso, procedió a la notificación por aviso prevista en el artículo 568 ibídem, a fin de garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa del contribuyente.

Por consiguiente, al haberse agotado el procedimiento antes descrito, en las condiciones precisadas en este caso, ni la administración ni el contribuyente pueden desconocer los efectos que tiene en los términos para las actuaciones siguientes, esto es, la respuesta al requerimiento especial y la expedición de la liquidación oficial de revisión. Ahora, el hecho de que el contribuyente haya manifestado que el plazo para responder el requerimiento especial vencía el 6 de agosto de 1998, es decir, como si se hubiera notificado del requerimiento especial el 6 de mayo de 1998 cuando fue enviado por correo, tal afirmación por sí sola no permite modificar la certeza que tenía la demandada de que el correo no fue entregado a su destinatario y que, por tanto, la publicación por aviso fue la que finalmente surtió la notificación del requerimiento.

En consecuencia, al tener como fecha de notificación del requerimiento especial, la realizada de conformidad con el artículo 568 del Estatuto Tributario, es pertinente anotar que aunque dicha notificación se formalizó el 4 de agosto de 1998, es decir después del 5 de junio de 1998, que como se dijo, era el término máximo que tenía para notificar el requerimiento especial, teniendo en cuenta las dos suspensiones, la misma norma advierte que los términos para la administración se contarán desde la primera fecha de introducción al correo, es decir, desde el 6 de mayo de 1998, razón por la cual el requerimiento fue oportuno.

Pero, con fundamento en el mismo artículo 568 antes comentado, los tres meses que prevé el artículo 707 del estatuto tributario para dar respuesta al requerimiento especial, se cuentan, en el sub examine, desde el 4 de agosto de 1998, fecha de la notificación por aviso y terminan el 4 de noviembre del mismo año(28).

En tales condiciones, el término de los seis meses para expedir la liquidación de revisión concluía el 4 de mayo de 1999, de manera que la liquidación 900016 expedida el 30 de abril de 1999 y notificada en la misma fecha(29) se dio a conocer al demandante dentro del término previsto en el artículo 710 del estatuto tributario.

En consecuencia, prospera el recurso de apelación y procede el estudio de los demás cargos de la demanda.

3. Renta presuntiva por consignaciones bancarias (E.T., art. 755-3).

El artículo 755-3 del estatuto tributario, vigente para la época de los hechos, establecía:

«ART. 755-3.—Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 15% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en contrario. (…)» (resaltado fuera de texto).

La Sala ha señalado que la presunción a que se refiere la norma transcrita, tiene como presupuestos principales, «la existencia de indicios graves de los cuales se pueda interpretar que las consignaciones realizadas en las cuentas de terceros, o en cuentas que no correspondan a las registradas en la contabilidad, pertenecen a ingresos derivados de las operaciones realizadas por el contribuyente, esto es, ingresos propios del contribuyente»(30).

Con base en lo anterior, la Sección precisó que el artículo 755-3 del estatuto tributario prevé que las cuentas de ahorro o bancarias, pueden hallarse en dos circunstancias de titularidad, así:

«1. Figurar a nombre de terceros. Caso en el cual se parte de la base de que formalmente su titular no es el contribuyente, pero se establece que real y materialmente éste la utiliza para realizar sus operaciones.

2. O, que siendo del propio contribuyente “no correspondan a las registradas en la contabilidad”. Es claro que las cuentas de ahorro o corrientes que deben registrarse en la contabilidad, son aquéllas que por pertenecer al contribuyente, deben aparecer debidamente incluidas en su contabilidad, no las de terceros. Lo que significa que el legislador sí incluyó las cuentas que figuran a nombre del propio contribuyente (formal y materialmente le pertenecen) pero que “no correspondan a las registradas en la contabilidad”, en otras palabras, cuentas que siendo del contribuyente irregularmente no se incluyen en su contabilidad, sino que son manejadas extra-contablemente.

En efecto, tal interpretación es la que se desprende del presupuesto legal contenido en la expresión que “figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la contabilidad”, por cuanto en aquélla no pueden registrarse las de terceros, que es la que se debate en el presente caso» (resaltados propios del texto).

