Sentencia 2000-04205 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012)

Expediente 27028

Radicación 1900123310002000 0420501

Actor: Carlos Alberto Londoño Pillimue y otro

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la parte demandada contra la sentencia del 11 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda. El fallo será modificado.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

8. El Consejo de Estado competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba.

9. Dentro de los elementos de prueba allegados al expediente, serán objeto de valoración las siguientes pruebas:

9.1. La investigación penal adelantada ente la Fiscalía 1 Especializada de Popayán por los delitos de terrorismo y otros contra miembros del frente VI de las FARC, y la adición a la misma por los delitos contra la seguridad pública tomando como sindicado a los miembros del mencionado grupo armado ilegal junto con el grupo Jaime Bateman Cayón del M-19, por los hechos acaecidos el 30 de agosto de 2000 (fls. 61 y ss. cdno. pruebas), cuyo traslado fue decretado por el tribunal a quo (fl. 39 cdno. pruebas) tras la solicitud que al respecto hiciera la parte actora en el escrito de la demanda (fl. 13 cdno. 1). No obstante, sólo podrá valorarse la prueba documental que en el proceso penal obre, dado que en relación con las mismas se ha surtido el principio de contradicción, por cuanto han estado dentro de este proceso a disposición de la parte contra la cual se oponen, sin que le hayan merecido réplica alguna. Igual situación puede predicarse de las providencias dictadas en ese proceso porque tienen el valor de prueba documental en éste y han sido aportadas en copia auténtica. No sucede lo mismo en relación con los testimonios que obran en ese proceso, por cuanto no fueron practicados a solicitud ni con audiencia de la parte actora contra la que se aducen, ni fueron ratificados en esta instancia de conformidad con las formalidades previstas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.

9.2. Contrario sensu, será valorado en su integridad el proceso disciplinario contra el personal de la estación de policía iniciado el 6 de septiembre de 2000 (fl. 362 cdno. pruebas), el cual fue trasladado de igual forma que el proceso penal anteriormente mencionado. En 1a medida en que la investigación fue adelantada por la oficina investigadora de la Policía Nacional-Departamento de Policía del Cauca-Segundo Distrito, se trata de la entidad de documentos y pruebas testimoniales que se encuentran en poder de la entidad contra la cual se aduce ya que la entidad demandada en ningún caso podrá alegar su desconocimiento.

9.3. Las demás pruebas documentales y testimoniales (párr. 7) decretadas y practicadas en el curso del proceso contencioso.

III. Hechos probados

10. Con base en las pruebas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

10.1. El 30 de agosto de 2000, cerca de las 12 del mediodía, incursionó un número indeterminado de miembros de grupos armados ilegales, presuntamente del M-19 y de las FARC , en el municipio de Miranda-Cauca con el fin de asaltar las instalaciones del Banco Agrario local. La Policía Nacional se movilizó prontamente buscando contrarrestar la ofensiva y se generó un enfrentamiento armado con disparos, pipetas de gas y granadas que duró aproximadamente hora y media. Los subversivos atacaron inicialmente el banco en mención y posteriormente se movilizaron y acometieron contra la estación de policía. Como consecuencia, varias residencias aledañas a ese cuartel así como habitantes de la zona, fueron afectados considerablemente (Informe rendido por el Departamento de Policía del Cauca el 30 de agosto de 2000 —fls. 33-34 cdno. pruebas—, oficio allegado al tribunal a quo por el alcalde municipal de Miranda con fecha del 7 de noviembre de 2001 —fl. 42 cdno. pruebas—; diligencia de “inspección judicial practicada él varias viviendas ubicadas sobre la kra. 9 con 13 de Miranda-Cauca” gestionada por la Fiscalía Primera Delegada —fl. 106 cdno. pruebas—; informe de la Fiscalía General de la Nación del 31 de agosto de 2000 —fl. 235 cdno. pruebas—; informe sobre culminación de indagación preliminar del proceso disciplinario contra miembros de la Policía Nacional presentes el día de los hechos; declaraciones del patrulleros de la policía que repelaron la acción subversiva el 30 de agosto de 2000 —fls. 373, 374 y 376 cdno. pruebas—; y testimonio del señor Gonzalo Rodríguez Chicadiza y de la señora Tuznelda Tasama Potes, residentes del barrio La Castellana —fls. 376 y 379 cdno. pruebas—).

10.2. Después de dos horas de iniciado el enfrentamiento, el Ejército Nacional hizo presencia con helicópteros artillados, tanquetas y personal a pie (declaraciones rendidas en el curso del proceso disciplinario de los policías de la estación de Miranda Carlos Julián Colorado Vidal, Alexander Londoño Serna y Gabriel Hurtado Ibáñez —fls. 374, 376 y 380 y cdno. pruebas—).

