Sentencia 2000-04708 de octubre 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Proceso número: 05001-23-31-000-2000-04708-01(28574)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actora: María Soledad Zapata y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá,D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales

1.1. La jurisdicción, competencia y acción procedente

Como dentro de la controversia está una entidad pública, la Nación, representada en el sub lite por el Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional (CCA, arts. 82 y 149 ), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(1).

De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(2) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional como consecuencia de los hechos descritos en la demanda.

1.2. La legitimación en la causa

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que uno de los agentes de la Policía Nacional está involucrado en los hechos materia de estudio, según da cuenta la providencia de primera instancia proferida por el despacho del Comandante del Departamento de Policía de Urabá (fls. 22 a 28, cdno. 2, copia auténtica); a su vez los actores están legitimados, como madre y hermanos de la víctima con los respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 19 a 23, cdno. ppal, en copia auténtica); ahora, aunque no se demostró el vínculo de consaguinidad del señor Diego Acevedo Manzur, lo cierto es que los testimonios lo refieren como parte del núcleo familiar (fls. 303 a 308 rev., cdno. 2), razón por la cual se tendrá como damnificado(3).

1.3. La caducidad

Toda vez que el accidente ocurrió el 20 de julio de 2000, según el informe del accidente 6909, diligenciado por la Policía de Tránsito (fls. 3 a 6, cdno. ppal, en copia simple) y la demanda se presentó el 15 de diciembre del mismo año, fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(4).

2. Problema jurídico

El problema jurídico del presente asunto se concreta en determinar la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por la muerte del señor Jhon Jairo Ruiz Manzur, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 20 de julio de 2000, donde se vio involucrado un vehículo oficial de la institución policial.

3. Los elementos de la responsabilidad extracontractual

3.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(5), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial del actor que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

3.2. Igualmente, precisa referir que los documentos allegados por la parte actora lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y copias simples (cdno. ppal, cdno. 2 y cdno. 3)(6).

Ahora, frente a las pruebas trasladadas del Juzgado 136 de Instrucción Penal Militar, debe señalarse que fueron pedidas por ambas partes (fls. 46 y 56, cdno. ppal), razón por la cual resulta admisible su valoración, tal como lo ha sostenido esta sección, en “los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, éstas pueden ser valoradas, aun cuando hubieran sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el proceso al cual se trasladan, considerando que, en tales eventos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia, pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(7).

3.3. El daño

En el sub lite, el daño alegado por los actores se concretó en la muerte del señor Ruiz Manzur como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 20 de julio de 2000, en la vía que de Carepa conduce a Chigorodó (Antioquia).

En ese orden, se tiene que en el acta de levantamiento del cadáver 0291 del Inspector de Tránsito de Medellín se consignó:

Morgue de la Policlínica Municipal

09:00 Horas

22:15 Horas del día 21 de julio del año 2000

09:30 Horas

Jhon Jairo Ruiz Manzur, hijo de Jairo y Soledad, naturales de Pereira (Risaralda), de 28 años de edad, estado civil soltero, profesión vigilante, residente en el barrio María Cano de Carepa, telefóno 8236661, cédula de ciudadanía nro. 71.725.993 de Medellín.

No informado (sic).

Trauma encefalocraneal severo, laceraciones en frente y pómulo derecho, igualmente, en extremidades superiores e inferiores.

El ahora occiso el día 20 de julio del año 2000 a la una de la tarde cuando conducía la moto de placas YBB37 junto al cementerio de Chigorodó fue atropellado por el vehículo de propiedad del Capitán de la Policía de Apartadó en circunstancias que son motivo de investigación. Hubo donación de órganos (fl. 15, cdno. ppal, copia auténtica).

La necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Regional Noroccidental, confirmó que la causa de muerte fue “[h]ipertensión endocraneana por las lesiones en encéfalo por contusión. Lesiones que tuvieron un efecto de naturaleza mortal” (fl. 249, cdno. 3). El registro civil de defunción del señor John Jairo Ruiz Manzur da cuenta de su fallecimiento el 21 de julio de 2000, en accidente de tránsito (fl. 23, cdno. ppal).

Igualmente, los testimonios de Emilse del Socorro Manco, Ana Morelia Rengifo, José Walter Alfonso, Guillermo Antonio Betancur Marín, María del Carmen Azcarate y María Alicia Jiménez de Borja(8) son contestes en referir al grupo familiar y cuyos integrantes tenían excelentes relaciones, además de ser muy unidos (fls. 303 a 308 rev., cdno. 2).

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se desprende, claramente, el daño deprecado.

3.4. La imputación

3.4.1. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(9):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

3.4.2. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

3.4.2.1. La declaración rendida por la señora Maricela Usuga Serna, ante el Juzgado 136 de Instrucción Penal Militar(10), dentro del instructivo adelantado en contra del agente Agustín Castillo Padilla por la muerte del señor Jhon Jairo Ruiz Manzur, pone de presente:

El día jueves 20 de julio íbamos Jhon Jairo, Sandra Páez, quien reside en Carepa y labora en Satana en Apartadó, íbamos en dirección a Chigorodó, yo llevaba a mi hija de dos años, Jhon Jairo iba solo en su moto, yo iba manejando mi moto, Sandra iba de parrillera y llevaba mi niña, eran aproximadamente las once, casi las doce del día no recuerdo exactamente, no íbamos rápido, íbamos aproximadamente a 40 o 50 kilómetros por hora, en el puente le mermamos la velocidad a las motos porque Jhon Jairo se echó la bendición, yo me orillé pasando el puente porque habían unos huecos, él iba un poco atrás de mí, luego él se salió un poco para esquivar un hueco, yo no sentí el carro, yo sentí el carro fue cuando venía golpeándolo a él, el carro lo cogió por el manubrio izquierdo de la moto de Jhon Jairo, yo sentía unos lamparasos, cuando menos pensé yo me iba a bajar y la moto que venía rastrillando por el piso me cogió a mi y me arrastró porque venía a mucha velocidad y nos tiró al suelo, la moto venía sin Jhon Jairo ahí, venía apagada, yo me caí pero no perdí el conocimiento, yo ví Jhon Jairo tirado en el piso en medio de un charco de sangre, botaba sangre por la boca, por la nariz, por la ceja, el carro pasó rápido y yo comencé a gritar, ahí que fue donde se dio la vuelta el carro y regresó al sitio del accidente, Jhon Jairo cayó al suelo y el carro pasó a gran velocidad como dije, inclusive pensé que se había volado, yo empecé a pedir ayuda y en esas el carro se regresó y lo recogió y trajo a Jhon Jairo con dirección a Carepa, estaba herido, la moto de Jhon Jairo la detuvo el tránsito. Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si tuvo conocimiento qué vehículo fue el que tuvo el accidente de tránsito con la moto de Jhon Jairo y de la persona que lo conducía? Contesta: Cuando regresó el carro fue que me di cuenta quien lo conducía, porque yo lo distingo se que es un policía de apellido Castillo y el carro es de la policía, la muchacha que iba conmigo o Sandra, me dijo que ese carro era el que había atropellado a Jhon Jairo. Preguntado: Manifieste al despacho si una vez que ocurre el accidente cuánto tardó el vehículo del que usted habla para regresar al sitio del accidente y recoger a Jhon Jairo? Contesta: No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero lo cierto fue que no demoró para regresar, inmediatamente lo recogió. (...) Preguntado: Diga al despacho si lo recuerdo si el cargo emitió Corrijo D. si lo recuerda que el vehículo que atropelló a Jhon Jairo emitió algún sonido o señal de alerta para avisar que se les adelantaba, tales como pito, sirena, luces retrovisores o algo por estilo? Contesta: En ningún momento ese vehículo emitió algún sonido, no pitó ni nada por el estilo, si hubiese pitado tal vez uno se hubiese amorillado y no hubiera pasado el accidente con las consecuencias ya conocidas (se destaca) (fls. 12, 13 y 15, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.2. La señora Sandra Milena Páez(11), dentro del mismo instructivo, declaró:

Eso fue el 20 de julio del año en curso, nosotras íbamos a Chigorodó, yo iba en una moto con una amiga que se llama Maricela Usuga, en otra moto iba Jhon Jairo Ruiz, íbamos de paseo, él hacía parte de ese paseo, nosotros pasamos el cementerio de Chigorodó, pasamos el puentecito donde hay una cantidad de huecos impresionantes, cuando íbamos por el cementerio de esas cosas, Jhon Jairo frenó la moto o le rebajó velocidad para bendecirse, a nosotras nos causó curiosidad, nunca lo hacía, y nos pusimos a reír, él trató de esquivar unos huecos y se abrió un poquito, nosotras no escuchamos el carro, íbamos un poco delante de él, yo soy mala para calcular pero considero que íbamos como a unos dos metros aproximadamente, nosotros íbamos por la vía derecha y él nos seguía atrás pero conservando la misma vía, él tuvo que abrirse un poco para esquivar un hueco, sin invadir el carril izquierdo, relativamente íbamos a baja velocidad empezando porque es un sitio donde obligadamente se baja la velocidad por la cantidad de huecos que hay allí, lo que yo recuerdo del momento del accidente fue que cuando menos pensábamos el carro ya estaba encima, el le pegó por un lado, el por detrás no le pegó, le pegó por un lado, yo sólo ví cuando Jhon Jairo ya estaba en el suelo, trató de levantarse pero se volteó y quedó de lado, en ese momento la moto de él rodó por la carretera y se nos atravesó a Maricela y a mi, nos caímos yo fui la primera que me paré, la bebé de Maricela también cayó pero afortunadamente nada le pasó porque cayó encima de mí, miré que a la niña no le hubiera pasado nada, yo me paralicé, Maricela me gritaba y yo no le escuchaba, me decía que le quitara la moto de encima, yo reaccioné le quité la moto y seguí mirando, yo no sabía para donde correr, en esas apareció nuevamente el carro que atropelló a Jhon Jairo, ellos se bajaron y enseguida lo montaron al carro y se fueron con él hacía Carepa (...). Preguntada: Manifieste al despacho si es de su conocimiento que vehículo fue el que tuvo el accidente de tránsito con la moto de Jhon Jairo, y de la persona que lo conducía? Contesta: El vehículo es de aquí de la policía, se que es una camioneta blanca, yo la he visto mucho por aquí, desafortunadamente conozco también a su conductor, es de apellido Castillo, este era muy amigo de Jhon Jairo, recochaban y siempre lo saludaba, Castillo es casado con una prima mía. Preguntada: Diga al despacho una vez ocurre el accidente cuánto tardó el vehículo blanco de la policía que atropelló a Jhon Jairo para regresar al sitio del accidente en recogerlo? Contesta: No se demoró casi nada, creo que lo que alcanzó a frenar y regresar, lo recogió inmediatamente. (...) Preguntada: Diga al despacho a qué velocidad aproximada iba el vehículo blanco de la policía que atropelló a Jhon Jairo? Contesta: Cien kilómetros por hora era poquito, iba a una velocidad impresionante (...). Preguntado: De acuerdo a su respuesta anterior, diga al despacho si es cierto o no, que el vehículo que conducía castillo y con el cual atropelló a Jhon Jairo Ruiz, emitió algún sonido, les pitó, accionó su sirena, luces, si alcanzó a frenar, en fin si los puso en alerta con alguna señal de tránsito? Contesta: En ningún momento nos pitó o nos puso en alerta con alguna señal de tránsito, si lo hizo no lo escuché, si así hubiese corrijo (sic) (se destaca) (fls. 22 a 24, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.3. Ante la misma autoridad judicial, el patrullero Jhon Fredy Villegas(12), quien tripulaba el vehículo oficial comprometido en el accidente, depuso:

