Sentencia 2000-04590 de mayo 24 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 05001-23-31-000-2000-04590-02

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Actor: Francisco Antonio Montoya Cadavid

Demandado: Municipio de Medellín

Asunto: Acción especial contencioso administrativa artículo 71 Ley 388 de 1997 - Fallo de Segunda instancia.

Bogotá, D.C., a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y con el numeral 1º del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del citado acuerdo, el despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.

En el caso concreto la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso(31), de conformidad con el cual “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.

2. Los actos demandados.

La demanda recae sobre las resoluciones 721(32) del 13 de junio de 2000 “por medio de la cual se considera de utilidad pública o interés social, la adquisición de un inmueble urbano y se formula una oferta”; 1169(33) de 5 de septiembre de 2000 “a través de la cual se dispone una expropiación por vía administrativa” y 1286(34) de 4 de octubre de 2000 “mediante la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Alcalde Municipal de Medellín.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar o revocar la sentencia apelada, para lo cual examinará los argumentos de los recursos de apelación de la siguiente manera:

3.1. Respecto del recurso de apelación de la parte demandante se abordarán los problemas jurídicos relacionados con: (i) la forma como se adelanta la fase de enajenación voluntaria en el procedimiento de expropiación por vía administrativa, (ii) la valoración probatoria efectuada por el a quo, en especial del dictamen pericial rendido y las pruebas alegadas por el demandante como fundamento para acceder a la modificación del valor a cancelar al propietario del bien objeto de expropiación.

3.2. En cuanto al recurso de apelación de la parte demandada se analizará cuáles son los elementos de la indemnización en la expropiación por vía administrativa, para definir si el a quo emitió un fallo extra petita, y en caso de que se resuelva negativamente lo anterior, se determinará si es aplicable para calcular lucro cesante la fórmula de compensación por afectaciones sufridas por obras públicas.

4. Razones jurídicas de la decisión.

Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve el problema jurídico que subyace al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, abordará los siguientes ejes temáticos: (i) el trámite de la oferta de compra en el procedimiento de expropiación por vía administrativa; (ii) valoración de las pruebas relacionadas con el precio cancelado al propietario del bien objeto de expropiación; (iii) los componentes de la indemnización en la expropiación administrativa y la existencia o no de fallo extra petita en el sub lite y (iv) la fórmula aplicada para calcular el lucro cesante en el caso concreto.

4.1. Trámite de la oferta de compra en el procedimiento de expropiación por vía administrativa.

La parte apelante considera que el tribunal no tuvo en cuenta que la Alcaldía de Medellín, le vulneró el debido proceso en el trámite de la expropiación administrativa, puesto que una vez notificada la oferta de compra, no se dio oportunidad para adelantar la negociación del precio.

Para resolver la anterior alegación, es necesario acudir a los artículos 61 y 68 de la Ley 388 de 1997, que regulan el trámite de la expropiación por vía administrativa, concretamente el procedimiento que subsigue a la notificación de la oferta, normas que son del siguiente tenor:

ART. 61.—Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9ª de 1989:

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos de participación en el proyecto a desarrollar o permuta.

Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente ley se acepte la concurrencia de terceros en la ejecución de proyectos, los recursos para el pago del precio podrán provenir de su participación.

La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se hará con sujeción a las reglas del Código Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en vía gubernativa.

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa.

No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiación y siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el propietario y la administración lleguen a un acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el cual se pondrá fin al proceso.

Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un tercero, siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilización de los inmuebles para el propósito que fueron adquiridos.

PAR. 1º—Al valor comercial al que se refiere el presente artículo, se le descontará el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución de valorización, según sea del caso.

PAR. 2º—Para todos los efectos de que trata la presente ley el Gobierno Nacional expedirá un reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios que deberán observarse para la determinación de los valores comerciales basándose en factores tales como la destinación económica de los inmuebles en la zona geoeconómica homogénea, localización, características y usos del inmueble, factibilidad de prestación de servicios públicos, vialidad y transporte.

[...].

ART. 68.—Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de que trata el artículo 66 de la presente ley, sin que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente:

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de urgencia que se hayan declarado.

4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente procedan en vía gubernativa.

De los artículos transcritos se concluye que una vez notificada la oferta de compra para la enajenación voluntaria, se cuenta con treinta (30) días para que se logre un acuerdo y se proceda a la firma de contrato de compraventa, vencidos los cuales, debe expedirse el acto que decrete la expropiación.