En el asunto sub examine, la actuación administrativa se fundamentó en el artículo 755-3 del estatuto tributario, para adicionar los ingresos declarados en $ 289.014.964. Tanto la inspección tributaria como la inspección contable sirvieron de sustento para expedir el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión. En dichas actuaciones la administración estableció lo siguiente:

En cuanto a la actividad del contribuyente y su contabilidad:

· Que en el interrogatorio efectuado al demandante se confirma que en las cuentas corrientes enunciadas, «se movió dinero “fruto de las actividades del comercio” (actividad económica 5211-venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabacos)»(31).

· Que según certificado de la Cámara de Comercio, el demandante registró en el año 1992 libros de contabilidad (diario, mayor y balances e inventario y balances) y que tiene registrados dos establecimientos de comercio.

· Que el contribuyente no exhibió los libros de contabilidad una vez solicitados por la comisión(32), lo que ameritó la sanción por libros del artículo 655 del estatuto tributario, hecho aceptado por el actor.

· Que de las respuestas dadas por los bancos y los cruces de información con diferentes proveedores, se constató que los movimientos efectuados en las cuentas corrientes eran producto de las transacciones efectuadas por el contribuyente en desarrollo de su objeto social.

En cuanto a las cuentas y movimientos bancarios:

· Que el contribuyente era titular de las cuentas bancarias 386-07713-5 del Banco de Bogotá, 0370-0002016-6 de la Corporación de Ahorro y Vivienda Davivienda y 05505246-8 del Banco Ganadero, en las cuales efectuó consignaciones durante el año 1994 por valor de $ 1.905.515.667, $ 546.386.000 y $ 1.584.845.837, respectivamente, para un total de $ 4.036.747.504, ingresos que no habían sido declarados ni registrados en la contabilidad.

· Que según los extractos bancarios se detectaron notas débitos y créditos por devoluciones de cheques por $ 159.093.459, dando como resultado una consignación neta de $ 3.877.654.045, aunque las ventas declaradas en la corrección fueron de $ 2.349.434.000, para una diferencia entre los ingresos declarados por ventas y los no justificados de $ 1.926.766.432.

· Que al aplicarle el 15% de la presunción establecida en el artículo 755-3 del estatuto tributario a la suma de $ 1.926.766.432, que tomó como base, daba como resultado una adición de ingresos en $ 289.014.964.

Con base en lo anterior, la Administración concluyó que era procedente aplicar la presunción del artículo 755-3 del estatuto tributario, toda vez que las cuentas bancarias están a nombre del contribuyente investigado, no fueron declaradas por éste en la declaración de renta por el año gravable 1994 y no están soportadas en la contabilidad, pues como consta en el acta de inspección contable, no exhibió los libros de contabilidad, hecho que incluso es aceptado por el contribuyente.

El demandante ha controvertido, tanto en sede administrativa como ante esta jurisdicción, la actuación demandada con base en los mismos argumentos y que se pueden concretar en lo siguiente:

· La declaración de corrección presentada determinó la renta gravable por el sistema ordinario previsto en el artículo 26 del estatuto tributario, por tanto, no es procedente incluir la presunción establecida en el artículo 755-3 ibídem, porque son dos sistemas que se excluyen entre sí.

Al respecto se advierte que, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección, “Las presunciones constituyen un recurso de la administración tributaria para establecer hechos cuya prueba puede ser allegada con mayor facilidad por el contribuyente. El establecimiento de presunciones para determinar hechos gravados, está respaldado constitucionalmente en el principio de eficiencia y busca que el Estado controle en la mejor forma posible la evasión tributaria, para que recaude lo que a cada contribuyente le corresponda en virtud de la ley y del principio de equidad”(33).

La Sala precisa que la renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro prevista en el artículo 755-3 estatuto tributario, es una presunción establecida por el legislador para que la administración pueda determinar un mayor valor de la renta líquida de los contribuyentes cuando existan indicios graves de omisión de ingresos, conducta que implica que se presuma que de los ingresos omitidos un 15%, para este año gravable, constituye renta líquida gravable, la cual es adicionada a la determinada por el contribuyente, consecuencia establecida en la ley cuando se incurre en este tipo de irregularidades.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 755-3 del estatuto tributario no es un sistema alternativo para la determinación del impuesto(34), sino una herramienta legal con la que cuenta la demandada para el establecimiento real de los ingresos obtenidos por el contribuyente, sin que la mencionada disposición establezca que a la renta líquida determinada por el sistema ordinario, no puede ser adicionada la renta presuntiva por consignaciones bancarias, como lo pretende el demandante.