10.3. Durante dicho enfrentamiento, detonó un artefacto explosivo que ocasionó graves heridas a las piernas del joven Fabio Alexander Urbano Portilla quien se encontraba en su casa (informe rendido por el Departamento de Policía del Cauca el 30 de agosto de 2000 —fls. 33-34 cdno. pruebas—; diligencia de “inspección judicial practicada a varias viviendas ubicadas sobre la kra. 9 con calle 13 de Miranda-Cauca” practicada por la Fiscalía Primera delegada —fl. 90 cdno. pruebas—; informe médico legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal el 2 de noviembre de 2000 —fl. 258 cdno. pruebas—; informe de la Fiscalía General de la Nación del 31 de agosto de 2000 —fl. 285 cdno. pruebas—. Varios vecinos del muchacho Fabio Alexander fueron citados en calidad de testigos por el juez primero promiscuo municipal, comisionado por el tribunal a quo. Ellos describieron lo sucedido el 30 de agosto de 2000. La señora Isabel Cristina Pontón Andagua señaló —fls. 139-141 cdno. pruebas—; “... cuando escuchamos una fuerte explosión y nos dimos cuenta de que se produjo una fuerte explosión producto de un artefacto explosivo de color verde que cayó en toda la residencia en donde se encontraba Fabio Alexander Urbano y las otras personas que ya mencioné”. Y más adelante anotó: “... como lo anoté, los guerrilleros estaban de huida y la Policía era la que en ese momento disparaba hacia ellos, y pudo haber sido que lanzaran artefactos explosivos y uno de esos artefactos fue el que cayó en la casa donde se encontraba Fabio Alexander”. Emiro Girón dejó consignado que —fls. 143 y 145 cdno. pruebas—: “Luego que terminó la balacera, la mayoría de la gente empezó a salir de sus casa a ver lo que había pasado, cuando en ese instante escuchamos una fuerte explosión en la casa donde vivía este joven Fabio Alexander Urbano Portilla y su familia; porque yo vivo cerca o sea que era vecino de ellos... Yo fui el primero que entré en esa casa, y en la cama yo encuentro a Fabio Alexander con las dos piernas partidas o destrozadas...” y agregó más adelante en su testimonio: “...lo del artefacto explosivo fue cuando la guerrilla ya iba de huida y la policía los perseguía y yo pude darme cuenta que era como una bomba o granada de color verde, de plásticos los restos y yo creo que a lo más seguro fue la policía que le disparó ese artefacto a la guerrilla cuando ellos huían por ese sector y cayeron en esa casa. En el uval cayó otro artefacto. Tan es así que allí adelante hubo un guerrillero muerto, pero ellos se lo llevaron porque andaban en unos carros o en un camión”. La señora Tuznelda Tasama Potes, quien declaró en el curso del proceso disciplinario, señaló —fl. 378 cdno. pruebas—: “según tengo conocimiento sí se presentaron varios heridos, entre ellos una señora y un menor al que le amputaron las piernas, también por una pipa que cayó en unas casas (destruyéndolas)”. En igual sentido, ver la declaración del señor Gonzalo Rodríguez Chicadiza —fl. 379 cdno. pruebas—. El patrullero de la policía Carlos Julián Colorado Vidal, dijo —fl. 375 cdno. pruebas—: “según los comentarios de la ciudadanía los subversivos en su huida se llevaron varios heridos y al perecer dos muertos. En la ciudadanía resultaron varias personas heridas, entre ellas un menor que por causa de una granada de fusil lanzada por los subversivos la amputaron ambas piernas”. El patrullero Alexander Londoño Serna también manifestó lo siguiente —fl. 373 cdno. pruebas—: “Sí, en la población civil se presentaron varios heridos, entre e/los un menor de edad”. En el mismo sentido también declaró el policía Gabriel Hurtado Ibáñez —fl. 380 cdno. pruebas—).

10.4. Como consecuencia de estas heridas, el adolescente Fabio Alexander fue diagnosticado con una pérdida de capacidad laboral equivalente al 50.23% ocasionado por la “amputación del miembro inferior derecho a nivel del 1/3 distal por explosión de granada. Amputación miembro inferior izquierdo a nivel articular rodilla x exp. Granada. Trastorno post estrés post traumático” (Junta de Calificación de Invalidez-Regional Valle del Cauca —sin foliar. Último folio cdno. pruebas—).

10.5. Dolly Esperanza Portilla Castillo es madre de Fabio Alexander Urbano Portilla (copia auténtica del registro civil de nacimiento de este último —fl. 2 cdno. 1—) y Carlos Andrés Londoño Portilla es su hermano (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 4 cdno. 1—).

10.6. El actor Carlos Alberto Londoño Pillimue vive junto con la señora Dolly Esperanza Portilla desde hace varios años. Él crió al joven Fabio Alexander junto con la madre de éste desde que el niño era muy pequeño. La relación entre los dos es de padre e hijo (la señora Isabel Cristina Pontón Andagua, vecina de la familia actora, señaló en el testimonio que rindió en el curso de la reparación directa de la referencia: “Pues a mí me consta que el señor Carlos Alberto Londoño Pillimue es el padrastro del joven Fabio Alexander. Siempre lo ha tratado como un hijo y ese es el trato que ellos mutuamente se profesan desde cuando él estaba pequeño, porque lo tiene como hijo desde que él estaba pequeñito o bebé” —f. 140 cdno. ppal.—. Emiro Girón también corroboró lo mencionado por la señora Cristina Pontón: “Pues me consta que Carlos Alberto Londoño Pillimue trata como un verdadero hijo al joven Fabio Alexander. Lo ha criado desde muy niño y el trato mutuo que se profesan lógicamente es de padre e hijo porque es quien le ha suministrado todo” —fl. 144, cdno. ppal.—. Jorge Isaac Moreno Torres también resaltó la relación de padre e hijo entre ambos actores: “Así mismo, conozco muy bien al señor Carlos Alberto Londoño Pillimue quien es el padrastro de Fabio Alexander. Él siempre lo ha tratado como un hijo propio desde pequeño y ellos dos siempre se han respetado y tratado como padre e hijo. Nunca han tenido impases o problemas. Se quieren mucho. Eso lo puedo asegurar porque son vecinos desde hace mucho tiempo” —fl. 150 cdno. ppal.—. En el mismo sentido, la declaración de Maricela Grueso Hurtado —fl. 152 cdno. ppal.—).