Eso fue el día 20 de julio del año en curso, fue un jueves, siendo las 11:15 aproximadamente, en el cual nos encontrábamos en Apartadó con mi coronel Jesús Antonio Gómez Méndez, recibimos una orden de mi Capitán, Carlos Alberto Jaimes, la cual consistía en recoger a mi Coronel en Chigorodó, debido a que mi Coronel iba a viajar hacia Chigorodó sitio este en el cual había un desfile, procedimos a cumplir la orden tal como se nos había notificado entonces mi compañero Castillo y yo decidimos (sic) al lugar a lo cual él me dijo que debíamos ser muy prudentes porque había un ciclo paseo el cual era de Apartadó Carepa y viceversa, después de que pasamos Carepa seguíamos ya para Chigorodó y llegando a un puente que queda cerca al cementerio Chiogorodó, al pasar dicho puente iban dos motos en la misma dirección hacia Chigorodó, en una iban dos mujeres y en otra un hombre, era una moto D.T., la otra moto no recuerdo la marca, cuando el señor iba muy abierto en la vía, entonces mi compañero procedió a pasarlo o adelantarlo, en la terminación del puente, en ese instante el señor hizo un giro con la moto el cual fue muy brusco, y Castillo pienso que hizo lo máximo para desquitarlo (sic) ya éste se había metido en la vía contraria tratando de esquivar un hueco ya que en dicho sitio existe un poco de huecos que representan peligro para las personas que van en dicho vehículo, cuando ya mi compañero lo esquivó un poco la moto le pegó al carro con el manillar izquierdo posteriormente le pegó al retrovisor momento en el cual Castillo procedió a frenar el vehículo y a orillarse para ver que era lo que había sucedido yo me bajé inmediatamente del vehículo mientras este giraba para devolverse, o sea coger la vía de Chigorodó a Carepa, al yo llegar al sitio donde estaba el señor lo primero que yo hice fue examinar los signos vitales, a examinar el cuello y ver en si que era lo que le había sucedido al señor, mi compañero Castillo cuadró el vehículo al lado donde se encontraba el mencionado y procedimos inmediatamente a montarlo al vehículo y transportarlo al hospital más cercano (...). Preguntado: Sírvase manifestar a qué velocidad aproximada se desplazaba el vehículo policial ocupado por usted y conducido por el agente Castillo? Contesta: Con plena seguridad no puede determinar el tipo de velocidad a la que iba en forma exacta, pero más o menos íbamos a unos 70 u 80 kilómetros por hora haciendo la observación de que antes de entrar al puente el mermó la velocidad y me dijo a mi que iba a disminuir porque no faltaba la persona que se metiera, y además que ese día las vías eran transitadas por las fiestas que había, pero en ese momento la vía estaba despejada de vehículo y personas, pero de todas formas íbamos con demasiada precaución (...). Preguntado: Diga al despacho si en el vehículo en el cual se desplazaba usted y el AG. Castillo quien lo conducía, de algún modo advirtió a las personas que se desplazaban en las motocicletas su intención de sobrepasarlos o adelantarlos empleando para ello pito o cualquier otro medio, si alcanzó a frenar antes de la colisión o que otra maniobra realizó tendiente a evitarla? Contesta: Primero que todo si se le pitó, se le pitó una vez, fuera de ello el sonido propio del vehículo le advertía al motociclista que iba a hacer sobrepasado, en el preciso momento que iba a suceder la colisión de la moto y el vehículo el señor AG. Agustín Castillo hizo al máximo por esquivarlo pero también la vía se estaba acabando para el vehículo, en ese momento fue donde el señor Castillo frenó pero ya le había dado al señor (fls. 27, 28, 30 y 31, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.3.(sic) En iguales condiciones a las anotadas, el agente de policía Francisco José Soto Avilez(13), quien se desplazaba en una moto como escolta del vehículo oficial, declaró:

El día 20 de julio del año en curso a la entrada al municipio de Chigorodó, siendo aproximadamente las 11:15 horas, donde el vehículo de la policía nacional Nissan perteneciente al comandado del departamento y conducida por el AG. Castillo, yo me desplazaba en la motocicleta asignada al comando para escolta, cuando observé una maniobra que hizo el vehículo al lado de la moto conducida por un particular, alcancé a observar otra moto que iba al lado de la otra moto que menciono, yo alcanzo a observar que el joven que conducía la DT, iba como en actitud de conversa o charla con las muchachas que iban en la otra moto, cuando de pronto observo que el carro Nissan trata de adelantar la motocicleta y el señor de la moto se abre mucho de la carretera hacia el vehículo y es allí cuando colisionan los dos vehículos, la moto con el carro blanco de la policía, inmediatamente el agente Castillo y el PT. Villegas que iban en ese vehículo se bajan del mismo a recoger al señor de la moto que quedó tirado en el pavimento, el AG. Castillo me da instrucción por el radio para dirigirse al hospital de Carepa para que tengan la urgencia lista, inmediatamente me regreso hacía donde él me indicó y no alcancé a llegar al lugar de los hechos (...). Preguntado: Diga al despacho a su leal saber y entender a qué velocidad aproximada se desplazaba el vehículo Nissan del comando, conducido por el AG. Castillo? Contesta: No puedo determinar la velocidad en la que se desplazaba, pues yo llevaba de distancia unos 80 o 90 metros aproximadamente, él iba delante de mí (...). Preguntado: Manifieste al despacho si es de su conocimiento que el vehículo en el que se desplazaba el AG. Castillo y CB. Villegas, de algún modo advirtió a las personas que se desplazaban en las motocicletas su intención de sobrepasarlos o adelantarlos empleando para ello el pito o cualquier otro medio, si alcanzó a frenar antes de la colisión o qué otra maniobra realizó tendiente a evitarla? Contesta: No alcancé a escuchar por lo que llevaba casco cerrado, de frenar creo que sí frenó y trató de esquivar las motos (fls. 33 y 35, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo)

3.4.2.4. En el informe del accidente 6909 del 20 de julio de 2000 se consignó que uno de los vehículos comprometidos fue la camioneta Nissan Patrol de placas OKJ 745, conducido por el agente Agustín Castillo Padilla (fl. 3, cdno. ppal, en copia simple). Dicho documento fue ratificado por el guarda de tránsito Eliecer García Castro, en declaración rendida ante el Juzgado 136 de Instrucción Penal Militar(14), así:

El informe original corresponde al nro. 6909, corresponde al accidente ocurrido el día 20 del mes 07 de 2000, en la hora de ocurrencia 11:40 el cual fue levantado a las 11:45, si fue elaborado por mi por lo que yo tuve conocimiento del accidente, la firma es mía (…) Preguntado: Sírvase manifestar al despacho si usted logró identificar el sitio exacto de la vía en que se produjo la colisión entre el carro y la motocicleta conducida por la persona que resultó lesionada y posteriormente fallecida, en caso afirmativo indíquenos ese lugar? Contesta: Yo traté de identificar el sitio donde fue el primero impacto del accidente en el momento en que llegué encontré gran cantidad de sangre en la mitad de la vía donde supuestamente cayó el lesionado, me dirigí en el momento buscando huellas y llegué a la parte del puente dentro este (sic) como un metro aproximadamente para salir hacia Chigorodó, el cual (sic) la marca estaba en la mitad del puente habían tallones del impacto de ahí yo deduje que la colisión se produjo aún dentro del puente, la marca de sangre de la víctima estaba como a diez y nueve metros aproximadamente de donde fue el punto del impacto, cuando llegó el conductor del vehículo en la tarde verificamos que ese fuera el punto de impacto y el dijo que sí, esto fue por las marcas que habían en el lugar. (…) Contesta: Con base en las versiones uno no puede ni adulterarlas ni transcribirlas en otra forma el conductor número 1 (vehículo oficial) se codificó por adelantar en puente porque la misma norma dice que no se puede, y el conductor número 2 según las versiones se codificó por ir conversando en la vía y no tomar las precauciones que dice el código donde dice que un vehículo debe transitar detrás del otro en las vías, de mi punto de vista observando las dos versiones dadas en el momento existe culpa de parte y parte por falta de precaución en el manejo porque si yo conozco la norma y si conductor (sic) conoce la norma sabe que una de las normas es que ni en puente ni en curvas se puede adelantar, lo mismo el motociclista si conoce las normas sabe que no se puede conversar en la vía, y que cada moto debe de andar detrás de la otra con su debida prelación, es de ahí que por descuido de esto el conductor le pita o por el susto del pito del carro maniobra sacando la moto y ahí pudo ocurrir la colisión (se destaca) (fls. 157, 161 y 165, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.5. En la historia clínica del hospital de Carepa se dejó constancia del ingreso del señor Jhon Jairo Ruiz Manzur el 20 de julio de 2000, a las 12:00 del medio día, como consecuencia del consabido accidente de tránsito y que fue remitido a las 3:50 de la tarde al hospital San Vicente de Medellín (fls. 68 y 69, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.6. El mismo día del accidente, el Juzgado 136 de Instrucción Penal Militar practicó audiencia de inspección judicial. Respecto al sitio se anotó que “[t]enemos una calzada asfáltica, amplia, buena visibilidad sin demarcación central ni señales de tránsito alguna, en regular estado con varios huecos especialmente sobre el puente Juana Pio, sobre el cual tuvo lugar el accidente de tránsito (...) en la calzada derecho norte a sur apreciamos huellas que corresponden según el AG. Castillo a las motocicletas accidentadas de una longitud de 19.60 mts, las cuales se inician en el último tercio del puente en el sentido Carepa-Chigorodó”. En cuanto al estado de los vehículos, se estableció que “[e]n el vehículo policial podemos apreciar: Un rayón en forma horizontal en la parte superior del guardabarros derecho que da desde la mitad aproximadamente hasta donde termina la pieza (guardabarros), el cual continúa en la puerta del mismo lado en donde empieza la misma continuando en el espejo retrovisor, se aprecia otro rayón en sesgo, con abolladura sobre la parte superior de la manija de la puerta derecha, que continúa en forma descendente y en sesgo sobre la puerta izquierda, sobre esta misma puerta más hacia la parte inferior se aprecian tres rayonazos con abolladura, en el guardabarros posterior derecho se aprecian cuatro rayones con abolladura, se ordena al perito fotógrafo tomar las respectivas placas (...). Se observa la motocicleta Yamaha DT. 125, modelo 99 de placas YBB-037, color blanca motor y chasis 3T2105272, la cual presenta los siguientes daños: Manillar del closs roto, carenaje roto y tapa del direccional izquierdo delantero roto” (fls. 4 y 5, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.7. Esa misma fecha se le tomó prueba de alcoholemia al agente Agustín Castillo Padilla, cuyos resultados fueron obtenidos el 31 siguiente sin detección de alcohol etílico (fl. 123, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.8. El 21 de julio de 2000, el guarda municipal Elicer García Castro, quien levantó el informe del accidente, efectuó revisión técnico-mecánica al vehículo oficial, en la cual determinó su estado como bueno (fl. 95 y 96, cdno. 3, copia auténtica allegada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar en respuesta a lo requerido por el a quo).

3.4.2.9. El 8 de agosto de 2000, el Secretario de Tránsito de Turbo certificó que el vehículo de placas OKJ-745, motor 6G72-P53522, chasis L146WM-00448, serie L14WM-00448 de servicio oficial, tenía como propietario al Fondo Rotatorio de la Policía (fl. 28, cdno. ppal, en original).

3.4.2.10. El agente Agustín Castillo Padilla no tenía antecedentes disciplinarios para la fecha de los hechos, según constancia del deparamento de Policía de Urabá del 14 de agosto de 2001 (fl. 1 y rev., cdno. 2, original); sin embargo, el 22 de septiembre de 1997 se le archivó una investigación que se le adelantó por arrollar un semoviente (fls. 10 a 14, cdno. 2, copia auténtica allegada por el comandante del departamento de Policía de Urabá en respuesta a requerimiento del a quo).

3.4.2.11. El 24 de noviembre de 2000, el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar se abstuvo de privar de la libertad al policial detenido, así:

Así las cosas, la sola estructuración del hecho material, no significa la violación de la norma positiva, cuando el elemento subjetivo o la culpa en orden a la violación de una norma jurídica, no se haya demostrado, y esto es lo que acontece en el caso que nos ocupa; y teniendo como telón de fondo el caudal probatorio allegado a los autos, se evidencia aparentemente la demostración de los delitos de homicidio y lesiones personal en la modalidad culposa; sin embargo, no puede predicarse probanza válida que compromete la responsabilidad del procesado agente Castillo Padilla Agustín, pues todo indica que el insuceso trágico sobrevino respecto del actor por un caso fortuito, cuando dispuso adelantar a los motociclistas John Jairo Ruiz Manzur y Maricela Usuga Serna, pero Ruiz Manzur al pretender esquivar un hueco sobre la vía se abrió hacia el lado por donde transitaba el vehículo conducido por Castillo Padilla y colisiona la moto Yamaha DT-125 que conducía Ruiz Manzur con el automotor Nissan Patrol que conducía el sindicado causándole rayones que se dejaron relacionados en la diligencia de inspección anteriormente referida. Por manera que, no fue el supuesto comportamiento “imprudente” o negligente ni la violación de los reglamentos del hoy procesado el causante de la muerte y lesión de los motociclistas Jhon Jairo Ruiz Manzur y Maricela Usuga Serna, sino un caso fortuito atribuible a la maniobra realizada por Ruiz Manzur para esquivar los huecos que habían en el puente de Juana Pío en cercanía del cementerio de Chigorodó. En tal sentido, al encontrarse ante un caso fortuito, de suyo la inexistencia de culpa, por lo que en el presente caso no procede medida de aseguramiento conforme lo previsto en el artículo 537 del Nuevo Código Penal Militar por cuanto la prueba aportada al paginarlo es indicativa de que el procesado agente Castillo Padilla Agustín actuó dentro de la circunstancia de ausencia de responsabilidad, prevista en el artículo 35 del Nuevo Código Penal, en su numeral primero, que dice: “Causales de inculpabilidad. No es culpable: 1. Quien realice la acción u omisión por caso fortuito o fuerza mayor (fls. 206 y 207, cdno. 3, en copia auténtica)

3.4.2.12. El 19 de febrero de 2001, el Comandante del departamento de Policía de Urabá absolvió al agente implicado en el accidente con base en las siguientes razones:

Cotejando las pruebas directas y presenciales del incidente, tenemos que los policiales son claros al referir la forma cómo ocurrió el accidente. Las señoras que acompañaban al occiso, rinden su testimonio pero son un poco timoratas cuando se refieren al momento justo de la colisión, pues Maricela Usuga afirma que John Jairo se quedó detrás de ellas y se abrió un poco. Sandra Páez afirma que John Jairo se abrió un poco sin salirse del carril para esquivar unos huecos. Los policiales afirman que iban charlando, una moto paralela a la otra, argumento del que se ha valido el disciplinado para fundar en el occiso la culpa principal del accidente. Así mismo sostienen las damas, que iban charlando con el occiso, incluso antes de tomar el puente, disminuyó la velocidad ya que se había echado la bendición en el cementerio ubicado a pocos metros de lugar de la colisión.