Es necesario indicar, que el término de la fase de negociación es perentorio, por lo cual, la administración debe permitir que el mismo transcurra, así como que el destinatario de la oferta se pronuncie sobre esta, pero que, una vez se dé su vencimiento sin acuerdo, debe procederse a proferir y notificar el acto de expropiación, como lo ordena el artículo 68 de la Ley 388 de 1997.

Respecto de este trámite y su alcance, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

Así las cosas, debe destacarse que el procedimiento de expropiación administrativa debe agotar varias etapas a fin de que pueda cumplir con su cometido: i) la oferta de compra, ii) la negociación y iii) el proceso expropiatorio propiamente dicho.

Respecto de la etapa de oferta de compra debe indicarse que inicia con la expedición de un acto administrativo que contiene la información de la oferta de compra que se hace al propietario del bien que se pretende expropiar. Según lo disponen los artículos 66 y 67 de la Ley 388 de 1997, en ella se expide un acto administrativo de expropiación que informa al propietario del bien al que prende hacerse la administración, la posibilidad de negociar directamente la compra de éste, por el precio consignado en el acto, así como las condiciones de pago del precio.

Una vez agotada la primera etapa comienza la subsiguiente, consistente en la negociación. En ella, según lo dispone la Ley 388 de 1997 se busca, entre otras cosas, modificar el precio base que la administración fijó en la oferta(35) y terminar el proceso anticipadamente por la enajenación voluntaria del bien. Esta etapa dura máximo 30 días, contados a partir de la ejecutoria del acto que determina que la expropiación se hará por vía administrativa.

En palabras de la Corte Constitucional (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) debe destacarse lo siguiente de esta etapa: “En el caso de la expropiación por vía administrativa, vencido el plazo para la negociación directa sin que se haya perfeccionado el contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente, mediante acto administrativo motivado, decide unilateralmente la expropiación, el precio del bien y las condiciones de pago”(36).

Así las cosas, se tiene que una vez la administración expide la resolución de expropiación, finiquita la etapa de negociación para dar lugar al proceso expropiatorio propiamente dicho(37).

De conformidad con las anteriores consideraciones, para determinar si en el caso concreto existió vulneración a los derechos de la parte demandante, en lo que refiere al trámite de la oferta de compra, es necesario estudiar si la administración respeto el término de 30 días para que se realizará de parte del destinatario de la oferta una contraoferta que abriese una posible negociación.

Obra a folios 15 a 31, cuaderno 1 del expediente, oferta de compra del municipio de Medellín al señor Francisco Antonio Montoya Cadavid con fecha del 13 de junio de 2000, frente a la cual el 22 de junio de 2000, la apoderada del destinatario interpuso recurso de reposición(38), en el que entre otras solicitó se reconociera un mayor valor del inmueble, sin precisar cuál debía ser el mismo. En virtud del recurso de reposición presentado, la Promotora Inmobiliaria de Medellín, obrando a nombre del municipio, le manifestó que contra la oferta de compra no procedía recurso de reposición, esto en oficio del 11 de julio de 2000(39).

Mediante oficio recibido el 25 de junio de 2000, la apoderada del ahora demandante, solicitó que fuera revisado el avalúo que fue fundamento de la oferta(40), en dicho documento determinó que el valor comercial del metro cuadrado en el sector es superior al de la propuesta de la administración, así como que la administración pretendía adquirir el bien por su costo catastral, siendo este inferior al precio comercial.

La anterior solicitud fue contestada mediante oficio del 8 de agosto de 2000(41), en la cual se le manifestó a la apoderada del destinatario de la oferta, que no era factible realizar una revisión del avalúo, que no era cierto que el precio ofertado no permitiera la subsistencia del propietario del inmueble y que de conformidad con la normativa que rige el trámite de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa, los avalúos que se emitan serán comerciales, teniendo dicho alcance el que es fundamento de la oferta formulada.

En comunicación recibida el 28 de agosto de 2000(42), la apoderada del destinatario de la oferta aseveró que la administración ofreció a su prohijado la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000), por metro cuadrado, entretanto, en una negociación de un bien cercano ofreció dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000), indicó igualmente no se tuvo en cuenta la destinación del bien y que debía negociarse el precio justo.

Finalmente, la Alcaldía de Medellín expidió el 5 de septiembre de 2000, la Resolución 1109, mediante la cual se decretó la expropiación del bien propiedad del demandante, fecha para el cual habían transcurrido ya los 30 días del procedimiento de negociación, durante del cual, tal como se pudo evidenciar en precedencia, si existió una serie de comunicaciones que dan cuenta de que se permitió un intercambio de opciones para la enajenación voluntaria, sin que se lograse un acuerdo.