10.7. Fabio Alexander Urbano Portilla nació el 13 de enero de 1987, es decir que para la fecha del accidente tenía 13 años de edad (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 3 cdno. 1—).

IV. Problema jurídico.

11. Debe la Sala resolver si es posible establecer la ausencia de responsabilidad de la entidad demandada en la medida en que el enfrentamiento fue iniciado por un tercero, a saber los miembros del grupo armado ilegal. Así mismo, procederá a revisar si el hecho de que no se hayan presentado amenazas previas por parte de los subversivos que hicieran la toma, hace del enfrentamiento un hecho imprevisible para las autoridades públicas, aspecto que elimina la presencia de una falla del servicio en el actuar de la Policía Nacional.

11.1. En caso de que se confirme la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, se deberá entrar a estudiar las inconformidades de la parte actora frente a la indemnización de los perjuicios reconocidos por el tribunal a quo.

V. Análisis de la sala.

12. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso, se encuentra debidamente acreditado el daño, consistente en la amputación de las dos piernas del actor Fabio Alexander y que le representó una pérdida de la capacidad laboral del 50.23% (párr. 10.4).

13. En reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno abordó el debate sobre la responsabilidad estatal en casos como el que hoy se estudia, señalando que, así como la Constitución Política de 199í no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, así tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a los eventos en los cuales los particulares resulten afectados por ataques perpetrados por grupos guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias fácticas acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su marco su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular; sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto técnicas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de a adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa he dado cabida o diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar te solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que existe un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. 

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presenta en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de al responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.(2)  

13.1. Así las cosas, se precisa que no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

13.2. Así las cosas, se precisa que aunque el título de imputación utilizado por la Sección Tercera en la sentencia transcrita haya sido el de daño especial(3), ello no implica que todos los casos en los que se discute la responsabilidad del Estado por daños derivados de ataques o tomas guerrilleras tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como tácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

13.3. En cualquier caso debe tenerse en cuerna que en situaciones de conflicto armado las obligaciones de adoptar medidas positivas de protección y prevención se ven acentuadas y revestidas de una importancia cardinal, por lo que su inobservancia puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles(4).

13.4. Tratándose de la responsabilidad por riesgo, la jurisprudencia ha definido tres modalidades básicas: el riesgo-peligro(5); el riesgo-beneficio(6) y el riesgo álea(7). Sin embargo, los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo, que no encaja dentro de las anteriores y que se deriva de la confrontación que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza.

13.5. Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados de los grupos guerrilleros que dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven corno medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades(8).

13.6. De esta forma, se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un “objeto claramente identificable como Estado”, en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser imputables al Estado a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos —como sí ocurre con los objetos que encuadran dentro de la categoría riesgo-peligro (p.e. armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas)—, sino porque la dinámica misma del conflicto armado ha hecho que la cercanía a ellos genera para la población civil el riesgo de sufrir afectaciones en su vida, su integridad personal y su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.

13.7. La sala no desconoce que desde un enfoque de teoría administrativa resulta extraña, por decir lo menos, la afirmación según la cual la simple presencia institucional constituye un factor generador de riesgo, máxime cuando muchas veces es esa presencia —lograda, por ejemplo, mediante el acantonamiento de la fuerza pública— la que permite al Estado conjurar o repeler las amenazas que para la vida y los bienes de la población civil implican las acciones de la delincuencia. Sin embargo, considera que de cara a la realidad del país, resulta imposible negar que existen zonas afectadas por fenómenos graves de violencia política en las que la cercanía a ciertos bienes e instalaciones del Estado, genera un riesgo cierto para las personas que viven o desarrollan sus actividades cotidianas en sus proximidades ya que éstos son blanco de continuos ataques de la guerrilla.

13.8. En el caso de las estaciones de policía, el riesgo adquiere un carácter tan cierto, grave y evidente que la Corte Constitucional, mediante sentencias de tutela, ha señalado que, en ciertas condiciones, procede ordenar su traslado y reubicación con el fin de amparar los derechos fundamentales de las personas civiles y de evitar que con ocasión de la prestación del servicio de seguridad, protección y vigilancia, los ciudadanos se vean expuestos a cargas desproporcionadas que afecten su vida, su integridad o su patrimonio(9).

13.9. Es verdad que desee un enfoque normativo, no todos los objetos “claramente identificables como Estado” pueden ser considerados como factores generadores de riesgo, sino solamente aquellos que, según las normas del derecho internacional humanitario, revisten carácter militar(10), pues ellos no están protegidos por la prohibición general de convertirlos en blancos de ataques o represalias, como sí lo están los bienes de carácter civil. No obstante, desde un punto de vista fáctico muchos bienes e instalaciones del Estado están ubicados en una “zona gris” entre lo civil y lo militar, por lo cual igual puede considerárseles como factores generadores de riesgo. Tal es el caso de las estaciones de policía(11), las cuales de hecho son objeto de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que, sin su afán de desestabilizar el poder político, emplean métodos de guerra indiscriminados y contrarios al principio de distinción que comprometen la seguridad de la población civil.