Para el 200700 el AG. Castillo se desempeñaba como conductor del vehículo Nissan Patrol, placas OKJ-745 de propiedad de la Policía Nacional, asignado al señor Comandante del Departamento y a las 11:40 horas aproximadamente cuando se registra el accidente, se desplazaba hacia el municipio de Chigorodó con el fin de transportar al señor TC. Jesús Antonio Gómez Méndez, comandante de la unidad, hacia la base del departamento, acto que se demuestra con la certificación suscrita por el CT. Jaimes Villamizar como obra a folio 60 quien había recibido instrucciones del citado oficial para que se cumpliera en ese sentido dicha orden, es decir la orden inicial y primaria fue impartida por el señor comandante del departamento quien cuenta con legitimidad para impartirle; indicando lo anterior que en el momento de los hechos el policial disciplinado se encontraba en actos del servicio, por lo cual se encuentra amparado por una eximente de antijuridicidad al encontrarse en cumplimiento de orden legítima emitida con las formalidades legales; aunado a lo anterior la culpa exclusiva de la víctima en los hechos en los cuales perdió en forma culposa la vida. Por lo anterior este despacho absolverá de responsabilidad disciplinaria al AG. Castillo Padilla Agustín (fls. 27 y 28, cdno. 2, copia auténtica).

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se tiene:

(i) La camioneta de placas OKJ-745 pertenecía al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y en el momento de los hechos se encontraba conducida por el agente Agustín Castillo Padilla, quien en compañía de otros compañeros, se dirigía a Chigorodó a recoger al Coronel Jesús Antonio Gómez Méndez por órdenes del capitán Carlos Alberto Jaimes.

(ii) Las personas comprometidas en el accidente se dirigían en la misma dirección, esto es hacia Chigorodó, Antioquia.

(iii) La colisión se presentó a la altura del puente Juana Pio.

(iv) Los conductores de los vehículos comprometidos no ingirieron bebidas alcohólicas.

(v) El conductor del vehículo oficial no alertó el sobrepaso ni la víctima su maniobra hacia el centro de la vía.

Las pruebas testimoniales dan cuenta de que la víctima, al tiempo que conducía, sostenía interlocución con sus acompañantes de la otra motocicleta. Éstas a su vez advierten sobre la maniobra que realizó para evitar un hueco, siendo en ese instante cuando fue arrollado por el vehículo oficial. Ese escenario podría sugerir una culpa exclusiva de la víctima, en tanto pone en evidencia la contravención de las normas de tránsito vigentes(15), de no ser por la falta de advertencia por parte del agente de policía para ejecutar la maniobra de adelantamiento(16), además de su ejecución al nivel del puente Juana Pio(17).

Efectivamente, aunque el agente Jhon Fredy Villegas Madrid declaró que se le advirtió sonoramente a la víctima (fls. 30 y 31, cdno. 3), llama la atención de la Sala que tan sólo da cuenta de ello al indagársele sobre el particular, mas no cuando dio su narración sobre los hechos (fls. 27 a 29, cdno. 3); además, las dos acompañantes de la víctima refieren todo lo contrario y el otro policial que los acompañaba tampoco escuchó nada, claro está, que se encontraba provisto de casco y conducía una motocicleta a 80 o 90 metros de distancia (fls. 12 a 15, 22 a 25 y 33 a 35, cdno. 3).

En ese orden, dado que las acompañantes están desprovistas de cualquier interés en la presente causa, incluso la prima de una de ellas estaba casada con el policial comprometido en los hechos, es admisible darle mayor credibilidad a estas últimas versiones, sin que siga la falsedad de lo manifestado por el compañero del policial involucrado, sino que es natural que entre compañeros se creen relaciones de empatía que pueden sesgar el recuerdo depuesto, como da cuenta la insistencia del testigo en poner de presente la conducción por demás diligente del agente comprometido, situación que arroja nuevas dudas sobre su declaración.

De otra parte, el agente de tránsito Eliecer García Castro (fls. 157 a 165, cdno. 3), además de la inspección judicial adelantada por el Juzgado 136 de Instrucción Penal Militar (fls. 4 y 5, cdno. 3), dan cuenta de que la colisión ocurrió a la altura del puente Juana Pio. El primero lo hizo con base en las versiones de los involucrados en el accidente, incluso la del mismo agente que conducía el vehículo oficial, así como del análisis de la escena, al igual como se hizo en la diligencia judicial referida. Siendo así, ambas pruebas dan plena certeza del lugar donde ocurrió el accidente.

En ese orden, el accidente se produjo en momento en que el agente Agustín Castillo Padilla, en compañía de otros compañeros y en cumplimiento de órdenes superiores, se dirigían al municipio de Chigorodó cuando a la altura del puente Juana Pio intentó un sobrepaso, sin previo aviso, a la motocicleta conducida por el señor Jhon Jairo Ruiz Manzur, quien por esquivar un hueco se abrió hacia el lado del vehículo oficial colisionando con éste.

El anterior escenario da cuenta de la concurrencia en la producción del daño por parte de los conductores de los automotores comprometidos. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional porque su agente contribuyó a la causación del daño al intentar un sobrepaso en lugar prohibido y sin previo aviso; sin embargo, la condena se reducirá en un 50% debido a la imprudencia de la víctima al realizar una maniobra peligrosa sin señal de advertencia.

La Sala considera razonable reducir la condena en el anterior monto, por cuanto bien pudiera pensarse que la prohibición de adelantamiento en el puente relevaba a la víctima de la precaución de advertir su maniobra, de no ser por el hecho de que los dos automotores se dirigían en la misma dirección, sin que las declaraciones den cuenta de que el conductor del vehículo oficial cerrara a la motocicleta por otro peligro en contravía; por el contrario, de ellas se tiene probada la falta de cuidado de la víctima en la conducción por estar distraído con la conversación de sus acompañantes, al punto de pasar por inadvertido la anunciación de su giro hacía donde circulaban los demás vehículos que iban en su misma dirección y que se viera sorprendido por el adelantamiento prohibido del agente de policía, quien además de no advertirlo lo hizo en un lugar prohibido.

