SENTENCIA 2000-04244/20683 DE NOVIEMBRE 16 DE 2016

 

Sentencia 2000-04244/20683 de noviembre 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 50012331000200004244 01 (20683)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA.

Demandado: U.A.E. Dian

Referencia: Sanción por inexactitud por diferencias de criterios en la norma aplicable.

Bogotá, D. C., dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: « VII) Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si es procedente la sanción por inexactitud impuesta en la Liquidación Oficial de Revisión 900085 del 9 de abril de 1999 y en la Resolución 900004 del 27 de junio de 2000, que modificaron la declaración de corrección del impuesto de renta del año 1995 presentada por la sociedad ISA S.A. E.S.P.

En concreto, debe establecerse si se presentó diferencia de criterio entre la Administración y la contribuyente en torno a la interpretación del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, que estableció la renta exenta para empresas de servicios públicos.

2. Procedencia de la sanción por inexactitud por diferencia de criterio ($ 750.021.000)

2.1. La Sala encuentra que para efectos de la determinación del tributo, las partes realizaron una interpretación del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, en cuanto a la aplicación de la exención para las empresas de servicios públicos en el año de 1995(4).

ISA consideró que tenía derecho al beneficio tributario durante todo el año 1995, pero la administración determinó que la exención era aplicable desde la vigencia de dicha ley —el 23 de diciembre de 1995(5)—, lo que llevó a la modificación oficial del tributo(6) y a la imposición de la sanción por inexactitud(7).

2.2. La demandante considera que se presenta una diferencia de criterios que la exime de la sanción por inexactitud, con fundamento en los siguientes argumentos:

(i) El artículo 97 de la Ley 223 de 1995 generó diversas interpretaciones en cuanto a la aplicación de la exención en esa anualidad para las actividades de generación y distribución de energía eléctrica. Lo que se ratifica en el cambio de posición que realizó la DIAN en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración y, en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

(ii) La interpretación que realizó la sociedad se soporta en el artículo 338 de la Constitución Política, en los Conceptos DIAN 3553 de 1998 y 1689 de 1999, y en las sentencias de la Corte Constitucional C-185 de 1997 y, 6 y 63 de 1998, y del Consejo de Estado del 17 de abril de 1998(8).

Además, en el hecho de que “la Ley 223 de 1995 en cuanto es aclaratoria de la Ley 142 de 1994, se entiende incorporada en ésta y rige por el mismo período”.

Y, que antes de la expedición de la Ley 223 de 1995, el artículo 16 del estatuto tributario establecía que las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta que tuvieren a cargo la prestación de servicios de energía, no eran contribuyentes del impuesto de renta.

2.3. En cuanto a la sanción por inexactitud, de acuerdo con el artículo 647 del estatuto tributario, esta se aplica por (i) la omisión de ingresos, la inclusión de costos, las deducciones o descuentos inexistentes y (ii) en general, la utilización en la declaración de renta de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados; siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

La misma norma señala que no se configura inexactitud sancionable cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

2.4. Respecto de los errores de apreciación o de la diferencia de criterio, la Sala ha dicho que debe versar sobre el derecho aplicable, con la condición de que los hechos y cifras declarados sean veraces y completos(9).

En reciente pronunciamiento del 30 de agosto de 2016(10), la Sección precisó que para que se configure la diferencia de criterios, es necesario que se presenten los siguientes presupuestos:

“1. Que se haya presentado una declaración tributaria con fundamento en hechos completos y cifras veraces. Esto implica que la declaración contenga todos los elementos de hecho necesarios para la determinación de la obligación tributaria. Es decir, que el contribuyente haya actuado diligentemente y que no haya omitido (intencionalmente o por negligencia) declarar los hechos que le permitan a la Administración cumplir de manera adecuada la función de verificación y fiscalización de la información presentada.

2. Que el contenido de la declaración tributaria se soporte en una interpretación razonable de las leyes tributarias. Aquí, el contribuyente, además de soportar la carga de cumplir con la obligación de presentar la declaración, debe realizar una razonada labor de interpretación, calificación y aplicación de la ley tributaria, cuestión que tendrá la oportunidad de explicar si la autoridad formuló requerimientos”.