14. De lo dicho hasta el momento podría inferirse que la proximidad a cualquier objeto claramente identificable como Estado genera la ciudadanía, independientemente de cualquier otra consideración, un riesgo de carácter excepcional. Sin embargo, es necesario precisar que, en tanto este riesgo se deriva de la existencia del conflicto armado interno, su naturaleza es contextual, porque no en todos los municipios del país es factible que se produzca una incursión armada de la guerrilla o un atentado grave contra la infraestructura del Estado. Y este hecho es, justamente, lo que le atribuye al riesgo su carácter excepcional. En efecto, es un hecho notorio que estas acciones tienden a concentrarse en pequeñas poblaciones, ubicadas en zonas del territorio nacional que ofrecen una ventaja estratégica desde el punto de vista multar, y en donde los actores armados ejercen una fuerte presencia y están en capacidad de perpetrar un ataque armado de gran impacto.

14.1. Así las cosas, para que pueda imputare responsabilidad a la administración a título de riesgo excepcional por los daños derivados de ataques guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado es necesario que el factor de imputación, esto es, el riesgo, exista realmente, lo cual puede acreditarse a través de distintos medios de prueba, que den cuenta de la situación de orden público en la región, o también puede inferirse a partir de la existencia de antecedentes de ataques similares al mismo municipio o de municipios aledaños de la noticia de la presencia de actores armados en la región, y de los medios que se utilizaron para perpetrar el ataque.

14.2. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que en la medida en que el Estado participa consciente y deliberadamente en la creación del riesgo, debe adoptar todas las medidas de precaución, contención y defensa a su alcance para minimizarlo y para evitar que se materialice, pues si no lo hace y facilita la actuación de los grupos armados ilegales, se configura una ostensible falla del servicio que da lugar a un juicio de responsabilidad de naturaleza distinta, fundado en el incumplimiento del deber positivo de protección que le es exigible, no sólo respecto de los bienes y personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades y de los bienes de carácter militar.

14.3. En suma, los daños derivados de acciones violentas cometidas por grupos guerrilleros pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional. No obstante advierte que ello sólo procede cuando el ataque es perpetrado en el marco del conflicto armado interno contra un bien claramente identificable como Estado (i), y del cual se deriva un riesgo cierto para la población civil en consideración a las características de seguridad de la zona en la que se ejecuta el ataque (ii) Si bien es evidente que la guerrilla puede causar daños a la población civil a través de distintas acciones (p.e. a través del sembrado de minas antipersonales o de combates con las fuerzas de seguridad del Estado), se aclara que lo dicho previamente respecto a la imputación por riesgo excepcional se explica a partir de los supuestos de hecho analizados en esta sentencia.

15. En el caso concreto, el ataque lejos de ser indiscriminado, estuvo dirigido, entre otros, a la estacón de policía de Miranda la cual se asocia con la presencia estatal en el marco del conflicto armado interno. Las declaraciones rendidas en el proceso disciplinario por parte de los miembros del cuerpo de policía que participaron en el fuego cruzado el día de los hechos, así lo corroboran, como se muestra a continuación.

15.1. El patrullero Alexander Londoño Serna manifestó lo siguiente (fl. 373 cdno. pruebas):

...faltando cinco minutos para las doce del mediodía se escucharon diferentes disparos en la localidad de Miranda, presuntamente por una incursión subversiva la cual tenía como fin el asalto de las instalaciones del Banco Agrario y la destrucción del puesto de policía cuyo ataque posteriormente fue accionado con pipas de gas teniendo como resultado la destrucción de distintas casas aledañas. Gracias a la pronta reacción del personal de policía de esta unidad fue contrarrestado ese ataque aproximadamente una y media hora después de iniciado el miso haciendo que los subversivos se dieran a la fuga. 

15.2. Carlos Julián Colorado Vidal, intendente policía, y José Hernán Herrera Rodríguez, patrullero, miembros del cuerpo de policía de la estación de Miranda, también corroboraron lo mencionado. El primero de ellos señaló: (fl. 374 cdno. pruebas):

Siendo las 11:40 horas aproximadamente salí en compañía del teniente Sergio Andrés Rojas Hermida, Cdte. de la estación y otros diez policiales con el fin de cubrir un servicio relacionado con una remisión de dinero del Banco Agrario por medio de un helicóptero que vendría a la localidad. Siendo aproximadamente las 11.55 horas se comenzaron a escuchar disparos de fusil y otras armas, ante lo cual nos desplegamos en el parque municipal principal para repeler el ataque que se estaba presentando haciendo uso de las armas de dotación oficial. Durante el transcurso del combate que duró aproximadamente hora y media se escucharon explosiones fuertes causadas por granadas y pipas de gas que lanzaban los subversivos contra la estación de policía, las cuales afortunadamente no dieron blanco en esta sino que afectó viviendas cercanas destruyendo varias de ellas.  