3.4.3. La sección tiene definido que en casos donde se imputa a las entidades públicas responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, es posible manejar el título de imputación objetiva, incluso cuando concurren dos actividades peligrosas, como en el sub lite, atendiendo a la que produzca mayor peligrosidad por su estructura y actividad, según se dejó expuesto en un caso donde colisionaron un camión de la Policía Nacional y una motocicleta, así(18):

Particularmente este caso encuadra dentro del régimen de responsabilidad objetiva, por riesgo excepcional. En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado atendiendo la contingencia al daño que ofrecen, entre otros, los instrumentos destinados a actividades peligrosas, apreciando la realidad física de esos instrumentos a causar daño, ha dicho que cuando dos actividades peligrosas se enfrentan y además una actividad es menor que la otra, habrá de entenderse que la mayor peligrosidad al riesgo, por su estructura y actividad, se predica de la de “mayor potencialidad”. Así lo ha explicado la Sala en anteriores oportunidades desde la sentencia proferida el 10 de marzo de 1997(19).

Dentro de dicho régimen, en el caso bajo juicio, es necesario demostrar el riesgo excepcional proveniente del instrumento utilizado por el Estado con mayor potencialidad de riesgo a crear contingencia al daño, el daño antijurídico y la relación causal. El demandado para exonerarse le corresponderá probar una causa extraña, exclusiva y determinante, para romper el nexo de causalidad.

En el caso que se juzga las pruebas, valorables sobre el hecho demandado y que producen convicción al juzgador, dicen de la verdad sobre la colisión de dos automotores, accidente en el cual resultó herido el señor Amador Ávila; de esos dos vehículos el de mayor peligrosidad estaba utilizado por el Estado (camión) porque el otro era una moto. Por lo tanto al establecerse que el automotor del Estado era la cosa peligrosa y en actividad, de mayor potencialidad para causar daño se entiende establecido el primer elemento de responsabilidad por riesgo excepcional.

Y más recientemente se precisó(20):

Así las cosas, como la actividad de conducción de vehículos es riesgosa o peligrosa, resulta oportuno analizar la controversia desde el título objetivo del riesgo excepcional, en los términos señalados, con la salvedad de que, en el asunto sub examine se presentó una colisión de actividades peligrosas, como quiera que tanto Marco Tulio Cifuentes como EPSA ejecutaban, al momento del accidente, la conducción de automotores sin que esta específica circunstancia suponga que se cambie o traslade el título de imputación a la falla del servicio.

En efecto, si bien esta corporación en una época prohijó la llamada “neutralización o compensación de riesgos”, lo cierto es que en esta oportunidad la Sala reitera su jurisprudencia(21), ya que, al margen de que dos actividades peligrosas concurran o entren en una colisión al momento de materializarse el daño, ello no muta el título de imputación en uno de naturaleza subjetiva o de falla del servicio, sino que, por el contrario, se mantiene en la dimensión objetiva.

En consecuencia, al establecer la causación del daño, en sede de imputación fáctica, es posible que entren en juego factores subjetivos vinculados con la trasgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento, entre otros, sin embargo los mismos no enmarcan la controversia en el plano de la falla del servicio, sino que serán útiles a efectos de establecer el grado de participación de cada agente en la producción del daño y, por lo tanto, si es posible imputarlo objetivamente(22) a uno de los intervinientes o, si por el contrario, debe graduarse proporcionalmente su participación.

En esa medida, lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quién de los participantes en las actividades concluyentes le es atribuible la generación o producción del daño.

Por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y, por lo tanto, el daño antijurídico.

En suma, en el presente asunto el régimen de imputación es objetivo por riesgo excepcional, sin perjuicio que de conformidad con cada caso pueda admitirse otro cualquier título de imputación.

3.5. Los perjuicios

3.5.1. Perjuicios morales. Los testimonios se limitan a referir la conformación del grupo familiar y que tenían excelentes relaciones, además de ser muy unidos, pero no dan cuenta de las afectaciones morales padecidas por la muerte del señor Jhon Jairo Ruiz Manzur; sin embargo, como la jurisprudencia ha admitido que en estos casos tales perjuicios se infieren(23), se procederá a reconocerlos como pasa a exponerse.

Respecto de la tasación de dicho perjuicio, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de mil y quinientos gramos oro en favor de la madre y para los hermanos, respectivamente. Sobre el particular la Sala advierte que, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13.232–15.646(24), la estimación de los perjuicios morales debe hacerse en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro y, para ello, se tiene en cuenta la equivalencia según la cual, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, puede reconocerse una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los actores, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(25), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”(26), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(27).

En consecuencia, se condenará a pagar la suma de cien (100) y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia para la madre y hermanos de la víctima, respectivamente. Condena que se reducirá en un 50%.

Por último, debe ponerse de presente que la falencia advertida frente a la prueba testimonial hace inviable la configuración de un perjuicio inmaterial diferente al daño moral reconocido, razón por la cual habrá de negarse la pretensión sobre la afectación a la vida de relación.

3.5.2. Los daños materiales. De entrada debe advertirse que no obran documentos para acreditar la propiedad de la motocicleta en cabeza de la víctima; sin embargo, algunos testimonios lo refieren como propietario y en su mayoría coinciden en señalar que las reparaciones del automotor las efectuó uno de los hermanos de la víctima, el señor Diego Acevedo Manzur (fls. 303 a 311, cdno. 2), quien es el propietario del establecimiento de comercio donde se expide la factura de venta a nombre de la señora madre del fallecido por el concepto que aquí se estudia (fl. 27, cdno. ppal, en original). En consecuencia, se tienen por probados los gastos en que incurrió la última en mención por el monto de $1.231.000, que serán actualizados desde julio de 2000, cuando se expidió la factura, hasta esta sentencia así:

28574
 

En consecuencia se reconocerá a la señora María Soledad Manzur la suma de $2.306.711, a título de daño emergente.

3.5.3. Lucro cesante. El reconocimiento se hará a nombre de la señora María Soledad Manzur, madre de la víctima, a quien todos los testigos señalan ayudaba la víctima para su manuntención (fls. 303 a 311, cdno. 2).

Efectivamente, Emilce del Socorro Manco manifestó

(...) el fallecido vivía con la mamá porque era el único soltero y el menor de todos (...) Preguntado: La señora Soledad de quién dependía económicamente (...) Contestó: Dependía económicamente del fallecido, los hermanos de cuenta de ellos porque ellos trabajaban (fls. 303 y rev., cdno. 2).