Lo anterior implica que tales errores de apreciación no se presentan cuando se derivan de argumentos que a pesar de tener una apariencia jurídica, carecen de fundamento objetivo razonable.

2.5. La norma aplicable en este asunto es el artículo 97 de la Ley 223 del 20 de diciembre de 1995(11), que consagró una exención en el impuesto sobre la renta para las empresas de servicios públicos de generación y transmisión o distribución de energía eléctrica(12).

La exención recae sobre las rentas que obtengan en desarrollo de esas actividades, en proporción a las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas(13).

2.5.1. De la citada norma se desprende que la exención aplicaba (i) en la actividad de transmisión o distribución de energía eléctrica “por un período de siete (7) años a partir de la vigencia de esta ley” y, (ii) en la generación de energía desde el año de 1996 y hasta el 2002.

Ello con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, en cuanto señala que las rentas por transmisión de energía gozan de la exención “por el mismo período mencionado”, refiriéndose al dispuesto en el inciso segundo “por el término de 7 años a partir de la vigencia de esa ley(14).

Por su parte, en el inciso 4º estableció de forma expresa que la exención sobre las rentas por la actividad de generación de energía aplicaba desde el año de 1996.

2.6. Lo dicho está de acuerdo, además, con los pronunciamientos que ha emitido la Corte Constitucional sobre la vigencia de la Ley 223 de 1995.

En efecto, en las sentencias C-185 del 10 de abril de 1997(15), C-006 del 22 de enero de 1998(16) y C-063 del 5 de marzo de 1998(17), la Corte señaló que la Ley 223 de 1995 se aplica a partir de su promulgación, a menos que el legislador, de manera expresa advirtiera, lo contrario.

En la Sentencia C-063 del 5 de marzo de 1998, además, precisó, en relación con la derogatoria de la contribución especial ordenada en la Ley 223 de 1995, un criterio que resulta aplicable al caso analizado:

“[E]l artículo 248-1 del estatuto tributario, fue derogado expresamente por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, publicada en el Diario Oficial el día 22 de diciembre de 1995.

En consecuencia, a partir del día siguiente a dicha públicación, es decir, el 23 de diciembre de 1995, quedó suprimida la mencionada contribución especial (...).

Téngase en cuenta que la derogación del artículo que estableció la contribución especial hecha por la Ley 223, artículo 285, en ningún caso pudo tener efecto retroactivo (a partir del día de enero de 1995). Tal retroactividad, para que fuera posible, habría tenido que establecerse expresamente por el legislador. En parte alguna aparece en la ley la decisión del legislador de dar efecto retroactivo a la derogación del artículo 248-1 del estatuto tributario.

No existiendo, como no existió, retroactividad, hay que concluir que la contribución fue obligatoria desde el primero (1º) de enero de 1995, hasta el día 22 de diciembre del mismo año, como se ha dicho. Y, que sólo dejó de ser obligatoria durante los últimos nueve (9) días de 1995”.

Lo anterior, permite concluir que de acuerdo con el precedente aplicable para la época en que se expidieron los actos, las normas de la Ley 223 de 1995 que derogan tributos o establecen medidas que eximen o disminuyen tales obligaciones a los contribuyentes, tienen efecto general inmediato y se aplican a partir de su vigencia, salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya establecido reglas específicas para su vigencia(18).

En tal sentido, podemos concluir:

- La renta exenta sobre la actividad de distribución de energía se aplica desde el 23 de diciembre de 1995. Es decir, por 9 días de esa anualidad.

- La renta exenta sobre la actividad de generación de energía se aplica desde el año de 1996.

2.7. Claro lo anterior, la Sala considera que en el presente caso no se configura una diferencia de criterios en cuanto a la aplicación en el año de 1995 de la renta exenta sobre la actividad de generación de energía, por cuanto el artículo 97 de la Ley 223 de 1995 de forma expresa consagró dicho beneficio tributario desde el año de 1996.

Es por eso que no existe justificación alguna para que el contribuyente considerara que esa exención era aplicable en el año de 1995.

2.8. Ahora, en relación con la vigencia de la renta exenta obtenida en la actividad de distribución de energía, la Sala considera que no se presenta diferencias de criterios por las razones que pasan a explicarse:

2.8.1. No hay lugar a equívocos en cuanto a la aplicación en el año 1995 de la exención consagrada en el artículo 97 de la Ley 223 de esa misma anualidad.

