Sentencia 2000-0606 de julio de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 06001 2331000 2000 0606 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil diez.

Actor: Shell Colombia S.A.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de enero de 2008 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto niega las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el proceso de la referencia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto acusado y sus fundamentos normativos específicos.

El acto administrativo objeto de la litis está dado por la Resolución 22 de 23 de septiembre de 1999 de la división de liquidación de la administración de aduanas local de Barranquilla, en la que dispuso decomisar la mercancía mencionada, avaluada en quinientos setenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos con 33/100 ($ 575.391.33), y ordenó que una vez en firme esta providencia administrativa, remitirla a la división de control aduanero, represión y penalización del contrabando de esta administración para que se iniciara la investigación correspondiente para la aplicación de la sanción prevista en el artículo 3º del Decreto 1750 de 1991.

Igualmente por su confirmatoria, la número 50 de 29 de noviembre de 1999 de la división jurídica de la misma administración, con la cual decidió el recurso de reconsideración contra aquella.

2. La cuestión central del debate procesal.

Observa la Sala que los hechos que sirven de fundamento al acto acusado no son materia de discusión en el plenario, por el contrario, aparecen aceptados por las partes.

Así las cosas, la controversia aparece enfocada en la valoración jurídica o tipificación normativa de tales hechos, comoquiera que en la actuación administrativa en cuestión se encuadraron en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992 desde el pliego de cargos, en el cual se precisó que “De acuerdo a lo establecido por el artículo 72 del decreto 1909 de 1992, ‘se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración’”.

La actora impugna esa adecuación normativa de los referidos hechos, para sostener que no corresponden a mercancía no declarada, sino a exceso de

mercancía importada, lo que a su juicio tiene un tratamiento o consecuencias distintas a las que se les dio en los actos enjuiciados.

Planteada así la discusión, es menester traer el texto de la aludida disposición y verificar a partir del mismo cual es la apreciación correcta. El citado artículo es del siguiente tenor:

“ART. 72—(D. 1909/92) Mercancía no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía, o esta no corresponda a la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.

“Se entenderáque la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana”.

“En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso 1º del artículo 3º del citado decreto, equivalente al 50% del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso. Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate” (negritas no son del texto).

Atendiendo el enunciado de la norma y dentro de él los apartes. subrayados, es evidente que el insistente alegato de la actora es infundado, puesto que de manera diáfana se encuentra que la mercancía encontrada exceso en el presente caso, es catalogada jurídicamente como mercancía no declarada o carente de documento que la ampare en el territorio nacional, y que esa situación la conduce a su necesaria aprehensión y decomiso, lo cual fue justamente lo que se dispuso en el artículo segundo de la Resolución 22 de 23 de septiembre de 1999, donde justamente se resolvió lo siguiente:

“Artículo segundo: Conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución DECOMISAR a favor de la Nación —Unidad Administrativa Especial— Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida perteneciente a la sociedad Shell Colombia S.A., con Nit 860.002.190, mediante acta de aprehensión 006 de enero 27 de 1997 de la división de control aduanero, represión y penalización del contrabando de esta administración y descrita en el numeral tercero del presente acto administrativo por valor de $575.391.33 de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Decreto 1909 de 1.992, Resolución 371 de 1992 y Orden Administrativa 1º del mismo año”.

Ante la situación descrita en que se encontró la referida mercancía, la autoridad aduanera competente no tenía opción distinta que tomar esa decisión, sin que tuviera ninguna incidencia en ella la actitud y el comportamiento que tuvo la actora frente a dicha mercancía, puesto que el objeto de la intervención de la autoridad aduanera en relación ,con ella y la consiguiente actuación administrativa no era más que verificar y definir su situación jurídica en tanto constituía una mercancía venida del extranjero que apareció en territorio nacional, concretamente en bodegas de propiedad de la actora.