La señora Ana Morelia Rengifo frente a la dependencia económicamente de la madre de la víctima precisó:

Ella dependía de él y los hermanos trabajan y también veían por ella pero le colaboraban de vez en cuando (fl. 304 rev., cdno. 2)

El señor José Walter Alfonso Sierra aclaró:

Preguntado: Qué tipo de relación tenía el hoy difunto con su madre, sus hermanos, qué vinculos de solidaridad tenía el mismo con su familia antes mencionada? Contestó: Era buena la relación de todos ellos, claro que él estaba viviendo con su mamá y la hermana Sara, los otros muchachos casí no le colaboraban a la mamá debido a que ellos tienen obligaciones con sus hogares, el que más colaboraba con ella era el difunto (fl. 305 y rev., cdno. 2).

El señor Guillermo Antonio Betancur Marín declaró:

Era una relación de familia, no tenía problemas y entre todos se ayudaban, pero el fallecido era el que más veía por su mamá ya que vivía con ella y la hermana ya que los otros son todos comprometidos (fl. 306 y rev., cdno. 2).

La señora María Alicia Jiménez de Borja sostuvo:

Ella dependía de Jhon Jairo que era el que más le ayudaba y los otros hermanos dependen de ellos mismos (fl. 307 rev., cdno. 2).

La señora Aura Diez de Restrepo señaló:

Ella dependía económicamente del difunto que era el que más que le ayudaba proque vivía con ella y los otros hermanos si dependían de ellos mismos (fl. 308, cdno. 2).

En cuanto al monto de este perjuicio, debe señalarse que las certificaciones obrantes dan cuenta que el señor Ruiz Manzur trabajaba para los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá desde el 1 de junio de 1998, con una asignación mensual de $ 400.000 (fls. 25 y 26, cdno. ppal, en original). Este se actualizará desde julio de 2000 (mes en que falleció la víctima) hasta la fecha de esta providencia así:

28574-1
 

 

Dicha suma se adicionará en un 25% por prestaciones sociales para un total de $936.925. A dicho valor se le reducirá un 25% por ciento que se considera es lo que la víctima destinaba a su manuntención, teniendo en cuenta que se trataba de una persona soltera. En consecuencia, la base de la liquidación sería $702.694, pero sobre la misma se reconocerá una quinta parte, atendiendo que eran cinco hermanos y, por ende, ella corresponde a la proporción que legalmente debía destinar a la manuntención de su madre, tal como lo ha precisado en otras oportunidades la Subsección(28). En ese orden el monto base será $140.538, que será aplicado así:

3.5.3.1. La indemnización consolidada

Esta corresponde al período comprendido entre la fecha de los hechos (jul. de 2000) y la fecha de esta sentencia (oct. de 2013), 158.26 meses, así:

28574-3
 

Suma que se reducirá en un 50%, es decir, un total a reconocer de $16.694.148.

3.5.3.2. La indemnización futura

De entrada debe advertirse la imposibilidad de establecer la edad de la madre, toda vez que no obra prueba de la cual se puede extraer dicha información. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un aspecto de cuantificación de la condena, se establecerán los parámetros para que en incidente de perjuicios se defina lo pertinente. En consecuencia, se tomará la probabilidad de vida de la madre en meses, con base en las tablas de supervivencia acogidas por la Corporación, a los cuales deberá descontarse el período consolidado de 158.26 meses. Lo anterior arrojará el tiempo a indemnizar que se aplicará a la siguiente fórmula así:

28574-4
 

Donde:

S: Es la indemnización consolidada a obtener.

Ra: Es la renta o ingreso mensual actualizado: $351.347.

I: Es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0.004867.

n: Es el número de meses que comprende el período indemnizable, va desde la fecha de la presente providencia -30 de octubre de 2013- hasta la probabilidad de vida en meses.

Suma de la que se descontará el 50%.

En resumen:

(i) Se reconocerá a la señora María Soledad Manzur Zapata, en su condición de madre de la víctima, la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

(ii) A los señores Luis Fernando, Sara María Ruiz Manzur y Gustavo y Diego Acevedo Manzur, como hermanos de la víctima, la suma equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.

(iii) A la señora María Soledad Manzur la suma de dos millones trescientos seis mil setecientos once pesos ($2.306.711), a título de daño emergente.

(iv) A la señora María Soledad Manzur Zapata la suma de dieciséis millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos $16.694.148), moneda corriente, por concepto de lucro cesante, en su modalidad de indemnización consolidada.

(v) Se condenará en abstracto frente a la indemnización del lucro cesante futuro, siempre que la edad probable de la señora María Soledad Manzur Zapata de lugar a ello, es decir, supere el período de la indemnización por lucro cesante consolidado.

En esos términos, se revocará el fallo de primera instancia.

3.6. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 13 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional por los daños ocasionados a los actores, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 20 de julio de 2000, en el que falleció el señor Jhon Jairo Ruiz Manzur.

3. En consecuencia, CONDENAR a Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, así:

(a) Se reconocerá a la señora María Soledad Manzur Zapata, en su condición de madre de la víctima, la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia.

(b) A los señores Luis Fernando, Sara María Ruiz Manzur y Gustavo y Diego Acevedo Manzur, como hermanos de la víctima, la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia, para cada uno de ellos.

(c) A la señora María Soledad Manzur la suma de dos millones trescientos seis mil setecientos once pesos ($ 2.306.711), a título de daño emergente.

(d) A la señora María Soledad Manzur Zapata la suma de dieciséis millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos $ 16.694.148), moneda corriente, por concepto de lucro cesante, en su modalidad de indemnización consolidada.

(e) Se condenará en abstracto frente a la indemnización del lucro cesante futuro, siempre que la edad probable de la señora María Soledad Manzur Zapata de lugar a ello, es decir, supere el período de la indemnización por lucro cesante consolidado, en los términos expuestos en esta providencia y tal como lo dispone el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo. De la suma resultante se le descontará el 50% de la condena.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

5. Sin condena en costas.

6. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) El numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, asignó el conocimiento en primera instancia a los tribunales administrativos de los asuntos de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes. En consecuencia, como los perjuicios materiales, por lucro cesante, se calcularon en $ 60.000.000, siendo esta la mayor pretensión y la cuantía estimada (fls. 42, 43 y 48, cdno. ppal), es claro que para el 2000, cuando se presentó la demanda (fl. 49, cdno. ppal), la controversia superaba el valor exigido para que tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación, esto es superior a $ 26.390.000.