La norma estableció el período en que operaba el beneficio tributario, situación que fue precisada por la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos —sentencias C-185 del 10 de abril de 1997, C-006 del 22 de enero de 1998 y C-063 del 5 de marzo de 1998— en el sentido de que empezaba a operar a partir de la vigencia de la ley, esto es, el 23 de diciembre de 1995.

Para la fecha en que la contribuyente presentó la solicitud de corrección —3 de abril de 1998(19)—, habían sido proferidas las citadas sentencias, y eran de pleno conocimiento de la sociedad en tanto fueron invocadas en dicho escrito.

Se precisa que, si bien podía predicarse en este caso diversas interpretaciones plausibles respecto a la aplicación en el tiempo del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, a la fecha en que la contribuyente presentó la solicitud de corrección, este asunto ya había sido definido por vía de autoridad, por la Corte Constitucional, situación que incluso fue puesta de presente por el contribuyente.

2.8.2. Adicionalmente, no es procedente que ISA sustente la diferencia de criterios en las aludidas sentencias de la Corte Constitucional, porque como se observó, estas entrañan un criterio diferente al señalado por la actora.

En efecto, mientras la contribuyente consideró que la exención aplicaba por todo el año de 1995, la Corte Constitucional fue precisa en señalar que la Ley 223 de 1995, en particular, las normas que contemplan las derogatorias y que eximían del pago de tributos, comenzaban a operar desde la vigencia de esa ley —23 de diciembre de 1995—.

Es más, la Corte de forma expresa señaló que la aplicación de la ley en el año de 1995 fue por el término de 9 días —del 23 al 31 de diciembre de 1995—.

De ahí que no exista justificación alguna para que la contribuyente, con fundamento en esas providencias, hubiere considerado que la exención aplicaba por todo el año de 1995.

2.8.3. Igual situación se presenta frente a la sentencia del Consejo de Estado del 17 de abril de 1998(20), en tanto reiteró los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en los citados fallos(21).

Por consiguiente, no puede servir de excusa para la interpretación errónea que realizó la contribuyente.

2.8.4. Tampoco los errores de apreciación pueden fundarse en el artículo 338 de la Constitución Política, porque cuando la norma establece que la ley tributaria debe aplicarse “a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley”, debe entenderse que esa normativa fiscal solo surte efectos desde el momento en que entra en vigor, y no antes(22).

Ello se ratifica en lo dispuesto en el artículo 363 de la Carta que estatuye que “las leyes tributarias no se aplicarán de forma retroactiva”. Lo que impide que las normas de exención tributaria, como la estudiada, pueda ser aplicada a hechos ocurridos antes de que tuviera vida jurídica.

2.8.5. Ahora, no es procedente que el actor sustente la diferencia de criterios en la interpretación del artículo 16 del estatuto tributario(23) y del artículo 24 de la Ley 142 de 1994(24), normas que establecen beneficios tributarios, por cuanto la declaración de corrección no se realizó con fundamento en dichas disposiciones legales(25).

En efecto, en el escrito de corrección, la contribuyente afirmó que la modificación del tributo, para efectos de disminuir el valor a pagar, se soportaba en la aplicación de la exención consagrada en el artículo 97 de la Ley 223 de 1995:

“[H]abiendo dispuesto el legislador que la Ley 223 de 1995 regiría a partir de la fecha de su publicación (es decir, el 22 de diciembre de 1995, según Diario Oficial 42160), que por tratarse de un beneficio tributario, si puede aplicarse en el mismo período fiscal y siendo el impuesto de renta de vigencia anual, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. goza de beneficio tributario contenido en el artículo 97 de la Ley 223 de 1995 para el año gravable de 1995(26)”.

A su vez, sostuvo:

“Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad anónima, de carácter comercial, del orden nacional, y vinculada al Ministerio de Minas y Energía sometida al régimen jurídico establecido en la ley de servicios públicos domiciliarios (L. 142/94), con domicilio principal en la ciudad de Medellín; liquidó y pagó el impuesto de renta y complementarios y la contribución especial del año gravable 1995 al no gozar del beneficio contemplado en el artículo 24 de la Ley 142 de 1994(27).