Por lo tanto la actuación administrativa y el acto administrativo a que ella dio origen no tienen como tema decidendi la conducta de la actora ni ningún sujeto del proceso de importación, sino la situación jurídica o formal de una cosa, constitutiva de mercancía, por lo tanto dicho tema es algo objetivo, luego la decisión es del mismo tenor, sin que el hecho de que la actora hubiese sido vinculada a dicha actuación le quite tal carácter objetivo, toda vez que esa vinculación obedeció a la sencilla razón de que fue ella la que recibió la mercancía y al momento de su inspección y aprehensión se encontraba en su poder y por ende aparecía como suya.

En ese orden, conviene destacar que la aprehensión y decomiso de una mercancía no declarada no es una sanción administrative en contra del vinculado a la actuación administrativa, sino una medida revista en el ordenamiento aduanero contra las cosas de origen extranjero que ingresan al país o permanecen en territorio nacional sin el cumplimiento de las formalidades y obligaciones legales y reglamentarias aduaneras.

De modo que es la forma de hacer efectiva la soberanía del Estado sobre su territorio a través de las autoridades aduaneras en lo que corresponde a las cosas que provienen del exterior y que al ingresar a territorio nacional pasan a constituir en sí mismas lo que puede calificarse como una prenda implícita, en garantía general de las obligaciones legales a que está sujeta toda importación de ellas a territorio nacional.

Por otra parte, la circunstancia de que en el artículo sexto de la Resolución 22 de 1999 se hubiera dispuesto la remisión de la misma una vez ejecutoriada, a la división de control aduanero, represión y penalización del contrabando, con el fin de que se iniciara la investigación correspondiente para la aplicación de la sanción prevista en el artículo 3º del Decreto 1750 de 1991, pone de presente que en dicha resolución no se examinó la conducta y eventual responsabilidad de la actora en los hechos, y que ese examen corresponde a otra actuación administrativa, y será en ella donde la autoridad aduanera tendrá que considerar la actitud de aquella y la forma como actuó cuando se percató de la situación de la mercancía en comento.

Ello a su vez significa que lo así dispuesto en la aludida resolución no es una decisión definitiva pero en relación con la definición de la situación jurídica de la mercancía, y al mismo tiempo una decisión de impulso de esa nueva actuación, y será en esta donde se tome una decisión de fondo sobre la conducta de la actora, y a la que le podría hacer los cuestionamientos que aquí ha planteado en relación con la no consideración de su comportamiento frente a los hechos objeto del sub lite.

Así las cosas, la acción aquí incoada por la actora resulta notoriamente infundada y en ese contexto sus pretensiones tienen un claro matiz de temeridad, más cuando tratándose de una mercancía con un valor que puede calificarse de irrisorio y que por lo mismo sólo daba para un proceso de única instancia, adujo unos supuestos daños morales en la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000.00), no obstante que se trató de una situación fáctica indiscutida y de la aplicación de una norma en condiciones que no tienen margen de duda alguna, con lo cual desnaturalizó la competencia en el proceso, que claramente debió ser de única instancia.

De esa forma se dan las condiciones que ameritan la condena en costas a la parte vencida, que lo fue justamente la actora, previstas en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y por ende se procederá a ello en la presente sentencia.

Conclusión

En resumen, no es cierto que el decomiso hubiese sido irregulár y violatorio de las normas indicadas en la demanda, ni que en el acto administrativo acusado se haya aplicado erróneamente el artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, sino que por el contrario, se encuentra acorde con esa disposición, de allí que el recurso no tiene vocación de prosperar y se deba confirmar la sentencia apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, proferida el 23 de enero de 2008 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en cuanto negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el proceso; de la referencia.

2. CONDÉNASE en costas a la parte actora del presente proceso en su condición de parte vencida en ambas instancias, por darse los supuestos señalados en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, según quedó evidenciado en el examen de la situación procesal y se puso de presente en la parte considerativa de esta sentencia.

3. RECONÓCESE al abogado Marco Orlando Osorio Rodriguez, identificado con cédula de ciudadanía 93.368.297 y tarjeta profesional 96.424, como apoderada judicial de la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 15 de este cuaderno.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 29 de julio de 2010».