15.3. El señor Gonzalo Rodríguez Chicadiza, residente del barrio La Castellana, también manifestó que (fl. 379 cdno. pruebas):

Más o menos al medio día del 30 de agosto se empezaron a escuchar gran cantidad de disparos y explosiones ya que la guerrilla se estaba entrando al pueblo. Se oían tiros por todos lados. Eso duró como una hora o más. Se escucharon varias explosiones que según decía la gente eran pipas de gas que tiraron contra la estación de policía y cayeron en una casa cercana.  

15.4. Las anteriores versiones son reforzadas con varias pruebas documentales. Dentro de ellas está el informe rendido por el Departamento de Policía del Cauca el 30 de agosto de 2000 (fols. 33-34 cdno. pruebas), el cual señaló: “...procediendo a repeler al respectivo ataque al tiempo que nos lanzaban cilindro, morteros y granadas de fusil, otro grupo atacaba las instalaciones policiales donde también fueron repelidos por el personal que se encontraba de servicio”.

15.5. El alcalde municipal de Miranda también escribió en el oficio que allegó al tribunal a quo (oficio en mención con fecha del 7 de noviembre de 2001 —fl. 42 cdno. pruebas): “La entidad objeto de la incursión subversiva el 30 de agosto de 2000, fue el cuartel de policía”.

15.6. La Fiscalía General de la Nación manifestó en el informe dirigido al director de seccional CTI Popayán con fecha del 31 de agosto de 2000 (fl. 286 cdno. pruebas): “Siendo aproximadamente las 11: 30 horas, un grupo numeroso de personas vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares hicieron presencia en la población de Miranda, los cuales se dividieron en varios grupos para iniciar su hostigamiento en el cuartel de policía...”.

15.7. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado que el adolescente Fabio Alexander Urbano Portilla resultó lesionado en el curso de una acción armada dirigida contra la estación de policía del municipio de Miranda-Cauca. En esta medida, debe concluirse que están dadas las condiciones exigidas por la Jurisprudencia de esta corporación para que pueda imputarse responsabilidad al Estado bajo el régimen de riesgo excepcional.

15.8. Al margen de que exista disparidad de declaraciones acerca de si el artefacto explosivo que afectó la integridad personal del demandante provino de los agentes de policía o de los subversivos; de que se haya probado que el enfrentamiento fue iniciado por dichos grupos ilegales y no por la Policía Nacional; y de que el ataque fue imprevisible para la fuerza pública, la responsabilidad estatal resulta comprometida en la medida en que el daño se produjo por la materialización del riesgo generado por la presencia permanente dentro del municipio de Miranda de un bien representativo del Estado, a saber, la estación de policía, y que ha sido objeto de un ataque por parte de los grupos armados al margen de la ley que le disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza.

15.9. Por las razones anotadas, se confirmará la responsabilidad establecida por el tribunal a quo de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, por las lesiones causadas a Fabio Alexander Urbano Portilla durante el ataque armado perpetrado el 30 de agosto de 2000, bajo el régimen de riesgo excepcional.

VI. Perjuicios.

16. En esta parte del fallo se revisarán las alegaciones de la parte actora frente a 1) el reconocimiento del señor Carlos Alberto Londoño Pillimue, padre de crianza del niño Fabio Alexander Urbano, a la indemnización por concepto de perjuicios morales, 2) el monto reconocido en favor de Fabio Alexander Urbano por concepto de daño a la vida relación y 3) los errores en la liquidación de la indemnización por concepto de lucro cesante, tanto futuro como consolidado.

17. Los perjuicios morales en favor del padre de crianza

17.1. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que ante la lesión permanente —de orden físico o psíquico— y la muerte de un ser querido, sus familiares sólo deben demostrar el parentesco mediante el registro de nacimiento o del estado civil, con lo cual se infiere el daño moral ocasionado a éstos(12).

17.2. Ahora bien, la presunción opera respecto de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales(13). Los artículos 36 y siguientes del Código Civil del capítulo V sobre “Definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes” permiten comprender los miembros del núcleo familiar que se encuentran cobijados por dichos grados de parentesco.

17.3. No obstante, lo anterior no es un impedimento para que familiares de la víctima que no se encuentren dentro del núcleo familiar descrito, o amigos allegados a ella, puedan ser titulares de una indemnización por concepto del perjuicio en cuestión. Quienes se consideran afectados de ese modo, sólo tendrían que demostrar su condición de terceros damnificados(14).

17.4. Los distintos testimonios de vecinos y amigos de la familia actora rendidos en el proceso de la referencia permitieron establecer que el señor Carlos Alberto Londoño asumió el papel de padre de Fabio Alexander Urbano una vez inició su vida marital con la señora Dolly Portilla y que desde que Fabio Alexander era niño ha vivido con su padre de crianza (párr. 10.6).

17.5. En este orden de ideas, en la medida en que éste demostró su calidad de tercero damnificado y que la relación entre Fabio Alexander y el actor corresponde a aquella que existe entre un padre biológico y su propio hijo, la sala accederá a reconocer el monto que este despacho ha venido reconociendo a quien ocupa ese grado de parentesco, es decir, 100 smlmv.

18. Daño a la salud.

18.1. La parte actora también solicitó modificar la indemnización reconocida por concepto de daño a la vida de relación, establecida por el a quo en 100 smlmv (párr. 4), a 400 smlmv.

18.2. Esta corporación ha considerado que, tratándose de lesiones que producen alteraciones físicas, las personas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el daño moral, categoría de perjuicio que ha sido denominada por la jurisprudencia de la sala como daño a la salud(15).