Como se observa, en la solicitud de corrección, ISA señaló de forma expresa que no se encontraba amparada en la exención dispuesta en el artículo 24 de la Ley 142 de 1994. Además, en ese escrito, se advierte que la contribuyente no adujo que el beneficio tributario que aplicaba era el señalado en el artículo 16 del estatuto tributario.

Por tanto, no puede considerarse que tales normas llevaron a la contribuyente a incluir exenciones inexistentes en la declaración de corrección de 1995, que fue la infracción sancionada por la administración.

Todo lo anterior, permite concluir que el artículo 97 de la Ley 223 de 1995 es la norma que interpretó y aplicó la sociedad para corregir la declaración de renta del año 1995 y, por tanto, la apreciación equivocada de esa norma fue la que dio lugar a la imposición de la sanción por inexactitud en los actos demandados.

Además, el hecho de que la actora estuviere amparada por los artículos 16 del estatuto tributario y 24 de la Ley 142 de 1994 solo fue alegado en la respuesta al requerimiento especial(28). Ese cargo, además, fue desconocido por la Administración en la actuación administrativa demandada(29), decisión que no es objeto de la presente demanda(30), razón por la cual la Sala no emitirá en ese aspecto un pronunciamiento de fondo.

2.8.6. Adicionalmente, no puede considerarse que la apreciación errónea de la sociedad se derive de los Conceptos DIAN 3553 del 19 de mayo de 1998 y 1689 del 15 de enero de 1999(31), dado que para la fecha en que ésta presentó la solicitud de corrección —3 de abril de 1998(32)— estos no habían sido expedidos y, en tal sentido, no pueden servir de fundamento de la diferencia de criterios.

En todo caso, se aclara que dichos conceptos no hicieron una interpretación del artículo 97 de la Ley 223 de 1995 —norma que sirvió de fundamento para que la sociedad liquidara en la declaración de corrección un mayor valor por concepto de exenciones—, sino que como lo sostiene la sociedad, se refieren a la consolidación de la obligación tributaria en el tiempo y, a la vigencia del artículo 16 del estatuto tributario(33).

2.8.7. Finalmente, la Sala precisa que no es cierto que la DIAN hubiere cambiado de posición en los actos demandados, pues tanto en el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso, la posición de la Administración siempre consistió en que la exención contemplada en el artículo 97 de la Ley 223 de 1995, se aplicaba desde la vigencia de la ley —el 23 de diciembre de 1995—, esto es, por 9 días de ese año gravable(34).

En la actuación demandada, se verifica que la interpretación de la DIAN respecto de la aplicación de la exención en el año de 1995, se encuentra sustentada en lo dispuesto en el artículo 97 citado, y en las referidas sentencias de la Corte Constitucional que realizaron un pronunciamiento en cuanto a la vigencia de esa normativa.

Es cierto que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración modificó la liquidación oficial de revisión(35), pero en el sentido de aceptar parcialmente las rentas exentas declaradas por la sociedad que se generaron dentro del período de 9 días del año 1995(36).

Es decir, no cambió la interpretación de la fecha en que se aplicaba la aludida exención en el año de 1995.

2.9. Todo lo anterior, permite a la Sala concluir que la demandante carece de una sustentación objetiva y razonable para fundar la diferencia de criterios alegada, pues lo que se evidencia es, el desconocimiento de la norma aplicable al caso y las interpretaciones que de la misma realizó la Corte Constitucional.

De manera que queda así desvirtuada la alegada diferencia de criterios, razón por la cual no prospera el recurso de apelación interpuesto. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada a la doctora Miryam Rojas Corredor, de conformidad con el poder que obra en el folio 264 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

4 Es importante precisar que en este caso no se discute la aplicación de la exención realizada por la DIAN en los actos demandados, en el sentido de que dicho beneficio solo puede ser solicitado a partir de la fecha de publicación de la ley, esto es, el 23 de diciembre de 1995. La discusión se centra en la procedencia de la sanción por inexactitud por diferencias de criterios.

5 La Ley fue publicada en el Diario Oficial 42160 del 22 de diciembre de 1995.

6 El impuesto neto liquidado por la sociedad de $ 1.339.859.000 fue determinado por la Administración en la suma de $ 1.373.107.000.