Así las cosas, la Sala encuentra que no es cierto que no se haya agotado la etapa de negociación dentro del trámite que derivó en la expropiación del bien propiedad de la parte actora, por lo que la alegación presentada carece de sustento y no es factible con base en la misma revocar la sentencia de primera instancia.

4.2. Valoración de las pruebas relacionadas con el precio cancelado al propietario del bien objeto de expropiación.

El apelante, considera que las pruebas obrantes en el expediente, en especial el dictamen pericial, los testimonios rendidos y las fotografías aportadas dan cuenta de que debía anularse parcialmente el acto demandado y proceder a la adecuación del precio pagado como indemnización por la expropiación del bien propiedad de los demandantes.

Como son varios los aspectos que alega la parte actora como desconocidos por el a quo, se procede a analizar cada una por separado, a fin de definir si alguno de ellos da lugar a modificar el precio fijado en los actos censurados.

En primer lugar, se analizará lo relacionado con el dictamen pericial rendido en el curso del proceso, respecto del cual la sentencia de primera instancia determinó que tenía yerros en cuanto al conocimiento del bien, la forma como fijó el precio, sus soportes, la inclusión del área de terraza y la forma en que determinó el daño emergente.

Frente a las conclusiones del a quo, la parte apelante considera que se avaluó correctamente el valor, pues tuvo en cuenta la destinación del bien, se fundamentó en sondeos de precios del sector, así como que se acreditó la existencia del área adicional de terraza.

De la revisión de la experticia rendida por la perita Carmen Cecilia Hoyos(43), se encuentra que en la misma se avaluó el bien inmueble objeto de expropiación, concluyendo lo siguiente:

• Que el área del inmueble en la parte adecuada para cafetería 67.50 m2.

• Que el valor del metro cuadrado lo definiría teniendo en cuenta las condiciones del mercado, el entorno del bien, que el inmueble contaba con todos los servicios públicos y que en el mismo funcionaba una cafetería con decorados y acabados de buena calidad.

• Que el valor del bien es de dos millones quinientos mil por metro cuadrado ($ 2.500.000) para un total de ciento treinta y cinco millones de pesos ($ 135.000.000), a lo cual se sumaban el valor de 36 m2 de terraza, por un costo de quinientos mil pesos ($ 500.000) por metro cuadrado para un total de ciento cincuenta y tres millones de pesos ($ 153.000.000).

De la revisión del texto del dictamen, así como de sus anexos, no se evidencia cuál fue el método utilizado por la perita para arribar a las conclusiones sobre el precio del bien, así como tampoco en que se fundamentó para determinar que debía cancelarse los metros cuadrados de terraza, ni de donde obtuvo el conocimiento de los acabados de la cafetería, aseveraciones que requieren soporte, para que al momento de realizar la valoración probatoria el juez pueda considerar la prueba como fundamento de una modificación del precio de expropiación.

En este aspecto, la Sala destaca especialmente que la forma como la perita determinó que debía ser incluida en el avalúo del bien los metros cuadrados de terraza, no es razonable, ya que si bien la parte actora pretende que dicho reconocimiento se funde en testimonios y fotografías, lo que se puede observar en la escritura de compra(44), en la que el ahora demandante adquirió el inmueble expropiado, es que el bien tenía un área de 67,5 metros cuadrados, sin que se describa en dicho instrumento público que cuenta con la terraza a la que refiere el demandante y la experticia.

Resulta pertinente indicar, que en el trámite de expropiación en el valor de la indemnización se cancela a favor del titular entre otros la compensación por la pérdida del derecho de dominio, por lo cual, si se reclama un mayor valor, sobre áreas respecto de las que no se acredita la propiedad, dicho reconocimiento no es procedente.

Para concluir las razones por las cuales la prueba pericial practicada en el proceso, no puede ser fundamento de una modificación del precio de expropiación fijado en los actos acusados, esta Sección, en sentencias 10 y 17 de mayo de 2018(45), ha indicado que las experticias que tengan como finalidad debatir un avalúo rendido en el trámite de un procedimiento de expropiación, deben cumplir con los requisitos mínimos exigidos para este último, los cuales de conformidad con la Resolución 762 de 1998, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, incluyen soportar el método y las conclusiones de la experticia, lo cual como se anotó previamente se echa de menos en el sub examine.