18.3. Ha dicho este despacho que el reconocimiento del daño a la salud tiene que repararse con base en dos componentes, “i) uno objetivo determinado por porcentaje de invalidez, conforme a valores preestablecidos y, ii) uno subjetivo; que permitiría incrementar en una determinada proporción el primer valor, atendiendo a particularidades cuando las haya y se encuentren probadas(16)”.

18.4. En el presente asunto, han quedado demostradas las lesiones sufridas por Fabio Alexander Urbano Portilla, las cuales se consideran graves, toda vez que consistieron en la “amputación del miembro inferior derecho a nivel del 1/3 distal por explosión de granada. Amputación de miembro inferior izquierdo a nivel articular rodilla x exp. Granada. Trastorno post estrés post traumático” y que representan una pérdida de capacidad laboral del 50.23%, es decir, de aquellas que se consideran como invalidantes(17).

18.5. De otro lado, varios testimonios acreditaron que, por cuenta de lo anterior, la calidad de vida del demandante y su capacidad de desarrollar tareas rutinarias y de realizar actividades que hacen grata y placentera la existencia, resultaron seriamente afectadas. En efecto, en declaración rendida ante el a quo, la señora Isabel Cristina Pontón Andagua, vecina de la familia Londoño Portilla, manifestó (fl. cdno. ppal.):

Pues las repercusiones que ella ha tenido en su vida han sido muy duras por cuanto él nunca volvió a ser el mismo debido a la gravedad de las lesiones ya que tuvieron que amputarle las piernas. No pudo volver a jugar ni hacer deporte. Nada de sus actividades normales como un muchacho joven que era (sic).  

18.6. En igual sentido declararon Emiro Girón Carmen, María Erazo Caratar, y Marcela Hurtado (fls. 144, 1448, 152, respectivamente, cdno. ppal.). La primera de las testigos mencionadas señaló:

Sé perfectamente que ese joven nunca volvió él ser el mismo de antes ya que eso le acarreó muchas limitaciones porque era muy activo, deportista y dedicado a su estudio. Nunca pudo volver él hacer lo que hacía antes un muchacho de su edad ya que actualmente tiene que trasladarse en muletas con todas las repercusiones que eso tiene tanto psicológicas como físicas.  

18.7. De conformidad con lo anterior y con fundamento en los montos de las indemnizaciones reconocidas por esta corporación en otras oportunidades(18) y en las particularidades del caso, lo cual atiende no sólo a la edad en la que el demandante sufrió la pérdida de sus miembros inferiores, sino de la gravedad de las lesiones, la sala estima la indemnización por daño a la salud en favor del joven Fabio Alexander en 200 salarios mínimos legales mensuales vigente.

19. La indemnización por concepto de lucro cesante

19.1. La parte actora también requirió la liquidación del lucro cesante, la cual según su sentir contiene varios errores, como la omisión en el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales y el reconocimiento del lucro cesante consolidado, aspecto que no aplica al caso concreto por cuanto se trataba de un niño que aún no trabajaba.

19.2. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, cuando una persona ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral la condena por concepto de lucro cesante corresponde al 100%. En el caso concreto, Fabio Alexander Urbano fue diagnosticado con el 50.23% de su capacidad laboral (párr. 104), de manera que su situación se subsume en la condición del artículo en mención.

19.3. Sobre el particular se agrega que el Consejo de Estado ha admitido la posibilidad de que menores de edad afectados por pérdidas totales o parciales de capacidad laboral puedan ser beneficiarios de indemnizaciones por concepto de lucro cesante. Así, cuando del hecho dañoso genera una lesión completamente inhabilitante, las indemnizaciones —en aplicación del principio de reparación integral— se pagan a partir del momento en que el menor alcanza la mayoría de edad y que se extienden hasta el final de su vida(19).

19.4. Así, la indemnización por concepto de lucro cesante a que tiene derecho el demandante Fabio Alexander Urbano Portilla debe calcularse de acuerdo con el porcentaje de invalidez estimado y con los años de vida probable de la víctima. Además, debe tomarse como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual, dado que no existen bases ciertas para establecer qué tipo de actividad (profesional o no) sería ejercida por el joven al momento de alcanzar la mayoría de edad(20). Este salario mensual, el cual equivale a $ 566.700 se incrementará en un 25%, correspondiente a las prestaciones sociales a las que todo trabajador tiene derecho, sea dependiente o independiente, lo cual arroja un valor de $ 708.375.

19.5. La indemnización por lucro cesante se divide en consolidada y futura. La primera abarca el tiempo desde la fecha en que el niño cumplió los 18 años de edad hasta la fecha de esta sentencia y la segunda desde el día siguiente de la sentencia y por el tiempo de vida probable de la víctima.

20. Indemnización vencida o consolidada

20.1. Fabio Alexander cumplió 18 años de edad el 13 de enero de 2005 (párr. 10.7). Desde esa fecha, hasta la emisión de la presente sentencia (noviembre de 2012), han transcurrido 7 años y 10 meses, lo cual equivale a 94 meses.

20.2. La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:

S =Ra(1 + i)n-1
i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta e ingreso mensual que equivale a $ 708.375

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable

S =$ 708.375(1 + 0.004867)94-1
0.004867

S = $ 84.178.742.38

20.3. De conformidad con lo anterior, Fabio Alexander Urbano es titular de una indemnización por concepto de lucro cesante consolidado igual a $ 84.178.742.38

20.4. El lucro cesante futuro comprende el período de tiempo transcurrido entre el día siguiente a la fecha de la presente providencia y la fecha calculada como esperanza de vida de los demandantes.