· No se configuran los presupuestos para la aplicación del artículo 755-3 del estatuto tributario.

El demandante ha sostenido que la norma exige que las cuentas no estén registradas en la contabilidad, es decir, cuando se establezca que dichas cuentas no hacen parte del negocio o actividad declarada y que, en su caso, las cuentas son propias, hacen parte de su actividad comercial declarada, existe la información contable y en los soportes contables están registradas dichas cuentas.

La Sala advierte, en primer término, que el actor fundamenta su argumento en una interpretación que no se ajusta a la norma porque, como se explicó, cuando el artículo 755-3 del estatuto tributario prevé que las cuentas “no correspondan a las registradas en la contabilidad”, se refiere a cuentas que irregularmente no se incluyen en la contabilidad, y, en este caso, el demandante, a pesar de estar obligado a llevar contabilidad, no la presentó cuando le fue exigida(35), situación que originó que la demandada tuviera que acudir a otros medios probatorios para determinar los ingresos.

Ahora bien, el actor aduce, como otro argumento para impedir la aplicación de la presunción del artículo 755-3 estatuto tributario, que aunque no pudo presentar la contabilidad, cuando la administración realizó las inspecciones constató que existían unos soportes externos e internos y en dichos «soportes se encuentran registradas las cuentas».

Como se expuso, está probado en el proceso y es un hecho no controvertido por el demandante que estaba obligado a llevar contabilidad y si bien es cierto, como lo afirma el actor los soportes externos tienen valor probatorio como documentos autónomos y el artículo 742 del estatuto tributario(36) permite tenerlos como prueba, la Sección observa que el demandante ha pretendido desviar la discusión a la validez de los soportes presentados ante las autoridades tributarias, pero tal controversia no permite desvirtuar la presunción aplicada, porque el demandante no hizo ningún esfuerzo argumentativo ni probatorio para demostrar, con base en tales soportes —que además no fueron allegados ante esta jurisdicción— y en forma discriminada, caso por caso, la naturaleza de las transacciones, es decir, que los ingresos consignados en las cuentas habían sido declarados o no eran gravados o que la autoridad tributaria no tuvo en cuenta la depuración de los ingresos.

En ese contexto, los alegatos del demandante sin ninguna explicación ni soporte probatorio sobre los ingresos adicionados en los actos demandados, no logran desvirtuar las pruebas obtenidas por la DIAN provenientes de las respuestas a los requerimientos ordinarios por parte de los bancos y algunos clientes, con los cuales el actor, desarrolló actividades de compra y venta de mercancías durante el año gravable 1994.

A juicio de la Sala, las pruebas documentales recaudadas por la DIAN tienen el mérito probatorio para que se consideren indicios de ingresos obtenidos por el contribuyente en el período fiscal cuestionado, ya que como se estableció, las sumas consignadas en sus cuentas advierten que el volumen de las operaciones mercantiles que realizó fue muy superior al informado en su declaración de renta.

En esas condiciones, se cumplieron los presupuestos para la aplicación de la presunción prevista en el artículo 755-3 del estatuto tributario, por tanto, debe mantenerse la glosa.

En consecuencia, la Sala se releva de estudiar la procedencia de la sanción por inexactitud, porque se dan los presupuestos fácticos previstos en el artículo 647 del estatuto tributario para su aplicación. Tampoco se realizará análisis frente a la sanción por no llevar libros de contabilidad, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para no aceptar la reducción no fueron discutidas en la demanda.

Finalmente, debe precisar la Sala, frente al argumento de la demandante, según el cual, son reiterados los fallos del Consejo de Estado, en cuanto a que los depósitos bancarios (consignaciones) no son base para determinar ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional, que esta Sección ha precisado frente a la jurisprudencia aludida en la demanda, lo siguiente: «Con anterioridad a la Ley 6ª de 1992, antes de que se incorporara en el estatuto tributario el artículo 755-3, la Sección Cuarta rechazaba la aplicación del denominado “Método Bancario” porque no estaba previsto en la ley. Con el artículo 59 de la Ley 6ª de 1992, que adicionó el artículo 755-3 del estatuto tributario, es posible la determinación de la renta presuntiva por consignaciones bancarias»(37).

Por las razones expuestas, esta Sección revocará la decisión del tribunal y, en su lugar, denegará las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 22 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.»