Determinado que la peritación practicada en el proceso no puede ser fundamento para la modificación del precio del bien expropiado, se procede a analizar los demás argumentos del apelante, en relación con las pruebas que darían lugar a acceder a la nulidad parcial deprecada.

En cuanto al fundamento del recurso consistente en que el municipio modificó el valor catastral del bien para desvalorizarlo, la Sala encuentra en primera medida que en el expediente obra prueba del valor del derecho en que se funda el cobro del impuesto predial para los años 1999 y 2000 (agosto)(46), el cual ascendía a la suma de cincuenta y seis millones doscientos once mil pesos ($ 56.211.000), así mismo que para el mes de noviembre de 2000, el monto del derecho en mención era de cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos ($ 46.448.000).

Frente a la anterior variación, lo primero que debe observarse es que la misma es posterior a la fecha en que se realizó la oferta de compra y que se expidió la resolución de expropiación, lo que por sí mismo daría para desechar el argumento de la parte apelante, ya que no tendría sentido que la administración hubiese modificado el valor del derecho con fundamento en el cual se pagaba el impuesto predial después de fijado el precio a cancelar por el bien, si como lo argumenta la impugnación lo que pretendía era depreciar el mismo.

Además de lo anterior, al revisar el avalúo que dio lugar a la fijación del precio de expropiación(47), se encuentra que el mismo en ninguna de sus consideraciones tuvo en cuenta el valor catastral del bien para definir el precio a reconocer, por lo cual carece de fundamento el argumento de la parte actora.

En relación con la alegación de la parte actora consistente en que la administración le causó daños en el mobiliario de su propiedad al momento de tomar posesión del bien, es necesario indicar que contrario a lo que argumenta en su recurso, no basta con simplemente enunciar en los hechos de la demanda la existencia de un daño, sino que además se tiene el deber de probarlo, carga que es relevante en el presente asunto, ya que en el proceso no se acreditó por el demandante que por acción del municipio se haya dañado mobiliario propiedad del actor, ni que se hubiese incluido en la expropiación bienes diferentes al inmueble.

En relación con la consideración final del párrafo que antecede, es necesario indicar que el apelante considera que se dañaron bienes inmuebles por destinación y adhesión de su propiedad, lo cual carece de fundamento, pues de conformidad con los artículos 656(48), 657(49) y 661(50) del Código Civil, este tipo de bienes son parte del inmueble, por lo que están incluidos en su adquisición, salvo que exista convención en contrario, lo cual no sucedió en el sub examine, por lo que, no es viable reconocer indemnizaciones adicionales por daños a unos bienes que tras la expropiación no eran propiedad del actor.

De otra parte, el apelante aduce que el valor de la expropiación fue cancelado tardíamente, por lo que deben reconocerse los intereses o la pérdida del valor dinerario, en contra de este dicho la parte demandada, manifestó que el precio fue consignado en el banco agrario, como lo ordena el numeral 2º del artículo 70 de la Ley 388 de 1997.

Como soportes del pago del precio del inmueble expropiado, obran en el expediente, el registro presupuestal y la consignación realizada por el municipio de Medellín en el Banco Agrario el 26 de octubre de 2000(51), con los cuales se demuestra que la entidad territorial dio cumplimiento a lo exigido por el numeral 2º(52) del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, en tanto, puso a disposición del propietario del bien el monto de la indemnización, por lo que la alegación del apelante no encuentra asidero probatorio.

Finalmente, se debe señalar que si bien, tal como lo advirtió el a quo, el avalúo realizado por la lonja de propiedad raíz para soportar los actos demandados tiene falencias, al pretenderse en el sub examine la modificación del precio de la expropiación y no la nulidad del acto por falsa o indebida motivación, es necesario que se pruebe el justiprecio a cancelar, pues de lo contrario no es posible estimar favorablemente las súplicas de la demanda.

Por las anteriores razones, se concluye que no existen pruebas que permitan modificar el precio de expropiación del bien, por lo que no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia en cuanto a la negativa de las pretensiones relacionadas con dicho aspecto.

4.2.3. Los componentes de la indemnización en la expropiación administrativa y la existencia o no de fallo extra petita en el sub lite. 

Determinado que las pruebas obrantes en el proceso no cumplen con los requisitos necesarios que permitan modificar el precio pagado por el bien expropiado, la Sala procede a analizar los disentimientos presentados en la apelación de la parte accionada.

En primer lugar, se abordará lo relacionado con la existencia de un fallo extra petita por parte del juez de primera instancia, por condenar al pago de un lucro cesante que en consideración del apelante no fue solicitado.