7 Es importante precisar que en este caso no se discute la aplicación de la exención realizada por la DIAN en los actos demandados, en el sentido de que dicho beneficio solo puede ser solicitado a partir de la fecha de publicación de la ley, esto es, el 22 de diciembre de 1995. La discusión se centra en la procedencia de la sanción por inexactitud por diferencias de criterios.

8 Expediente 8331.

9 Sentencia del 12 de marzo de 2009, C. P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 16575, y del 18 de junio de 2015, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 20502.

10 C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente 19851.

11 La versión vigente para la época de los hechos corresponde a la modificación del artículo 97 de la Ley 223 de 1995, por la cual se expiden normas de racionalización tributaria, publicada en el Diario Oficial 42.160 del 22 diciembre 1995. Posteriormente, la norma fue modificada por las leyes 633 de 2000 y 1430 de 2010.

12 ART. 97.—Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios. El artículo 211 del estatuto tributario quedará así:
ART. 211.—Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios. Todas las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los impuestos nacionales, en los términos definidos por el estatuto tributario, con las excepciones que se establecen a continuación.
Las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, y las actividades complementarias de los anteriores servicios determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un período de siete (7) años a partir de la vigencias de esta ley, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.
Gozarán de esta exención, durante el mismo período mencionado, las rentas provenientes de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica. Para tal efecto, las rentas de la generación y de la distribución deberán estar debidamente separadas en la contabilidad.
Así mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de los servicios públicos domiciliarios de gas, y de telefonía local y su actividad complementaria de telefonía móvil rural cuando éstas sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un término de ocho (8) años, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
Para el año gravable de 1996 100%
Para el año gravable de 1997 90%
(…).
Para el año gravable de 2002 20% exento
Para el año gravable de 2003 y siguientes 0% exentos (…)”

13 Ibídem.

14 Cfr. pie de página 8.

15 En esta providencia se analizó la constitucionalidad del artículo 285 de La Ley 223 de 1995 que dispone las vigencias y derogatorias. La Corte analizó el momento en que operó la derogatoria que ordenó el citado artículo 285 respecto de la contribución especial establecida en el artículo 248-1 del E.T. y de la deducción del mismo tributo contemplada en el artículo 185 del E.T. El sentido de la decisión fue declarar exequible la norma acusada.

16 La sentencia analiza la constitucionalidad del artículo 285 de la Ley 223 de 1995 relativo a las derogatorias. La Corte precisó el momento en que operaba las derogatorias ordenadas en la citada norma. El sentido de la decisión fue declarar exequible la norma acusada.

17 Este fallo determinó la constitucionalidad del artículo 99 de la Ley 223 de 1995 que ordenó la derogatoria de la contribución especial creada en el artículo 11 de la Ley 6ª de 1992, que adicionó el artículo 248-1 del estatuto tributario. En esta oportunidad, analizó la disparidad existente entre el artículo 99 y 285 de la Ley 223 de 1995 en cuanto establecían años distintos para la derogatoria de la contribución. La primera para el año 1996 y, la segunda, a partir de la publicación de la ley –año 1995-.
En esa oportunidad, la Corte precisó que el artículo 285 de la Ley 223 de 1995 prevalece sobre el 99 ibídem por ser posterior, y regular específicamente las derogatorias de la ley.
Además precisó que, a partir del día siguiente a la publicación de la ley, es decir, a partir del 23 de diciembre de 1995, quedó suprimida la mencionada contribución especial. Pero que la contribución estuvo vigente durante todo el tiempo comprendido entre el 1º de enero de 1995 hasta el 22 de diciembre del mismo año. Es decir, se causó por 351 días, y no se causó por 9 días del año.
La Corte se declaró inhibida para fallar de mérito sobre la constitucionalidad del inciso 2º del artículo 99 de la Ley 223 de 1995. En lo referente a la obligatoriedad de la contribución especial creada por la Ley 6a de 1992, durante el año de 1995, esa corporación dispuso que se tuviera en cuenta lo señalado en la parte motiva de esa providencia.