20.5. Para la fecha de ocurrencia de los hechos (30 de agosto de 2000), Fabio Alexander Urbano tenía 13 años de edad (párr. 10.7). No obstante, de acuerdo con las reglas de la experiencia, su vida laboral se habría hecho activa a partir del momento en que cumpliera la mayoría de edad, en cuyo caso tendría una probabilidad de vida de 57.82 años, equivalentes a 693,84 meses(21).

20.6. Para et cálculo de la indemnización se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado (94 meses), lo cual arroja un total de meses para liquidar igual a 599,84 meses.

20.7. La fórmula para el cálculo del lucro cesante futuro es la siguiente:

S =Ra(1 + i)n-1
i (1 + )n

S =$ 708.375(1 + 0.004867)599.84-1
0.004867 (1 + 0.004867) 599.84

S = $ 137.636.314,32

20.8. Se tiene así, que el valor total de la indemnización por lucro cesante futuro en favor de Fabio Alexander Urbano Portilla equivale a $ 138.885.572,34.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera —Subsección “B”— de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia del 11 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones vertidas en el presente proveído, la cual quedará así:

PRIMERO. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por el daño sufrido por Fabio Alexander Urbano Portilla el 30 de agosto de 2000 quien sufrió la amputación de sus dos piernas cuando explotó un artefacto bélico durante la confrontación armada entre la entidad demandada y miembros de un grupo armado ilegal.

SEGUNDO. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar bajo el título de indemnización de perjuicios morales a Fabio Alexander Urbano Portilla la cantidad de cien (100) smlmv; a Dolly Esperanza Portilla la cantidad de cien (100) smlmv; a Carlos Alberto Londoño Pillimue la cantidad de cien (100) smlmv; y a Carlos Andrés Londoño Portilla la cantidad de cincuenta (50) smlmv.

TERCERO. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar a favor de Fabio Alexander Urbano Portilla 200 smlmv por concepto de daño a la salud.

CUARTO. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional a pagar a favor de Fabio Alexander Urbano Portilla el valor de $ 221.815.056,7 por concepto de lucro cesante.

CUARTO. (sic) Sin condena en costas.

QUINTO. Dese cumplimiento a lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO. Por secretaría EXPÍDANSE copias con destino a las palies, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien acredite estar actuando como apoderado judicial dentro del proceso.

SÉPTIMO. Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda presentada el 28 de noviembre de 2000, la pretensión mayor corresponde al lucro cesante solicitado en favor del joven Fabio Alexander Urbano Portilla, estimada en $ 300.000.000. La norma vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia es el Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en el año 2000 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 26.390.000.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia de 19 de abril de 2012, Exp 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Exp. 23.219, C.P. Hernán Andrade Rincón. Ambas sentencias declararon la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los daños causados a inmuebles de propiedad de particulares durante el ataque perpetrado por la guerrilla de las FARC a la estación de policía del Municipio de Silvia (Cauca) el 19 de mayo de 1999.

(3) La decisión de atribuir responsabilidad al Estado con fundamento en el título de daño especial, motivó que el suscrito magistrado presentara aclaración de voto a las sentencias de 19 de abril y de 23 de agosto de 2012 con fundamento en argumentos similares a los que se recogen en la presente providencia.

(4) Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párrafos 123 a 141; y de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párrafos 126 a 138. En similar sentido, el Consejo de Estado ha considerado que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la inobservancia del deber positivo de protección que le es exigible con mayor rigor en situaciones de conflicto armado, y que demanda la aplicación de medidas de precaución (anticipación del riesgo) y de prevención para proteger y preservar los derechos fundamentales no sólo de las personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades.

(5) La imputación por riesgo-peligro procede en aquellos casos en los que la administración interviene en la ocurrencia del daño, pero no por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, sino por haber creado consciente y lícitamente un riesgo a partir de la utilización de un objeto (p.e. armas, vehículos), una sustancia (p.e. combustibles, químicos) o una instalación (p.e. redes de energía eléctrica) que resulta en sí misma peligrosa, pero que es útil o necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado o para satisfacer demandas colectivas de bienes y servicios.

(6) Se incluye dentro de la categoría dé riesgo-beneficio, aquella actividad que, aunque no entrañe verdadera, peligrosidad, “conlleva la asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia”. En este caso, el fundamento de la responsabilidad recae, no ya en el peligro creado por el Estado, sino en el provecho que éste o la comunidad reciben como consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 16.530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Es el riesgo que descansa en la probabilidad estadística de la ocurrencia de un daño, derivado de la ejecución de ciertas actividades o el desarrollo de algunos procedimientos, “quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles (...). En te jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad del Estado en esta suerte de casos cuando se emplean, por parte de la administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia del denominado “riesgo estadístico””. Ibíd.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 18.536, C.P. Ruth Stella Correa.