Sobre el anterior argumento, la Sala procede a delimitar cuales son los componentes de la indemnización en el caso de la expropiación administrativa.

La jurisprudencia de esta corporación(53) ha sido uniforme en señalar que la indemnización en los procedimientos de expropiación debe ser reparatoria y plena, lo que significa que no basta con que se compense al propietario del bien, el valor de éste, sino que corresponde resarcir la totalidad de los daños que se lleguen a causar con la decisión de la administración de privarle de su derecho de propiedad.

Corolario de lo anotado en el párrafo precedente, la indemnización plena incluye además de la compensación por el bien expropiado, la cual debe corresponder a su valor comercial, el reconocimiento por el daño emergente y el lucro cesante que se hubiesen causado con la ejecución de la decisión expropiatoria.

Así las cosas, la reclamación que se realiza de adecuación del monto de la indemnización por parte de quien ha sufrido los efectos de la expropiación, implica la posibilidad de reclamar tanto el justiprecio del bien, como el daño emergente y el lucro cesante que se hubiese generado por causa de la decisión del Estado.

Dilucidado lo anterior, se entra a establecer cuál fue el alcance de las pretensiones presentadas por la parte accionante en el sub lite, ello para establecer si la decisión de primera instancia se excedió en su resolución al conceder un lucro cesante no reclamado.

Las pretensiones de la parte actora, en punto de la indemnización se encuentran delimitadas de la siguiente manera en el libelo incoatorio:

[...].

3.5. Se determine el monto del precio a reajustar del inmueble.

3.6. Se realice una inspección con peritos; al inmueble, para determinar el valor de la indemnización debida.

[...].

3.8. Se ordene pagar a los demandados el daño emergente diez millones de pesos por los perjuicios padecidos cuando el inmueble fue dañado.

3.9. Se ordene pagar al demandado el mayor valor por la terraza que no se contó con ella para el pago del precio.

3.10. Se ordene pagar al demandado el lucro cesante por los 4 meses de canon de arrendamiento que no percibió el demandante desde que se fue el inquilino hasta la fecha que no han cancelado el precio de la expropiación.

Las anteriores pretensiones dan cuenta de que el demandante incluyó peticiones relacionadas con el mayor valor a compensar por el predio, así como el reconocimiento de daños por lucro cesante y daño emergente, de lo que se sigue, que no puede predicarse la existencia de un fallo extra petita, pues es claro que dentro de la demanda sí se reclamó el lucro cesante reconocido.

4.3. La fórmula aplicada para calcular el lucro cesante en el caso concreto.

Dilucidado que en el caso concreto no se está ante un fallo extra petita, se procede a analizar el segundo argumento de la parte accionada en su apelación, el cual consiste en que se aplicó para calcular el lucro cesante concedido no es aplicable al caso concreto.

La sentencia de primera instancia estableció que la experticia rendida en el proceso calculó de manera errada el lucro cesante, ya que sin razonamiento alguno extendió el mismo hasta la fecha en que se rindió el dictamen, razón por la cual no tuvo en cuenta dicho cálculo, pero procedió a aplicar la fórmula de compensación establecida en el numeral 6º(54) del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, con base en la cual reconoció como lucro cesante seis meses de arrendamiento.

La parte demandada en su recurso indicó que la norma aplicada por el tribunal regula la compensación por las pérdidas que se sufren por la realización de obra pública, pues regula el pago a realizarse en el supuesto del artículo 37 de la Ley 9ª(55) de 1989.

Antes de abordar el anterior planteamiento, la Sala considera necesario determinar si con la forma del reconocimiento el a quo excedió el límite de las pretensiones presentadas por la parte actora, específicamente en lo relativo al lucro cesante.

La demanda en las pretensiones 3.6 y 3.9, presentó peticiones que se relacionan con el lucro cesante, solicitando en la primera que se tazara por perito el valor de este y en la segunda que se reconociera bajo dicho título el pago de 4 meses de cánones de arrendamiento.

Respecto de las anteriores pretensiones, el a quo no accedió al reconocimiento del lucro cesante tasado por la perita, asunto que no fue objeto de apelación. En cuanto a la segunda pretensión la sentencia de primera instancia determinó que existía lucro cesante porque el ahora demandante dejó de percibir cánones de arrendamiento y procedió a reconocer el daño con base en una fórmula totalmente diferente a lo solicitado, condenando a un valor mayor que el reclamado, pues en lugar de ordenar el pago de lo equivalente a 4 meses de canon de arriendo, impuso un valor que corresponde a 6 meses de este.