18 En igual sentido, se pronunció la Corte en la Sentencia C-006 de 1998, antes reseñada.

19 Fls 5-10 c.a.

20 C.P. Germán Ayala Mantilla, expediente 8331. En esa providencia se declaró la nulidad de los apartes de la Cartilla de Instrucciones y del Concepto 86277 de 1996, expedida por la Subdirección jurídica de la DIAN, por haber restringido para el año gravable 1995 la deducción de la contribución especial consagrada en el artículo 248-1 del E.T.

21 En la sentencia, esta Corporación señaló que el tratamiento que deberá otorgarse a los temas materia de examen —vigencia de la derogatoria ordenada en la Ley 223 de 1995 de la deducción de la contribución especial— será el indicado en las decisiones de la Corte Constitucional antes referidas, que permiten aplicar el beneficio en el año de 1995 hasta la expedición de la citada ley —22 de diciembre de 1995.

22 La Corte Constitucional en sentencia C-527 de 1996, en un caso similar al analizado en el que se discutía la constitucionalidad del artículo 87 de la ley 223 de 1995, que, en lo pertinente, establece que a partir de la vigencia de dicha ley, los contribuyentes podrán descontar del impuesto sobre la renta y complementarios a su cargo, ciertos porcentajes de las donaciones allí mencionadas, que hayan efectuado durante el año gravable a determinadas universidades, dijo:
“La Corte considera que la disposición atacada no contradice lo ordenado por la Constitución en el inciso 3º de su artículo 338, porque como el período de tiempo que va del 22 de diciembre de 1995, día de la publicación de la ley, al 31 de diciembre del mismo año, es precisamente el que comienza después de la vigencia de la ley, corresponde con el período señalado por la propia Carta, esto es, el que se inicia “después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. Sobre este particular, es necesario precisar que cuando la Constitución dice que las leyes tributarias “no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”, la palabra “período”, por estar libre de cualquier calificativo, no coincide con la noción, más restringida, del período gravable anual característico del impuesto a la renta y complementarios”.

23 ART. 16.—Las empresas industriales y comerciales del estado a las sociedades de economía mixta, están sometidas al impuesto. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, asimiladas a sociedades anónimas, las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y las sociedades de economía mixta.
Se exceptúan, las que tengan a su cargo la prestación de servicios de energía, acueducto, alcantarillado, postales, telecomunicaciones y salud pública.
*Nota: Esta norma fue derogada por el artículo 60 de la Ley 223 de 1995.

24 ART. 24.—Régimen tributario. Todas las entidades prestadoras de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional y de las entidades territoriales, pero se observarán estas reglas especiales:
(…)
4.2. Por un período de siete años exímase a las empresas de servicios públicos domiciliarios de orden municipal, sean ellas de naturaleza privada, oficial o mixta, del pago del impuesto de renta y complementarios sobre las utilidades que se capitalicen o que se constituyan en reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.

25 Fls 5-10 c.a.

26 Fl 6 c.a.

27 Fl 9 c.a.

28 Fls 145-163 c.a.

29 Fls 251-273 y 875-902 c.a. La Administración sostuvo que no era procedente la exención prevista en el artículo 24.2. de la Ley 142 de 1994 porque la entidad no cumplía con el requisito de ser de “orden municipal”. Por su parte, consideró que tampoco le era aplicable el beneficio tributario previsto en el artículo 16 del estatuto tributario, porque la sociedad en el año de 1995 pasó de ser una empresa de servicio público domiciliario y, por tanto, se regía por la Ley 142 de 1994, que disponía que era contribuyente del impuesto de renta, con excepción de las de orden municipal.

30 Fls 104-124 c.p.

31 Cfr. folios 385 y 393 c.a.

32 Fls 5-10 c.a.

33 Fls 385 y 393 c.a. Escrito recursos de reconsideración.

34 Requerimiento especial: Fls 72-74 c.a., liquidación oficial de revisión: Fls 345- 350 c.a y, resolución que resolvió el recurso de reconsideración: Fls 895-899 c.a.

35 En la liquidación oficial la administración desconoció en su totalidad la exención porque determinó que en el mes de diciembre del año 1995 la sociedad no obtuvo rentas sino una pérdida fiscal por la actividad de transmisión de energía eléctrica. Fls 244-268 c.a.

36 Fls 875-887 c.a.