(9) Sentencia T-1206 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. De acuerdo con la Corte, para la prosperidad de la acción de tutela en estos casos es necesario que (i) el peligro o amenaza efectivamente se configuren, esto es, que exista una alta probabilidad de que ocurra un ataque armado de la guerrilla contra la estación de policía; (ii) exista un riesgo subjetivo excepcional contra la vida o la integridad física de un grupo de personas determinadas o determinables; y (iii) el retiro de la estación de policía no constituya una desmejora significativa y comprobada en la eficacia y eficiencia del servicio, o que su establecimiento en otro lugar no comporte un riesgo para la vida o la integridad de otro grupo humano en situación de igual o mayor indefensión. Con base en similares consideraciones, relativas a la observancia de los principios humanitarios de distinción, precaución y necesidad militar, pero con fundamento además en las normas del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Corte Constitucional, mediante auto de 23 de julio de- 2012, C.P. Luis Ernesto Vargas Silva, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional '21 retiro de !a Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina del territorio colectivo perteneciente al resguardo del pueblo indígena Jiw.

(10) Según lo dispuesto en el artículo 52 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, los ataques se limitarán exclusivamente a los objetivos militares, los cuales comprenden “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”.

(11) Si bien el artículo 218 de la Constitución Política define a la Policía Nacional corno “un cuerpo permanente de naturaleza civil”, en Colombia se trata de un cuerpo armado que materialmente cumple funciones de contrainsurgencia y ello lo ubica dentro de la categoría de población combatiente. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, aunque desde una perspectiva conceptual puede afirmarse la conveniencia y necesidad de mantener la naturaleza civil de la policía, en la práctica esta división conceptual encuentra limitaciones derivadas del aumento de la violencia social, entre otros factores perturbadores del desarrollo institucional. En efecto, [e]stas circunstancias han determinado la existencia de una especie de “zona gris” o “fronteriza” en la cual se superponen los criterios de seguridad y defensa. Una parte de la doctrina sostiene que la ambigüedad propia de esta zona límite, es el resultado de la realidad social impuesta por los grupos armados que operan contra el Estado. El fenómeno de la militarización de la policía —esto es, la adopción de armas y actitudes propias de la táctica bélica—, según este punto de vista, corresponde a la adaptación que dicho cuerpo debe sufrir para cumplir sus objetivos en condiciones de perturbación del orden público. Es la gravedad de los delitos y de las amenazas lo que determina el papel defensivo y no meramente preventivo de la policía”. Corte Constitucional, Sentencia C-453 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(12) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, Exp. 19.046, C.P. Enrique Gil Botero: “Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en las demandantes con ocasión de las lesiones causadas a su madre por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de le personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”.

(13) Ibídem.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de noviembre de 1991, Exp. 6469, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 27 de noviembre de 2002, Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01(13090), C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 26 abril de 2006, Exp. 1490(), C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 7 de julio de 2011, Rad. 25000-23-26-000-1996-02730-01(18194), C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz; sentencia del 13 de abril de 2011, Rad. 05001-23-24-000-1995-00458-01(20549), C.P. Enrique Gil Botero sentencia del 28 de febrero de 2011, Exp. 19.508, C P. Ruth Stella Corra Palacio.

(15) Al respecto consultar la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 14 de septiembre 2011, Exp 19031, M.P. Enrique Gil Botero.

(16) Salvamento de voto de los consejeros Stella Canto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth a la sentencia de la Sección Tercera, del 14 de septiembre de 2011, Rad. 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), C.P. Enrique Gil Botero.

(17) De conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral es superior al 50%.

(18) En otras sentencias, como la proferida el 4 de octubre de 2007, M.P. Enrique Gil Botero, Exp. (15567), la corporación reconoció una indemnización equivalente de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes a una persona que sufrió una herida tal que le implicó una pérdida del 60% de su capacidad laboral. En la sentencia del 29 de julio de 2011, Rad. 19001-23-31-000-1998-00554-01, C.P. Danilo Rojas Betancourth se concedió una indemnización de (100) smlmv al señor Carlos Julio Velasco, quien sufrió alteraciones permanentes y graves de los órganos de la visión y de la función reproductiva, que le generaron una invalidez del 72.40%. Al respecto, se pueden consultar también las sentencias de 17 de agosto de 2007, Exp. 30114, M.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 4 de diciembre de 2007 Exp. 17918, M.P. Enrique GI Botero.

(19) Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 31 de mayo de 2007, Exp 15170, C.P. Enrique Gil Bolero y sentencia del 24 de marzo de 2011, Exp 19.032, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) La Sala Plena de la Corporación en sentencia del 8 de septiembre de 1998, Exp. IJ-002, liquidó la indemnización por lucro cesante con base en el salario mínimo legal, a pesar de que la víctima cursaba ya estudios de odontología, por considerar que la privación de ingresos profesionales era meramente eventual. Dijo la Sala: “No se accederá a liquidar la indemnización con base en el promedio de ingresos que pudiera tener un odontólogo profesional, toda vez que la Sala entiende que dadas las condiciones en las cuales se encontraba Pedro Guillermo en relación con sus estudios universitarios de odontología, habiendo cursado tres semestres únicamente, con cuatro materias no aprobadas, no permiten concluir con certeza que a aquél se le frustró un ingreso de profesional, pues dicha condición no la tenía la víctima al momento del accidente. En esas condiciones el perjuicio consistente en la privación de ingresos s de un profesional de la odontología, deviene eventual y por ende no tiene relevancia jurídica a efectos de la indemnización por tratarse de una mera posibilidad.

(21) Superintendencia Bancaria, Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997.