La anterior determinación de la sentencia de primera instancia constituye lo que se conoce como sentencia ultra petita, ya que, si bien el fallo está centrado en los aspectos que integran el debate litigioso, excede los límites que fijaron las partes, concretamente lo referido al monto reclamado en las pretensiones de la demanda por lucro cesante.

Ahora bien, es importante indicar que no fue objeto de apelación el hecho de que el a quo hubiese declarado la causación de perjuicios por lucro cesante, por lo que dicho aspecto de la decisión de primera instancia se encuentra en firme, razón por la cual la Sala considera que en aplicación del concepto de justicia y con miras a guardar la congruencia de las decisiones judiciales, debe proceder a adecuar la decisión del a quo a la pretensión de la parte actora.

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia y se condenará al municipio de Medellín al pago de 4 cánones de arrendamiento por un valor de novecientos cincuenta mil pesos ($ 950.000), cada uno, para un total de tres millones ochocientos mil pesos ($ 3.800.000), cifra que deberá ser actualizada de conformidad con la fórmula aplicada por el a quo.

5. Costas.

No hay lugar a condenar en costas en esta instancia, por cuanto los argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada prosperaron parcialmente, sin que se encuentre acreditada una inadecuada conducta de alguna de las partes que dé lugar a condenarla por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia de 15 de abril de 2013, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia el cual quedará así:

“Tercero. Consecuencia de lo anterior y como adición al precio indemnizatorio ya cancelado por el bien inmueble expropiado, el MUNICIPIO DE MEDELLÍN deberá pagar al señor FRANCISCO MONTOYA CADAVID la suma de tres millones ochocientos mil pesos ($ 3.800.000), por los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados; valor que deberá ser actualizado de conformidad con la fórmula enunciada en la parte motiva de esta providencia”.

2. CONFIRMAR en sus demás partes la sentencia de 15 de abril de 2013, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

3. No se condena en costas en esta instancia, por no aparecer causadas.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

31 Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 627 del Código General del Proceso y teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar fue concedido mediante auto del 28 de enero de 2014, el presente asunto se encuentra para fallo en vigencia del Código General del Proceso (ene. 1º/2014, como lo dispone su art. 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto jun. 25/2014, exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero).

32 Folios 15 a 31, cuaderno 1.

33 Folios 41 a 49, cuaderno 1.

34 Folios 53 a 55, cuaderno 1.

35 Según lo expone la Corte Constitucional en Sentencia C-1074 de 2002, ello se infiere “entre otras, de la utilización de la expresión “precio base de la negociación (L. 9ª/89, art. 13); de la existencia de un plazo para negociar (L. 388/97, art. 61, inc. 6º); y del hecho que la etapa de negociación pueda terminar antes de ese plazo, porque el particular rechace cualquier intento de acuerdo (L. 9ª/89, art. 20)”.

36 Sentencia C-1074 de 2002, expediente D-4062, Demandante: Omar Edgar Borja Soto, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de enero de 2016, M.P. María Claudia Rojas Lasso, radicación 05001-23-31-000-2002-04925-01. Por su extensión, de la transcripción realizada se suprimieron algunos pies de página que contiene la misma.

38 Folios 32 a 33, cuaderno 1.

39 Folio 34, cuaderno 1.

40 Folios 35 y 36, cuaderno 1.

41 Folios 37 a 38, cuaderno 1.

42 Folios 39 a 40, cuaderno 1.

43 Folios 322 a 326, cuaderno 1.

44 Folios 3 y 4, cuaderno 1.

45 C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 08001-23-31-000-2010-01020-01, C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-31-000-2006-01363-01.

46 Folios 8 y 9, cuaderno 1.

47 Folios 41 a 49, cuaderno 1.

48 ART. 656.—<INMUEBLES>. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.

Las casas y veredas se llaman predios o fundos.

49 ART. 657.—<INMUEBLES POR ADHESIÓN>. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro.

50 ART. 661.—<COSAS ACCESORIAS A INMUEBLES>. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo por su separación momentánea; por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlos a plantar, y las losas o piedras que se desencajan de su lugar para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan con el objeto de darles diferente destino, dejan de ser inmuebles.

51 Folios 394 a 395, cuaderno 1.

52 2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del particular expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para el efecto a disposición del particular, y entregar copia de la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago.

53 Puede verse entre otras la Sentencia de la Sección Primera del 14 de mayo de 2009, C.P. Rafael O radicación 2005-03509-01.

54 6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.

55 ART. 37.—Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.