(2) “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

(3) Efectivamente, la señora Emilce del Socorro Manco declaró: “(…) la familia la componen La mamá que se llama Soledad, los hermanos que se llaman Gustavo, Diego, Fernando y Sara María (…) sus relaciones con su madre y sus hermanos eran buenas (…) entre todos ellos tenían buenas relaciones y eran muy solidarios entre todos” (fls. 303 y rev., cdno. 2); la señora Ana Morelia Rengifo manifestó: “(…) la familia osea el papá de él (se refiere a la víctima) no lo conocí (…) y los hermanos Diego, Gustavo y Fernando, la relación de ellos era buena, al igual que la mamá (…) todos eran buenos hermanos y muy solidarios, tanto la mamá como sus hermanos” (fls. 304 y 305, cdno. 2); el señor José Walter Alfonso Sierra depuso: “(…) la familia de él son la mamá que se llama Soledad, los hermanos que se llaman Fernando, Diego, Gustavo y Sara (…) Era buena la relación de todos ellos” (fls. 305, cdno. 2); el señor Guillermo Antonio Betancur Marín afirmó: “(…) la familia son la señora Soledad y los hijos Gustavo, Diego, Fernando y otra niña menor de edad (…). Era una relación de familia, no tenían problemas y entre todos se ayudaban (fl. 307, cdno. 2).

(4) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(5 ) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

(6) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “(…) si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso. Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (…) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 febrero de 2012, exp. 22.943, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(8) Quien declaró sobre si conocía a la víctima, su familia y sus relaciones interpersonales: “Sí lo conocí, desde que él estaba muy mediano, porque él era vecino de nosotros, la familia la componen la mamá que se llama Soledad, los hermanos que se llaman Gustavo, Diego, Fernando y Sara María (...) entre todos tenían buenas relaciones y eran muy solidarios entre todos” (fls. 303 y rev., cdno. 2). Los demás testigos coinciden en lo anterior.

(9) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(10) La versión fue rendida el 25 de julio de 2000 (fl. 12, cdno. 3).

(11) Su declaración fue rendida el 28 de julio de 2000 (fl. 22, cdno. 3).

(12) Su declaración fue rendida el 1 de agosto de 2000 (fl. 27, cdno. 3).

(13) Su declaración fue recibida el 2 de agosto de 2000 (fl. 33, cdno. 3).

(14) La declaración se rindió el 14 de septiembre de 2000 (fl. 157, cdno. 3).

(15) Decreto 1344 de 1970, vigente para la época de los hechos, disponía: “Artículo 126º.- Todo conductor, al detener su vehículo en vías pública, deberá hacerlo en forma que no obstaculice el tránsito de los demás usuarios, y abstenerse de maniobras que pongan en peligro a otros vehículos y a las personas. (...) Artículo 128.- Las señales de mano que deben hacer los conductores de vehículos son las siguientes: 1. Para cruzar a la izquierda o cambio de carril, sacarán el brazo izquierdo y lo extenderán horizontalmente.

2. Para indicar cruce a la derecha o cambio de carril, sacarán el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia arriba. 3. Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacarán el brazo izquierdo formando escuadra con la mano hacia abajo. // Estas señales de mano se harán cuando no se tengan o no puedan utilizarse las luces direccionales”.

(16) El mismo decreto en su artículo 135 prescribía: “Todo conductor antes de efectuar un adelantamiento debe observar; que ningún conductor que le siga haya empezado una maniobra para adelantarlo; que la vía que vaya a tomar esté libre en una longitud suficiente para que, de acuerdo a la diferente entre la velocidad de su vehículo durante la maniobra y la de los otros que pretende adelantar, dicha maniobra no ponga en peligro o entorpezca el tránsito de los que vayan en dirección contraria o de los que haya adelantado y anunciar su intención en forma clara y con suficiente anterioridad por medio de las luces direccionales de su vehículo, o en su defecto, haciendo la señal apropiada con el brazo. // Efectuada la maniobra deberá regresar nuevamente al carril derecho, dejando una separación prudencial con el último vehículo que haya alcanzado”.

(17) La misma norma en el numeral 6 del artículo 136 disponía: “Es prohibido adelantar a otro vehículo en los siguientes casos: (...) // 6. En los cruces de vías férreas y puentes”.

(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de agosto de 2001, exp. 12.998, M.P. Maria Elena Giraldo Gómez.

(19) Cita original: Expediente 8.269, actor Fernando M. Anaya Vélez. Se reitera lo afirmado por la Sala en sentencias proferidas los días: 7 de julio de 1993; exp. 7.730; actora: Inmaculada Concepción Flórez Durán; 27 de enero de 2000, exp. 12.420, actor: María Cecilia Capote y otros).

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 18.967, M.P. Enrique Gil Botero.

(21) Cita original: Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 18039, M.P. Ruth Stella Correa.

(22) Cita orignal: “Karl Larenz, partiendo del pensamiento de Hegel, desarrolla una teoría de la imputación objetiva para el derecho civil… Larenz acuñó el concepto “imputación objetiva” para hacer notar que la cuestión de la imputación puede discutirse en primer lugar, independientemente del problema del valor moral de una acción… Larenz, además de criticar las teorías que pretenden explicar los fenómenos jurídicos con base en conceptos provenientes de la naturaleza, considera que la misión de la imputación objetiva ha de ser “… el juicio sobre la cuestión de si un suceso puede ser atribuido a un sujeto como propio…” Así, entonces, para Larenz “…la imputación objetiva no es más que un intento por delimitar los hechos como propios de los acontecimientos accidentales…” Cuando se señala que alguien —dice Larenz— es causante de un determinado hecho, se está afirmando que ese acontecimiento es su propia obra, su propia voluntad, y no un suceso accidental. Pero, ¿qué circunstancias permiten imputarle a un sujeto un suceso como obra propia? Si se acude a la relación causal se fracasaría, porque conforme a la teoría de la condición no puede tomarse una sola de ellas, pues todas las condiciones tienen idéntico valor”. López, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, pág. 52 y 53.

(23) Entre otras ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 16 de febrero de 2001, exp. 12703, M.P. María Elena Giraldo y del 11 de mayo de 2006, exp. 14694, M.P. Ramiro Saavedra.

(24) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(25) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “… descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodean los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad…” (sent., jun. 16/94, exp. 7445, M.P. Juan de Dios Montes Hernández). Igualmente pude verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 14726, M.P. Myriam Guerrero de Escobar, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 13.232, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 18.967, M.P. Enrique Gil Botero.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2013, exp. 27.281, M.P. Danilo Rojas Betancourth.