(14) Folios 37 a 38.

(15) Folio 82.

(16) Folio 82.

(17) Sentencias de 24 de julio de 2003, expediente 13677, M.P. Dra. Ligia López Díaz y de 26 de septiembre de 2007, expediente 14847, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié y del 28 de noviembre de 2013, expediente 18694, M.P. Dr. Hugo F. Bastidas Bárcenas, entre otras.

(18) En esta oportunidad, el demandante alegó como causal de nulidad no discutida en sede administrativa, la prescripción de la facultad sancionatoria. En similar sentido, sentencias del 23 de marzo de 2000, expediente 5658, M.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, del 20 de octubre de 2000, expediente 10665 M.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán y del 23 de febrero de 1996, expediente 7262 M.P. Dr. Delio Gómez Leyva, entre otras.

(19) En similar sentido se pronunció la Sala en la sentencia del 21 de julio de 2011, expediente 17406, M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. En esta oportunidad, el demandante con ocasión de la demanda incluyó como causal de nulidad la falta de competencia del funcionario que impuso la sanción por infracción administrativa aduanera.

(20) Folio 513, c.a. 2.

(21) Folio 163, c.a. 2.

(22) Folio 839, c.a. 3.

(23) Folios 891 a 900, c.a. 3 y 901 c.a. 4.

(24) La dirección informada en la declaración de corrección fue la Calle 50 A Nº 39-82 (fl. 874, c.a. 3), que es la misma a la que se envió el requerimiento especial como se observa a folio 1000 vto. c.a. 4.

(25) Folios 997 a 998, c.a. 4.

(26) Estatuto tributario. ART. 568.—Notificaciones devueltas por correo. Las actuaciones de la administración notificadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación. (La frase resaltada fue declarada exequible por la C. Const. mediante Sent. C-929/2005).

(27) Folio 1019, c.a. 4.

(28) La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-929 de 2005, al estudiar la constitucionalidad del artículo 568 del estatuto tributario señaló: «Así, el legislador dentro de su amplia facultad de configuración en materia tributaria, ha establecido diversas formas de notificación de las actuaciones surtidas por la administración que le permitan al contribuyente conocerlas a fin de que pueda responder o interponer los recursos si lo considera pertinente. Una de ellas es la notificación por correo, pero si por cualquier causa esa notificación es devuelta, el legislador previó que la misma se haga en un periódico de amplia circulación nacional a fin de garantizar la publicidad del acto, caso en el cual el interesado contará con el término para responder o impugnar desde la publicación del aviso o de la corrección de la notificación, es decir, cuando ésta sea realizada en debida forma, y no desde la primera fecha de introducción al correo, pues ese término se entiende surtido para efectos de la administración quien tendrá entonces que expedir el acto materia de notificación en el término contado desde la primera fecha de introducción al correo como una forma de desarrollar los principios de eficacia y celeridad que orientan la función administrativa (C.P., art. 209), pero no para el contribuyente quien cuenta con un término distinto que le permite plenamente el ejercicio de su derecho a controvertir el acto que considera lesivo de sus intereses…».

(29) Folio 1082 vto. c.a. 4.

(30) Sentencia del 1º de marzo de 2002, expediente 12354, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, del 3 de abril de 2002, expediente 16043, M.P. Dra. Ligia López Díaz y del sentencia del 12 de julio de 2012 expediente 18032, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, entre otras.

(31) Folio 1016, c.a. 4.

(32) En el acta no existe constancia que el demandante haya expuesto alguna justificación para no exhibir los libros de contabilidad.

(33) Sentencia del 4 de diciembre de 2003, expediente 13295, M.P. Dra. Ligia López Díaz.

(34) Artículos 180 y ss. Estatuto tributario. Rentas líquidas especiales.

(35) Resulta relevante destacar que en declaración tomada por la DIAN al señor Guillermo Pinillos y quien afirmó ser administrador durante el año 1994 del establecimiento de comercio “Abarrotes Hernán Rojas”, sostuvo que el actor «No llevaba contabilidad, yo le hice la sugerencia de que consiguiera un contador para que le organizara el negocio y no quiso» (fl. 853 vto.)

(36) El artículo 742 del estatuto tributario dispone que “La determinación de los tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquéllos”.

(37) Sentencia del 3 de abril de 2008, expediente 16043, M.P. Dra. Ligia López Díaz.